El 21 de junio de 2024, la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada dio inicio a una investigación que podría destapar una compleja red criminal. En el centro de este proceso se encuentra Pedro Guardamino Campos, padre de Santiago Guardamino, dirigente y presidente de la Comunidad Campesina de Quipan, quien presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra varios individuos, incluyendo empresarios, funcionarios públicos y especialistas del Ministerio de Ambiente. Los acusados, entre los que figuran Aniceto Elvis Arguelles Loayza y Karen Marianella Pasco Flores, están implicados en delitos de extrema gravedad como homicidio calificado, falsificación de documentos, usurpación agravada y otros.
Guardamino Campos señala como principal acusado a Aniceto Arguelles, socio de la empresa Industrias Arguelles y Servicios Generales SAC, y a Karen Pasco Flores, gerente general de la misma. Junto a ellos, otras figuras clave como Abel Cruz Mosquera Ortiz, ex presidente de la Comunidad Campesina de Quipán, y Elizabeth Ochoa Torres, ex especialista en impacto ambiental del Ministerio de Ambiente, se suman a una extensa lista de implicados. El abogado Miguel Facundo Chinguel, quien representa a Industrias Arguelles, también figura entre los denunciados.
Este entramado vincula a varias instituciones públicas y privadas, incluyendo organismos clave como la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos y el Ministerio de Salud. La denuncia sugiere una colaboración ilícita entre estos actores para cometer delitos graves, configurando así una organización criminal de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 30077 – Ley Contra el Crimen Organizado.
La Fiscalía, tras evaluar la denuncia, subrayó la importancia de abordar este caso bajo los lineamientos establecidos en la Ley Contra el Crimen Organizado. Dicha norma define como organización criminal a cualquier grupo de tres o más personas que, de manera concertada y coordinada, cometen delitos graves, tales como los denunciados por Guardamino Campos.
El Reglamento de las Fiscalías Especializadas establece que esta investigación, debido a su complejidad y gravedad, cae dentro de la competencia de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa, que se encargará de los casos que implican repercusión nacional y/o internacional, como el presente. La investigación abarca la posible vinculación de los acusados con delitos que impactan no solo en Lima, sino en otros distritos fiscales.
Este proceso judicial ha generado gran interés debido a la magnitud de los delitos denunciados y el perfil de los involucrados. Según la Ley Contra el Crimen Organizado, los delitos como el homicidio calificado y la falsificación de documentos son particularmente graves, ya que afectan de manera directa a la integridad de la ciudadanía y a la confianza en las instituciones públicas.
La denuncia también destaca la participación de funcionarios que, aprovechando sus cargos, habrían facilitado la realización de actividades ilegales. La inclusión de personal del Ministerio de Ambiente y de la Dirección Regional de Salud de Lima en la lista de acusados revela posibles actos de corrupción y abuso de poder.
Aunque la investigación está en sus primeras etapas, el Ministerio Público ha dejado en claro que este proceso será largo y meticuloso. La envergadura del caso demanda una atención especial para asegurar que se identifique y sancione a todos los responsables. A medida que avanza la investigación, se espera que salgan a la luz nuevos detalles que podrían profundizar las conexiones entre los acusados y otros actores tanto nacionales como internacionales.
Este caso ilustra, una vez más, la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado y la corrupción en el país. La labor de la Fiscalía será fundamental para esclarecer los hechos y garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia.
