En esta dinámica la tuvieron por al menos 40 minutos, escuchando mil y un excusas para evitar que deje el seguro. De tanto insistir en que ya no quería el servicio, al fin le hicieron caso. O eso es lo que ella espera. No quiere tener, en unos meses, nuevas sorpresas y volver a pasar por tan engorroso proceso.

A Rocío Díaz le pasó algo similar. En 2018 se afilió a este seguro oncológico maravillada por los beneficios que le prometieron durante una charla, llevada a cabo por una trabajadora de Oncosalud, en su lugar de trabajo. La enganchó, entre otras cosas, que le ofrezcan un examen completo de detección de cáncer cada año. Sin embargo, cuando fue a realizarse el examen se dio cuenta de que este solo incluía un papanicolau y una mamografía. Los demás estudios tenían un costo aparte, mucho más caros que en otros centros de salud, dice Rocío.

Al año siguiente, cuenta, le enviaron una notificación de que la tarifa de su seguro se iba a incrementar en aproximadamente S/ 70. Y en el 2020, el precio volvió a subir. Así, sin consultarle ni dar razones. “Si seguía así , ¿cuánto tendría que pagar cuando llegue a los 70 años?”, se preguntó Rocío. Con la finalidad de conseguir respuestas, envió varios mensajes por correo electrónico solicitando el porqué de esos incrementos. Nunca le respondieron.

Correo Rocio Diaz
Con la finalidad de que le expliquen el porqué del incremento anual de su tarifa, Rocío Díaz envió correos a la compañía. Nunca recibió respuestas.

Por esta razón, desilusionada y fastidiada por el mal servicio, en abril de ese año solicitó, mediante una llamada telefónica, su desafiliación. Le dijeron que el tiempo de espera era de 30 días hábiles, a partir de los cuales quedaría fuera del seguro. Mientras tanto, le seguían descontando de su tarjeta por un seguro que ya no quería. Cuando se cumplió el plazo, en junio de aquel 2020, llamó y llamó a todos los canales de atención y, cuando por fin le respondieron, le dijeron que no había ninguna solicitud a su nombre.

Cansada de que la paseen, Díaz fue hasta las instalaciones de Oncosalud dispuesta a todo: armó un escándalo, según cuenta ella misma, exigiendo que la desafilien ese mismo día. Esa fue la única manera en la que pudo salir del local con el certificado de desafiliación en sus manos y con la promesa de que le devolverían lo cobrado entre mayo y junio. Pero solo le devolvieron lo de junio. “Lo gracioso es que me han vuelto a llamar para afiliarme, pero definitivamente no se lo recomendaría a nadie”, sostiene Rocío.

«Tu lucha, mi lucha” es el slogan que usa la compañía más importante del país en el tratamiento contra el cáncer. “Los mejores planes para cuidar de ti y tu familia”, dice otra de sus frases. Lo cierto es que los testimonios recogidos por Sudaca revelan que, en la lucha por vencer esta enfermedad, sus asegurados se sienten abandonados.

 

 

 

Tags:

Empresas, Oncosalud

LLUVIA DE MILLONES

Esta estrategia no ha sido exclusiva de las empresas de la familia Aguilar Quispe. 2H Ingeniería y Construcción es otra compañía que encontró en estos bonos una manera sencilla para aumentar su capital social de manera casi se diría que milagrosa.

En el 2013, esta compañía se fundó con un capital social de apenas S/75,000, que luego se incrementó hasta llegar a S/3 millones. Cuatro años después, sus socios modificaron el artículo de su estatuto donde se aprobaba el uso de los bonos de reconstrucción para incrementar su capital social. Así, en octubre de 2020, esta constructora se ‘inyectó’ S/105 millones “por aporte de bien no dinerario (aporte de bono de reconstrucción serie única, sub-serie 12)”, como se lee en las actas registrales.

A diferencia de las dos primeras, esta empresa sí tenía experiencia en licitaciones con el Estado. Desde el 2015, contrató con el gobierno por poco más de S/311 millones. Pero luego de inyectarse su nuevo capital fantasma, en el 2021 se llevó el contrato más grande de su historia, con Sedapal: S/1,169 millones junto a la compañía China Machinery Engineering y SIGMA SA Contratistas, para llevar adelante una obra de mejoramiento de los sistemas de agua potable. 

Nos comunicamos con la empresa y se comprometieron a darnos información, pero hasta el cierre de este reportaje no lo hicieron 

CMO Group SAC –antes, Constructora Mediterráneo– también inició sus operaciones con un modesto capital de S/1,000, en el 2009. Tres años después, le agregaron S/3 millones mediante “bonos”, aunque en los documentos registrales no se explica de qué tipo. En enero de 2013, a su capital le aumentaron la considerable suma de S/15 millones, a través de “aportes de bonos de reconstrucción emitidos mediante Ley N° 23592”.

Según la compañía, “esos bonos están respaldados con terrenos de 300 hectáreas en Huaral, que cuestan entre S/90 millones a S/100 millones, los cuales están tasados y declarados ante la RNP del OSCE”. Le pedimos a la empresa documentos que respalden esta versión, pero no volvieron a responder.

Bonos de reconstrucción
Los bonos de reconstrucción pueden encontrarse en Mercado Libre hasta por S/40. Para el MEF y la Sunat, no tienen ningún valor, pero algunas empresas usan estos bonos para constituir empresas o aumentar su capital social.

Antes de aquel incremento de capital, la empresa había contratado dos veces con el Estado, por S/280 millones. Luego, sin embargo, la compañía obtuvo una lluvia de 18 millonarios contratos, en su mayoría con gobiernos regionales, como los de Junín y Cajamarca. Desde el 2019, se consorció con la empresa china Sinohydro Corporation Limited, con la cual obtuvo la buena pro de varias obras para el mejoramiento de establecimientos de salud en dichas regiones. Todas sus contrataciones desde el incremento de capital suman un total de S/19,690 millones.

