Durante estas semanas hemos asistido a un nuevo escándalo de corrupción y falta de ética.
La presidenta subestima la inteligencia de la ciudadanía. La falta de transparencia y las explicaciones absurdas en torno a los Rolex y las joyas que están en su poder nos pintan un escenario de podredumbre en la política nacional.
No solo quiero criticar las evidentes mentiras y el laberinto de imprecisiones en el que se pierde la presidenta; también quiero llamar la atención sobre la utilización e instrumentalización de las luchas por la igualdad y los derechos de las mujeres.
En repetidas ocasiones, Dina Boluarte ha señalado que existe sexismo, acoso y discriminación contra ella por ser mujer. Trata así de construir una fachada y justificar lo injustificable.
Toda autoridad tiene la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía y explicar sus bienes. Que la ciudadanía exija explicaciones reales y mayor transparencia no es una actitud sexista ni racista. Es un reclamo legítimo de quienes queremos un país con autoridades probas.
Por supuesto, muchas mujeres que participan en la política sufren acoso y otras formas de violencia y discriminación. Pero, en este caso, no estamos ante estos hechos, sino frente a un escándalo de corrupción que indigna y cansa.
La violencia contra las mujeres y el acoso político son realidades que afectan a gobernadoras, regidoras, autoridades locales y nacionales; abordar el tema de manera seria es una tarea pendiente del Estado. Usar estos temas para justificarse, para tratar de ocultar posibles delitos, es completamente indignante.
Como defensora de derechos, me preocupa el retroceso en el Estado Peruano en materia de igualdad, así como las resistencias para avanzar en normas y políticas que garanticen buenos servicios de atención a la violencia y la prevención del problema. Si la presidenta está tan preocupada por el sexismo, que garantice, por ejemplo, que la Política de Igualdad de Género y la Estrategia contra la violencia de género se implementen.
Es vergonzoso observar cómo la más alta autoridad del Estado usa un problema tan delicado para justificarse, mientras no hace nada realmente para luchar por los derechos de las mujeres y la igualdad.
Que sepa la presidenta que las defensoras de derechos no le vamos a permitir instrumentalizar una lucha de siglos; sabremos evidenciar el descaro y denunciarlo de inmediato.
La discriminación y la violencia contra las mujeres no son un juego.
Hablar de cuidados es hablar de bienestar. En algún momento de nuestras vidas, todas las personas recibimos cuidados o cuidamos. Así, cuando hablamos de cuidados hablamos de la sostenibilidad de la vida y el buen vivir.
El año pasado, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Oxfam Perú y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) realizaron una Encuesta sobre Representaciones del Trabajo de Cuidado en el Perú, donde identificaron que el 68% de las personas señalaron que necesitaban algún tipo de cuidados.
Ejercer nuestro derecho al cuidado, entendido en sus tres dimensiones de cuidar, ser cuidado/a y el autocuidado, son parte del derecho a vivir una vida digna. Se trata de garantizar condiciones adecuadas a las personas para que puedan vivir en igualdad y sin discriminación, sin estar expuestos/as al abandono y la precariedad.
Este derecho universal y autónomo debe ser garantizado por el Estado, independientemente de la situación de vulnerabilidad o dependencia de quien lo requiera. Aunque las políticas públicas deben tener en cuenta la situación específica y de riesgo de las diversas poblaciones, este debe ser un derecho garantizado para la ciudadanía en su conjunto.
Volviendo a la encuesta, esta revela que 7 de cada 10 mujeres son las principales responsables del cuidado en sus hogares. Además, el 83% de las personas encuestadas afirmó que a lo largo de su vida ha visto solo a las mujeres dedicarse en mayor medida a las actividades de cuidado.
Los cuidados han sido históricamente asumidos por mujeres o por personas feminizadas. Si queremos alcanzar una sociedad más igualitaria, se tienen que romper con estos roles de género, pues son una barrera para la igualdad.
De hecho, muchos hechos de violencia surgen cuando las mujeres no responden a estas funciones o tareas patriarcalmente asignadas. Por ello, promover la corresponsabilidad paritaria en los cuidados y en el trabajo doméstico es una dimensión a impulsar. Aunque esta no es la única.
