El 6 de mayo, la Sala Penal Transitoria de Lima Norte revisó un recurso de nulidad interpuesto por Abel Contreras, ex presidente de la Comunidad de Quipan, quien fue acusado por el fallecido Santiago Guardamino por las acciones ilícitas cometidas durante su gestión. Dicha solicitud fue denegada y se ratificó la sentencia impuesta por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, declarándolo culpable como autor del delito contra la fe pública.

Contreras está en la obligación de dar la cara a la Comunidad de Quipan por una gestión que no solo permitió a la Empresa Arguelles ir delante con un proyecto que afecta la autonomía e integridad de los vecinos, sino también que cobro la vida de un dirigente cuyo asesinato está siendo investigado, pero que trae a la mesa la discusión por su asesinato justo un día antes de acercarse al Ministerio Publico para declarar en contra de esta empresa y de Abel Contreras.

¿Cómo fue el proceso que empezó Santiago Guardamino?

En un caso que ha sacudido la conciencia de la nación, Santiago Guardamino Gonzales, destacado defensor de la integridad de la Comunidad de Quipan, fue brutalmente asesinado en la puerta de su casa, justo después de haber obtenido el apoyo crucial de los comuneros en su lucha contra la corrupción y la venta ilegal de terrenos. Guardamino, quien ocupaba el cargo de presidente de la Directiva Comunal, fue abatido a tiros por sicarios, recibiendo nueve balas en su cuerpo, un acto que se presume fue cometido para silenciar sus declaraciones programadas ante la Corte Suprema de Justicia.

Guardamino había sido una figura clave en la batalla judicial contra la empresa Industrias Arguelles y Servicios Generales S.A.C, vinculada a la venta fraudulenta de 10,000 hectáreas de terrenos comunales. Estos terrenos, valorados en 600,000 soles, fueron vendidos a un precio irrisorio, en complicidad con el anterior presidente comunal, Abel Cruz Mosquera Ortiz, quien falsificó documentos oficiales para consumar la venta. Guardamino, comprometido con la justicia, había impulsado un proceso judicial para anular este contrato fraudulento y llevó a cabo una denuncia penal que resultó en la condena de Mosquera Ortiz.

El asesinato de Guardamino, perpetrado a pocos metros de su hogar, se produjo en un momento crucial. Su declaración ante la Corte Suprema, prevista para el 3 de abril de 2024, era un elemento esencial para resolver el caso (expediente N° 7399-2023). Este caso tenía el potencial de invalidar la venta fraudulenta y devolver la propiedad a la Comunidad de Quipan, evitando así la realización del relleno sanitario “Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi” en los terrenos comprometidos.

La comunidad de Quipan había depositado su confianza en Guardamino para enfrentar las irregularidades que habían marcado la administración de su antecesor. La venta fraudulenta de tierras había dejado a la comunidad en una crisis profunda, y Guardamino, con su liderazgo, se había erigido como un bastión de esperanza y justicia. Su valentía y determinación lo llevaron a desafiar poderosos intereses, pero también lo convirtieron en un objetivo para aquellos que temían las repercusiones de sus acciones judiciales.

El asesinato de Guardamino no solo es un golpe devastador para su familia y la Comunidad de Quipan, sino también un llamado de atención sobre la fragilidad del sistema de justicia cuando se enfrenta a la corrupción y la violencia. Su muerte subraya la urgente necesidad de proteger a aquellos que, con valentía, defienden los derechos de sus comunidades y luchan por un futuro más justo.

En un último esfuerzo por anular la compra venta fraudulenta, Guardamino había iniciado un proceso civil paralelo, estrechamente vinculado al resultado de su declaración ante la Corte Suprema. Ahora, con su muerte, la comunidad enfrenta un nuevo desafío: mantener viva la lucha de Guardamino y asegurar que su sacrificio no haya sido en vano.

La tragedia de Santiago Guardamino es un doloroso recordatorio de los riesgos que enfrentan los defensores de la justicia y los derechos humanos. Su legado, marcado por la valentía y el compromiso con su comunidad, debe inspirar a todos a continuar la lucha por la verdad y la justicia en Quipan y más allá.

