A más de un año de su paralización, el proyecto de protección ante inundaciones y movimientos de masa en la quebrada Huaycoloro —una de las zonas más vulnerables de Lima Este— sigue sin avances. La obra, a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), debía ejecutarse en seis tramos a lo largo de cinco distritos, pero hasta la fecha solo registra un 6,5% de avance físico, según un informe reciente de la Contraloría General de la República.

La quebrada Huaycoloro ha sido históricamente una amenaza constante para la población de San Juan de Lurigancho, Lurigancho-Chosica, El Agustino, Santa Anita y Ate. Cada temporada de lluvias, el cauce se desborda y arrastra viviendas precarias construidas en sus márgenes. El proyecto, valorizado en más de 94 millones de soles, tenía como objetivo mitigar estos riesgos mediante defensas ribereñas, encauzamientos y otras obras de ingeniería. Sin embargo, su ejecución ha estado marcada por demoras, deficiencias técnicas y una escasa capacidad de respuesta institucional.

Benjamín Zevallos 

Señalización presentada por la Contraloría General

Un hito de control publicado el 4 de abril por la Contraloría advierte que los retrasos en la ejecución podrían agravar las consecuencias de los fenómenos climatológicos extremos asociados al Fenómeno El Niño. Además, señala que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) no emitió las autorizaciones correspondientes a tiempo y que el expediente técnico presenta observaciones no levantadas, lo que afecta la viabilidad del proyecto.

A pesar de que la obra fue adjudicada en marzo de 2023 al Consorcio Huaycoloro —integrado por dos empresas con historial en obras públicas—, los trabajos no llegaron a consolidarse en ninguno de los tramos previstos. El contrato fue resuelto por mutuo acuerdo en diciembre del mismo año, sin que se hayan definido nuevas fechas para retomar la ejecución. Mientras tanto, más de 100 mil personas siguen expuestas a posibles deslizamientos y desbordes.

Los vecinos de las zonas colindantes expresan su frustración. “Cada año es lo mismo. Llega el verano y todos tenemos miedo de que el huaico se lleve nuestras casas”, dice Clara Rodríguez, vecina de Cajamarquilla, uno de los sectores más golpeados en temporadas de lluvias. “Nos prometieron defensas, pero no hay ni un saco de arena”, agrega.

La situación evidencia una falla estructural en la planificación y ejecución de proyectos de prevención de riesgos. En su informe, la Contraloría también señala que el Midagri no presentó una estrategia adecuada para garantizar la continuidad del proyecto ni tomó acciones inmediatas para reiniciar la obra tras la resolución contractual.

En un contexto donde los efectos del cambio climático intensifican los fenómenos naturales, la demora en obras de prevención no solo refleja ineficiencia administrativa, sino que pone en peligro vidas humanas. Por ahora, el cauce de la quebrada Huaycoloro sigue expuesto, y con él, miles de familias que esperan respuestas concretas antes de la próxima temporada de lluvias.

Presupuesto duplicado y ejecución financiera

El costo inicial viable del proyecto fue de S/ 320 millones. Sin embargo, este monto fue actualizado a S/ 586 millones, de los cuales ya se han girado S/ 545 millones, según datos del Banco de Inversiones (Invierte.pe) y el Portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas al 22 de noviembre de 2024.

El incremento del presupuesto se explica por un mayor costo en la construcción de muros de concreto en la parte baja de la quebrada, así como por el aumento de gastos en el expediente técnico y la gestión del proyecto.

De manera desagregada, la valorización acumulada del contrato —sin considerar IGV ni penalidades— asciende a más de S/ 458 millones, mientras que el total abonado al contratista, sumando adelantos, supera los S/ 527 millones.

Supervisión y cambios en la administración del contrato

El proyecto cuenta con servicios de supervisión en calidad, seguridad y medio ambiente (SSOMA), a cargo de la empresa TAKESHI S.A.C., contratada inicialmente por la ARCC (Autoridad para la Reconstrucción con Cambios) y posteriormente transferida a la ANIN (Autoridad Nacional de Infraestructura) mediante adenda al contrato suscrita en diciembre de 2023.

El servicio de TAKESHI contempla acompañamiento durante 18 meses de obra y 12 meses para la subsanación de defectos. Su inicio fue el 15 de agosto de 2023.

Fechas clave y penalidades

El proyecto ha enfrentado modificaciones en las fechas contractuales. Por ejemplo, el hito de aceptación del diseño final, previsto para mayo de 2023, se alcanzó con una semana de retraso, generando una penalidad de S/ 82 mil.

La fecha clave para la culminación de obras, inicialmente prevista para octubre de 2024, fue reprogramada al 10 de enero de 2025, como resultado del Evento Compensable (EC) N.º 14, derivado de demoras en el trámite de inscripción registral de predios afectados.

Eventos compensables y controversias

Durante la ejecución del contrato, el contratista notificó 72 Eventos Compensables. De estos, 49 fueron aceptados, 18 rechazados y 5 se encuentran en evaluación. Además, se han presentado cuatro Sumisiones Formales al Dispute Adjudication Board (DAB), de las cuales tres ya han sido resueltas.

El contrato NEC3 permite la aplicación de penalidades por incumplimiento de fechas clave. Estas pueden ser deducidas directamente de órdenes de pago, del fondo de garantía o cualquier otra garantía vigente.

Al cierre del informe (noviembre de 2024), solo los paquetes 4.1A y 4.1B habían sido concluidos, mientras que el paquete 1 no contaba con confirmación para su inicio debido a problemas de expropiación y acceso, por lo que se evalúa su exclusión del contrato.

La crisis que envuelve a Innova Ambiental, antigua operadora de parte del sistema de disposición final de residuos de Lima, ha llegado a un punto sin retorno. Con la culminación de su contrato con la Municipalidad de Lima y una serie de denuncias ciudadanas acumuladas por años, la empresa se encuentra ahora en el centro de una tormenta política, social y ambiental.

