Bajo una gobernanza criminal

Por: 10.12.2024

En una entrevista del 2023, Danilo Guevara, general PNP (r), exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI)y exviceministro del Interior, daba cuenta del inminente peligro que representa para nuestro país, la implantación de un complejo fenómeno delictivo conocido con el nombre de “gobernanza criminal”. En el reciente foro “Crimen organizado y captura de la democracia”, conducido por Javier Torres de “LaMula.pe”, el especialista colombiano en derecho procesal y derechos humanos, Alejandro Zúñiga, se refirió a este problema, poniendo énfasis en la situación de violencia y pérdida de derechos democráticos que padecen las personas que viven bajo esta “gobernanza”, mientras que el reconocido penalista y comunicador nacional, César Azabache, abordó la “territorialización” del control de las economías por parte del crimen organizado, y la inexistencia de herramientas legales que permitan una lucha eficaz contra este flagelo, el cual no solo constituye un delito, sino un poderoso elemento de subversión de los principios de ciudadanía, representación democrática y republica.

La gobernanza criminal, que afecta a unos setenta millones de latinoamericanos (Luna), es un grave asunto que demanda particular atención, pues sus efectos se hacen sentir en todas las dimensiones de la vida nacional. En esta nota dedicada al problema, nos referiremos a su origen y principales características.

¿Por qué “gobernanza”?

Quien se topa con el término “gobernanza criminal” puede fácilmente inferir que se trata de algún tipo de gobierno, dominio o poder, ejercido por grupos fuera de la ley, sobre la población de un área geográfica determinada. De hecho, la palabra “gobernanza” fue durante mucho tiempo utilizada como sinónimo de gobierno y gobernabilidad (basta consultar el diccionario de la RAE para constatarlo). Sin embargo, esta definición no es suficiente para llegar a entender la complejidad del problema, sus verdaderas causas, y lo que es aún más importante, las posibles -y a menudo controversiales- estrategias para enfrentarlo. Veamos el porqué.

Huida del Estado

En las últimas décadas, y como consecuencia de la total subordinación de la economía y la política a las necesidades impuestas por el mercado globalizado, “gobernanza” ha pasado a significar el repliegue de la presencia estatal en el campo social y económico. Un abandono voluntario de importantes funciones y responsabilidades gubernamentales -antaño consideradas como imprescindibles- en aras de una “Nueva Gestión Pública” (Hood). Bajo la consigna de la eficiencia, el Estado democrático, representante de la voluntad popular y garante del bien común, transfiere buena parte delplaneamiento, organización y ejecución de lo público a grupos de interés particulares (preferentemente empresas privadas), estructuradas en redes autoorganizadas y autónomas (Rhodes). Se instala de esta manera un “gobierno compartido” Estado-particulares (Monedero), en el que la función pública queda sometida a las fuerzas de mercado, bajo el imperio de la ley de la oferta y la demanda. En esta situación, es inevitable que los intereses particulares -esencialmente, la obtención de lucro- desplacen aquellas demandas sociales que no representen ganancias económicas. Los derechos ciudadanos y el avance social, tratados exclusivamente con criterios de rentabilidad, se convierten progresivamente en contribuciones voluntarias a cuenta de la “responsabilidad social empresarial” que, a menudo, no es otra cosa que una estrategia de marketing. Los países latinoamericanos, condicionados por el FMI y el Banco Mundial, adoptaron esta “gobernanza neoliberal de mercado”, privatizadora y desreguladora, cargados con el lastre de una institucionalidad precaria, una presencia territorial restringida y una práctica política corrupta (Sanín Naranjo). La abdicación por parte del Estado de su posición jerárquica y su rol de regulador ha dado oportunidad al surgimiento y desarrollo de nuevos actores nacionales, regionales y locales -tanto legales como ilegales- que pugnan en un mismo espacio geográfico o “zona gris” (Trejo) por la obtención de ganancias, valiéndose para ello de diversas modalidades de acción, entre las cuales se incluye la violencia y la coerción. Este trasfondo ideológico del manejo económico es rara vezevocado por nuestros analistas políticos como uno de los causales del incremento del crimen organizado.

La gobernanza criminal

Las acciones delictivas de las más importantes organizaciones criminales latinoamericanas responden a una lógica exclusivamente empresarial, cuyo objetivo es la obtención de utilidades millonarias sostenibles en el tiempo. Narcotráfico, minería y tala ilegales solo pueden administrarse con la máxima eficiencia y rentabilidad, asegurando el control del territorio en donde se llevan a cabo las actividades ilegales, acompañado del sometimiento o aquiescencia de los pobladores y agentes estatales, cuando no, de su activa y voluntaria participación.

Nos encontramos aquí frente a una caracterizada gobernanza, que adquiere su especificidad criminal debido al aprovechamiento de recursos nacionales, en beneficio de actores privados e ilegales estratégicamente articulados en redes delictivas -las que no pocas veces incluyen funcionarios y autoridades gubernamentales- cuyas decisiones y acciones impactan e influyen en un territorio y su sociedad (Duque). La gobernanza criminal, ejercida sobre territorios, recursos y poblaciones, no está al alcance de cualquier organización criminal, sino solamente de aquellas que cuentan con una estructura jerarquizada, compleja y especializada, una combinación de sociedad secreta, ejército y burocracia empresarial (Briceño-León).

 

No solo violencia: legitimando la ilegalidad

Por extraño y contradictorio que pueda parecer, la gobernanza criminal no representa únicamente sometimiento mediante la violencia; también puede generar orden, proveer bienes y ejecutar políticas públicas (Arias). Esto debido a que las grandes organizaciones criminales saben que, para ejercer un dominio sostenible sobre las poblaciones -y hasta una cierta dinámica de complicidad ciudadana- se requiere, además de la fuerza, disponer de una cierta legitimidad (Beetham). El ejemplo más saltante es el del capo colombiano del narcotráfico, Pablo Escobar, conocido como el “Robin Hood Paisa”, quien en los años 80 emprendió, campañas de apoyo económico a los pobres de Medellín, lo que le granjeó gratitud y hasta veneración en muchos sectores sociales. Pero, alcanzar una gobernanza criminal en el siglo XXI, requiere más que solamente “narcolimosnas”. Para ello, las organizaciones criminales buscan legitimarse socialmente, mediante la imposición de reglas y restricciones que condicionan y regulan el comportamiento social de los pobladores (Alda). Un nuevo “orden social” que, sirviendo prioritariamente a losintereses económicos criminales, también es susceptible de generar un sentimiento de paz, protección y seguridad en las personas, y que incluye medidas como la prohibición del robo a negocios y pobladores locales, la prohibición de la venta de droga en espacios públicos, el establecimiento de toques de queda para los menores de edad, la represión de peleas callejeras y de agresión a las mujeres. A lo que debe añadirse como un importante elemento de legitimización, los beneficios económicos que estas poblaciones -por lo general marginalizadas de los circuitos económicos legales- reciben, directa o indirectamente, como resultado de la actividad de estasorganizaciones. La frase “el Cartel nos cuida”, de origen sinaloense (Sánchez), grafica claramente el éxito que puede alcanzar la legitimación criminal.

Pero se necesitan dos para bailar el tango

¿Puede un Estado plagado de carencias, ineficiencia y corrupción, como el nuestro, enfrentarse a las gobernanzas criminales? La experiencia latinoamericana apunta, tal como señala el sociólogo Roberto Briceño-León, que ello depende, por una parte, de las decisiones que las propias organizaciones criminales tomen con respecto al tipo de vínculo que deseen establecer con las instancias estatales y, por otra, la respuesta que estas últimas estén dispuestas a dar. Desde el enfrentamiento y la guerra abierta hasta la cooperación y la complicidad, las posibilidades de relación Crimen-Estado son múltiples. Siguiendo este hilo de reflexión, en nuestra próxima nota -la primera de un crítico año 2025- nos referiremos al que todo parece apuntar, es el actual eje ordenador del país: la “crimilegalidad” (Schultze-Kraft), esto es, el entrelazamiento deliberado que se establece entre actividades criminales y legales a nivel social, político y económico. Felices fiestas de fin de año.

Tags:

crimen, Estado, Gobernanza, Legitimidad

El sentimiento que nos falta

Por: 17.09.2024

[CIUDADANO DE A PIE ] El reciente fallecimiento de Alberto Fujimori ha sido la imperdible ocasión para que sus adeptos y opositores saquen a relucir sus mejores argumentos, tanto a favor como en contra, de una herencia política compleja en la que resulta muy difícil separar el trigo de la cizaña. Como era de esperarse, la vocería mediática de la derecha, se aplicó inmediatamente a resaltar los que considera son los grandes logros del fujimorato, entre los que destaca nítidamente la Constitución de 1993 -especialmente su capítulo económico-, que consagró la aplicación en nuestro país de las recetas neoliberales del llamado “Consenso de Washington”, ya previamente implantadas, a sangre y fuego, en el Chile de Pinochet y la Argentina de Videla. Así, Juan Paredes Castro en “El Comercio”, se refiere a la Carta fujimorista como un legado “que le ha dado no solo mayor estabilidad política y jurídica al país, sino las condiciones claves de crecimiento económico de largos años que lamentablemente hoy estamos tirando por la borda”, a lo que Jaime de Althaus, fiel a sus convicciones ideológicas, agrega la necesidad de “devolverle oxígeno” a su capítulo económico. Por su parte, el diario “Gestión”, abona la misma evaluación positiva en la pluma de su editor de finanzas, Omar Manrique, quien, entre otras grandes virtudes, enumera: la limitación del accionar del Estado en la economía y su confinamiento a un papel subsidiario, el amplio programa de privatizaciones de empresas estatales, y los contratos-ley con el sector privado, mediante los cuales el Estado peruano “establece garantías y otorga seguridades”. Ya desde el campo político fujimorista, el alcalde de la ciudad de Cajamarca y ex Secretario General de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, ha escrito en X: “A los odiadores (…) Alberto Fujimori les deja su Constitución por la que juran cada cinco años y su gran obra que no podrán soslayar.” ¿Cómo explicar entonces los ímpetus reformistas y deconstituyentes que se han reflejado en las encuestas de opinión, y más importante aún, en los estallidos sociales?

