Dina Boluarte

[La columna deca(n)dente] Las declaraciones de Morgan Quero, ministro de Educación, según las cuales «la violación de niñas indígenas es una práctica cultural que lamentablemente sucede en los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, entonces nosotros vamos a ser muy prudentes», plantean varias cuestiones críticas desde la perspectiva de los derechos humanos y el papel del Estado en la protección de los derechos de todos sus ciudadanos y ciudadanas.

Una primera cuestión es la normalización de la violencia. La afirmación de Quero de que la violación de niñas indígenas es una «práctica cultural» sugiere una normalización de la violencia sexual como parte de ciertas costumbres. La violencia sexual nunca puede justificarse como una práctica cultural. Justificar o minimizar la violación bajo el pretexto de la cultura perpetúa la violencia y vulnera gravemente los derechos humanos de las niñas y las adolescentes, específicamente su derecho a la integridad física y mental, y a vivir libres de violencia.

Una segunda cuestión es la promesa de ser «muy prudentes», que podría interpretarse como una falta de acción decisiva del Estado para abordar esta grave violación de derechos humanos. Como bien sabe el ministro de Educación, el Estado tiene la obligación de proteger a todas las personas bajo su jurisdicción, especialmente a los grupos más vulnerables, como las niñas y adolescentes indígenas. Esto incluye la implementación de medidas efectivas para prevenir la violencia, proteger a las víctimas y llevar a los perpetradores ante la justicia.

Asimismo, su declaración parece caer en el relativismo cultural, donde las prácticas culturales se consideran inmutables y respetadas sin importar si violan los derechos humanos. La mutilación genital femenina es una práctica común en algunas culturas y viola los derechos humanos de la salud, la integridad física y la dignidad de las niñas y mujeres. El matrimonio infantil antes de la mayoría de edad viola los derechos humanos a la vida, la salud y el bienestar, especialmente en el caso de las niñas.

El ministro Quero olvida que los derechos humanos son universales y no deben ser comprometidos por prácticas culturales. El respeto a las culturas debe coexistir con la protección irrestricta de los derechos fundamentales, y ninguna práctica cultural puede justificar la violación de estos derechos. 

Sus declaraciones y las de la ministra de la Mujer, Ángela Hernández, que ratifican que las violaciones sexuales son “prácticas culturales”, pueden perpetuar estigmas y prejuicios hacia las comunidades nativas, presentándolas como inherentemente y culturalmente violentas. Esto no solo perpetúa la discriminación y estigmatización de dichas comunidades, sino que también desvía la responsabilidad del Estado para abordar estos problemas de manera integral, respetuosa y justa con los derechos de todas las personas.

Dada la gravedad de sus declaraciones, es imperativo exigir la renuncia inmediata del ministro de Educación, Morgan Quero, y de la ministra de la Mujer, Ángela Hernández. Al justificar la violación de niñas indígenas como una «práctica cultural», ambos funcionarios no solo muestran una falta de comprensión y respeto por los derechos humanos universales, sino que también perpetúan la violencia y discriminación contra las comunidades más vulnerables. Sus palabras, lejos de promover la protección y el bienestar de estas niñas, las exponen a más abusos y estigmatización. Un liderazgo que minimiza y relativiza tales atrocidades es inaceptable y contrario a los principios fundamentales de justicia y dignidad. Es crucial que el gobierno de Dina Boluarte demuestre un compromiso genuino con la defensa de los derechos humanos y la igualdad, comenzando con la destitución de funcionarios que no cumplen con estos estándares.

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Una presidenta con 5% de aprobación -la tasa más baja de los últimos 44 años-, según la última encuesta de Datum que ha publicado El Comercio, coloca la crisis política peruana en una situación límite.

Son dos los riesgos que una situación así genera. El primero es que ante cualquier chispazo se encienda la pradera del conflicto social y por allí deriven las energías disidentes que en estos momentos definen al ciudadano peruano. Pudo ser el caso Rolex, puede ser el alza de tarifas del agua, puede ser un proyecto de ley equívoco o una declaración infeliz.

El inicio de la campaña electoral -porque ya empezó- contiene un poco la protesta porque la gente ya la ve como una gobernante de salida y en esa medida le concede una agonía tranquila. Pero lo cierto es que este gobierno no resistiría una asonada como la de finales del 2022 e inicios del 2023 (quizás a ello se debe su pacto de tolerancia con las mafias económicas ilegales, que son las que suelen financiar las protestas, como sucedió entonces).

