Minería

Nos contactamos con el candidato para obtener sus descargos, pero no obtuvimos respuesta.

Conclusión

Las grandes mineras formales pagan impuestos, pues aunque no paguen el IGV durante su etapa exploratoria, más adelante pagan cinco conceptos tributarios y estos impuestos representarían cerca del 47 % de sus utilidades. Además sólo este año el departamento de Puno recibió más de 390 millones de soles por Canon, regalías y derecho de vigencia.

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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candidato, Elecciones, Hugo Supo, Minería, puno

Existe abundante literatura empírica que ha evidenciado que los conflictos sociales internos a los países son causantes de tasas de crecimiento más bajas discontinuas, así como causantes de que muchos países hayan experimentado un colapso de su crecimiento económico desde mediados de la década de 1970 (Rodrik, 1999)[4]. Para el caso peruano, el BCRP (2022)[5] estimó que los conflictos sociales habrían afectado negativamente al PBI del sector minero metálico en 2.3%, lo cual habría finalmente ocasionado un impacto en el PBI total de -0.2% para el año 2021.

Ciertamente, la gestión pública es fundamental para atender adecuadamente las necesidades de la población y evitar futuros conflictos sociales. Si se relacionan las variables de gestión pública regional, aproximada por el Índice Regional de Gestión Pública (IRGP)[6], y el número de conflictos sociales, se encuentra una relación negativa (coeficiente de correlación de -0,47). Es decir, que las regiones con menores niveles de servicios en aspectos relacionados a conectividad, salud, educación e instituciones registran un mayor nivel de conflictividad social.

Si bien la solución de los conflictos sociales requiere la implementación de un conjunto de medidas estructurales que mejoren la institucionalidad del Estado, es posible avanzar en acciones de corto y mediano plazo destinadas a mejorar la provisión de los servicios públicos en zonas de influencia minera. Una de estas acciones corresponde al fortalecimiento del rol efectivo del Estado en la prevención de conflictos sociales mediante el desarrollo de un sistema preventivo operado por personal especializado en la gestión de conflictos, debidamente acreditado y autorizado para vincular los compromisos de proyectos de cierre de brechas en los sistemas de inversión y presupuestarios. Una parte esencial de este sistema pasaría por analizar ex ante las condiciones socioeconómicas de los distritos y comunidades en donde se desarrollará un proyecto minero con el objetivo de priorizar oportunamente la reducción de la brecha de servicios públicos básicos de la población del área de influencia de dichos proyectos.

Otra de las acciones correspondería al desarrollo de un adecuado seguimiento y monitoreo a los compromisos que surgen de los espacios de diálogo de los conflictos a cargo de una unidad independiente y especializada. Esta tarea podría estar a cargo de una nueva Unidad de Gestión de Cumplimiento de Acuerdos en la Defensoría del Pueblo para realizar un seguimiento adecuado a todos los compromisos, con especial énfasis en los proyectos de inversión que surgen de dichos espacios. Asimismo, esta entidad debiera poner a disposición de la ciudadanía la información en formato de datos abiertos referida a la gestión de los conflictos sociales que facilite la generación de evidencia para el diseño e implementación de políticas públicas.


[1] Yunis, J., Aliakbari, E. (2022). Annual Survey of Mining Companies 2021. Fraser Institute.

[2] Esser, K., Hillebrand, W., Messner, D., Meyer, J. (1996). Competitividad sistémica: nuevo desafío para las empresas y la política. Revista CEPAL, 59.

[3] Defensoría del Pueblo (2022). Reporte de Conflictos Sociales N° 221. Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, julio.

[4] Rodrik, D. (1999). “Where Did All the Growth Go? External Shocks, Social Conflict, and Growth Collapses”. Journal of Economic Growth volume 4, pages385–412.

[5] BCRP (2022). Reporte de Inflación 2022. Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2022-2023. Banco Central de Reserva del Perú, marzo.

[6] El Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) 2022 del CPC mide el desempeño de 17 indicadores en los pilares de conectividad, salud, educación e instituciones. Entre 2019 y 2021, solo dos de las 25 regiones analizadas mejoraron en todos los pilares.

