Desde que se hizo república, el Perú tiene una muy deficiente oferta política. Casi siempre pobres de espíritu, y ladrones o cómplices, nuestros políticos son grandes responsables del subdesarrollo nacional. Los partidos, en paralelo inevitable, son incapaces de dialogar con la ciudadanía, y de ofrecer narrativas que aglutinen mayorías, de modo que haya un adecuado ejercicio de gobierno.
Visto con un lente económico, todo sistema de partidos y sus actores conforman una suerte de oligopolio civil regulado por el Estado. No se trata de una habitual posición de dominio de algunas pocas empresas sobre muchas otras, sino de una estructura donde sólo unos cuantos ofrecen el producto requerido. A partir de regulaciones legales, el Estado determina, en gran parte, el número de sus agrupaciones políticas, así como los patrones organizacionales y calidades de éstas. ¿Cómo hacer para que los partidos produzcan buenos y decentes políticos, y obtengan el mínimo de confianza que requieren para favorecer la conducción del país?
Los científicos sociales peruanos han respondido a esta interrogante planteando sistemas de incentivos y esquemas regulatorios que – con cargo a explicarlo con detalle si fuese requerido y oportuno – aparecen como insuficientes. Propensos, en mayor o menor grado, a mitificar la realidad organizacional de los partidos políticos y la racionalidad del votante, nuestros reformistas no conocen del todo bien a los oferentes actuales del oligopolio partidario local, por lo que sus propuestas carecen de la suficiente fuerza estructural para generar cambios relevantes.
Es indispensable entender la naturaleza organizacional de los partidos políticos para intentar modificar su desempeño. Se trata de grupos humanos conformados por buscadores de poder individual, cuya posibilidad de expulsión por desempeño es casi nula según sus propios reglamentos. Por ello, su margen de actos personalistas y colectivamente contraproducentes es muy grande, casi ilimitado. Sus conflictos están a flor de piel, porque no todos los militantes pueden ser dirigentes ni candidatos a elección popular. Estas pugnas se vuelven definitivas y crecientes en poco tiempo, lo que impide congregar y optimizar todos los recursos partidarios para desarrollar las labores de servicio ciudadano y cohesión interna que, en teoría, se hacen fuera del tiempo electoral. En el extremo, ante la derrota final, el faccioso partidario complota contra sus pares, y hasta lo traiciona públicamente.
Los partidos tienden naturalmente a las argollas, y éstas generalmente responden a los grupos fundacionales y sus líderes, que buscan el máximo y más duradero poder posible, para lo que confeccionan estatutos que impiden la aparición de nuevas figuras. Cuando los partidos son de largo plazo, los únicos revulsivos son las jubilaciones y los nuevos liderazgos exitosos, siempre temporales frente al inevitable deterioro organizacional de toda agrupación política formal. Cada argolla tiene un porcentaje mínimo de militantes relativamente activos, lo que explica la casi vegetativa vida de los partidos fuera de los periodos electorales.
Salvo cuando son gobierno y sus cuadros reciben importantes sueldos del sector público, los partidos tienen poco o nulo financiamiento para sus labores fuera de procesos electorales. Por esta razón, no están preparados para proyectos formativos serios y trascendentes, pues éstos tendrían que ser asumidos por los militantes, que casi siempre están lejos de poder responsabilizarse de una tarea de este calibre. Desde luego, la militancia tiene el orgullo suficiente para intentar cerrarse frente a cualquier influencia positiva externa, de contenidos o liderazgos. Así, cuando las personas más prominentes o valiosas del colectivo gozan de algún tiempo libre, no encuentran atractivo entregarlo a los partidos políticos.
El gran momento partidario son finalmente las elecciones, y ese contexto sólo les exige cierto grado mínimo de profundidad, coherencia y sinceridad, que a veces producen los grupos que alcanzan la victoria electoral. El resto del tiempo, los partidos parecen estar casi incapacitados para realizar aportes sociales significativos.
Este apretado cuadro organizacional se reproduce en cualquier partido, y se manifiesta, en mayor o menor medida, según la historia y realidad social de cada nación. En un país como el Perú, de tan alta precariedad, es fácil deducir lo que sucede en las internas partidarias. Y todo esto se suma a una cada vez más consolidada realidad mundial: la transparencia de la sociedad digital. Hoy cualquiera tiene acceso a un celular conectado a internet, con el que se informa desde miles de fuentes: la gente ve las cosas más crudamente, y es más consciente de sus derechos. Y frente a una realidad de políticos generalmente angurrientos y básicos, obviamente la confianza hacia las organizaciones partidarias erosiona. Ya nadie, además, necesita grandes mediadores (partidos o prensa) para manifestarse: todo ciudadano tiene capacidad de influencia viral desde su celular, lo que puede llegar a provocar manifestaciones colectivas que ningún grupo político puede convocar por si solo. La militancia partidaria no es atractiva, ni rendidora, y por eso es una institución en franco declive. Más aun con el relativismo moral y la consciencia de incertidumbre de las generaciones contemporáneas.
