Imaginemos que vivimos en un país en donde se nos persigue, se nos hostiga y amedrenta. Ya sea por nuestro origen étnico, identidad de género, posiciones políticas o cualquier otra condición.

Imaginen tener que forzosamente desplazarte para poder comer, beber agua, o, simplemente no morir.

Lo inimaginable para muchos, es la penosa realidad de millones de personas alrededor del mundo. Mujeres, hombres, niños y niñas; que han dejado sus hogares buscando refugio del hambre, las dictaduras, la persecución o las guerras. 

El 20 de junio se conmemora el día mundial de las personas refugiadas, fecha instalada por las Naciones Unidas, para reconocer el valor y la fortaleza de quienes huyen de sus países de origen para buscar refugio en otro, en medio de la incertidumbre y, muchas veces, la hostilidad del país de acogida. 

Según ACNUR, más de 1,5 millones de personas venezolanas han llegado al Perú y más 532.000 han solicitado la condición de refugiado/a.  Lamentablemente la xenofobia y la consecuente criminalización de la migración, han conllevado a que muchas personas que han buscado esta protección internacional encuentren en el país, un contexto hostil y criminalizador.  

El Estado Peruano, como muchos otros alrededor del mundo, está en la obligación de garantizar y proteger los derechos de las personas que piden refugio, respetando el principio de no devolución y erradicando la criminalización de la migración. 

Esto quiere decir que, las autoridades no deben promover ni retornar a los solicitantes de asilo o refugio a las fronteras de sus países, ni expulsarlos, en la medida que esto pone en peligro la vida y la libertad de estas personas que de por sí, ya tienen una situación de vulnerabilidad. 

Así, el principio de no devolución es un aspecto fundamental de los derechos humanos y un eje central en los tratados y convenciones relacionadas con los derechos de los /as refugiados/as y la movilidad humana. 

Según la Opinión Consultiva del ACNUR sobre la aplicación extraterritorial de las obligaciones de no devolución en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967; este principio contempla excepciones cuando la persona se constituye en un riesgo o amenaza para la seguridad del país, siempre que se haya condenado y probado un delito grave. Esto quiere decir que los casos tienen que ser individualizados y no caer en la criminalización de toda la migración. 

En el Perú, tenemos mucho por reflexionar al respecto. Existe la Ley de Refugiados (Ley 27891), el Decreto Legislativo de Migraciones y compromisos internacionales que hemos aceptado y ratificado. No obstante, la población refugiada aún se siente en estado de desprotección, especialmente las mujeres quienes por temor no denuncian, por ejemplo, los hechos de violencia que padecen. 

Es tiempo de promover un país más inclusivo, en donde las políticas migratorias y sobre refugio sean gestionadas con seriedad y sin cargas de temor ni discriminación. Todos queremos un país seguro, pero eso no se logra criminalizando a los migrantes ni desprotegiendo a la población que busca refugio en el país. 

No es ninguna novedad que vivimos un debilitamiento absoluto de la democracia. Los actores políticos que se encuentran en el poder son los principales responsables de esta crisis que arrastramos por años. Esto impacta en el ensanchamiento de las brechas de desigualdad y en la calidad de la participación ciudadana.

Actualmente, la categoría “democracia» ha sido vaciada de contenido y se utiliza para fines corruptos y el aumento del poder de determinados sectores contrarios a lógicas de igualdad y de derechos humanos. Una paradoja de la cual debemos salir. 

Hace años Pepi Patrón, filósofa de PUPC, escribió un artículo denominado “Democracia y Sociedad Civil”, en dónde destacaba la importancia de la pluralidad de actores en la construcción de una sociedad democrática, así como de la participación de ciudadanía organizada para hacer frente a las desigualdades y la discriminación imperante en el país. 

Así, la garantía de una sociedad civil que permita el diálogo abierto y plural, y, promueva el control ciudadano sobre el Estado es fundamental para garantizar un Estado democrático en dónde los derechos de las personas puedan ser respetados y ejercidos. 

Sin embargo, en nuestro país un grupo de Congresistas de los partidos Renovación Popular, Fuerza Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso y Perú Libre han presentado varios proyectos de ley para limitar, poner barreras y debilitar a las ONGs. Esto como una estrategia como ampliar el espacio de poder que detentan, atemorizar y buscar debilitar la pluralidad y por ende la democracia.

