“Lo que debería ocurrir es que el JNE emita un pronunciamiento para aclarar estos casos”, comenta Heber Campos, abogado especialista en temas electorales. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje, el Jurado Nacional de Elecciones no respondió nuestras interrogantes.
¿QUÉ PASA CON ‘LOS TACHADOS’?
Diferente es la situación de los candidatos tachados, algunos de ellos, incluso, anunciados como ganadores en el primer flash electoral (a la espera de lo que diga la ONPE), como Luis Mendieta (San Juan de Miraflores) y José Luis Huamaní (Surquillo). Otros, como Augusto Miyashiro en Chorrillos, se quedaron a nada de conseguirlo.
Para saber qué pasará en aquellos distritos es importante recordar que, en estas elecciones, “nosotros no votamos por candidatos individuales, sino por listas”, como explica José Manuel Villalobos, especialista en derecho electoral. “La foto de los candidatos no sale en la cédula, sino el símbolo del partido. Por lo tanto, votas por la lista del partido”, apunta.
Esto significa que quien tomará las riendas de los distritos son los tenientes alcaldes o regidores de la organización política que obtuvo el primer lugar. Así, por ejemplo, si en San Juan de Miraflores, el ganador fuera el apepista Luis Mendieta, quien asumiría no sería el segundo en las preferencias. En este caso, será la enfermera Delia Castro Pichihua, candidata a teniente alcaldesa de Alianza Para el Progreso, la que ocuparía el sillón municipal.
Y en el caso de Surquillo, donde tanto el alcalde y el teniente alcalde de APP tienen la condición de tachados, la nueva autoridad edil sería la maestra Engracia Retamozo.
Para demostrar legalmente que se trata de la misma obra, un perito debe analizar ambas creaciones y llegar a una conclusión. Y aunque el BCRP hace hincapié en que su obra es original por los nuevos elementos añadidos, Jorge Córdova sostiene que para determinar la originalidad de una obra, lo que se analiza son las semejanzas, no las diferencias. Por su parte, el abogado Alaín C. Delion dice estar seguro “en un 98% de que los resultados arrojarán que es la misma foto”.
Pero el Banco Central de Reserva tiene otro argumento para respaldar su accionar. Según su explicación, hay una excepción en el Código Civil que establece que, para la utilización de la imagen de una persona con notoriedad pública, no es necesario contar con su permiso. Sin embargo, esto se sale del ámbito de los derechos de autor y entra al terreno del uso de imagen y voz de las personas. “Esto se refiere a que no es necesario pedirle permiso a la familia de Arguedas para poner su imagen en el billete. Pero eso no excluye el hecho de que se debió pedir permiso a la familia del fotógrafo para usar su creación”, aclara Córdova, quien se desempeñó como ejecutivo de la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi.
SIEMPRE LO MISMO
Esta no es la primera vez que se toma una fotografía de Pestana y se usa sin su consentimiento. Durante el primer gobierno de Alan García, el BCRP usó un retrato que el artista tomó a Haya de la Torre para usarlo en el billete de 50 mil intis.Tampoco pidieron permiso. “En ese entonces ‘Baldo’ todavía estaba vivo y se indignó. No pudimos hacer nada porque nos enteramos muy tarde, después de varios años. Pero esta vez sí estamos a tiempo”, dice Carmen Rico.
“Es muy común que no se respeten nuestros derechos de autor. Esto es solo una muestra. Las fotos no cayeron de los árboles, tienen un dueño, pero muchas veces se pasa por alto”, dice Herman Schwarz. Y agrega resignado: “¿Cuántas veces no he paseado por Chorrillos y me he sorprendido al ver mis fotos sin créditos y sin que me hayan pedido permiso para usarlas?”.
Esta es una sensación compartida. Raúl García, de la Asociación de Fotoperiodistas del Perú, explica que ahora con internet es más fácil que otros tomen su trabajo. “Tenemos muy poco control sobre nuestro propio trabajo”, lamenta. Y es que, como las personas ven las imágenes en la red, piensan que pueden usarlas libremente.
“Pero no es así. Si la imagen está en Internet se tiene que averiguar de quién es. Seguramente los del BCRP, como vieron la fotografía de mi tío en alta definición, la tomaron y pensaron que podían usarla como quisieran. Pero el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Además, ¿cómo una entidad del Estado con un departamento legal no va a conocer sus propias leyes?”, cuestiona la sobrina de Pestana.
Nos contactamos con el área de prensa del Indecopi, organismo estatal encargado de proteger los derechos de autor, para solicitar una opinión sobre el caso, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. Mientras tanto, el rostro de Arguedas, que Pestana inmortalizó hace más de 50 años, sigue circulando de mano en mano sin que se le dé reconocimiento al fotógrafo.
