Perú

Se ha presentado una demanda de amparo contra el Archivo General de la Nación (AGN), el Ministerio de Cultura y el Consorcio Transel. La acción legal tiene como objetivo detener el inminente traslado de valiosos documentos históricos desde la sede del AGN en el Palacio de Justicia a un almacén en el Callao, propiedad del consorcio.

Benjamín Zevallos

El 12 de agosto, la noticia del contrato entre el AGN y el consorcio Transel por más de 12 millones de soles, destinado a realizar un traslado «temporal» de tres a cinco años, despertó alarma entre académicos, historiadores y ciudadanos. La documentación afectada, que incluye registros notariales, expedientes judiciales, y otros documentos de vital importancia para la ciudadanía, está programada para ser trasladada a un depósito ubicado en una zona industrial del Callao.

Es importante mencionar que este material es consultado diariamente por cientos de personas, y su resguardo es esencial para mantener los derechos de propiedad, herencia, nacionalización, entre otros.

La demanda presentada señala que el local al cual se pretende trasladar el archivo no cumple con las condiciones adecuadas para albergar documentos históricos.

Un informe de inspección del Ministerio de Cultura del 21 de mayo de 2024 ya había alertado sobre las deficiencias del espacio, y un informe posterior de la Contraloría General de la República advirtió sobre los riesgos físicos y legales del traslado. Entre estos riesgos, se encuentran irregularidades en la firma del contrato y la falta de saneamiento legal del local, que además está hipotecado por más de 8 millones de dólares.

La demanda de amparo no solo denuncia la falta de condiciones adecuadas para el traslado, sino que también subraya la violación de varios derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Entre estos derechos se encuentran:

  • El Derecho a la Identidad Cultural de la Nación (Artículo 2.19): La pérdida o daño irreparable de estos documentos supondría un golpe notorio para la identidad cultural del Perú.
  • La Conservación del Patrimonio Cultural de la Nación (Artículo 21): Este artículo obliga al Estado a proteger el patrimonio documental, una obligación que, según los demandantes, se estaría incumpliendo con el traslado.
  • El Acceso a la Cultura y la Vida Cultural a través del Patrimonio Documental (Artículo 2.8, 2.17 y 21): Los demandantes argumentan que, de llevarse a cabo el traslado, no hay garantías de que los documentos sean accesibles al público en un futuro cercano, lo que afectaría los derechos de los ciudadanos a consultar archivos vitales para sus derechos civiles.
  • El petitorio de la demanda es claro: exige que se detenga inmediatamente el traslado, se anule el contrato de arrendamiento y se inicien las gestiones para la construcción de una sede definitiva para el AGN, que cumpla con todos los requisitos necesarios para la conservación del patrimonio documental del país.

Los documentos que custodia el Archivo General de la Nación no son solo papeles antiguos almacenados en cajas. Son el testimonio vivo de la historia del Perú, desde los registros notariales que establecen derechos de propiedad hasta los expedientes judiciales que documentan la evolución del sistema legal del país. Este acervo representa la memoria de la nación, un vínculo entre el pasado, el presente y el futuro de todos los peruanos.

Benjamín Zevallos

El traslado de estos documentos a un depósito industrial sin las condiciones adecuadas no es una mera cuestión logística. Es un acto que podría resultar en la pérdida irreversible de información vital sobre la identidad y la historia del país. Como señalan los demandantes, ¿quién en su sano juicio confiaría sus pertenencias más valiosas a un espacio que no cumple con los requisitos mínimos de seguridad y conservación?

Al cierre de este informe, se espera que haya respuestas definitivas sobre el AGN. El Perú se enfrenta a un momento crítico en la preservación de su memoria histórica. La demanda de amparo presentada el 12 de agosto no solo busca detener un traslado que pone en peligro el patrimonio documental del país, sino que también llama la atención sobre la responsabilidad del Estado en la protección de su historia. 

Es imperativo que el Poder Judicial, el Ministerio de Cultura y la ciudadanía en general reconozcan la gravedad de la situación y actúen en consecuencia para asegurar que el patrimonio documental del Perú no solo sea preservado, sino que también sea accesible para las generaciones futuras. En un país donde la historia y la identidad están tan intrínsecamente ligadas, proteger estos documentos es proteger a la nación misma.

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En las últimas semanas, los ciudadanos peruanos hemos estado esperando el anuncio presidencial de cuáles serían los ministerios a fusionarse olvidándonos un poco de los verdaderos problemas del país.

Si bien una reforma del ejecutivo es un tema altamente deseable, para un gobierno que se enfila a los últimos meses de su mandato, ésta no pareciera que debería ser una de sus prioridades.

Un reciente estudio de la FAO indica que el 51.7% de los peruanos se encuentra en situación de inseguridad alimentaria grave o moderada. Por otro lado, los niveles de anemia ascienden a 42.8% para la población menor a 36 meses de edad, según el propio MINSA. La primera prioridad de cualquier gobierno debe ser que ningún peruano pase hambre, estar subalimentado o sufrir de anemia.

El país continúa con niveles de inseguridad sin precedentes. Quizá lo más cercano para que los que pintamos algunas canas es la violencia terrorista que se vivió a fines de los 80’s y principios de los 90’s, pero era otro tipo de inseguridad. Estábamos bajo un ataque armado de subversivos que atentaban, sin miramientos y sin escrúpulos, la vida de pacíficos ciudadanos. 

Ahora, son los empresarios, grandes y pequeños, y el ciudadano común, los que son objeto constante de amenazas de bandas de extorsionadores, amenazas que se concretan a través de sicarios, terminando con la vida de quienes, con su sudor, dan empleo a muchos peruanos. La lucha contra la inseguridad ciudadana es otra prioridad, la segunda de la lista.

