Una de las inquietudes que más acompañan a los observadores de la política peruana es nuestro déficit de gobernabilidad. Por qué nunca hemos sido capaces de tomar grandes acuerdos e implementarlos en el mediano y largo plazo, se preguntan públicamente. Por qué seguimos fragmentados, polarizados y, en consecuencia, persistentes en el rezago mundial y el subdesarrollo. Por qué, nuevamente, una crisis de origen natural nos muestra incapaces de respuesta.

 

Hacer gobierno democrático no es otra cosa que buscar equilibrios estables en el tiempo. La  gobernabilidad suficiente es una oferta político-estatal que satisface a la gran mayoría de una demanda ciudadana, siendo que al interior de ambas fuerzas hay conflictos y alianzas. A esto se suma la preminencia legal de la autoridad pública, para fines de impedir el incumplimiento de las reglas acordadas y de dirimir conflictos. Los demandantes más poderosos influyen formal o informalmente sobre el gobierno, que también es capaz de realizar actos ilegales o inmorales.

 

Si esto es así, nuestros pendientes para alcanzar equilibrios políticos estables saltan a la vista: débil oferta estatal (institucionalidad política y aparato público muy disfuncionales), y orden económico sólo satisfactorio para una minoría privilegiada de la demanda ciudadana, que corrompe al Estado para sus fines y abusa de una mayoría depredada. Como es de esperarse, oferta y demanda están muy alejados de las valoraciones y formas democráticas, y de los equilibrios estables.

 

Se ha venido sugiriendo, desde hace algunas décadas, que gran parte de la solución a este déficit de gobierno es un paquete reformista exitoso, que abarque institucionalidad política y administración pública. En cuanto a lo primero, además de calidad de representación y participación, se plantean candados anti-golpistas en las relaciones ejecutivo-legislativo de nuestro sistema político. Y la verdad es que resulta hasta ingenuo esperar que una mayoría de congresistas y sus partidos quieran sacrificar poder político en nombre del país, y que sus financistas quieran exponer la legislación del modelo a una ciudadanía empoderada frente a sus representantes. Lo del aparato público eficiente también es quimera: de dónde van salir masas de buenos profesionales en una economía rezagada como la nuestra, donde hay una insignificante oferta educativa de calidad. El problema de fondo es económico: no hay equilibrio gobernante duradero – ni cerrojo que lo asegure – en la asimetría extrema favorable a unos pocos.

 

La historia de los países más gobernables manifiesta un orden opuesto al reformismo descrito, donde lo económico abre trocha a lo político. Se trata de sociedades que han ingresado a la lenta construcción de una democracia gobernante por medio de procesos que igualan clases sociales,  incluyendo en los beneficios del progreso a grandes grupos humanos. Ese fue el papel de las llamadas revoluciones burguesas, como la inglesa, la francesa, la norteamericana u otras europeas: igualaron a buena parte de sus grandes mayorías, que eran sus burguesías emergentes. Y a partir de ese equilibrio estable en el largo plazo, fueron perfeccionando sus instituciones políticas y estatales, y universalizando derechos sociales hasta consolidar estabilidades democráticas, en la segunda mitad del siglo XX. Desde luego, nada de esto fue barato: lo hicieron con las ventajas comparativas que produce colonizar por siglos, lo que les permitió industrializarse y, finalmente, costearse un Estado de bienestar.

 

El punto, harto conocido, es que nosotros tuvimos un destino radicalmente opuesto. Mientras ellos se empezaban a igualar para unirse y tomar históricos acuerdos fundacionales, nosotros heredábamos – de una España todavía muy medieval – un modelo económico primario-exportador inestable por naturaleza, y sin ninguna posibilidad de industrializarse para dar empleo masivo de mínima calidad. Eso nos catapulta como una sociedad profundamente asimétrica, conformada por una pequeña minoría hispanista privilegiada – coludida con políticos mafiosos – y una gran mayoría sin educación y depredada en diverso grado. El paquete incluye la voluntad de continuar subordinando política, económica y culturalmente al hombre del Ande, de explotarlo e incluso asesinarlo, si pretende oponerse a las inversiones del Perú oficial. Por último, el virreinato dejó un Estado corrupto, centralista y sin capacidad de penetración – represiva y simbólica – en extensos territorios del país.

