Las causas
Mucho se ha señalado la carencia de liderazgos visibles en las protestas y la ausencia de representantes con quienes el gobierno hubiera podido sentarse a negociar para encontrar soluciones. Pero estas negociaciones, como el gobierno lo dejó muy en claro desde el primer momento, se habrían limitado a los habituales ofrecimientos económicos y a las bien publicitadas firmas de los eventuales acuerdos alcanzados, los que, en su mayoría y como de costumbre, nunca serían respetados. No es extraño en los países latinoamericanos, que los líderes sociales permanezcan en el anonimato, al menos durante algún tiempo, por temor a las posibles represalias, más aún en un país como el nuestro, en el que, durante mucho tiempo, fueron víctimas de la violencia senderista y de las fuerzas represivas del Estado.
También se ha criticado duramente, algunas de las acciones emprendidas por los manifestantes, tales como bloqueo de carreteras, intentos de ocupación de aeropuertos y de otros “activos estratégicos”, lo que, en el argot sociológico, se conoce como “acciones disruptivas”. A este respecto cabe señalar, que son los Estados mismos, quienes ejercen una influencia determinante en el tipo de organización y formas de acción de los movimientos sociales. Así, en los países de democracia consolidada, las protestas y movilizaciones populares que siguen al fracaso de negociaciones en un marco institucional, son toleradas como parte del juego democrático y la represión, de ser necesaria, no alcanza elevados niveles de violencia. Para el caso de países como el nuestro, importantes investigadores, como el ya mencionado Gamson y otros más (Cloward, Piven), han llegado a la conclusión de que los grupos excluidos, únicamente pueden lograr cambios sociales mediante acciones masivas disruptivas y de gran impacto mediático, tanto más si cuentan con el apoyo de la opinión pública. Hagamos notar que en el último Latinobarómetro, uno de los principales bancos de datos de opinión pública en América Latina y el Caribe, se señala que el 65% de la población de nuestro país, muestra un acuerdo general hacia las protestas sociales, solamente por detrás de Paraguay (84%) y Chile (71%) y que, en las encuestas del último mes de febrero, el 58% de los peruanos se sentía identificado con las movilizaciones, principalmente en el sur del país (71%).
La respuesta del ultraderechista y antidemocrático gobierno Boluarte/Otárola al movimiento social, es ya de todos conocida, tanto en el Perú como en la comunidad internacional, la que esencialmente ha consistido, en lo que el filósofo postmarxista argentino Ernesto Laclau, denominó “la denigración de las masas”, que vincula los movimientos sociales al quehacer de desquiciados, criminales, engañados y manipulados, y esto asociado a una brutal represión con numerosas ejecuciones extrajudiciales. A la vista de todo esto ¿podemos considerar que la lucha y la muerte de nuestros hermanos de las regiones, se ha saldado en un fracaso? Pretender responder a esta interrogante, tomando únicamente en cuenta los resultados inmediatos, es desconocer la propia naturaleza de los movimientos sociales y del impacto relevante que pueden tener en asuntos de gran importancia como ciudadanía, transformación social, participación política y democracia. De esto justamente, hablaremos en una próxima nota.