¿Y por qué no filtró a los candidatos desde el inicio para prevenir incidentes? La candidata se excusa diciendo que ella “confiaba en la buena fe de todos” y condena el supuesto mal accionar de Velarde. “No es correcto lo que hizo, porque ella está engañando. Yo no puedo llevar en mi lista a alguien que miente”, asegura Rodríguez. Paradójicamente, en el 2018, Rodríguez fue excluida por no declarar sus sentencias por deudas impagas. “No declaré esas sentencias porque no sabía que también se tenía que declarar los temas contractuales. Ahora lo sé y para estas elecciones he declarado todos mis antecedentes”, dice
Intentamos comunicarnos con Virginia Velarde, pero se negó a hablar con nosotros porque una sentencia se lo prohíbe, como se explicará más adelante. En el documento de la denuncia, sin embargo, la empresaria ha desmentido que haya presentado dos hojas de vida porque, asegura, nunca llenó nada.
Así, con la excusa de los DNI donde se consigna el nivel de educación, sacaron a Virginia Velarde de carrera. No importó que durante ese tiempo haya aportado a la campaña cerca de S/62.700, monto que declaró en la denuncia presentada a la Fiscalía. Frustrada, y sintiéndose estafada, la empresaria empezó a exigir que se le devuelva el dinero que dio, la mayor parte en efectivo, la otra en depósitos a cuentas de terceros y también por el material de campaña que entregó (como almanaques, llaveros y volantes).
Luego de tantos reclamos, Rodríguez aceptó reponer parte del dinero, pero eso sí, aclarando que todo había sido un aporte voluntario (aunque las conversaciones muestran que, antes de la exclusión, la abogada insistía y presionaba a Velarde para que pague su ‘aporte’). “Lo que yo hice no es devolverle, somos conscientes del gasto que hizo, por eso los precandidatos tomamos la decisión de reconocerle los gastos, pero no el monto que ella quería. No podía coaccionarme de esa manera”, explica Rodríguez.
Y aunque al inicio la precandidata de Solidaridad Nacional coordinó que le entregaría S/20,000 y lo restante se lo daría en partes, al final a Velarde solo le devolvieron S/16,000 por concepto de “trabajo de imprenta”.
CONTRADEMANDA
Luego de que la excluyeron de la lista de regidores, en el 2018, Virginia Velarde interpuso una denuncia penal contra Isabel Rodríguez por el presunto delito de estafa. Como no conocía los procedimientos a seguir, al final desistió de continuar con la demanda. “Además, le daba pena porque la denuncia no le regresaría el dinero perdido, sino que enviaría a la cárcel a Rodríguez. Ella [Virginia Velarde] no quería eso, solo quería su dinero de vuelta”, cuenta una fuente con conocimiento del caso.
Por ello, al no presentar pruebas para seguir con el trámite de la denuncia, esta quedó archivada. Pero quien sí decidió continuar hasta las últimas consecuencias fue Isabel Rodríguez, pues demandó por difamación agravada a su ex aportante y solicitó una reparación civil de S/750,000.
En junio de este año, la Corte Superior de Justicia de Lima le dio la razón a la ahora candidata de Renovación Popular. En la sentencia, se señala a la empresaria por emitir frases agraviantes contra Rodríguez al llamarla estafadora. Uno de los sustentos de la sentencia es, justamente, el archivamiento de la denuncia inicial. Por ello Velarde tiene prohibido hablar de este tema y debe pagar una reparación civil de S/5.000. Además, se le impuso un año de prisión suspendida. “Por todos lados me ha difamado la señora diciendo que yo cobro cupos. Imagino que ahora apelará la sentencia porque es su derecho. Veremos qué pasa”, dice Rodríguez.
Como fuese, Velarde retomó el caso y, hace unas semanas, denunció penalmente a Rodríguez. Esta vez lo hizo adjuntando las pruebas correspondientes –que Sudaca revisó en detalle–, como vouchers, mensajes de WhatsApp y audios donde le aseguran que le devolverán el dinero. El tiempo dirá quién tiene la razón.
Luego, entre cinco oficiales rodearon a Cristhian de la Cruz y lo arrastraron hasta la tolva del vehículo. Su hermana Irene, desesperada, corrió a socorrerlo y en el intento le dio un manotazo a uno de los policías. “¿Qué me arañas oe’? ¿Qué me arañas?”, gritó el efectivo. Acto seguido, le sujetó la mano a Irene y, junto a otro policía, la arrastró mientras ella intentaba defenderse de los dos hombres que, a punta de empujones, la llevaban al carro. “Son unos coimeros, desgraciados”, gritaba Lilia mientras corría de un lado a otro intentando detener el abuso que se cometía. Pero ni sus gritos pidiendo ayuda ni su lucha por evitar que se lleven a sus hijos sirvieron.
Cuando llegaron a las instalaciones del Departamento de Investigación Criminal de Comas, lugar donde hasta hoy permanecieron detenidos, los vecinos se dieron cuenta de que momentos antes de las detenciones, un trabajador de la empresa OHL, integrante del consorcio constructor, demandó a los dirigentes vecinales Luis Álvarez y Luis Maco por, supuestamente, haberlo extorsionado ese mismo día a cambio de dejarlos continuar con la obra. Sin embargo, como se ve en el video, el primero no se encontraba presente y el segundo llegó después de que la policía se presentara en el lugar de los hechos.