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Conflictos, Minería

4.-Preocupaciones ambientales

El gobierno aún enfrenta el importante desafío de formalizar a los mineros ilegales de oro, que han destruido más de 53.000 hectáreas de la selva amazónica con mercurio. Se estima que se concentran el 20% de la producción de oro de Perú. En este punto, el gobierno peruano aprobó una prohibición generalizada de la minería ilegal para liberar al país de una práctica peligrosa que lleva no sólo al daño ambiental extenso y deforestación, sino a actividades delictivas asociadas a ellos.

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Minería, Perú, proyecciones 2022 - 2023

Podemos decir entonces que, con esta sentencia, el TC ha perdido por knock out el segundo round en la lucha por la consulta previa. Esta victoria, entonces, no solo es del pueblo awajún, sino la de todos los pueblos indígenas del Perú. Está historia continuará…

 

 

 

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Minería, Tribunal Constitucional

 

Por Cristian Rebosio

Usted ha sostenido varios encuentros con el presidente Pedro Castillo, ¿cómo se ha desarrollado este vínculo?

Cuando hemos conversado, que han sido cuatro o cinco veces, fue en relación a la creación de empleo y la visión que él debe tener para que se pueda crear de manera más rápida. Hay una apertura que me parece lógica, porque él viene de otro sector de la sociedad y encontrarse con empresarios y ver el mundo empresarial es algo totalmente nuevo.

 

Entonces, ¿la SNI mantiene una buena relación con el gobierno?

No solo la SNI. El relacionamiento es con varios gremios y también con diferentes personalidades empresariales que conozco. Más que nada hablamos con ellos porque hay muchos problemas y no nos quedamos callados. Nosotros hemos hablado acerca del tema de la Asamblea Constituyente, con la que no estamos de acuerdo, y el día lunes toda la pequeña y micro empresa le manifestó su rechazo sobre este tema.

¿Observó predisposición para realizar los cambios y atender las inquietudes que le plantean?

El problema viene del entorno. No entiendo por qué no toman una manera más científica de contratar a la gente. Para nosotros, los empresarios, cuando queremos contratar cargos altos tenemos que mandar a un grupo de empresas a que califiquen y certifiquen el conocimiento de esa persona.

¿No cree que Pedro Castillo hará cambios entonces?

En este caso específico, no. También entiendo que hay compromisos políticos. En la última designación de la PCM, respecto al secretario de territorialidad parece que estamos en lo mismo [se refiere al viceministro de gobernanza territorial, Pablo Sánchez, exdirector de la ONG Grufides]. Necesitamos que se ponga gente más capacitada.

Cuando el Gabinete de Mirtha Vásquez obtuvo el voto de confianza, usted dijo que ahora se vería la estrategia económica, ¿ha podido ver esa estrategia que esperaba?

Ha cometido un gravísimo error que lo está corrigiendo. Pero ahora me llaman otros gremios, como Confiep y Adex, porque hay otros problemas. La verdad es que no vemos que haya esa visión de trabajar para producir de una manera más eficiente.

Recientemente declaró que no está de acuerdo con la vacancia, pero tampoco dejará “que se destruya al país”, en referencia a la Asamblea Constituyente. ¿Es igual de perjudicial una vacancia presidencial como un cambio de Constitución?

Tenemos que decir que siempre hemos sido críticos de lo que no nos parece correcto y atenta contra el país. Hemos sido de los primeros gremios en pronunciarnos enfáticamente en contra de la Asamblea Constituyente, el gabinete Bellido y el reciente cierre de minas. El tema de la constituyente es un tema político y quienes deben decidirlo son las autoridades correspondientes. Lo que nos preocupa es que genera una gran inestabilidad que atenta contra la reactivación económica, la generación de empleo y el desarrollo del país. 

Cuando dice “no vamos a dejar que se destruya al país”, ¿a qué acciones concretas de parte de la SNI se refiere?

Hemos dicho eso porque somos conscientes de lo que está pasando y saldremos con avisos y solicitudes al Ejecutivo y Legislativo para defender nuestras posiciones que están dentro de la Constitución. Estamos vigilantes de nuestra democracia y no dejaremos de estarlo.

¿Estaría de acuerdo con los sectores de izquierda que proponen que sea la población la que decida mediante un referéndum?

