Un asesinato por miedo a sus declaraciones. Santiago Guardamino Gonzales ocupaba el cargo de presidente de la Directiva Comunal de la Comunidad Campesina de Quipan cuando a manos de sicarios se silenció su vida con 9 balas en el cuerpo. El dirigente fue secuestrado y su cuerpo fue tirado a pocos metros de su casa.

¿Qué hay detrás de la muerte de Guardamino?

El dirigente asume el cargo de presidente mientras la comunidad padecía una grave crisis producto de irregularidades de su antecesor el ex presidente de la comunidad campesina Abel Cruz Mosquera Ortiz, quien falsificando documentación (Acta de Asamblea General y estudios topográficos y catastrales), en complicidad con Aniceto Elvis Arguelles Loayza dueño de la empresa Industrias Argüelles y Servicios Generales S.A.C. efectúan la compra venta fraudulenta de 10,000 hectáreas pertenecientes a la Comunidad Campesina de Quipán por la ridícula suma de 600,000 soles, es decir, 0.006 soles por metro cuadrado

La actual dirigencia, al mando de Santiago Guardamino, plantea ante el 4to Juzgado de Lima Norte la NULIDAD DEL CONTRATO y denuncia al ex presidente Mosquera Ortiz, quien fue condenado -en primera instancia- a 5 años de prisión efectiva y -en segunda instancia- esto es reducido a 4 años de prisión suspendida.

Benjamin Zevallos 

Sentencia contra el expresidente de la comunidad de Quipan, Abel Cruz

La empresa Industrias Arguelles y Servicios Generales S.A.C viene operando en el terreno un botadero de basura llamado Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi”, lo que motivó una serie de denuncias del Presidente Guardamino, por el daño al medio ambiente y a la salud de los propios comuneros.

Argüelles a fin de evitar que la Comunidad Campesina de Quipán recupere los terrenos como resultado del juicio de nulidad de acto jurídico, simula la transferencia del terreno en forma de pago por un supuesto contrato de movimiento de tierras impago hacia la empresa Constructora y Servicios ALYM S.A.C., empresa que de acuerdo a SUNAT tiene como Gerente General a Gerson Guillen Argüelles, sobrino de Aniceto Elvis Argüelles Loayza.

Pero vayamos al punto central, ¿Cuál fue el motivo de asesinarlo?

Todo aterriza a que un día después de su asesinato, Guardamino tenía que acercarse al Ministerio Publico para responder sobre la denuncia que había interpuesto contra Industrias Arguelles y Servicios Generales S.A.C. por la nulidad de acto jurídico. Sin embargo, en la noche anterior es asesinado. Pero, ¿Por qué tanto miedo de que el dirigente fuese a declarar?

Guardamino había iniciado varios procesos legales contra Industrias Arguelles, entre ellos, y el que más resalta, es que el dirigente interpone denuncia penal por la comisión del delito de lavado de activos en el marco de una organización criminal. Dicha denuncia penal iba contra:

Aniceto Elvis Arguelles Loayza, socio principal de la empresa Industria Arguelles

Karen Marianella Pasco Flores, Gerente General de la empresa Industria Arguelles

Abel Mosquera Ortiz, ex presidente de la Comunidad Campesina de Quipan

Gerson Guillen Arguelles, Gerente General de la empresa Constructora y Servicios ALYM S.A.C

Guardamino mencionó en su denuncia que Karen Marianella Pasco Flores cumplió órdenes de Aniceto Elvis Arguelles Loayza para que el 12 de diciembre del 2016 adquiera en compra venta la extensión de 10,000 hectáreas de tierras de propiedad de la comunidad campesina de Quipan por la suma de 600,000 soles cuando el valor real de dichas tierras está estimado en aproximadamente 5,533,708.31 nuevos soles.

Benjamin Zevallos
Denuncia interpuesta por, quien en vida fue, Santiago Guardamino, presidente de la comunidad de Quipan

Según la documentación en donde se introdujo datos e información falsa y en claro contubernio entre los denunciados Karen Marianella Pasco Flores y Abel Cruz Mosquera Ortiz cumpliendo estrictamente las órdenes impartidas por su líder Aniceto Elvis Arguelles Loayza simularon celebrar la compra venta de terrenos de propiedad”, menciona el documento indicando que los 600,000 soles fueron pagados a través de un cheque de gerencia.

 

 

 

La incredulidad nos ha llevado a creer en falsas historias y a presenciar una serie de cambios que se llevan a cabo a nivel intermedio. En la actualidad, nos sumergimos en la era de la tecno-política, donde somos testigos de una realidad fructífera envuelta en un entorno de desinformación y favores que otros se ven obligados a resolver. Y este aliado ha sido las redes sociales que se han vuelto el principal foco de desinformación para cubrir muchas necesidades.

Ulises Villegas es burgomaestre de Comas. Un alcalde que ha intentado hacer justicia, pero cuyo pasado y gestión al frente del distrito no lo favorece mucho. Sin embargo, vamos a lo ocurrido hace poco cuando personas lo interceptaron en su auto y le ocasionaron graves golpes en la cabeza. Este es un acto condenable hacia cualquier persona, sea alcalde, político en general o ciudadano de a pie.