 

Ese fue nuestro proyecto de nación en la práctica. Lo que para otros significó revoluciones igualitarias que posibilitaron democracias gobernantes, para nosotros implicó sólo un cambio de colonos y de ciertas apariencias formales, bajo la explícita intención de no modificar el orden económico precedente. En términos de gobernabilidad, la herencia inmediata es una sociedad política convulsiva y militarista, muy ajena a la estabilidad política y al afán de construir una democracia.

 

Cuánto ha cambiado de aquello en 200 años. Claramente no lo suficiente como para pretender equilibrios de gobierno duraderos. El modelo primario-exportador y su orden social resultante siguen vigentes: se calcula que el 85% de peruanos ganan del sueldo mínimo hacia abajo y que el 50% tiene salarios menores a 500 soles. El modelo sólo asegura calidad de vida a menos de un 15%, y hace millonarios a unos cuantos cacos de traje. La administración pública sigue siendo operativamente insuficiente, centralista y corrupta, aun cuando últimamente ha tenido cierta modernización inercial, básicamente tecnológica. Nuestra institucionalidad política es severamente deficitaria en cuanto a cantidad y calidad de representación, y desincentiva la aparición de nuevos partidos y liderazgos.

 

Lo que sí ha mutado es nuestra relación con el campesino indígena, aunque la agricultura familiar sigue olvidada, y por ello nuestros mayores bolsones de pobreza son rurales. Muy lentamente, recién a partir de finales del siglo XIX, empieza a haber mínimos cambios en el orden de explotación legal que seguía sometiendo a nuestra población andina: el gran golpe final a lo que parecía no ceder, lo asesta Juan Velasco Alvarado. Y la violencia terrorista, cuya principal víctima es el campesino de la sierra, completa la dramática lección histórica. Hoy el racismo es condenado públicamente y desde todo sentido común. Sigue habiendo desprecio y olvido estatal hacia nuestros andes, pero cada vez menos. Y de a pocos, comienzan a ser respetadas nuestras culturas ancestrales, salvo que sus peruanos no tienen existencia política en el congreso.

 

Desde la independencia a la fecha, hemos tenido 68 gobiernos (1 cada 2 años y medio), de los cuales sólo 21 obtuvieron el mando por elecciones, muy excluyentes hasta antes de 1980. Hemos estado sujetos a 12 constituciones (1 cada 15 años). Claramente ha habido un alto grado desgobierno; es decir, equilibrios inestables entre oferta y demanda políticas, y muy breves para lo que requiere un país que inicia su construcción republicana con las finanzas públicas en quiebra, y tras 300 años de servidumbre, explotación y asesinato, tanto humano como moral y cultural.

 

El bicentenario nos encuentra en nuestro tiempo más deficitario en términos de gobernabilidad, lo que se expresa en el rechazo general a la clase política y los partidos, en las dos renuncias presidenciales de los últimos cinco años, en la baja popularidad de nuestros candidatos a palacio, en el rápido declive de popularidad de nuestras gestiones de gobierno, y en varios otros. Nuestra demanda ciudadana está al límite de la insatisfacción, debido a que la oferta político-estatal fomenta, facilita y refuerza – mega corrupción incluida – el modelo primario-exportador en su versión más global y predatoria. Este se inició en 1990, y tras dos bonanzas pasajeras, está desbordado por la pandemia, y sin respuestas a sus naturalezas precarizantes luego del último ciclo exportador.

 

A esta inestabilidad crónica se suma otra de las caras de la globalización: las nuevas tecnologías de la información. Como se sabe, debido a su bajo costo y a su infinita capacidad divulgativa en tiempo real, han generado ciudadanías más reactivas, notorias e influyentes, y han transparentado la acción pública, lo que ha erosionado la legitimidad política a nivel mundial. Así, tenemos una demanda política mayoritariamente depredada pero mucho más conciente y poderosa, y una oferta político-estatal conservadora, hoy en pública alianza con el gran empresariado. De dónde podría haber gobernabilidad democrática.

 

La única solución realista para esta imposibilidad gobernante es ponernos al día con la historia, igualar de verdad. Sólo eso podrá consolidar un estado-nación legítimo, y nos dará gobierno en el largo plazo. Es claro que decirlo es muchísimo más fácil que hacerlo: no está al alcance de nuestra economía crecer lo suficiente como para repartir riqueza e igualarnos en calidad de vida: somos un país irremediablemente rezagado bajo el orden mundial vigente, donde el desarrollo es privilegio de países que colonizaron, se industrializaron y se democratizaron en siglos. El liberalismo económico no está hecho para llevar a países pobres hacia el bienestar, y el desarrollismo industrializador requiere de insumos y plazos con los que no contamos. De ello, no queda otro camino inicial de cambio que el de la austeridad compartida en democracia, con derechos sociales lo más extendidos posible.