Según el parte policial, Marco Antonio Jimenez Meza, jefe de administración de la obra, denunció que, alrededor de las 7:40 a.m., un grupo de personas encabezado por los dos dirigentes estaba obstruyendo los trabajos. Ante tal actitud, el denunciante asegura que se acercó a los manifestantes con el fin de dialogar, pero que ellos le exigieron “una buena suma de dinero para que se retiren definitivamente”. Ante su negativa, siguieron obstaculizando los trabajos, por lo que se vio “en la obligación de denunciarlos”.
“Ellos dicen que nosotros les hemos pedido plata para dejarlos trabajar, eso es totalmente falso. A ese señor nadie lo conoce, no sabemos quién es el que nos ha denunciado porque nunca hemos hablado con él”, dice Luis M., vecino que también participa de los plantones y estaba presente durante los hechos. “Lo que han querido hacer es intimidarnos para que dejemos de reclamar”, añade.
Nos comunicamos con Jimenez Meza para preguntarle por las pruebas que sustenten su denuncia, pero solo respondió que cualquier información debíamos pedirla al Consorcio Metropolitano Norte. Ni ellos ni los policías de la Depincri respondieron nuestras interrogantes. Quien sí dio detalles fue el abogado de los tres detenidos, quien aseguró que el denunciante no contaba con pruebas de la supuesta extorsión: ni fotos ni videos ni testimonios de trabajadores que hayan escuchado las amenazas.
“El señor entró en contradicciones cuando tuvo que dar su declaración en la comisaría. Ni siquiera pudo dar un monto aproximado de lo que supuestamente le pidieron. Además, él hizo la denuncia antes de que los supuestos hechos ocurrieran, como si fuera adivino. Esto lo hicieron para amedrentar a los vecinos”, explica el abogado Manuel Luna.
Emape lamentó lo ocurrido y deslindó cualquier participación en dicha intervención, “siendo esta de responsabilidad de la empresa contratista”. La empresa municipal señaló además que el Consorcio Metropolitano Norte “viene presentando demoras en la atención y solución a los daños en algunos predios producto de las vibraciones originadas por las labores de compactación en la zona”. De no cumplir con ello, advierten que acudirán a “todas las instancias legales para que el consorcio cumpla con sus obligaciones y atienda los reclamos de los vecinos a la brevedad posible”.
Entre lágrimas, Lilia Gonzalez agradece que, luego de dos días detenidos, sus hijos y vecino hayan sido liberados por falta de pruebas. “Nosotros no queríamos hacer problemas, eso lo saben Dios y ellos mismos. ¿Por qué tanta maldad?”, pregunta. Cuenta, además, que en la Depincri no la dejaron presentar una denuncia: “Quise sentar una denuncia por lo que le hicieron a mis hijos, pero uno de los policías me amenazó diciéndome que si lo denunciaba, él me iba a encerrar con ellos porque dice que yo lo he arañado, pero eso no es así”. Esperemos que la justicia, para estos vecinos, llegue pronto.
Como fuese, la prohibición dentro del GORE Junín –entidad responsable de la construcción del Puente Cantuta– existe. Y el informe de control señala otra situación que se agrega a los problemas derivados de esta contratación: lo normal es que el supervisor (Ana Ríos y Serconsult) haga consultas al proyectista sobre cualquier aspecto de la obra. Y en ese caso, quien debería absolver estas consultas sería la misma Ana Ríos, en su calidad ya no de supervisora, sino de jefa del estudio del expediente técnico. Es decir, en palabras de la CGR, “siendo juez y parte del citado procedimiento”.
Consultamos con la aludida si es que tenía conocimiento de dicha directiva, a lo que respondió que no, y “que las leyes estaban por encima de las directivas internas”. Explicó también que “es un absurdo que a la vez voy a ser jefe de estudio y supervisor” porque su trabajo como jefa de estudio terminó en el 2020, cuando entregó el expediente técnico. Aseguró, además, que ya interpuso una demanda por abuso de autoridad contra el equipo que elaboró el informe de la Contraloría.
La entidad no considera a Ríos responsable por los hechos presuntamente irregulares, pero sí a Luis Oré porque él, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, aprobó el expediente elaborado por la ingeniera. Por lo tanto, sabía quién era ella y que se encontraba impedida de contratar para la supervisión de la obra. Consultado por la Contraloría, el ahora exfuncionario alegó que recién tomaba conocimiento de que Ana Ríos Padilla formaba parte del staff contratado por Sima Perú para la elaboración de la reformulación del expediente técnico.
También reconoció que, efectivamente, “el consorcio estaba impedido de ejecutar la supervisión de la citada obra, y que pese a que la citada ingeniera conocía de tal impedimento, decidió transgredir el principio de presunción de veracidad al presentar documentación falsa o inexacta en el proceso de contratación”. Sin embargo, en comunicación con Sudaca, Ruiz Oré se contradijo y sostuvo que el órgano de control ha interpretado las normas de forma incorrecta.
Los otros responsables penales son los funcionarios del GORE Junín Carlos Pérez y Luis Hinostroza. Nos comunicamos con ambos por medio de Facebook y Linkedin –pues sus números telefónicos se encuentran fuera de servicio–, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. Es posible que pronto tengan que hacerlo, pero ante un fiscal anticorrupción.