El otro riesgo es que sus sostenedores políticos en el Congreso asuman que su apoyo les va a resultar muy oneroso en el venidero proceso electoral y decidan cortar ese apoyo y sumarse a una vacancia que interrumpa el mandato de Boluarte. Aquí, lo que lo está evitando es que los congresistas saben que la ciudadanía no aceptaría que solo se convoquen elecciones presidenciales sino que exigiría que sean generales. Y, claro está, los señores parlamentarios no se quieren ir hasta el 2026 y quizás confíen en que, al final, el electorado no se inclinará por sancionar a los aliados de Boluarte (ese fenómeno ya ha pasado antes en la historia política peruana).

Lo cierto es que una desaprobación tan alta -nunca antes vista en el Perú desde que se hacen mediciones estadísticas- contribuye al desasosiego ciudadano y, lamentablemente, en lugar de llamar a la reconvención política del gobierno, a éste parece importarle poco tan magros resultados. Boluarte no hace nada para subir algunos puntos, por el contrario, acentúa las conductas que la población rechaza, como si hubiera arribado a una suerte de psicopatía política que la torna inmune al rechazo popular. Malos tiempos los que tendremos que sobrellevar de acá hasta julio del 2026, si nada extraordinario ocurriese y el actual mandato perdura.

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En el escenario político nacional, hay una especie en particular que ha captado la atención de todos: los adulones de la presidenta Dina Boluarte. Estos incondicionales defensores, más leales que un perro faldero y más entusiastas que un niño con su primer helado, se han convertido en una institución dentro y fuera de los pasillos del poder palaciego.

Primero, tenemos a los campeones del aplauso. No importa lo que diga o haga la presidenta, ellos están ahí, al pie del cañón, aplaudiendo con la energía de una barra brava. Si Boluarte decide que hoy es un buen día para declarar el Día Nacional de la Bisutería Fina, ahí están ellos, listos para organizar marchas de apoyo con “portátiles” ad hoc y escribir emocionados comunicados de prensa. 

Luego están los poetas de la alabanza, aquellos que podrían hacer que incluso los elogios más trillados suenen como discursos memorables. Cada discurso de la presidenta es para ellos una oda a la sabiduría, cada gesto un símbolo de la gracia divina. Si Boluarte se decide a lanzar caramelos en un evento, organizado por su wayki Oscorima, estos bardos modernos escribirán crónicas sobre cómo tal acción simboliza su empatía con el pueblo y su habilidad para endulzar a la nación. 

No podemos olvidar a los defensores del honor, esos guerreros intrépidos que patrullan las redes sociales y los medios de comunicación en busca de cualquier comentario negativo o crítica hacia su bienamada gobernante. Como caballeros medievales, se lanzan al ciber combate, listos para proteger el honor de Boluarte con una combinación de fervor militante y creatividad delirante. 

¿Una crítica a su política económica que ha empobrecido a miles de familias? Sin duda, es una campaña de desinformación orquestada por Soros y Gorriti. ¿Y si se le recuerda su mentira colosal de que sus Rolex fueran de antaño y producto de su trabajo? ¡Inaceptable! A la hoguera del descrédito con esos detractores. Mientras tanto, otros fieles escuderos vociferan que la presidenta sufre de “acoso”, como el ministro de Salud, Villena, quien denuncia “acoso político”, o el ministro de Educación, Quero, quien habla de “acoso sistemático”.

Este exclusivo club de aduladores no está abierto a cualquiera. Requiere una habilidad especial para ver solo lo positivo, ignorar cualquier crítica y, por supuesto, una pasión inquebrantable por todo lo que Boluarte hace. En entornos políticos inestables como el nuestro, adularla puede ser una estrategia para asegurar la estabilidad laboral y buscar beneficios personales, como ascensos, favores, acceso a recursos o posiciones de poder. Su adulación militante se convierte en una herramienta para avanzar en sus particulares intereses.

Así que, mientras el resto de los conciudadanos navega por las complejidades de la realidad política con una mezcla de escepticismo y esperanza, los aduladores de Boluarte siguen adelante, con sus aplausos y defensas, construyendo un mundo donde todo es perfecto bajo el aura presidencial. Y quién sabe, tal vez algún día logren convencer al 95% de la población de que se vive en un paraíso terrenal, gracias a su inigualable e insustituible presidenta.