 

Este modelo de desarrollo, pendientes de detallar en próximas columnas, implica sacrificios y tiene segura resistencia en los tiempos que corren, pero es tan lógico como la estrategia de una numerosa familia pobre que quiere progresar sin poner en riesgo su salud y unidad: hacer un pacto de ayuda mutua, consumir lo indispensable, y de a pocos ir alcanzando los insumos que le permitan competir para lograr sus mayores sueños. El gran problema de nuestro país, es que hay un grupo de familiares que no son pobres, y son los más reacios a dejar sus placeres consumistas. Unos cuantos de ellos quieren mantener el sistema que les permite seguir abusando, y complotan  en esa dirección. Y el resto – que podría empujar muy bien el cambio – no es concientes de la relevancia de un consumo inteligente para terminar con nuestro atraso, y más bien fomentan lo contrario desde sus alcances en redes. Salvando escalas, así de sencillo es el asunto, sobre todo si logramos mirarlo sin velo.

Como se sabe, en el Perú del bicentenario y la pandemia discutimos sobre tener o no una nueva constitución. Cabría meditar sobre lo constituyente, que tiene que ver con los momentos fundacionales y reconstitutivos de las sociedades políticas, y con los estatutos que formalizan dichos inicios.

Suele pensarse que una constitución tiene poca relevancia en las decisiones que toman los hombres de Estado, pues siempre presenta contradicciones y vacíos sujetos a interpretación, lo que con mayorías parlamentarias se transforma en leyes que quiebran – sin decirlo – los propios principios constitucionales. Además, se argumenta, la maquinaria de gobierno está lejos de tener la capacidad administrativa y coercitiva suficientes para hacer cumplir prolijamente el contenido constitucional, por lo que éste termina siendo un articulado poco significativo en la práctica.

Sin embargo, este punto de vista sólo mira una parte del asunto, la que corresponde a la operatividad que plantea un documento constitucional, donde sólo un despistado esperaría que no haya importantes insuficiencias, pues se trata de un breve texto regulatorio que pretende constituir a un país entero. Queda toda una dimensión ideológica en juego, que es la que avala la racionalidad cotidiana y científica de una sociedad, y el tramado de sus valores políticos y económicos. Una constitución es un horizonte de sentido, no en vano plantea un conjunto de derechos y deberes universales, una estructura de gobierno y una perspectiva de desarrollo material. Sus preceptos están en la cabeza de la gente, y su espíritu se materializa de maneras muy tangibles en el largo plazo económico.

Obviamente, las constituciones tienen un tiempo finito, que es el que dura su legitimidad. Es conservador renegar porque el siempre insatisfecho subdesarrollo produce muchos de estos textos fundacionales. Mientras haya grandes asimetrías históricas, habrá potencial de momento constituyente, que es el proceso en el que un nuevo consenso primordial, de amplia mayoría, se va haciendo visible en el fuero público y busca plasmarse en un documento de iniciación política.

No son aguas mansas los momentos constituyentes, tampoco su arribo. Son más bien convulsivos, pues toda constitución favorece a un grupo social, casi siempre minoritario en el Perú. Y ese sector se resiste al cambio, de maneras legales y criminales, dado que están en juego sus riquezas y destinos de clase. Toda constitución busca negar o disminuir la existencia del orden político derrotado. Ciertamente, y no por voluntad de sus grandes poderes, la sociedad contemporánea es más propensa a los momentos constituyentes, pues hoy la información circula bastante más rápido y en mucha mayor cantidad, y esa riqueza es abono para la aparición de discursos críticos sistémicos. Al mismo tiempo, el mundo que corre vuelve más exigente la gestión política del proceso fundante: hoy es inimaginable viabilizar una nueva  constitución si no pasa por los cabildos ciudadanos para su discusión y elaboración. La transparencia de la sociedad digital así lo exige.