Gonzalo siguió enviando correos a la empresa con la esperanza de conseguir justicia. Pero en diciembre se dio por vencido y, al final, tuvo que adquirir otros pasajes, esta vez directamente con la aerolínea. “Ya no seguí reclamando porque me di cuenta de que me iban a seguir paseando y estaba cansado. Además, vi en redes sociales otros casos que llevaban años y no les daban nada”, se lamenta.
Para dar mayor seguridad, eDestinos asegura en su página web que es una agencia suscrita al sistema BSP (Billing and settlement plan) de IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Contar con esta certificación supone que es una agencia seria y que, en caso de inconvenientes, puede responder. Martín La Rosa, presidente de esta organización, explica que en el Perú hay 141 agencias adscritas a dicho sistema y que la empresa polaca no es una de ellas. “Que no tenga domicilio fiscal en el país ni RUC es una alerta que imposibilita que se suscriba al BSP IATA”, explica.
NUEVO MODUS OPERANDI
Al revisar los testimonios, Sudaca descubrió otro método empleado por eDestinos. Esta técnica la usan con aquellos pasajeros que compran pasajes ida y vuelta. Los viajes de ida, por lo general, no presentan problemas. Pero a la hora de regresar, los usuarios descubren que sus viajes han sido cancelados o no existen.
El abogado Enrique Huachaca (33) había planeado pasar las recientes Fiestas Patrias en Tarapoto. Por ello, compró dos pasajes de ida y vuelta por un total de US$466. El tramo de ida se llevó a cabo, pero días antes de su fecha de retorno, Enrique empezó a escribir a la agencia para que le manden su tarjeta de embarque. Lo único que le respondieron fue que se demorarían en darle una solución.
Preocupado, el mismo día que le tocaba partir fue al aeropuerto con varias horas de anticipación. Empezó a preguntar por todos lados donde podía encontrar un counter de la aerolínea Euroairlines, donde supuestamente había comprado sus pasajes de regreso. Los trabajadores del aeropuerto solo atinaron a decirle que esa empresa no existía en Perú y mucho menos tenía sedes ahí. En efecto, esta compañía española solo realiza viajes en Europa. Sin embargo, eDestinos sigue ofreciendo en su página web viajes al interior del país con dicha aerolínea.
Enrique llamó a la agencia, les escribió correos y, nuevamente, la solución nunca llegó. “Buenas noches. Hoy fui al aeropuerto ya que compré mi pasaje de retorno para hoy 31 de julio, sin embargo, en el aeropuerto me indicaron que la aerolínea Euroairlines no tiene ninguna oficina que opera en ese aeropuerto y que no podré retornar a Lima. Solicito la devolución inmediata de mi dinero y alguna solución al respecto […] Sigo en el aeropuerto, estoy pasando frío, hambre y no puedo ir a mi centro de labores”, fue el mensaje que envió pasadas las 10 de la noche, a pesar de que su viaje estaba programado para el mediodía.
Cuando se dio cuenta de que había sido estafado, a Enrique no le quedó más opción que comprar otros boletos para poder regresar a Lima. Al día siguiente, según su testimonio, la agencia por fin se comunicó con él diciéndole que “iban a hacer la revisión de su caso para un posible reembolso”. Hasta la fecha, luego de un mes de aquel amargo episodio, lo siguen paseando. “Yo mando varios correos al día, todos los días, pero me dicen que van a resolver por orden de llegada. Yo veo comentarios de personas reclamando desde el 2019, y pienso ‘¿Cuándo me darán solución? ¿En el 2030?’”. El abogado también presentó una queja ante Indecopi y nuevamente la institución no fue de mucha ayuda.
A José Ignacio Neira, ciudadano chileno, le pasó lo mismo. Él compró pasajes en eDestinos para un viaje, ida y vuelta, de Chile al Perú. Cuando ya se encontraba en nuestro país junto a su hermana y su hijo, se enteró de que no podrían viajar de regreso porque les habían cancelado el viaje. Luego de inútiles comunicaciones con la agencia polaca, Neira tuvo que adquirir nuevos tickets. “Me arruinaron las vacaciones porque me hicieron salir horriblemente de mi presupuesto y ahora me dicen que no me devolverán nada”, comenta.
El abogado penalista Rafael Chanján explica que, por las características de esta agencia y los casos denunciados, nos encontramos ante el delito de estafa agravada “por la pluralidad de víctimas”. “Incluso podemos hablar de la posible operatividad de una organización criminal. Si es así, las penas son aún más graves”, sostiene.
UNA EN UN MILLÓN
María Cabrera (29), también ciudadana chilena, es de las pocas que tuvo suerte y logró recuperar su dinero gracias a su pronta reacción. En enero de este año, ella entró a la página de la agencia Kayak para comprar tres tickets aéreos a Antofagasta. Sin embargo, al concluir la compra, quien le había vendido los boletos era eDestinos. Al principio no se preocupó porque anteriormente ya había adquirido pasajes con Kayak y pensó que todo estaría bien, pero cuando solo le llegó un número de reserva y no el boleto, las alarmas de peligro se encendieron en su cabeza.