Vivir en entornos violentos, cuidando a otras personas del hogar y con poco tiempo para acceder al campo profesional y/o laboral no solo limita el desarrollo personal y profesional de las mujeres, sino que genera barreras para salir de la pobreza.
El 81% de personas considera que el trabajo de cuidados debería remunerarse. Sin embargo, el 51% afirma que debe haber una retribución económica solo si la persona no es parte del entorno familiar. Es decir, el trabajo gratuito en el hogar o cuidando personas dependientes recae en las mujeres.
Lo paradójico es que el trabajo de cuidados significa un aporte fundamental a las economías de la región. Según la CEPAL (2021), equivale al 20,4% del PBI. ¿Realmente existen servicios de calidad en el país para garantizar el derecho al cuidado? La respuesta es no.
Tenemos algunos servicios asistencialistas, precarios y situados fundamentalmente en las zonas urbanas. Lamentablemente la ciudadanía desconfía de estos servicios. El 80% de hogares con menores de 5 años y el 60% de ellos con personas con discapacidad no los utilizan. Dicha ilegitimidad responde a que estos no cumplen con estándares de calidad mínimos.
El derecho al cuidado interpela al Estado a diseñar, implementar y sostener políticas públicas de gran inversión, pero que redundarán en el bienestar de la población.
Es tiempo de avanzar y esta es una dimensión clave para lograrlo.
El 8 de marzo se recuerda en todo el mundo el Día Internacional de las Mujeres. Esta es una fecha emblemática para el movimiento feminista, en la cual se recuerda la lucha histórica de miles de mujeres a nivel global que visibilizaron las condiciones de desigualdad, explotación y violencia en las que “naturalmente” se condenó a las mujeres.
Si hay algo que celebrar es la rebelión más importante de la historia de la humanidad: la de género. Las mujeres en diversas latitudes del mundo, hace más de un siglo, irrumpieron en el espacio público para hacer escuchar sus voces y exigir la dignidad y el respeto que como seres humanos merecemos.
Este día fue reconocido por las Naciones Unidas en 1977. Aunque el origen de esta fecha se remonta a mucho más atrás. De hecho, la lucha de las mujeres está vinculada al movimiento obrero y a las exigencias de condiciones dignas en el ámbito laboral desde inicios del siglo XX.
Pocos saben y muy pocos reconocen que es la lucha de las mujeres lo que ha permitido abrir camino para el reconocimiento de los derechos laborales de todos y todas. Así es que, si algo hay que celebrar es la inconformidad y la fuerza de millones de mujeres en el mundo, que actualmente arriesgan su tranquilidad y sus vidas para cuestionar la naturalización de la discriminación; exigiendo el derecho a tener derechos.
Desde las mujeres vinculadas a los movimientos obreros de inicios del siglo pasado, las sufragistas, las feministas de mediados del XX en adelante, que enfrentaron condiciones difíciles y autoritarias (especialmente) en la región de América Latina, hasta las defensoras de derechos hoy; todas merecen un especial reconocimiento por el trabajo de entrega diario y la convicción que atraviesa y acompaña sus vidas.
El camino de las feministas no es ni ha sido fácil. Siempre se han enfrentado a una serie de resistencias. El poder patriarcal no cede con facilidad los privilegios que detenta y la rabia es una respuesta que se traduce en más violencia contra las mujeres, insultos y estigma constante en todas las latitudes del planeta. Una de las preguntas constantes en esta fecha es: ¿Y por qué no un día del hombre? Esta interrogante, realizada sin lugar a dudas para deslegitimar la lucha de las mujeres, minimizarla o ridiculizarla; muchas veces surge del desconocimiento o la ignorancia (atrevida), pero otras veces nace de la rabia, del odio que permanece hacia las mujeres, una misoginia contra la que seguimos luchando y que lastimó profundamente la vida de miles de mujeres en tiempos no tan lejanos.
