Una primera traba le ha aparecido a los partidos políticos en la carrera por hacerse de alcaldías y gobiernos regionales. Según el cronograma electoral, todo el que quisiera candidatear tenía hasta el 5 de enero para afiliarse a alguna agrupación. Los partidos eran responsables de tramitar las inscripciones ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La autoridad electoral, sin embargo, hizo un cambio en las reglas de juego el año pasado que pasó desapercibido.

El JNE dispuso, por primera vez, que las fichas de afiliados se entreguen en mesa de partes en una sola tanda y ya no en múltiples ingresos, como lo venían haciendo varias organizaciones políticas. El 26 de noviembre se publicó la resolución que lo oficializaba en El Peruano, pero varias organizaciones no advirtieron el anuncio y hoy acusan falta de publicidad. Lo cierto es que al menos 25.000 fichas de afiliación de más de 40 partidos se han quedado fuera de los comicios. El asunto ha generado rápidas reacciones en el Congreso, que ya tiene propuestas legislativas en la puerta del horno.

LAS DEVOLUCIONES

“En mesa de partes te atendían y no te decían que ya no podías entregar más, que todo debía ser en un solo momento”, indica José Manuel Villalobos, experto en derecho electoral que representó a dos organizaciones políticas durante su proceso de apelación: el Movimiento Agua de Huancavelica y el Frente de la Esperanza.

En el caso del Frente de la Esperanza, se presentaron más de 6.000 fichas en un mismo día, pero en tres entregas. En su primera cita, el personero dejó dos cajas; y por la tarde, una tercera. Seis días después, el JNE informó que solo iban a aceptar la primera caja (la ‘primera entrega’) y que 4.327 fichas de afiliación iban a ser devueltas.

“La sanción [se refiere a la devolución de las fichas] que han aplicado no es razonable, se afecta la participación política de miles de ciudadanos porque un partido o movimiento presentó sus papeles en conjunto o separado, pero nunca lo hicieron fuera del plazo, que era el 5 de enero”, asegura Villalobos.

Fernando Olivera, fundador del Frente de la Esperanza, alega que la medida no fue suficientemente publicitada y que la sumilla de la resolución publicada en El Peruano no hacía referencia a este tema en específico. Salió con el título “Disponen el cierre del Portal Electoral Digital (PED) implementado en el marco de las Elecciones Generales 2021, y dictan otras disposiciones”. Sobre las fichas que el JNE ordenó devolverles la primera semana de febrero, nos dice: “No las hemos recogido, están ahí”.

Hasta el 19 de febrero, el pleno del JNE ha declarado infundadas, en última y definitiva instancia, 14 apelaciones de los partidos respecto a este tema. A través de los fallos sobre estos casos que han sido publicados en El Peruano, Sudaca contabilizó que hasta la fecha se han devuelto al menos 25.000 fichas de afiliados.

Devolución de padrones complementarios
«Fuente: Resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano por el JNE. Elaboración propia»

Uno de los partidos más afectados es Alianza para el Progreso (APP). Luis Valdez, secretario general del partido, calcula que al menos 10.000 fichas presentadas por su agrupación han sido devueltas. “Eso es antidemocrático. Son militantes de todo el Perú, de Loreto, Pasco, Puno, Ayacucho, Cusco, Moquegua y de todas las regiones”, refirió. En su opinión, el JNE está restringiendo la ley.

Villalobos asegura que varios partidos han presentado acciones de amparo. Sin embargo, para cuando estas se resuelvan, lo más probable es que ya haya pasado la etapa de verificación -que termina el 28 de febrero- y el hecho esté consumado.

En respuesta a una consulta de Sudaca, el JNE dice que el área de Servicios al Ciudadano funciona como una mesa de partes que recibe todos los documentos que presentan los ciudadanos, y que es otra unidad la que analiza si las fichas son válidas o no. Es decir, le pasa la pelota al ROP. “Corresponde a la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas [ROP] evaluar la viabilidad o no de los padrones presentados”, indican.

 

LAS PRESIONES DEL CONGRESO

José Tello Alfaro, especialista en temas electorales, asegura que al tratarse de una resolución que reglamenta el procedimiento de entrega de fichas, la medida debió ser prepublicada. “Los reglamentos electorales se prepublican para conocimiento de los ciudadanos para que envíen sus observaciones. Como especialistas también damos opiniones, pero en el caso de la resolución del JNE, no la prepublicaron”, apunta.

El tema ha desatado rápidas reacciones de los partidos con curules en el Congreso. Como principal agraviado, APP ha interpuesto una demanda constitucional para que el Poder Judicial vea el tema. Pero a través de su bancada en el Congreso también vienen planeando una salida.

Tras confirmarse la decisión del JNE negando las apelaciones, el congresista de APP Eduardo Salhuana presentó el proyecto de ley 1227/2021-CR, que propone modificar la Ley de Organizaciones Políticas. En el artículo correspondiente al padrón de afiliados, se incorporaría lo siguiente: “las organizaciones políticas podrán presentar su padrón de afiliados mediante entregas totales o parciales”.

Le consultamos si esto no le parecía una ley “con nombre propio”, que beneficia directamente a su partido. “Es una manera de interpretar las cosas, pero nuestro punto de vista es que el Congreso dio una ley en octubre del año pasado y en esa ley se estableció el plazo máximo. En esa ley no se estableció ninguna exigencia adicional o requisito”, señala.

A los pocos días, el congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, también presentó otra iniciativa. El proyecto de ley 1271/2021-CR apunta a interpretar el numeral 4 de la Ley N° 31357, aprobada el año pasado para regular las elecciones, bajo los siguientes términos:

“Interprétese que la presentación de los padrones de afiliados para las Elecciones Regionales y Municipales de 2022 (ERM 2022), que hayan sido presentados por las organizaciones políticas hasta el 5 de enero de 2022, aun cuando no hubiese sido en conjunto ni en un solo momento, son válidos y deben ser admitidos e inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP)”.

Ambos proyectos se estaban debatiendo en la comisión de Constitución del Congreso y fueron rechazados por los organismos electorales. Pero los congresistas han insistido. El 15 de febrero los portavoces de Alianza por el Progreso, Renovación Popular, Perú Libre, Avanza País y Acción Popular firmaron un acta para exonerar el Proyecto de Ley 1271/2021 del congresista Muñante del dictamen en la comisión de Constitución, ante la proximidad del cierre de la presente legislatura, el 28 de febrero.

En sesión extraordinaria de este grupo de trabajo, realizada el viernes 11 de febrero, el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, ya se había mostrado en contra de los dos proyectos. “Se pretende aprobar una ley para aplicarla a hechos o situaciones que ya han sido materia de pronunciamiento en el curso de un procedimiento regular ante el JNE”, indicó sobre el proyecto de ley de Salhuana. Agregó que se estaría vulnerando el numeral 2 del artículo 139 de la Constitución, sobre el principio de la independencia en la función jurisdiccional.

Respecto al segundo proyecto de ley, el de Muñante, advirtió que este podía ir en contra de la intangibilidad del proceso electoral, el principio que impide hacer cambios en medio de la carrera. “La intangibilidad no es una intención del jurado, ni un capricho del jurado, es una norma de un rango muy alto que todos debemos conservar”, aseguró. Los titulares de la ONPE, Piero Corvetto, y de RENIEC, Carmen Velarde, también mostraron su preocupación de que las iniciativas pudieran poner en riesgo el calendario electoral previamente establecido.

“El JNE dice que estaríamos afectando su autonomía. Ellos son los que han limitado con una resolución, que es una norma de inferior categoría a una ley ordinaria, [ellos] son los que han puesto una exigencia que no existía en la ley, ellos han creado el problema”, argumenta el congresista Salhuana.

En su presentación ante el Congreso, Salas Arenas sostuvo que la resolución del JNE solamente ha ordenado el proceso con el fin de evitar demasiadas interacciones presenciales, en un momento en el que se esperaba la llegada de una tercera ola de la pandemia.

Pero para José Tello Alfaro, especialista en temas electorales, la norma es un error del JNE porque no va de la mano con la realidad. Y es que, según explica, para una organización con 20.000 o 30.000 afiliados, lo más práctico es entregar los padrones de a pocos.

“Peor aún, pudiendo corregir eso cuando se dieron los casos, mantienen su postura, generando este problema. Y, sobre todo, activa al Congreso para que se meta a sacar esta norma interpretativa, que, dicho sea de paso, es una ley a la medida y ‘express’ para determinados partidos políticos”, precisa.