¿Estamos en un momento constituyente en el Perú? Aún no, pues hay una indispensable condición de grandes mayorías que debe satisfacerse. Pero estamos muy cerca, porque hay innegables motivos constituyentes en la escena mundial y nacional, cada vez más voluminosos e impostergables. Un primer nuevo asunto fundamental son las demandas ambientales: la viabilidad  planetaria peligra y es consenso internacional que se necesitan cambios de profundidad civilizatoria. Y entonces la lógica económica del liberalismo capitalista ortodoxo se muestra doblemente nociva: ya no es sólo la concentración y abuso crecientes de unos pocos millonarios frente a mayorías cada vez más precarias y desprotegidas – lo que es inaceptable y políticamente inmanejable – sino que ahora la especie y su hábitat están en acumulativo riesgo.  Frente a ello, el Perú está cada vez más lejos del desarrollo capitalista, pero cuenta con una geografía privilegiada  en biodiversidad y ecosistemas, que en la crisis energética y ambiental que se avecina (pronto no habrá agua), será sinónimo de sostenibilidad económica y ventaja geopolítica ante el mundo.  ¿No es razonable que estos territorios se protejan constitucionalmente del deterioro y la extinción?

El internacionalismo ecocida y autodestructivo que promueve la constitución del 93, tan básico como la ortodoxia económica que lo origina, es opuesto a lo que necesitamos para el mundo entrante, donde debemos actuar mucho más soberana y colectivamente, para buscar nuestro propio camino hacia la sostenibilidad, el equilibrio ecológico y la universalización de una vida materialmente digna. Para que eventos lamentables como la pandemia nos encuentren con servicios de salud y fortalezas inmunológicas suficientes, y no nos lleven a catástrofes económicas y humanas que bien podrían evitarse si miráramos la realidad política con otros prismas.

Las tendencias al autogobierno también son un nuevo asunto fundamental. Es muy difícil estar en contra de la voluntad popular en el mundo de las redes digitales, y por ello, la razón de Estado se ha vuelto más participativa y modesta: entiende que la estabilidad política depende de cuánto se logra incluir, consultar y escuchar, de usar las fuerzas sociales para robustecerse. Las reformas institucionales que más preocupan a los especialistas peruanos, que son las vinculadas a la calidad de la representación política y a la estabilidad de las relaciones ejecutivo-legislativo, sólo serán viables si introducimos esta nueva forma de ejercicio gubernamental en nuestra ingeniería constitucional. Es claro que se propone una maquinaria inevitablemente más lenta en el intento de dar explicaciones públicas con frecuencia, pero más segura y factible de dirección, y más útil para el largo plazo, que es el único norte real que nos queda.

Lo anterior trae a cuento el insoslayable asunto de la pluriculturalidad, que el mundo entero va recibiendo, incluyendo a nuestros vanguardistas hermanos de Ecuador y Bolivia. Nosotros, mientras tanto, tenemos una constitución todavía tributaria de un tipo de occidentalismo que se considera superior, y que hoy muestra sus debilidades e limitaciones sistémicas. La gran ciencia occidental está en crisis hace buen rato, y por lo tanto su institucionalidad y contenidos de educación y salud (que se intersecan con el género y la sexualidad). Crecen las epistemologías y medicinas alternativas en la sociedad global más avanzada, y en el Perú seguimos ninguneando – y negando la existencia política – a toda una cosmovisión que contiene grandes saberes medicinales, alimenticios, ambientales y espirituales, todavía vivos en nuestras comunidades rurales. Según el último censo, la cuarta parte de los peruanos se reconoce como indígena originario de la sierra o selva. El Perú rural ocupa más de la mitad de nuestro suelo, y los territorios indígenas cerca del 38%.

Las narrativas del capitalismo global, que hablan de democracia liberal y mercado, ya no movilizan ni despiertan esperanza, y más bien van evidenciando que sólo el segundo de estos dos elementos es pleno, porque el primero se pulveriza en la concentración creciente natural al sistema. Y como se sabe, el desarrollo y la continuidad de una nación necesitan de mitos cohesivos. Con los actuales en franca retirada, la oportunidad de potentes refundaciones políticas está a la mano, siempre que haya grandes mayorías concientes de la necesidad de cambio, o élites capaces de convencerlas de que es más barato detenerse que seguir. En nuestro caso, de liderazgos que sepan explicar con claridad la necesidad de salir – sin duda con mucho esfuerzo y paciencia – de un orden económico que nos somete al primer mundo y sus desprolijidades económicas, y cuya precariedad creciente e inestabilidad de gobierno impiden una real democracia. Debe divulgarse que el futuro nos será más propicio si nos plegamos a las fuerzas ambientalistas globales, y al mismo tiempo nos reconectamos con la cosmovisión pre-hispánica.