¿Olvidadizos y desagradecidos? 

Fue a partir de las protestas contra la efímera presidencia de Manuel Merino, en noviembre del 2020, que el tema de un cambio de Constitución sale de los estrechos círculos académico-políticos a los que se circunscribía, y llega a convertirse en un asunto de interés público (Tanaka, Lynch). El “Informe de Opinión-Diciembre 2020. Cambios o nueva Constitución”, elaborado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), reveló que un contundente 48% de los encuestados, creía que debería cambiarse la Constitución vigente por una nueva, mientras que un 49%, estaba a favor de introducir cambios en ella, ¡entre los que descollaba, promover una mayor intervención económica del Estado!

Mucha agua y sangre han corrido bajo los puentes de nuestras acostumbradas “crisis” político-sociales de estos últimos años, aunque la palabra crisis, como Luis Pásara afirma con mucha razón, no es la adecuada para describir un estado en que las cosas no están mal, sino que son malas. El estallido popular de diciembre 2022/marzo 2023 -que tuvo precisamente como una de sus principales reivindicaciones democráticas, la elaboración de una nueva Constitución por una Asamblea Constituyente-, y que se saldó con la represión brutal y el asesinato de decenas de compatriotas, es una clara evidencia de lo malas que son las cosas en nuestro país. 

La última encuesta de IEP que trató sobre el tema constitucional, fue publicada en noviembre del año pasado, mostrando que el 40% de los encuestados, aún se inclinaba por una nueva Constitución, mientras que el 48% lo hacía por introducir modificaciones ¿Por qué tantos compatriotas no están conformes con la Carta Magna que nos habría permitido alcanzar tantos éxitos económicos y sociales? ¿Somos los peruanos un pueblo de olvidadizos y desagradecidos? Intentemos dar una respuesta a esta última pregunta, sin entrar a valorar la veracidad de la prédica profujimorista de los grandes logros, y recurriendo más bien a un concepto denominado “sentimiento constitucional”. 

El sentimiento constitucional

Hace dos mil quinientos años, Aristóteles escribió: “Es preciso que todos los ciudadanos sean adictos, tanto como sea posible, a la Constitución”. Esta “adicción”, entendida como una conexión emocional profunda, a menudo inconsciente, que los ciudadanos profesan hacia las normas e instituciones fundamentales de su país (y que no presupone un conocimiento pormenorizado de las mismas), ha venido a denominarse en tiempos modernos, el “sentimiento constitucional”. Pablo Lucas Verdú, eminente jurista español, señala que esta conexión proviene esencialmente del convencimiento de los ciudadanos, que sus normas e instituciones son buenas y convenientes para la integración, mantenimiento y desarrollo de una justa convivencia. Karl Loewenstein, uno de los padres del constitucionalismo moderno, ha calificado este sentimiento como la “conciencia de la sociedad”, la misma que permite el establecimiento de un orden comunitario. La debilidad o ausencia del sentimiento constitucional, pone de manifiesto una carencia de integración social, y es característica de las jóvenes democracias… y de las fallidas. Dudamos sinceramente que alguna de nuestras doce constituciones, haya generado tal conexión emocional con los peruanos, menos aún la de 1993, que no fue el producto de una exigencia del pueblo ni de sus representantes democráticamente elegidos, que no contó con mecanismos apropiados para la discusión e incorporación de propuestas provenientes de la sociedad civil, y de cuya aprobación en referéndum, existen claros indicios de haberse obtenido mediante fraude. Esto explicaría nuestro mayoritario desapego hacia la Constitución del 93 y muy probablemente, una buena parte de nuestros problemas presentes y pasados.

Interesantemente, en su más reciente libro “La dictadura de la minoría”, Levitsky y Ziblatt, señalan cómo los estadounidenses profesan “una devoción casi religiosa” hacia su Constitución, y por ello se resisten a la idea de que ésta pueda tener deficiencias o necesidad de actualización. Un caso extremo de sentimiento constitucional refractario a cambios, que contrasta nítidamente con nuestra realidad, en la que han sido los grupos de poder económico y sus representantes político-mediáticos, acompañados de una franja muy minoritaria de la población, los que se han opuesto encarnizadamente a cualquier modificación constitucional, estableciendo, en los hechos, una suerte de “dictadura de la minoría” (siguiendo la terminología de Levitsky y Ziblatt). Sin embargo, esta situación viene cambiado aceleradamente por obra y gracia del actual Congreso, cuyas modificaciones a la Constitución del 93, entre las ya realizadas y las previstas, habrán significado el cambio de un 40% de su contenido original. Es lo que Juan De la Puente ha calificado de “ruptura del inmovilismo constitucional” y “activismo reformista”, en su imprescindible obra “La Constitución peruana revisión crítica actualizada” que acaba de publicarse. ¿Qué ha sucedido para que “los defensores de la intangibilidad de la Carta de 1993 pasen a oficiar de sus principales reformadores” y cuáles serán las consecuencias para el futuro de nuestra convivencia social y de nuestra democracia, este “ciclo inconstitucional”? La discusión queda abierta.  

Tags:

Constitución, Crísis, sentimiento

Un castillismo para el 2026

Por: 8.07.2024

[CIUDADANO DE A PIE] La accidentada y trunca presidencia de Pedro Castillo, la enérgica reacción popular suscitada por su destitución/encarcelamiento, y la tanto ilegítima como letal represión gubernamental resultante -tal como la ha calificado Amnistía Internacional-, han establecido un antes y un después en la política peruana de este siglo. Un siglo que, sin embargo, se inició bajo los buenos auspicios de una regeneración democrática, que al 2024, se han vistos incumplidos, como así lo evidencia la contundente regresión autoritaria y mafiosa que se ha instalado en las esferas gubernamentales y legislativas de nuestro país. Lentamente, el país va ingresando a un periodo pre-electoral caracterizado por la imposición de leyes y modificaciones constitucionales que buscan únicamente favorecer a los partidos actualmente presentes en el Congreso. Es en este inestable marco político que resulta pertinente preguntarse cuál podría ser el nivel de participación e influencia de Pedro Castillo en las próximas elecciones, máxime cuando su abogado y exministro, Walter Ayala, ha declarado recientemente, que su patrocinado desea “volver al poder”. Aunque resulta prácticamente imposible que el expresidente pueda candidatear en un futuro cercano, dada su previsible inhabilitación por el actual Congreso, esto no sería impedimento para que, como bien ha señalado Mirko Lauer en La República, pueda reciclarse en algún “partido castillista”, creado para tal fin, o en agrupaciones ya inscritas ante el JNE, dispuestas a jugar la “carta castillista”, como “locomotora parlamentaria”. Pero, ¿qué es y qué no es el Castillismo, una ideología, un movimiento, un sentimiento? Frente a quienes, como el politólogo Alberto Vergara, niegan llanamente su existencia, o al hipercrítico neoliberal Álvarez Rodrich, para quien un “castillismo sin Castillo” es poco menos que un imposible, intentemos esbozar algunas reflexiones al respecto.

Un populismo pragmático

El triunfo electoral de Pedro Castillo en el 2021, fue en gran parte posible gracias a la combinación de lo que Carlos Meléndez calificó como un “populismo silvestre”, carente de referencias intelectuales, pero animado por un fuerte sentimiento compartido de injusticia y explotación, y de un implícito “populismo étnico” en virtud del cual Castillo encarnaba a los pueblos originarios de nuestro país, a la vez que los representaba en su totalidad (en nuestra nota precedente tratamos este tema con amplitud https://sudaca.pe/noticia/opinion/pedro-castillo-tantas-veces-populista/).

María Esperanza Casullo, politóloga argentina y autora del libro “¿Por qué funciona el populismo?” ha escrito: “Aún el populismo más extremo debe mantenerse en el poder, lo cual implica gobernar, y esto requiere al menos cierto grado de capacidad tecnocrática.” Ya en el gobierno, pronto se hizo evidente que Castillo no contaba, salvo honrosas excepciones, con los cuadros técnicos calificados, no solo para emprender las grandes transformaciones prometidas, sino en muchos casos, para simplemente administrar los asuntos corrientes de la administración pública, haciéndose realidad aquello expresado por Juan Domingo Perón, el más prominente líder populista latinoamericano, hace más de seis décadas: “Una revolución no puede perder el tiempo, y si es el caso, se desprestigia y se viene abajo. Una revolución que improvisa no es una revolución.” Pero esta carencia fue solo una parte del problema pues, como Gino Costa ha reconocido en su muy reciente libro “La democracia tomada”: “Las condiciones políticas en las que asumió la presidencia de la república Castillo fueron muy adversas, y lo hubieran sido para cualquiera, más aún para él.” En efecto, sin una mayoría parlamentaria y con una derecha desatada, resuelta a vacarlo a la primera de bastos, haciendo uso para ello de sus potentes armas políticas, mediáticas y legales, Castillo se vio reducido a conducir, lo que Juan de la Puente ha llamado un “populismo pragmático”, un gobierno preocupado antes que nada en su supervivencia, recurriendo para ello a estrategias sospechosas de ilegalidad, de las que la justicia deberá pronunciarse oportunamente. En esta tesitura, el “castillismo” nunca pudo constituirse en una forma progresista de gerenciar el Estado, como sí sucedió, por ejemplo, con el correísmo y el lopezobradorismo. No contó con los medios, las condiciones, ni el tiempo para ello.    