A pesar de haber devuelto las instalaciones que gestionaba y solicitado su exclusión del Registro Autoritativo de Empresas Operadoras ante el Ministerio del Ambiente (MINAM), la sombra de su paso por los rellenos sanitarios sigue generando tensiones. Comunidades cercanas, expertos ambientales y diversas organizaciones civiles han levantado la voz para exigir una investigación profunda y una reestructuración completa del modelo de gestión de residuos sólidos en la capital.

Un contrato que terminó, pero no cerró heridas

En mayo de 2024, Innova Ambiental puso fin oficialmente a sus operaciones en varios centros de disposición de residuos en Lima, marcando la clausura de un vínculo de décadas con la administración municipal. A través de una carta firmada por su gerente general, Marcelo Socoowski Azev, la empresa informó al MINAM sobre su decisión de dar por concluidas sus obligaciones contractuales, solicitando que se actualice el listado de infraestructuras bajo su operación.

Sin embargo, la salida no ha significado una desconexión total. El Ministerio del Ambiente no dio una respuesta formal a la solicitud de Innova, lo que generó incertidumbre sobre quién está asumiendo de facto la gestión técnica y ambiental de estos espacios. Este limbo burocrático es visto por muchos como una estrategia para diluir responsabilidades y desviar la atención de las múltiples denuncias acumuladas durante los años de operación.

Olores insoportables, proliferación de vectores y filtraciones en las napas freáticas son solo algunas de las quejas que se repiten en los testimonios recogidos en campo. Para muchos, la empresa no solo falló en su rol operativo, sino también en su obligación de informar y dialogar con las comunidades directamente afectadas.

Una historia marcada por los excesos

Las cifras, que aún no han sido auditadas de forma independiente, han avivado el debate sobre el uso de los recursos públicos y la falta de fiscalización en un sector clave para la salud pública de la ciudad.

Además, ciertos cambios en la estructura administrativa de la Gerencia de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad de Lima han sido interpretados como maniobras para silenciar las voces disidentes dentro del aparato estatal. La salida de funcionarios críticos con el modelo de gestión de Innova ha generado sospechas sobre presuntas alianzas políticas que habrían protegido a la empresa incluso en sus momentos más críticos.

El desafío de recomponer la confianza

El caso de Innova Ambiental revela una problemática más profunda: la fragilidad institucional en la gestión de residuos urbanos en Lima. Más allá del nombre de una empresa o de las acusaciones puntuales, lo que está en juego es la salud de cientos de miles de personas, la protección del ambiente y la confianza en las entidades responsables de garantizar ambos.

La necesidad de un nuevo pacto social sobre cómo gestionar los residuos de una ciudad que genera más de ocho mil toneladas diarias se hace cada vez más urgente. Esto implica no solo mejorar la infraestructura, sino establecer mecanismos reales de fiscalización, acceso a la información y participación comunitaria en las decisiones que afectan su entorno inmediato.

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Innova ambiental, Lima, munilima

A pesar de la gravedad de los hechos, la Fiscalía no ha tomado acciones concretas para esclarecer las amenazas contra Ruth Cuno ni el asesinato de John Valverde. Este vacío institucional deja en evidencia la ineficacia del sistema judicial para responder a la creciente violencia política y la infiltración de organizaciones criminales en la gestión municipal.

Un elemento clave en este entramado es la empresa Industrias Argüelles, encargada del servicio de recolección de residuos en Santa Anita. Su contrato vence este año y varios regidores, incluida Cuno, han solicitado su rescisión debido a presuntas irregularidades. No obstante, el alcalde Olimpio Alegría se ha negado a revisar dichos contratos, lo que ha generado una fuerte fractura dentro del concejo municipal.

Asimismo, Limber Bustamante, impulsor de la vacancia de Alegría, ha denunciado amenazas similares, lo que refuerza la hipótesis de un esquema de coerción sistemática contra quienes intentan alterar el status quo en la municipalidad. En este contexto, el alcalde ha defendido su gestión, argumentando que no existe ilegalidad en la contratación de su exasesor de campaña dentro de la administración pública.

Este caso se inscribe en un escenario de creciente tensión dentro de la alcaldía de Santa Anita, donde las amenazas y atentados parecen estar directamente ligados a los intereses que giran en torno a la gestión de residuos sólidos. A un año y medio del asesinato de Valverde, las mafias locales han puesto en la mira a Cuno, quien asumiría el cargo si se concreta la vacancia de Alegría.

El hostigamiento en su contra se intensificó en las últimas semanas. Primero, un desconocido le advirtió desde un vehículo que detuviera sus acciones en favor de la vacancia. Luego, seis días después, en la medianoche, sujetos no identificados prendieron fuego en la puerta de su vivienda y dejaron un sobre con tres balas, acompañado de un mensaje amenazante: «Sigue con la vacancia y te pasará lo mismo que a John».

Cuno sostiene que las amenazas están directamente vinculadas a la disputa por el control del servicio de recolección de basura en el distrito. En paralelo, la investigación sobre el asesinato de Valverde sigue sin avances significativos, lo que refuerza la hipótesis de la existencia de una red mafiosa con conexiones en múltiples distritos de Lima.

Un patrón de violencia e impunidad

El caso de Santa Anita no es un hecho aislado. La violencia vinculada al control de recursos municipales y ambientales se replica en otras jurisdicciones. Un ejemplo es el asesinato de Santiago Guardamino, defensor de derechos territoriales en la comunidad de Quipán, quien fue ultimado horas antes de testificar ante el Ministerio Público. Guardamino denunciaba la apropiación ilegal de tierras comunales por parte de Industrias Argüelles, a través de la falsificación de documentos y el soborno a funcionarios públicos.