Ante ello diversas organizaciones de derechos humanos, ampliamente conocidas en el país y a nivel internacional, con décadas de trabajo a favor de una sociedad más justa, se han pronunciado. Buscando con ello no solo socializar con la ciudadanía está preocupación, sino alertar a los actores nacionales e internacionales con talante realmente democrático de los riesgos que enfrentamos. El avance de los sectores autoritarios no para y esto representa un grave riesgo para la paz. 

A continuación, comparto este comunicado con el afán de que el cansancio no nos gane, y, podamos actuar para defender la pluralidad y el derecho a la participación ciudadana organizada y democrática.

Un Estado democrático requiere una sociedad civil capaz de promover el diálogo, ejercer vigilancia de las políticas estatales, como mecanismo para denunciar el abuso de poder y promover la vigencia de garantías fundamentales como son los derechos humanos.

No nos dejemos arrebatar más libertades. 

Graciela y Dayana, son una pareja de mujeres peruanas, que como muchas otras decidieron formalizar su unión y casarse, y de esta manera constituir su familia. 

La diferencia es que ellas no pueden hacerlo legalmente en el país, debido a que en el Perú el derecho a contraer matrimonio es exclusivo de las personas heterosexuales. 

Por ello, lejos de su familia y sus queridos esta pareja decidió formalizar su unión en Argentina, hace un año. Con pena de no poder compartir su alegría con sus seres queridos, pero en un acto de afirmación de su identidad y derechos. En este país, desde hace varios años, se puede contraer matrimonio independientemente del sexo, orientación sexual o identidad de género de las personas contrayentes. 

Más allá del romanticismo, negarles la posibilidad de casarse en su país de origen es un hecho de discriminación directa que se ha mantenido en el tiempo y evidencia que aún estamos en un país profundamente homofóbico, lesbofóbico, bifóbico, transfóbico y machista. 

De manera persistente e histórico el movimiento LGBTIQ+ ha levantado como parte de sus demandas el reconocimiento del matrimonio igualitario, así como la necesidad de romper con la discriminación estructural y la violencia que los excluye, atemoriza y violenta cada día. La respuesta ha sido la indiferencia de parte de las autoridades. 

El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, en su compromiso con la lucha contra la discriminación ha asumido el litigio de este caso, con la finalidad de lograr la inscripción del matrimonio celebrado en el extranjero entre dos ciudadanas peruanas mujeres y marcar así un hito histórico para el movimiento feminista y LGTBIQ+.

Este caso emblemático busca el reconocimiento de derechos humanos fundamentales, como el derecho a formar una familia, el derecho a una vida libre de violencia y otros tantos en el marco del principio de igualdad y no discriminación. También se pretende promover que se respete el proyecto de vida de las personas, obligaciones estatales que se alinean con los estándares internacionales de derechos humanos.

Al respecto, se tienen importantes precedentes de pronunciamientos de distintos juzgados de la Corte Superior de Justicia de Lima que, aunque no en última instancia, han amparado la solicitud de reconocimiento del vínculo matrimonial celebrado en el extranjero entre personas del mismo sexo, señalando que con ello se garantizan principios y derechos reconocidos en los tratados internacionales que el estado peruano ha suscrito. 

Entre estos están casos emblemáticos como el de Oscar Ugarteche Galarza y Fidel Atoche, Susel Paredes Piqué y Gracia Aljovín de Lozada, Andree Martinot Serván y Diego Urbina Fletcher y, el más reciente de junio del año pasado de Mónica Coronado e Irina Picco. En este último, se reconoció por primera vez que negar la inscripción del matrimonio entre personas del mismo sexo genera una violación masiva de sus derechos fundamentales.

Con el caso de Graciela y Dayanna se abre una nueva oportunidad para lograr una igualdad real y lograr así un país que algún día que respete y garantice los derechos de todos sus ciudadanas y ciudadanos.

Cómo país enfrentamos, hace mucho, una crisis democrática y de gobernabilidad, cuyas consecuencias las seguiremos padeciendo. 

La corrupción y la pérdida de institucionalidad es parte de ello. Así también lo es el constante ataque a los derechos humanos, a las defensoras/es y los retrocesos en materia de igualdad.