El feminismo nunca planteó una guerra entre los sexos, ni quitarles derechos a los hombres. Planteó desde sus inicios derechos y dignidad para la otra mitad del mundo, y, así dio un aporte fundamental para humanizar más nuestras sociedades. Aún ahora, el feminismo tiene la capacidad de vincularse con otras luchas históricas que empobrecen al ser humano como el racismo, el clasismo, la explotación económica y ambiental. Su aporte al mundo es y ha sido fundamental. Por ello, a veces, se le teme tanto.
El 8 de marzo, las mujeres de diversas latitudes del mundo no celebramos con flores, sino con una voz presente y fuerte, que el patriarcado aun con sus múltiples e insistentes intentos no logra apagar. Ni lo logrará.
A veces, hay que desconfiar de quienes dicen “defender la vida”.
¿Por qué?, Infelizmente hace mucho que esta narrativa es utilizada por personas y sectores que con odio arremeten contra las poblaciones más vulnerables.
Lamentablemente, entre quienes se autoproclaman “provida” hay muchos a los que poco les importa el bienestar de la ciudadanía o la vida real de niñas y mujeres. Solo les interesa mantener un modelo de sociedad que perpetúa la desigualdad y la crueldad frente al otro o la otra.
Sus acciones lo evidencian. Los políticos que impregnan sus discursos de una “supuesta defensa de la vida” solo la socavan o intentan hacerlo constantemente. Son opositores a la igualdad de género, a que se proteja la salud de las mujeres, a los derechos humanos y a la preservación del medio ambiente.
Estos personajes, están llegando al poder utilizando (entre otros mecanismos) un discurso aparentemente altruista, pero que esconde tras de sí, intereses perversos y misoginia. En los últimos años esta situación se ha extendido con fuerza en varios país de la región latinoamericana.
Así los mal llamado defensores de la vida, utilizan estos términos a su conveniencia. No defienden la vida, la vulneran. Pero han sabido usar esta retórica para legitimarse y lograr llegar a parte importante de la población.
A estos personajes, muchos de ellos en la política, no les interesa la vida de una niña violada que no puede acceder a una interrupción terapéutica del embarazo. La insensatez llega a tal punto, que pueden justificarlo todo.
A estos actores jamás se les verá promoviendo políticas para la prevención de la violencia de género como un problema extendido y estructural, tampoco promoviendo la paz ni el cuidado del medio ambiente. Se les verá proponiendo la pena de muerte, se les encontrará montando un discurso contrario a los derechos humanos, presentando proyectos para cortar libertades a las mujeres, para ir en contra de la igualdad, para instalar el autoritarismo social y económico y destruir la naturaleza impunemente.
Un ejemplo: el partido de Miley en Argentina ha presentado un proyecto de ley para derogar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.De esta manera con la fachada de “defender la vida” se pone en riesgo la salud y la vida real de millones de mujeres.
El fin es oponerse a todo lo que signifique avance en derechos y libertades. El objetivo es enfrentar y provocar al movimiento feminista y de derechos humanos, desconociendo los logros y la importancia mundial de la “marea vede”.
Esta no es una medida aislada, es parte de un plan de sectores ultraconservadores y fundamentalistas, para arremeter contra las libertades de las mujeres. Es un plan orquestado en contra de la vida digna y del avance en materia de igualdad. Los derechos reproductivos siempre han estado en disputa.
En el Perú el escenario no es menos riesgoso. Somos uno de los países en la región que menos ha avanzado en garantizar los derechos reproductivos de las mujeres y las niñas: solo en el 2023, se han registrado 1353 niñas que fueron forzadas a tener partos, producto de una violación. Todas ellas menores de 14 años.
Estoy segura de que los Miley Fan peruanos, saldrán a defender la propuesta normativa y otras barbaridades que se plantee desde este sector. Eso es más que seguro.
Necesitamos replantear la idea de bienestar, de democracia y de defensa de la vida, la cual siempre debe estar asociada a la dignidad.
Dos hechos concretos y tristes reafirman que estamos en un país donde el acceso a la justicia es un derecho negado permanentemente: (1) el vergonzoso fallo que cambia la sentencia en el caso de Solsiret Rodríguez y (2) la criminalización de los familiares de las víctimas de los asesinatos durante las protestas contra Dina Boluarte.