Aunque el Ministerio Público inició una investigación preliminar sobre presuntos delitos ambientales y corrupción en el manejo de residuos sólidos, las acciones tomadas hasta el momento no han dado resultados tangibles. La impunidad con la que operan estas redes refleja un problema estructural dentro del sistema judicial y la falta de voluntad política para erradicar la corrupción en el manejo de los servicios públicos.

Mientras tanto, Ruth Cuno continúa con su labor, a pesar del riesgo que implica desafiar intereses enquistados en la gestión municipal. «Lo que quiero es llegar hasta las últimas consecuencias, porque de por medio está mi vida. Temo por mi familia», sentencia.

El caso de Santa Anita ilustra con crudeza cómo el negocio de la basura en Lima no solo es una fuente de corrupción, sino también de violencia y muerte. Sin una respuesta efectiva de las autoridades, la impunidad seguirá siendo el mayor aliado de estas mafias.

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Arguelles, Santa Anita

Pesquera Mar, al igual que varias empresas peruanas fueron expropiadas durante el gobierno de Velasco sin ningún tipo de compensación. “El Estado nunca pagó la compensación correspondiente. A finales de los años ochenta, Pesquera Mar solicitó el abandono y caducidad de la expropiación debido a la falta de pago”, comentó Machado mientras recuerda que para el 28 de septiembre de 1992, el Noveno Juzgado Civil de Lima falló a favor de la empresa, y esta decisión fue confirmada por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, el 20 de diciembre de 1993.

Nota de redacción: La Corte Suprema de la República declara infundada la queja interpuesta por el Procurador Público del Ministerio de Pesquería, el 24 de noviembre de 1994. Quedando expedito para que se le entreguen sus bienes y los derechos administrativos de una expropiación que nunca prosperó; pesquera Mar nunca fue expropiada.

“La primera sentencia ordenó que se devolvieran todos los derechos de Pesquera Mar incluyendo acciones y bienes, como se detalla en el expediente 390-99. Sin embargo, dicha Sentencia NUNCA fue cumplida por el Estado (PRODUCE)”, menciona Bulos. “Firmamos contratos con PESQUERA MAR S.A.C. para recibir honorarios profesionales a través de un acuerdo de cuota litis. Inicialmente, los contratos se establecieron con los señores Saavedra Montero por un 25% de las acciones y bienes de la empresa. Luego, se firmó un segundo contrato que les otorgaba el 50% de los bienes y derechos de la empresa, añadió.

Mientras conversamos con Machado hizo hincapié al trabajo de su hermano Guillermo quien, en palabras de Rolando Machado, este vaivén de juicios y problemática de Pesquera Mar terminarían consumiéndolo y acabando con su vida.

“Ahora bien, durante el proceso culminado de expropiación que declaró EL ABANDONO Y CADUCIDAD DE LA EXPROPIACIÓN DE LA EMPRESA PESQUERA MAR S.A. que encuentra en Estado de Ejecución, conforme lo ha ordenado la Corte Suprema en el Exp: 1756-2010, se envió un memorando interno por parte del procurador Fernando Vidal Malca quien aceptó que la Ejecutoria Suprema en cuestión no se habría cumplido, sin embargo, a pesar de haberlo manifestado y reconocido dicho procurador persiste sin acatar la Ejecutoria Suprema”, mencionó Bulos.

La relación de la problemática con Oscar Peña

Oscar Peña Aparicio, más conocido como “el Rey de la Pesca Negra” y quien estuvo investigado por varios años y prófugo de la justicia,  sin embargo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ordenó que se anule la condena de cinco años que en primera instancia recibió por estar implicado en el caso Fundo Oquendo junto al expresidente regional del Callao, Félix Moreno.

Peña Aparicio, durante el gobierno de Alejandro Toledo, utilizó su empresa HOPE TRADING S.A.C. y creó la empresa: Pesquera Mar y Mundo Sac, empresas que conjuntamente con la empresa Tasa del grupo Brescia fueron denunciados penalmente y multados con 4 UIT. “Dichas  empresas celebraron un contrato de asociación y participación para usufructuar los derechos pesqueros y la licencia de la planta de procesamiento de harina y aceite de pescado. Peña realizó prácticas ilegales, como la falsificación de firmas y documentos, para obtener resoluciones judiciales que le permitiera apropiarse de los derechos administrativos que son de propiedad de PESQUERA MAR S.A. y que aún no le han sido Restituidos”, mencionaron Machado y Bulos refiriendo a que esto representó un segundo atropello contra la empresa, ya que el primero había sido el incumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema que declaró infundada la queja del Procurador del ex Ministerio de Pesquería, debiendo haber entregado los bienes y parte de derechos a la empresa PESQUERA MAR S.A.C. como dice la sentencia.


“Hope Trading de Oscar Peña Aparicio, sin ser propietario de ningún bien ni derecho administrativo de Pesquera Mar S.A., se hace pasar como dueño de Pesquera Mar S.A.C. en complicidad con el Ministerio de la Producción utilizando la Empresa Pesquera Mar y Mundo y Pesquera Buena Vista (también de Peña) celebrando dos contratos a perpetuidad con la Empresa T.A.S.A. debidamente representados por MARIO BRESCIA MOREYRA y OTROS”, menciona Machado mientras recuerda que se firmó dos contratos, uno por las cuotas de pesca y otro por la licencia para fábrica de harina de pescado.

“Ahí no termina la cosa, Peña también se beneficia de los derechos de Pesquera Mar S.A.C., ya que con la R.D. N° 253-2003 – PRODUCE/DNEPP y la R.D. N° 150-2004 – PRODUCE/DNEPP, emitidas por Flor de María Alvarado Barriga, directora de Extracción de aquel entonces, se le entrega ilegalmente a la empresa Hope Trading y parte de los derechos de Pesquera Mar S.A.C. para constituir una embarcación nueva de 350 m3 de CBOD, llamada “Osquitar” (hoy PDA-03) con matrícula CO-21696-PM, ¿cómo le otorgan el derecho y la licencia pesquera si Oscar Peña si no es absolutamente dueño de nada ni compró nada de Pesquera Mar S.A.C.”, se pregunta indignado el investigador.