Un castillismo simbólico

Incluso quienes, desde posiciones de izquierda, critican duramente a Castillo, no pueden dejar de valorar aquello referido por Jorge Frisancho en “Estallido popular. Protesta y masacre en Perú, 2022-2023”: “Hay, sin embargo, un aspecto en el cual el ascenso de Pedro Castillo significó un cambio sustancial. Se dio -se da- en el terreno simbólico y en el campo general de la imaginación política. Un sector amplio de la ciudadanía, con particular, pero no exclusiva intensidad en el sur andino, se identificó con la idea de Castillo en Palacio, se vio genuinamente representado en él, y percibió que su encumbramiento operaba una apertura de cotos previamente cerrados del poder en el Perú, dándole acceso, aunque solo fuera en abstracto y de un modo puramente potencial, a millones de peruanos sometidos a una pluricentenaria historia de exclusión.” Es precisamente en el terreno simbólico en donde los actores políticos, sociales y mediáticos se enfrentan por la hegemonía cultural, social y política. Más allá de sus limitaciones personales, Pedro Castillo se convirtió en un símbolo, el símbolo de un “nosotros”, constituido por los cientos de miles de peruanos que salieron a las calles a protestar tras su caída, enfrentándose a pecho descubierto a un “ellos”, tan bien caracterizado por Héctor Béjar como “una presidenta espuria, un Congreso dominado por un pequeño grupo de militares y marinos retirados vinculados con el Opus Dei, unos tres o cuatro jefes de bandas criminales dueños de partidos y cadenas de universidades privadas que usan la política como coartada, unos cuantos jueces y fiscales corruptos, banqueros y poderosos comerciantes y constructores, la que podríamos llamar una lumpen burguesía.” Enérgica y valerosa reacción en un país, en donde al decir de Alberto Vergara, “nadie es castillista”.

Plebeyo, y politizado     

En enero del 2023 y en plena efervescencia de las protestas populares en Puno, en una nota publicada en este mismo medio (https://sudaca.pe/noticia/opinion/jorge-velasquez-puno-polvorin-etnico/), evocábamos la expresión de Ricardo Cuenca “apropiarse del tiempo”, para referirnos a un movimiento étnico, actuando colectivamente frente al Estado y otros grupos dominantes, buscando transformar el orden social existente. Pero ha sido la socióloga y exministra Anahí Durand quien, en su libro “Estallido en los Andes. Movilización popular y crisis política en el Perú” -de lectura indispensable en la actual coyuntura política-, ha caracterizado, con mayor precisión, a los ciudadanos que se movilizaron durante las protestas, y que ella denomina -siguiendo la estela de pensamiento del intelectual y político boliviano Álvaro García Linera- un “sujeto plebeyo”, el cual “emerge de la experiencia compartida de dominación y asume los contornos de una sociedad abigarrada y multiforme donde la condición de clase convive con formas comunitarias (…) este Perú plebeyo configurado por las condiciones e informalidad, precariedad y exclusión que genera el neoliberalismo. Son sectores históricamente subordinados de la sociedad política debido a la herencia colonial y la permanente crisis de representación.” Más adelante, Durand agrega: “sujeto plebeyo, multiforme y cambiante, que avanza en conciencia política y podría constituir su propia representación… (que) puede liderar la conformación de un bloque plebeyo, que profundice la democracia acordando un nuevo pacto social plasmado en una nueva Constitución escrita con participación de ellos mismos.”. Una mayor politización implica una mayor posibilidad de avanzar en la emancipación, nos señala el académico y político español Juan Carlos Monedero, mientras que, por su parte, Andrés Manuel López Obrador considera como uno de los principales logros del proceso de cambio que él ha liderado en México, la politización y el empoderamiento de su pueblo. Es pues, justamente, en la politización de este sujeto plebeyo que conforma el “Perú insumiso” de hoy, como lo ha denominado Juan de la Puente, en que se encuentra la clave para la supervivencia y vigencia del castillismo. Frente a las propuestas cavernarias, elitistas, entreguistas y mafiosas de la derecha peruana, aquellos que aún se sienten próximos al encarcelado expresidente, pueden asumir su legado simbólico y -corrigiendo los errores- construir una opción nacional-popular portadora de un claro mensaje de inclusión, justicia social y democracia. Este castillismo tendría, qué duda cabe, un lugar asegurado bajo el sol.

Tags:

castillismo #simbolismo, hegemonía, Politización

Pedro Castillo, tantas veces populista

Por: 26.03.2024

El fenómeno político denominado “populismo”, cuyos inicios algunos sitúan en la Rusia del siglo XIX, no ha dejado de extenderse por el mundo, incluso entre las democracias liberales más avanzadas, desmintiendo en los hechos, los pronósticos de intelectuales de diversa orientación, como Germani y Hofstadter, que veían al populismo como una “anormalidad transitoria”, producto de crisis socioeconómicas, las que una vez resueltas, cederían automáticamente el paso a un retorno a la normalidad democrática. En lo que respecta a nuestro país, y desde las elecciones generales de 1990, hasta las más recientes del 2021 -con la inesperada victoria de Pedro Castillo-, nuestros sucesivos presidentes han mostrado inequívocos comportamientos “populistas”, y todo permite anticipar que así seguirá siendo en el futuro. Pensamos por ello, que quienes dan por finiquitada la figura de Pedro Castillo y del populismo -o más bien de los populismos- que él encarna, cometen un error. La manera en que este “maestro, campesino y rondero” llegó a ocupar la presidencia, su experiencia gubernamental trunca y las consecuencias sobrevenidas, influirán sin duda, y de manera tangible, en la forma de hacer política en el Perú.        

Populismo: una definición complicada 

Se afirma que cuando existen muchas definiciones sobre un tópico, es que ninguna de ellas es satisfactoria. Nada más cierto para el término “populismo”, del que existen diversos intentos de conceptualización, entre los que destaca el del politólogo neerlandés Cas Mudde, para quien el populismo es una “ideología delgada” (con escasos y poco desarrollados planteamientos) y porosa (necesariamente asociada a ideologías gruesas o huésped, como el socialismo y el liberalismo), que divide a la sociedad en dos grupos homogéneos y antagónicos: el “pueblo” puro -del que los populistas son los únicos representantes legítimos- y una corrupta élite/establishment; ambos enfrascados en una lucha moral que se asienta en la noción de soberanía popular. Es a esta definición, en extremo minimalista, a la que nos ceñiremos, debido a su amplia utilización en medios académicos y periodísticos, a pesar de su falta de especificidad y normatividad, tal como lo hemos señalado en nuestra nota precedente, con ocasión de la publicación del libro del  sociólogo y politólogo Farid Kahhat, sobre la derecha radical populista latinoamericana (https://x.com/sudacaperu/status/1760374649077051655?s=48). 

El “marxista populista” 

En el libro publicado en 2022, bajo el título “Populistas ¿Cuán populistas somos los peruanos? Un estudio empírico.”, el politólogo Carlos Meléndez, describía el triunfo electoral de Pedro Castillo, como el resultado de “la narrativa populista más exitosa de la historia reciente peruana”, un inédito “marxismo-populismo”, nacido de la conjugación de la cosmovisión nacional del candidato chotano, y de los planteamientos ideológicos marxistas de su jefe de campaña, el neurocirujano y exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón. Sin duda, un ejemplo de manual para la definición de Mudde -que Meléndez asume explícitamente-, en donde la ideología delgada, sustentada en la “narrativa populista” del “sindicalista básico” Pedro Castillo (Guido Bellido dixit), resulta asociada al marxismo-leninismo-mariateguismo de Perú Libre, el cual cumple el rol de ideología gruesa y suministra las propuestas programáticas. Sin embargo, Meléndez no hace referencia directa al hecho de que este “marxismo-populismo” de la primera vuelta, se transmutó muy pronto en uno de corte socialdemócrata reformista en la segunda. Este cambio, impulsado por el recién incorporado entorno “caviar” del candidato, fue importante a la hora de captar los ampliamente mayoritarios y determinantes votos antifujimoristas no ideologizados pero bastante movilizables, y aunque el nuevo programa de Castillo se distanciaba, en no pocos detalles, del “Ideario y Programa” original de Perú Libre, esto no fue suficiente para contentar ni calmar a una derecha neoliberal y conservadora, la que, en la pluma de uno de sus más connotados voceros, Jaime de Althaus, advertía: “la ideología marxista-leninista no solo distorsiona la percepción de la realidad, sino también la acción, al punto de postular al partido como vanguardia del pueblo para tomar el poder por medio de la lucha armada y el asesinato de inocentes. La “guerra popular” ha sido dejada de lado por el momento, pero la política se convierte en la guerra por otros medios.” Esto es algo que marcó, de manera nada soslayable, el devenir de Pedro Castillo como presidente, y que deberá ser tomado muy en cuenta por futuros candidatos progresistas: para las derechas neoliberales, toda propuesta que contemple una regulación del mercado, por acotada que sea, y una participación del Estado en la economía, es pura y llanamente populismo y comunismo, que deberán ser combatidos sin tregua ni contemplaciones.