Esto fue en la urbanización Santa Luzmila, quienes lo obligaron a salir de su camioneta a golpes junto a su esposa, causándole graves lesiones. La policía encontró el vehículo abandonado a pocas cuadras del lugar del ataque, ya que desplegó un operativo por los alrededores, ubicando la camioneta a pocas cuadras del ataque. Durante el asalto, los delincuentes golpearon al alcalde en la cabeza, lo que provocó graves lesiones. Su esposa también resultó gravemente herida. Ulises Villegas vinculó este ataque con las amenazas que ha recibido desde el año pasado, incluyendo amenazas de muerte.

Y es que muchas de estas suceden desde enero pasado. Villegas denunció que venía recibiendo amenazas de muerte, luego de desalojar a comerciantes ambulantes del mercado Chacra Cerro, quienes habían ocupado la vía del jirón León Pinelo y calles adyacentes durante 48 años. Además, denunció que venía recibiendo llamadas extorsivas por parte de presuntos integrantes del Tren de Aragua de Venezuela. Esto se da a pesar de que su gestión comenzó en enero de 2023

Esto pone al burgomaestre de Comas como una víctima más de la delincuencia, inseguridad y ajustes de cuenta que sucede a menudo en la capital. A tal punto que Villegas salió en un evento del distrito a gritarle a la presidente de la República de que “no era su hijo”. Esto en torno a una declaración de la mandataria fuera de su caso.

Tampoco es un santo

Parece que ahora con lo ocurrido con el alcalde se han desvanecido por arte de magia todos los antecedentes que Villegas tenía. Y es que este incidente ocurre mientras los medios publicaban las irregularidades que existían en la gestión del alcalde de Comas.

Un escándalo en el distrito de Comas puso bajo la lupa a Wendy Sueñer Rojo, una ama de casa residente en la zona, quien se encuentra en el ojo del huracán tras ser identificada como la propietaria de una empresa próspera, a pesar de su afirmación de no tener participación en actividades empresariales. Según registros de la Municipalidad de Comas, la empresa supuestamente facturó más de 500 mil soles en un lapso de ocho meses, lo que ha generado interrogantes sobre posibles actividades ilícitas en la gestión pública de la localidad.

Aunque Sueñer Rojo niega haber prestado servicios a la municipalidad y afirma vivir en condiciones modestas, los documentos oficiales muestran que su empresa, Distribuidora y Servicios Ismael, recibió órdenes de servicio por montos significativos, como los 39 mil soles generados en un solo día por la reparación de tres camionetas. Su aparente reticencia a brindar explicaciones sobre su participación empresarial, así como las contradicciones en sus declaraciones, han avivado las sospechas sobre su posible papel como testaferra.

El alcalde del distrito, Ulises Villegas, se vio obligado a responder a estas acusaciones, prometiendo tomar medidas drásticas y presentar denuncias penales si se confirma algún acto de corrupción en su administración. Sin embargo, estas promesas pueden resultar vacías si no se llevan a cabo investigaciones exhaustivas para esclarecer la situación y enjuiciar a los responsables del presunto fraude.

Mientras tanto, la ciudadanía de Comas y de todo el país observa con indignación cómo se desperdician recursos públicos que podrían destinarse a mejorar los servicios básicos y la calidad de vida de la población. El dinero desviado ilegalmente representa una pérdida directa para los contribuyentes, quienes exigen una buena explicación clara y acciones contundentes por parte de las autoridades competentes.

En un video publicado en TikTok, el alcalde de Comas expresó su frustración por las preguntas de un programa de televisión sobre la presunta empresa y solicitó que toda la documentación relacionada con el caso sea entregada para su revisión.

Denuncia de estafa

Según documentos presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones, Villegas Rojas fue condenado en el 2002 por el delito de estafa, relacionado con un supuesto servicio legal que nunca se cumplió. Aunque la condena ya ha sido cumplida y rehabilitada, su existencia plantea interrogantes sobre la integridad del próximo líder municipal.

Benjamin Zevallos

El expediente judicial revela que Ulises Villegas fue condenado por prometer servicios legales a un ciudadano para obtener un permiso judicial de viaje, sin cumplir con lo acordado. Esta situación arroja luz sobre la conducta pasada del alcalde, especialmente considerando que en el momento de los hechos, Villegas aún no había obtenido su título de abogado.

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Usted ha mencionado que para contrarrestar las críticas de los medios de comunicación, la presidenta Boluarte ha buscado la manera de controlar totalmente el IRTP, ¿A que se refiere con su declaración?

Es tentación de todo gobierno utilizar los medios estatales como si fueran órganos de vocería. Se vio clarísimamente en los años 90, en el gobierno de Fujimori. Después de recuperar la democracia en el 2000, hemos hecho un esfuerzo por transformar los medios estatales en medios públicos. Hemos tenido momentos en los que más o menos esto se ha logrado y momentos en donde ha habido un retroceso muy grande. Estamos precisamente en uno de esos momentos.

El gobierno de la presidenta Boluarte no respeta la autonomía de los medios estatales. De hecho, a ella no le gusta ser criticada por los medios de comunicación en general. No le gusta incluso que los medios de comunicación le hagan preguntas. Pero lo que menos acepta es que un medio de comunicación financiado por el Estado pueda tener cierta autonomía. Es por ello que coloca en el directorio a gente de su confianza.

Uno de ellos fue Jesus Solari (ex presidente del IRTP) quien guardó silencio mientras se denunciaron atrasos en los pagos de los trabajadores y se despedían a periodistas reconocidos de TV Perú. Cuando renunció recién salió en RPP para advertir sobre las “irregularidades” en el IRTP¿Esto fue manipulación del gobierno?