“Debemos señalar que en los contratos antes mencionados no se desligan, PEÑA y TASA son socios para siempre, hasta el día de hoy”, advierte el investigador mientras hace hincapié  que estos contratos son NULOS y, por lo tanto, todo lo que pescan los Brescia con estos derechos es ilegal y también lo que procesa su planta de planta de harina y aceite de pescado en Malabrigo (Chicama), hasta el 5% que recibe Peña, según contrato.

El 15 de diciembre del 2004, el Ministerio de la producción SANCIONA y DENUNCIA PENALMENTE A PEÑA, a los BRESCIA y a sus empresas por falsificación de firmas y documentación fraguada al tratar de ingresar documentación para pescar ilegalmente, luego con el actuar de malos funcionarios y Javier Reátegui Roselló como Ministro de Producción quién también se benefició ilegalmente, apoderándose de 70 m3 de Capacidad de Bodega (CBOD) aumentando la capacidad de la bodega de la embarcación que administra. “Se verifica que continúan con sus fechorías, logrando ilegalmente apropiarse  de los derechos de pesca y licencia para fábrica de harina , así como las cuotas de pesca de la Empresa Pesquera Mar S.A.C. la verdadera propietaria, comprobándose la falta de buena fe”, mencionan Machado y Bulos.

“Puedes pedirle su versión a TASA, pero no te van a dar nada por qué no tienen ningún fundamento, contrato o prueba legal que presentar. Los Brescia son socios de Oscar Peña Aparicio a perpetuidad en un contrato que es nulo”, sentencia Bulos recordando que la Ejecutoria Suprema 1756-2010 y la Sentencia del TC del 2019 no estarían siendo cumplidas por el Ministerio de la Producción.

Esto no es entre dos personas particulares y dos empresas. Porque acá la responsabilidad la tiene el Estado. Aquí se cumplen delitos continuados y de organización criminal”, menciona Machado. “Lo que estamos exigiendo es que se cumpla la ejecutoria. Si hablamos de T.A.S.A, simplemente en el 2004 a la actualidad (21 años), tienen una deuda exorbitante por Lucro Cesante, tanto de la extracción de anchoveta como el procesamiento de harina y aceite de pescado por utilizar la licencia ilegalmente ; deuda con el Estado en materia administrativa por las multas establecidas tanto en el RISPAC como en el actual REFISAPA del Ministerio de la Producción, por pescar y elaborar harina sin contar con el derecho pesquero; y por último, los daños y perjuicios que ha originado esta empresa por 20 años, su deuda es mucho más de lo que vale la empresa, Tasa”, sentencia.

La participación de Exalmar:

Según menciona Machado, en el mes de julio del 2011, tiempo después que se emite la Ejecutoria Suprema 1956-2010, Víctor Matta Curotto conjuntamente con Martin Belaunde Lossio y Martin Kohatsu ofrecen comprar las cuotas de Pesquera Mar SAC, sin embargo, el origen del dinero que ofrecían no era legal.

“El Dr. Machado desestimó la venta a la empresa Exalmar sin embargo el abogado de Exalmar Martin Kohatsu celebró una compra ficticia, sin tracto sucesivo con firmas falsas y sin que el número de acciones cuadre debidamente. Así y todo presentaron  dicho documento al Ministerio de la Producción  haciéndose de las cuotas de Pesquera Mar creando una duplicidad de cuotas ya que los Brescia con su empresa Tasa también las venían utilizando sin ningún derecho”, menciona Machado. “Se desató una pugna en la que la SNP expulsa  Exalmar de dicha sociedad por haberse atrevido a comprar las cuotas de Pesquera Mar defendiendo claramente la pesca ilegal de la sociedad Tasa Peña – los actos cometidos con la participación de Exalmar fueron investigados por el fiscal José Domingo Pérez quien sospechosamente dejo caducar el caso sin investigar  a cabalidad”, añade Bulos.

“Cabe resaltar que Exalmar pagó cinco  millones de dólares a través de una venta ficticia para obtener los derechos de Pesquera Mar. Al verse descubierto vende ilegalmente la empresa Pesquera Mar a  su hijo Víctor Matta Dall’Orso a través de su empresa  Cedes Management Corp offshore de Víctor Matta Dallorso, hijo de Víctor Matta Curotto propietario de pesquera EXALMAR por 750.000 dólares para que éste liquide la empresa y deshacerse del problema”, menciona Bulos.

“Cuando intentaron desaparecer la empresa Pesquera Mar, lo hicieron todo mal. Esta  transferencia no tiene valor alguno. En  el encabezado dice que el que hace el llamado de conocimiento es el anterior gerente (10 de agosto del 2012) cuando supuestamente renuncia éste el 06 agosto 2012. No podría intervenir en esa fecha y mayor razón si la transferencia a esa empresa no ha sido autorizada por el gerente”, añade Bulos.

Al cierre de esta nota, el abogado y el investigador de temas pesqueros sentencian que se ha extendido esta problemática por bastantes años. “Ellos (TASA, Oscar Peña Aparicio, y otras empresas pesqueras), que tienen los bienes y derechos de Pesquera Mar, no pueden probar que tienen contratos válidos con Pesquera Mar, esto es una gran corrupción, más grande que Odebrecht”, menciona Machado recordando que este caso ha durado más de lo debido y que se tiene que sanear lo antes posible. Sigo siendo el acreedor, rescaté la empresa de la estatización de Velasco  cumpliendo así con mis obligaciones mientras que los Brescia de tasa y su socio Oscar Peña siguen trabajando. He cumplido con mis obligaciones, mientras que ellos siguen trabajando con documentos nulos y sin efecto legal”, culmina.