El “populista silvestre”

Curiosamente, es el propio Meléndez quien afirma, que la victoria de Pedro Castillo se explica, no por la “ideología gruesa” marxista-leninista de Perú Libre -ni la socialdemócrata caviar, agregaríamos nosotros- sino por la “autenticidad” del candidato, cosa que contradice directamente a Mudde, para quien el líder no es central en su definición de populismo. Y vaya que Meléndez considera central la figura de Castillo, de quien llega a afirmar: “Nada más representativo del campo anti-establishment que un maestro de educación pública rural, de sombrero de paja, quien nos hacía recordar permanentemente su origen de una de las regiones más postergada del país. Así, la demanda populista latente y ávida de una oferta, de un portador del discurso anti-establishment, finalmente conectó.” Esta conexión del candidato, con un electorado constituido por “una masa amorfa, informal, sin consciencia de clase ni virtudes cívicas, aunque imbuida en el sentimiento de compartir una situación de desventaja injusta.”, pudo establecerse, gracias a lo que este autor denomina un “populismo silvestre convertido en sentido común”, entendido este último como las ideas, valores y visiones, con las que Castillo entiende la sociedad y la política peruana, y cuya simpleza, “desprovista de referencias intelectuales”, pudo calar rápidamente en un grueso sector del electorado desengañado de la política. Según Meléndez, el populismo silvestre castillista tendría a saber tres fuentes esenciales: la escuela pública, transmisora de una historia del Perú protagonizada, desde la Conquista, por un “pueblo” explotado, humillado y violentado por una clase explotadora decadente moralmente; un dicotómico y pasadista sindicalismo rural de raíces velasquistas, rentista en lo económico (es suficiente distribuir la propiedad para terminar con la pobreza) y poco afecto a la autoridad democrática (nadie manda a nadie); y en último término, pero no menos importante, la religión, con su visión del mundo como un campo de batalla entre el pueblo bueno, unido colectivamente por la Fe, y las élites endemoniadas corruptas. Este populismo silvestre, sería el que en última instancia permitió la victoria de Castillo, y el que pensamos, reaparecerá, bajo una forma u otra, en las próximas elecciones.

  

El “populista étnico”

Entrevistado por la revista “Jacobin América Latina”, poco antes del ballotage del 2021, Farid Kahhat, se refirió a los votantes castillistas en la Sierra sur de la siguiente manera: “Hay varias características comunes, como etnicidad o clase social en el voto rural. Y ahí tiene algo muy similar con Evo Morales. Castillo, como Morales, no tiene un discurso político que enfatice su identidad étnica como base de respaldo político, pero tampoco necesita hacerlo: parte del electorado parece hacer esa asociación en forma espontánea (…) Él no necesita reivindicar su origen indígena (que, por lo demás, suele implicar un origen popular) para que sus votantes hagan esa asociación.” Esta idea, expresada de manera simple por Kahhat, corresponde a lo que la politóloga argentina María Esperanza Casullo, ha denominado una “sinécdoque corporal”, que no es otra cosa que la manera en que el cuerpo del líder populista y su comportamiento público (performance) simbolizan su pertenencia al pueblo, a la vez que lo representa en su totalidad. Los rasgos del líder, su manera de vestir, de peinarse, de hablar, de gesticular, se convierten en una suerte de espejo en el que el pueblo puede reconocerse, generándose, en consecuencia, un fuerte lazo sentimental entre los representados y el líder representante. Esta “sinécdoque corporal” resulta tanto más exitosa, cuanto más rompa el modelo de los políticos tradicionales, y mejor contraponga lo popular a lo ostentoso y refinado. Pedro Castillo ha marcado indeleblemente un antes y un después en esta materia, pues nadie como él, había podido hasta entonces representar, de manera más fidedigna, el ser, el sentir y el pensar de los pobladores andinos, en el marco de una contienda electoral, a lo que debe agregarse su condición de maestro, rondero y líder sindical, figuras muy respetadas en el mundo rural andino y sus círculos gremiales ¿Surgirá en el futuro algún candidato que pueda reunir estas peculiares características y movilizar masivamente el voto popular a su favor?  

El “populista intrascendente” 

Todas estas facetas populistas de Pedro Castillo contribuyeron, en mayor o menor medida, a su ajustado triunfo electoral, pero no podían, por sí solas, asegurar el éxito de su presidencia, cuyo    desafortunado derrotero -que Alberto Vergara ha calificado duramente como un “populismo intrascendente”- no ha hecho sino contribuir a acelerar el proceso de deterioro de nuestra democracia y a intensificar los sentimientos de injusticia, discriminación e indignación en quienes depositaron sus esperanzas de cambio en el cajamarquino. A medida que pasa el tiempo desde aquel 7 de diciembre del 2022, en que Castillo fue vacado y encarcelado -con el resultante estallido de protesta popular -, vienen publicándose diversas interpretaciones de lo sucedido. A ello, y a lo que el expresidente puede representar en el futuro, dedicaremos nuestra próxima nota.   

Tags:

#populismo #castillismo #elecciones

La verdadera derecha radical

Por: 21.02.2024

El reconocido sociólogo e internacionalista Farid Kahhat, viene de publicar un segundo libro dedicado al tema de la “derecha radical populista” (según la denominación propuesta por el politólogo neerlandés Cas Mudde), y que lleva por título “Contra la amenaza fantasma. La derecha radical latinoamericana y la reinvención de un enemigo común”. En esta reciente entrega, como en la precedente “El eterno retorno. La derecha radical en el mundo contemporáneo” del 2019, Kahhat hace un interesante y documentado análisis descriptivo de esta ideología, de sus orígenes y de las posibles razones de su actual auge expansivo en la escena política de los EE. UU, Europa y América Latina, al tiempo que pasa revista, tanto a sus más connotados líderes (Trump, Le Pen, Abascal, Bolsonaro, Milei), como a algunos de sus rivales ideológicos más reconocidos (López Obrador, Evo Morales, Rafael Correa). Recomendamos sin reservas la lectura conjunta de ambos libros, pues no solo se complementan desde el punto de vista de la geografía política y sus condicionantes -el declive de la socialdemocracia en Europa y la “marea rosa” de gobiernos progresistas latinoamericanos- sino que ambos parten de los mismos modelos teóricos de interpretación, lo cual facilita enormemente la comprensión del texto. Pero quizás, como bien lo ha señalado Juan Carlos Tafur en su reseña (https://sudaca.pe/noticia/opinion/juan-carlos-tafur-contra-la-amenaza-fantasma/), el mayor interés del trabajo de Kahhat, es que permite polemizar con él y ahondar en el debate, cosa que pretendemos hacer en esta nota, refiriéndonos a tres aspectos que consideramos importantes: la definición de populismo, la diferenciación entre populismos de derecha e izquierda, y la conveniencia de caracterizar a la derecha radical populista como una ideología muy próxima, si no totalmente asimilable, al fascismo.

¿A que llamamos populismo?

Definir apropiadamente el populismo, es una difícil tarea no exenta de sesgos ideológicos, al punto que el sociólogo y periodista italiano, Marco d’Eramo señala, irónicamente, que populismo es un concepto que califica más a quienes lo utilizan que a quienes se describe con él. Kahhat eligió para su análisis la definición propuesta por Mudde y Rovira en “Populismo. Una breve introducción”. Esta definición, tan socorrida como criticada por su “minimalismo”, puntualiza que el populismo consiste en dividir a la población de un país entre el «pueblo», como un todo indiferenciado -de la que los populistas son los únicos representantes legítimos-, y las «élites», que controlan el gobierno y la economía en beneficio propio. El problema con este tipo de definiciones, es que, por una parte, al ser demasiado generales y laxas, permiten etiquetar como “populista” a prácticamente cualquier movimiento, partido o líder, según el gusto del cliente -así por ejemplo, periodistas de derecha como de Althaus, Álvarez Rodrich y Tafur relacionan de forma sistemática al populismo con la izquierda, la corrupción, la ineficiencia y el clientelismo-, y por otro lado, como bien lo señala el sociólogo ecuatoriano Carlos de la Torre, al carecer deliberadamente de criterios normativos, estas definiciones no permiten discernir si un determinado populismo es un riesgo, o un correctivo para la democracia. En este último sentido, resulta coherente que Kahhat haya elegido esta definición minimalista, pues a diferencia de otros autores que han tratado sobre las derechas y el populismo (Traverso, Brown, Forti), no emite ningún juicio de valor personal sobre esta corriente política -cuasi unánimemente calificada como una amenaza para la democracia-, lo que resulta cuanto menos llamativo.

Hace algunos días, en su cuenta X, Rosa María Palacios escribía: “El populismo y la corrupción no es patrimonio ni de la izquierda, ni de la derecha.” De acuerdo, pero ¿sería posible particularizar ideológicamente lo que sería un populismo de derecha y uno de izquierda?

¿Es posible aún hablar de izquierda y derecha?