¿Por qué estos bonos fantasmas son aceptados para ser inscritos en los Registros Públicos? La posición del tribunal registral, emitida en dos resoluciones del 2014 y 2020, es que no le corresponde calificar la prescripción de los títulos valores. Sin embargo, el 24 de marzo de este año, el MEF volvió a ratificar su posición de que estos bonos no tienen valor por estar prescritos.

“Esto también es competencia desleal, porque hay empresas que tratan de subir su capital obra por obra. Mientras su crecimiento les toma entre seis y ocho años, las empresas que crecen con ‘capital bamba’ lo hacen en meses”, dice el abogado Castillo Luna. Mientras estas empresas tasan sus bonos en millones de soles, en Mercado Libre, estos se pueden encontrar desde S/40 y con envío gratis incluido. El Perú es, sin duda, el país de las oportunidades.

 

(*) Fotocomposición de portada: Darlen Leonardo.

Tags:

corrupción, Empresas, Gobierno

NEGOCIACIONES EN LA MIRA

Al margen de las opiniones técnicas, sin embargo, hay un asunto que no podemos perder de vista y sobre el que la exviceministra de Transportes, Fabiola Caballero, pide la intervención del Congreso y la Contraloría. “El Congreso debería fiscalizar cómo se dio la negociación [entre el MTC y LAP]. La Contraloría también, porque nadie sabe cómo se dieron esos acuerdos”, apunta.

Caballero cuenta, por ejemplo, que, mientras estuvo en el cargo de viceministra, recibió una serie de llamadas que ella interpreta como presiones. «Me llamaban desde LAP, los del MEF, me llamaban de Cancillería… Había mucha presión porque era obvio que LAP se había paseado con todos ellos y había tenido exposiciones, etc. Ellos intentaban vender esa propuesta de LAP», dice. Y luego añade: “Ni mi despacho ni la DGAC nos dejamos llevar por esas voces interesadas. Antes bien, optamos por la calma y ponderación técnica que nos ayude a defender al Estado peruano y a sus ciudadanos y usuarios de nuestro primer terminal aéreo”.

En LAP reconocen que tomaron contacto con varios funcionarios, pero niegan alguna intención oscura. “Lo hemos hecho así con todas las contrapartes para comunicar bien de qué se trata la propuesta”, dice Rocío Espinoza.

Como fuese, luego de conocer el acta de acuerdos entre LAP y el MTC de fines de abril, diversos gremios aeroportuarios expresaron su desacuerdo en un comunicado. Reclamaban que no se haya tomado en cuenta los informes técnicos donde la DGAC señalaba que el concesionario no pudo demostrar que su propuesta de dos terminales fuera beneficiosa y que no se haya respetado lo que establecía el contrato de concesión.

La expresidenta de Ositran, Patricia Benavente, sostiene que lo mínimo que debió ocurrir es que “LAP sustente técnicamente que su propuesta no va a tener un impacto negativo para los usuarios, pero no existe ese sustento”.

El proceso de negociación -el ya mencionado Trato Directo entre la empresa y el Estado- fue largo. Lo que inicialmente debía durar 45 días, se extendió por varios meses. Estas conversaciones se llevaron a cabo con mucha reserva y, según los gremios aeroportuarios, no se les permitió dar su opinión, por lo que solicitaron que se transparenten los acuerdos.

Lo que más llamó la atención fue la exclusión de la DGAC, órgano que no aprobó los cambios propuestos por LAP, del proceso. Inicialmente, el 16 de diciembre, convocaron a esta dirección para participar de las negociaciones. Un par de meses después, en febrero de 2022, intentaron remover al director de este organismo de manera irregular. Esto originó la renuncia de la entonces viceministra de Transportes, Fabiola Caballero, quien en una carta denunció “copamiento laboral” en el sector y hasta la tildó de “agencia de empleos”. 

Al final no pudieron sacar al jefe de la DGAC porque su cargo duraba cuatro años y sólo podía culminar si es que renunciaba, era vacado (en caso de muerte o incapacidad legal) o una resolución suprema debidamente motivada.

Pero dos semanas después, el 7 de marzo, a la DGAC le llegó un memorando donde sus pares de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes (DGPPT) -la misma que los había invitado a las negociaciones en diciembre- les comunicaba que, sólo de ser necesario, requerirían su participación. Esto no ocurrió.

¿Qué pasó entre diciembre, que se invitó a las negociaciones a la DGAC, y marzo, en que se la excluyó? Todo apunta a la aparición de un abogado en escena, emisario de las más altas esferas del MTC, según nuestras fuentes: Álex Starost Gutierrez.

Alex Starost
Álex Starost, hoy abogado del exministro Juan Silva, fue encomendado por el mismo Silva para asesorar en el Trato Directo. Bajo su asesoramiento, la DGAC -organismo técnico que se oponía a la propuesta de LAP- fue excluida del proceso.

En enero de este año, Juan Silva contrató a Starost como asesor en el MTC. “Ni bien entra al ministerio, una de las misiones que le dio Juan Silva, así lo dijo textualmente en reuniones, era apoyar en el Trato Directo con LAP”, dice Fabiola Caballero. “En alguna de las reuniones, entró el señor Starost diciendo que él venía por encargo de la alta dirección. Cuando él aparece, la DGAC deja de ser convocada”, dice un funcionario que nos pide la reserva de su identidad.

Starost no era alguien desconocido para el gobierno de Pedro Castillo. A inicios de diciembre del año pasado, antes de que arranquen estas negociaciones con LAP, visitó seis veces Palacio de Gobierno para reunirse con el jefe de Estado. En dos de esas reuniones estuvo presente el entonces titular del MTC, Juan Silva, de acuerdo al registro de visitas del Estado. Según el mismo Starost, esas reuniones fueron a solicitud del propio Castillo para recibir una opinión técnica sobre mecanismos anticorrupción. Además, en varias apariciones públicas ha defendido a capa y espada al presidente de la República. 