Ella (presidenta Dina Boluarte) es quien nombra al presidente del IRTP. Vemos que al nombrar a Jesús Solari, una de las primeras medidas que toma es cancelar el programa de Carlos Cornejo. Él había entrado al IRTP en mi gestión, recomendado por el gerente de prensa de ese entonces. El Consejo Directivo, por supuesto, estuvo absolutamente de acuerdo. Aclarando que en ese entonces, el presidente era Castillo, cuya relación con los medios tampoco era la adecuada, pero respetó nuestro trabajo. Solari, en su carta de renuncia, dice que no puede seguir aceptando las presiones. Entonces, confirmamos esta manipulación desde el Ejecutivo, que viene no solo del presidente sino también de personas internamente allegadas a ella.

¿Que nos intenta decir cuando dice “internamente”?

Hablo del premier y la ministra de Cultura. Durante el gobierno de Pedro Castillo, cuando es nombrada Bettsy Chávez, se percibe un intento de manejar el canal y, por supuesto, hay fricciones y oposiciones hasta que finalmente terminó saliendo al poco tiempo de que asumió el premierato, ya que mi nombramiento es de confianza. Es aquí donde vemos que todo gobierno, Castillo incluido, puede caer en la tentación de controlar el medio estatal como decía al principio; pero este gobierno no sólo busca un trato amable, sino también servil.

Entonces, ¿Existió un mensaje detrás de la renuncia de Solari?

Cuando renunció Solari, se fue con él todo su Consejo Directivo del IRTP, apoyando a su presidente que había sido nombrado por Boluarte y por Urteaga. Todo ese consejo directivo, dos o tres meses después de trabajar con este nuevo equipo de gobierno, renuncia porque considera inaceptable el trato que se le ha dado a su presidente. Y es que considera inaceptable seguir recibiendo presiones para cambiar la línea editorial del canal y para modificar la programación. Es un mensaje muy fuerte, pero lamentablemente no tuvo mucho eco.

Varios periodistas denunciaron esto y terminaron despedidos. Está el caso de Carlos Cornejo, Carla Harada y otros que fueron retirados de la pantalla de TV Perú, ¿Donde queda la imparcialidad?

Son figuras emblemáticas que daban a entender sus desacuerdos, a veces con gestos, a veces con algún comentario. No es aceptable el trato que han recibido. Ahora se encienden las pantallas de TV Perú y los noticieros hablan de un país en el que no hay inseguridad. No hay inseguridad, no hay delincuencia, los precios no suben, el Congreso no atropella las reformas. Si uno ve el canal ahora, hay programas que están hechos para destacar todo aquello que hace el gobierno, ni siquiera el Estado, sino el gobierno.

Usted viene advirtiendo sobre cómo se viene manejando el IRTP. En su última columna mencionó la autonomía que debe existir entre el Estado y el IRTP, ¿Cuál es esa recomendación que quiere transmitir?

Lo que sugiero es cambiar la ley y establecer que los miembros del Consejo Directivo del IRTP sean elegidos mediante concurso, en lugar de ser nombrados por el presidente de la República y recomendados por el ministro de Cultura. Actualmente, dependen absolutamente de ellos. En cambio, si se sigue esta línea, no dependerá del nombramiento de alguien, sino que serán seleccionados mediante concurso público y por un tiempo determinado. Esto aseguraría la continuidad de políticas y de la línea editorial, además de avanzar hacia la consolidación de medios públicos. Sin embargo, vemos que estamos yendo de mal en peor en cuanto a esta propuesta, y la actual presidenta del IRTP no vela por los intereses de la institución.

Entonces,  ¿qué papel toma Ninoska está tomando en esta problemática?

Aquí tenemos que hacernos una primera pregunta: ¿Quién es Ninoska? ¿Quién era antes de ser nombrada presidenta del Consejo Directivo del IRTP? Ninoska era la jefa de prensa de la presidenta Boluarte como secretaria general de prensa. Ahora hace exactamente lo contrario a lo que debe ser un medio de comunicación respecto de la autoridad. Esto envía dos mensajes: la imagen donde todo lo que haga el gobierno tiene que ser difundido, tiene que estar ahí la imagen. Y por otra parte, es la tarea que le mandan a Ninoska: cuidar la imagen de la presidenta a nivel nacional. Como recompensa, su permanencia está asegurada.

Y es aquí donde podemos hacer hincapié a este viaje que realizó Ninoska a España junto al Gerente General, ¿Realmente es necesario este tipo de comisiones al exterior en medio de un estado de austeridad?

Después del reportaje que sacaste junto a Sudaca, se evidenció que se había sobrepasado del límite de dinero necesario. No había ninguna explicación convincente; yo creo que la Contraloría debería decir algo, no solo porque es un monto bastante significativo. Son 7.000 dólares que costaban los pasajes y unos 5.000 dólares de viáticos. Supuestamente, de estos viajes, el IRTP debe salir beneficiado. Tendría sentido si iban a aprender sobre la técnica de emisión satelital, ya que ahora estamos en pleno proceso de implementación, cuestión que se inició en mi gestión. Sin embargo, Ninoska se iba como invitada solo para inaugurar un evento de Inteligencia Artificial en Valencia.