El título mismo del último libro de Kahhat, así como su argumentación a todo lo largo de él, nos invitan a pensar que la izquierda latinoamericana no sería ya sino un fantasma, un ente imaginario al que racionalmente no debería considerarse una amenaza, pero cuya creación “de toutes pièces», resulta indispensable para brindarle a la derecha radical un “sentido de propósito” y la energía necesaria en su batalla épica contra un conspiranoico “marxismo cultural” del que nadie se reclama miembro (en clave aguafiestas, le señalamos al autor que nadie tampoco se reclama como neoliberal… y sin embargo abundan). Pero Kahhat ha ido aún más lejos en su minusvaloración de la izquierda, al declarar en una entrevista, que la dicotomía izquierda/derecha “no tiene más la capacidad explicativa de hace cincuenta años. Si es que alguna vez la tuvo.” No entraremos aquí en sesudas argumentaciones para rebatir esta afirmación, muy frecuente por cierto entre quienes defienden la supremacía de lo tecnocrático sobre lo político en el buen gobierno de los pueblos, bástenos simplemente adoptar la muy aceptada, a la vez que simple, distinción izquierda/derecha propuesta por el destacado filósofo y politólogo italiano Norberto Bobbio: la izquierda y la derecha son distinguibles nítidamente en sus posicionamientos con respecto a la igualdad, así, mientras la izquierda considera las desigualdades sociales y económicas como artificiales y negativas -que deben por tanto ser activamente eliminadas por el Estado-, la derecha concibe las desigualdades no solo como naturales, sino como positivas, por lo que deben ser defendidas, o al menos ignoradas, por el Estado. Partiendo de esta perspectiva, Barry Cannon, especialista irlandés en política latinoamericana, señala que este apego a la desigualdad, tan arraigada en la derecha de América Latina, se traduce en la defensa de un orden social jerarquizado, no solo a nivel de clase socio-económica, sino también de género, etnia y sexualidad. Cannon agrega que, en el actual período histórico, el neoliberalismo es el principal vehículo ideológico y programático que asegura esta tarea. La derecha radical populista defiende -si muchas veces no de palabra, siempre con los hechos-, un neoliberalismo enfrentado con numerosos grupos sociales segregados, excluidos y subordinados, los mismos que no necesariamente se identifican con el socialismo o el marxismo, pero que invariablemente son calificados como “rojos”, “comunistas” “subversivos” y “terroristas”. En este marco conceptual, y siguiendo los importantes trabajos del argentino Ernesto Laclau y la belga Chantal Mouffe, plasmados en sus numerosas publicaciones, es posible diferenciar claramente entre los populismos de derecha e izquierda: mientras los populismos de derecha intentan construir un “pueblo” del que se excluyen numerosas categorías sociales, vistas como amenazas para la identidad y/o la prosperidad de una sociedad, los populismos de izquierda denuncian y se oponen a las élites y oligarquías que sostienen el statu quo, estableciendo una frontera entre los de “abajo” y los de “arriba”. Los populismos de derecha, por su ADN ideológico, nunca abordarán las demandas de igualdad, inclusión y justicia social, mientras que estas mismas demandas son el rasgo definitorio de los populismos de izquierda, y ello, agreguemos, con las glorias y las miserias conocidas de todos.

¿Derecha radical populista, o fascismo?  

En “La ultraderecha hoy” del 2019, el ya mencionado Cas Mudde, distingue dos grupos que conforman la ultraderecha: la “extrema derecha” -que rechaza de plano la democracia liberal-, y la ya mencionada “derecha radical populista” (a la que Kahhat denomina simplemente derecha radical por “economía de lenguaje”), que en principio acepta la democracia, pero que termina destruyéndola desde dentro con su concepción autoritaria del orden social y un absoluto rechazo a los derechos de las minorías (culturales, raciales, sexuales), asociado generalmente a algún tipo de supremacismo. Enzo Traverso, reputado historiador de las ideologías, se muestra menos condescendiente con la derecha radical, calificándola llanamente de “posfascismo”, una mezcla de autoritarismo, nacionalismo, conservadurismo, populismo, xenofobia y desprecio del pluralismo, que, si bien no busca emular al fascismo de los años 20 y 30 del siglo pasado, puede hacerse subversivo -como pudo comprobarse con los violentos motines promovidos por Trump y Bolsonaro, con la intención de permanecer ilegalmente en el poder- y evolucionar hacia un “fascismo del siglo XXI” que ya no se contente solo con eliminar “simbólicamente”  a sus adversarios (Carlos de la Torre), sino que eventualmente recurra a las viejas prácticas expeditivas, propias de la “noche de los cuchillos largos”de la Alemania nazi.

La derecha radical populista -o posfascista- en el gobierno, es una experiencia relativamente nueva en Latinoamérica, limitada por el momento a los casos de Jair Bolsonaro en Brasil y Javier Milei en Argentina (tema tratado con cierto detalle por Kahhat). El gobierno de Bolsonaro se caracterizó, entre otras cosas, por una fuerte regresión de los derechos sociales, la desfinanciación de programas de salud y educación para los más desfavorecidos, el aumento de la violencia policial, y un lenguaje de odio contra minorías marginadas. Milei -un verdadero caso paradigmático de derecha radical-, quien ganó la presidencia argentina gracias a una campaña populista hipermediatizada, que prometía acabar con la “casta” política de su país (ver mi nota a este respecto: https://sudaca.pe/noticia/opinion/jorge-velasquez-pomar-la-casta-de-milei/), viene tratando de imponer, con talante autoritario, antidemocrático y represivo, las clásicas medidas neoliberales “austericidas”, que solo favorecen a los grandes consorcios, en desmedro de las clases medias y populares. Muy acertadamente, el intelectual de izquierda e investigador de la Universidad de Buenos Aires, Néstor Kohan, describe al mandatario argentino como un “hijo del neofascismo argentino”, que ha reunido las teorías económicas neoliberales de la “Escuela austriaca”, la doctrina de contrainsurgencia de la dictadura videlista y el pensamiento del libertario Robert Nozick, para quien la justicia social es una aberración. Solo el tiempo nos dirá si la apuesta mileista triunfa, en un país con instituciones democráticas relativamente sólidas y una fuerte tradición sindicalista.

Para concluir

El inmortal Umberto Eco nos alertaba hace 30 años acerca del “fascismo eterno”, señalando que nuestro deber era desenmascararlo en cada una de sus nuevas formas, cada día, en cada lugar del mundo. Creemos sinceramente que Farid Kahhat, con ambos libros, ha contribuido grandemente en este objetivo. Pero también creemos que faltó algo más, algo sobre lo que escribió Steven Forti como corolario de su libro “Extrema derecha. 2.0”: “Si tras haber estudiado un fenómeno que amenaza a nuestras democracias, no se intenta dar un paso más y reflexionar sobre cómo es posible frenarlo, combatirlo y derrotarlo, creo que como ciudadano le haría un flaco favor a la sociedad.” Todos deberíamos sentirnos interpelados.

Tags:

Fascismo, Populismo, Ultraderecha

Atrapados sin salida 

Por: 19.01.2024

[CIUDADANO DE A PIE] Un problema regional

América Latina es hoy por hoy la región más violenta del mundo, en la que se producen algo menos del 40% del total de asesinatos registrados a nivel internacional, a pesar de representar únicamente el 13% de la población mundial. Los hechos ocurridos en Ecuador la semana pasada no hacen sino confirmar esta realidad. Presentamos aquí algunos importantes hallazgos de las investigaciones que, sobre el fenómeno delictivo en Latinoamérica, ha publicado el reconocido especialista Marcelo Bergman en su libro “El negocio del crimen: El crecimiento del delito, los mercados ilegales y la violencia en América Latina.”

La tesis “disruptiva” de Bergman, como él mismo la califica, trasciende las tradicionales explicaciones legales (códigos penales inadecuados) y sociológicas (pobreza, marginación, desempleo) sobre el delito y su expansión. Según el autor, básicamente vivimos las consecuencias de la expansión de un “negocio rentable”, que encontró un hábitat ideal en los tiempos de fuerte crecimiento económico de la región, y cuya rentabilidad es, en última instancia, el resultado de una demanda sostenida de bienes de origen ilícito, acompañada del incumplimiento sistemático de las leyes y de la impunidad resultante de los delincuentes.

Cuestión de equilibrios

Uno de los planteamientos más interesantes del libro, es el análisis la delincuencia sirviéndose de lo que se denomina un “modelo de equilibrio general”, esto es, un conjunto de interacciones entre factores que incentivan, y otros que imponen límites a las actividades criminales. De acuerdo con este modelo, la actividad delictiva en un determinado tiempo y país, alcanzará uno de dos tipos de equilibrio:  el equilibrio de baja criminalidad (EBC), o el equilibrio de alta criminalidad (EAC), aunque siempre es posible el pasaje entre uno y otro.

Un país con EBC se caracteriza por la existencia extendida de mercados secundarios, abastecidos por redes de contrabando y robo, como consecuencia directa de la demanda ciudadana constante de una variedad de productos ilícitos (drogas, autopartes, celulares etc.). Las actividades de estos mercados se realizan prácticamente sin ningún tipo de interferencia por parte de las autoridades. Esta tolerancia se explica generalmente por la recepción de sobornos, aunque también existen razones políticas, tales como asegurar un cierto nivel de satisfacción consumista a sectores sociales, cuyos escasos recursos, no les permitirían adquirir estos bienes por la vía legal. En todo caso, la actividad criminal permanece controlada, restringida y subordinada a los poderes públicos, siempre capaces de ejercer, según las circunstancias y conveniencias, una disuasión efectiva mediante la aplicación de leyes y sanciones. En lo que respecta a la violencia en países EBC (Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina) Bergman señala: “cuando la policía y otras agencias controlan el crimen para su propio beneficio, los niveles de violencia permanecen relativamente bajos.”, y esto debido a que el Estado es capaz de evitar la aparición de poderosos grupos criminales susceptibles de entrar en conflicto entre sí.

