El presidente de la Fenamarpe, Celso Cajachahua, mostró su preocupación y subrayó que incluso en las áreas donde estos mineros se encuentran en proceso de formalización, se enfrentan a invasiones de individuos que operan al margen de la ley, ignorando los requisitos establecidos por las autoridades. Esta situación no solo plantea desafíos económicos y sociales, sino que también agrava los conflictos en estas comunidades.
Ahora bien, ¿Qué es la Fenamarpe?
Hablamos de la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú cuya representación intenta velar por la integridad y respeto de los trabajadores mineros. En palabras de su presidente, cuya federación fue establecida en el 2002, esta representa a los mineros y está comprometida con la formalización de sus actividades.
Sus miembros están inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), pero han enfrentado una serie de desafíos, desde obstáculos normativos hasta la falta de apoyo por parte de administraciones anteriores, que no solo no promovieron la formalización, sino que criminalizaron la actividad.
A pesar de estos desafíos, Cajachahua ha enfatizado por el compromiso de su organización con la legalidad y la transparencia en su trabajo. Los mineros de la Fenamarpe operan y están en proceso de formalización, practicando una minería responsable que no solo busca el beneficio económico, sino también el cuidado del medio ambiente.
Sin embargo, la burocracia y las leyes restrictivas han dificultado este proceso. Leyes como la de Interdicción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, promulgada en 2014, imponen requisitos y plazos poco realistas, como los 1260 días y una inversión de 87 mil dólares para obtener toda la documentación necesaria.
Capacitación de mineros. Foto: RUMBO MINERO
Para superar estos obstáculos, Cajachahua hace un llamado al compromiso del Estado y los gobiernos regionales. Es crucial que la formalización minera sea vista como una política de largo plazo, que trascienda las administraciones gubernamentales y garantice un ambiente propicio para el desarrollo sostenible de la minería artesanal y pequeña en el país.
La carta al congreso
En el 2018, el «Proyecto de Ley Nº 2090/2017-CR», destinado a ampliar el plazo para la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera, ha sido objeto de un estancamiento en el Congreso de la República, generando un impacto adverso en miles de pequeños productores mineros y mineros artesanales.
El proyecto, que fue aprobado favorablemente en la Comisión de Energía y Minas el 7 de marzo de 2018, ha quedado relegado desde entonces, sin ser incluido en la agenda de sesiones plenarias. A pesar de los esfuerzos realizados por la presidencia de dicha comisión para priorizar su discusión y su eventual incorporación en la agenda legislativa, la espera se ha prolongado durante más de medio año, afectando gravemente a los trabajadores mineros que buscan regularizar su actividad.
La Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (FENAMARPE) expresó su profunda preocupación por esta demora, señalando que la falta de acción por parte del Congreso está generando consecuencias negativas en la economía y la estabilidad laboral de miles de familias que dependen de la minería como su principal fuente de ingresos.
La convocatoria en enero
El 15 de enero, en Nazca, se produjo una movilización con la participación de los mineros en una marcha programada para el 22 de enero en Lima. La movilización, convocada por diversos gremios de pequeños mineros y mineros artesanales, tenía como objetivo principal la derogatoria del D. L. Nº 1607 y la implementación del Plan Nacional de Minería, aprobado hace varios años, pero aún sin ejecución.
Protestas que se ampliaron a la capital peruana. Foto: Canal N
Cajachahua enfatizó que la marcha se llevó a cabo de manera pacífica, reflejando la preocupación y el descontento de estos sectores con la situación actual. Esto alienta la decisión de protestar también contra el gobierno de Dina Boluarte cuya atención no ha sido constante.
En Nazca, se contó con la presencia de representantes de más de 117 bases de mineros a nivel nacional, de las cuales 36 estuvieron presentes en la reunión. En este encuentro se acordaron las acciones a seguir, incluida la participación en la marcha y la preparación de medidas adicionales para hacer oír sus demandas.
En un país donde la minería representa un pilar fundamental para la economía y el sustento de miles de familias, la demora en la discusión y aprobación de leyes que faciliten su formalización no puede ser pasada por alto. Al cierre de este informe sigue al pie un nuevo paro minero que el Ejecutivo puede evitar. Sin embargo, quedaría en manos de un Gobierno que no tiene los pies sobre la tierra ante la desagradable realidad.