Nota de redacción: La presidenta del IRTP, junto con el Gerente General, realizaron un viaje del 5 al 8 de abril a Valencia, España. Según el diario El Peruano, se desembolsaron 7.000 dólares en viajes y 4.000 dólares en viáticos solo para dos personas. Se intentó contactar al Área de Prensa de la institución para obtener información sobre el tema; sin embargo, nunca proporcionaron una respuesta fundamentada.

¿Considera que se está manejando indebidamente el presupuesto?

Si tú me dices que es un viaje para conseguir que vengan personas expertas en esa tecnología para asesorar al IRTP, pues me parece muy bien que gastemos lo que gastemos en eso. Sin embargo, no tiene mucho sentido ni mucho sustento este viaje, salvo para conocer España o Europa. Además, el Gerente General es un cargo muy administrativo, entonces, entiendo que Ninoska no quiera viajar sola, pero sería aceptable que el viaje pueda ser acompañado del Gerente de Televisión o del Gerente Técnico. Pero el Gerente General, que es, digamos, la máxima autoridad administrativa, tampoco sé muy bien qué debía hacer en ese viaje.

Viendo este tema de gastos. Cuando asume la presidencia del IRTP, ¿A cuánto ascendían los viáticos y el desembolso de pasajes aéreos por directivo?

No, durante mi gestión en el IRTP no realizamos ningún viaje al exterior. Incluso, en ese momento, existía una restricción para viajar al extranjero. Asumí el IRTP con un presupuesto muy reducido. 

¿Y al interior?

Por supuesto, con ello pudimos conocer cada una de las filiales del IRTP y ver el estado en el que estaban, además de intentar conseguir un presupuesto para mejorar su situación. Sin embargo, no hicimos ningún viaje al exterior en ese momento.

¿A cuánto ascendía estos viáticos y viajes?

Mire, no tengo la cantidad exacta, pero le aseguro que fue mucho menor que lo que actualmente viene derrochando la señora Ninoska Chandía. Podría decirte que por comisión solo iba un representante del IRTP y estos viáticos ascendían a los 210 dólares, y una cantidad igual o incluso menor en pasajes.

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IRTP, Ninoska Chandia, Tv Perú

Desde 1943, las entrañas del Palacio de Justicia en Lima han servido como custodios de un tesoro invaluable: más de 150 millones de documentos que abarcan los 201 años de historia republicana del Perú. En el sótano de esta emblemática sede del Poder Judicial (PJ), el Archivo General de la Nación (AGN) resguarda con celo la colección republicana, así como la documentación notarial y judicial que data desde el siglo XIX. 

Sin embargo, detrás de esta fachada histórica yace una realidad desoladora. Recorrer estos pasillos es adentrarse en un mundo de condiciones deplorables que amenazan el patrimonio documental y notarial de todos los peruanos.

Benjamin Zevallos
Archivo General de la Nación en peligro por falta de cuidados. Foto: Andina

El AGN, encargado de preservar la memoria histórica del país, se enfrenta a un desafío monumental. A lo largo de décadas, los documentos han sufrido el deterioro causado por el paso del tiempo, la humedad, las filtraciones de agua y la falta de mantenimiento adecuado. Los estantes repletos de expedientes, libros y registros están expuestos a un constante peligro, mientras que las instalaciones muestran señales evidentes de deterioro estructural.

Esta situación no solo pone en riesgo la integridad física de los documentos, sino que también amenaza con borrar parte de la memoria histórica del país. Los archivos del AGN son testigos silenciosos de los momentos más cruciales de la historia peruana, desde la independencia hasta los acontecimientos políticos y sociales más recientes. Preservarlos es fundamental para entender nuestro pasado y construir un futuro más sólido y consciente.

En este contexto, el inminente desalojo del sótano del Palacio de Justicia plantea una urgencia aún mayor para encontrar una solución adecuada que garantice la conservación y accesibilidad de este valioso patrimonio. El traslado a un nuevo local es una medida necesaria, pero también es crucial asegurar que las nuevas instalaciones cumplan con los estándares necesarios para proteger estos documentos históricos para las generaciones futuras.

El Archivo General de la Nación (AGN) en Perú se enfrenta a un momento crítico ante el inminente desalojo del sótano del Palacio de Justicia, donde actualmente residen documentos históricos cruciales para el país. Este traslado se debe al deterioro de las instalaciones y a la orden judicial de desalojo, que ha llevado al AGN a buscar un nuevo local para salvaguardar su invaluable contenido.

El Ministerio de Cultura ha firmado un contrato por un valor de 3 millones 161 mil 220 dólares, equivalente a 12 millones 328 mil 758 soles, para alquilar un nuevo espacio por 36 meses. Este nuevo local, ubicado en una bodega industrial en El Callao, tendrá un costo mensual de alquiler de aproximadamente 83 mil dólares.

Benjamin Zevallos

                                  Las denuncias del AGN han tomado relevancia después de varios años exigiendo cambios. Foto: Andina

La necesidad de trasladar estos documentos se debe no solo al mal estado de las instalaciones actuales, sino también a la urgencia de proteger este patrimonio histórico ante posibles daños. Sin embargo, algunos críticos advierten que el nuevo local, situado en una zona industrial, podría no ser la solución ideal, ya que podría exponer los documentos a riesgos adicionales.

A pesar de las preocupaciones sobre la idoneidad del nuevo espacio, el AGN y el Ministerio de Cultura han defendido la elección, argumentando que representa un ahorro en recursos públicos. Sin embargo, algunos expertos y funcionarios señalan que esta solución temporal podría no ser la más adecuada y abogan por la construcción de un local propio para el AGN.