Para cerciorarse de que todo marchaba bien, ingresó a la aplicación de Latam Airlines y colocó los códigos enviados por eDestinos, pero se dio cuenta de que los viajes no existían. “Me asusté, me parecía muy raro y seguí investigando sobre eDestinos. Me di cuenta de que muchas personas habían comprado boletos y habían sido estafadas”.
Esa misma noche, María envió un correo a Kayak pidiendo explicaciones y también se contactó con Latam. La aerolínea le respondió que tenía que comunicarse con eDestinos porque ellos tenían sus pasajes. “Les mandé un correo enojadísima, diciéndoles que quería mi dinero de vuelta, que me parecería que eso era un proceder fraudulento y que se contacten conmigo a la brevedad”, cuenta María. A la mañana siguiente, la agencia la llamó y le dijeron que ‘liberarían’ los pasajes en un par de horas. Como es práctica habitual de esta empresa, no cumplieron con su palabra.
Para evitar que la agencia digital se quede con su dinero, María empezó un procedimiento por compra fraudulenta con el banco con el que había pagado sus viajes. “Me contacté con el banco, les dije que había bloqueado mi tarjeta y les expliqué lo ocurrido. Ellos hicieron una investigación y me dieron la razón, devolviéndome el dinero”, explica más aliviada. Sabe que es de las poquísimas personas que tuvo la suerte de no perder su dinero. “Me queda de lección no volver a comprar mediante agencias, sino de frente a las aerolíneas, aunque me salga un poco más caro”. Hasta el cierre de este reportaje, los testimonios de más afectados seguían llegando.
Las demás oficinas de Omega Pro –si es que existen– se encuentran en Dubai, Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong y Singapur. “Que estén en estos lugares debe ser una bandera roja, porque no tienen entes reguladores que aseguren que no sea una captación ilegal de dinero”, sostiene Enrique Castellanos.
Omega Pro no cuenta con RUC ni oficinas físicas en el Perú. Tampoco tiene un número telefónico o un buzón de correo para recibir reclamos. Mucho menos, un representante legal. “Es un esquema que no está inscrito en los Registros Públicos; es decir, no existe legalmente en el Perú, solo es una página web creada en el extranjero y no brinda la garantía de que alguien pueda invertir su dinero con toda seguridad”, argumenta Reátegui.
Esto lo saben los promotores, pero parece no importarles. “Esta es una información importante para que entiendas el negocio. Somos un banco digital, por eso no contamos con RUC, ni oficinas físicas ni estamos regulados por la SBS. Nuestro único regulador es la FCA (Financial Conduct Authority). Ellos son la máxima autoridad de instituciones financieras en el mundo y son los únicos que nos pueden supervisar. No somos una estafa”, dice uno de los voceros con los que esta reportera pudo conversar.
Pero esta no es más que otra de sus mentiras. Omega Pro tiene su propio banco, llamado OMP Money, en el Reino Unido. Supuestamente, se encuentra supervisado por la FCA, entidad reguladora de dicho país. Sin embargo, una búsqueda rápida deja en evidencia que, aunque sí estuvo inscrita por un tiempo, actualmente ya no es así. “Esta empresa ya no está registrada en la FCA como agente de dinero electrónico de una empresa regulada y ya no puede emitir dinero electrónico ni proporcionar servicios de pago”, se lee en la página web. No se detalla por qué se les quitó el registro.
ATADOS DE MANOS
De acuerdo a las cifras de Daniel Reátegui, en los últimos dos años la SBS ha recibido cerca de 50 denuncias y consultas sobre Omega Pro. “Algunos de los correos son de personas que dicen que no se les devolvió el dinero o que los condicionan con traer a más gente a este esquema informal para que puedan entregarles sus ganancias”, explica el coordinador de supervisión de actividades informales de la entidad financiera.
Sin embargo, todos los correos son anónimos. Esto dificulta que la SBS pueda tomar cartas en el asunto, pues no pueden formular denuncias ante el Ministerio Público si es que no tienen pruebas. “Muchas veces las personas que se ven engañadas por estos esquemas no denuncian porque tienen cierto pudor y vergüenza por haber caído. O porque guardan la esperanza de que en algún momento la empresa les devuelva el dinero. Pero si no nos ofrecen las pruebas necesarias (como contratos o vouchers que acrediten que depositaron dinero) no podemos hacer mucho”, se lamenta Daniel Reátegui.
Incluso, se puede generar el efecto contrario, porque si se denuncia sin los medios probatorios suficientes y la Fiscalía no admite la demanda, la empresa podría usarlo a su favor. «Podrían hasta usarlo y decir que es legal. Ese es lo que queremos evitar», asegura Reátegui. Por ello, enfatiza, es importante que aquellos que se vieron perjudicados por Omega Pro –u otros esquemas piramidales– se atrevan a denunciarlos.