Sobre el vergonzoso fallo en el caso Solsiret:
Solsiret, una joven desaparecida durante tres años, parte de sus restos fueron encontrados en el 2020. Desde entonces, la familia ya no la busca, pero clama por justicia. Hace poco más de una semana0, la Segunda Sala de Apelaciones Permanente de la CSJ del Callao emitió una sentencia que perpetuó la impunidad. Mediante esta, se cambió el delito de feminicidio por encubrimiento personal y real en el caso de uno de los agresores, Kevin Villanueva, disminuyendo su pena a solo a seis años. Asimismo, se absolvió a los cómplices ordenando su inmediata liberación.
Como es lógico, los familiares, su padre y madre, quienes se han mantenido perseverantes en la búsqueda de la verdad y la justicia, están sumidos en el dolor y la desesperación al ver con impotencia cómo el crimen de su hija queda impune. Justicia a medias no es justicia.
En medio de la desolación, ellos, los principales afectados, han dado una serie de declaraciones en medios de comunicación mostrando su indignación. Apenas con fuerzas para seguir después de tanto, el señor Carlos y la señora Charito le vienen diciendo a las autoridades lo que merecen, al observar tanta negligencia y dejadez.
En el caso de Solsiret, el Estado incumplió su deber de debida diligencia desde el inicio, desde el momento de su desaparición sus familiares recibieron maltratos y revictimización. Este último fallo confirma la irresponsabilidad con la que se abordan los casos de violencia contra las mujeres en el país y la falta de perspectiva de género de nuestras autoridades.
Lejos de mostrar empatía con los familiares, de respetar su dolor, la Sala que dictó la última sentencia emitió un comunicado donde no solo defiende su cuestionada sentencia (como si un fallo fuera infalible) sino que también «rechaza las opiniones y apreciaciones subjetivas» vertidas frente a la misma.
Con este comunicado, al parecer, la CSJ del Callao, cuestiona a quienes han dado declaraciones sobre el caso, mostrando una nula empatía con los familiares. A estos no se les puede pedir que se expresen técnicamente, pues lo hacen desde el dolor y la impotencia que les genera la impunidad. Desde el dolor de perder a una hija que estuvo desaparecida por muchos años y que luego fue encontrada víctima de un terrible feminicidio cometido con gran crueldad. Y están en todo su derecho.
La indolencia de las autoridades desborda el dolor de un padre y una madre cuyo único consuelo es ver sancionados a quienes le arrebataron lo más preciado: su hija. ¿Puede esto ser criticado?
Sobre la criminalización a los familiares de la masacre en Ayacucho:
Hace unos días fuimos testigos del incidente en donde se le jaló el cabello a Dina Boluarte durante su visita a Ayacucho.
Hace poco más de un año, Ruth e Ilaria perdieron a sus seres queridos. Una perdió a su esposo y la otra a su hijo de apenas 15 años, quienes fueron murieron después de ser atacados por agentes estatales durante las protestas y hasta la fecha sus muertes están impunes, no se ha sancionado a nadie por estos hechos.
Ruth e Ilaria, absolutamente desbordadas por la impotencia y la angustia, se dirigieron a gritos a la presidenta exigiendo justicia, y, una de ellas le jaló el cabello. Que esta es una conducta reprochable y que no debe promoverse, lo es. Pero, a la vez, es absolutamente comprensible la indignación de los familiares que vienen clamando por justicia frente a autoridades que no solo niegan la misma, sino que paradójicamente se burlan del dolor lanzando caramelos.
La presidenta, durante los hechos, estaba lanzando dulces a la población. Cual ser poderoso, dando una dádiva a quienes considera inferiores. Burlándose del dolor, pisando sin respeto ni remordimiento la tierra que hace muy poco vio morir a sus hijos.
Definitivamente lanzar caramelos a quienes te gritan «justicia» es una conducta violenta y discriminatoria. La actuación de los familiares puede no ser justificable, pero desde la empatía, se comprende.
La respuesta de los defensores de este gobierno, violador de derechos humanos, ha sido buscar la criminalización de estas mujeres, olvidando que ellas también son víctimas de la violencia estatal y de la impunidad.