Guardamino había estado al frente de una ardua batalla legal contra la venta fraudulenta de 10,000 hectáreas de terrenos comunales a la empresa Industrias Arguelles y Servicios Generales S.A.C. por la irrisoria suma de 600,000 soles, equivalentes a 0.006 soles por metro cuadrado. Este negocio ilícito fue realizado con la complicidad del anterior presidente comunal, Abel Cruz Mosquera Ortiz, y el propietario de la empresa, Aniceto Elvis Arguelles Loayza. La venta se llevó a cabo mediante la falsificación de documentos oficiales, incluyendo actas de asamblea general y estudios topográficos y catastrales.

En su lucha por la justicia, Guardamino había logrado la condena de Mosquera Ortiz a 5 años de prisión efectiva en primera instancia, aunque esta pena fue reducida a 4 años de prisión suspendida en segunda instancia. Sin embargo, la influencia de Industrias Arguelles no se detuvo ahí. La empresa continuó operando en el terreno un botadero de basura denominado «Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi«, lo que motivó una serie de denuncias de Guardamino por los daños ambientales y de salud causados a los comuneros.

La magnitud de la corrupción se hizo aún más evidente cuando se descubrió que Aniceto Elvis Arguelles Loayza simuló la transferencia del terreno a la empresa Constructora y Servicios ALYM S.A.C., dirigida por su sobrino Gerson Guillen Arguelles, para evitar que la Comunidad Campesina de Quipan recuperara las tierras.

El motivo detrás del asesinato de Guardamino se centra en su inminente declaración ante el Ministerio Público. El día después de su asesinato, Guardamino debía responder sobre la denuncia que había interpuesto contra Industrias Arguelles y Servicios Generales S.A.C. por la nulidad de acto jurídico. Esta declaración era crucial para demostrar la ilegalidad de la venta de terrenos y recuperar las propiedades para la comunidad.

Además de sus esfuerzos legales contra la venta fraudulenta, Guardamino también había iniciado una denuncia penal por la comisión del delito de lavado de activos en el marco de una organización criminal. Esta denuncia iba dirigida contra Aniceto Elvis Arguelles Loayza, Karen Marianella Pasco Flores (Gerente General de Industrias Arguelles), Abel Cruz Mosquera Ortiz (ex presidente de la Comunidad Campesina de Quipan) y Gerson Guillen Arguelles.

Según la denuncia, Karen Marianella Pasco Flores cumplió órdenes de Arguelles Loayza para adquirir fraudulentamente las tierras por 600,000 soles, cuando su valor real era de aproximadamente 5,533,708.31 soles. Guardamino expuso que los documentos utilizados contenían datos falsos y que la compra venta fue una simulación para ocultar la verdadera intención de apropiarse de los terrenos comunales.

El asesinato de Santiago Guardamino es un claro intento de silenciar a un defensor de la justicia y proteger los intereses corruptos de aquellos que buscan explotar los recursos de la comunidad de Quipan. Sin embargo, el 06 de mayo la Sala Penal Transitoria de Lima Norte revisó un RECURSO DE NULIDAD interpuesto por el mismo Abel Contreras, expresidente de la Comunidad de Quipan y quien fue acusado por el fallecido Santiago Guardamino por las acciones ilícitas que cometió en su gestión. Dicha solicitud fue denegada y se RATIFICÓ la sentencia interpuesta por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte “como autor del delito contra la fe pública”.

Sudaca accedio a una carta enviada al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, destacando las presuntas irregularidades cometidas por la concesionaria Innova Ambiental en perjuicio de la ciudadanía y la actual gestión municipal. La misiva expresa un respaldo total a la gestión del alcalde frente a las acusaciones y el boicot orquestado por la empresa brasileña.

Según el documento, Innova Ambiental ha generado un caos en la limpieza del Cercado de Lima con el objetivo de desprestigiar la gestión municipal. La empresa es acusada de cobrar excesivamente a la Municipalidad de Lima, utilizando durante 29 años bienes inmobiliarios municipales como los rellenos sanitarios de Portillo Grande y El Zapallal, lo que le habría generado millonarias ganancias. Estas instalaciones, empleadas para la disposición final de residuos de varias municipalidades, fueron dejadas en un estado deplorable tras la culminación del contrato en 1995.

El 29 de mayo, la Municipalidad de Lurín clausuró el relleno sanitario Portillo Grande por insalubridad, respaldando las denuncias previas sobre las condiciones en Carabayllo. La carta también señala a funcionarios municipales como responsables de la crisis sanitaria actual, destacando la omisión de informes y la dilación en concursos relacionados con la limpieza pública. En particular, se acusa al Gerente Municipal Oscar Lozán Luyo y al jefe de la Oficina General de Administración, Pablo Paredes Ramos, de favorecer a Innova Ambiental.