Es un camino con batallas pendientes el de la reconstitución del Perú bicentenario, dentro de las innegables señales de que el mundo está dejando atrás al capitalismo liberal ortodoxo, y de que la gente finalmente está despertando. Nuestra bifurcación de posibilidades más cercana son las próximas elecciones presidenciales. Si gana un candidato de izquierda (o afines), tiene la muy desafiante tarea de abrir el debate y guiar al país hasta consolidar la gran mayoría constituyente en camino, y de poner en marcha un gobierno que busque – con la prudencia del que está en minoría – universalizar niveles básicos de calidad de vida a partir del consumo razonable, el respeto al medio ambiente, el esfuerzo ciudadano y el nacionalismo inteligente.

Y si por el contrario, se lleva la victoria cualquiera de los candidatos restantes – que apoya el modelo económico y por tanto la constitución que lo expresa – habrá renuncias presidenciales, desborde social, desgobierno y severo deterioro económico. Y en algún momento de esa inevitable caída, que podría tener picos extraños y hasta parecer lenta, se consolidará una clara mayoría fundante y se escribirá la primera constitución progresista del siglo XXI peruano. No hay retorno posible, porque el orden saliente ha agotado todas sus respuestas.

Desde que se hizo república, el Perú tiene una muy deficiente oferta política. Casi siempre pobres de espíritu, y ladrones o cómplices, nuestros políticos son grandes responsables del subdesarrollo nacional. Los partidos, en paralelo inevitable, son incapaces de dialogar con la ciudadanía, y de ofrecer narrativas que aglutinen mayorías, de modo que haya un adecuado ejercicio de gobierno.

Visto con un lente económico, todo sistema de partidos y sus actores conforman una suerte de oligopolio civil regulado por el Estado. No se trata de una habitual posición de dominio de algunas pocas empresas sobre muchas otras, sino de una estructura donde sólo unos cuantos ofrecen el producto requerido. A partir de regulaciones legales, el Estado determina, en gran parte, el número de sus agrupaciones políticas, así como los patrones organizacionales y calidades de éstas. ¿Cómo hacer para que los partidos produzcan buenos y decentes políticos, y obtengan el mínimo de confianza que requieren para favorecer la conducción del país?

Los científicos sociales peruanos han respondido a esta interrogante planteando sistemas de incentivos y esquemas regulatorios que – con cargo a explicarlo con detalle si fuese requerido y oportuno – aparecen como insuficientes. Propensos, en mayor o menor grado, a mitificar la realidad organizacional de los partidos políticos y la racionalidad del votante, nuestros reformistas no conocen del todo bien a los oferentes actuales del oligopolio partidario local, por lo que sus propuestas carecen de la suficiente fuerza estructural para generar cambios relevantes.

Es indispensable entender la naturaleza organizacional de los partidos políticos para intentar modificar su desempeño. Se trata de grupos humanos conformados por buscadores de poder individual, cuya posibilidad de expulsión por desempeño es casi nula según sus propios reglamentos. Por ello, su margen de actos personalistas y colectivamente contraproducentes es muy grande, casi ilimitado. Sus conflictos están a flor de piel, porque no todos los militantes pueden ser dirigentes ni candidatos a elección popular. Estas pugnas se vuelven definitivas y crecientes en poco tiempo, lo que impide congregar y optimizar todos los recursos partidarios para desarrollar las labores de servicio ciudadano y cohesión interna que, en teoría, se hacen fuera del tiempo electoral. En el extremo, ante la derrota final, el faccioso partidario complota contra sus pares, y hasta lo traiciona públicamente.

Los partidos tienden naturalmente a las argollas, y éstas generalmente responden a los grupos fundacionales y sus líderes, que buscan el máximo y más duradero poder posible, para lo que confeccionan estatutos que impiden la aparición de nuevas figuras. Cuando los partidos son de largo plazo, los únicos revulsivos son las jubilaciones y los nuevos liderazgos exitosos, siempre temporales frente al inevitable deterioro organizacional de toda agrupación política formal. Cada argolla tiene un porcentaje mínimo de militantes relativamente activos, lo que explica la casi vegetativa vida de los partidos fuera de los periodos electorales.