En un país con EAC, en cambio, el Estado se presenta como totalmente incapaz de regular y sancionar el negocio criminal, debido a la existencia de bandas con altos niveles de organización y concentración de poder, que cuentan además con eficientes redes de complicidad al interior de las fuerzas del orden, entidades estatales, empresas y la política -sustentadas en el pago de sobornos, financiación de campañas, amenazas y coerción-, o mediante la infiltración directa de sus miembros en estas instancias. Estas bandas no solo se dedican a los lucrativos negocios del contrabando y el narcotráfico, sino que han diversificado sus actividades hacia otros ámbitos más depredadores, como el tráfico de personas, la extorsión, el secuestro, la tala y minería ilegales, los mismos que, dada su altísima rentabilidad, son la causa de constantes luchas por el poder entre bandas rivales. Violencia, corrupción e impunidad caracterizan estos EAC en países tales como México, Colombia, Honduras, Guatemala y ciertas regiones del Brasil, los cuales exhiben, como parámetro distintivo, tasas de homicidios superiores a 20 asesinatos por cada cien mil habitantes.

La inestabilidad delictiva

En ciertas condiciones, que Bergman ha denominado de “inestabilidad delictiva”, es posible una ruptura de estos equilibrios, y el pasaje resultante de un EBC hacia un EAC y viceversa. Un ejemplo de esta última situación es El Salvador, país que ha pasado de ostentar la tasa de asesinatos más elevada del planeta en 2015 (106 por 100 000 habitantes), a la más baja de su historia en 2023 (2.4 por 100 000 habitantes), como resultado de una serie de duras medidas adoptadas -algunas de ellas bastante controversiales- por el gobierno de Nayib Bukele. El paso contrario (de un EBC a un EAC) lo está viviendo dramáticamente Ecuador, que después de haber sido considerado, bajo el gobierno de Rafael Correa, como el segundo país más seguro de Latinoamérica, con una tasa de homicidios de 6.7 por 100 mil habitantes, se ha convertido en el país más violento de la región, con una tasa de asesinatos siete veces superior. La explicación de este fenómeno es doble: por una parte, el desmantelamiento de los entes públicos encargados de la lucha contra el crimen y la rehabilitación de los delincuentes -llevado a cabo por los presidentes Moreno y Lasso-, y por otra, los cambios que han tenido lugar en las organizaciones criminales y los circuitos del tráfico mundial de la cocaína, como consecuencia de las acciones represivas de otros países, que han convertido a Ecuador en un territorio estratégico para el narcotráfico (efecto globo).

¿Y el Perú?                                                      

La afirmación de que en el Perú se encuentran presentes todos los elementos característicos de una situación de alta criminalidad (con la excepción, por el momento, de una mayor tasa de asesinatos), resulta de una experiencia social tan omnipresente, que solo genera una abrumadora sensación colectiva de estar atrapados sin salida, en un país que, como señala Juan Carlos Tafur, se está convirtiendo en el mejor destino de las mafias. Un día sí, y otro también, los medios de comunicación y las redes sociales, nos inundan de noticias de corrupción en todos los niveles de la sociedad, de una delincuencia depredadora con apoyos políticos, y de una desvergonzada impunidad. Todas las últimas encuestas, nacionales y regionales, arrojan resultados similares: la mayoría de peruanos identifica la delincuencia como el problema que más les afecta, y señalan como responsables de esta situación al gobierno central, el sistema de justicia, los congresistas y la Policía Nacional, autoridades que, por otra parte, son identificadas como las más corruptas del país. El evidente fracaso gubernamental de un supuesto “Plan Boluarte por la seguridad ciudadana”, cuya existencia misma ha sido luego desmentida por la propia supuesta autora, no hacen sino incrementar el enojo y la desazón de una ciudadanía cada vez más propensa a demandar “soluciones radicales”, de la mano de algún “Bukele” local. Incluso un personaje de derechas tan sopesado como Jaime de Althaus, reflexionando sobre el tipo de outsider que convendría al Perú, llegaba a la conclusión de que “un Bukele más que un Milei” sería el apropiado. ¿Es realmente esto así? Aunque la situación salvadoreña es muy distinta a la nuestra, el Perú podría sufrir pronto de un “efecto globo”, similar al ocurrido en Ecuador (Farid Kahhat), lo que podría llevarnos a niveles de violencia asesina característicos de los países con EAC. Si esto no ha sido así hasta ahora, y en ello concordamos con Augusto Álvarez Rodrich, es porque “los políticos se llevan bien con las mafias. No hay campañas fuertes contra el crimen organizado y varios congresistas están a su servicio. Ningún político se ha comprado el pleito. Cuando eso ocurra, recién todo cambiará.” ¿Ocurrirá alguna vez?

Tags:

corrupción, criminalidad, impunidad, Negocio, violencia

Periodismo, política y hechos alternativos

Por: 28.12.2023

[CIUDADANO DE A PIE] El XIX Encuentro Internacional de Periodistas, llevado a cabo a inicios de este mes en la ciudad mexicana de Guadalajara, tuvo como invitado a Pablo Iglesias Turrión. Politólogo, fundador de Podemos, exvicepresidente del Gobierno de España y actualmente periodista en medios digitales, Iglesias tuvo a su cargo la conferencia titulada “La delgada línea entre el periodismo y la política.” Su experiencia en movimientos sociales e instituciones democráticas, así como el hecho de haber sido el blanco de una intensa campaña de lawfare, permitieron a Iglesias abordar este complejo tema con un enfoque perspicaz e incisivo, el cual nos ha servido como punto de partida para hacer algunas breves reflexiones sobre el periodismo político en nuestro país.

El periodismo como política 

El desprestigio mundial que sufre la política ha alcanzado niveles paroxísticos en el Perú, donde el sistema democrático representativo atraviesa una profunda crisis causada, como ya ha sido dicho tantas veces, por la ausencia de partidos políticos dignos de ese nombre. Esta carencia se hace particularmente evidente en el paupérrimo nivel moral e intelectual de la mayoría de nuestros congresistas, incapaces como son de articular un discurso propositivo y medianamente coherente. Es en estas condiciones de dolorosa ausencia de liderazgos, que adquiere especial relevancia la observación que hace Pablo Iglesias sobre el nuevo rol que han adquirido los periodistas, en tanto que verdaderos actores políticos e ideológicos en nuestras sociedades. Son ellos quienes, con sus formas de jerarquizar, abordar y analizar la actualidad nacional e internacional, van modelando la opinión pública según sus propias convicciones, motivaciones e intereses. No creemos que exista actualmente un personaje político en nuestro país, cuyas opiniones puedan atraer más la atención que las de un Marco Sifuentes en “La Encerrona” o las de un César Hildebrandt en “Hildebrandt en sus trece”. “La gente ya no milita en los partidos políticos, sino en los medios de comunicación, y no existe proceso político trascendente sin ellos. El poder mediático es el poder político fundamental en sociedades en las que se deja a la gente votar”, afirmó enfático Iglesias.

Medios de comunicación y calidad democrática

El derecho ciudadano a la información veraz sobre los hechos de relevancia pública es, al mismo título que la libertad de expresión y de opinión, pilar fundamental que sustenta el buen funcionamiento de la democracia, de ahí su reconocimiento en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A este respecto, Iglesias plantea dos preguntas muy pertinentes que tocan a la propiedad de los medios de comunicación: ¿Es posible que el periodismo asuma la función democrática que le corresponde, si grandes empresas con intereses económicos particulares, son las propietarias de lo que pueden ver, leer y oír los ciudadanos? Y ¿Tiene protección el periodismo independiente cuando los medios pertenecen a empresas privadas? La recientemente defenestrada periodista Juliana Oxenford podría, sin lugar a duda, responder apropiadamente a estas preguntas, de las que en última instancia, depende la calidad democrática de un país como el nuestro.

El paradigma Fox de los hechos alternativos

En su conferencia, Pablo iglesias hizo referencia a lo que él ha denominado “el paradigma Fox de los hechos alternativos” que recibe su nombre de la cadena norteamericana de noticias Fox, condenada a pagar 787,5 millones de dólares por propagar falsedades en torno a las elecciones presidenciales norteamericanas del 2020. Este paradigma periodístico tiene dos componentes: la legitimación de la mentira informativa con fines políticos, y la relativización de la verdad, consistente en dar versiones diferentes y hasta contradictorias sobre un mismo asunto, con el objetivo de que la gente tenga muchas dificultades para conocer la verdad. Periodismo no es, como afirma el politólogo español, “contar que alguien dice que llueve y que alguien dice que hace sol, sino abrir las ventanas y comprobarlo.” Ambos procederes pueden ser detectados en los medios de comunicación de nuestro país, los que en su inmensa mayoría defienden posiciones de derecha neoliberal. Así por ejemplo, en la portada del último jueves 21 de diciembre, el diario Perú 21 publicó en su portada el siguiente titular: “Fracasó paro contra Milei. Rígido protocolo de seguridad evitó bloqueos y actos de vandalismo de grupos de izquierda.” La realidad es que para ese día en Argentina, no se había convocado ningún paro (por lo que mal podría haber fracasado), sino que se trataba de la marcha trotskista anual conmemorativa -que suele convocar un número modesto de participantes- de las movilizaciones del 2001, que significaron la caída del fracasado gobierno derechista presidido por Fernando de la Rúa. En cuanto al controvertido (por ilegal) “Protocolo de seguridad” de la ministra Bullrich, ese mismo día por la noche, no pudo impedir la movilización de decenas de miles de ciudadanos de todas las tendencias políticas, que llenaron las calles en protesta contra las medidas económicas de Milei, medidas por cierto, muy del agrado, tanto de la línea editorial de Perú 21, como del resto de la prensa concentrada.