De este modo, con el nuevo cómputo, efectuado luego de agregar al conteo aquellas mesas, los resultados variaron y Chávez se situó en la delantera con 5.589 votos frente a Del Águila, quien tenía 5.269. “[…] al restituirse la votación de las mesas anuladas por resoluciones que nunca fueron publicadas y por resoluciones publicadas en fecha posterior a la proclamación de resultados, se tiene que la Lista N°2, liderada por el candidato Julio Chávez Chiong, es la que obtiene la mayoría relativa más alta y, por consiguiente, es la ganadora de la elección interna”, se lee en la resolución emitida por el CNE el mes pasado.
Con la proclamación de los nuevos resultados, el personero del partido solicitó al ROP que se anule la inscripción de Edmundo Del Águila como secretario general y la lista que lo acompañaba. La respuesta de esta entidad fue aceptar el pedido, sacar de carrera al exdiputado y dejar el camino allanado para el alcalde de SMP.
Chávez ya juramentó como secretario nacional. En la ceremonia participaron los congresistas de la lampa, incluida la expresidenta del Congreso Maricarmen Alva. Su inscripción ante el ROP ya se encuentra en trámite. Pero hasta que no se formalice, nada está dicho. “La militancia del partido reconocerá al que aparezca inscrito en el Registro de Organizaciones Partidarias del JNE”, dice Mesías Guevara, presidente del partido. Jose Arriola, parlamentario de la bancada, afirma que por el momento él no reconoce a ninguno como secretario del partido.
Del Águila, como es de esperar, se ha mostrado en contra de lo sucedido en los últimos meses. Se autoproclama como el “secretario general auténtico” de Acción Popular y sostiene que esas decisiones que buscan desconocerlo son “ilegales”. “No es posible que el nuevo Comité Electoral anule mi elección porque la etapa electoral ya concluyó con mi proclamación […] El CNE nombró ganadores a los que quedaron segundos, restituyendo las mesas que se anularon para lograr ese cambio, pero yo soy el secretario general auténtico”, dijo.
Y agregó: “Es ilegal que el ROP haya aceptado el desistimiento de mi inscripción. Están en contra de nosotros, pero no quiero entrar en conflicto con ellos porque son los que tienen la sartén por el mango”. Todavía se sigue paseando por los medios de comunicación y declarando con ese cargo.
Por su parte, Chávez defiende a capa y espada su cargo: “El CNE que nos proclamó está inscrito y reconocido por el ROP, por lo tanto es la única autoridad del partido con legitimidad. Por ello se ha desistido de la inscripción de Edmundo Del Águila y su lista, y se ha remitido nuestra inscripción. Somos el único Comité Ejecutivo Nacional reconocido por la autoridad electoral del partido. Lo que hay ahora es una suerte de paralelismo y vamos a verlo en el tribunal disciplinario”.
Las riñas dentro del partido de la lampa, sin embargo, están lejos de terminarse. Y esto lo saben los militantes. Luego del anuncio de los nuevos resultados, un grupo de personas irrumpió durante la noche del 14 de junio, en el local partidario de AP. Tras una serie de acrobacias, uno de los hombres consiguió ingresar al lugar luego de trepar por el balcón. No hay certezas de quiénes los enviaron.
Lo que sí se sabe es que Edmundo Del Águila Morote presentó más impugnaciones ante el JNE para defender su cargo. “Presenté apelaciones respecto al plenario en el que se eligió a Ricardo Zuñe y a su inscripción como presidente del Comité Ejecutivo, así como a la resolución que aceptó mi exclusión […] No puedo compartir los argumentos, pero tengan la seguridad de que son lo suficientemente fuertes como para que nos den la razón”, comenta confiado.
LOS NIÑOS DE LA DISCORDIA
Hace una semana, una nueva discordia se originó. Del Águila publicó un comunicado donde informaba de la expulsión del partido de los congresistas conocidos como “Los Niños”. Al pie del documento firmaba como secretario general de AP. Sin embargo, rápidamente la bancada de la lampa sacó otro comunicado donde lo desconocían: “[…] no posee el cargo de Secretario General Nacional de nuestro partido, ya que su inscripción ha sido desistida en el Jurado Nacional de Elecciones, por lo que no cuenta con legalidad ni legitimidad”, se lee en el documento. “Además, el procedimiento correcto para expulsar a alguien del partido es a través del Tribunal de Disciplina. Un plenario no tiene tal facultad”, explica Ivette Mendoza, secretaria de juventudes de Lima Metropolitana.
El congresista Elvis Vergara presentó un recurso para iniciar un procedimiento disciplinario, por usurpación de funciones, contra el exdiputado al “autoproclamarse secretario general”. No es el único que habla de usurpación. “Nosotros hicimos un plenario y expulsamos a ‘Los Niños’. Todo lo contrario a este usurpador [refiriéndose a Chávez], que incluso lleva en su Comité Ejecutivo a dos de los congresistas señalados. O sea que ahora Los Niños pretenden tomar el partido”, criticó también Del Águila.