Agrega que es de esperar que la norma resultante se apruebe rápidamente, pues todos los partidos tienen contactos con movimientos regionales y existe el antecedente de la Ley N° 31357, aprobada en octubre del año pasado, donde todos los frentes políticos se pusieron de acuerdo muy rápido. Hasta el momento, así está ocurriendo.

 

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elecciones municipales, JNE

 

A pesar de que el Colegio Médico del Perú y la Federación Médica Peruana exigen su renuncia por promover el consumo de productos sin sustento científico, hay gremios que sí han respaldado al nuevo ministro de Salud. En su primera conferencia de prensa, Hernán Condori apareció flanqueado por nueve emisarios de distintas agrupaciones. “Acá están los representantes de los diferentes gremios a los que ya les he hecho la invitación y pueden presentar ternas de profesionales con capacidad para que, a través de meritocracia, puedan ocupar cargos”, dijo el flamante titular del Minsa.

Uno de los primeros en tomar la palabra en esa presentación fue el doctor César Montoya Cárdenas, que, según sus palabras, se encontraba en representación de la Coordinadora Nacional de Profesionales y Técnicos del Sector Salud. De acuerdo a su página de Facebook, esta coordinadora existe desde el 20 de mayo de 2016 y se define como una “agrupación de profesionales y técnicos del sector salud”.

Montoya, sin embargo, ha sido (y todavía es) un acérrimo defensor de la ivermectina como medicamento para combatir la Covid.19. ¿Este es uno de los profesionales a los que Condori ha invitado a presentar “ternas” para copar el Minsa? Así estamos.

 

DEL ETNOCACERISMO A LA IVERMECTINA

Montoya Cárdenas es tecnólogo y médico cirujano, con maestría en biología aplicada, y lleva más de 30 años laborando en el Hospital Arzobispo Loayza. En ese periodo también ha recorrido varios partidos políticos, como el PPC, el Apra y hasta Unión por el Perú, el partido aliado de Antauro Humala, con el que se presentó al Congreso en las últimas elecciones.

Durante esa campaña, en sus redes sociales se le veía recorriendo calles y plazas con el eslogan “Médico de Barrio”. En sus propuestas incluía recetar ivermectina como parte del tratamiento temprano de Covid-19, además de incluir este medicamento en kits, como los que entregaba EsSalud. “Hoy en día, en Toluca, México, todavía la utilizan. Un grupo del Colegio Médico también se oponía a eso porque no había evidencia, pero yo tenía evidencia de que había pacientes que les daban y se mejoraban, no morían”, dice el doctor.

-¿Todavía no ha cambiado, entonces, su percepción sobre ese tema?- le preguntamos.

-Ahorita siguen estudiando la ivermectina y todavía no se han terminado [los estudios]. Yo, personalmente, como médico, tengo la potestad… Soy colegiado y uno puede darle a su paciente [la ivermectina], lo puede hacer, pero con autorización y con firma. […] ¿Se han muerto por ivermectina? Se han muerto por no atenderlos a tiempo.

 

César Montoya

 

 

HINCHA DEL LÁPIZ

Tras fracasar en su carrera al Congreso, Montoya volvió rápidamente a la política. Ya con Perú Libre en el poder, el médico reactivó sus actividades en la Coordinadora y se acercó a la bancada del lápiz. Entre diciembre del año pasado y febrero de este año, su nombre figura como visitante de varios empleados de este grupo parlamentario. Incluso tuvo una reunión con el congresista Edgar Tello, quien ha sido recientemente involucrado en un caso de presunto tráfico de influencias.

Y tras la designación de Hernán Condori en el Minsa, Montoya ha sido uno de los primeros en respaldarlo públicamente. No solo en la conferencia del 11 de febrero, sino en una reunión realizada días después, el lunes 14, con varios gremios médicos en Palacio de Gobierno. El encuentro, que contó con la presencia de Pedro Castillo, fue incluso aplaudido en redes sociales por el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

 

“Simplemente soy simpatizante. Como está en todos los medios, ha habido una reunión de gremios con el presidente de la República y eso es normal. Yo soy un profesional más”, dice sobre su relación con el partido del lápiz.

Montoya tiene algunos colegas, sin embargo, a los que les sorprendió su presencia en ese lugar. En la oficina de personal del Hospital Loayza, aseguran que el horario actual de Montoya es de lunes a sábado de 8 am a 2 pm. La conferencia de Condori fue el viernes 11 de febrero, a la una de la tarde. El médico, sin embargo, niega que haya asistido dentro de su horario de trabajo.

Pero Montoya ya ha tenido una sanción por tirarse sus horas laborales para participar de actividades políticas. El 2016, el doctor fan de la ivermectina también se acercó a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Para ese entonces, ya representaba a la Coordinadora Nacional de Profesionales y Técnicos del Sector Salud. La movida le salió mal.

La jefatura de la Oficina de Personal del Hospital Arzobispo Loayza lo sancionó con 365 días sin goce de haber por haberse ausentado de una guardia hospitalaria para ir a la reunión política donde PPK saludó a distintos gremios. Después de escuchar sus descargos, la sanción se redujo a 180 días, de acuerdo a una resolución administrativa de Servir. Para Montoya, este tema está cerrado y considera que es una persecución política. “Está totalmente documentado y legal”, apunta.

Pero no es el único problema que ha tenido. Montoya fue uno de los médicos que, durante la pandemia, se identificó como población de riesgo, debido a una supuesta hipertensión arterial que lo aquejaba. Por ese motivo, realizó trabajo remoto hasta enero del año pasado. Pero ese mes, de acuerdo a un documento interno del hospital Loayza, se informó que los resultados de los exámenes que le habían practicado descartaron cualquier afección cardiológica. Lo hicieron volver.

Montoya no quiere dar mayores explicaciones al respecto. Dice que la información que manejamos no tiene validez, a pesar de que hemos corroborado que el documento es fidedigno. “Todo es administrativo. No soy inmoral, no soy corrupto”, nos dijo. Pero no añade más.

 

Nota informativa
«Documento interno donde se da cuenta del caso del Dr. Montoya. En el primer párrafo la fecha correcta es 11 de enero de 2021, como señala el apartado de referencia»

 

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Hernán Condori, Minsa

 

Un día antes de firmar un nuevo contrato con el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, el pasado 17 de enero, ocho habituales proveedores se enteraron que estaban impedidos de participar en el proceso de selección que ya habían ganado. Esto, como sanción por presentar documentos falsificados durante -nada menos- 20 procesos de compra realizados el año anterior en las sedes de Lima Metropolitana y Callao, Loreto y Pasco. ¿Qué había pasado?

Los proveedores de Qali Warma -entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social- entregan alimentos como avena, fideo, leche u otros; pero es el fabricante de los productos el que les proporciona el certificado de calidad. Este debe ser emitido por un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Calidad (Inacal). El certificado que se presentó durante la licitación del 2021 fue el origen de todos los problemas.

“Es evidente que ese certificado nunca fue falsificado por nosotros, fue emitido por un laboratorio acreditado por Inacal hasta la fecha. Si uno obtiene un certificado que supuestamente ha pasado todos los filtros de Inacal, uno confía en que es verdadero”, indica a Sudaca Erick Serna, representante de la Corporación de Productos Alimenticios Enriquecidos (Corpalen), una de las sancionadas.

Lo mismo le ocurrió a los proveedores Consorcio Valle, Consorcio IZAMM, Consorcio Flash, Consorcio Gal, Consorcio Orient Mark, Group Inversiones J & JK E.I.R.L., y Consorcio Betania. Todos ellos tienen en común que los fabricantes de los productos les entregaron certificados de calidad emitidos por el laboratorio Certificaciones Alimentarias Hidrobiológicas y Medio Ambientales S.A.C. (CAHM), cuyo representante y gerente general es Alejandro Ricardo Mendiola Chávez.

El asunto, que involucra a 20 contratos, se descubrió a fines del año pasado y se les comunicó recién en enero. Para ese momento, las empresas ya habían ganado nuevos concursos públicos y estaban a punto de firmar los contratos. Pero estos procesos han tenido que ser cancelados y reiniciados después del escándalo.

 

EL ORIGEN

La denuncia anónima llegó el año pasado a la mesa de partes del Inacal, entidad adscrita al Ministerio de la Producción. Inmediatamente se investigó el caso y, en noviembre de 2021, el instituto determinó que cuatro informes de análisis microbiológico, los cuales estaban dentro de los certificados entregados por el laboratorio CAHM, eran falsos.

