Hernando Guerra García

[EN LA ARENA] La semana pasada, la muerte del congresista Hernando Guerra García, además de alertarnos sobre la creciente precariedad del sistema de salud nacional, despertó en las redes sociales un intenso debate acerca de si era correcto burlarse o celebrar su fallecimiento. Su carrera política se inició en la izquierda universitaria, pero su apuesta por el emprendedurismo y sus ansias de poder político lo condujeron a vincularse con el fujimorismo y el enclave de Luis Castañeda Lossio. Gracias a este giro, consiguió en el actual parlamento ser congresista vocero de Fuerza Popular y dedicarse a modificar la Constitución para fortalecer el desmedido poder legislativo del que ya abusan las organizaciones políticas para delinquir cada vez más y mejor.

Cuando muere una persona que daña (a una niña, a una familia, a una comunidad, al Estado) sus víctimas reaccionan de distinta manera.  En este caso, que se trataba de un congresista, una persona cuya labor es defender los intereses del país, el hecho de que se haya dedicado a malinterpretar la Constitución para defender los intereses de organizaciones corruptas genera dilemas porque conflictúa el vínculo con una persona en la que deberíamos confiar, pues su trabajo es velar por nosotros, pero que nos ignora para proteger al corrupto y sus secuaces.

El sentir alivio por la pérdida de alguien que se aprovecha de nosotros es algo normal, pero cuando se trata de familiares que nos deben cuidar o como en este caso, de gobernantes, el no poder hacer público ese respiro inevitablemente trae problemas al exigir respeto y observar rituales de velorio y entierro que lo celebran (dado que implica celebrar también su poder corrupto o violento). Es imposible entonces que no provoque problemas emocionales y sociales. Si no se cuenta con un sistema político con dinámicas saludables, es muy probable que se sienta que desde la tumba nos puede seguir haciendo daño, dado que las instituciones insisten en mostrarlo como si fuera un ser admirable.

Una de las reacciones psicosociales más conocidas que confirma que los más crueles gobernantes pueden seguir haciendo daño es la negación de su muerte. La muerte de Adolf Hitler, por ejemplo, fue anunciada con tal solemnidad (acompañada de la música de Wagner) que se creyó fingida. Algunos imaginaron verlo como ermitaño en una cueva en Italia, otros como pastor en los Alpes suizos. Lo vieron en también en Francia y en Irlanda. Stalin, tres meses después de su muerte, insistía con que Hitler seguía con vida en España o en Argentina. Años más tarde, lo vieron en Venezuela y después en Colombia. Que no nos extrañe que también lo hayan creído ver en Perú.

Augusto Pinochet, militar que amasó millones de dólares y jugó con la vida de miles de chilenas y chilenos, murió ya anciano. La máxima sanción que sufrió fue la prisión domiciliaria. En estos tiempos en que se han cumplido 50 años de su golpe de Estado y cuando un violento fascismo renace en el mundo entero, se estrena la película El Conde de Pablo Larraín, en la que Pinochet resulta ser un viejo vampiro, tan inmortal que su madre, la vampira Margaret Thatcher lo rejuvenece y pasa de ser un anciano a ser un escolar primarioso, ahora en Argentina que corre hacia la escuela entusiasmado meneando una peluca similar a la de Javier Milei.

Aquí en Perú hasta la fecha se pone en duda el suicidio de Alan García, algunos lo han visto en Suiza, otros en Panamá, otros dicen que en Francia. La fantasía que se encuentra en lugares donde un gobernante corrupto puede disfrutar de su dinero sin ser detenido. Sin duda hay inspiración en todo el tiempo que estuvo entre Francia y Colombia esperando que algunas de las denuncias por su primer mal gobierno prescribieran y que le permitió ganar por segunda vez las elecciones del año 2006.

Guerra García intentó ser presidente en varias ocasiones, con el partido de Susana Villarán, con el de Yehude Simon y con el de Castañeda Lossio. Si hubiera sido presidente y moría, ¿nos hubiéramos preguntado si fingía su muerte? Ya no importa. Como el congresista que fue, difícilmente estas fantasmas nos llenarán de ansiedades. Aunque si de ansiedad se trata, será su corpóreo reemplazo en el Congreso quien alerte nuestra suspicacia.

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La lamentable muerte del primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García, producto de una desatención sanitaria en una posta médica de la Punta de Bombón en el valle del Tambo, debiera servir de acicate para que de una vez por todas el Estado peruano tome en serio la urgencia de emprender una radical reforma de la salud pública en el país.