Sacar una cita para atenderse en algún hospital del estado es casi un imposible y si por mala suerte tienes un accidente, como una rotura de cadera que muchas mujeres adultas mayores sufren con frecuencia, te expones a esperar sentada por horas una cama, sí, sentada con fractura de cadera, y una vez en la cama de emergencia, rogar a que se libere una cama de cuarto, lo cual puede durar varios días. Tercera prioridad.

En marzo pasado, la Contraloría, luego de realizar inspecciones, alertó que en las instituciones educativas públicas (IIEE) existen “deficiencias de infraestructura, carencia de servicios básicos y necesidad de docentes lo que pone en riesgo la salud integridad de los estudiantes y la prestación del servicio educativo” . Si queremos elevar la calidad de la educación de forma integral, esta debería ser la cuarta prioridad.

Una manera de atacar sin piedad la subalimentación y la anemia es contando con un programa que podría llamarse Combo 365 donde a todo niño y niña en edad escolar se le ofrezca desayuno y almuerzo en sus locales escolares TODOS los días del año, incluyendo fines de semana y feriados. Esto implicaría que en paralelo el gobierno se concentre en mejorar de inmediato la infraestructura básica de los colegios.

Tenemos que ser implacables contra la extorsión y el sicariato dotando a la PNP de unidades motorizadas, personal y tecnología de punta, y decidir en conjunto, la mejor estrategia para que los delincuentes, una vez detenidos, no puedan ser fácilmente liberados. Queremos ver un Ministerio del Interior, Poder Judicial Fiscalía y PNP unidos y no en disputas que solo benefician a los malhechores. 

La reforma del nivel de atención de la salud pública lleva años dándole la espalda a los ciudadanos con evidente desidia y desinterés. Es prioritario que se implementen al 100% todos los centros y hospitales a la par que se profesionaliza la administración de los centros de salud para que los médicos se dediquen enteramente a su profesión.

Por último, si bien es plausible el énfasis en desarrollar colegios emblemáticos como las Escuelas Bicentenario, es urgente que TODOS nuestros escolares cuenten con baños con agua limpia, con desagües que encuentren al menos silos bien hechos y mantenidos, con todas las carpetas sillas e implementos para estudiar, y con un local noble donde nuestros escolares puedan soñar con un mañana mejor y tener las herramientas para lograr esos sueños.

Si el gobierno de la presidenta Boluarte se enfoca en estas 4 prioridades, asumiendo que los sectores productivos generadores de ingresos dinamizan la interacción con los respectivos ministerios, podríamos estar viendo no solamente resultados tangibles en cada una de ellas al final de este mandato presidencial, sino también, una mejora en el índice de pobreza multidimensional que toma en cuenta estos factores.

Faltan 23 meses para el cambio de gobierno y menos de 18 meses para la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2026. Siempre se puede repensar en las prioridades y actuar en consecuencia.

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[Agenda País] Antauro Igor Humala Tasso, conocido como Antauro, tomó notoriedad en el año 2000 cuando junto con su hermano Ollanta y al frente de 69 reservistas, se sublevaron contra el moribundo régimen de Alberto Fujimori, más por un tema mediático con visos presidencialistas que por una razón de conciencia. Los hermanos Humala lograron tener cierta notoriedad y fueron amnistiados por el presidente transitorio Valentín Paniagua.

A los pocos años, en el 2005, Antauro, esta vez solo, lideró otro grupo de reservistas que se amotinaron y tomaron violentamente la comisaría de Andahuaylas, donde, a balazo limpio y sin piedad, asesinaron a cuatro valientes policías, algunos de ellos desarmados.

Esta incursión contra el estado, que fácilmente pudo enmarcarse en terrorismo, le valió una condena inicial de 25 años, reducida graciosamente por el poder judicial a 19 y de los cuales solo cumplió 17 al otorgársele generosos beneficios penitenciarios por su habilidad manual en preparar proyectos con el personaje de Hello Kitty. Pero si son tan tiernos en el poder judicial…

Ya dentro de la cárcel, Antauro continuó con el objetivo marcado por su padre Issac, el de ser presidente del Perú, usando a los ingenuos o interesados medios de comunicación para propagar ideas de un nacional socialismo a la peruana, clamando virtudes a la superioridad de la raza cobriza, vomitando odio a los homosexuales y exacerbando un racismo clasista envuelto en humo marihuanero de cosecha incierta.

Ya libre, Antauro ha seguido por la ruta de la violencia verbal, confirmando su homofobia y racismo, un nacionalismo absolutista y expropiador de la inversión extranjera, pero lo que es peor, con un desprecio a la vida humana proliferando amenazas de fusilamiento a cuanto corrupto y rosquete encuentre por ahí, siempre y cuando su aventura presidencial tenga, Dios y la Constitución nos salven, éxito.

Antauro Igor Humala Tasso, conocido como Igor, era alumno del colegio Franco-Peruano junto con varios de sus hermanos. Sí, lo conocíamos como Igor, nombre que, de saque, causaba cierto temor ya que nos recordaba a personajes de ficción siempre identificados con el mal.

Igor era un abusivo, de aquellos que golpeaba, te jodía, te pateaba la pelota cuando estabas tranquilo jugando con tus patas. Lo que hoy llamamos bullying era encarnado perfectamente por Igor en la década del 70’.

Pero la actitud violenta de Igor no solamente se concentraba con otros alumnos, no. Igor quería más, siempre más.

En un partido de vóley, deporte que se practicaba con mucha pasión en el colegio Franco-Peruano, surgió desde una tribuna, una hermosa naranja madura que en vez de encontrar un boca que la saboree, terminó en la cabeza de una profesora de educación física, explotando de manera pirotécnica y volviéndola refresco de IQ.

