La reciente medida adoptada por el Congreso del Perú, que prohíbe el uso de minifaldas para las trabajadoras, es una clara manifestación del control social sobre el cuerpo de las mujeres y una muestra de cómo aún se perpetúan normas patriarcales bajo la fachada de «formalidad».
Lo que podría parecer una simple normativa de vestimenta es, en realidad, una forma de discriminación directa y una herramienta más para restringir las libertades; condicionando y determinando no solo cómo deben vestirse las mujeres sino también como deben comportarse en los espacios de poder y toma de decisiones.
El Congreso, el segundo poder del Estado, se ha convertido en el principal perpetuador de estereotipos, reafirmando que las mujeres deben mantener conductas basadas en un moralismo patriarcal que solo favorece a los agresores.
En una sociedad en donde la violencia de género contra las mujeres y niñas es drama diario, este tipo de medidas solo fortalece la impunidad de los agresores y coloca como “provocadoras” a las mujeres que libremente deciden su forma de vestir. Así se valida la violencia sexual en el espacio público y se perpetúa la tolerancia a este flagelo social.
El retroceso al que nos están llevando las actuales autoridades es gravísimo. Cuando pensábamos que el Congreso no podía caer más bajo surge el escándalo de la supuesta red de explotación sexual, las autoridades deciden limitar la vestimenta de las mujeres y se destapan escándalos de violencia sexual protagonizados por los mismos congresistas.
Evidentemente estamos ante un Congreso, cuyos representantes son la expresión de una cultura patriarcal y machista que prevalece en nuestro país, la cual vulnera diariamente la vida de miles de personas.
Las mujeres, niñas y adolescentes tienen derecho a sentirse seguras en el espacio privado y público. Es decir, en los diferentes ámbitos en donde se desarrollan.
El control sobre las elecciones de vestimenta esta intrínsecamente ligado a la histórica objetivización de los cuerpos, la sumisión a cánones hegemónicos de belleza y el “moralismo patriarcal y religioso” que se expresa además en la censura de contenidos que plantean una crítica a este modelo de exclusiones. Aunque ese es otro tema no puede dejar de mencionarse, ya que todo se encuentra relacionado.
Volviendo a esta absurda y retrógrada medida que solo sirve para perpetuar estereotipos y la discriminación directa a las mujeres; su crítica es indispensable. No es un tema menor, estamos asistiendo a un retroceso de décadas en materia de igualdad. Lo que esta norma regular es la libertad individual de las mujeres, devolviéndonos a tiempos que pensamos ya estaban superados. El control, la vigilancia y la reculpabilización en su máxima expresión.
Un feminicida justifica su crimen diciendo que “la mato porque lo dejó por otro”, los congresistas con esta medida dicen “las mujeres provocan los ataques sexuales”, exculpando así a los agresores. En el modelo patriarcal, punto de apoyo de la violencia de género, son las mujeres las culpables de lo que les pasa: ya sea por cómo estaban vestidas, si fueron o no a las fiestas, si salieron tarde o no, si tomaron alcohol o no.
Cuánta razón y vigencia tiene la letra de la agrupación feminista “Las tesis”, quienes han graficado esta realidad al decir:
“El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer, y nuestro castigo
es la violencia que no ves (…) Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía”
El camino hacia la igualdad de género pasa por promover autonomía, respetar libertades y ciudadanías. No por limitar libertades y culpar eternamente a las mujeres. La violencia sexual es un delito y el culpable siempre es el agresor. El Congreso, no entiende eso. Caer más bajo se puede.