La relativización de la verdad es un método más sinuoso y no siempre fácil de detectar. El diario “progresista” La República, cuenta en su plantel de periodistas con dos connotados defensores del neoliberalismo: Rosa María Palacios y Augusto Álvarez-Rodrich, quienes disponen de espacios de opinión en este medio “muy de izquierda” (Palacios dixit) con el que ya quisieran contar personalidades de esa tendencia política. Ambos despliegan lo que bien podría calificarse como una estrategia de “hechos alternativos”. Así, mientras RMP defendía el derecho a la protesta y lamentaba las muertes extrajudiciales ocurridas durante las movilizaciones sociales en el sur del país, AAR abundaba en la tesis gobiernista -sin pruebas hasta el día de hoy- de que las mismas eran instigadas por grupos delincuenciales y extremistas aunadas a oscuras fuerzas foráneas de inspiración izquierdista, lo que desgraciadamente no podía sino justificar indirectamente su brutal represión. Al tiempo que RMP abogaba por un adelanto de elecciones como único medio para superar la crisis, AAR criticaba las marchas en pro de la renuncia de Dina Boluarte, asegurando que estas deberían exigir únicamente el cambio de algunos ministros. Cuando el pasado noviembre, RMP criticó duramente la afirmación de Dina Boluarte de que el Perú “estaba en calma y paz” recordándole la responsabilidad de su gobierno en 49 muertes extrajudiciales y los graves problemas de seguridad ciudadana existentes, el buen AAR afirmaba que Boluarte en el fondo tenía razón. Todo esto podría bien atribuirse al sano derecho de opinión y discrepancia, pero en todo caso, menudo problema habrán tenido los seguidores de ese medio de comunicación, para saber de qué lado se encontraba la verdad, y más aún para  entender cuál es su línea editorial… si es que tiene alguna. Hay algo en lo que RMP y AAR coinciden plenamente, aunque discrepen en ello con el 88% de los peruanos: mantener intocable la Constitución neoliberal de 1993 ¿Sorprende eso a alguién?

¡Feliz 2024!

Tags:

ideología, Periodismo, Política, propiedad, verdad

La “Casta” de Milei

Por: 14.12.2023

[CIUDADANO DE A PIE] El primer discurso del flamante Presidente de la República Federal Argentina, Javier Milei, ha abundado en los tópicos libertarios acostumbrados, pero acompañados esta vez y como era de esperarse de los argumentos, verdaderos o no, que pudieran justificar ante los ojos de su nación la aplicación de las durísimas medidas económicas que se estaban preparando. Para este efecto, y como preludio del ajuste y shock que su gobierno ha puesto ya en marcha sin ninguna “sensiblería progresista”, Milei se ha referido a una inexistente inflación anual del quince mil por ciento y a una supuesta estanflación (estancamiento económico más inflación) que la Argentina vendría padeciendo desde hace una década. Pero lo que más ha llamado la atención de su discurso, ha sido la total ausencia de la palabra que hizo su fortuna política. En efecto, a todo lo largo de sus apariciones mediáticas y mítines, Milei se presentó siempre a sí mismo como un enemigo acérrimo de la “Casta”, y al calor del estribillo ¡La Casta tiene miedo! coreado por sus fervorosos seguidores, prometió solemnemente acabar con ella. ¿Qué explica entonces esta notoria ausencia? Para responder adecuadamente a esta pregunta, analicemos primero los significados que “Casta” posee en términos políticos.

Casta a la italiana

La grave crisis mundial capitalista del año 2007 golpeaba inmisericorde a la sociedad italiana, cuando la aparición del libro “La Casta. Así es como los políticos italianos se han vuelto intocables.”, escrito por los periodistas Sergio Rizzo y Gian Antonio Stella, puso los reflectores de la opinión pública sobre una corrompida clase política que, lejos de interesarse en las urgentes necesidades de los ciudadanos, disfrutaba de un escandaloso tren de vida gracias a sus turbias relaciones con los grupos de poder económico. Este título no era fortuito, pues evocaba directamente el término con el que dos intelectuales italianos de fines del siglo XIX, Gaetano Mosca y Vilfredo Pareto, utilizaron para describir a los miembros de una minoría social organizada que, gracias a una supuesta superioridad moral e intelectual, estaban en condiciones de monopolizar el poder a través del ejercicio de los altos cargos del Estado y disfrutar sin límites de todos los privilegios y ventajas inherentes a su posición. Este afortunado grupo social fue bautizado entonces como “la Casta”. Un siglo después, en 1992, la operación “Manos Limpias” llevada a cabo por fiscales de Milán, y que llevó a prisión a cientos de políticos y empresarios implicados en el pago de millonarias coimas para la adjudicación de obras públicas, mostró claramente el nivel de corrupción que la clase política había alcanzado. Por desgracia, algún tiempo después, el mafioso y recientemente fallecido Silvio Berlusconi, impulsó desde el gobierno el llamado “decreto salva-ladrones”, que excluía de la pena de cárcel los delitos de soborno, fraude, abuso de poder y financiación ilegal, debilitando significativamente la lucha contra la corrupción. Rizzo y Stella no hicieron sino reavivar el profundo malestar de la sociedad frente a los privilegios y corruptelas de una clase política al servicio de turbios intereses empresariales, y a partir de ese momento “Casta” terminó incorporándose al lenguaje cotidiano.

Casta, prensa y poder judicial

¿Qué futuro tiene un país como España donde las casi 80.000 personas que forman la clase política, están envueltas en un velo informativo sobre el despilfarro de sus privilegios? Para responder a esta lacerante interrogante autoimpuesta, el periodista Daniel Montero publicó en 2010 “La casta: el increíble chollo (ganga) de ser político en España”, una adaptación del libro escrito por Rizzo y Stella a las realidades de una España que vivía su propia crisis económica bajo el gobierno del socialista Rodríguez Zapatero. Como consecuencia de esta crisis, el 15 de mayo del 2011 se desató un movimiento de protestas pacíficas en toda España -conocida como “Movimiento de los indignados” o del “15-M”- que bajo el lema “Democracia real ya. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”, buscaba promover una participación directa de la ciudadanía mediante un estilo asambleario. Fruto de esta movilización social surgió “Podemos”, una agrupación que, descartando la clásica división de la política en izquierda-derecha, adoptó un eje de confrontación los de arriba versus los de abajo, o como se repitió mucho entonces “la Casta contra los nadie”. Este nuevo planteamiento tuvo mucho éxito y Podemos no solo canceló el tradicional bipartidismo español PP/PSOE, del que los grupos de poder económico se habían servido por décadas para imponer sus intereses, sino llegó a formar parte del gobierno entre el 2019 y el 2023, impulsando importantes medidas de carácter social. Como era de esperarse la Casta española, definida por el politólogo Manuel Monereo como una “trama organizada de poderes económicos, políticos y mediáticos que hace de la corrupción un componente estructural del sistema político”, ha hecho uso de todos sus recursos para debilitar la agrupación, cosa que por cierto ha conseguido en buena medida, gracias a incesantes campañas periodísticas difamatorias, a las que se sumaron delirantes causas judiciales a cargo de jueces afines a la derecha y que terminan por archivarse debido a su absoluta falta de sustento.