El documento solicita la reincorporación de la Licenciada Mariana Jiménez Jara, quien fue retirada de su cargo en la Gerencia de Servicios a la Ciudad tras actuar enérgicamente contra las trabas presentadas por Innova Ambiental. Se subraya que su accionar fue determinante para enfrentar a la empresa y que su remoción favorece a los intereses de Innova Ambiental.

Nota de redacción: Tengamos en cuenta que mientras hemos iniciado las investigaciones del Relleno Sanitario “El Zapallal”, la Municipalidad de Lima ha venido cambiando de Gerente de Servicios a la Ciudad en más de una ocasión. Uno de ellos fue Roberto Perez, cuya experiencia no fue la adecuada para manejar esta problemática.

Por otro lado, tenemos conocimiento que también se ha mandado cartas con conocimiento a varios regidores de Lima con el fin de denunciar las acciones de la empresa Innova Ambiental, así como de ciertos funcionarios municipales, por causar perjuicio a la ciudadanía y la actual gestión municipal.

Al igual que el documento enviado al burgomaestre de la capital, la carta enviada a los regidores menciona las cantidades millonarias que se habría cobrado Innova Ambiental a la Municipalidad de Lima. Las instalaciones de los rellenos sanitarios administrados por la concesionaria fueron empleadas para la disposición final de residuos de diversas municipalidades, incluyendo Barranco, Comas, Independencia, Los Olivos, Magdalena, Puente Piedra, Rímac, Santa Rosa y San Martín de Porres. Tras la culminación del contrato, las infraestructuras quedaron en un estado deplorable, como se denunció en Carabayllo. El 29 de mayo, la Municipalidad de Lurín clausuró el relleno sanitario Portillo Grande por insalubridad.

Se acusa a Lozán Luyo de retirar a la Gerente de Servicios a la Ciudad, Mariana Jiménez Jara, quien actuó enérgicamente contra las trabas presentadas por Innova Ambiental. Asimismo, se acusa a Paredes Ramos de omitir la provisión de personal necesario para la limpieza pública, lo que ha traído consecuencias negativas para la municipalidad.

El documento solicita romper todo vínculo con Innova Ambiental y retirar a los funcionarios mencionados, así como reincorporar a Mariana Jiménez Jara a su cargo en la Gerencia de Servicios a la Ciudad. Se subraya que su accionar fue determinante para enfrentar a la empresa y que su remoción favorece a los intereses de Innova Ambiental.

La nueva realidad de la limpieza pública

Es lamentable que ahora se vea a Innova Ambiental como el “mesías” de la limpieza pública. Ahora último, los medios de comunicación han denunciado el acumulado de basura que hay por las calles del Centro Histórico de Lima y se hace mención a la culminación de contrato con Innova Ambiental. Hay que resaltar que es responsabilidad de la Municipalidad de Lima evitar estos escenarios, sin embargo, eludir que es necesario la continuidad de la concesionaria en el municipio es una forma de desconocer años de trabajo por parte de las comunidades afectadas por la mala organización de Innova Ambiental. 

No se puede ser mezquino a la contaminación e irregularidades de Innova

Conversamos con la congresista Ruth Luque quien se comprometió en el mes de marzo a visitar el Relleno Sanitario “El Zapallal”, promesa que se cumplió y cuya actuación de la empresa fue que contra viento y marea quería dejar su imagen por encima de los vecinos de Lomas de Carabayllo. Y es que esta reunion este los funcionarios publicos e Innova Ambiental se le sumo personas que exigían la apertura del relleno y miembros del grupo de recicladores (personas que no se contemplaban estuvieran presentes en esa ocasion y que presuntamente habria estado organizado).

Al cierre de este informe se mantiene el “compromiso” de la Municipalidad de Lima de reorganizar el servicio de limpieza pública. Sin embargo, hay cambios en la OEFA que han quedo en entre visto varias dudas con respecto al proceso “regular” que debe seguir la concesionaria con respecto al cese de funciones. 

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha generado controversia al solicitar a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) permiso para que su vehículo pueda circular por las vías exclusivas del Metropolitano. 

La solicitud se formalizó mediante un oficio enviado el 16 de mayo de 2024, en el cual López Aliaga argumenta que la congestión vehicular, especialmente en los accesos al centro de Lima, le impide cumplir con su agenda municipal de manera eficiente.