Dichos informes corresponden a sendos lotes de productos que los fabricantes habían entregado a los ya mencionados ocho proveedores, para que estos abastecieran a Qali Warma. ¿Cómo se descubrió el fraude? Los documentos falsos habían sido supuestamente elaborados por el laboratorio Certifical, pero esta compañía se lo negó al Inacal.

Tanto CAHM como Certifical figuran en el directorio de organismos de inspección debidamente acreditados, y es común que se subcontraten entre ellos para los análisis que componen el certificado final. Sin embargo, hay un detalle que fabricantes y proveedores no tomaron en cuenta: el Inacal precisa a Sudaca que estos laboratorios se acreditan de forma voluntaria solo para un determinado “alcance”. Es decir, un servicio específico en el que demuestran su competencia técnica.

“Certificaciones Alimentarias Hidrobiológicas y Medio Ambientales S.A.C. [CAHM], como organismo de inspección, no se encuentra acreditado por el INACAL en el alcance de ‘Inspección por Muestreo de Lotes’, lo que es materia de la denuncia”, dice el Inacal en respuesta a un cuestionario enviado para este informe.

De acuerdo a la entidad gubernamental, CAHM sí está acreditada para otros “alcances”, como buenas prácticas de manufactura, condiciones higiénico sanitarias, entre otros. “El Inacal no tiene competencias sobre aquellas actividades que realicen estos Organismos de Evaluación de la Conformidad [el laboratorio], fuera del alcance de la acreditación otorgada por nuestra institución”, agregan.

El instituto de calidad no tiene cómo aplicar sanciones en este caso, pero ya ha remitido la denuncia a la Procuraduría Pública del sector.

INACAL
Informes de Ensayo investigados por INACAL que fueron identificados en 20 contratos de proveedores del programa Qali Warma

 

CERTIFICAL
Memorando Múltiple interno de Qali Warma donde se recoge la versión del laboratorio CERTIFICAL sobre los Informes de Ensayo

LA MAGNITUD DEL PROBLEMA

Para Erick Serna, es injusto que el proveedor -hasta ahora- sea quien se lleve toda la sanción, porque no había forma de que ellos supieran de la falsificación. “Estamos agotando todos los medios para proteger lo que ya nos habían adjudicado. Lamentablemente, el tiempo juega en contra de nosotros. Va a ser muy difícil ver qué hacer, porque ya la mayoría de productos se han comprado. En mi caso, son 500 toneladas de alimentos al cash entre leche, fideos y otros. Solo en mi caso son entre S/6 millones a S/7 millones invertidos”, dice el empresario.

 

Corpalen iba a atender a unas 1.900 entidades educativas. Pero sumando a todos los proveedores sancionados, Serna calcula que se puede llegar a unas 5.000 escuelas que podrían verse perjudicadas por el retraso en el proceso de licitación. En Qali Warma, sin embargo, niegan que esto vaya a pasar.

Fredy Hinojosa, director ejecutivo del programa que brinda alimentos a colegios públicos de todo el país, considera que no puede hablarse de afectaciones en este caso porque los contratos aún no estaban suscritos. Asegura, además, que el abastecimiento para los escolares este año está garantizado.

“Este caso muy puntual de los ocho proveedores no afecta en lo mínimo a la provisión del servicio y en el caso de estos ocho proveedores, inmediatamente, estos comités de compra han adoptado las medidas administrativas de acuerdo a la normatividad”, indica. Los comités de compra de cada unidad territorial están conformados por representantes de la municipalidad, del gobierno regional, subprefectos locales y padres de familia.

Hinojosa también asegura que, independiente de los certificados falsos que fueron presentados, Qali Warma ha determinado que los alimentos en cuestión eran inocuos.

El problema, sin embargo, parece ser a gran escala. Las empresas sancionadas sostienen que hay más proveedores que han presentado certificados de CAHM. Sudaca pudo conocer que, a fines del mes de enero, se ingresó otra denuncia al Inacal contra el mismo laboratorio, donde no se habla ya de cuatro, sino de otros 122 informes que estarían presuntamente falsificados. El instituto de calidad confirmó para este informe que sí recibieron una nueva denuncia y que, actualmente, se encuentra en trámite.

“El procedimiento continúa y vamos a ser mucho más exhaustivos en hacer una verificación a profundidad. Lo que le garantizo es que, de advertirse una situación similar en el futuro, inmediatamente actuaremos con todo el rigor jurídico, en aplicación estricta de nuestra normatividad”, señala Fredy Hinojosa.

En el portal de Inacal, a la fecha, solo seis laboratorios cuentan con la acreditación para “muestreo de lotes” dirigido a programas sociales. Para esta publicación, se le envió una serie de consultas a CAHM que, al cierre de esta nota, no fueron respondidas.

CAHM
En el registro de proveedores del Estado, el laboratorio CAHM sí aparece como habilitado y sin sanción de ninguna índole.

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Qali Warma

En su única entrevista tras el derrame, el director ejecutivo de Repsol en el Perú, Jaime Fernández-Cuesta, mintió. “En el fondo del mar no hay petróleo, porque el petróleo es más ligero que el agua, está todo en la superficie. El petróleo tiene una densidad menor que la del agua, todo se va a la superficie”, dijo. Y agregó, para la indignación de los especialistas, que no había nada “que no se pueda arreglar ni corregir medioambientalmente”.

Yuri Hooker, reconocido biólogo marino, calificó sus palabras de “mentiras descaradas”, por la abundancia de investigaciones a nivel mundial sobre cómo el petróleo se acumula en el fondo marino. “Hay cientos de investigaciones de acumulación de petróleo en el fondo [marino] y de las consecuencias en varias partes del mundo. Eso se sabe y el señor miente con descaro al decir que el petróleo flota, que no va al fondo del mar”, indicó al programa ‘Si el Río Suena’, de Sudaca.

Y luego añadió: “Derrames más pequeños que este pueden demorar 10 a 15 años en recuperarse, verse más o menos normal, y que los contaminantes en los organismos no sean peligrosos. Pero hay lugares que se han contaminado hace 100 años y siguen igual. Por la dinámica del mar peruano, es de esperar que esto último no ocurra”.

El biólogo Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana Perú, coincide en que algunas áreas tardarán años en recuperarse. Esto, aunque la empresa cumpla con hacer que las playas se “vean limpias” para fines de febrero. “La mayor parte del petróleo ya se deberá haber hundido para esa fecha en el fondo del mar, o estará en la orilla”, comenta a Sudaca.

Hasta el momento, Riveros estima que la parte más afectada ha sido la Zona Reservada de Ancón, en la bahía. Las especies de este lugar todavía estaban en proceso de investigación para su categorización. “Es posible que el tiempo de recuperación de esta zona vaya en el orden de una década”, advierte.

La bióloga marina Joanna Alfaro, directora de ProDelphinus y docente de la Universidad Científica del Sur, también explica por qué el tiempo de recuperación es difícil de estimar: lo que vemos por encima no refleja lo que hay abajo. “La dificultad es que muchas veces pensamos que está limpio porque lo vemos limpio, pero no sabemos lo que está pasando en el fondo del mar. Para eso se tiene que mandar un equipo de buzos y un monitoreo constante de la evolución de esto”, precisa.

En base a los reportes que llegan de la zona, ella considera que los grupos más afectados han sido el de las aves, especialmente los cormoranes que frecuentan estas zonas para reproducirse, y el de las nutrias marinas, que están en la lista roja de las especies amenazadas. Se tenía registro de sólo diez ejemplares en esta zona. Además de lo tóxico que es, el petróleo daña el pelaje de estos animales haciendo que pierdan la capacidad de regular su temperatura. 

“Las plumas o los pelos les ayudan a mantener esta temperatura, si no pueden mantenerla, van a morir porque no pueden flotar y les va a dar hipotermia. Ese es el peligro cuando cae aceite en las plumas o pelos de estos animales”, comenta Alfaro.

EL DIFÍCIL RESCATE ANIMAL

Desde el sábado 15 de enero, el día que se produjo el derrame, la marea negra ha llegado ya a 24 playas, de Ventanilla a Chancay, según el último reporte de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa). En su trayectoria, el petróleo ha afectado a dos ecosistemas sensibles: la Zona Reservada de Ancón y las Islas Grupo de Pescadores, esta última perteneciente a la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG). Este sistema agrupa a 22 islas e islotes de todo el litoral peruano, desde Piura hasta Moquegua.