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Cuellos Blancos, Erick Bulos, Oscar Peña, Pesquera Mar

En un contexto de creciente preocupación, el Consejo Internacional de Archivos (ICA) y la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA) han alzado la voz sobre la crítica situación del Archivo General de la Nación del Perú (AGN). Este valioso repositorio documental, que ha sido un bastión de la memoria histórica del país durante 163 años, enfrenta la inminente amenaza de desalojo de su sede histórica, ubicada en el Palacio de Justicia.

La posible pérdida de este espacio sin los procesos archivísticos adecuados plantea un grave riesgo para la conservación de sus fondos documentales, que son esenciales no solo para Perú, sino también para el estudio de las relaciones históricas con la Península Ibérica y otros territorios del Pacífico. La urgencia de esta situación se ve reflejada en la creciente inquietud de académicos, archiveros y conservadores de Iberoamérica, quienes reconocen el AGN como un patrimonio cultural invaluable.

El ICA, fundado en 1948 bajo el auspicio de la UNESCO, ha enfatizado la importancia de la preservación y el uso del patrimonio archivístico mundial. En este sentido, instan a las autoridades peruanas a suspender el desalojo y priorizar la construcción de una sede propia y adecuada para el AGN. Esta nueva sede no solo debe ser un espacio físico, sino también un entorno diseñado específicamente para garantizar la conservación y el acceso de investigadores y usuarios a un patrimonio documental de incalculable valor.

A pesar del tiempo transcurrido desde su fundación, la necesidad de contar con un edificio construido especialmente para el AGN es más apremiante que nunca. La construcción de un inmueble adecuado asegurará la protección de sus fondos documentales y facilitará el acceso al público, permitiendo así que las futuras generaciones puedan seguir explorando y comprendiendo su rica herencia cultural.

El Consejo Internacional de Archivos ha manifestado su compromiso de seguir de cerca esta situación y exhorta a las autoridades peruanas a tomar medidas inmediatas. La conservación del patrimonio documental del AGN es una responsabilidad que trasciende fronteras, y su salvaguarda debe ser una prioridad absoluta. La historia del Perú y su legado cultural dependen de decisiones que se tomen ahora para asegurar un futuro sostenible para el Archivo General de la Nación.

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AGN, Ica, Perú

Guardamino asumió la presidencia en un periodo crítico para su comunidad, que estaba atravesando una grave crisis debido a la venta fraudulenta de 10,000 hectáreas de terreno a la empresa Industrias Arguelles, Servicios Generales S.A.C. Esta transacción se realizó durante el mandato de su predecesor, Abel Cruz Mosquera Ortiz, quien falsificó documentos y vendió las tierras a un precio irrisorio, muy por debajo de su verdadero valor.

Ante esta situación, Santiago Guardamino decidió actuar legalmente, interponiendo una demanda de nulidad del contrato ante el 4to Juzgado de Lima Norte y denunciando penalmente a la directiva saliente. Como resultado, Mosquera Ortiz fue condenado a cinco años de prisión efectiva en primera instancia, aunque en segunda instancia la pena se redujo a cuatro años de prisión suspendida. Este caso llegó a la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema (expediente N° 7399-2023), donde la resolución estaba programada para después de la declaración de Guardamino, fijada para el 3 de abril de 2024.

En una reciente conversación con el abogado penalista, Rafael Chanjan. Se abordó el complejo y delicado caso de Santiago Guardamino, cuyo fallecimiento ha generado una creciente preocupación y movilización en la comunidad de Quipan. “Este caso es un tema que debe ser tratado con mucha cautela, ya que involucra no solo la pérdida de una vida, sino también el clamor por justicia en un contexto de desprotección”, comentó el abogado, quien ha seguido de cerca el desarrollo de este caso.

La entrevista reveló la frustración del abogado respecto a la falta de avances significativos en la investigación. “Es comprensible que la familia busque respuestas, pero ¿qué está haciendo la comunidad de Quipan? ¿Qué papel están jugando sus dirigentes en esta lucha?”, cuestionó. Esta inquietud destaca una problemática más amplia: la responsabilidad de las comunidades en la defensa de sus derechos y la importancia del liderazgo local en la búsqueda de justicia.

El abogado también subrayó que la situación de Guardamino no es un caso aislado. “La justicia peruana se ha visto marcada por la indiferencia y la desigualdad. Es alarmante que, en un caso como este, las dinámicas de poder y la influencia de ciertas empresas prevalezcan sobre la justicia humana”, manifestó, reflejando una realidad que afecta a muchas comunidades vulnerables en el país. Esta observación pone de relieve un patrón preocupante: en numerosos casos, las comunidades se sienten desprotegidas ante los intereses económicos de grandes corporaciones, lo que genera un clima de impunidad.

Durante la conversación, el abogado hizo hincapié en la necesidad de una respuesta más contundente por parte de las autoridades judiciales, particularmente de la Fiscalía. “Estamos hablando de un año desde la muerte de Guardamino, y aún no hemos visto avances significativos. Las decisiones de los fiscales hasta ahora parecen estar más alineadas con los intereses de la empresa involucrada que con la búsqueda de justicia para la víctima y su familia”, argumentó.

El abogado también abordó el papel de la comunidad de Quipan, destacando la importancia de su movilización. “Definitivamente, se necesita una movilización no solo de la familia, sino de todos los sectores involucrados para exigir respuestas claras y efectivas de las autoridades. La unión de la comunidad puede ser un factor clave para visibilizar la lucha por la justicia”, enfatizó.