Los detalles de la solicitud del alcalde

En el Oficio N° 061-2024-MML-ALC, dirigido a la presidenta de la ATU, Marybel Vidal, López Aliaga solicita un permiso de acceso «temporal y excepcional» para su camioneta Nissan de placa EGW 176. El alcalde justifica esta solicitud mencionando la necesidad de atender asuntos municipales urgentes sin ser afectado por el tráfico vehicular. Además, hace referencia al Protocolo Operativo sobre la Circulación Temporal y Excepcional en las vías exclusivas del Corredor Segregado de Buses de Alta Capacidad (COSAC 1), normativa que normalmente se aplica sólo en casos de emergencia según la Resolución Directorial N° D-000017-2024-ATU/DO.

¿Justificable lo de López Aliaga?  

El alcalde indica que la congestión vehicular dificulta el cumplimiento adecuado de sus funciones como alcalde. Según el documento, la congestión en los accesos a Lima impide cumplir con su agenda, especialmente en casos que requieren su presencia urgente. El alcalde cita el protocolo mencionado, aunque este está destinado a situaciones de emergencia, y no específicamente para evitar el tráfico regular. Es una realidad que la congestión vehicular es una mini pandemia que ha venido sufriendo Lima en toda su historia. Muchos alcaldes prometieron y algunos aliviaron esta problemática, pero nadie ha podido darle una solución eficaz a este problema. 

El accionar de López Aliaga busca beneficiarse personalmente de una normativa destinada a emergencias más allá de intentar mejorar su trabajo. La solicitud ha sido criticada por diversos sectores, incluyendo al expresidente de la ATU, quien señaló que el pedido del alcalde «no entraría dentro de los considerandos del protocolo«, ya que este está diseñado para garantizar la atención adecuada de emergencias y no para evitar el tráfico cotidiano.

El uso de las vías exclusivas del Metropolitano está regulado para garantizar que las entidades que las utilicen lo hagan únicamente en situaciones de emergencia. Las entidades autorizadas incluyen la Comandancia General de la PNP, la jefatura de la Región Policial Lima, la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP, y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, entre otras.

Ahora bien, este no es el primer intento de López Aliaga de utilizar las vías exclusivas del Metropolitano. En 2021, durante su campaña electoral, fue intervenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) por utilizar esta vía sin autorización. La reiteración de este comportamiento ha llevado a cuestionamientos sobre el uso de su cargo para obtener beneficios personales, en lugar de buscar soluciones estructurales para los problemas de tráfico en Lima, que caen bajo su responsabilidad como alcalde.

Respuesta de López Aliaga ante las críticas de ese entonces  

Es difícil creer que, a pesar de lo escandaloso e innecesario pedido del alcalde de Lima, la ATU ha confirmado que la solicitud se encuentra en trámite, mientras que la Municipalidad Metropolitana de Lima no ha emitido ninguna respuesta oficial sobre el tema. Este hecho ha generado una ola de críticas y ha reavivado el debate sobre la gestión del tráfico en Lima y el uso adecuado de las vías exclusivas del transporte público.

No cabe duda que la solicitud de Rafael López Aliaga para utilizar las vías exclusivas del Metropolitano ha sido vista como un intento de eludir responsabilidades y aprovechar su posición para obtener beneficios personales. La medida ha sido ampliamente criticada y pone de relieve los desafíos y controversias en la gestión del tráfico y transporte en Lima. La decisión final de la ATU sobre esta solicitud tiene que ser determinante en cómo se percibe la equidad y la integridad en la administración de las vías públicas de la ciudad, así venga por solicitud del mismo alcalde.  

Accidente en el carril del Metropolitano por un vehículo que invadió el carril preferencial del servicio. Foto: Panamericana Televisión

¿Es factible utilizar las vías del metropolitano para los buses y vehículos particulares?

Estamos hablando de carriles de uno o dos carriles que intentan beneficiar el libre tránsito de los buses del Metropolitano que ya se va por su Expreso 12. Aun así, estos pocos carriles no son suficientes para este servicio. Entonces, a esta insuficiencia poner sobre carga y darle acceso a otros buses y carros fuera del servicio del Metropolitano, ¿Para solucionar la congestión vehicular? Está fuera de toda probabilidad, sin embargo, el alcalde parece que prefiere ser beneficiado por el cargo representativo que está ejerciendo como burgomaestre de la capital.