Cuanta infamia en quienes no tienen empatía con el otro, en quienes no comprenden el dolor profundo de una pérdida y la impotencia que genera la falta de acceso a la justicia e impunidad.
Ruth e Ilaria no han cometido ningún delito; lo que han sufrido es una pérdida terrible que ha cambiado sus vidas para siempre. La que ha cometido crímenes pendientes de sanción es Dina Boluarte.
En definitiva, la impunidad en este país desborda a quienes la sufren, golpea nuevamente a quienes ya han sufrido lo inimaginable. A veces hay que ponerse en el lugar del otro antes de sacar el manual de buena conducta.
(1) Dos delitos menores que consisten en obstaculizar la justicia ayudando a una persona a ocultarse o encubrirla después de cometer un delito o desapareciendo las huellas o pruebas del delito y sus efectos (Artículos 404° y 405° del Código Penal).
[ENTRE BRUJAS] En el umbral de un nuevo año, reflexionamos sobre los acontecimientos que marcaron el 2023, un periodo plagado de retrocesos y resistencias en materia de derechos humanos e igualdad.
La crisis política que lo definió fue determinante para el auge de actores autoritarios que buscaron socavar toda propuesta en favor de la libertad y la igualdad.
Estos actores usaron la categoría “democracia”, para destruirla. Haciendo uso de métodos como la amenaza, la calumnia, compra de conciencias y medios de prensa; fueron preparando el terreno para asirse del poder.
Con indignación, hemos observado cómo se ha vulnerado la libertad de expresión y de prensa, así como el derecho a la protesta. En esta misma línea, la igualdad de género y el enfoque de derechos en las políticas públicas han sufrido fuertes ataques. ¿Quiénes son los ganadores del viejo año? La corrupción, la impunidad, la injusticia, la ambición de poder, la violencia de género, la inseguridad ciudadana, la xenofobia y el racismo estructural.
Fotografía: Connie France
El ser humano, presa de sus creencias, necesita pensar que, inaugurado un nuevo año, se pueden dar nuevos comienzos. Aunque la esperanza nunca debe perderse, es difícil pensar en nuevas rutas con los mismos actores políticos y sociales.
Este 2024, quienes defendemos derechos vamos a tener que contribuir a que el miedo cese y exigir un cambio real, siempre siguiendo la legalidad y el Estado de Derecho.
Habrá que iniciar por exigir nuevas elecciones, pero con eso no basta.
La sociedad civil organizada, las feministas, los/as defensores/as de derechos, los gremios, los/as estudiantes, deberán tomar el liderazgo de procesos más largos. Se tendrá que vencer el miedo a protestar y exigir justicia para las masacres. Se tendrá que superar algunas diferencias ideológicas y centrarse en la importancia de defender garantías mínimas para construir una democracia real.
El 2024 es un año de desafíos, en donde tocará seguir resistiendo a posturas autoritarias y narcisistas de las y los políticos. El 2023 ha sido un año intenso, en donde muchos escenarios se definieron. Ahora ya sabemos frente a quiénes estamos y lo que está en riesgo: la paz, la democracia y la justicia.
Que sigan avanzando ya no es una opción. Nuevas elecciones sí, pero necesitamos renovar la clase política también, sino será más de lo mismo. La esperanza de un país mejor no se pierde.
[ENTRE BRUJAS] El 2023 ha sido un año complejo en donde hemos visto continuos retrocesos en materia de igualdad. A la vez que el fortalecimiento de alianzas anti derechos y, por lo tanto, el incremento de pensamientos retrógrados resistentes a las luchas para erradicar la discriminación y la agenda defensora de los derechos humanos.
La profunda crisis democrática que seguimos arrastrando, agudizada por factores como la criminalización a la protesta social, el racismo, el clasismo, el machismo y otros, ha debilitado la institucionalidad y puesto en jaque al Estado de Derecho. Este ha sido el escenario perfecto para que la corrupción avance a ritmos escandalosos y se deslegitime todo aquello que tiene que ver con promover garantías y libertades fundamentales para una adecuada convivencia social. Así, las narrativas que desvalorizan a los derechos humanos han avanzado, constituyéndose un ambiente hostil para el avance de políticas y normativas que garanticen estas libertades.