 

Ya fuera del ministerio, su última aparición pública fue hace unos días, como abogado del cuestionable Juan Silva, quien este miércoles se presentó ante la comisión de fiscalización del Congreso. A Silva se le investiga por integrar una presunta organización criminal que repartía obras del MTC.

Starost dice que su único “aporte” fue asesorar a las dos direcciones del MTC que integraban el equipo negociador. “Dentro del ministerio había una discusión de quién era el competente, en nombre del Estado, para el tratamiento directo con LAP. En ese momento la DGAC reconoció que era la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes (DGPPT) la que debía pronunciarse. Que lo haya hecho bien o mal, ese es otro tema. Pero ese ha sido mi aporte, porque tengo que proteger la legalidad del proceso”, señala.

La norma, en efecto, establece que la DGPPT es la responsable de conducir las negociaciones. Pero eso no excluye que la Dirección de Aeronáutica Civil pueda participar del proceso. Por eso, invitarla y luego retirarla del mismo fue algo que llamó mucho la atención. “Sacaron a un importante negociador como lo era la DGAC […] Me llamó mucho la atención esta salida abrupta porque se supone que el Estado se debe a los usuarios y la calidad no debemos negociarla. La posición de este organismo era clara: no aprobaba la modificación propuesta por LAP. Eran una piedra en el zapato y se deshicieron de ellos”, sostiene Fabiola Caballero. En el Jorge Chávez, la polémica sigue alzando vuelo.

 

Nota del editor (14/06/2022): Luego de la publicación de este reportaje, LAP se comunicó con SUDACA para precisar lo siguiente: «En LAP en ningún momento hemos solicitado que la DGAC no participe de las reuniones con el MTC, es más, estuvieron presentes en 10 de las 14 reuniones y son ellos quienes deben pronunciarse sobre el Expediente de Diseño Conceptual entregado por LAP el viernes 27 de mayo. OSITRAN, por su parte, ha participado a solicitud de la DGAC como intérprete del Contrato de Concesión y ha definido que no hay ningún punto en él a interpretar. Deslindamos cualquier relación previa de la empresa con el señor Alex Starost, quien participó de algunas reuniones por parte del MTC y no tiene ni ha tenido ninguna relación con LAP. La empresa ha cumplido y sigue cumpliendo con todos los términos del Contrato de Concesión y con todas las normas de la ética y legalidad peruanas en beneficio de todos los peruanos».

Al respecto, creemos necesario señalar que en ninguna parte del reportaje se afirma (o siquiera se sugiere) que fue LAP la que se opuso a la presencia de la DGAC. Tampoco se señala que dicha empresa tenga o haya tenido vínculos con el abogado Alex Starost. Por el contrario, se consigna la versión del mismo señor Starost, quien afirma que participó en las reuniones como representante del MTC.

Tags:

Aeropuerto Jorge Chávez, Juan Silva, MTC

LAS GRINGAS

Según Francisco Eguiguren, muchas compañías, animadas por los estudios de abogados, suelen impugnar reiteradas veces los montos que la Sunat les determina. El motivo: demorar lo más que se pueda el pago, así no tengan razón. Algunas veces, esto puede tomar décadas. “Esto no significa que justifiquemos la demora en resolver los casos, pero tampoco puede ocultarse que hay un motivo detrás. Las grandes empresas que tienen un aparato legal bien diseñado hacen este cálculo. Y algunos abogados también”, dice.

La demora les conviene, porque no importa cuánto demoren en pagar. Como no les van a cobrar más allá del plazo legal, les conviene que se sigan demorando más. Mientras tanto, ellos siguen usando ese dinero, por lo que no tienen interés en que el proceso avance rápido. Cuanto más demore, más tarde tendrán que pagar”, sostiene Eguiguren.

Ese mismo abril, por ejemplo, Mondelez Perú, filial de la multinacional estadounidense antes llamada Kraft Foods Group, tuvo buenas noticias del TC. La empresa, que produce snacks -entre los que destacan marcas como Oreo, Soda Field, Ritz, Trident, Chiclets, Halls y demás- interpuso la demanda de amparo contra la Sunat en junio de 2017. Y la ganó.

La deuda original por el Impuesto General a las Ventas del 2007 era de S/4’147,918. Desde la Sunat informan que actualmente se está calculando cuánto creció ese monto hasta la fecha.

Otra empresa gringa cuyos recursos ante el TC fueron admitidos es la mayor fabricante de vidrios de América, Owens-Illinois. Esta compañía atiende a los sectores de bebidas alcohólicas, no alcohólicas y alimentos. Para llevar a cabo sus actividades comerciales, extrae agua subterránea de dos pozos tubulares en Lurín.  

Owens-Illinois no pedía que se le perdone una deuda, sino que se le devuelva los S/812.128 que pagó “indebidamente”, según la compañía, entre diciembre de 2010 y mayo de 2015 por haber usado agua subterránea. Su principal argumento, en la demanda de amparo presentada el 2016, es que Sedapal nunca debió cobrar ese importe porque era inconstitucional.

Augusto Ferrero TC
El voto dirimente de Augusto Ferrero, quien en enero de este año asumió la presidencia del TC, ha sido fundamental para inclinar la balanza a favor de las grandes empresas.

¿Por qué la multinacional estadounidense sostiene que el cobro era inconstitucional? Precisamente hasta el 2015 existía una controversia sobre si el uso de agua subterránea se debía pagar como un tributo o no. El asunto fue zanjado con una ley publicada en ese año, pero antes de eso las empresas podían alegar poca claridad en las normas. Este asunto ya lo explicamos cuando contamos la historia de la deuda que se le perdonó a Backus.

Ernesto Blume, ponente del caso, respaldó la postura de la inconstitucionalidad del cobro. “Sedapal ha exigido su pago sustentándose en una norma inconstitucional”, se puede leer en la sentencia. Con él, votaron José Sardón y Augusto Ferrero. Miranda, Espinoza-Saldaña y Ledesma, de otro lado, argumentaron que el TC no era la instancia correspondiente donde se debía ver el caso, sino el Poder Judicial.