De acuerdo a los reportes de las entidades de fiscalización ambiental -supervisadas por el OEFA-, son nueve las especies afectadas: cormorán (ave), guanay (ave), piquero peruano (ave), pelícano, gaviota peruana, pingüino de Humboldt, lobo chusco, nutria y la chuita (ave).

En la primera semana posterior al derrame, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) informó que se había rescatado a 51 especímenes que fueron trasladados al Parque de Las Leyendas para su atención. Luego fueron llegando más especies a este lugar y, según informó la Municipalidad de Lima -que administra el parque-, hay 83 aves marinas que ya están en proceso de readaptación. Sin embargo, conforme pasan los días, hay menos rescatados.

En el ámbito de las Islas Grupo de Pescadores, Sernanp ha señalado que se encuentran aproximadamente 10 aves muertas a diario y que han podido avistar a 170 aves con restos de petróleo en sus patrullajes. José Ramírez, jefe de Sernanp, explicó hace unos días que han tomado nota de estos casos, pero que no han podido capturarlos para su evaluación. 

 

Guanay encontrado el último fin de semana en Islotes Grupo de Pescadores de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras-Sernanp.

A pesar de los esfuerzos, el pronóstico para estas especies manchadas con petróleo, o que pueden haberlo inhalado o ingerido, es desfavorable. Si han recibido una dosis letal, mueren rápidamente; y si la dosis es menor, el envenenamiento les produce daños irreversibles en el sistema digestivo.

“A partir del día 10 al día 15 después del accidente, comienzan a aparecer grandes cantidades de animales muertos en las orillas, porque algunos se escapan por el escándalo o el movimiento, pero ya están infectados. Algunos regresan a sus colonias, pueden estar con sus crías y contagiarlos también. En este momento, lo que estamos viendo es solo el principio”, indica Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana Perú.

Respecto a las posibilidades de que estas especies puedan encontrar un hábitat similar en otra parte del país, explica que la mayoría de estas especies no tienen la migración por costumbre. “En el caso particular del pingüino o la chuita, son animales que tienen mucha fidelidad al sitio y eso las hace muy vulnerables a estas situaciones. No son animales migratorios, no se les ve moviéndose en grupos grandes. Generalmente son colonias ya establecidas. Esa es la principal preocupación”, señala. 

De los animales rescatados que reciban atención especializada, se calcula que menos de la mitad logrará sobrevivir, porque su organismo no podrá procesar el petróleo. “Podemos tener animales que aparentemente están en buen estado, se paran y están vigorosos, pero por dentro ya están teniendo síntomas de una degradación progresiva”, advierte.

Al respecto, Carlos Calvo, médico veterinario zootecnista de la ONG ConservAcción, comentó durante un evento virtual organizado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y Mongabay Latam, que el registro del daño a estas especies será difícil por el desorden de los primeros días y la cantidad de voluntarios sin experiencia que han intervenido. “Cuando la parte gubernamental haga el conteo oficial de la fauna afectada, va a estar muy subestimada porque las playas se mantuvieron abiertas. Eso permitió que gente bienintencionada ingrese, pero también que la información inicial se vea alterada porque mucha gente ha rescatado animales por su cuenta, se los llevó a su casa y se les han muerto. La información que se brinde, probablemente, va a estar muy subestimada”, anotó.

LA PESCA Y EL CONSUMO

Juan Carlos Riveros estima que, en el caso de los pingüinos, al momento del derrame la mayoría de adultos no estaba en el mar porque están en época de “muda”, un período en el que cambian de plumaje. Pero los organismos más pequeños, que están más cerca a la costa y que son alimento de otras especies, no tuvieron la misma suerte. 

“Hay especies como la concha de abanico, el langostino, los choros, chanques (molusco), que, si están en esta zona, no van a ser aptas para consumo humano. Tienen el problema además de que son presa de otros animales, así que van a tener una incidencia que debe ser monitoreada. Es importante que Sanipes [el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera] y Digesa [Dirección General de Salud Ambiental] tengan las herramientas para hacer un seguimiento en el corto y mediano plazo”, asegura.

Ante la posibilidad de una contaminación en especies de consumo humano, se dispuso el cierre de las actividades pesqueras en la zona inmediatamente afectada. El Sanipes ya descartó que los productos que están siendo comercializados en los desembarcaderos de Callao, Ancón y Pucusana estén afectados por el derrame petrolero. 

En un comunicado, también explicaron que el 95,5% de las especies ofrecidas en estos desembarcaderos provienen de otras partes del país y el 4,5% restante, se está capturando en alta mar de Ancón y Ventanilla, fuera de las zonas afectadas.

La entidad considera como especies de alta mar al perico, bonito, tiburón azul, tiburón diamante y pota. Mientras que Sanipes visita los muelles para realizar «análisis organolépticos» (una valoración visual y del olor de los productos) a los cargamentos de pesca artesanal, al Instituto del Mar del Perú (Imarpe) le toca recorrer el litoral tomando muestras para identificar los daños ambientales. En una inspección que hicieron entre el 18 y 19 de enero por Ventanilla, desde la playa Cavero hasta Costa Azul, los especialistas de Imarpe informaron que habían identificado daños en la calidad del hábitat marino que “afectarían en la salud del ecosistema y sus componentes a corto y largo plazo, con posibles alteraciones a procesos biológicos naturales”.

Para que los especialistas tengan más claro el nivel de afectación, los biólogos consultados para este informe coinciden en que es importante saber la composición exacta del petróleo derramado. En la última conferencia del Comité de Crisis (un grupo de trabajo creado por el gobierno para atender el desastre) el viceministro de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, Alfredo Mamani, reveló que la calidad del crudo vertido es de 28° API, una medida que determina su capacidad de flotar en el agua. En esta escala, que varía de 5 a 60 grados, un petróleo de 28 es considerado medio o intermedio. No obstante, todavía se desconocen otros indicadores relevantes para los científicos, como la salinidad y el porcentaje de agua contenido en el crudo.

Sobre el tiempo en el cual los pescadores artesanales podrán volver a ingresar a estas zonas de forma segura, la bióloga Alfaro consideró que todavía es pronto para estimarlo y lamentó que se haya afectado el modo de vida de los pescadores, que es de por sí relativamente sostenible, sin riesgo de sobreexplotación de los recursos.

“El tiempo es muy relativo. Va a depender mucho de qué tan rápido se haga [la contención]. Ahora que ha habido incluso un segundo derrame, es más preocupante. Lo primero sería controlar que ya no haya más derrames”, indica.

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Ancón, derrame de petróleo, Repsol, Ventanilla

 

A más de diez días del derrame producido en el Terminal Multiboyas N° 2 de la Refinería La Pampilla, siguen saliendo a la luz nuevas versiones de cómo llegaron los 6 mil barriles de petróleo al mar peruano. Mientras que Repsol sostiene que un oleaje anómalo causó la ruptura de los cabos de amarre, Giacomo Pisani, capitán del buque Mari Doricum, ha presentado cartas de protesta que dan otra versión de los hechos. Estas indican que la compañía española cometió una serie de irregularidades en el proceso el día de la descarga.

En entrevista con Sudaca, Gonzalo Talavera, ingeniero mecánico y buzo profesional, con 35 años de experiencia en el rubro, considera que el oleaje anómalo producido el sábado 15 de enero, por su velocidad, no es suficiente para explicar el desastre. Asimismo, detalla todos los aspectos técnicos que tendrán que ser materia de investigación. 

¿Conocía el Terminal Multiboyas N° 2 donde se produjo el derrame? 

Sí, trabajé allí hace 25 años [además de su otra experiencia en el sector]. Ahí me especialicé en temas de tuberías submarinas y en amarraderos. El amarradero dos es el original de cuando se hizo la refinería, el más antiguo de todos.

De acuerdo a lo que dice Repsol, el oleaje hizo que el barco tuviera un movimiento brusco, se rompiera el cabo de amarre y la tubería submarina, ¿eso es posible? 

Todo es posible en el mar, pero hay un tema. Cuando el amarradero se diseña, se hace con muchos factores de seguridad para soportar bravezas anómalas. Si dicen que ha sido por la braveza, entonces, tienen que demostrar que las fuerzas que ocasionaron la braveza, rompieron el cabo porque los cabos están diseñados para soportar los esfuerzos. Todo eso está en el plan de maniobras.

En uno de los reportes del buque, hablan de una “ruptura inesperada de la tubería subterránea”, ¿cómo pudo ocurrir? 