Salvo cuando son gobierno y sus cuadros reciben importantes sueldos del sector público, los partidos tienen poco o nulo financiamiento para sus labores fuera de procesos electorales. Por esta razón, no están preparados para proyectos formativos serios y trascendentes, pues éstos tendrían que ser asumidos por los militantes, que casi siempre están lejos de poder responsabilizarse de una tarea de este calibre. Desde luego, la militancia tiene el orgullo suficiente para intentar cerrarse frente a cualquier influencia positiva externa, de contenidos o liderazgos. Así, cuando las personas más prominentes o valiosas del colectivo gozan de algún tiempo libre, no encuentran atractivo entregarlo a los partidos políticos.

El gran momento partidario son finalmente las elecciones, y ese contexto sólo les exige cierto grado mínimo de profundidad, coherencia y sinceridad, que a veces producen los grupos que alcanzan la victoria electoral. El resto del tiempo, los partidos parecen estar casi incapacitados para realizar aportes sociales significativos.

Este apretado cuadro organizacional se reproduce en cualquier partido, y se manifiesta, en mayor o menor medida, según la historia y realidad social de cada nación. En un país como el Perú, de tan alta precariedad, es fácil deducir lo que sucede en las internas partidarias. Y todo esto se suma a una cada vez más consolidada realidad mundial: la transparencia de la sociedad digital. Hoy cualquiera tiene acceso a un celular conectado a internet, con el que se informa desde miles de fuentes: la gente ve las cosas más crudamente, y es más consciente de sus derechos. Y frente a una realidad de políticos generalmente angurrientos y básicos, obviamente la confianza hacia las organizaciones partidarias erosiona. Ya nadie, además, necesita grandes mediadores (partidos o prensa) para manifestarse: todo ciudadano tiene capacidad de influencia viral desde su celular, lo que puede llegar a provocar manifestaciones colectivas que ningún grupo político puede convocar por si solo. La militancia partidaria no es atractiva, ni rendidora, y por eso es una institución en franco declive. Más aun con el relativismo moral y la consciencia de incertidumbre de las generaciones contemporáneas.

¿Qué hacemos con un oligopolio cuyos oferentes tienen una enorme tendencia al deterioro, nunca funcionaron bien, y pasan por una gravísima crisis de confianza? Obviamente dinamizarlo. Diría que con tres detonantes: permitir que todo oferente sea reemplazado con facilidad, hacer muy exigente la permanencia dentro del grupo de partidos, y asegurar la calidad de los aspirantes a tomar los espacios dejados. Lo primero pasa por disminuir radicalmente los dos grandes impedimentos que todo ciudadano encuentra cuando quiere hacer política: imposibles requisitos para conformar un partido (exigencias irreales en el número de firmas ciudadanas o militantes) y altísimo costo de campañas. Debe volverse sencillo fundar un partido, debe costar el esfuerzo grande pero razonable de unas cuantas decenas de convocantes interesados en dedicar su tiempo a crear una institución representativa con fines electorales. Y todas las campañas tendrían que ser financiadas por el Estado de modo muy austero. Lo segundo implica poner altos umbrales de voto para que un partido siga vigente. Y lo tercero darse cuenta de que los mejores políticos están en la sociedad civil y en los gremios profesionales, porque la buena acción política no requiere otra cosa que sabiduría, liderazgo, capacidad organizativa y vocación de servicio. Eso lo tienen miles de valiosos peruanos, muchos dispuestos a competir por un cargo público, pero se desaniman cuando se enteran que deben pasar por el pantanoso filtro de nuestras organizaciones partidarias, y gastar millones en fundar un partido y financiarse una campaña. En realidad, la propuesta no es otra cosa que hacer extensivo y más real el derecho universal a ser elegido.

No tengo la menor duda de que esta dinamización del oligopolio partidario peruano traería muy interesantes apariciones personales y colectivas. Como experiencia y fuente de aprendizaje para la transformación, una vida socialmente comprometida y proactiva supera por mucho a la militancia en cualquier institución partidaria. Las políticas públicas específicas, que tanto preocupan a algunos opinantes, se consiguen o deducen con un poco de esfuerzo, y están en las redes, archivos y bibliotecas. El apoyo tecnocrático se obtiene, al menos el indispensable para demostrar factibilidad de concretar los valores que se promueven. Los grandes y detallados planeamientos florecen en los servicios civiles, la dirección política es otra cosa, más coloquial y al mismo tiempo más histriónica.