Así, en medio de un empate, el voto dirimente de Ferrero fue el que decidió todo y al fabricante de vidrios más grande del Perú le podría salir gratis haber usado 414.630 m³ del recurso hídrico. En Lurín, distrito donde se encuentra la planta de Owens-Illinois, el 70% de las personas no tiene agua potable, según información de su comuna en el 2020.

Los nuevos magistrados del TC ya empezaron sus funciones. El único que queda, y en el cargo de presidente, será Augusto Ferrero. Sigue teniendo el poder dirimente que demuestran estas líneas. “Se juega mucho con quién tiene el voto dirimente para que una posición se imponga sobre la otra, lo cual es negativo porque prima la cantidad antes que los argumentos”, explica Fernando Loayza, especialista en derecho tributario. Aunque asegura que esto no es algo nuevo.

 

 

*Francisco Eguiguren ejerció la defensa de la Sunat en el caso Telefónica sobre intereses moratorios.

Tags:

Augusto Ferrero, Sunat, TC

A LA BOCA DEL LOBO

El 6 de abril, el día más violento del paro en Ica, Halldor González envió allí a uno de los especialistas de la ODGS. “A nuestro colega Ronald de la Cruz lo mandaron a Ica en plena quema de peajes. El director lo llamó y, de manera insistente, le dijo que tenía que ir, que cómo era posible que él no estuviera allá. Él es integrante del equipo de prevención, y quien maneja esos temas son los colegas de proyecto especiales. No le correspondía ir, mucho menos solo”, cuenta uno de los especialistas de la oficina.

El problema es que a De la Cruz lo mandaron sin las mínimas condiciones de seguridad, pues ni siquiera le asignaron movilidades o algún tipo de protección en caso de que la situación empeorara. “Estuvo expuesto a cualquier acto de vandalismo, cualquier acto contra su integridad. Menos mal no le pasó nada”, sostiene una de sus compañeras.

Ese día, la cosa se puso tan fea que, incluso, un reportero de América TV fue agredido por los manifestantes. Tuvo que esconderse en un hotel junto a su camarógrafo porque la situación era muy riesgosa. 

Protestas 6 de abril
El 6 de abril las protestas en Ica se intensificaron. En ese contexto, Halldor mandó a uno de los especialistas de la Oficina sin ningún tipo de protección a la zona del conflicto.

Para evitar que lo agredieran −como ocurrió con los funcionarios de la PCM− De la Cruz tuvo que quitarse todos los distintivos del MTC. Recién pudo salir del lugar pasadas las 10 de la noche. Sudaca accedió a través de distintas fuentes al pantallazo de WhatsApp en el que De la Cruz le increpa a González: “Halldor, recién estoy saliendo de Barrio Chino [en Ica]. Quiero que sepas que he expuesto mi integridad física en un ambiente muy candente en esta ‘comisión’ que me ordenaste”. Consultado por este medio, De la Cruz respondió que no quería dar declaraciones.

MALTRATO

Pero el maltrato laboral no se limita a esos días de convulsión social. En la Oficina de Diálogo y Gestión Social el ambiente es cada vez más hostil con las funcionarias mujeres. “Hay un maltrato selectivo hacia el personal femenino”, asegura uno de los especialistas de esta oficina. Esta afirmación es corroborada por los distintos testimonios que ha recogido Sudaca. 

Cintia Riega no fue la única que, sin previo aviso, se quedó sin trabajo de la noche a la mañana. Su colega Vanesa Santos Arias, coordinadora del área de Gestión de Diálogo de la ODGS, también corrió la misma suerte. Santos tampoco recibió explicaciones de por qué, luego de cuatro años en el MTC, el nuevo director decidía prescindir de sus servicios.

“El día de hoy [28 de febrero] he tomado conocimiento de que no me renovarán ninguna orden de servicio […] Solo compruebo que los malos tratos y llamadas de atención constantes por parte del director actual, el señor Halldor González Cedeño (y escribo bien su nombre porque que no quiero que una vez más ese sea un motivo de molestia de su parte), han sido dirigidas constantemente hacia mí, por mi condición de mujer, demostrando así su misoginia”, escribió Santos en un correo de despedida enviado a sus compañeros.

Y, como un augurio, agregó: “Que no les sorprenda que nuestros reemplazos sean hombres”. Precisamente, los nuevos coordinadores no solo son hombres, sino que además se les ha subido el sueldo. “A ellas, que tenían mucha experiencia en estos temas, les pagaban S/9.000. Ahora a sus reemplazos se les aumentó a S/10.000 mensuales sin que exista justificación y cuando supuestamente hay un problema de recorte de presupuesto en la oficina”, señala una de las especialistas consultadas. Sudaca corroboró el incremento de sueldo revisando las órdenes de servicio.

“Somos varias compañeras que manejamos temas distintos. Todas mujeres que estábamos empoderadas en ciertos aspectos porque teníamos la experiencia y los conocimientos. Era evidente que [González] sólo se metía con las mujeres. Al único coordinador hombre no lo cambió y tampoco se mete con él”, asegura otra fuente. 

Una de las analistas que labora en la Oficina de Diálogo narra pasajes de hostigamiento que ha sufrido de parte del nuevo director. “Lo que él suele hacer es citarme en privado en su oficina para llamarme la atención de manera agresiva, levantándome la voz. Se cuidaba de no hacerlo en público. Me acusaba de querer hacerle firmar cosas para perjudicarlo”, señala. “Mi coordinador [su inmediato superior] sabía de esto y me decía que ya no hable con el director, porque se notaba que había una aversión contra mí”, agrega.