Eso de dejar que el pueblo decida es porque no saben que alguien que quiere invertir deja de hacerlo. Anoche estuve con más de quince empresas mineras en Arequipa y todas quieren invertir, pero quieren ver más estabilidad. Además, los mecanismos para cambiar la Constitución están dentro de la actual. Por eso, la iniciativa de una congresista de Fuerza Popular para ver cuáles son los artículos que se pueden modificar es buena, pero deben convocar constitucionalistas fuera del Congreso para que la población acepte este tipo de cambios.

Si se insiste con la nueva Constitución, ¿estaría de acuerdo con la vacancia?

Es un tema netamente político. Nosotros, como empresarios, lo que decimos es que nos preocupa más la estabilidad. 

¿El Congreso ha hecho un buen trabajo?

El Congreso está trabajando, pero necesita trabajar más con los gremios. Porque en todos los gremios hay muchas iniciativas que no están siendo atendidas y son el freno para la creación de empleo. 

Cuestionó el cierre de minas y la postura del gobierno al respecto, ¿pero no hubo un descuido del sector minero por el cuidado del medio ambiente y que da lugar a los reclamos actuales?

Estoy seguro que el tema ambiental se da en empresas que no son formales. Las grandes corporaciones que hay en el Perú, y están en la bolsa de Nueva York, no pueden estar sin cumplir los mandatos y protocolos medioambientales. Hay que ver casos específicos, pero lo que nosotros hemos visto es que el gobierno debe hacer un seguimiento para que de esa manera se pueda invertir más en la minería.

El portal Ojo Público hizo una investigación en la cual se reveló que, entre las diez empresas más sancionadas por daños ambientales, la mayoría eran mineras formales. ¿Eso no prueba que estas empresas han descuidado el tema ambiental?

Lo que pasa es que son las más fiscalizadas. Ayer estuve con quince mineras, que son las más grandes en el sur, y todos están fiscalizadas. ¿Pero sabes cuántas hay en el Perú informales? El OEFA [Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental] tiene que hacer su trabajo y los empresarios tienen que cumplir más estrictamente lo que es el tema medioambiental, pero ahí nos preguntamos por qué siempre son los mismos [los fiscalizados].

¿Por qué cree que no se atendió el problema antes de las sanciones?

Si han puesto multas es porque han cometido errores y lo que tienen que hacer es corregirlos. No por un error van a cerrar la mina. Tiene que haber una actitud tanto de la empresa minera privada hacia al medio ambiente como de su entorno, para que la empresa siga abarcando no solo el desarrollo alrededor de la mina sino de toda la región.

¿El gobierno manejó de forma correcta los recientes conflictos mineros?

La señora primera ministra Mirtha Vásquez sabe lo que hace porque es abogada ambientalista. Ella conoce este tema. Pero tiene que haber una mirada al futuro. Entiendo que hay problemas que han demorado tiempo, pero de esas cuatro minas hay dos que cotizan en bolsa y si cotizas tienes que estar A1. No hay vuelta que darle.

¿Mirtha Vásquez debería enfocarse más en el tema económico?

Debe haber más diálogo y una visión en que sin minería el futuro del Perú sería más difícil para la población que vive en estas zonas. En esas cuatro minas hay más de 40.000 trabajadores y no es fácil crear un puesto de trabajo. No hay que descuidar el medio ambiente, pero el gobierno debe ver que las inversiones son necesarias.

Una de las propuestas para evitar estos conflictos es que se realice un referéndum en la zona donde se desarrollará el proyecto minero y sea la población la que decida. ¿La considera una buena solución?

Lo que tienen que darse cuenta es que es un terreno que le pertenece a todos los peruanos y no solo a las comunidades. Si bien es cierto que las comunidades tienen que ser las principales beneficiadas con el desarrollo de estas minas, también está el resto del país. Es una industria que tiene que crecer. No podemos dejar pasar la oportunidad en el resto del mundo con los metales. Varios países quisieran tener lo que tenemos nosotros.

Pero si se sostiene que los principales beneficiados viven en la zona, ¿por qué no confiar en ese referéndum?

Porque también hay política. Hay personas que, conceptualmente, creen que la minería es dañina. 