¿Qué hacemos con un oligopolio cuyos oferentes tienen una enorme tendencia al deterioro, nunca funcionaron bien, y pasan por una gravísima crisis de confianza? Obviamente dinamizarlo. Diría que con tres detonantes: permitir que todo oferente sea reemplazado con facilidad, hacer muy exigente la permanencia dentro del grupo de partidos, y asegurar la calidad de los aspirantes a tomar los espacios dejados. Lo primero pasa por disminuir radicalmente los dos grandes impedimentos que todo ciudadano encuentra cuando quiere hacer política: imposibles requisitos para conformar un partido (exigencias irreales en el número de firmas ciudadanas o militantes) y altísimo costo de campañas. Debe volverse sencillo fundar un partido, debe costar el esfuerzo grande pero razonable de unas cuantas decenas de convocantes interesados en dedicar su tiempo a crear una institución representativa con fines electorales. Y todas las campañas tendrían que ser financiadas por el Estado de modo muy austero. Lo segundo implica poner altos umbrales de voto para que un partido siga vigente. Y lo tercero darse cuenta de que los mejores políticos están en la sociedad civil y en los gremios profesionales, porque la buena acción política no requiere otra cosa que sabiduría, liderazgo, capacidad organizativa y vocación de servicio. Eso lo tienen miles de valiosos peruanos, muchos dispuestos a competir por un cargo público, pero se desaniman cuando se enteran que deben pasar por el pantanoso filtro de nuestras organizaciones partidarias, y gastar millones en fundar un partido y financiarse una campaña. En realidad, la propuesta no es otra cosa que hacer extensivo y más real el derecho universal a ser elegido.
No tengo la menor duda de que esta dinamización del oligopolio partidario peruano traería muy interesantes apariciones personales y colectivas. Como experiencia y fuente de aprendizaje para la transformación, una vida socialmente comprometida y proactiva supera por mucho a la militancia en cualquier institución partidaria. Las políticas públicas específicas, que tanto preocupan a algunos opinantes, se consiguen o deducen con un poco de esfuerzo, y están en las redes, archivos y bibliotecas. El apoyo tecnocrático se obtiene, al menos el indispensable para demostrar factibilidad de concretar los valores que se promueven. Los grandes y detallados planeamientos florecen en los servicios civiles, la dirección política es otra cosa, más coloquial y al mismo tiempo más histriónica.
Es común deducir que esto traería un número excesivo de partidos en competencia electoral, pero la verdad es que ya tenemos dicho excedente, y al final son pocos los que llaman la atención de los votantes, y los que se reparten los escaños congresales. Por cierto, no cualquiera tiene los insumos y certezas suficientes para liderar una convocatoria política, que es lo que se requiere para crear una nueva opción partidaria. Así que también ahí hay límites a la expansión de la oferta en mención. Habrían sí, los partidos mafiosos y lobistas de siempre, y ahora con mayores facilidades, pero surgirían alternativas de verdad transformadoras, y acaso revolucionarias. Seguramente aparecerían muchos competidores distintos en cada proceso electoral, pero también algunas organizaciones de relativo largo aliento. Pienso que los riesgos de este camino son aparentes, y en todo caso manejables, pero el potencial de salto hacia el desarrollo es enorme, el mayor posible desde la institucionalidad política.
Desde luego, varias de las propuestas reformistas que circulan en la discusión son razonables: elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias para toda la ciudadanía como único mecanismo de selección de candidatos; rediseño de circunscripciones y aumento de congresistas para tener volúmenes manejables de representado por congresista. Los sueldos del político elegido deben ser los de un clasemediero, con las protecciones y apoyos del caso, de tal forma que disminuya el interés frívolo por la vida política. Pero todo eso es complemento de lo principal: dinamizar nuestra oferta política y facilitar la participación electoral de los peruanos más virtuosos y comprometidos. Es obvio que hay muchos comunes con capacidad de representarnos, sin ninguna duda mejor que los usualmente elegidos.