Lamentablemente en este contexto nada alentador, pierden las poblaciones más vulnerables. La precarización de la vida se relaciona con la pobreza económica, por supuesto; pero a la vez, con la falta de condiciones para el ejercicio de derechos concretos y garantías para vivir la vida que las personas necesitan.
Sin embargo, en medio de la incertidumbre, siempre existen quienes siguen dando la batalla. Tanto en la sociedad civil como en el Estado se encuentran defensoras de derechos que creen en una sociedad más igualitaria y apuestan por fomentar la implementación de políticas aprobadas en años anteriores y la construcción de nuevas estrategias y espacios de articulación para que no se siga retrocediendo y no se pierdan logros históricos. Las defensoras de derechos existen y están en la disposición de seguir incomodando.
En octubre pasado diversas expresiones del movimiento feminista nacional tuvieron un encuentro histórico, en donde se acordó una agenda pendiente por la que seguir luchando en los próximos años. En esta se resaltan muchos temas, imposibles de enlistar en una columna. Sin embargo, para quienes estén interesados/as pueden leer el Manifiesto del Encuentro, el cual se ha difundido por las redes sociales de distintas organizaciones y colectivos feministas[1]. Entre las demandas más urgentes están: el acceso a la justicia y reparación para las víctimas de desaparición y feminicidio y sus familiares; la creación e implementación del Sistema Nacional de Cuidados como una política pública integral; así como la despenalización del aborto en todas sus formas.
También son demandas urgentes el acceso a la justicia y reparación de las víctimas de la represión policial durante las protestas sociales que empezaron en diciembre de 2022; el reconocimiento de los derechos de las personas de la diversidad sexual y disidencias sexuales; así como la erradicación del racismo como una de las formas de discriminación estructurales más graves en el escenario reciente de vulneración estatal a los derechos humanos.
El 2024, sin duda, será un año en el que la crisis política, económica y el avance de los conservadurismos y las expresiones antidemocráticas no se detendrán. Desde los distintos territorios del país las defensoras de derechos humanos y la igualdad de género continuaremos resistiendo y haciendo frente a este contexto, defendiendo los avances que hemos logrado con mucho esfuerzo y exigiendo que el Estado, pese a sus distintas falencias, cumpla con sus obligaciones frente a la ciudadanía.
[ENTRE BRUJAS] A casi un año de la explosión de una de las crisis sociopolíticas más profundas que hemos vivido, es desalentador constatar que la situación no ha mejorado. La democracia, lejos de fortalecerse, sigue siendo erosionada y vaciada de contenido. Hoy en día la palabra «democracia» es utilizada con total impunidad por los sectores más autoritarios para justificar la vulneración de libertades y derechos humanos.
La crisis ha llevado consigo un fuerte debilitamiento del estado de derecho, evidenciado en el cooptamiento de instituciones estatales, la vulneración del principio de separación de poderes, y, una corrupción institucionalizada que se manifiesta en los últimos acontecimientos. Las protestas sociales que se desencadenaron entre el 7 de diciembre del 2022 y el 23 de enero de este año fueron históricas. Plantearon reivindicaciones postergadas por siglos y pusieron de manifiesto la profundización de la desigualdad, la discriminación y el racismo estructural arraigados en nuestra sociedad, en particular hacia las comunidades campesinas y poblaciones de los territorios ubicados al sur del país.
Sin embargo, la respuesta del Estado fue brutal, dejando un saldo trágico de 63 fallecidos y cientos de personas heridas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó una investigación con enfoque étnico/racial, calificando los hechos como posibles masacres. Además, condenó el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza durante las movilizaciones. Todo este escenario ha generado una profunda fragmentación difícil de superar y ha sembrado el miedo en la ciudadanía a ejercer su derecho a la protesta.