Esto último lo mencionó porque, cuando Chávez postuló a las internas del partido llevó consigo a Ilich López como secretario de gobiernos locales y regionales, y a Elvis Vergara en la vicesecretaría general de organización. El alcalde de SMP ha explicado que, mientras no se resuelvan sus situaciones, ninguno ocupará un puesto. “Ellos participaron en la lista conmigo, pero esta se armó antes de que se conozcan todas estas imputaciones. Ni bien se inició la inscripción de nuestro Comité Ejecutivo, ellos mismos solicitaron la licencia al cargo”, sostuvo.
En la reunión, el Comité de Disciplina del partido presentó un informe con sus descargos. En resumen, todos rechazaron escuetamente las imputaciones hechas por Karelim López y agregaron que se ponen a disposición de las investigaciones para esclarecer los hechos. También se acordó que debían pedir licencia partidaria mientras dure el proceso. No se descarta una posible expulsión del partido.
No es lo único que pasó en el plenario. Según recientes declaraciones del parlamentario Darwin Espinoza a la prensa, Maricarmen Alva amenazó a Los Niños y sus familias, e incluso llamó “indio de m…” a un congresista. Según Arriola, lo que la expresidenta del Congreso dijo en realidad fue “niño de m…” a Ilich López. Al margen de los matices, es otra evidencia del desmadre cotidiano en el partido de la lampa.
“Estamos en un contexto de crisis y puede ser posible –y digo “puede” porque hasta ahora la ATU no ha explicado el meollo del asunto– que, efectivamente, haya una baja demanda, que hayan subido los costos de operación y que haya menos ingresos. Pero la pregunta del millón es si los que menos tienen deben pagar más por transportarse”, cuestiona Cynthia Yamamoto, fundadora del colectivo Peruanos de a pie. “Están condenando a las personas a la miseria porque movilizarse a diario cuesta casi lo mismo que un plato de comida”, agrega la también candidata a teniente alcaldesa de Lima del Partido Morado.
La solución, según los especialistas, es un subsidio estatal para el transporte público. Esto es habitual en otros países y de hecho existe ya en el Perú. La Línea 1 del Metro está subsidiada, y por ello el pasaje cuesta S/1.50. En el 2018, por ejemplo, el monto total del subsidio ascendió a US$48.9 millones. Pero los otros sistemas de transporte masivo de Lima carecen de esta ayuda estatal. En el colmo de la contradicción, a partir de marzo de este año el Ejecutivo incluyó en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles a las gasolinas de 84 y 90 octanos, es decir, al combustible que usan los autos privados. Esto, según lo explica el exministro de Economía Pedro Francke en una entrada reciente de su blog, representa un subsidio “a un costo de varios cientos de millones de dólares al año”. ¿Quiénes se benefician de esto? Mayormente, los que se movilizan en auto particular o toman taxi. “En otras palabras, los sectores de ingresos altos son los que reciben la mayor parte de este subsidio”, sentencia Francke.
María Jara también se ha pronunciado a favor del subsidio. “Por supuesto que es caro”, admitió en su entrevista con Jaime Chincha, en relación al Metropolitano. “Se ha dicho que el servicio de transporte en el país es uno de los más caros, pero lo que no se termina de decir es que todos los países y ciudades subsidian los servicios de transporte”, recalcó.
La tarea de negociar este subsidio es, justamente, de la ATU, pues desde el 2018, con la ley de su creación, el servicio de transporte urbano pasó a ser catalogado como servicio público. En la misma entrevista, Jara anunció que se estaba conversando al respecto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Pero no fue capaz de adelantar mucho: “Yo creo que sí [vamos a conseguir el subsidio]. Estamos muy avanzados… En realidad, va a tomar un poco de tiempo porque estas salidas no son fáciles”, dijo.
Consultado por Sudaca, el MEF recalcó que es la ATU «la entidad que debe proponer si se requieren tomar medidas adicionales al contrato». Además, confirmó que se concretaron reuniones con dicha institución «donde se ha indicado que la ATU debe justificar la necesidad y pertinencia de cualquier pedido o propuesta».
Complejas decisiones contractuales
El subsidio no fue la única medida anunciada en la entrevista. “Quiero darte una primicia –le dijo Jara a su entrevistador–. Esta es una carta que hemos enviado a Lima Vías Express para caducar el contrato de concesión… Le hemos anunciado que cortamos el contrato”.
Aunque esta es una medida que podría ser aplaudida, los especialistas consultados por Sudaca advierten que podría carecer de sustento. Gustavo Guerra García y Fernando Perera, ambos expresidentes de Protransporte que conocen de cerca los términos del contrato de concesión, explican que, para una anulación de este tipo hay pasos que se deben seguir. “Todos los conflictos y controversias que pudieran surgir entre las Partes […] deberán ser resueltos en trato directo entre las Partes”, establece el contrato. Si la controversia persiste, el caso puede terminar en un tribunal arbitral.
Por lo demás, no se ha explicado con claridad por qué solo se quiere rescindir el contrato de una de las cuatro empresas que operan el corredor. Al respecto, María Jara no abundó en detalles. Tampoco sobre esto ha querido darnos explicaciones la ATU. Lima Vías Express también guardó silencio.
Perera advierte lo que puede pasar si este “corte” no se realiza de acuerdo con el procedimiento establecido: “incluso [el Concesionario] podría demandarnos por incumplir el contrato y tendríamos que pagarles una indemnización, como ya ha sucedido anteriormente”.