En un contexto donde la transparencia y la equidad en los procesos de contratación pública son fundamentales para garantizar el uso adecuado de los recursos del Estado, recientes eventos han sacudido la confianza en el sistema en el distrito de Santiago de Surco. 

La contratación del servicio de alquiler de unidades vehiculares para el transporte y disposición final de los residuos sólidos municipales ha sido el epicentro de una serie de irregularidades que han dejado al descubierto un patrón de conducta tendenciosa por parte de las autoridades locales.

El proceso comenzó con el Concurso Público N° 19-2023-CS-MSS-1, convocado el 31 de agosto de 2023. Sin embargo, desde el inicio, se evidenciaron indicios de favoritismo hacia la empresa INDUSTRIAS ARGUELLES Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA. 

Cabe resaltar que de esta primera empresa hablamos en nuestro informe anterior vinculando a Industrias Arguelles con la muerte del presidente de la comunidad de Quipan, Santiago Guardamino.

Diversas empresas participantes levantaron consultas y observaciones sobre las bases administrativas, señalando múltiples irregularidades destinadas a restringir la participación de competidores y favorecer a la mencionada empresa.

A pesar de las alertas planteadas, la Municipalidad de Santiago de Surco optó por hacer caso omiso de las observaciones y continuó con el proceso sin realizar modificaciones significativas. Esto generó un clima de desconfianza entre las empresas participantes y la comunidad en general. La exclusión de ofertas de compañías como PETRAMAS SAC y CONSORCIO SURCO LIMPIO, bajo argumentos dudosos, y la posterior adjudicación de la buena pro a INDUSTRIAS ARGUELLES Y SERVICIOS GENERALES SAC por montos considerablemente mayores, aumentaron las sospechas sobre la imparcialidad del proceso.

Ante estas irregularidades evidentes, tanto el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) como el Tribunal de Contrataciones del Estado intervinieron, emitiendo pronunciamientos y recomendaciones claras. El OSCE instó a la Municipalidad a corregir los vicios del proceso y garantizar la transparencia en futuras contrataciones, mientras que el Tribunal declaró fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por una de las empresas afectadas, revocando la adjudicación de la buena pro a INDUSTRIAS ARGUELLES Y SERVICIOS GENERALES SAC.

Sin embargo, lejos de corregir sus prácticas, la Municipalidad de Santiago de Surco persistió en su actitud de desacato. Decidió realizar una nueva convocatoria, la Adjudicación Simplificada N° 03-2024-CS-MSS-1, con condiciones aún más favorables para la empresa previamente beneficiada. Esta decisión generó una nueva ola de cuestionamientos y denuncias por parte de las empresas participantes y organismos de control.

A pesar de las advertencias y recomendaciones de los entes reguladores, la Municipalidad de Santiago de Surco continuó con su actitud desafiante. Ignorando las disposiciones del OSCE, procedió a adjudicar la buena pro a INDUSTRIAS ARGUELLES en un acto de total desacato.

Sudaca accedió a un documento donde la comunicación dirigida al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco expone de manera clara y precisa las discrepancias encontradas en el proceso de contratación del servicio de alquiler de unidades vehiculares para el transporte y disposición final de los residuos sólidos municipales. Sin embargo, se observan ciertas deficiencias en la gestión del proceso por parte de la entidad convocante, lo cual merece ser resaltado y analizado críticamente.

Benjamín Zevallos  

En primer lugar, cabe destacar que, a pesar de la existencia de normativa clara que establece la notificación de los actos emitidos por el OSCE a través del SEACE, la Municipalidad de Santiago de Surco no actuó conforme a dicha normativa. Aunque se emitió un dictamen instando a declarar la nulidad del procedimiento de selección, la entidad continuó con el desarrollo del proceso y adjudicó la buena pro sin tener en cuenta las recomendaciones del OSCE. Esta falta de atención a las disposiciones legales y técnicas por parte de la entidad convocante pone en entredicho la transparencia y la legalidad del proceso de contratación.

Benjamín Zevallos 

Además, resulta preocupante que la Municipalidad de Santiago de Surco haya procedido con el consentimiento de la buena pro a pesar de las advertencias y recomendaciones emitidas por el OSCE. Sobre todo, la persistencia de seguir con el proceso en medio de las advertencias.

Benjamín Zevallos

 

 Parte del contrato con Industrias Arguelles

La comunicación emitida por el OSCE pone de manifiesto importantes fallas en el proceso de contratación llevado a cabo por la Municipalidad de Santiago de Surco. Estos hechos evidencian la urgente necesidad de reformar los procesos de contratación pública en el distrito de Santiago de Surco. Es imperativo que las autoridades competentes garanticen la transparencia y la equidad en todos los procesos de contratación, evitando así la repetición de prácticas tendenciosas que perjudican el interés público y socavan la confianza en las instituciones gubernamentales. Sobre todo, por ejemplo, que casos como los dados en Innova Ambiental (la famosa adenda), San Isidro Verde, y, finalmente, el caso de Industrias Arguelles no sean pan de cada día.

Al cierre de este informe invocamos a las autoridades municipales dar una respuesta sensata y transparente sobre el caso, ya que al momento de cerrar esta nota periodística no se nos dio una respuesta oportuna.