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El reciente intento del gobierno de Dina Boluarte, mediante el Ministerio de Educación conducido por Morgan Quero, de retirar 22 libros de educación básica ha desatado una justificada ola de críticas desde la academia y la sociedad civil. Estos libros contienen términos como «conflicto armado», «conflicto social», «dictadura», «ideología de género», «aborto» y «educación sexual integral», considerados adversos a la narrativa promovida por el fujimorismo y otras bancadas conservadoras, como Renovación Popular y Avanza País, entre otras. Esta acción representa una amenaza a la libertad de expresión y al derecho a la información.

La censura de estos términos es una maniobra para manipular la información y la historia. Este acto busca reforzar la impunidad para militares y políticos, generalizando el uso del término «terrorista» para deslegitimar a los opositores del gobierno y minimizar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado y sus fuerzas del orden. Esta estrategia de manipulación histórica no solo tergiversa la verdad, sino que también distorsiona la percepción pública de eventos trascendentales, afectando la memoria colectiva.

Eliminar términos como «conflicto armado interno» es particularmente preocupante. La inclusión de este término en los textos escolares permite a los estudiantes entender el contexto y las características del conflicto ocurrido en el país, el cual tuvo profundas implicaciones sociales, políticas, económicas y culturales. Eliminar este término distorsiona la comprensión de estos eventos cruciales y su impacto en la historia nacional.

El silencio del Congreso ante esta grave situación es alarmante. A pesar de la polémica generada, ningún legislador ha citado al ministro Quero para que rinda cuentas, y varios congresistas vinculados al ámbito educativo han optado por la complicidad del silencio. Este mutismo institucional no solo evidencia una falta de compromiso con la defensa de una educación libre y plural, sino que también sugiere una preocupante alineación con las políticas de censura y manipulación del régimen de Boluarte.

En un país como el Perú, marcado por una historia de conflictos y dictaduras, es vital que la educación refleje de manera fiel y completa los acontecimientos del pasado. La manipulación de la verdad y la historia desde el Ministerio de Educación no solo traiciona el legado de aquellos que lucharon por la democracia y los derechos humanos, sino que también hipoteca el futuro de las nuevas generaciones.

Es imperativo que la sociedad civil, los académicos y los defensores de los derechos humanos se unan para resistir estos intentos de censura. La educación debe ser un espacio de libertad y verdad, donde se fomente el pensamiento crítico y se promueva una comprensión profunda y matizada de nuestra historia y realidad contemporánea. Solo así podremos construir una democracia sólida y una sociedad justa y equitativa.

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¿Qué pesa más en la balanza: el eventual ciclo de inestabilidad que supondría un anticipado proceso electoral o la resolución del hartazgo ciudadano con un gobierno mediocre y sin rumbo?

Apenas 5% de la población aprueba al gobierno de Dina Boluarte y 90% lo desaprueba, según la última encuesta del IEP. Y al socio político del Ejecutivo -el Congreso- solo lo aprueba el 6% y lo desaprueba el 91%.

Lo que es más grave: un 50% de peruanos considera que el gobierno de Dina Boluarte será más corrupto que los anteriores y 42% igual de corrupto. Además, un 72% considera que la situación económica es peor que hace un año y 55% considera que será peor en el futuro.

La sensación de corrupción, desatada luego del Rolexgate y de las andanzas del hermanísimo, ha corroído seriamente las bases de legitimidad del régimen. Y si se le suma la desesperanza respecto de la economía (expresada fácticamente en el aumento de la pobreza), se entenderá la foto del presente desalentador para la democracia, y, como bien señala el propio IEP, esto alentará la aparición de propuestas radicales o autoritarias.

Volvemos a la pregunta inicial: ¿es mejor cortar por lo sano, adelantando las elecciones generales, o, en aras de no aumentar la inestabilidad -que no veo dónde está (hay relativa paz social)- mantenemos como sea a Boluarte hasta el 2026?

Esta situación no va a mejorar. Va a ir para peor, y cuando queramos reaccionar políticamente ya va a ser muy tarde. La crisis del gobierno afecta a la democracia y le quita lustre ciudadano. Mientras más se sostenga este tinglado, más abono a favor de candidaturas disruptivas, radicales y autoritarias.