En Argentina, “la Casta está en orden” (Roberto Caballero, periodista)

Las experiencias italiana y española han permitido caracterizar a la Casta como una organización delictiva con cuatro componentes fundamentales: el político, el económico, el mediático y el judicial, los cuales se articulan y coordinan estrechamente con la finalidad de mantener el statu quo que les es favorable, sea mediante el soborno, la manipulación, la desinformación o la coerción. ¿Coincide esta definición con el pensamiento de Milei? Preguntado al respecto semanas atrás, el entonces candidato precisó que, en su concepto, la Casta agrupaba a políticos corruptos y los profesionales cómplices (economistas, abogados…), empresarios prebendarios, sindicalistas que entregan a sus trabajadore y micrófonos (periodistas) ensobrados (sobornados) que ocultan negociados. Esta definición dada por Millei, es bastante asimilable a la que acabamos de plantear, con dos salvedades: no incluye al poder judicial -cosa que los libertarios evitan debido a los importantes nexos de la derecha argentina con este poder del Estado- e inserta en cambio a los dirigentes sindicales, lo que corresponde naturalmente a su lógica de guerra contra el Peronismo de fuerte arraigo gremialista. Esta Casta “ladrona” con la que “nunca se negociará” declaró, sería extirpada totalmente de la conducción del país pues “es imposible hacer una Argentina con los mismos de siempre.” La realidad viene siendo en este y otros aspectos muy diferente, tal y como lo ha expresado el sociólogo y periodista Ernesto Tiffenberg: “Abandonados la dolarización, la voladura del Banco Central, la ruptura con China y Brasil y el repudio a la casta, poco queda de aquellos vestidos tan mágicos como extravagantes con que supo conquistar la imaginación de tantos argentinos.” En efecto, el nuevo gobierno mileista incluye una legión de “castatarios” neoliberales, ligados al expresidente derechista Mauricio Macri, cuyo fallido gobierno, según el propio Milei, intentó “restaurar un régimen fascista donde empresarios y políticos corruptos hacían negocios a espaldas de los trabajadores.”  La lista es larga y siniestra -no en vano Macri afirmó que “La Libertad Avanza” era fácilmente infiltrable-, pero de ella cabe destacar la figura de  Luis “Toto” Caputo, nuevo ministro de economía, y artífice del ilegal, descomunal e impagable endeudamiento de la Argentina con el FMI por 44 500 millones de dólares en el año 2018, gran parte de los cuales fueron utilizados irregularmente para pagar a fondos especuladores internacionales, además de estar acusado él mismo de servirse del fondo estatal de pensiones argentino para beneficio de una de sus empresas. Ahora es fácil entender claramente porque la palabra “Casta” no podía ser pronunciada en el discurso de Milei del domingo último. ¿Qué razones pueden haber llevado al mandatario argentino a desdecir con los hechos sus categóricas afirmaciones contra la Casta? ¿Será, como dice la excandidata izquierdista Myriam Bregman, que Milei es solo un “gatito mimoso” del poder económico, o acaso un “león domesticado” según la periodista Mar Centenera? Difícil saberlo, pero en todo caso, esto nos lleva a reflexionar sobre una idea expuesta en el libro “La Caste Cannibale” de Sophie Coignard y Romain Gubert: “La Casta está compuesta de altos funcionarios y astutos empresarios especuladores… pero también de idiotas útiles.”

Tags:

Casta, empresarios, justicia, Política, prensa

El fin de la ficción democrática en el Perú

Por: 24.11.2023

[CIUDADANO DE A PIE] La opinión pública o el porqué las mayorías se dejan gobernar por minorías.

Fue el filósofo escocés David Hume el primero en preguntarse cuál es la razón por la que las mayorías sociales se someten voluntariamente al gobierno de ciertas minorías. Su respuesta fue que esto sucede únicamente gracias a la capacidad de persuasión de los gobernantes sobre los gobernados: “Solo en la opinión es donde se funda el gobierno” escribió en 1754. Pocos años después, en “El Contrato Social o los principios del derecho político” de 1762, Jean-Jacques Rousseau defiende la idea de que la “opinión pública” -término que el mismo acuñó- determina en gran medida la legitimidad de los gobiernos democráticos. Así lo reconoció tempranamente la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, al proclamar que para garantizar los derechos inalienables de los hombres “se establecen gobiernos, los cuales adoptan sus justos poderes del consenso de los gobernados.” Su ejemplo no tardaría en ser seguido por otras declaraciones similares en América y Europa. Finalmente, y tras una accidentada evolución histórica, se impuso en Occidente el modelo de democracia liberal representativa, en el que, mediante elecciones libres y periódicas, se eligen gobernantes cuya legitimidad se sustenta precisamente, en la opinión pública consensuada denominada “Voluntad Popular”.

La democracia representativa es una ficción peligrosa.     

Dejando de lado la crítica de Marx a la “democracia burguesa”, a la que consideraba una superestructura político-ideológica destinada a asegurar la explotación del proletariado, muchos autores contemporáneos como Ellen Meiksins Wood, Nancy Burns, Jason Brennan, Charles Tilly y Domenico Losurdo han cuestionado la validez de la democracia liberal representativa como medio para asegurar una real participación de los ciudadanos en las decisiones de los gobiernos. Algunos han ido incluso hasta calificarla como una mera ficción. Pero entre todos los detractores, destaca uno que critica la democracia representativa desde una óptica radicalmente diferente, pues ya no señala los riesgos de una limitada participación popular en la gobernanza, sino todo lo contrario. Ludwig von Mises, uno de los padres del neoliberalismo, señala que el gran peligro del sistema representativo, en el que el voto de cada ciudadano cuenta, es que el resentimiento de los pobres (siempre en mayoría numérica) contra los ricos, puede ser aprovechado por “demagogos” que invocando la “justicia social”, llegan al poder con la intención de poner trabas al libre mercado. La democracia representativa no solo sería entonces una ficción, sino una ficción peligrosa para los grupos de poder económico.

Manipulando la opinión pública

Un sobrino de Sigmund Freud, el austriaco-norteamericano Edward Bernays, considerado un pionero de la propaganda moderna, escribió en los años 20 del siglo pasado: “La manipulación deliberada e inteligente de los hábitos y de las opiniones de las masas, es un elemento importante en las sociedades democráticas, y aquellos que manipulan este oculto mecanismo de la sociedad, constituyen el verdadero poder dirigente de nuestro país.” Más recientemente el economista y especialista en medios de comunicación, Edward S. Herman, conjuntamente con el célebre lingüista e intelectual Noam Chomsky, demostraron mediante un modelo teórico cómo las élites económicas, a través de los grandes medios de comunicación, “fabrican el consentimiento de la opinión pública” con el claro objetivo de mantener el statu quo que les es favorable. ¿Afiebradas teorías conspirativas? Martin Wolf, nada menos que editor en jefe de Economía del Financial Times, ha escrito en su muy reciente libro “La crisis del capitalismo democrático” lo siguiente: “La plutocracia (poder político ejercido por los ricos) es el resultado natural de una forma de capitalismo depredador que genera enormes desigualdades de ingresos y riqueza. A medida que la riqueza y el poder económico se concentran cada vez más, es inevitable que la democracia liberal se vea amenazada (…) Más que nada, buena parte de lo que ha ido mal es (…) la tendencia de los poderosos a amañar los sistemas económicos y políticos en contra del resto de la sociedad.” La manipulación de la opinión pública por parte de los grupos de poder, es un ataque directo contra el corazón mismo de la democracia representativa, y esto viene ocurriendo no solo en el mayor exponente de la democracia y la economía de mercado, sino en nuestro propio país, como lo han señalado autores tales como Francisco Durand.

¡No una, sino tres ficciones!

En un libro con el provocativo título de “La invención del pueblo”, el eminente historiador norteamericano Edmund Morgan, afirma que el éxito de los gobiernos democráticos depende de la aceptación popular de tres ficciones: que los representantes del pueblo son el pueblo, que los gobernantes están al servicio del pueblo, y que todos los hombres son iguales. Para que estas ficciones puedan funcionar adecuadamente, la realidad debe asemejarlas el máximo posible pues, de no ser el caso, la incredulidad y el descontento se apoderarían de los ciudadanos, produciéndose el desmoronamiento del sistema.

Esta democracia ya no es democracia

En estos difíciles tiempos de nuestra vida política y económica, todo apunta a que la mayoría de peruanos no creería más en las ficciones de la democracia representativa, o al menos eso es lo que muestran importantes encuestas realizadas recientemente en nuestro país (OXFAM/IEP, Latinobarómetro, INEI). Así, en lo que concierne a cuatro aspectos fundamentales de la igualdad ciudadana, el 94% de peruanos piensa que somos desiguales en el acceso a la salud, 92% a la educación, 94% al trabajo y un impresionante 83% considera que en nuestro país el acceso a la justicia es muy desigual. En lo concerniente al aspecto económico, la percepción del 72% de compatriotas es que la desigualdad entre pobres y ricos es muy grave, y que dicha desigualdad va en aumento. ¿El gobierno y los políticos trabajan en nuestro beneficio? El 66% pensamos que somos gobernados por unos cuantos grupos poderosos que buscan su propio beneficio. No es de extrañar que apenas el 8% de nuestra población este satisfecho con la democracia (el único país latinoamericano con un solo dígito), que el 73.1% piense que nuestra democracia funciona mal o muy mal y que el 87.7% culpe de ello a los políticos.

Un análisis objetivo de esta realidad, nos permite apreciar que el país se ha deslizado  rápidamente, desde lo que Guillermo O’Donnell califica como una clásica “democracia delegativa” latinoamericana -esto es con una muy pobre participación ciudadana tras el voto, instituciones débiles que simulan tener las características de una democracia consolidada y una resultante inestabilidad- hasta lo que Heinz Dieterich denomina una “democracia sustitutiva”, un sistema en el que los políticos elegidos por voluntad popular, lejos de desempeñarse como representantes y servidores de la ciudadanía, actúan sirviendo en primer lugar a los intereses de las élites dominantes y, en segundo lugar, a sí mismos. Los hechos hablan por sí mismos…

¿Encontraremos una salida a esta situación? ¿Podremos construir todos juntos una verdadera democracia al servicio de los peruanos? Difícil decirlo, pero estamos totalmente de acuerdo con Jorge Frisancho cuando escribió con motivo de las recientes movilizaciones sociales en nuestro país: “cualquier nuevo pacto que se forje, como en los años 90, entre el poder congresal, facciones del empresariado, sectores de las FF. AA y la Policía, solo podrá ser una forma de la misma crisis, la crisis del régimen neoliberal, sin ninguna posibilidad de resolverla.”

Tags:

ficción, Gobierno, manipulación, opinión pública
Página 1 de 3 1 2 3
x