Así como un choque vehicular no puede pasar por que sí, tiene que haberse pinchado una llanta o algo diferente; si se rompió un cabo [una de las cuerdas empleadas por el buque para amarrar la embarcación], tiene que haber pasado algo. El cabo es del buque, pero ¿de quién es la obligación de revisarlo? De Repsol. 

¿Que el cabo esté en buen estado depende del terminal? 

Los cabos pertenecen al equipamiento del buque. El buque llega al amarradero como cuando se estaciona un vehículo en el parqueadero, apoyado con remolcadores. Suelta las anclas de proa y empieza a pasar sus cabos, el buque los trae. Las lanchas llevan los cabos hacia las boyas y se templan hasta que el buque queda en posición. Una vez que está posicionado y firme recién empieza la maniobra de subir las mangueras. Las mangueras se conectan con pernos de acero, que son muy difíciles de retirar. Las mangueras sí son del terminal.

¿Alguno de estos elementos pudo estar en mal estado? 

Eso se tiene que investigar, como también tienen que investigar los protocolos previos al amarre, el plan de maniobras y el plan de contingencia. Además, ver quién certificó que los cabos estuvieran en buen estado antes del amarre. 

Para usted, ¿el oleaje no pudo ser la causa? 

Sí hubo un movimiento anómalo, pero no ha sido con una velocidad extraordinaria. Los ingenieros tendrán que calcular que, para que se rompa el cabo en cuestión, tendría que haber habido determinada fuerza y una velocidad de agua que logre esa fuerza, para que ellos puedan sustentar esa afirmación, tienen que demostrarlo con un estudio. Desde mi punto de vista, no ha sido así. 

Dicen que llamaron a capitanía y que les dijeron que procedan nomás, ¿es posible que pase eso con un oleaje anómalo?

Cuando un buque amarra es porque hay condiciones para operaciones marítimas. Cuando el buque navega en el mar, lo hace con las condiciones que haya, pero si al llegar al puerto, en ese puerto hay condiciones anómalas, el buque debe esperar a que Capitanía abra el puerto. Después la empresa manda al práctico [personal que lleva al buque a la zona de descarga], lo amarra al puerto y el buque sigue su operación. Una vez que están amarrados, solo si el mar es de una braveza extrema, se decide que es mejor salir.

Modelo de Repsol

Esquema de la descarga de combustible que terminó en el desastre. Imagen presentada por Repsol en Punto Final (Latina).

SUCESOS POSTERIORES AL DERRAME

¿Hay algún sistema para detectar la fuga rápido, que no sea la inspección visual? 

Hay un elemento que se coloca entre la tubería y la manguera o en la primera manguera, porque es una sarta de mangueras. Este elemento es el ‘break away’ que es precisamente para esto. Si el buque se abre, el flujo se cierra para ambos lados. El derrame resultante son tres galones, que es lo que hay al interior. 

¿Ese sistema viene con el terminal o con el buque? 

No, eso es del terminal. Me parece que no todos los amarraderos lo tienen todavía, había un proceso de adecuación. Osinergmin deberá de evaluar eso, porque es obligación suya y está en la normativa.

Y cuando la fuga ya se dio, ¿cómo estimar lo perdido? 

El buque sabe cuánto bombea y la planta cuánto recibe. El flujo de metros cúbicos por segundo también es importante. Si no me equivoco, estas bombas mueven entre 14 mil y 16 mil barriles por hora. Los 6 mil barriles se han ido en 20 minutos en que nadie se ha dado cuenta. La compañía de buzos que está arriba detecta rápidamente el olor. Los únicos que pueden decir la verdad es la misma refinería o el buque que debe saber cuánto se botó. Además, hay una compañía supervisora que sube al buque. Es una empresa que debe contratar Repsol, como lo hacen otros terminales petroleros, esta empresa sube al buque y revisa el producto, inclusive saca muestras.

¿Qué empresas son las que trabajan en el Perú para hacer esa revisión? 

Hay varias. Generalmente, se hacen contratos anuales. En esas empresas incluso hay un ‘loading master’, que es el que se queda en toda la descarga y ordena todo, contratado por la planta, porque el capitán del buque usualmente descansa una vez que deja el buque en su punto. 

El lunes 24 de enero se informó de un nuevo derrame por una maniobra para retirar la tubería dañada, ¿era necesario esto? 

Lo que entiendo es que el aceite que estaba contenido dentro del elemento que han retirado, al haber desconectado la tubería, se ha derramado. Es un efecto que ha habido de desconectar el elemento que tenía petróleo en su interior, que es el PLEM (mencionado también en el comunicado de la OEFA). 

¿Es válido llamarlo derrame? 

Basta que vaya un litro al mar, es un derrame de hidrocarburo, en este caso, de ocho barriles. Lo han podido prevenir porque se podía succionar petróleo desde la planta, con bombas. Con buzos también se puede meter bombas de succión por el agujero de la fuga o poner un techo con los buzos como si fuera un paracaídas para que el material quede contenido ahí. Hay maneras de contener, es otro error humano más.

 

Fotoportada y gráfico: Darlen Leonardo.

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Antes de protagonizar el derrame petrolero que ha afectado más de 7 millones de metros cuadrados de mar, dos reservas naturales y 21 playas en Lima y Callao, Repsol se ufanaba de ser la primera compañía de su sector en plantearse llegar a las cero emisiones netas de dióxido de carbono para el año 2050. Esto como muestra de su compromiso con las metas medioambientales planteadas por el Acuerdo de París del 2015.

Lo mismo hizo en julio del año pasado, cuando conmemoró los 10 años desde que firmaron los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos, una guía propuesta por las Naciones Unidas para que las matrices de las multinacionales se sujeten a las consecuencias legales de los países en donde operan sus subsidiarias.

“Desde entonces, hemos ido avanzando, empezando por nuestros propios empleados […] Y no menos importante con nuestros vecinos, de los lugares que operamos, gestionando los riesgos con la debida diligencia desde el inicio de los proyectos, estableciendo relaciones constructivas y de confianza con todos ellos”, indicó con mucha pompa Josu Jon Imaz, Consejero Delegado de Repsol. Apenas un mes antes de esa presentación, un grupo de activistas medioambientales había bloqueado el ingreso a una de sus instalaciones en Madrid, luego de conocer un informe que colocaba a la petrolera como una de las que más gases de efecto invernadero emite.

Presentación de Josu Jon Imaz, Consejero Delegado de Repsol para la iniciativa voluntaria Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Según su portal oficial, no controlan el comportamiento de las empresas. Están diseñados para estimular el cambio. 

Los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de la ONU brindan un marco legal a los gobiernos de cada país por el que es posible responsabilizar a las multinacionales cuando sus actividades comerciales en territorios ajenos vulneran los derechos humanos o las normas internacionales para la protección del medio ambiente.

Para aplicarlo, los países necesitan elaborar un Plan Nacional que adapte estos estándares internacionales a la realidad de cada uno. Este debe hacerse con participación de la sociedad civil y todas las partes interesadas.

En España, ese plan se aprobó el 2017. En el Perú, se hizo en junio de 2021, mediante el Decreto Supremo 009-2021-JUS. Uno de los cinco lineamientos estratégicos del plan peruano tiene como objetivo asegurar las reparaciones a los afectados. “Diseño y fortalecimiento de mecanismos para garantizar a los afectados por las vulneraciones a derechos humanos vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo para que puedan acceder a una reparación”, indica el decreto.

En diciembre del año pasado, la Comisión Europea también se lanzó a discutir la actualización de una directiva que plantea que las empresas culpables de delitos ambientales reciban multas de hasta 5% del volumen de sus negocios a nivel mundial. La iniciativa también abriría la posibilidad de quitarle a las compañías el acceso a la financiación y la contratación pública.

“Al final, las decisiones recaerán en los tribunales nacionales, pero este texto les ofrecerá claridad”, explicó Virginijus Sinkevicius, comisario europeo de Medio Ambiente a la Agencia AFP.

ACUERDOS ROTOS

Hay otros acuerdos firmados por Repsol que no son vinculantes. El de París, por ejemplo, que mencionamos al inicio. O el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. La compañía española tiene, además, alianzas poco útiles con nueve organizaciones vinculadas a temas de responsabilidad social. Estas solo se limitan a compartir información sobre el impacto de las compañías en el medio ambiente.