Furibunda y al borde de la histeria, la profesora trata de ubicar al atacante que hábilmente se escabulle entre la masa del alumnado, con tanta astucia que le empiezan a echar la culpa a un compañero que era más bueno que el pan.

Pero todos habían visto a Igor y se identificó al culpable. Y si bien la nebulosa de las décadas no asegura el recuerdo si fue expulsado del colegio por ello, pues de sobra que se lo merecía.

Antauro Igor Humala Tasso no es un violento de ahora. Es un violento de siempre. 

Y continúa siendo un peligro para la sociedad, esta vez disfrazado de candidato presidencial y apoyado por esa izquierda vomitiva, la de Vero y compañía, que no le importa juntarse con el diablo con tal de quedarse, ya no con la mamadera del estado, sino con toda la vaca.

Que ese Naranjazo escolar y la indignación del Andahuaylazo nos prevengan de una larga noche de insania violenta de un tirano nacional socialista que, aprovechándose de la democracia, de la complicidad de algunos y de la inocencia de muchos, pueda llegar al poder. 

Si este relato nos recuerda a Adolfo Hitler, su pasado sicópata, la noche de los cristales, su asunción democrática al poder para luego violarla y las millones de vidas que se perdieron por una insania, es pura coincidencia… 

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Según los más recientes rankings internacionales, el Perú se encuentra entre los últimos puestos de los ‘Países con los Mejores Sistemas de Atención Sanitaria’. El informe de la revista CEO World resalta en rojo aspectos críticos como la infraestructura, la competencia profesional, la poca gestión y la escasez de medicamentos. Si le sumamos que entre enero y septiembre de 2023, la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) registró más de 50.000 denuncias de pacientes que denunciaron vulneraciones a sus derechos en establecimientos de salud estatales. 

Y el desabastecimiento de aproximadamente 30,700 medicamentos esenciales en hospitales y centros de salud a nivel nacional agrava aún más la situación y el ministro César Vásquez la ha venido negando. Además, se reportan pérdidas millonarias debido a medicamentos vencidos, cobros indebidos e irregularidades en construcciones y mejoras de establecimientos médicos. Estos problemas evidencian una profunda incapacidad y corrupción en todos los niveles.

Durante el mensaje ante el Congreso de la República del pasado 28 de julio, la jefa de Estado le dijo a la ciudadanía que en abril el gobierno lanzó el ambicioso Plan Hospitales Solidarios, que busca construir once modernos centros de salud especializados a nivel nacional, a saber, el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Hospital Nacional Dos de Mayo, Hospital Nacional Sergio Bernales y Hospital Nacional Víctor Larco Herrera; también el Hospital Nacional Cayetano Heredia, Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, y, finalmente, Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, Hospital Goyeneche de Arequipa, Hospital Belén de Trujillo y Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo. A decir de la presidenta, todos esos proyectos se encuentran en formulación o en etapa de expediente técnico. Contraria a la opinión de la primera mandataria, los periodistas especializados y los políticos de oposición opinan que el listado presentado este 28 de julio es una copia exacta de los ofrecimientos realizados en julio pasado, no habiendo avance alguno en ninguno de los centros de salud prometidos.

En medio de las voces de protesta por las promesas no cumplidas, muchas de las cuales se repiten en el mismo tono y con la misma intensidad que el año pasado, pocos son los críticos que se atreven a ponerle su firma a las protestas de ayer y de hoy.

Uno de esos pocos es el ex ministro de Salud Víctor Zamora Mesía, quien en su momento fue uno de los funcionarios más repudiados de la administración del expresidente Martín Vizcarra.

 “Como consecuencia de la escasísima inversión durante los gobiernos del expresidente Pedro Castillo y del suyo propio, no hubo durante los años anteriores dinero suficiente para la construcción de hospitales. Por tal razón, debemos saber que la mayor parte de los hospitales anunciados durante el mensaje al Congreso de la República el pasado 28 de julio ya están presupuestados y casi todos financiados”, nos dijo en entrevista telefónica el ex ministro de Salud Víctor Zamora Mesía. 

“Un altísimo porcentaje de ellos tiene problemas de ejecución, pues una vez que se aprueba el presupuesto, se tienen que ejecutar los fondos. De hecho, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte este año solamente ha ejecutado una cifra cercana al 40% del dinero destinado para inversiones en salud; entonces, en realidad lo que la mandataria anunció en materia de salud pública en el acto oficial más importante de nuestras Fiestas Patrias, fue la construcción de hospitales cuyos proyectos ya son viejos, y se está buscando nuevas modalidades para su ejecución a través de alianzas con otros países. Y, en realidad, lo que no se ha dicho es que la ejecución es muy baja y la velocidad de su implementación es muy lenta, excesivamente lenta. ¿Bueno, entonces porqué se demoran tanto tiempo en ejecutar esas obras? Porque tenemos un enorme problema de gestión. Como usted sabe, no solamente hay un problema en la ejecución de las obras, sino que además estamos ante una gigantesca crisis de desabastecimiento de medicamentos: hay un retraso en la ejecución de los programas presupuestarios; ese es un problema de la des capitalización masiva que ha tenido el Ministerio de Salud durante la gestión del actual ministro (César Vásquez), quien prácticamente ha rifado los puestos de alta gerencia pública a partidarios de la alianza con sus correligionarios, con el fujimorismo y con los compadres y amigos que se suman a cada nueva gestión ministerial. Actualmente estamos pagando la mencionada des capitalización, porque la falta de experiencia y de conocimiento se terminan reflejando en una baja ejecución del gasto, problema que estamos viviendo, por ejemplo, en la compra tardía y extemporánea de medicamentos”.