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contrataciones públicas, irregularidades, Surco

Tras 50 años y 5 meses de dedicación al Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP), Gustavo Palacios (70) compartió un desgarrador relato sobre su experiencia en el trato que el IRTP acostumbra tener con sus trabajadores.

«Quiero compartir con ustedes el café más amargo que he recibido en toda mi vida (…), después de haber dedicado más tiempo diariamente a la institución que a mi hogar«, mencionó Gustavo en un mensaje que se publicó con el fin de advertir sobre las formas que se utilizaron para entregarle su carta de cese.

Palacios ha tenido una larga trayectoria dentro del IRTP, sin embargo, la pandemia de la COVID-19 no fue mezquino con él, ya que padeció de esta terrible enfermedad en más de una ocasión. Esto ocasionó que Palacios sufriera de diferentes secuelas que llegaron gravemente hasta el corazón. 

Opresiones en el pecho. Falta de aire. Cansancios frecuentes. Es solo el inicio de los problemas de salud y del giro que tomaría su vida y su situación laboral. Entre todas las revisiones médicas detectaron que tenía, del 100% de funcionalidad del corazón, un 21% que no estaba funcionando adecuadamente. 

Le detectaron angina e isquemia por los problemas cardíacos que venía sufriendo y que una de las arterias se encontraba obstruida. Por lo que, después de tantas intervenciones y encontrándose en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) decidieron reunirse en una junta médica para que deliberaran y finalmente llegar a la conclusión que Gustavo debía ser intervenido en una cirugía abierta de bypass coronario.

“Me encontraba internado en el Hospital Edgardo Rebagliati desde el 26 de marzo hasta el 8 de abril, pasaron 14 días sin que ninguna persona de bienestar social (del IRTP) se preocupara”, mencionó Gustavo recordando la falta de interés de la oficina. 

Sin embargo, la gota que colmó el vaso de su decepción fue el trato recibido el 5 de abril, fecha en la que cumplió 70 años. En lugar de recibir muestras de apoyo o consideración por su estado de salud, la oficina de bienestar social se adelantó a entregarle, a la velocidad de la luz, la carta de cese por jubilación en su domicilio. “(El IRTP) me tenía un «presente», que resultó ser la notificación de mi cese”, mencionó. 

«Lo que no estoy de acuerdo es la forma. No se preocupan por el trabajador pero sí por otras cosas», lamentó Gustavo señalando que la oficina de bienestar social dentro del IRTP debería tener otro nombre, ya que parece más preocupada por organizar ferias de antojitos y productos comerciales que atender los problemas reales de los trabajadores.

Y es que no cabe duda de su afirmación, recordemos la denuncia realizada por la colega Maria de Jesus Gonzales sobre el trato que recibió cuando no le permitieron el ingreso al canal por un tema de feriado y respeto a su contrato y la estabilidad laboral.

«No es que desconozca la ley, es automáticamente«, expresó con amargura.

La respuesta del IRTP

Cuando conversamos con Gustavo nos mencionó que mandó su malestar por medio de un correo electrónico a la Sra. Ninoska Chandia, presidenta del Instituto Nacional de Radio y Televisión, así como también, al gerente general de quien recibió respuesta.

Benjamín Zevallos

Respuesta de Luis Vivanco Aldon, Gerente General del IRTP

Gustavo concluyó su mensaje con un llamado al sindicato para que tome en cuenta lo expuesto y tome acciones al respecto por aquellos trabajadores que aún siguen en funciones y aquellos que están próximos a la jubilación. 

Este testimonio arroja luz sobre las deficiencias en el sistema de bienestar laboral dentro del IRTP y plantea interrogantes sobre la verdadera preocupación de la institución hacia sus empleados. Al cierre de este informe, el caso de Maria de Jesus Gonzales y de otros compañeros siguen en pie de lucha por ser reconocidos para beneficio de su integridad como colaboradores del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú.

Se presume que el asesinato fue para callar sus declaraciones en la Corte Suprema. Santiago Guardamino Gonzales ocupaba el cargo de presidente de la Directiva Comunal de la Comunidad Campesina de Quipan cuando a manos de sicarios se silenció su vida con 9 balas en el cuerpo. El dirigente fue asesinado a pocos metros de su casa. A pesar de ello, ¿Que hay detrás de la muerte de Guardamino?

El dirigente asume el cargo de presidente mientras la comunidad padecía una grave crisis producto de irregularidades de su antecesor. Y es que la comunidad vende un total de 10,000 hectáreas fraudulentamente por 600,000 soles a favor de la empresa Industrias Arguelles, Servicios Generales S.A.C, esto se hizo en complicidad con el entonces presidente de la comunidad, el señor Abel Cruz Mosquera Ortiz, falsificando documentación (Acta de Asamblea General y estudios topográficos y catastrales) y a un precio irrisorio que ni siquiera el cuerpo de tasadores del Ministerio de Vivienda lo hubiera calculado a sesenta soles la hectárea.   

Por estos hechos Santiago Guardamino, plantea ante el 4to Juzgado de Lima Norte la NULIDAD DEL CONTRATO y realiza una denuncia penal contra la dirigencia saliente de Mosquera Ortiz. Siendo este último condenado -en primera instancia- con 5 años de prisión efectiva y -en segunda instancia- se redujo a 4 años de prisión suspendida, lo que fue motivo que en dicho proceso penal sea arribado a la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema (expediente N° 7399-2023) el cual tenia que ser resuelto el día 03 de abril de 2024 después de la declaración de Santiago Guardamino.