Una especialista más pasó por lo mismo. Cuando se lo hizo saber a González, este se mofó de la situación y le dijo “ahora ya no te puedo ni saludar porque no me vayas a decir misógino”. “Si me tratas mal y veo que solo es a mujeres, sí te voy a decir misógino, porque lo estás siendo, y me estás maltratando al acusarme de querer hacerte daño o grabarte sin tu consentimiento”, fue la respuesta que le dio ella. Y hay más testimonios. 

Tania Poma
Cansadas de los malos tratos de González, las afectadas decidieron no callar y solicitaron una reunión con el ministro Bustamante. Hasta el día de hoy, siguen sin atenderlas.

Cansadas de esta situación, un grupo decidió reunirse con el ahora titular del MTC, Nicolás Bustamante, para comunicarle lo que viene pasando. Sin embargo, la respuesta de la asesora del ministro fue, según cuenta una de ellas, reprocharlas por decirlo recién. De acuerdo a capturas de pantalla de los mensajes que Sudaca pudo revisar, la asesora Tania Poma ha ido dilatando la reunión desde el 17 de marzo. Hasta hoy, no han podido entrevistarse con el ministro. Las afectadas creen que lo están encubriendo.

Nos comunicamos con Halldor González, pero se excusó de responder nuestras preguntas porque, según él, estaba trabajando.

 

Tags:

Gobierno, MTC

EL DÍA D

El sábado 2, el Ejecutivo finalmente se puso las pilas. O al menos eso parecía, pues anunciaron la tardía mesa de diálogo con los dirigentes para llegar a acuerdos y una tregua. Sin embargo, fueron llegando los ministros, pero el presidente ese día no apareció, lo que exacerbó el ánimo de los protestantes. Ellos pedían que Castillo se disculpara por tildarlos de vendidos.

La reunión con los ministros se llevó a cabo en el Coliseo Wanka. Sin embargo, cuando los manifestantes se dieron cuenta de que el presidente no llegaría, la protesta volvió a estallar. “[Estoy] totalmente indignado, el señor presidente debería estar acá, debe dar la cara acá, ¿por qué se esconde? No queremos a sus ministros, no queremos esa porquería”, dijo un manifestante a los periodistas de Canal N. Producto del conflicto, casi 30 personas resultaron heridas, algunos más graves que otros, de acuerdo a medios locales.

Kenyi Huaripata Yauri (23) es estudiante de ingeniería mecánica de la Universidad Nacional del Centro de Perú. Ese sábado tenía clases, pero cuando vio a un grupo de agricultores −la mayoría, adultos mayores− que pasaban caminando mientras reclaman sus derechos, decidió ir a marchar con ellos. “Mi familia se dedica a la agricultura en Huancavelica, sé cómo es la labor, bastante sacrificada, por eso es que tomé la decisión de acompañarlos”, sostiene.

Cuando los disturbios comenzaron, cuenta, la Policía empezó a tirar bombas lacrimógenas a los manifestantes. En ese momento, él se retiró para evitar que lo lastimen. Sin embargo, para volver a casa se vio obligado a pasar por donde estaban los agentes. “Vi que estaban usando perdigones y bombas […] también cuando me estaba retirando, vi a un compañero en medio del humo tirado en el suelo, sin poder moverse debido al efecto de los gases lacrimógenos”, recuerda Kenyi.

Kenyi Huaripata paro transportistas junin
Kenyi Huaripata salió a marchar junto con un grupo de agricultores. Lo que empezó como una protesta pacífica, terminó en casi una treintena de heridos. A Kenyi le lanzaron una bomba lacrimógena en la ingle y tuvo que ser operado de emergencia.

De acuerdo a su testimonio, al darse cuenta de que eran pocas personas, la Policía empezó a lanzar más bombas para dispersarlos. Y es ahí donde uno de estos artefactos le cayó en la ingle. “El dolor era tan intenso, que ya no pude irme a mi casa como lo tenía pensado, a pesar de estar muy muy cerca”, cuenta. 

Como pudo, se acercó a una unidad de primeros auxilios de su universidad y les pidió ayuda. Fue llevado al hospital Daniel Alcides Carrión. Luego de tenerlo dos horas haciendo papeleos, una prima llegó a ayudarlo y lo trasladó a una clínica para ser operado de emergencia. “Si mis papás no hubiesen hecho un esfuerzo para ayudarme a pagar la clínica, seguramente no me habrían operado y ahora estaría mal”, apunta el estudiante. 

Otro de los que resultó herido de gravedad fue Frayan Toribio Yaranga (27), que se encontraba como brigadista de primeros auxilios en la protesta. “Voy a apoyar el paro de los transportistas porque ya mucho se abusa del pueblo y las cosas suben: el petróleo, los víveres. Ya no nos alcanza”, le dijo a su padre Félix Toribio, según recuerda este a Sudaca.

Pero en medio de la batalla campal que se armó en las afueras del Coliseo Wanka, a Frayan le cayó un perdigón en el ojo derecho. Su familia se enteró de que estaba herido cuando vieron una foto de él en redes sociales. Cuando fueron a buscarlo, lo encontraron tirado en una camilla y sin atención médica. Tuvieron que trasladarlo de emergencia hasta el Hospital Nacional Guillermo Almenara, en Lima. Fue operado, pero perdió la visión del ojo derecho. Ahora corre el riesgo de perder el otro ojo debido a la gravedad de las heridas y a la atención tardía, según le informaron los médicos a su padre.

Frayan Toribio
A Frayan Toribio le tiraron un perdigón en el ojo derecho. Aunque lo operaron, perdió la visión en ese ojo. Ahora se encuentra en peligro su ojo izquierdo.

“Mi hijo trabaja en Arequipa, en la mina, gana su plata con el sudor de su frente. No es un delincuente. No entiendo por qué le hicieron esto. Muy mal la policía, ¿cómo va a disparar de frente a las personas como si fuesen animales? Queremos justicia, nos sentimos indignados”, reclama Toribio.