Es el caso de IPIECA, la Asociación Mundial del Sector del Petróleo y el Gas para cuestiones medioambientales y sociales, que difunde entre sus agremiados las mejores prácticas que encuentran en la industria para reducir su impacto. “Estas plataformas o asociaciones vinculadas a buenas prácticas en responsabilidad social son más una declaración de intenciones y, salvo que la empresa tenga una sentencia firme por alguna falta ética o negligencia dolosa, no suele tener mayor trascendencia”, explica Natalia Manso, profesora de Pacífico Business School.

Para Manso, la responsabilidad social tiene un “componente de maquillaje importante” en muchas empresas. Aún con todo eso, considera que hay algunos avances y que los accionistas tienen el toro por las astas. 

“Los accionistas cada vez tienen más poder incluso para decidir a favor o en contra de cómo se remunera a los altos ejecutivos, o si se les debe cambiar. Desde luego, aquí [en el caso de Repsol] debería haber una respuesta de los líderes de la organización que están demostrando estar muy ausentes”, dice Manso, que también es docente de responsabilidad social empresarial.

De acuerdo a la última Memoria Anual publicada por Repsol, sus principales accionistas con derecho a voto son la española Sacyr S.A. (8.03%), la firma financiera JP Morgan (6.85%), la gestora de fondos de inversión BlackRock (4.99%) y la francesa Amundi Asset Management (4.50%). Todas son adherentes al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y aseguran promover las finanzas que sean responsables con el medio ambiente. Como informó Sudaca, en una nota anterior, BlackRock tiene un historial de inversiones en empresas que violan los derechos humanos y tienen sanciones por infracciones contra el medio ambiente.

Más del 70% de las acciones de la empresa española son de «libre flotación» y se negocian constamente en el mercado bursátil. Después de esas acciones, la empresa Sacyr es la que tiene mayor participación con derecho a voto y dos asientos en el Consejo de Administración.

Repsol reporta a estas empresas cada una de sus acciones. El 2020, por ejemplo, publicó un informe de gestión donde da cuenta de las medidas de seguridad con las que cuentan sus operaciones. En la página 98 precisan: 

“Si, a pesar de toda la actividad preventiva, se produce un derrame, es prioritaria la detección temprana y la minimización del impacto a las personas y al medioambiente. Para ello, la compañía dispone de los medios humanos y técnicos necesarios”.

Agregan que, en caso de derrames marinos, Repsol mantiene contratos con empresas que garantizan la actuación rápida de especialistas y equipamientos externos como Oil Spills Response Limited – OSRL (empresa británica que atiende a todo el sector), el Global Dispersants Stockpile (reserva mundial para acceder a productos dispersantes) y Wild Well Control (compañía estadounidense con sede en Houston, Texas).

Pero ninguna de estas firmas está actuando sobre el reciente desastre en las costas peruanas. A través de su portal web, Repsol Perú indicó que las labores de remediación vienen siendo atendidas por las empresas ERM (Environmental Resources Management), para el asesoramiento y control de la emergencia; y por Aiuká Consultoría Ambiental, para el rescate de fauna marina.

Al cierre de esta nota, la información del derrame producido en Ventanilla todavía no era publicada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España. Mediante una carta, la Superintendencia del Mercado de Valores en Perú le preguntó directamente a la empresa por qué no se había informado de estos eventos como Hecho de Importancia. La respuesta, como parece ser costumbre, no deja nada claro.

“Teniendo en cuenta la complejidad del tema, la valoración de la magnitud e impacto del acontecimiento no pudo ser inmediata. Además de ello debe considerarse que, de momento, este acontecimiento no ha afectado la continuidad de nuestras operaciones ni la capacidad de atención al mercado”, respondieron desde Repsol.

Respuesta de Repsol a las consultas de la Superintendencia del Mercado de Valores en Perú, enviadas al cierre de la sesión del jueves 20 de enero.

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Los primeros días de la tercera ola han estado marcados por la búsqueda masiva de pruebas Covid-19. A pesar de que el Ministerio de Salud implementó 222 puntos de detección gratuita en Lima y Callao, la demanda fue más alta y el resultado ha sido el caos. En las colas se juntaron personas con síntomas, los que necesitaban un resultado para justificar su inasistencia al trabajo y quienes no tenían los S/ 250 que, en promedio, están cobrando los laboratorios y las clínicas privadas.

De los dos tipos de pruebas a disposición, las moleculares son las más confiables porque detectan el material genético del virus. Sin embargo, requieren de un laboratorio para obtener el resultado, lo que hoy puede tardar varios días. Las pruebas antigénicas, en cambio, dan resultados en menos de 30 minutos. No requieren ningún laboratorio, pero su precisión es menor porque no detectan el material genético, sino las proteínas generadas en la parte externa del virus.

LA CAPACIDAD DEL SECTOR PÚBLICO

Por la alta demanda, los resultados de las pruebas moleculares que el INS procesa -que antes tomaban máximo 48 horas- empezaron a demorar más de cinco días con el arranque de la tercera ola. Según Óscar Escalante, director ejecutivo de Enfermedades Transmisibles, hasta la última semana de diciembre el instituto recibía unas 3.500 a 4.000 muestras diarias. Sin embargo, la variante ómicron superó cualquier cálculo previo. 

“La primera semana de enero hemos tenido picos de 15.000 y eso ha provocado estos retrasos en los primeros días”, indicó a Canal N, respecto a las muestras que reciben únicamente los laboratorios del INS. A nivel nacional -si se le agregan los laboratorios de regiones, de EsSalud y las FFAA- la capacidad de procesamiento total alcanza las 20.000. 

“Los laboratorios públicos, es decir, los laboratorios de las regiones más el INS, pueden llegar a procesar 20.000 pruebas moleculares; mientras que los laboratorios privados han reportado tener una capacidad para procesar hasta 50.000”, detalla el INS a Sudaca.

Precisamente, el jueves 13 de enero se inauguró en Lima Este un nuevo laboratorio del INS para procesar estas pruebas. Es el número 123 de los autorizados a la fecha. De ellos, 63 laboratorios son públicos y 60 privados.

El INS también comunicó para este informe que se está coordinando la habilitación de ambientes adicionales y el incremento de recurso humano para que la capacidad de procesamiento de muestras crezca. “Sin embargo, es importante tener en cuenta que se aplican diversas estrategias […], como principalmente pruebas antigénicas para los sintomáticos y las moleculares para asintomáticos con factor de riesgo”, indicaron.

Esto último tiene que ver con un anuncio del Minsa del 10 de enero. Para hacer más eficiente el diagnóstico, se ha dispuesto priorizar la toma de pruebas moleculares para personas con comorbilidades y adultos mayores de 60 años, mientras que las pruebas antigénicas se aplicarán al resto de personas con síntomas de Covid-19, quienes también deberán pasar por consulta médica. De esta manera se busca afrontar la alta demanda, mientras se amplía la capacidad de procesamiento.

LOS PRECIOS POR LAS NUBES DEL SECTOR PRIVADO

Según los últimos reportes de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), a diciembre más de 100 establecimientos ofrecían el servicio de toma de muestras para pruebas moleculares en Lima. Estas luego son enviadas a los laboratorios para su procesamiento. Los precios van desde S/90 hasta S/467. El promedio se sitúa en S/250, pero varía conforme se incrementa la demanda. Este sistema también ha colapsado y los resultados están demorando más de 48 horas. 

Por ejemplo, Luis Dasso, un joven abogado, estuvo recorriendo varios laboratorios de Miraflores el día lunes y muchos ya tenían las citas copadas. Pero en uno de estos, Expertta Salud, lo recibieron y le prometieron darle los resultados entre 12 y 24 horas. Pagó S/210. “Pasaron 48 horas y no me atendían el teléfono, ni el WhatsApp, ni correos. El miércoles tuve que ir hasta el mismo local, ya con algunos síntomas, para que me den mis resultados y ahí recién me los entregaron”, comentó. 

El caso de su novia, Carla Vega, fue más complicado. Desde el miércoles que se enteraron de los resultados, ella solicitó un descarte a domicilio con Rímac, un seguro privado que tiene a través de su empleador. Al día siguiente le pidieron que haga el pago por el servicio (un deducible de S/ 50) y, por más que insistió, nunca fueron a tomarle la muestra. Con la aparición de los primeros síntomas, volvió a llamar para pedir un médico a domicilio. Lo único que obtuvo es que distintas personas la llamaran para repreguntarle los síntomas una y otra vez, sin asegurarle fecha y hora para su atención.