Es común deducir que esto traería un número excesivo de partidos en competencia electoral, pero la verdad es que ya tenemos dicho excedente, y al final son pocos los que llaman la atención de los votantes, y los que se reparten los escaños congresales. Por cierto, no cualquiera tiene los insumos y certezas suficientes para liderar una convocatoria política, que es lo que se requiere para crear una nueva opción partidaria. Así que también ahí hay límites a la expansión de la oferta en mención. Habrían sí, los partidos mafiosos y lobistas de siempre, y ahora con mayores facilidades, pero surgirían alternativas de verdad transformadoras, y acaso revolucionarias. Seguramente aparecerían muchos competidores distintos en cada proceso electoral, pero también algunas organizaciones de relativo largo aliento. Pienso que los riesgos de este camino son aparentes, y en todo caso manejables, pero el potencial de salto hacia el desarrollo es enorme, el mayor posible desde la institucionalidad política.

Desde luego, varias de las propuestas reformistas que circulan en la discusión son razonables: elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias para toda la ciudadanía como único mecanismo de selección de candidatos; rediseño de circunscripciones y aumento de congresistas para tener volúmenes manejables de representado por congresista. Los sueldos del político elegido deben ser los de un clasemediero, con las protecciones y apoyos del caso, de tal forma que disminuya el interés frívolo por la vida política. Pero todo eso es complemento de lo principal: dinamizar nuestra oferta política y facilitar la participación electoral de los peruanos más virtuosos y comprometidos. Es obvio que hay muchos comunes con capacidad de representarnos, sin ninguna duda mejor que los usualmente elegidos.

Cuando en 1821 el Perú dejó de ser una colonia y pasó a ser un país independiente, el modelo primario-exportador basado en la extracción de metales preciosos ya estaba ahí, desde 1535. Pasaba por uno de sus cíclicos periodos de bajo crecimiento, pues la producción de plata había disminuido considerablemente en las últimas dos décadas. Desde 1776, además, las minas de Potosí -fuente del 90% de la plata peruana exportable- pasaron a ser parte del Virreinato del Río de la Plata.

Atada a la caída del sector minero, la rica y ostentosa clase comercial limeña, que importaba y distribuía manufacturas europeas que venían en los mismos buques que sacaban los metales del Callao hacia la metrópoli, perdería poder económico. En un contexto de contracción productiva y comercial que afectó a todos los sectores socio-económicos, la agricultura de la costa y la ganadería, así como la exportación de lana y jabón a otros virreinatos, tendrían un importante aunque insuficiente desarrollo. El hombre del Ande seguirá en condición de explotación y servidumbre, bajo argumentos raciales y religiosos del contexto colonial.

Como puede verse, es una dinámica muy similar a la del subdesarrollo económico contemporáneo: volátil, dependiente de la geografía o del exterior, y beneficiosa para muy pocos, entre ellos quienes explotan a la mayoría de cuyo trabajo viven. En aquellos días casi todos éramos una servidumbre legalizada, hoy somos una precariedad que no tiene tiempo ni holgura para darse el lujo de evaluar sus condiciones de trabajo.

El proceso independentista agrava esta herencia colonial de subdesarrollo, sumándole crisis, pobreza e incapacidad de gobierno. Las guerras traen mucha pérdida poblacional (mayoritariamente pobre, andina y esclava), además de destrucción de infraestructura y tierras, y de extinción de ganado por uso en actividades militares. Muchas familias aristocráticas huyen del país con sus riquezas. Así, la economía pierde considerable mano de obra y capital.

Las nuevas exigencias de gobierno y la crisis en curso evidencian la inexperiencia criolla frente a los asuntos administrativos de Estado. Hay escasas capacidades de cobro fiscal, no hay gendarmería nacional hasta la cuarta parte final del siglo XIX, por lo que proliferan las montoneras y los disturbios. Es claro que no se tiene un control prolijo del territorio ni una penetración descentralizada de servicios que genere una sensación de comunidad viva. El presupuesto público oficial se diseña y formaliza, por primera vez, en la década de 1840. Las prácticas de corrupción colonial continúan sofisticándose. Nuevamente, todo esto también sucede hoy, en lo fundamental: no hay la suficiente experiencia y pericia en la burocracia peruana, hay corrupción cotidiana en ella.