Nota de redacción: La situación se complicó aún más por la implicación de la empresa Industrias Arguelles en el proyecto del relleno sanitario “Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi”, que se iba a llevar a cabo en los terrenos adquiridos de manera fraudulenta. La declaración de Guardamino ante la Corte Suprema era fundamental, ya que su testimonio podría conducir a la anulación del contrato y la restitución de las tierras a la comunidad de Quipan. Sin embargo, su asesinato, que ocurrió con nueve disparos, truncó esta posibilidad y le impidió presentar su testimonio.

Además del proceso penal, Guardamino había iniciado un procedimiento civil para anular la compraventa de las tierras, el cual estaba estrechamente relacionado con el resultado del caso en la Corte Suprema. Ahora, la comunidad enfrenta un futuro incierto, marcado por la pérdida de su líder y defensor en un momento crucial de su lucha por la justicia y la recuperación de sus tierras.

Además, señaló que la búsqueda de justicia no debería ser una tarea exclusiva de la familia de la víctima. “Este es un asunto que trasciende a un individuo. Hablamos de derechos humanos y de la necesidad de proteger a toda una comunidad que ha sufrido las consecuencias de la acción de una empresa que, aparentemente, ha manipulado documentos para intentar justificar su actuar”, dijo.

Al acercarse el primer aniversario de la muerte de Guardamino, el abogado instó a redoblar los esfuerzos para obtener justicia. “Lamentablemente, los esfuerzos pueden ser suficientes para la familia, pero recordemos que no es un problema entre una persona con otra. Este es un caso que resuena en toda la comunidad y que necesita una respuesta contundente del sistema judicial, partiularmente del Ministerio Público”, añadió.

Finalmente, el abogado cerró la conversación con un llamado a la reflexión. “La justicia no debe ser un privilegio de unos pocos. Es fundamental que el Estado y las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos actúen con responsabilidad y compromiso. El caso de Santiago Guardamino es un recordatorio de las luchas que enfrentan muchas comunidades en el país y de la necesidad urgente de un sistema legal que proteja efectivamente los derechos de todos, sin excepción”.

Mientras la comunidad de Quipan espera una respuesta, el eco de su búsqueda de justicia resuena cada vez más fuerte. Este caso pone de manifiesto la importancia de la participación ciudadana y del compromiso colectivo en la defensa de los derechos humanos, así como la urgencia de un cambio en la forma en que se ejerce la justicia en el Perú. La lucha por la justicia de Guardamino no solo es la lucha de su familia, sino la de toda una comunidad que clama por un trato equitativo y justo.

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Arguelles, Quipan, Santiago Guardamino

El exministro de Defensa del gobierno de Dina Boluarte, Jorge Chávez Cresta, a pesar de contar con una orden de impedimento de acercamiento emitida por su expareja, Tamara Gutiérrez, ingresó este viernes por la tarde a la vivienda que compartían y, un grupo de ‘matones’, violentó a Gutiérrez hasta sacarla del domicilio.

Entre patadas, puñetes y jalones de cabello. Fueron solo algunas de las agresiones que recibió Gutierrez antes de ser sacada de su domicilio mientras Chavez Cresta se encontraba detrás de este grupo. 

Gutierrez seguía residiendo en el domicilio que compartió con el exministro a la espera de una resolución favorable con respecto a la vivienda

“La policía estuvo presente y no hizo nada”, fueron las palabras de Gutiérrez, quien conversó con nosotros minutos después de ser agredida. La expareja de Chavez Cresta se encontraba en la calle con un tono lloroso y asustada después de haber sido golpeada en diferentes partes del cuerpo. Alegaba que hasta habían matado a las mascotas que tiene en su vivienda, ya que al cierre de este informe todavía no tenía acceso al domicilio. 

Tamara Gutiérrez grabó minutos después a las agresoras quienes entraron con Chávez Cresta a su domicilio

Chavez Cresta y Gutierrez compartieron una relación de varios años hasta que el exministro de Dina Boluarte abandonó el domicilio que compartían en abril del año pasado. “Compartimos vivienda hasta el mes de abril del 2024 que el señor abandonó el hogar después de propinarme una golpiza”, menciona Gutierrez.

No serían las primeras agresiones:

Gutiérrez denuncia que personas inescrupulosas se han estado acercando a su vivienda días antes del desalojo y alega que fueron mandados por el hermano del exministro, Mario Chavez Cresta. En el video que nos hicieron llegar, se visualiza a una persona ajena a la denunciante cerca al domicilio que compartían Chavez Cresta y Gutierrez en Chorrillos.

Gutiérrez graba a quien presuntamente estuvo merodeando su vivienda días antes del desalojo

Además, ha recibido amenazas desde su celular por números desconocidos. Todo esto ocurre días antes del desalojo. 

Benjamín Zevallos 

Mensaje recibido desde su celular a inicios de año

“El señor Chávez Cresta se niega a firmar el documento y tomar conocimiento de las medidas”, menciona Gutierrez mientras recuerda la denuncia que realizó contra el exministro por violencia.

Benjamín Zevallos

Orden de medidas de protección a favor de Tamara Gutierrez

Nos comunicamos con  el Ministerio de la Mujer, pero lamentablemente no tuvimos respuesta alguna o una solución certera para este tipo de casos. Al cierre de este informe, Tamara Gutierrez sigue fuera del inmueble y con el temor de que su vida se vea afectada o expuesta a personas inescrupulosas. Nos menciona que ha vuelto a ser agredida por estos matones mientras se conduce a la comisaría más cercana del distrito de Chorrillos.

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Jorge Chávez, Mario Chavez, Tamara Gutierrez

Este caso se extiende a la alcaldía de Santa Anita, después de un informe publicado por Hildebrandt en sus Trece, que sigue siendo un escenario de tensión y violencia, donde amenazas y asesinatos parecen estar vinculados al negocio de la recolección de basura. Un año y medio después del asesinato del teniente alcalde John Valverde, las mafias locales han puesto en la mira a Ruth Cuno Chura, la actual teniente alcaldesa, quien podría asumir el cargo si se concreta la vacancia del alcalde Olimpio Alegría.