Ahora Frayan se encuentra deprimido, por lo que su familia pide que los ayuden con un psicólogo para su hijo. “Mi hijo está llorando, está desesperado. Ahora yo le pido a Castillo o a los congresistas que me ayuden con un psicólogo que le hable a mi hijo”, pide su padre.

Daniel Zacarias Tejeda (28) también resultó herido. Él fue golpeado por los efectivos policiales en varias partes del cuerpo. “Cuando ya me estaba retirando, nos empezaron a tirar bombas y luego entre varios nos golpeaban, nos maltrataban. Tuve que ir a sacarme ecografías y rayos X para descartar cualquier fractura”, recuerda. 

Daniel Zacarias
Daniel Zacarias también resultó herido en las manifestaciones: fue golpeado por los efectivos policiales en los exteriores del Coliseo Wanka.

Zacarias, quien se dedica a la construcción, tuvo que dejar de trabajar por los golpes recibidos. Cuando fue a la clínica, había 20 personas más que también estaban heridas. Ahora solo espera ver a Castillo dando la cara hoy en Huancayo. “Mi familia está muy molesta por lo que me hicieron. Y ese es el sentir general”, advierte. 

Al cierre de esta edición, el presidente de la República acababa de llegar, entre pifias, al Coliseo Wanka para clausurar el Consejo de Ministros. Cuatro horas después que sus ministros. Tarde y mal para los juninenses y sus muertos. 

Tags:

Huancayo, Junín, Pedro Castillo, protestas

¿SE DEBEN PAGAR LOS INTERESES?

Las consecuencias de esta recomposición al interior del TC ya se veían venir, dice Fernando Loayza, profesor de derecho tributario en la PUCP. Y el caso Primax es apenas una muestra. “Era muy claro que ante un TC con el voto dividido, la decisión iba a recaer sobre el presidente con su voto dirimente. Es claro que hubo una estrategia para que ciertos casos se resolvieran ante la presidencia de cierta persona y no de otra”, apunta.

Sudaca sometió a análisis la sentencia del caso Prímax, que tiene como principal punto de controversia la demora de Sunat y el Tribunal Fiscal. “Este tema se ha discutido mucho por años. Los contribuyentes, en su mayoría grandes empresas, argumentan que, como la Sunat y el Tribunal Fiscal tienen un plazo para resolver, no pueden cobrar intereses moratorios más allá de ese plazo legal”, explica Francisco Eguiguren. 

“La empresas dicen ‘Tú, administración tributaria, te has demorado y no tienes por qué cargarme a mí con intereses que se han acumulado por tu demora’. Pero esa mirada es muy limitante y no toma en cuenta otros factores”, añade.

voto sardon primax ledesma
En su voto singular, Sardón le respondió a Ledesma argumentando que, “quizá”, ella aprovechó el fallecimiento de Carlos Ramos para imponer su opinión en los casos de intereses tributarios.

En la sentencia elaborada por Sardón, por ejemplo, no se toma en cuenta el motivo de la demora. De acuerdo a los especialistas, normalmente los casos tributarios suelen ser complejos y constan de mucha documentación que debe ser revisada minuciosamente, lo que explica el retraso.

“El voto en mayoría [de los tres magistrados] lo que dijo simplemente, y a la ligera, es ‘la demora no se justifica porque este caso no es un caso complejo’. ¿Cómo este caso no va a ser complejo? Cuando uno lee la sentencia se da cuenta de que aquí se habla de un conjunto de hasta once bloques distintos de resoluciones que abarcan varios años”, crítica Eguiguren.

“El TC no debería determinar cuál es el plazo razonable para emitir una respuesta. Eso depende de los recursos que tenga la Sunat y el Tribunal Fiscal. Hay casos que demoran más que otros […] Al Tribunal Fiscal le faltan recursos, se le ha bajado el sueldo a los vocales, es un órgano muy especializado que debería tener más recursos sobre todo para temas que cada vez son más complejos”, dice, por su lado, Fernando Loayza. 

Pero hay otro factor a tomar en cuenta y es que las grandes empresas, animadas por los estudios de abogados que les dan asesoría legal en materia tributaria, suelen impugnar reiteradas veces los montos que la Sunat les determina. ¿El motivo? Demorar lo más que se pueda el pago, así no tengan razón. Algunas veces, esto puede tomar décadas. “Los intereses son una especie de castigo al litigio innecesario. Porque si vas a un litigio innecesario, vas a acumular más intereses en comparación a que si pagas y luego reclamas», sostiene Loayza.

Para Eguiguren, quien ejerció la defensa de la Sunat en el caso de Telefónica, este tipo de sentencias motiva a que las empresas impugnen indefinidamente. “Estas resoluciones pueden actuar como un incentivo para que sea más rentable reclamar antes que pagar oportunamente […] No se puede incentivar que sea más negocio reclamar que pagar, porque eso deja al Estado y al presupuesto público sin recursos», sostiene. Como están las cosas, todo apunta a que el TC ha abierto el camino para que el litigio innecesario llene las arcas de las grandes firmas de abogados. 

Tags:

Tribunal Constitucional

NIÑO MALO

Otros tres congresistas vinculados a ‘Los Niños’ −según el portal Epicentro− son Raúl Doroteo, Jorge Luis Flores Ancachi y Juan Carlos Mori Celis. El primero, al igual que Ilich López, es cercano a Julio Chávez Chiong. Por otro lado, Flores Ancachi y Mori Celis lo son a Yonhy Lescano, según las fuentes consultadas por este medio.

Darwin Espinoza, por último, también sería parte de la guardería. Según las fuentes, este personaje es cercano a Edmundo Del Águila Morote, autoproclamado secretario nacional de AP en las accidentadas internas de setiembre, y a su hijo, Edmundo Del Águila Herrera. Ambos lideran una de las facciones más poderosas dentro de la lampa. El congresista contrató a la hermana de este, Karim Del Águila Herrera, como técnica en su despacho congresal, con un sueldo de S/6.000 mensuales.

