En Trujillo, dentro del área protegida que abarca el sitio arqueológico de Chan Chan, se desarrolló una alarmante situación: la construcción de una urbanización que amenazaba gravemente este patrimonio cultural de la humanidad. Esta intervención ilegal incluyó la delimitación de cientos de lotes, la instalación de postes eléctricos, la construcción de parques y hasta la habilitación de canchas deportivas, transformando un espacio intangible en un área habitada. Según los registros, estas actividades comenzaron alrededor del 2021, cuando se levantaron cercos perimétricos y se trazaron las primeras estructuras.
La urbanización, conocida como Pampas de Santa María y situada en el distrito de Huanchaco, se encuentra a escasos 560 metros de la huaca El Obispo, una imponente estructura piramidal que forma parte del Complejo Arqueológico de Chan Chan. Pese a su valor histórico y arqueológico, esta huaca no ha sido objeto de investigaciones profundas, lo que aumenta la gravedad del impacto de las construcciones cercanas.
Detrás de este proyecto se encontraba la Asociación de Vivienda Praderas de San Isidro, que promovió la venta de terrenos en la zona, a pesar de las advertencias del Ministerio de Cultura y de las acciones legales emprendidas. En julio de 2021, las autoridades habían solicitado un Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) para nueve hectáreas dentro de la zona protegida, con el objetivo de detener las actividades. Sin embargo, la asociación ignoró las restricciones y continuó avanzando con las construcciones.
Ante esta situación, la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público, lo que dio inicio a dos procesos administrativos sancionadores. Según declaraciones de Sandra Barrantes, directora del área de Defensa Legal de la DDC, la demolición de las estructuras ilegales dependería de los plazos establecidos para las ejecuciones coactivas, lo que podría extender el tiempo necesario para restaurar la legalidad en la zona.
El Ministerio de Cultura, por su parte, reforzó sus medidas para proteger el patrimonio arqueológico de la región. David Calderón De Los Ríos, director de la DDC La Libertad, anunció una serie de acciones, entre ellas el desalojo de ocupantes ilegales y el inicio de procesos penales y administrativos contra los responsables. Calderón también resaltó la importancia de la colaboración ciudadana, instando a la población a denunciar cualquier tipo de atentado contra los sitios arqueológicos mediante un formulario habilitado por el Ministerio.
Además de abordar las invasiones en Chan Chan, el Ministerio de Cultura destinó un presupuesto significativo para mejorar las condiciones de otro monumento clave del Complejo Arqueológico: la huaca Takaynamo. Con una inversión de más de dos millones de soles, se dio inicio a la construcción de infraestructura turística, como almacenes, laboratorios, servicios higiénicos, casetas de seguridad y un cerco perimétrico, todo con el objetivo de preservar el sitio y abrirlo al público en condiciones óptimas.
Esta situación no solo puso en evidencia los constantes riesgos que enfrenta el patrimonio cultural del país, sino también la necesidad urgente de medidas más eficaces para proteger estos espacios únicos. Mientras se aguarda la resolución de las denuncias y los procesos judiciales, las autoridades continúan trabajando para garantizar que la historia y la herencia cultural de Chan Chan no sean destruidas por actos de negligencia e ilegalidad.
Urteaga invocó a no comprar terrenos ilegales
En su momento, Leslie Urteaga Peña, entonces ministra de Cultura, denunció las invasiones que afectan zonas arqueológicas protegidas como Chan Chan, en Trujillo. Durante su gestión, se reportaron 64 procesos administrativos y denuncias penales contra personas que se habían apropiado ilegalmente de terrenos dentro de áreas intangibles. Estas invasiones, impulsadas mayoritariamente por traficantes de tierras, generaron lotizaciones que fueron vendidas a compradores desprevenidos, pese a la imposibilidad de acceder a servicios básicos en estos espacios.
La Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad (DDCLL), en conjunto con la Policía Nacional, llevó a cabo múltiples desalojos de estas áreas invadidas, incluyendo Chan Chan y otros sitios arqueológicos importantes. Urteaga había subrayado que tanto el Ministerio de Cultura como la Procuraduría estaban comprometidos en sancionar a los responsables y detener estas prácticas que ponían en riesgo el patrimonio cultural.
Durante su mandato, también se enfocó en la conservación del patrimonio arqueológico. En Chan Chan, se implementaron medidas preventivas para proteger los muros más afectados de posibles lluvias y se realizaron acciones de restauración en diversas estructuras. Asimismo, se abordó la problemática de las casonas históricas deterioradas, aunque su intervención se veía limitada por el hecho de no ser de propiedad estatal.
En cuanto al turismo, la exministra impulsó proyectos en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para mejorar los servicios públicos en Chan Chan, único conjunto amurallado abierto al público. Estas iniciativas buscaban garantizar la preservación del sitio y promover su uso social, beneficiando tanto a los visitantes como a la comunidad local.
En la provincia de Sánchez Carrión, Urteaga también supervisó avances en la delimitación del Complejo Arqueológico Marcahuamachuco. Sin embargo, al finalizar su gestión, aún quedaba pendiente el saneamiento físico legal de aproximadamente el 45,5% del área.
Antes de dejar el cargo, Urteaga hizo un llamado contundente a la ciudadanía para que no adquiriera terrenos en zonas protegidas, recordando que estas acciones no solo eran ilegales, sino que también amenazaban el legado cultural del país.
Este último delito establece que los funcionarios públicos que, sin observar leyes, reglamentos ni estándares ambientales vigentes, autorizan el otorgamiento, renovación o cancelación de permisos, concesiones o licencias para actividades o proyectos sin la debida competencia, incurren en una falta grave, pudiendo ser sancionados con penas privativas de libertad.