“La última vez que el médico se comunicó conmigo quedaron en venir sábado en la mañana, pero no vino nadie. Llamé al médico, al seguro y me cortaban la llamada. Por redes también me quejé, dejé mis datos y nada”, asegura. Al cierre de esta nota, un cuarto médico le había ofrecido cumplir con la consulta a domicilio, a tres días de reportado el caso. 

Sobre los altos costos de las pruebas, Guillermo Alva, gerente de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP), dice que en los costos se incluye los insumos que se utilizan, el personal capacitado que se moviliza para realizar la toma de muestra, la implementación de laboratorios de análisis, y el soporte administrativo y logístico necesario para la compra de los insumos. 

“Se necesita contar con más proveedores [de insumos]. Esto pasa también por los permisos de importación que tienen las droguerías. Para los mismos hospitales públicos, para que puedan conseguir sus insumos, también sería importante. No es lo mismo tener una sola marca que veinte”, comenta.

Actualmente, solo las droguerías que se encuentran en el Registro Nacional de Establecimientos Farmacéuticos de Digemid tienen permiso para comercializar insumos para pruebas Covid-19, y únicamente pueden venderlos a los establecimientos y laboratorios autorizados.

Alva dice que la causa de los altos precios es la demanda global. “Los proveedores de los insumos también tienen que salir a comprar al exterior, importar y se tiene que considerar el incremento de los fletes. Son factores externos que los laboratorios no manejan”, agrega. En su último reporte de inflación de diciembre, el Banco Central de Reserva (BCR) da cuenta de un aumento persistente en el precio del transporte de productos entre países.

“El costo de transporte de productos plásticos, textiles, químicos y papeles se ha más que duplicado en el tercer trimestre frente al mismo periodo del año anterior [2020]”, anotan. En el caso de productos químicos, el incremento ha sido de 116,5% en el tercer trimestre.

Mientras, hay pacientes que han preferido buscar los autotest para hacerse ellos mismos las pruebas antigénicas, mediante el método del hisopado. El Minsa autorizó desde noviembre la importación de estas pruebas para su venta al público. Según pudimos comprobar, en los catálogos virtuales de las principales cadenas de farmacias el producto “SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal” de Roche aparece en situación de agotado hace varios días. El producto comprende un kit de cinco pruebas a un precio de S/215.

 

¿Y LOS BIÓLOGOS?

En la toma de la muestra, la cadena de custodia, el procesamiento y la interpretación de los resultados, los biólogos tienen un importante papel. Tanto en el sector público como en el privado.

Según Gardenia Jiménez, decana nacional del Colegio de Biólogos del Perú, en el sector público son más de 4.000 biólogos que están trabajando en laboratorios al diagnóstico de Covid-19. En el sector privado, se cuentan entre 2.500 y 3.000.

Si bien la contratación de estos profesionales debería ser mayor ante la tercera ola, Jiménez advierte que el año pasado, con la Ley 31125 que declaró en emergencia el sistema nacional de salud y plantea su reforma al 2024, se establecieron beneficios que no alcanzan a los biólogos.

La ley dispone que el Ejecutivo brinde un seguro de vida a los profesionales de la salud de diferentes regímenes laborales (incluyendo al régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios-CAS) y prohíbe la contratación de técnicos o auxiliares bajo locación de servicios. Sin embargo, se exceptúa a algunas especialidades que sí podrían contratarse bajo servicio de terceros, sin incluir a los biólogos.

“Esperemos que esto se supere y se trabaje desde ese enfoque si queremos lograr resultados favorables en nuestra población que es lo más importante. Ya se ha presentado el Proyecto de Ley 921-2021, en la Comisión de Salud del Congreso, para corregir este error. No solo pedimos por los biólogos, sino por los químico-farmacéuticos, psicólogos, trabajadores sociales que han sido excluidos de esta norma”, precisa.

Para el decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, el déficit de profesionales de salud es a todo nivel y por ello habían planteado que puedan trabajar en dos instituciones a la vez. “El ministro de Salud ha hablado con el Parlamento, pero solamente para Covid-19 y el problema no es solo Covid”, asegura.

A todo ello se agrega que las contrataciones CAS-Covid -que son las contrataciones temporales que se habilitaron para atender la emergencia sanitaria- se renuevan por dos o tres meses. Eso desincentiva el trabajo en el sector público, que es donde se atiende la mayoría de la población. 

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A poco de que termine el 2021, a Yuliana Cruz, una madre que mantiene su hogar haciendo trabajos de limpieza, le comunicaron que en la farmacia del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) se había agotado una medicina indispensable para la quimioterapia de su papá, un paciente con cáncer de próstata en cuarta etapa. Tras varios días de preguntar una y otra vez, tuvo que salir con la receta a buscar el Paclitaxel fuera de la dependencia estatal. Pero no fue sencillo: Yuliana recuerda que recorrió todas las farmacias que están afuera del Hospital Loayza.

“Un señor me dijo que sí la tenían, pero que la estaban vendiendo a S/490. Le dije que me la guardara, nos fuimos a retirar el dinero y regresamos a comprar. En ese trayecto, cuando volvimos, ya no había”, cuenta. Buscando entre calles y callejones por la misma zona, finalmente dieron con el medicamento desembolsando una cifra similar. Si lo hubiesen obtenido en el INEN, no habrían tenido que pagar nada, ya que lo cubre el Seguro Integral de Salud (SIS).

El Paclitaxel es un agente antitumoral muy usado para tratar distintos tipos de cáncer en las sesiones de quimioterapia. Este proceso consiste en administrar a un paciente varios fármacos según el tipo de cáncer, el estadio de la enfermedad y las condiciones del paciente. Luego de aproximadamente 20 días, se hace un control y se programa la siguiente jornada. Las dosis son diferentes para cada persona y, en este caso, el padre de Yuliana requería 300 mililitros solo para la siguiente sesión.

Esta semana el hombre pudo hacerse su cuarta quimioterapia, pero aún le quedan seis más. Y al desabastecimiento, como hemos visto, se suman los elevados precios. Como la familia no tiene muchos recursos, una de las personas para las que trabaja Yuliana organizó una colecta en redes sociales y el dinero lo recibió a través de Yape.

“Como salgo a trabajar haciendo limpieza, no he podido agradecerles a todas las personas que me depositaron», dice. 

Por las mismas fechas, una joven -a quien llamaremos Diana- también estuvo preguntando una y otra vez al teléfono de la farmacia del INEN si ya había llegado el Paclitaxel que requiere para la sexta de las ocho quimioterapias que necesita. Ella pasa por un tratamiento de cáncer de mama de grado tres que le detectaron en julio pasado. “Si espero mucho tiempo, incluso la última quimio que me hice podría ser inútil”, comenta.

Ante el temor de que la enfermedad recrudezca, buscó la medicina en farmacias y clínicas. La consiguió y logró que le hagan la quimio. Recuerda que gastó alrededor de S/400. Ahora solo le preocupa que en su siguiente consulta le digan que el esfuerzo valió la pena.

La demora en conseguir estos medicamentos puede tener consecuencias fatales. “La leucemia y los linfomas son neoplasias que de un día para otro pueden duplicar el tamaño tumoral. Entonces, si el tratamiento no se da de manera oportuna, esto puede significar que un paciente fallezca”, explica el oncólogo Diego Venegas, exviceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud.

El doctor Víctor Palacios, jefe de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer del Minsa, reconoce que hay un desabastecimiento de medicamentos para el tratamiento de cáncer. Explica que esto se debe a que los proveedores que debían entregar estos productos rescindieron sus contratos [el año pasado], alegando problemas logísticos, mayores costos de importación por la pandemia y dificultades en las plantas matrices.

“Nos hemos reunido ya con el INEN y el 14 de enero tenemos otra reunión para ver el abastecimiento continuo de los pacientes de los servicios oncológicos del Minsa. Estamos viendo proveedores internacionales que nos puedan abastecer. Vamos a lucharla semana por semana. El INEN no es el único al que tienen que ir los medicamentos oncológicos, también tenemos los hospitales en regiones. Es un tema de proveedores que nos han puesto en una situación bien delicada”, apunta.

Palacios agrega que hay contratos en marcha, pero que el espacio entre el ingreso de los productos farmacéuticos solicitados -desde que se compran hasta que llegan- lo van a seguir cubriendo con adquisiciones más pequeñas.

