La lamentable muerte del primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García, producto de una desatención sanitaria en una posta médica de la Punta de Bombón en el valle del Tambo, debiera servir de acicate para que de una vez por todas el Estado peruano tome en serio la urgencia de emprender una radical reforma de la salud pública en el país.
Ya la pandemia nos había puesto de relieve la calamitosa situación de un servicio básico, universal y gratuito -supuestamente- para todos los peruanos, y se esperaba que ello sirviera para hacer algo al respecto, pero pasó la emergencia del covid y simplemente no se ha hecho absolutamente nada.
Casi 25 años de bonanza económica y fiscal no han servido para que uno de los servicios mínimos de un Estado decentemente inclusivo y equitativo, sea brindado con relativa dignidad.
Al día, cerca de 150 mil peruanos acuden a algún centro médico, posta u hospital estatal para buscar atención a un problema de salud, y lo que reciben de respuesta es indolencia, ineficacia, rechazo y maltrato. Si consideramos reincidencia, podemos decir que cerca de diez millones de peruanos al año, en algún momento de su vida busca atender un problema en algún centro público (sea del Minsa o de EsSalud -que es otra calamidad-) y la respuesta del Estado es un detonante de disidencia, indignación, ánimo antiestablishment, hartazgo con el orden establecido y el modelo.
Los gobiernos de transición simplemente se zurraron en una de las reformas más importantes si se quiere brindarle gobernabilidad democrática al Perú. Para llamar a mayor escándalo, según ha referido Pedro Cateriano, con espanto, en los últimos cinco años (entre el 2018 y el 2022) se han dejado de gastar, a pesar de estar presupuestados, ocho mil millones de soles en el sector salud, incluyendo gobierno nacional, regionales y locales. O, como ha revelado el exministro de Economía. David Tuesta, en el primer nivel de salud, solo hay 17 médicos por cada diez mil habitantes, solo 51% tiene medicamentos esenciales, 95% está en condiciones inadecuadas y solo 43% funciona al menos doce horas.
Dina Boluarte tiene tres años por delante para gobernar. Al menos debiera hacer algo bien hecho, con equipos técnicos y asesoría internacional, en un sector básico para la viabilidad cívica de cualquier país democrático, como es la salud pública.