Sin embargo, esta complicidad de Mosquera Ortiz y la empresa Industria Arguelles y Servicios Generales S.A.C tenía como propósito crear sobre el terreno vendido fraudulentamente, el relleno sanitario Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi. Entonces, por miedo a que el Contrato se anule y la propiedad retome a la Comunidad de Quipan al acreditarse el delito en la Corte Suprema fue asesinado.

Así mismo el asesinado en forma paralela inicia un proceso civil para anular la compra venta, el cual está directamente vinculado al resultado que emitirá la Corte Suprema luego de escuchar a Santiago Guardamino el día 03 de abril del 2024, lo cual ya no ocurrió debido a que fue asesinado.

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Este lunes 01 de abril se debe adjudicar la buena pro del alquiler de vehículos de limpieza para Lima. Innova Ambiental cuenta con muy pocos recursos a favor y se tienta con una posible salida de la capital. Esto se suma a los tantos problemas que sigue golpeando a la concesionaria que ha hecho lo imposible por aferrarse a la MUNILIMA.

Bajo el antiguo esquema, operado por Innova Ambiental, la ciudad desembolsaba 63 soles por cada tonelada de residuos, desglosados en 55 soles para el uso de la planta de transferencia y 8 soles para la disposición final de la basura en el sitio de Portillo Grande, un lugar que, pese a su uso frecuente, carece de las licencias y certificaciones necesarias para operar como relleno sanitario, funcionando más bien como un botadero informal. Este proceso requería un recorrido de 62 kilómetros para completar la disposición de los residuos generados por la metrópoli.

Contrastando radicalmente con esta práctica, el nuevo planteamiento propuesto y adoptado por la Municipalidad de Lima logra reducir la distancia a tan solo 29 kilómetros y el costo a 16 soles por tonelada, sin necesidad de recurrir a una planta de transferencia. Este cambio no solo representa una notable mejora logística sino también un ahorro sustancial de 47 soles por cada tonelada de residuos gestionados. Dado que Lima genera aproximadamente 650 toneladas de basura diariamente, el ahorro proyectado asciende a 11 millones de soles anuales.

El núcleo de esta transformación radica en la contratación de un relleno sanitario debidamente certificado y con todas las licencias requeridas, que cumple con la normativa ambiental vigente. Este cambio no solo optimiza los recursos financieros de la ciudad, sino que también aborda las preocupaciones ambientales y de salud pública asociadas con la disposición inadecuada de residuos.

Esta iniciativa de la Municipalidad de Lima es un paso significativo hacia un manejo más eficiente y sostenible de los residuos sólidos, lo que demuestra un compromiso con la mejora continua de los servicios urbanos y con la protección del medio ambiente. Con esta medida, la ciudad no solo espera ahorrar millones de soles al año sino también minimizar su huella ambiental, marcando un precedente importante en la gestión de residuos en el Perú.

¿Qué está pasando ahora?

Se está mencionando que la administración del alcalde López Aliaga pagará el doble por el manejo de residuos sólidos al optar por un relleno privado, a pesar de contar con dos rellenos propios y operativos que podrían cubrir las necesidades de la ciudad. Sin embargo, esta afirmación es falsa, ya que la implementación de un nuevo sistema de gestión de residuos sólidos ha generado un ahorro significativo para la ciudad, reduciendo el costo de disposición de residuos de 63 a 16 soles por tonelada.

Además, se menciona que la Municipalidad de Lima realizó un proceso de adjudicación directa en dos días, sin concurso público y por tres años, para la disposición final de residuos sólidos en un relleno privado, a pesar de que los rellenos de la comuna ofrecen un costo significativamente menor por la misma operación. Sin embargo, el proceso de adjudicación se llevó a cabo en cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y contó con un Comité de Selección independiente.

Por otro lado, no se puede afirmar que la clausura temporal del relleno sanitario El Zapallal se debió a un supuesto mal manejo de residuos sólidos por parte de la empresa Innova Ambiental. En realidad, la decisión se tomó debido a la falta de cumplimiento de normativas ambientales y a la necesidad de utilizar un relleno sanitario certificado que cumpla con la normativa vigente. (PAMA y certificaciones del MINSA, DIGESA y MINAM)

Al cierre de este informe, estaremos atentos al pronunciamiento de la Municipalidad de Lima sobre esta buena pro de vehículos de limpieza que tiene que dar una respuesta clara a los vecinos sobre esta gran problemática que viene perjudicando la salud y sostenibilidad de la comunidad. Problemas que se vienen generando desde las adendas que dieron una vida duradera a Innova Ambiental en la capital, así como también, con el relleno sanitario de “El Zapallal” que generó tantas discusiones y divisiones en Lomas de Carabayllo. 

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Sudaca converso con uno de los perjudicados en este caso y comento que, actualmente, se han venido pagando gran parte de la deuda que tenían, sin embargo, señalo que no han reconocido intereses por el tiempo de espera, ni mucho menos se han hecho responsables de los problemas que ha generado esta problemática.

Además, han mencionado que este tema les ha generado diferentes problemáticas que los han perjudicado y que no quieren dejar que este caso quede impune. Se vocean varios responsables, sin embargo, una sola voz responsabiliza a López Aliaga y Luis Molina, presidente del SERPAR.