En el partido su presunta vinculación a ‘Los Niños’ revivió viejas rencillas y denuncias. “Dentro y fuera del partido, por donde camina, hace daño. Donde camina y toca, pudre a las personas y los sitios”, dice Yuliana Silva Roncal, exdelegada electoral de la provincia de Santa, Áncash, sobre el congresista.

Varios aseguran que Espinoza siempre ha tenido problemas dentro de Acción Popular. Según testimonios de militantes de Áncash, Espinoza y su hermano se habrían adueñado del local partidario en Chimbote desde el 2014 y lo habrían alquilado a terceros sin rendir cuentas. “El local ubicado frente a la Plaza de Armas de Chimbote se encuentra en posesión de él y su hermano. Ellos usufructúan el local y no permiten que nadie del partido tenga acceso”, asegura una militante de la lampa en Áncash.

“Espinoza no es una persona de fiar, él y su hermano han hecho plata gracias al local que tienen capturado en Chimbote”, agrega Milagros Rojas, secretaria nacional de disciplina.

Darwin Espinoza niega las acusaciones. “No soy ningún administrador ni tesorero”, afirma. Sin embargo, un acta policial de octubre de 2018 lo desmiente. Según el documento, uno de los comerciantes que arrendaba un espacio del local partidario denunció al ahora congresista por destrozar su negocio. La agresión comenzó porque Espinoza exigía que se le pague “el arriendo a su persona” o, de lo contrario, comenzaría a “destrozar su local y empezarlo a hostigar, diciéndole que iba a sacar sus cosas a la calle”.

 

acta policial darwin espinoza
Acta policial que narra las amenazas y violencia cometida por el ahora congresista Darwin Espinoza contra uno de los comerciantes que alquilaba el local partidario de Acción Popular en Áncash.

 

 

Como el comerciante se negó −pues él había firmado el contrato con el hermano del congresista−, Darwin Espinoza “se acercó a la puerta […] y sin mediar motivo alguno tiró una patada a la altura de la cerradura, así como una rajadura en la puerta de madera”, se lee en el documento de la PNP.

No es lo único que ha quedado en los registros policiales. En junio de 2019, Espinoza fue intervenido por agredir a otro correligionario dentro del local. “A consecuencia de la agresión, ambos presentan lesiones”, se puede leer en el parte.

Tras el último voto de confianza, los accionpopulistas ahora creen que hay más de cinco ‘Niños’ que obedecen las órdenes del presidente Pedro Castillo. “Por supuesto que es una traición si se comprueba que ellos realmente están involucrados. Esos 5 congresistas no nos representan […] A los congresistas les faltan pelotas. Hay demasiada corrupción”, dice Milagros Rojas.

El terremoto ha removido tanto, que algunos de los principales rostros de la lampa incluso plantean que AP no participe de las próximas elecciones. “Así como están las cosas, si le dijeran a la gente por qué partido votarían, no pensarían en AP”, sostiene el parlamentario José Arriola.

El 8 de marzo, el partido comunicó que citaría a los cinco congresistas señalados como parte de “Los Niños”. Hasta el momento, según informó El Comercio, dos de los citados son Mori y Doroteo, quienes fueron señalados directamente por Karelim López. Los otros tres, mencionados por la prensa, también darán sus descargos y luego se les abrirá una investigación.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo

 

 

Tags:

Gobierno, Pedro Castillo

NO SON “LESIONES GRAVES”

Héctor Lazo Cuba es contador y padre de dos niñas de seis y tres años. Busca que le otorguen la tenencia de ambas. La madre no deja que Lazo las visite, a pesar de contar con un régimen establecido. La historia también incluye acusaciones de violencia.

Una de las primeras agresiones físicas ocurrió, recuerda Lazo, cuando estaba bajando las escaleras con su hija mayor en brazos. Se dirigían al parque y de pronto “la señora salió corriendo y me rompió un muñeco de plástico en la espalda”, dice.

En el 2019, los ataques alcanzaron un nuevo nivel: Héctor Lazo denunció a su entonces esposa por apuñalarlo en la espalda con un lapicero. Un documento judicial que le otorgó medidas de protección confirma el daño: “Los resultados de la evaluación física y psicológica del denunciante concluyen que presenta signos de lesiones traumáticas corporales recientes y evidencia afectación emocional”.

Esta fue la gota que derramó el vaso y el motivo por el que el padre pidió el divorcio. Como en el caso de Jorge Romero, a pesar del antecedente de violencia, en la conciliación le dieron a la mamá la tenencia de las dos pequeñas y a él un régimen de visitas. En lo que duró este proceso, Lazo no pudo ver a sus hijas. “No pude ver a las niñas por ocho meses. Me enteré del nuevo domicilio de la madre cuando en los documentos del juzgado me llegó su dirección. Fue terrible porque en ese tiempo no sabía cómo estaban”, cuenta.

 

 

Héctor-Padre-Hijos
A pesar de que Héctor se divorció de su esposa porque esta lo apuñaló con un lapicero, le dieron la tenencia de las dos niñas a la mamá. Hector solo tiene un régimen de visitas y denuncia que su exesposa maltrata a su hija mayor.

 

Cuando él se fue de la casa, quien se llevó la peor parte fue su hija mayor -a quien llamaremos ‘Ariana’ para proteger su identidad-, de seis años. Según Lazo, ella le contaba que sufría agresiones físicas y psicológicas, pero en la comisaría no mostraron interés en ayudarlo. Uno de los policías le dijo que debía llamar al 105 para pedir ayuda. Cuando Lazo lo hizo, al otro lado de la línea le dijeron que vaya a la comisaría. Al final, debido a la insistencia, un efectivo lo acompañó a casa de su exesposa a buscar a Ariana.

“Llegamos a la comisaría e increíblemente hicieron que mi hija pase al médico legista con la mamá, con la agresora. Como no había lesiones graves, me dijeron que no podían hacer nada y todo quedó ahí. Yo me quedé como ‘¿Qué hago ahora?’”, cuenta el padre.