Contrariamente a los que muchos quieren posicionar, los derechos humanos son principios fundamentales para una convivencia social adecuada. Aquellos que deslegitiman estos valores son actores y sectores cuyo interés es mantener el campo libre para seguir enriqueciéndose y ejerciendo poder con impunidad. Lamentablemente, el discurso contrario a los derechos humanos crece cada día, a la par que se fortalecen posturas autoritarias y coaliciones fundamentalistas y corruptas que continúan secuestrando el Estado.
El gobierno, con un alto nivel de desaprobación, persiste en apoyar narrativas que impulsan el odio y adopta medidas que ponen en riesgo a la ciudadanía y criminalizan la protesta. Siguiendo estrategias clásicas de gobiernos autoritarios, el canal del Estado produce una canción titulada «peruanos de verdad», buscando romantizar el conflicto social que aún vivimos y negando nuevamente la condición de ciudadanos/as a quienes protestan y se oponen al gobierno.
¿Quiénes son los verdaderos peruanos y quiénes los “de mentira”? No solo se busca influir en los imaginarios de la población, como forma de manipulación, sino que también se generan medidas graves que ponen en riesgo nuevamente a quienes desean expresar su descontento. Recientemente, el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Legislativo 1589, que busca sancionar a quienes participan en movilizaciones. La criminalización de la protesta se esconde tras una supuesta preocupación por el funcionamiento de los servicios públicos y la prevención de disturbios.
Este decreto no solo apunta a sancionar a quienes salen a protestar, sino también a aquellos que apoyan de diferentes formas las movilizaciones. Sumado a todo esto, la reciente decisión del Tribunal Constitucional de dar la libertad a Alberto Fujimori, uno de los más grandes asesinos y violadores a los derechos humanos; confirma la erosión de la justicia y el triunfo de la impunidad. El desafío persiste: recuperar la democracia y los derechos fundamentales en medio de una crisis que parece no ceder.
[ENTRE BRUJAS] El movimiento feminista en América Latina y el Caribe es una fuerza transformadora, diversa y vibrante, que articula diversas iniciativas en la región para promover el principio de igualdad y no discriminación en todo el mundo. Sin embargo, esta lucha se enfrenta a numerosos desafíos en la actualidad, especialmente debido al avance de los fundamentalismos y posturas autoritarias que han ganado fuerza en la región, instalando lógicas regresivas que ponen en entredicho los derechos humanos.
Del 22 al 25 de noviembre, cientos de feministas de toda América Latina y el Caribe se están reuniendo en El Salvador en el XV Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe (EFLAC).
Bajo el lema «Unidas, Unides, Resistiendo y Avanzando», este espacio se consolida como uno de los más importantes a nivel global, donde se prioriza el diálogo y la esperanza por un mundo mejor, donde las mujeres y las diversas identidades cuenten con condiciones para el ejercicio real de sus derechos.
Este evento se erige como una experiencia enriquecedora y llena de esperanza en medio de un mundo marcado por el odio y las guerras. Delegaciones de mujeres y diversidades de diferentes países de América Latina y el Caribe se han congregado para reflexionar y repensar estrategias que desafíen al patriarcado y las lógicas de exclusión que precarizan la vida de todas las personas.
El feminismo, en su potencia, va más allá de la problematización de la discriminación hacia las mujeres; aborda todas las lógicas de opresión que se entrecruzan para profundizar la pobreza y la marginalidad de diversas identidades.
Por tal motivo, el EFLAC 2023 levanta la denuncia contra el racismo, la explotación de los recursos naturales y un modelo de vida y economía que empobrece y precariza la calidad de vida de la humanidad.
Reunidas cientos de mujeres diversas, también se respira esperanza y la determinación de seguir resistiendo.
En este contexto, a pocos días de la elección en Argentina de una persona que pretende destruir lógicas de derechos e igualdad, el encuentro se impregna del apoyo solidario a las mujeres argentinas y a las luchas por la memoria y la igualdad.
Muchas serán las consignas que se levanten en estos días, pero que los fundamentalistas sepan que la resistencia está arraigada en América Latina y continuará. El EFLAC 2023 es un faro de esperanza y fortaleza, donde las voces de las mujeres y diversidades se alzan para tejer un futuro más justo para todas, todos y todos.
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