 ¿La des capitalización que usted menciona empieza con el gobierno de la señora Boluarte o tiene sus orígenes en gobiernos anteriores?

La primera fase fue durante el régimen de Pedro Castillo, quien presionado por la organización de Perú Libre retiró al ministro Hernando Cevallos y puso en su reemplazo a Hernán Condori, el cual fue reemplazado por Jorge López y este, a su vez, por Kelly Portalatino. Estos últimos duraron tan poco tiempo que no pudieron hacer cambios significativos en el sector. César Vásquez ha estado como titular del portafolio durante poco más de un año, y lo ha aprovechado para realizar cambios significativos en su gestión, muchos de ellos -sobre todo- en el centro nacional de recursos estratégicos del Ministerio de Salud, donde se decide qué comprar, cuándo comprar y a quién comprar. Esa es la razón que explica, en gran medida, la altísima rotación de sus funcionarios, a tal punto que en la dirección encargada de esas compras ha habido cinco funcionarios distintos en menos de un año.

 A eso se debe, también, la dejadez o la poca eficiencia del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), el cual demora más tiempo del estimado en realizar los expedientes técnicos para la construcción de los hospitales del MINSA. 

Bueno, en realidad hacer infraestructura sanitaria en nuestro país es un tema muy complejo, toda vez que no solamente hay que identificar la magnitud de la obra y hacer el expediente técnico, sino también enfrentar las presiones de carácter político que se ejercen sobre los funcionarios del Ministerio: todos los gobernadores regionales quieren tener hospitales de 80 camas en todos los distritos de su región, todos quieren equipamiento de alta tecnología para poblaciones pequeñas. Entonces, para comenzar, esa negociación ya es compleja desde antes de poner los cimientos de los hospitales. A partir de ahí hay que iniciar una serie de trámites burocráticos sobre las dimensiones del proyecto, a continuación hay que hacer el expediente técnico, cuando se tiene ese expediente hay que tener la habilitación del terreno, cuando todo eso está saneado, recién se pone a disposición del sector correspondiente para hacer la licitación. En esa licitación también hay problemas, porque el ejecutor de la obra es una empresa privada que subcontrata privados, los cuales, además, tienen que honrar los contratos que tienen entre ellos. Por ejemplo, tomemos el caso del Hospital de Chincha, que está paralizado por un lío entre privados: uno no le cumple a otro, y se van al Poder Judicial y se estanca la obra. PRONIS fue creado para acelerar los procesos, pero también en el PRONIS ha habido más de media docena de directores en el último año. 

Derechos y obligaciones de un Estado 

Desde la creación del Estado Moderno, los gobernantes de turno de ese Estado tienen una serie de obligaciones, que van desde el cuidado de las fronteras nacionales y el monopolio del uso de la fuerza hasta la provisión de educación y de salud de todos los ciudadanos o súbditos. Para conseguir los recursos necesarios para cumplir con dichas obligaciones, los gobernantes de turno establecieron un conjunto de impuestos con la finalidad de financiar todas las tareas suscritas en las normas y en las leyes por los gobernantes y los gobernados.

En los países exportadores netos de petróleo y de otras materias primas, donde los superávit superan largamente a los déficit, los presupuestos nacionales están financiados con largueza y los ciudadanos viven sin sobresaltos. Caso contrario, los gobiernos tienen que acudir a los mercados de capitales para conseguir cómo financiar los presupuestos. Cuando ese ejercicio tiene que repetirse año tras año, es necesario tomar medidas correctivas, ya sea en la recaudación de impuestos, en el control del gasto público o en una combinación de ambos.

Por esa razón, prometerle a sus conciudadanos la construcción de uno o varios hospitales de alta complejidad, no solamente es demagógico e imprudentes, sino que roza con la mentira.

Cuando además de las tareas urgentes en salud, los gobiernos tienen la obligación de atender las demandas de seguridad pública y de proveer una educación de calidad, nos encontramos en una situación complicadísima. Situación que ya hemos enfrentado en varios momentos del pasado reciente, en los cuales sufrimos inflación, recesión o una mezcla de ambos males.

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Durante la Baja Edad Media, periodo que comienza en el año 476 tras el derrumbe del Imperio Romano de Occidente y termina diez siglos después con el descubrimiento de América, la invención de la imprenta y la caída de Constantinopla, el mundo sufre enormes transformaciones económicas, las cuales dan origen al Renacimiento y al comercio fluido entre el Extremo Oriente y las ciudades mediterráneas y flamencas.

El transporte del oro, de la seda y del marfil, entre otras riquezas requeridas por las clases adineradas de Europa Occidental, fomentaron la navegación, el ejército y la marinería profesionales y la industria de los seguros de bienes y transportes.

Siglos más tarde, cuando la China realiza su tránsito del feudalismo al capitalismo burocrático, los jerarcas de esa enorme nación deciden re construir la ruta de la seda, como se le llamó en la Baja Edad Media a la ruta elegida por los mercaderes de esos tiempos para intercambiar las riquezas de Oriente y de Occidente, con beneficios tangibles para los mercaderes, los transportistas, los militares y los dirigentes políticos.

Luego de varios años de crecer a un ritmo vertiginoso, la economía china -convertida por los capitales europeos y norteamericanos en la gran fábrica de manufacturas para el mundo- comenzó un proceso de decrecimiento de ese modelo de capitalización, basado fundamentalmente en la inversión de las compañías occidentales en una economía con una buena infraestructura, una seguridad jurídica a prueba de balas y, principalmente, una extensa e inacabable fuente de mano de obra barata. Además, por cierto, de un mercado de más de mil millones de personas.