Los antecedentes del calvario de los ex trabajadores del SERPAR. Este malestar por la falta de pagos se profundiza debido a las preferencias mostradas por la Municipalidad de Lima en invertir en áreas que no priorizan el bienestar laboral de sus servidores. Se ha evidenciado una mayor inversión en patrullaje nuevo y utensilios que no son adecuadamente utilizados o gestionados por la MML. Esta situación fortalece la molestia de los ex trabajadores del SERPAR y la sensación de falta de atención hacia sus reclamos.

Es más, se ha observado la importancia de consolidar las bases para gestionar el antiguo Parque Zoológico de Huachipa, ahora Parque de las Leyendas – Sede Huachipa. A pesar de los esfuerzos por revitalizar este emblemático lugar, los ex trabajadores del SERPAR lo ven como una preocupación adicional, ya que temen que los recursos destinados a este proyecto retrasen aún más el pago de sus derechos laborales.

Sudaca pudo conversar con algunos de los ex trabajadores del SERPAR para entender desde su punto de vista la magnitud de esta problemática. «Después de dedicar tres años y nueve meses al Servicio de Parques de Lima (SERPAR), la frustración embarga a muchos de los ex trabajadores, quienes llevan ocho meses esperando el pago de sus beneficios laborales bajo la nueva gestión de Rafael López Aliaga«, relata con pesar uno de los afectados.

Esta situación se suma a la serie de desafíos que enfrentan los funcionarios públicos cesados cuando cambian las administraciones en las diversas entidades del país. «Ingresé durante la gestión Muñoz y continué hasta su inesperada salida de la Municipalidad», recuerda uno de ellos mientras señala que su cese tuvo lugar en octubre de 2022, coincidiendo con la llegada de Romero a la alcaldía.

El proceso burocrático posterior a su cese culminó en noviembre de ese mismo año con la resolución de reconocimiento de la deuda laboral. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento formal, hasta el momento, bajo la gestión actual, no se ha materializado el pago correspondiente a los beneficios laborales acumulados durante su tiempo de servicio.

Para añadir un toque de ironía a la situación, el productor televisivo y actual regidor de la MML, Efraín Aguilar, ha expresado que «no es posible que sigamos con la misma dieta» al referirse a los recursos asignados.

«La falta de respuestas a nuestras comunicaciones dirigidas tanto al Presidente del SERPAR, Luis Molina, como a los Secretarios Generales correspondientes, ha dejado a los ex trabajadores en un estado de incertidumbre. Los intentos de diálogo con el secretario o el presidente se han visto frustrados, ya que no se otorgan citas para abordar la situación», subraya el ex trabajador, manifestando su frustración ante la difícil travesía que enfrentan en busca de una solución con respecto a la deuda pendiente.

Según el testimonio recabado, la justificación de la institución se centra en la falta de recursos financieros. El ex trabajador enfatiza que, durante la reflexión sobre las actuales carencias del SERPAR LIMA, la institución depende significativamente del aporte de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para cubrir su presupuesto anual, que asciende a casi 100 millones de soles.

«Desconocemos si existe una instrucción del alcalde de Lima para retener los fondos destinados al SERPAR o si se debe a deficiencias en la administración actual de la institución», señala el ex trabajador, destacando la falta de claridad en la situación.

Es relevante destacar que, a pesar de la alegada escasez de fondos, el SERPAR asignó aproximadamente S/ 145,000 para la construcción de una «playa artificial» en el Club Zonal Wiracocha de San Juan de Lurigancho, y mantiene una plantilla de trabajadores considerable. «Con esos recursos, podrían habernos pagado, pero lamentablemente esta es nuestra triste realidad», añade el ex trabajador, subrayando la aparente disparidad en la asignación de recursos.

Hasta el momento, la Municipalidad de Lima no ha emitido declaraciones oficiales en respuesta a las demandas de los ex trabajadores del SERPAR ni a las críticas sobre la asignación presupuestaria. La ausencia de una postura clara por parte de las autoridades municipales profundiza la incertidumbre y la tensión en torno a la situación del SERPAR.

La crisis financiera en el SERPAR y las tensiones laborales actuales plantean interrogantes sobre la gestión de recursos por parte de la Municipalidad de Lima. La asignación de millones de soles al patrullaje mientras el SERPAR lucha por su supervivencia económica y el cuidado de la fauna evidencia la necesidad de una revisión urgente de las prioridades presupuestarias municipales para garantizar el bienestar de la ciudad y sus trabajadores.

Las tentativas de comunicación con el presidente del SERPAR, Luis Molina, y los Secretarios Generales han sido infructuosas, generando frustración entre los afectados. La explicación institucional se centra en la escasez de fondos, mientras que los ex trabajadores reflexionan sobre las carencias actuales del SERPAR, dependiente del aporte de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para cubrir su presupuesto anual.

La espera persiste y las expectativas de justicia y reconocimiento laboral enfrentan obstáculos en medio de la inestabilidad institucional. Es importante que el burgomaestre se haga cargo de sus trabajadores y exfuncionarios que siguen exigiendo acciones por parte del líder de Renovación Popular y actual Alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

Al cierre de este informe, si bien es un respiro para la MUNILIMA el poder saldar estas deudas con sus trabajadores. Ha generado un gran malestar esta problemática de falta de pago entre los ex trabajadores que no quieren dejar impunes a quienes creen responsables de todo esto: el alcalde de Lima y el presidente del SERPAR.

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