Ya la pandemia nos había puesto de relieve la calamitosa situación de un servicio básico, universal y gratuito -supuestamente- para todos los peruanos, y se esperaba que ello sirviera para hacer algo al respecto, pero pasó la emergencia del covid y simplemente no se ha hecho absolutamente nada.

Casi 25 años de bonanza económica y fiscal no han servido para que uno de los servicios mínimos de un Estado decentemente inclusivo y equitativo, sea brindado con relativa dignidad.

Al día, cerca de 150 mil peruanos acuden a algún centro médico, posta u hospital estatal para buscar atención a un problema de salud, y lo que reciben de respuesta es indolencia, ineficacia, rechazo y maltrato. Si consideramos reincidencia, podemos decir que cerca de diez millones de peruanos al año, en algún momento de su vida busca atender un problema en algún centro público (sea del Minsa o de EsSalud -que es otra calamidad-) y la respuesta del Estado es un detonante de disidencia, indignación, ánimo antiestablishment, hartazgo con el orden establecido y el modelo.

Los gobiernos de transición simplemente se zurraron en una de las reformas más importantes si se quiere brindarle gobernabilidad democrática al Perú. Para llamar a mayor escándalo, según ha referido Pedro Cateriano, con espanto, en los últimos cinco años (entre el 2018 y el 2022) se han dejado de gastar, a pesar de estar presupuestados, ocho mil millones de soles en el sector salud, incluyendo gobierno nacional, regionales y locales. O, como ha revelado el exministro de Economía. David Tuesta, en el primer nivel de salud, solo hay 17 médicos por cada diez mil habitantes, solo 51% tiene medicamentos esenciales, 95% está en condiciones inadecuadas y solo 43% funciona al menos doce horas.

Dina Boluarte tiene tres años por delante para gobernar. Al menos debiera hacer algo bien hecho, con equipos técnicos y asesoría internacional, en un sector básico para la viabilidad cívica de cualquier país democrático, como es la salud pública.

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Exultante, el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, declaró que la izquierda puede llegar a tener 70 votos para conquistar la Mesa Directiva del Congreso. La verdad es que sumando a las cuatro bancadas de izquierda, Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario y Cambio Democrático, más un sector de la guardería de Acción Popular, Somos Perú, Podemos y no agrupados, llegarían, hasta el momento, a 62, pero, en todo caso, es una candidatura que con un golpe de suerte y buenas negociaciones podría aguarle la fiesta a la derecha, en principio mayoritaria en el Parlamento.

Por ese temor es que se apreciaron declaraciones acomedidas hacia la figura de Waldemar Cerrón por parte de congresistas como Hernando Guerra García (Fuerza Popular) o Alejandro Cavero (Avanza País), pero ayer, el portavoz extraparlamentario del fujimorismo, Micky Torres, zanjó a medias la incertidumbre al señalar que Fuerza Popular jamás respaldaría a Perú Libre para la presidencia o primera vicepresidencia de la nueva mesa directiva (no aclaró si para otras vicepresidencias ello sí era factible).

Lo cierto es que el centro y la derecha, que tienen la mayoría formal del Legislativo, no deberían abrirle la cancha a los derrotados del 7 de diciembre del 2022, comparsas del nefasto gobierno castillista y azuzadores de la desestabilización. No es un tema de principismo obtuso. Eventualmente, para una mesa directiva congresal sí es admisible un pacto plurideológico, pero en este caso, el mismo es inaceptable en la medida que se le estaría concediendo un triunfo a quienes casi llevaron al país a su colapso político, social y económico.

Al final de cuentas, la mesa directiva no es tan relevante, como sí lo es la Presidencia, que ejerce un papel decisorio en los temas que se ponen en agenda, pero aún a pesar de ello, el llamado bloque democrático debe hacer todo lo posible para reagrupar fuerzas y evitar que de Acción Popular, Somos Perú o Podemos haya migración interesada hacia la izquierda. Con la misma generosidad con que pensaban conquistar a Waldemar Cerrón, deberían tratar a las bancadas díscolas que por no recibir nada son capaces de aliarse al extremismo izquierdista.

En el desenlace que la crisis política tenga en los meses y años venideros influirá mucho lo que ocurra en el Congreso. Tener una Mesa Directiva de izquierda sería el primer paso hacia la anarquía.

 

 

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