Mientras tanto, los pacientes tendrán que resistir. Algo similar ocurre en el seguro social. “En el Hospital Rebagliatti indican que hace dos meses están desabastecidos y están en proceso de solicitud de cotizaciones recién a proveedores. No me dan una fecha de solución de este problema, mientras mi madre que tiene un cáncer al seno debe suspender su tratamiento”, cuenta María Gabriela Navarro, que lleva días preguntando por Docetaxel, otro fármaco muy común para las quimioterapias, a través de todos los canales de atención de EsSalud.

Y luego añade indignada: “Es el colmo que ante un caso de este tipo sea el paciente quien deba estar detrás de conocer si hay o no un medicamento. Gracias a Dios mi madre nos tiene a nosotros, pero imagínese a aquellos pacientes que están solos o no cuentan con los medios o conocimientos para hacer tal labor”.

En los últimos días de diciembre, los pacientes empezaron a difundir los casos a través de redes sociales

BUROCRACIA MÉDICA

En comunicación con Sudaca, el INEN señala que la adquisición de medicamentos es financiada, en parte, con recursos que transfiere el Seguro Integral de Salud (SIS) y que otros son abastecidos directamente por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares). 

El doctor Venegas precisa que, en el Perú, el principal mecanismo de adquisición de medicamentos en el Minsa es la ‘compra nacional’, el cual no incluye el abastecimiento a hospitales de EsSalud y de las Fuerzas Armadas. Esto se hace a través de un petitorio y listas complementarias de medicamentos oncológicos. Y se tramita a través de Cenares. Todo este proceso está dentro del programa nacional de control y prevención del cáncer.

En caso de que alguien quiera reemplazar los medicamentos del petitorio o de la lista, el proceso se vuelve más tedioso. “Los medicamentos que no están en el petitorio o en el listado tienen que pasar por un proceso de evaluación. Para eso, existía un reglamento que establecía comités fármaco-terapéuticos en cada uno de los establecimientos, los cuales evaluaban los pedidos de los médicos para aprobar un medicamento. Una vez que este comité daba su veredicto, se pasaba al SIS para dar el financiamiento y gestionar la adquisición”, explica Venegas.

Como en los próximos días debería aprobarse el reglamento de la Ley N°31336 (la Ley Nacional del Cáncer, promulgada el año pasado), Venegas considera oportuno que se revisen todos los procedimientos y que se apunte a simplificar la adquisición de medicamentos y a descentralizar la atención oncológica.

La nueva ley faculta al Minsa a usar mecanismos diferenciados de compra para las enfermedades oncológicas. También se ha declarado de interés nacional la compra centralizada a través de Cenares, esta vez sí incluyendo a EsSalud y las FFAA.

Además de cubrir de forma gratuita todos los tipos de cáncer -y no solo los siete que vienen siendo cubiertos por el SIS-, la nueva ley también exigirá que se atienda a todo paciente oncológico sin seguro, que se realice una renovación tecnológica del equipamiento biomédico, que se mejore la infraestructura hospitalaria y que se tenga personal médico especializado en todas las regiones del país. Actualmente, fuera de Lima, la atención está centralizada en tres Institutos Regionales de Enfermedades Neoplásicas (IREN): La Libertad, Arequipa y Junín.

Pero el tema del presupuesto es algo que les preocupa a los pacientes. Karla Ruiz de Castilla, directora de la asociación de pacientes ‘Esperantra’, comenta que la nueva ley en sí es muy buena y ha recogido varias experiencias de distintos países, pero necesita que se le acompañe con un presupuesto multianual o algún otro mecanismo de financiamiento que garantice su implementación.

“Creo que es una magnífica ley, tiene oportunidades de mejora por supuesto. Pero sin dinero, sin presupuesto, estamos en nada. Será letra muerta como pasó con las enfermedades raras, cuyo reglamento se publicó hace dos años y los pacientes aún no se pueden atender porque no se ha definido el umbral de alto costo”, anota Ruiz de Castilla. Se refiere al tope del presupuesto para la adquisición de medicinas, que en el caso de cáncer y las enfermedades raras debería ser mayor debido al elevado costo de los fármacos.

Y ahí el problema. Al menos para este año, en el que se supone empezará a funcionar la nueva ley, los recursos del programa de Prevención y Control de Cáncer se redujeron en 12,4%, pasando de casi S/526 millones a poco más de S/461 millones. Esto incluye las partidas del gobierno nacional, y las de los gobiernos regionales y locales. Un sinsentido: se busca ampliar la cobertura pero se reduce el dinero. 

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) argumentan que parte de los recursos están programados en otra categoría de gasto, por lo que “la disminución corresponde a un ordenamiento del gasto, más no al desfinanciamiento de dicha finalidad”. Lo mismo adujeron sobre el recorte presupuestal de los programas para el VIH para una reciente nota de Sudaca. Sin embargo, también indican que durante el año, a través del SIS, tendrán que transferir recursos adicionales a las unidades ejecutoras para acciones de prevención y control de cáncer.

Víctor Palacios, director ejecutivo de Prevención y Control de Cáncer de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, tiene otra explicación. Dice que la reducción de estos recursos se debe a varios factores, pero el principal está relacionado a la adquisición de productos farmacéuticos.

“Inicialmente, se hizo una estimación en el año 2021 incorporando 13 productos farmacéuticos. Eran cerca de S/30 millones, lo que se estimaba que nos costarían estos 13 productos, muchos de ellos de alto costo. Sin embargo, para 2022, varios de estos no se consideraron, dado que de los 13 solamente tres tienen una autorización de uso por parte de Digemid. Por eso cae el presupuesto”, señala.

Agrega que algunos establecimientos de salud no habían programado tantos tamizajes (método de detección del cáncer) este año porque estaban a la espera de la evolución de la pandemia para planificar esas atenciones. A esto se suma que la partida del INEN también de redujo.

Dado que este año entrará en vigor la mencionada nueva Ley Nacional de Cáncer, y que el reglamento ya está completo y en proceso de aprobación, el doctor Palacios asegura que desde el Minsa tendrán que apuntar a que el presupuesto se amplíe considerablemente, a S/1.500 millones. Un reto, dada la reducción planteada para este año. La pelota estará, nuevamente, en la cancha del MEF.

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A propósito del sismo presentado esta madrugada en Chosica, es importante tener en cuenta que existen formas de proteger los bienes que tenemos ante la ocurrencia de cualquier movimiento telúrico. Los seguros, en general, permiten que sea la compañía aseguradora la que corra con los gastos ocasionados por estos siniestros, según la cobertura que se haya escogido, y que la persona afectada no tenga la necesidad de endeudarse o gastar sus ahorros para recuperar lo perdido. Estos son los seguros que pueden ayudarle a proteger a su familia y a sus bienes ante un sismo o terremoto:

1.-Seguro del hogar.

Puede activar este seguro si su casa o departamento presenta desprendimiento o rajadura de las paredes, vidrios rotos, pero también si sus bienes (electrodomésticos, muebles) se dañaron durante el movimiento sísmico o si ocurrió una inundación porque se rompieron las instalaciones sanitarias o cañerías.

Si la cobertura lo incluye, también puede contar con los servicios de asistencia frente a una emergencia. Por ejemplo, un gasfitero, electricista, vidriero, cerrajería o si lo requiere, asesoría médica telefónica.

2.-Seguro vehicular.

Es posible que durante el sismo haya desprendimiento de paredes y de ramas de árboles, entre otro tipo de situaciones, que pueden afectar las lunas o la carrocería de su vehículo. Si ocurriese esa eventualidad, puede utilizar este seguro.

Existen planes que incluyen esta cobertura y si tiene un accidente, se le brinda servicio de ambulancia para la atención de heridos, cubriendo los gastos médicos del asegurado y de sus ocupantes. También se cuenta con servicio de asistencia vehicular como cerrajería, descarga de batería, desperfecto del auto y grúa para trasladar el auto.

3.-Seguro para el negocio.

Si la infraestructura de su local comercial sufre daños o es la mercadería, maquinaria o mobiliario lo que se ha visto afectado, puede usar este seguro. Además, de acuerdo a la compañía aseguradora, se le puede brindar asistencia si requiere servicios de gasfitero, electricista, vidriero y cerrajero, las 24 horas del día.

Cabe indicar que, debido a la fragilidad de las construcciones en viviendas y locales comerciales, ante un fuerte sismo, es fundamental cumplir con las medidas de prevención para reducir cualquier daño potencial, a pesar de contar con un seguro para proteger sus bienes o a la familia.

También es importante tener lista una mochila de emergencia y conocer las rutas de evacuación, sobre todo, considerando que estos eventos pueden ocurrir en cualquier momento del día.

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Amazonas, Sismo, Terremoto
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