Boluarte-Otárola

Al paso que anda la centroderecha en el Perú, no es improbable que el 2026 o antes (no está descartado un proceso de vacancia de Dina Boluarte), la definición de la segunda vuelta se produzca entre dos candidatos de la izquierda.

La centroderecha va a presentar alrededor de veinte candidatos, ninguno hace campaña con tiempo, esperan a la última hora electoral para activarse, no recorren el país, no plantean propuestas atractivas y disruptivas.

La izquierda, si bien va a mostrar una baraja más amplia de lo normal (seis o siete candidatos), tiene algunas ventajas que corren a su favor. Lo más probable es que el sur andino vote en primera vuelta como votó en la segunda vuelta del 2021, es decir 80% o más a favor de alguien de izquierda radical. Solo con eso ya tiene asegurado el pase a la segunda vuelta. Y alcanza para que sean dos los que lo hagan si sumamos el bolsón de votos del resto del país, que identifica la desaprobación altísima al gobierno actual con una descalificación de la derecha, la misma que no marca distancias del régimen, y anda feliz, e irresponsable, porque ello sirvió para que saliera Castillo del poder.

A la izquierda le cayó del cielo la salida abrupta del poder del nefasto Castillo, porque, tanto en su vertiente radical como moderada, se estaba achicharrando por su punible complicidad con los latrocinios administrativos, políticos, económicos y, sobre todo, corruptos que el régimen del Atila chotano estaba desplegando.

Hoy se viste de virginal oposición a Dina Boluarte, construye la narrativa de que se enfrenta a un gobierno genocida y autoritario de derecha, y lamentablemente no halla respuesta polémica de una derecha que también debería, pero desde otra perspectiva, marcar distancia de este gobierno mediocre y precario que nos ha tocado en suerte bajo el mando de la dupla Boluarte-Otárola.

Restan casi tres años para la campaña electoral, pero si la centroderecha no reacciona a tiempo, le dejará la mesa servida a la izquierda, que con gran injusticia histórica, saboreará nuevamente las mieles del poder y se abocará, como siempre ha ocurrido, a destruir el país.

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La movilización del 19 de julio sigue despertando discusiones respecto de su magnitud y resulta difícil ser aguafiestas respecto de su convocatoria, cuando a la par, hay que considerar saludable para la democracia peruana que la sociedad se movilice, en un país donde no hay tradición de que la calle se manifieste, a diferencia de lo que sucede en otros países de la región, donde la ciudadanía sale a expresar su descontento masivamente e incide en las políticas públicas.

Pero le haría mucho bien a los propios organizadores de esta movilización reconocer su fracaso. No hubo más de cinco mil personas en las calles de Lima y con ello no alcanza para mover la aguja del reloj político ni un milímetro. La dupla Boluarte-Otárola, o el pacto tácito Ejecutivo-Congreso respiran aliviados luego de la escuálida marcha del jueves pasado.

Hay razones sociológicas que explican esta inactividad del ciudadano peruano, siendo la principal la mayoritaria informalidad reinante, que genera un pasivo inactivismo, por su naturaleza precaria y absorbente de horas-hombre. A ello se suma que Lima es la región que más apoya a Boluarte y no parece dispuesta a convertir los segmentos de desaprobación en movilización activa.

Pero lo que más atentó contra la marcha fue el intento de expropiación política de la misma por parte de la izquierda, sector ideológico que carece de autoridad ética para convocar nada, luego de su complicidad abierta con los desmanes políticos, económicos y, sobre todo, morales del nefasto régimen castillista. Encima, con su particular gusto por la ideologización, en lugar de concentrar la agenda de la marcha en uno o dos puntos (salida de Boluarte y elecciones adelantadas), le agregó de su propia cosecha, temas que a la ciudadanía independiente le importan poco o nada o, inclusive, desaprueba.

Como van las cosas, el deseado adelanto de elecciones no se va a producir. Se requerirá una movilización inmensa, un escándalo mayúsculo de corrupción que involucre a la primera mandataria o la ruptura impensada del pacto tácito entre la plaza de Armas y la plaza Bolívar, y nada de ello parece, por el momento, inminente. Lo más probable es que este gobierno, mediocre y sin brillo reformista, dure hasta el 2026, en medio de la estabilidad de la medianía que ha alcanzado.

 

 

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