Cuno fue víctima de una amenaza verbal mientras regresaba a casa. Un desconocido le gritó desde un vehículo, advirtiéndole que cesara con sus acciones relacionadas con la vacancia del alcalde. La regidora, quien no denunció la amenaza, pensó que el incidente no tendría mayores repercusiones. Sin embargo, seis días después, la situación empeoró.

A la medianoche, un grupo de personas prendió fuego en la puerta de su casa, dejando un sobre con tres balas y una nota que le advertía: «Sigue con la vacancia y te pasará lo mismo que a John». Cuno, visiblemente afectada, explicó que el móvil de las amenazas está relacionado con el proceso de vacancia que enfrenta el alcalde, quien es señalado por presuntas irregularidades en su gestión, especialmente por la contratación de su exasesor de campaña en el municipio.

A pesar de no saber quién está detrás de estas amenazas, Cuno está convencida de que todo está vinculado a la disputa por el negocio de la recolección de residuos en el distrito. En la investigación sobre el asesinato de Valverde, que aún no ha logrado esclarecerse, se apunta a la existencia de una mafia relacionada con este negocio, que opera en varios distritos de Lima.

La empresa encargada de la recolección de basura en Santa Anita, Industrias Argüelles, de quien hemos hablado en diferentes informes de Sudaca, ha sido señalada como un punto clave en este entramado de intereses. El contrato de la empresa vence este año, y los regidores de la municipalidad, entre ellos Cuno, habían solicitado su rescisión. Sin embargo, el alcalde se negó a revisar estos contratos, lo que generó fricciones con su propio concejo municipal.

Vecinos de Santa Anita, que pidieron mantener su anonimato por temor a represalias, sostienen que las amenazas contra Cuno están vinculadas a la negativa de la gestión municipal a ceder a los intereses de las mafias que controlan el negocio de la basura.

El caso se complica aún más con las denuncias de corrupción dentro del concejo. Limber Bustamante, impulsor del proceso de vacancia contra el alcalde, reveló que recibió amenazas directas de parte de un desconocido que le advirtió sobre las consecuencias de continuar con la solicitud. En respuesta, el alcalde defiende su gestión, argumentando que no cometió ninguna irregularidad al contratar a su exasesor.

En el contexto de Santa Anita, la violencia no es un hecho aislado. En abril del año pasado, el líder de la banda «Los Gallegos de Santa» fue detenido por su vinculación con el sicariato y el tráfico de terrenos, además de extorsionar a pequeños comerciantes y mototaxistas. La regidora Jacqueline Beatriz Barzola, también involucrada en el caso, está actualmente detenida por presuntos vínculos con esta banda.

Ruth Cuno, por su parte, insiste en que su lucha no es contra el alcalde, sino por hacer cumplir la ley, a pesar de las amenazas constantes. «Lo que quiero es llegar hasta las últimas consecuencias porque de por medio está mi vida. Temo por mi familia», concluye la regidora, quien continúa desempeñando su labor en medio de un clima de violencia y corrupción que sacude la alcaldía de Santa Anita.

Santiago Guardamino, un defensor de los derechos territoriales en la comunidad de Quipán, fue asesinado el 20 de marzo de 2024, justo horas antes de presentar su testimonio ante el Ministerio Público. Su trabajo se centraba en denunciar irregularidades relacionadas con la empresa Industrias Argüelles, que está implicada en la apropiación fraudulenta de 10,000 hectáreas de tierras comunales. Este acto delictivo habría involucrado falsificación de documentos y sobornos a funcionarios públicos.

Guardamino había recibido amenazas en varias ocasiones, especialmente por su activismo en contra de la empresa, que se sospecha opera en complicidad con altos funcionarios. Su asesinato, considerado premeditado, ha dejado a su familia —una viuda y dos hijos— en busca de justicia, mientras las investigaciones continúan.

El Ministerio Público, a través de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Magdalena del Mar, ha iniciado una investigación preliminar sobre presuntos delitos relacionados con el manejo de residuos sólidos en el Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi. La denuncia fue presentada por Santiago Edgar Guardamino Gonzales, presidente de la comunidad campesina de Quispán, e involucra a varios funcionarios del Ministerio del Ambiente (MINAM) y de la Dirección Regional de Salud de Lima (DIRESA-Lima).

Los funcionarios, incluidos Nancy Chauca y Elizabeth Ochoa, son acusados de actuar en contubernio para desviar el proceso de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Se alega que el Gobierno Regional de Lima emitió una resolución administrativa sin la debida competencia, afectando la correcta tramitación del EIA.

La Fiscalía ha comenzado a recolectar pruebas y documentos, y se investiga la posible comisión de delitos por incumplimiento de normativas ambientales y el otorgamiento ilegal de derechos, que podrían acarrear sanciones penales para los involucrados. Este caso resalta la necesidad de transparencia y legalidad en la gestión ambiental y la importancia de proteger el medio ambiente en el desarrollo sostenible del país.

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En octubre, las autoridades comenzaron a investigar las acciones de la Inmobiliaria Muñoz EIRL, que, a través de un grupo de personas, marcó diversos sectores dentro de la Zona Arqueológica de Caral, colocando hitos en el terreno. La empresa planea un proyecto de urbanización bajo el nombre de «Condominios Puerto Supe».

La Policía Nacional también encontró varios archivos relacionados con el proyecto en litigio. Además, al revisar las redes sociales de la inmobiliaria, se detectó que estaban difundiendo esta información mediante publicidad engañosa, destinada a estafar a futuros compradores. De hecho, resultó difícil encontrar la página oficial o activa de la empresa, ya que a lo largo del tiempo han intentado ocultarse entre los numerosos perfiles que se han creado a partir de los comentarios negativos que han tenido.