Mi posición es clara: se debe adelantar elecciones y cortar la sangría democrática que implica este gobierno mediocre y sin idea de cómo gobernar. Coincide con ello el 77% de los peruanos, aunque un 58.6% no sepa aún por quién votar. ¿Hay riesgo de que en las actuales circunstancias los Antauros descollen? El riesgo de que lo hagan será mayor si el deterioro se acentúa.

Y no hay nada que nos permita pensar que este gobierno mejorará. Al contrario, ya hasta los ámbitos tecnocráticos del Ejecutivo -el MEF, sobre todo- están tocados por la medianía y la contaminación política. Todo nos lleva a pensar que lo mejor para el país es zanjar el problema, convocar a elecciones generales y apostar a que las fuerzas democráticas, apremiadas por la urgencia, tengan la responsabilidad de conducirse inteligentemente.

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Adelanto de elecciones, Dina Boluarte, Rolexgate

Hasta la fecha, son seis los ministros del Interior que han asumido la dirección del sector encargado de velar por el orden interno y la seguridad pública del país desde que Dina Boluarte asumió el poder el 7 de diciembre de 2022. En promedio, hemos tenido un ministro nuevo cada tres meses. 

En ese mismo periodo, se han producido 1 435 211 millones de denuncias por delitos y faltas a nivel nacional. Si está cifra alcanzó las 77 503 denuncias en enero de 2023; se elevó a 86 256 en enero de 2024. Para el caso de las denuncias por extorsión, 1348 incidencias fueron registradas en enero del 2023, mientras que esta cifra subió a 1549 para enero de 2024. La tendencia se repite en el caso de la gran mayoría de modalidades delictivas relevantes para el grave panorama de (in)seguridad que afronta el país en la actualidad: robo agravado (enero 2023: 2146; enero 2024: 2525); estafa (enero 2023: 2016; enero 2024: 3162); asalto y robo de vehículos (enero 2023: 480; enero 2024: 553). Y así con otras modalidades más. 

Ninguno de ministros del Interior de Dina excluyendo al recientemente nombrado Juan José Santivañez ha podido liderar una reducción de las cifras anteriormente mencionadas. Todo lo contrario, parece que cada uno ha tenido una tarea concreta que cumplir durante sus breves designaciones: César Cervantes duró menos de dos semanas en el cargo y su misión fue aplacar (bajo cualquier medio necesario) las protestas masivas que se desataron luego de la salida de Pedro Castillo de Palacio de Gobierno; ante su rochosa salida, Víctor Rojas Herrera asumió la cartera por un par de semanas más para continuar con la tarea de amilanamiento de las manifestaciones; luego, Vicente Romero Fernández asumiría el cargo por un periodo más largo, diez meses, con el objetivo de defender a la presidenta ante la ola de críticas en su contra, como también intentar limpiar la imagen de la Policía Nacional del Perú (PNP) por las irregularidades cometidas durante las tareas de control y restablecimiento del orden; finalmente, sería censurado por el Congreso de la República por “manifiesta incapacidad técnica de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo”; su sucesor, Víctor Torres Falcón, fue el encargado de absorber políticamente la destitución de, Jorge Angulo, comandante general de la PNP quién lanzó fuertes acusaciones en contra de la mandataria por supuestas intrusiones en la institución policial; y, por último, todo parecería indicar que Walter Ortiz asumió el cargo con la única consigna de desactivar el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) compuesto por personal policial especializado e involucrado en las investigaciones en contra de la presidenta Boluarte por el caso conocido como Rolexgate antes de renunciar al cargo por “razones personales”. Cada ministro ha tenido una bala de plata que quemar. Una bala de plata que claramente no ha tenido en la mira resolver la grave situación de (in)seguridad que el país afronta, sino más bien deshacerse de cualquier obstáculo político y penal que pueda aparecer en el camino de Dina Boluarte.

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Dina Boluarte, MININTER, Policía Nacional del Perú, Rolexgate, seguridad ciudadana

En los rincones más oscuros del gobierno peruano, se está tejiendo una telaraña de corrupción y abuso de poder que amenaza con deshilachar por completo el tejido democrático del país. Cada nuevo episodio de delito y manipulación que emerge desde los pasillos del poder ejecutivo es como un golpe más a la débil estructura de la democracia peruana.

