Como fuese, la prohibición dentro del GORE Junín –entidad responsable de la construcción del Puente Cantuta– existe. Y el informe de control señala otra situación que se agrega a los problemas derivados de esta contratación: lo normal es que el supervisor (Ana Ríos y Serconsult) haga consultas al proyectista sobre cualquier aspecto de la obra. Y en ese caso, quien debería absolver estas consultas sería la misma Ana Ríos, en su calidad ya no de supervisora, sino de jefa del estudio del expediente técnico. Es decir, en palabras de la CGR, “siendo juez y parte del citado procedimiento”.
Consultamos con la aludida si es que tenía conocimiento de dicha directiva, a lo que respondió que no, y “que las leyes estaban por encima de las directivas internas”. Explicó también que “es un absurdo que a la vez voy a ser jefe de estudio y supervisor” porque su trabajo como jefa de estudio terminó en el 2020, cuando entregó el expediente técnico. Aseguró, además, que ya interpuso una demanda por abuso de autoridad contra el equipo que elaboró el informe de la Contraloría.
La entidad no considera a Ríos responsable por los hechos presuntamente irregulares, pero sí a Luis Oré porque él, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, aprobó el expediente elaborado por la ingeniera. Por lo tanto, sabía quién era ella y que se encontraba impedida de contratar para la supervisión de la obra. Consultado por la Contraloría, el ahora exfuncionario alegó que recién tomaba conocimiento de que Ana Ríos Padilla formaba parte del staff contratado por Sima Perú para la elaboración de la reformulación del expediente técnico.
También reconoció que, efectivamente, “el consorcio estaba impedido de ejecutar la supervisión de la citada obra, y que pese a que la citada ingeniera conocía de tal impedimento, decidió transgredir el principio de presunción de veracidad al presentar documentación falsa o inexacta en el proceso de contratación”. Sin embargo, en comunicación con Sudaca, Ruiz Oré se contradijo y sostuvo que el órgano de control ha interpretado las normas de forma incorrecta.
Los otros responsables penales son los funcionarios del GORE Junín Carlos Pérez y Luis Hinostroza. Nos comunicamos con ambos por medio de Facebook y Linkedin –pues sus números telefónicos se encuentran fuera de servicio–, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. Es posible que pronto tengan que hacerlo, pero ante un fiscal anticorrupción.
**Fotoportada por Darlen Leonardo