 

Benjamín Zevallos
Afiche sobre el proyecto en la Zona Arqueológica de Caral. Foto: Inmobiliaria Muñoz

El 19 de octubre se hizo de conocimiento que el Congreso de la República, a través de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural hizo llegar un Oficio N°060-2024-2025-CCPC/CR al Ministerio del Interior sobre las acciones del sector para garantizar la intangibilidad de la Zona Arqueológica de Caral.

Conversamos con el congresista Hector Acuña, vicepresidente de dicha comisión, sobre esta problemática. “No es raro y tampoco es novedad. El tráfico de terrenos ahora es a nivel nacional. En Trujillo, en Chan Chan, es alarmante”, se refirió el legislador al abandono de los centros arqueológicos que no solamente compromete a Caral, sino a diferentes zonas protegidas que no están teniendo la atención correspondiente.

El congresista hizo un llamado de atención al Ministerio de Cultura. “El ministerio es indiferente. Voy a tratar de conversar en la comisión para citar al ministro porque estamos luchando pero hay una desatención”, comentó. “En Trujillo, están invadiendo y no es reciente, sino hace tiempo. Se lo hicimos de conocimiento, en ese momento, a la ministra Leslie (Urteaga) y nada”, añadió.

La Dirección General de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura informó que fueron alertados por la ZAC (Zona Arqueológica de Caral) el 23 de octubre y que en las zonas en conflicto ofrecidas por la inmobiliaria se ha confirmado la presencia de estructuras y contextos funerarios arqueológicos, correspondientes a las épocas Caral y posteriores. En consecuencia, el ministerio indicó que estos terrenos no pueden ser ofertados para la venta pública.

¿Quién está detrás de Inmobiliaria Muñoz EIRL?

La Inmobiliaria Muñoz EIRL, identificada con RUC: 20609395916, fue fundada el 7 de mayo de 2022. Según la información que presenta en sus redes sociales, en estos dos años se han dedicado a la compra, venta de propiedades y al desarrollo de proyectos inmobiliarios. Sin embargo, también organiza actividades de coaching y charlas motivacionales dirigidas a personas interesadas en trabajar como vendedores, adoptando un enfoque similar al estilo de Jurgen Klaric, de quien también hacen referencia en su publicidad a las tantas “convenciones” que realizan.

Intentamos comunicarnos con Deysi Valery Camargo Díaz, quien figura como representante legal de la inmobiliaria ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), pero no obtuvimos respuesta. Lo mismo ocurrió con Samuel Muñoz, quien se presenta como el CEO fundador de la empresa en redes sociales, aunque no figura como representante ante la SUNAT y tampoco contestó nuestra llamada.

Sin embargo, quien respondió fue Rosa Quiroz, asistente y trabajadora de la inmobiliaria desde hace año y medio. “No es la primera vez que nos acusan de esto. En Facebook crearon nueve perfiles falsos e intentaron acusarnos (…) siempre lo hacen de manera oculta. Sería mejor que vinieran a la oficina y lo demuestran con hechos. Que den la cara”, comentó Quiroz, quien admitió no conocer en profundidad las denuncias sobre la Zona Arqueológica de Caral. 

La trabajadora apeló al proceso legal en curso y afirmó que ya se están tomando las medidas correspondientes con los abogados. Asegura, además, que Inmobiliaria Muñoz realizó la compra legalmente de los terrenos que hoy se perfilan como un proyecto ambicioso. “La compra fue legalmente realizada, pero algunos de estos terrenos, los cuales son zonas arqueológicas, se ha pedido que (se) deje un porcentaje para que no choque con la zona arqueológica”, afirmó. 

Sin embargo, esta explicación dejó más dudas que certezas, sobre todo cuando preguntamos por su representante, Deysi Camargo. Quiroz nos mencionó que no era la única persona al frente de la inmobiliaria, lo que generó aún más incertidumbre sobre la gestión de la empresa. Cuando consultamos por las otras personas, solo mencionó que había más personas del equipo trabajando en la empresa. 

No sería el primer tropiezo de Inmobiliaria Muñoz EIRL.

A través de las redes sociales, la empresa ha sido señalada por supuestas estafas en la compra de lotes. El descontento de los usuarios llevó a la inmobiliaria a emitir un comunicado el 8 de mayo de 2023, en el que desmentía rotundamente las acusaciones:

“Inmobiliaria Muñoz ha venido creciendo de forma continua y transparente, sin necesidad de engañar a nuestros clientes, motivo por el cual han pretendido BOICOTEARNOS a través de la CALUMNIA y DIFAMACIÓN, utilizando y ofreciendo dádivas a exclientes nuestros, con quienes se había concluido la relación comercial en el mejor de los términos», menciona el comunicado

La empresa de bienes raíces asegura entre todos sus argumentos que es una guerra sucia de la competencia contra el crecimiento que han tenido ellos. Esta misma versión fue dicha por Rosa Quiroz quien fue tajante al mencionar que esta información falsa se intenta propagar por el buen accionar que Inmobiliaria Muñoz intenta dar a sus clientes. “No soportan que brindemos un mejor servicio y mejores precios. Nos quieren silenciar”, mencionó.

 

Benjamín Zevallos
Detalle de la poligonal de delimitación de la Zona Arqueológica Áspero y dentro de ella, indicadas en color rojo, las áreas que la Inmobiliaria Muñoz E. I. R. L. promociona en su folleto cómo Residencial Faraón y Condominio La Isla. Foto: Ministerio de Cultura.

Al cierre de este informe, ningún representante oficial de la inmobiliaria ha querido dar la cara ante esta denuncia. Las palabras de Quiroz solo evidencian la vulnerabilidad del patrimonio que se intenta invadir y lotizar. Las autoridades han prometido tomar acciones claras y contundentes para resolver esta problemática; sin embargo, lo mencionado por el congresista es cierto e importante: esta no es la primera ni la última zona arqueológica en enfrentar estos problemas.

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