Pero como nada dura para siempre, el idilio entre la vieja China y el joven e impetuoso capitalismo occidental ha sucumbido a la guerra comercial entre el gigante asiático y los Estados Unidos, que ya son rivales sistémicos y han ido levantado a lo largo de los últimos años numerosas barreras a los intercambios de bienes, servicios, personas y capitales entre ambos países.

Así las cosas, China cada vez invierte menos en el resto del mundo y el resto del mundo no es que invierta menos en China, sino que directamente está repatriando capitales desde el gigante asiático. A eso se suman la postergación del proyecto del nuevo Canal de Panamá a través de Nicaragua y la cancelación de la carretera transoceánica que uniría el Mar Pacífico y el Caribe colombianos.

Dejando de lado los proyectos que demandan inversiones enormes y dudosas rentabilidades, los jerarcas chinos -conocidos como los ancianos de Pekín- han decidido invertir en los países amigos y vecinos, como Vietnam y los demás integrantes de la comunidad indochina de naciones.

En relación con ese último comentario, la Unión Europea adoptó en 2019 una regulación para restringir la inversión extranjera directa cuando esta ponga en riesgo la seguridad o el orden público, en un intento de poner coto a las acciones de terceros gobiernos para desestabilizar el continente.

Como resultado de estas políticas, basadas en la creciente desconfianza entre Occidente y China, la eficiencia ha quedado relegada frente a la geopolítica como motor de las decisiones, y términos como resiliencia y autonomía estratégica ya definen el nuevo paradigma. Palabras al margen, lo cierto es que la segunda economía del mundo está empezando a aislarse de Europa y de los Estados Unidos… y estos de ella.

Viviana Rodríguez
«Ya lo dijo Napoleón hace 200 años; cuando China despierte, temblará el mundo. Es la economía que más está creciendo dentro de los países emergentes“.

En Perú

China invierte en varios sectores en Perú, destacándose principalmente en finanzas, minería y construcción. En 2020, la inversión china en el sector financiero fue de $370 millones, cifra que casi se triplicó para alcanzar $942 millones al cierre de 2022. En el sector minero, la inversión de China asciende a $157,8 millones.

A pesar de que la mayor inversión se da en finanzas y minería, la presencia de China en el sector de la construcción es muy notable, especialmente debido a su participación en grandes proyectos como el Megapuerto de Chancay. En este sector, China ha invertido $7,2 millones y ha participado en otras obras importantes como las minas Río Blanco y Pampa de Pongo, así como en la Hidrovía Amazónica.

El creciente control de China sobre la infraestructura crítica de Perú ha generado preocupación. Según un informe de The Financial Times, el gobierno peruano no está prestando suficiente atención a los beneficios y amenazas que conlleva la entrega de estos negocios fundamentales al régimen de Beijing. Michael Stott y Joe Daniels informaron que incluso una fuente cercana al gobierno peruano confirmó estas preocupaciones, las cuales fueron comunicadas por Estados Unidos. «El principal problema es que el capital chino ha adquirido electricidad, minería y otras compañías. Geopolíticamente hablando, las inquietudes de EE.UU. estarían justificadas», señaló la fuente.

Alianza Perú-China

En agosto de 2023, el embajador peruano en China, Marco Balarezo, destacó la sólida relación bilateral entre Perú y China, subrayando los fuertes lazos comerciales y de inversión. El embajador de China en Perú, Song Yang, afirmó que China espera que el puerto de Chancay se convierta en el «Shanghái de Perú».

La alianza comercial entre China y Perú ha generado preocupaciones en Estados Unidos, especialmente debido a la construcción de puertos de “doble uso” por parte de China, los cuales pueden servir tanto para el tráfico de carga como para reabastecer buques de guerra de la marina de Beijing.

El tratado de libre comercio (TLC) entre Perú y China, vigente desde hace diez años, ha facilitado el desarrollo económico mutuo. No obstante, Estados Unidos, competidor global de China, observa con inquietud el creciente protagonismo chino en Perú y Latinoamérica. Según Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es natural que EE.UU. se preocupe por esta situación.

Como decía el gran historiador británico Arnold J. Toynbee, “todos los imperios nacen, crecen, se desarrollan y, finalmente, mueren como consecuencia de sus contradicciones internas y de los acosos externos”. En esa lógica, habría que ver en qué momento de su ciclo vital se encuentran la vieja China, la relativamente madura Europa y Estados Unidos, que nació en una fecha tan cercana como julio de 1776.

Como esos ciclos son diferentes entre sí, y han llegado a niveles de desarrollo similares partiendo de tiempos distintos, es preciso esperar con cautela qué llegará primero: la desintegración de Europa y los Estados Unidos o la autodestrucción de la China milenaria.

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Santiago Guardamino Gonzales, presidente de la Comunidad Campesina de Quipan, fue asesinado el 3 de abril de 2024 a las puertas de su hogar. Este crimen ha conmocionado a la comunidad y plantea serias preguntas sobre los motivos y las personas detrás del homicidio.

Guardamino había asumido la presidencia en un momento crítico para la comunidad, que se encontraba sumida en una crisis tras la venta fraudulenta de 10,000 hectáreas de terreno a la empresa Industrias Arguelles, Servicios Generales S.A.C. Esta venta se realizó durante la gestión de su predecesor, Abel Cruz Mosquera Ortiz, quien falsificó documentos y vendió las tierras a un precio irrisorio, mucho menor al valor real del terreno.

Frente a esta situación, Santiago Guardamino tomó medidas legales, presentando una demanda de nulidad del contrato ante el 4to Juzgado de Lima Norte y denunciando penalmente a la dirigencia saliente. Como resultado, Mosquera Ortiz fue condenado a cinco años de prisión efectiva en primera instancia, pena que fue reducida a cuatro años de prisión suspendida en segunda instancia. Este caso llegó hasta la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema (expediente N° 7399-2023), que debía resolverse después de la declaración de Guardamino programada para el 3 de abril de 2024.