Una flota que ya cumplió su ciclo
El pasado 28 de julio último, los buses que brindan el servicio cumplieron 12 años operando. “Esto es antitécnico”, dice Alfonso Flórez, de la Fundación Transitemos. “Los buses están en pésimo estado”, comenta Jacqueline Acosta, joven que todos los días usa el Metropolitano para dirigirse a su centro de trabajo.
Según el contrato de concesión, los buses que integran la flota debían renovarse al alcanzar el millón de kilómetros recorridos, o al cumplir 12 años de vida útil, lo que ocurra primero. Según Perera, cuando él todavía era presidente de Protransporte –en 2019– los buses ya estaban llegando al final de su ciclo. “Son los mismos buses desde el 2010. Cuando me fui estaban muy cerca de los 900 mil kilómetros. En teoría la ATU ya debería haber pedido a los concesionarios, con un año de anticipación, que renueven la flota”.
“Es insostenible tenerlos más años. De hecho, ya han hecho renovación de motores de casi el 50% de la flota, porque es preferible tener motores nuevos que viejos que necesitan reparaciones. Pero también se debe ver las carrocerías, que a veces están oxidadas”, agrega Perera. Consultamos con los concesionarios si es que la ATU ya les remitió el oficio solicitando la renovación de la flota, pero hasta el cierre de este reportaje no nos respondieron. “Si es que se ‘corta’ la concesión, ¿quién se hará cargo de la nueva adquisición de los buses?”, cuestiona el especialista.
Otro detalle, nada menor, es que los buses actuales hasta ahora no se han pagado. Según el contrato de concesión, las empresas que ganaron la concesión debían adquirir toda la flota, que incluía 300 buses articulados y 222 alimentadores. Esta compra fue posible porque, entre el 2008 y 2009, la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) les facilitó un crédito. Sin embargo, hasta ahora la deuda aún no ha sido cancelada y la suma aumentó a S/1.000 millones por los intereses.
“A la fecha, las obligaciones a cargo de los cuatro operadores se encuentran vigentes, ya que tenemos acuerdos de pago transitorios con cada uno de ellos que vencen el próximo 30 de septiembre”, informó Cofide en una nota del diario Gestión. Allí mismo se adelantó que las empresas tenían la intención de prorrogar el pago, pues “alegan que no cuentan con recursos suficientes para atender el pago de la deuda debido a que los ha perjudicado que no se haya iniciado formalmente la concesión, que el flujo de pasajeros no sea el esperado y la pandemia”.
Cofide no solo realiza el cobro a los concesionarios, sino también a la ATU. La razón: cuando la MML era la encargada del Metropolitano, perdió hasta cinco arbitrajes con las empresas, por un monto total de S/444 millones, por incumplimientos contractuales, como no construir las estaciones hasta el distrito de Carabayllo. En el 2018, tras su creación, la ATU asumió dicha deuda.
Por donde se vea, las cosas no pintan nada bien. “El Metropolitano tiene una deuda enorme con Cofide porque no se han pagado hasta ahora los buses. ¿Qué va a pasar cuando se necesite renovar toda la flota? Se viene una nueva crisis peor, que es la renovación de la flota sin siquiera haber pagado la anterior”, lamenta Alfonso Florez.
Doce años de ‘marcha blanca’
Por si fuera poco con lo que hasta ahora hemos contado, queda aún otro dato insólito. Luego de tantos años de servicio, el Metropolitano aún no ha entrado –formalmente– en “etapa de operación”. Es decir: el plazo de concesión con los operadores establecido en el contrato todavía no empieza a correr.
En 2010, durante la segunda gestión de Castañeda Lossio como alcalde limeño, se suscribió una adenda que establecía que el contrato recién empezaba una vez que se termine de construir la estación Chimpu Ocllo, en Carabayllo. “La gestión Castañeda se reunió con los concesionarios y firmaron una adenda para que el contrato se inicie recién cuando se termine de entregar todas las rutas completas, pero faltaba la estación de Carabayllo, lo que ha generado que aún no haya pasado un solo día de la concesión por esa adenda”, señala Víctor Aguilar, actual regidor de la comuna metropolitana.
Las más beneficiadas son las empresas operadoras. No solo tienen más tiempo de concesión, sino que mientras tanto no se les puede imponer sanciones administrativas o penalidades por eventuales incumplimientos. Hasta el 2017, según un informe de la Contraloría, se había detectado un perjuicio para el Estado de S/ 122 millones y US$750 mil, por concepto de compensaciones a dichas compañías.
No importa que los buses hayan recorrido más de un millón de kilómetros y sea momento de pedir su cambio. Hasta ahora el Metropolitano sigue “en etapa de preoperación”. La MML, responsable de la construcción de la infraestructura que falta, asegura que esta estará lista a finales de este año. Recién cuando eso se cumpla se podría hablar –formalmente– del inicio de la concesión del metropolitano. Pero su historia ya es larga, está plagada de controversias, y marcada por una inexplicable carencia de explicaciones.