El problema se repitió, pero ahora con la niña llorando encerrada en el baño de la casa, mientras la mamá golpeaba la puerta y gritaba. Nuevamente, Lazo acudió a la comisaría para pedir ayuda. Esta vez, para que le hagan caso, llevó un video donde se veía a la mamá gritándole a la niña y jalándole el cabello. El archivo también fue revisado por Sudaca y confirma la versión del padre.

 

Maltrato infantil tenencia compartida
Captura de pantalla del video donde se ve a la madre de Ariana gritarle y jalonearla del cabello. La asustada niña permanece a un lado cubriéndose la cabeza.

 

Consultada por este medio, la madre denunciada acepta la veracidad del video. “El papá me ha acusado a mí por un video que ocurrió en agosto del año pasado. Él ha difundido que yo soy una madre violenta. Está vengándose porque yo lo boté de la casa”, dice en su intento por defenderse.

Aunque un policía lo acompañó a la casa de la mamá, al final no hicieron nada porque la señora se negó a salir. “No, señor. No puedo entrar porque no escucho gritos, no escucho nada», asegura Lazo que le dijo el efectivo cuando él le pidió que ingresara a la casa. Incluso, cuenta que deslizaron la idea de que estaba haciendo problemas “porque no quiere pasar pensión alimenticia”.

En enero de este año, Lazo volvió a denunciar a su exesposa por maltrato psicológico, también contra Ariana. El Juzgado de Familia resolvió otorgar medidas de protección a la menor y ordenó a la mamá a “no realizar cualquier acción que cause daño” a su hija. Además, se le ordenó tomar terapia psicológica. La lucha judicial continúa para ver quién se queda con la custodia de las dos menores.

Lazo dice que, para poder denunciar a la madre por violencia física, los policías le han dicho que su hija debe “tener el ojo morado, haber perdido un mechón de pelo o moretones”. “Pero como no tiene nada de eso, no puede pasar por el médico legista. Eso es precisamente lo que quiero evitar. La violencia es gradual. Conmigo empezó así”, apunta.

 

“TE QUIERO, PERO NO TE RECUERDO”

José -quien pidió mantener su nombre en reserva- se separó de su esposa en el 2011. Su hija tenía apenas un año. Desde entonces, verla o conversar con ella se convirtió en toda una batalla.

A pesar de tener un régimen de visitas, muchas veces la madre no permitía que José salga con la menor. Prueba de ello son las más de 50 constataciones policiales donde se deja evidencia que fue a la casa de su expareja y no le entregaron a su niña. “Mi hija tiene el derecho de crecer con sus dos padres”, sostiene él.

Las pocas veces que sí le dejaba salir con su hija, no podía demorarse ni un minuto en llevarla a casa de nuevo porque la mamá se enojaba y le reclamaba. “A veces íbamos al cine y teníamos que salir a la mitad de la película porque me empezaba a llamar para decirme que teníamos que regresar en ese momento”, continúa.

Incluso, cuenta José, la mamá de su hija llegó a tal punto que le negó cualquier contacto con el colegio de la niña. Según un documento de la institución, en el 2019 la mamá presentó una solicitud donde pedía ser la única apoderada que podía acercarse al colegio. Por ello, cuando José asistió a una reunión de padres, fue expulsado de la escuela.

 

tenencia compartida padres

 

En la pandemia, la poca comunicación se hizo aún más escasa. José explica que su hija no tiene celular, pues la mamá no se lo permite. Tampoco puede llamar al número de la madre o mandarle mensajes, porque ella no le responde. “Una vez tuve el atrevimiento de llamarla para preguntarle por mi hija porque por mensajes no me contestaba. Me dijo: ‘este es mi teléfono personal, no tienes por qué llamarme’”, cuenta. Su única manera de hablar con la menor es a través de correo electrónico.

Lo que más lamenta José es no haber disfrutado crecer junto a su hija. “Mi hija ya tiene 12 años y me dice: ‘Papá, yo te quiero mucho porque eres mi papá, pero no te recuerdo tanto’. A mí me duele. ¿Cómo le puedes explicar a tu hija que no estás con ella no porque no la quieres, sino porque su mamá no me lo permite?”, comenta.

Lo que anhela es recuperar el tiempo perdido. “Yo como padre no sé llevar a mi hija al colegio. Nunca estuve en sus primeras palabras, no supe cómo creció, no la vi en su primer día de colegio. Son cosas que me he perdido por culpa de la ‘justicia’”, reclama.

José sabe que, en su caso, es tarde para pedir una tenencia compartida porque su hija ya está grande. Pero le hubiese gustado tener esa opción. “Cuando me enteré del proyecto de ley de tenencia compartida, me agradó la idea. Si la primera opción del juez hubiese sido eso, creo que este maltrato no habría ocurrido”, apunta.

El proyecto de ley al que hace referencia tiene como objetivo que el niño pueda disfrutar de ambos padres. Actualmente es promovido por Fuerza Popular y se encuentra en las comisiones de Mujer y Familia, y de Justicia y Derechos Humanos, a la espera de ser debatido. La propuesta establece, además, sanciones a aquellos que obstruyan el régimen de visitas y busca que no se le hable mal a los hijos sobre los padres.

La abogada María Espinoza Muñoz explica que actualmente “hay un uso abusivo de la tenencia”. Lo que ocurre, según la especialista, es que, cuando uno de los progenitores tiene la tenencia exclusiva de los hijos, el otro padre -normalmente con un régimen de visitas- se encuentra en una situación de desventaja. Por lo general, como hemos señalado, es la madre a quien se le otorga este “privilegio”.

Lo que hace, entonces, la tenencia compartida, es reivindicar que “ambos progenitores tengan los mismos derechos y obligaciones con sus hijos”, asegura la abogada.

 

 

Tags:

Paternidad, Poder Judicial, Tenencia compartida
Página 1 de 6 1 2 3 4 5 6