La complejidad del caso se incrementa con la implicación de la empresa Industrias Arguelles en el proyecto del relleno sanitario “Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi”, que se desarrollaría en los terrenos adquiridos fraudulentamente. La declaración de Guardamino ante la Corte Suprema era crucial, ya que podía resultar en la anulación del contrato y la restitución de las tierras a la comunidad de Quipan. Sin embargo, su asesinato, perpetrado con nueve disparos, impidió que pudiera dar su testimonio.

Además del proceso penal, Guardamino había iniciado un proceso civil para anular la compraventa del terreno, estrechamente vinculado al resultado del caso en la Corte Suprema. La comunidad ahora enfrenta un futuro incierto, con la pérdida de su líder y defensor en un momento crucial de su lucha por la justicia y la recuperación de sus tierras.

La muerte de Santiago Guardamino no solo es una pérdida personal para su familia y comunidad, sino que también representa un golpe a la integridad de los procesos judiciales y la defensa de los derechos comunales. La pregunta que queda es: ¿quiénes se benefician realmente de este crimen y cómo se garantizará la justicia para Quipan?

Los rollos del problema

La empresa Industrias Arguelles y Servicios Generales S.A.C ha estado operando un botadero de basura llamado «Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi» en los terrenos adquiridos fraudulentamente de la Comunidad Campesina de Quipan. Este proyecto ha generado una serie de denuncias por parte del presidente de la comunidad, Santiago Guardamino, debido al daño ambiental y a la salud de los comuneros. Guardamino luchó incansablemente contra estas irregularidades, lo que finalmente le costó la vida.

Quipan

Para evitar que la comunidad recupere los terrenos como resultado del juicio de nulidad de acto jurídico, Industrias Arguelles simuló la transferencia de la propiedad como pago por un supuesto contrato impago a la empresa Constructora y Servicios ALYM S.A.C. Esta empresa es gerenciada por Gerson Guillen Arguelles, sobrino de Aniceto Elvis Arguelles Loayza, el principal socio de Industrias Arguelles.

El asesinato de Guardamino se produjo un día antes de que este acudiera al Ministerio Público para responder sobre su denuncia contra Industrias Arguelles por la nulidad del acto jurídico. La urgencia de su asesinato sugiere un intento de silenciarlo antes de que pudiera declarar y aportar pruebas cruciales en contra de los implicados. ¿Por qué Industrias Arguelles temía tanto su testimonio?

Guardamino había iniciado varios procesos legales contra Industrias Arguelles. Entre ellos, una denuncia penal por lavado de activos dentro de una organización criminal. Esta denuncia iba dirigida contra:

  • Aniceto Elvis Arguelles Loayza, socio principal de Industrias Arguelles
  • Karen Marianella Pasco Flores, gerente general de Industrias Arguelles
  • Abel Mosquera Ortiz, ex presidente de la Comunidad Campesina de Quipan
  • Gerson Guillen Arguelles, gerente general de la empresa Constructora y Servicios ALYM S.A.C.

En su denuncia, Guardamino afirmó que Karen Marianella Pasco Flores, bajo las órdenes de Aniceto Elvis Arguelles Loayza, adquirió fraudulentamente las 10,000 hectáreas de tierras de la comunidad por 600,000 soles el 12 de diciembre de 2016, cuando el valor real de las tierras era de aproximadamente 5,533,708.31 soles. Esta operación se realizó con documentación falsificada y en complicidad con Abel Cruz Mosquera Ortiz, el anterior presidente de la comunidad.

La documentación presentada por Guardamino revelaba que los 600,000 soles se pagaron mediante un cheque de gerencia, lo que, según él, formaba parte de una estrategia para ocultar el verdadero valor de las tierras y beneficiarse ilegalmente a costa de la comunidad.

La muerte de Santiago Guardamino no solo representa una pérdida trágica para su familia y comunidad, sino también un golpe significativo a la lucha por la justicia y la transparencia en Quipan. Este asesinato plantea graves preguntas sobre la integridad de los procesos judiciales y la capacidad de las comunidades para defender sus derechos frente a la corrupción y el poder corporativo.

Lo que se vino encima de la empresa y la justicia con los vecinos de Quipan

El 6 de mayo, la Sala Penal Transitoria de Lima Norte revisó y denegó un recurso de nulidad interpuesto por Abel Contreras, ex presidente de la Comunidad de Quipan, ratificando su condena por el delito contra la fe pública. Esta decisión, originalmente emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, fue en respuesta a las acciones ilícitas cometidas durante la gestión de Contreras, denunciadas por el fallecido Santiago Guardamino.

El asesinato de Guardamino, ocurrido un día antes de su declaración crucial ante el Ministerio Público, subraya la gravedad de su lucha contra la corrupción. Su testimonio tenía el potencial de invalidar el contrato fraudulento y devolver los terrenos a la comunidad, afectando directamente los intereses de Industrias Arguelles y su proyecto «Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi».

Quipan 

La comunidad de Quipan confiaba en Guardamino para enfrentar las irregularidades y recuperar la integridad de sus tierras. A pesar de su trágica muerte, la ratificación de la sentencia contra Contreras es un paso hacia la justicia, aunque queda mucho por hacer para proteger a los defensores de los derechos comunales y asegurar que sus sacrificios no sean en vano.

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Arguelles, Perú, Sala Penal

Hablar de la isla Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas en la región de Loreto, se ha convertido en el foco de tensiones diplomáticas y denuncias de abandono por parte del gobierno peruano. Según los datos obtenidos, estamos refiriéndonos a una población de aproximadamente 3 mil habitantes, este centro poblado enfrenta desafíos significativos en áreas críticas como educación, salud e infraestructura. Una situación caótica que se extiende por todo el país.