Nuestra clase política es un desastre. Su falta de convicción, de principios y de coherencia es más que evidente. La gran desaprobación de las principales autoridades deja en claro que el panorama es crítico, un ejemplo de ello es el rechazo de la población al actual Congreso de la República que cuenta con 90% de desaprobación ciudadana. Sobre todo, por qué no se ven opciones, salidas o posibilidades reales frente a un próximo escenario electoral.

Muchos de los actores políticos actuales supuestamente defienden “la democracia” vaciándola de contenido. 

¿Puede hablarse de una democracia real sin igualdad?, ¿puede pensarse un horizonte democrático con el racismo estructural fortalecido?, ¿puede un país decirse democrático cuando las autoridades insisten en plantear retrocesos normativos en materia de no discriminación?, ¿puede un país decirse democrático cuándo todo quiere manejarse en función a la acumulación de riqueza y el mercado?, ¿puede hablarse de democracia con amenazas a la libertad de expresión y criminalización de la protesta?

Nuestro país, ese que nunca logró una real transición democrática tras la dictadura fujimontesinista, está siendo secuestrado por corruptos, por mafias, por economías ilegales y por sectores fundamentalistas que se oponen a todo lo que signifique mayor libertad y avance hacia la igualdad.

No es solo el ataque a la institucionalidad democrática y la separación de poderes, sino es la resistencia y destrucción de todo aquello que implique libertad y bienestar con autonomía. 

Mantener estructuras patriarcales y racistas es parte del plan. Por ello, seguiremos observando retrocesos, lamentándolos y resistiendo. Seguirán los ataques, la minimización de luchas históricas, la caviarizacion de defensores de derechos, la precarización de la educación.

Solo una real conciencia ciudadana va a lograr el cambio, y, estos sectores poderosos lo saben. Por ello, el ataque a la calidad de la educación.

Son tiempos que retan a la ciudadanía, a las organizaciones y a quienes desde diferentes espacios creen en la pluralidad, el respeto al otro y los derechos fundamentales de todas las personas. La tarea no es nada fácil. 

 1. Encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) en enero 2024. Información disponible en:   https://www.infobae.com/peru/2024/01/28/dina-boluarte-sigue-sin-levantar-en-las-encuestas-solo-el-8-aprueba-su-gestion/ 

Durante estas semanas hemos asistido a un nuevo escándalo de corrupción y falta de ética.

La presidenta subestima la inteligencia de la ciudadanía. La falta de transparencia y las explicaciones absurdas en torno a los Rolex y las joyas que están en su poder nos pintan un escenario de podredumbre en la política nacional.

No solo quiero criticar las evidentes mentiras y el laberinto de imprecisiones en el que se pierde la presidenta; también quiero llamar la atención sobre la utilización e instrumentalización de las luchas por la igualdad y los derechos de las mujeres.

En repetidas ocasiones, Dina Boluarte ha señalado que existe sexismo, acoso y discriminación contra ella por ser mujer. Trata así de construir una fachada y justificar lo injustificable.

Toda autoridad tiene la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía y explicar sus bienes. Que la ciudadanía exija explicaciones reales y mayor transparencia no es una actitud sexista ni racista. Es un reclamo legítimo de quienes queremos un país con autoridades probas.

Por supuesto, muchas mujeres que participan en la política sufren acoso y otras formas de violencia y discriminación. Pero, en este caso, no estamos ante estos hechos, sino frente a un escándalo de corrupción que indigna y cansa.

La violencia contra las mujeres y el acoso político son realidades que afectan a gobernadoras, regidoras, autoridades locales y nacionales; abordar el tema de manera seria es una tarea pendiente del Estado. Usar estos temas para justificarse, para tratar de ocultar posibles delitos, es completamente indignante.

Como defensora de derechos, me preocupa el retroceso en el Estado Peruano en materia de igualdad, así como las resistencias para avanzar en normas y políticas que garanticen buenos servicios de atención a la violencia y la prevención del problema. Si la presidenta está tan preocupada por el sexismo, que garantice, por ejemplo, que la Política de Igualdad de Género y la Estrategia contra la violencia de género se implementen.

Es vergonzoso observar cómo la más alta autoridad del Estado usa un problema tan delicado para justificarse, mientras no hace nada realmente para luchar por los derechos de las mujeres y la igualdad.

Que sepa la presidenta que las defensoras de derechos no le vamos a permitir instrumentalizar una lucha de siglos; sabremos evidenciar el descaro y denunciarlo de inmediato.

La discriminación y la violencia contra las mujeres no son un juego.