Solo las propias víctimas y sus familiares saben el difícil camino que se emprende cuando se busca justicia en un caso de violencia de género. Una ruta plagada de barreras y de situaciones complejas que puede extenderse por años.
Y creo que es importante visibilizar esta problemática, pues cuando se difunden los casos, cuando se abordan los mismos, cuando se piensan en acciones para hacer frente a la violencia parece que el horizonte común es promover que las mujeres denuncien y punto. Y aunque la denuncia es importante, perderá poco a poco su legitimidad si es que la respuesta final sigue siendo la indiferencia y por lo tanto la impunidad.
Una ruta difícil para acceder a la justicia, la demora en el procesamiento de los casos, en las investigaciones y finalmente la impunidad refuerzan el estatus en el que el patriarcado a situado a las mujeres. El mensaje que se envía es que nuestras vidas no importan, los agresores perciben la tolerancia social y se sienten ganadores, con ello se fortalece y reproduce el orden de género.
Recordemos el caso de Solsiret Rodriguez, víctima de desaparición y feminicidio; su caso se ha topado con decenas de barreras, desde los estereotipos de género que impidieron una búsqueda rápida hasta diligencias que tardan absurdamente hasta la fecha; en tanto, sus agresores siguen con prisión preventiva sin una pena que garantice justicia. La familia de Sol ha atravesado años de sufrimiento.
Recientemente la madre de una víctima de feminicidio se contactó con el CMP Flora Tristán buscando ayuda para exigir una respuesta adecuada de Medicina Legal, en donde le habían señalado que no se podía hacer un examen necesario para la investigación por falta de insumos y recursos. Nada más indolente.
O también el caso de DB, una joven víctima de violación sexual – hace 14 años – por un ex integrante de las Fuerza Área del Perú (FAP) quien sigue prófugo y su caso en permanente litigio. Como no recordar el caso de JH, una mujer que fue victima de tentativa de feminicidio hace más de 8 años, producto de la agresión su rostro quedó desfigurado; su vida y la de su pequeña hija cambiaron para siempre. El agresor no ha sido capturado, porque no se han desplegado los esfuerzos necesarios para lograrlo.
Para prevenir la violencia hay que erradicar la impunidad; es decir promover el acceso efectivo de las mujeres a la justicia, esta es una demanda que debe ser priorizada por el Estado.
La violencia contra las mujeres es un atentado contra la dignidad, tal como lo ha señalado el Comité de la CEDAW en su Recomendación General 35, no es un asunto individual, ni un problema de las víctimas, es un asunto colectivo y estructural por lo que el Estado tiene la obligación de desplegar los máximos esfuerzos para sancionar, prevenir y erradicar este grave atentado contra la humanidad.
En el mes por la eliminación de la violencia contra las mujeres, seguramente se visibilizarán casos, cuando tengamos conocimiento de estos, no solo nos indignemos preguntándonos por qué las víctimas no denunciaron antes, exijamos al Estado que genere un contexto de confianza para ellas, demandemos que las víctimas accedan a la justicia por ser este un derecho humano fundamental y una condición para lograr que la violencia de género sea erradicada.