Los residentes de la isla, situada a ocho horas de viaje fluvial de la provincia Mariscal Ramón Castilla y a tres días de la capital más cercana, expresan un profundo sentimiento de abandono. Un pescador local destacó la necesidad de mayor firmeza por parte del gobierno peruano ante las humillaciones por parte de autoridades colombianas, subrayando el orgullo de ser peruanos y la urgencia de recibir apoyo para el crecimiento de su comunidad.

Ahora bien, en esta localidad solo existe una escuela, llamada República del Perú, cuya institución carece de suficientes vacantes y material didáctico, obligando a muchos a enviar a sus hijos a estudiar en Leticia, Colombia, o Tabatinga, Brasil. En términos de salud, la situación es crítica, ya que en emergencias los habitantes deben buscar atención en Brasil debido a la falta de personal médico y las constantes inundaciones que afectan el centro de salud local.

Sobre la situación fronteriza

El Ministerio del Interior ha intensificado el control en la frontera entre Perú, Brasil y Colombia para reforzar la seguridad en esta zona estratégica para el movimiento migratorio. Esta medida responde a recientes eventos que han resaltado la necesidad de una mayor presencia estatal en Santa Rosa. Los pobladores dependen en gran medida de la pesca y la agricultura, enfrentando dificultades para comercializar sus productos. La ausencia de un mercado local obliga a los residentes a consumir productos importados de Brasil y Colombia. La comunidad solicita la construcción de un mercado que permita el comercio en moneda peruana y mejore las condiciones económicas de la isla.

Como en varias partes del Perú, durante la temporada de crecidas del río Amazonas, gran parte de la isla puede quedar inundada. Los residentes necesitan apoyo para mejorar sus viviendas y enfrentar estos problemas recurrentes. Además, a pesar de la proximidad con Leticia y Tabatinga, áreas con alto comercio y turismo, Santa Rosa enfrenta un abandono que afecta su desarrollo potencial.

El personal de la Marina de Guerra del Perú realizó una acción cívica en la isla, brindando respaldo a la población en medio del impasse diplomático. Esta presencia es crucial para que los residentes se sientan respaldados por su país y puedan enfrentar los desafíos diarios con mayor seguridad y apoyo.

Sobre la problemática

El director de Soberanía Territorial de la Cancillería colombiana afirmó que la isla de Santa Rosa no pertenecía al Perú. Por ello, el gobierno emitió una nota de prensa a Colombia en respuesta a estas declaraciones. Las manifestaciones del funcionario colombiano no tienen ni respaldo ni fundamentos, y es que esta isla (situada en Perú) se encuentra también en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, ha sido un punto de fricción diplomática. La Cancillería peruana informó que, durante una reunión en Leticia, un funcionario colombiano afirmó que la isla «no pertenecería al Perú y que estaría ocupada irregularmente».

Benjamín Zevallos
Comunicado del Congreso de la República

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú convocó al encargado de negocios de Colombia para entregar la nota de protesta, reafirmando los derechos de soberanía y jurisdicción sobre la isla. Además, expresó su total respaldo a las autoridades democráticamente elegidas de Santa Rosa.

Iván Yovera, alcalde de Santa Rosa, declaró que las afirmaciones del funcionario colombiano fueron sorprendentes e indignantes, especialmente durante una reunión técnica en Leticia. Las relaciones diplomáticas entre Perú y Colombia han estado tensas desde que el Perú retiró a su embajador en Bogotá hace más de un año, en protesta por declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, consideradas como injerencia política.

El Congreso de la República también se pronunció, rechazando categóricamente las declaraciones del funcionario colombiano y clasificándolas como una «pretendida usurpación del territorio peruano». El congresista Guido Bellido solicitó acciones de supervisión en la frontera y el desplazamiento de las Fuerzas Armadas para defender la soberanía nacional.

Benjamín Zevallos
Acción del congresista Guido Bellido sobre la problemática

Al cierre de este informe se sabe que los dos gobiernos ya se encuentran solucionando esta problemática. Además, se sabe que desde el gobierno se extendieron las disculpas respectivas y, el gobierno peruano se ha visto satisfecho. Sin embargo, esta situación con Santa Rosa abre una serie de problemáticas que llaman la atención del Gobierno sobre sus prioridades

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[AGENDA PAÍS] En el Perú estamos viviendo un ataque diario a la poca institucionalidad que nos queda. 

Por un lado, nuestro menú diario, de restaurante de lujo con 3 estrellas Michelin, se compone de una entradita de denuncias constitucionales con acusaciones cruzadas, una sopita de cacicazgos electorales, un segundo bien “taipá” de ministros cuestionados por sus competencias o por sus declaraciones, copiosamente acompañado de guarniciones de congresistas que deberían asistir a los plenos en traje a raya y esposados, y de postre, periodistas politizados y agremiados en cofradías de intereses económicos. 

Por el otro lado, los ciudadanos, con menúes menos opulentos a los cuales incluso, les es difícil de acceder, observan impávidos cómo se pasan los años, tan callando, sin poder ver una luz al final del túnel y maldiciendo a ese Dios peruano del que tanto se habla pero que poco o nunca aparece.

A ese copioso menú, maloliente e indigesto, se le ha sumado una serie de declaraciones, aparentemente coordinadas, para tildar al congreso de dictador, como si el congreso fuera una sola persona, un Nicolás Maduro, que a sola mano dicta acciones sin consulta ni voto parlamentario alguno.

La señora Patricia del Río, periodista de RPP, que hace un par de años viralizó un audio donde soltaba suspiros por Vizcarra, a la vez que reconocía una relación cercana y aceptaba lo corrupto que era ese individuo, ha dicho en una entrevista con su amigo Jaime Chincha, y muy suelta de huesos, que en el Perú vivimos una dictadura congresal.