Una investigación del portal El Foco reveló un chat en el que miembros de la Sociedad Nacional de Industrias coordinaban estrategias para desestabilizar al gobierno, ¿los involucrados fueron sancionados?

Es un grupo privado del que no tenía conocimiento ni participé. Lo que hemos hecho es tomar acciones internas y sancionar. Nos ha creado un problema interno, pero lo hemos hecho. El motivo es bien simple, el que es director de la SNI no puede participar en política más que la presidencia y el comité ejecutivo. Así está en los estatutos. 

¿Cuáles han sido las sanciones?

Ha habido sanciones. Tenemos una presión grande en ese sentido, pero no quiero hablar más del tema porque es interno. Tengo problemas porque no es fácil en un ente privado ese tipo de sanciones.

¿Ha recibido presiones para apoyar la vacancia?

Nosotros no recibimos influencias de nadie. Somos un comité ejecutivo que se va para el cuarto año y nosotros decidimos. Aquí hay grandes empresas, como minas, supermercados, químicas, medicina, alimentos, cervezas, etc., y todas esos son comités, pero nosotros tomamos nuestra decisión. Tenemos protocolos internos y por eso podemos hablar.

(*) Foto de portada: Andina.

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Minería, Pedro Castillo, Ricardo Márquez, SNI

Se está discutiendo si es que se podrá volver a clases en marzo del 2022. Es urgente hacerlo. Por falta de liderazgo del MINEDU desde que inició la pandemia, no se ha podido regresar a clases semipresenciales y presenciales con mayor rapidez. En lugar de poner en duda el retorno a clases, deberíamos estar discutiendo estrategias para recuperar clases en verano y extender jornadas escolares para ayudar a recuperar aprendizajes a los alumnos.

Se está discutiendo sobre el cierre arbitrario de algunas operaciones mineras en Ayacucho. Deberíamos estar concentrados en encontrar estrategias para duplicar nuestra producción minera y poner en operación múltiples yacimientos de gran potencial. El debate debería ser en cómo el Estado asume un rol mayor para atender las necesidades de la población. Se debe evitar la confrontación empresa vs. comunidad.

Se está discutiendo sobre la reforma tributaria para incrementar la recaudación marginalmente. Deberíamos estar discutiendo una estrategia para formalizar la economía y el empleo. El debate debería ser integral y cubrir aspectos diversos de la protección social incluyendo salud, pensiones, seguro de desempleo y, por otro lado, aspectos varios del desarrollo productivo e incremento de la productividad de las empresas y trabajadores.

Se está discutiendo de la contaminación del agua y de la minería en cabeceras de cuenca. Es un debate amplio que se debería tener. La gran minería es una actividad que gestiona sus impactos ambientales. Si existiesen incumplimientos deben ser identificados, sancionados y corregidos. Sin embargo, en la minería ilegal e informal hay mucha contaminación y no se está gestionando. Además, la gestión del agua es otro punto ausente del debate.

Se está discutiendo de la vacancia o el cierre del Congreso. Deberíamos pensar en cómo vamos a evitar estar de vacancia en vacancia. El tema nunca debió entrar a la agenda ni con PPK ni con Vizcarra. El reto es cómo fortalecer partidos políticos y el sistema electoral de modo que los políticos electos rindan cuentas ante los electores y mejore la oferta política.

Debemos empezar a discutir los temas sustantivos. Dejar el clientelismo, populismo que llena los espacios políticos. La lucha contra la corrupción es clave y no debemos normalizarla en ningún escenario.

 

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Minedu, Minería, Nathan Nadramija, reforma tributaria

Todos los días de lunes a viernes «Si el Río suena» con Patricia del Río, entrevistas exclusivas. Este es nuestro episodio número 56.

Para el especialista en temas educativos la suspensión de todo el proceso de nombramiento docente es irracional ya que pudo ponerse en pausa mientras el Ministerio Público hacía sus investigaciones sobre la filtración del examen.

Hoy también conversamos con el economista Marcel Ramírez sobre cómo se obtiene y distribuye el canon minero; y cuál sería el impacto de que la región de Ayacucho pierda este ingreso.

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Ayacucho, Marcel Ramírez, Minas, Minería, Ministerio público, nombramiento docente, Paul Neira
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