De la depresión económica del periodo posterior a la independencia se saldrá recién a mediados del siglo XIX, con el boom exportador del guano, lo que iniciará el subdesarrollo pendular contemporáneo que hasta hoy conocemos. También por esos años nacerán los primeros atisbos de sector industrial, ese eterno pendiente de soberanía para el que nos faltan insumos conocimiento y de capital. El hombre del Ande seguirá subordinado, explotado y despreciado. El vacío de liderazgo político civil, de una élite legítima con capacidad de gobierno y visión de desarrollo económico, será llenado por caudillos militares, a quienes se aliarán las familias criollas ricas que consideran indigna la acción política republicana, pero quieren mantener sus privilegios económicos.

Puede decirse que la república temprana termina aquí, estabilizada temporalmente por un nuevo ciclo exportador favorable. Es claro que no era viable un país y una sociedad política de las características fundacionales descritas, al menos si el referente son los países desarrollados de occidente. No se construye república y pertenencia en medio del crimen material, emocional y moral que siguió ejerciéndose contra la mayoría poblacional que vivía en la sierra. Tampoco bajo un modelo económico que, en la bonanza, sólo beneficia a una minoría empresarial sin la fuerza, voluntad, capacidad y volumen suficientes para hacerse competitiva a un nivel y forma que permitan el desarrollo y el bienestar mayoritario, tanto en la urbe como en el campo. No puede haber largo plazo y desarrollo en la incertidumbre económica dependiente del exterior, o en el crecimiento con caídas súbitas y brutales, muchos menos sin un Estado con importantes capacidades operativas y una élite civil comprometida y preparada para la dirigencia política. La historia hace pensar que varios de estos elementos disparan y conforman el bienestar general. La democracia parece haber sido una sofisticación posterior, un regalo del progreso y el desarrollo al que han accedido sólo algunos países. Nadie sugiere sacrificarla ni mucho menos, pero sí es necesario resaltar la complejidad que implica el reto político de hoy.

Pasados dos siglos, no se puede decir que no lo hemos intentado. Al menos en teoría, tanto ortodoxos como heterodoxos, sean demócratas o dictadores, casi todos han buscado el desarrollo generalizado a la manera capitalista occidental, uniendo al territorio rural en este destino, pero no han alcanzado los insumos ni los plazos en ninguno de los experimentos. También se ha querido construir Estado y administración pública, y no se ha podido. Nunca hemos tenido una clase dirigente con capacidades de transformación. El desarrollo nos ha sido largamente esquivo.

Pero resulta que no somos los únicos con inviabilidad de origen: no hay país poscolonial que haya alcanzado el desarrollo. Sólo algunas naciones asiáticas de tradición autoritaria y mano de obra barata se han vuelto globalmente competitivas, y acaso abandonado el subdesarrollo. Parece que nunca estuvimos invitados a la fiesta grande del capitalismo, que todo fue ilusión y engaño proveniente de poderosos de diversa escala geográfica.

El bicentenario es, entonces, un tiempo muy propicio para preguntarnos si tiene sentido seguir persiguiendo un tipo de progreso que no parece accesible, sólo alcanzado por algunas de las naciones que colonizaron a otras, y usufructuaron siglos de ventaja comparativa y mano de obra esclava. Si es estratégico seguir apostando por un tipo de expansión en crisis energética y ambiental debido a su insaciabilidad consumista y acumulativa, lo que la obligará a ruralizarse tarde o temprano, a generar un nuevo mundo que ya parece estar en curso.

Alguna vez fuimos una civilización viable: autosuficiente, inclusiva y sostenible, de grandes conocimientos astronómicos, económicos, ingenieriles y agrícolas, de una epistemología donde el hombre era parte de una naturaleza viva y la razón humana tendía al colectivo, a la austeridad y al respeto del entorno. Sin caer en el conservadurismo retrógrada, ni en la mitificación del pasado, debemos recuperar dichas fuentes prehispánicas y, a partir de esas enseñanzas, pensar en un camino propio desde nuestra fusión contemporánea, donde lo occidental tiene un indiscutible espacio, pero no puede ser atadura ni velo.

Debemos encarar el presente con más imaginación y sabiduría que la mostrada hasta hoy, no tenemos casi nada que defender del actual orden. Tenemos que planificar la llegada de un nuevo tiempo en el que nuestro conocimiento ancestral y nuestra biodiversidad serán ventaja geopolítica y garantía de nuestra propia calidad de vida. Será un inicio ahora sí promisorio, y quizá el final de un tiempo oscuro que se inició hace cinco siglos.

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