El exgobernador Mesías Guevara, aquel que junto a otros personajes se infiltraron en Acción Popular, partido al cual casi destruyen, inaugura su flamante cargo de directivo del Partido Morado para también unirse al cargamontón diciendo que “nos están llevando a una dictadura congresal”.

El recién autodenominado candidato presidencial, el rector de la UNI Alfonso López Chau, ha sido más creativo, uniéndose a la manada e instituyendo un nuevo vocablo, el de la “tiranía electiva”.

Caray, lo que pueden hacer 130 congresistas dictadores es impresionante, ¡130! ¡Record Guiness para Perú! Aplausos por favor.

¿Cuántas veces hemos reclamado al ejecutivo y al legislativo que trabajen en conjunto para lograr un mínimo de gobernabilidad para poder generar confianza y un entorno favorable a la inversión pública y privada?

Recordemos que en la época del presidente Kuczynski (PPK) con Keiko Fujimori y sus 73 congresistas, a gritos pedíamos que se pongan de acuerdo y que trabajen en conjunto por el país. Gobernabilidad pedíamos y no pasó nada. 

Bueno, sí pasó… Renunció PPK, entró Vizcarra, vacaron a Vizcarra, entró Merino, renunció Merino, entró Sagasti, llegó Castillo y se vacó solito, dejando a Dina Boluarte en la Presidencia. Entre todo este laberinto, por no haber buscado gobernabilidad y estar pensando en intereses particulares y no en el país, hemos tenido 6 presidentes en 6 años. 

Ahora parece que queremos mantener el record de 1 presidente por año vacando a Boluarte, con lo que al 2026 tendríamos 8 presidentes en 8 años. ¡Otro record Guiness! ¡Vamos Perú!

Dejemos de atacar nuestra propia institucionalidad. Hay congresistas pésimos, sí y un montón. Algunos de ellos tienen más perfil para Piedras Gordas que para la Plaza Bolívar, también. Que el ejecutivo ha demostrado ineficiencia, poca coordinación e indiferencia ante los graves problemas por los que atraviesa el país, sin duda.

Pero por ellos votamos, y si nos equivocamos, no podemos ser tan caras duras de vociferar “dictadura congresal” cuando los parlamentarios y el ejecutivo encuentran consensos que no nos gustan y por el otro, criticarlos cuando no se ponen de acuerdo porque atenta contra la gobernabilidad. 

Solo espero que la campaña presidencial del 2026, que ya está empezando, enfoque a los políticos y a la prensa en los temas de estado que deberían importarnos para luchar contra la pobreza y la anemia, para pensar en nuevas políticas públicas que aseguren una educación y una atención de salud humanas y de excelencia, para que podamos pasear por nuestras bellas ciudades y encantadores pueblos originarios con la tranquilidad de vivir en seguridad, y para así lograr un clima de paz social que es la base para el desarrollo sostenible de nuestro país.

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El destino, que algunos llaman suerte o azar, y otros, los que simplemente lo asocian a la buena fortuna, nos dice que hace 25 años, los hermanos David y Felipe Novoa, sacudidos por una quiebra familiar que les provocó enormes desafíos y, además, las dificultades derivadas de la aparición de una grave enfermedad en un hermano menor, los llevaron a imponerse un reto mayor y fundaron Teoma.

Luego de luchar sin descanso para abrirse paso en el modelo de negocio que escogieron desde muy jóvenes, la persistencia y la resiliencia de los hermanos Novoa encontraron un camino que los llevó a convertir a Teoma en un faro de inspiración y compromiso con la comunidad en la industria del mercadeo en red en el Perú y en otros diez países de América Latina, impulsándolos a construir un legado que promueve el poder de la naturaleza y la sabiduría ancestral andina en pro del bienestar y la salud.

Por otro lado, el espíritu emprendedor de un mexicano, impulsado únicamente por su coraje, dio origen a una compañía cuya historia es un compromiso de 14 años dedicados a una filosofía encuadrada en el enriquecimiento de la vida y el respaldo permanente a sus colaboradores y los familiares de estos.

Inspirado en los valores del Código Bushido, conocido también como el camino del guerrero, la honorabilidad fue desde el inicio de la compañía un pilar fundamental en la consolidación de esta historia, marcando un sendero de integridad y de excelencia.

En octubre de 2009, después de haber superado todos los obstáculos existentes en la vida empresarial, Alejandro López Tello, hoy CEO y Presidente de Sanki Global, viajó al Japón en la búsqueda de oportunidades que, sin saberlo, le abriría las puertas al futuro de la industria de la longevidad.

A partir de ese momento, López Tello se adentró en un mundo donde la investigación e innovación dieron origen a lo que es ahora Sanki Global, una compañía que hasta el día de hoy ha ayudado a transformar la vida de cientos de miles de personas en México, los Estados Unidos, Colombia y el Perú.

En 2024, la unión de estas dos marcas en una Alianza Estratégica sin precedentes, se alinean con un propósito contundente: impulsar el progreso en la industria y convertirse en un movimiento de Bienestar Ancentral y longevidad imparable.

Esta poderosa alianza surge de un enfoque innovador, donde la contribución es el motor para transformar positivamente la vida de muchas personas, desde la creencia en el poder de la tierra hasta la búsqueda de la longevidad y el equilibrio espiritual.

Uniendo nuestras fortalezas para crear un movimiento inspirador, una historia que no sólo cambiará vidas, sino que dejará un legado que perdurará por generaciones, fusionando lo mejor de dos mundos para crear un movimiento de bienestar y longevidad.

¡El momento de la transformación es ahora!

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