La reciente detención preliminar del hermano de la presidenta del país, junto con su abogado, es solo el último capítulo en una saga de delitos y manipulaciones que han corroído las bases de la sociedad peruana. Desde la presunta participación en organizaciones criminales hasta la obstrucción de la justicia, la presidenta y los congresistas de Fuerza Popular, Alianza para el Progresos, Renovación Popular y Perú Libre, entro otros, han convertido el ejercicio del poder en una trama retorcida de intereses particulares y enriquecimiento ilícito.

Dina Boluarte, la presidenta en el ojo del huracán, ha sido señalada repetidamente por su complicidad en actos que van desde la venta de cargos públicos hasta la manipulación de instituciones para su beneficio personal. Pero la corrupción no se limita al ejecutivo. El Congreso, lejos de ser un contrapeso efectivo, se ha convertido en cómplice de esta demolición de la democracia.

La manipulación de procesos judiciales, la destitución arbitraria de funcionarios públicos y la obstrucción de la justicia son solo algunas de las tácticas utilizadas por los legisladores para proteger sus propios intereses y mantener su control sobre el poder. Incluso el sistema judicial ha sucumbido ante las presiones políticas, perdiendo su independencia y viéndose influenciado por el poder político.

Pero la tragedia más grande es que el pueblo peruano parece estar dormido ante esta pesadilla que se desarrolla a su alrededor como bien lo señala Juliana Oxenford en su columna de opinión. Mientras los que hoy gobiernan y legislan se enriquecen y consolidan su poder, millones de peruanos sufren las consecuencias de la corrupción y el abuso de poder en forma de pobreza y desigualdad.

Es hora de despertar y enfrentar esta crisis con determinación y valentía. La democracia peruana está en juego, y solo una ciudadanía activa y comprometida junto a verdaderos partidos democráticos pueden detener su colapso. Es necesario exigir transparencia, rendición de cuentas y respeto por el Estado de derecho. Solo así podremos evitar que la corrupción y el autoritarismo sigan minando los cimientos de nuestra sociedad.

La historia ha demostrado que la democracia es frágil y vulnerable. Depende de cada uno de nosotros, protegerla y defenderla. El futuro de nuestro país depende de nosotros, y solo juntos podemos construir un país donde reine la justicia, la igualdad, la fraternidad y la libertad para todos sus ciudadanos y ciudadanas. Porque esta “waykiKracia” no es democracia.

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Congreso, Dina Boluarte, Fuerza Popular, Perú Libre, waykiKracia

La decisión de remover al economista Carlos Oliva de la presidencia del Consejo Fiscal, un organismo consultivo y vigilante, no vinculante, es una demostración clara de que el gobierno no tolera que le marquen los linderos macroeconómicos por los cuales debe moverse con buen tino, más aún ahora que va a haber un ingreso fiscal récord, producto del alza impresionante en los precios de las principales materias primas de exportación del Perú, sobre todo minerales.

Oliva había venido señalando diversas incongruencias y desatinos, como era la obligación del encargo recibido, y eso no gustó. Ni al gobierno, ni al títere del MEF, ni al alcalde López Aliaga -aliado del gobierno en el Congreso-, ni a las autoridades regionales beneficiarias del dispendio, y que también sostienen al régimen.

José Arista en el MEF está siendo una decepción. Tenemos una larga tradición de titulares de la cartera del jirón Junín, que han sido capaces de pararle el macho al propio Ejecutivo y, por supuesto, al Congreso, respecto de solicitudes de dispendio. Arista ha decidido bajar la cabeza, como ya lo anticipaba, desde el inicio, con su ductilidad para manejar el caso de Petroperú.

Es una pésima noticia para el buen manejo económico del país. La debilidad de Boluarte y su sumisión a los partidos del Congreso, que la tienen maniatada, la obligan a convertir Palacio en un arca abierta, llana a a cualquier desajuste fiscal y monetario, a expensas de seguir recibiendo el apoyo que ella necesita para su único gran propósito político: sobrevivir hasta el 28 de julio del 2026.

Ya lo hemos dicho: olvidémonos de que este gobierno vaya a emprender alguna gran reforma institucional o económica. No está en su agenda. Está usando al gobierno como caja chica de intercambio de favores políticos, y se zurra en los principios de metas fiscales a las que estamos obligados.

El grave efecto que eso tiene, sin embargo, es que la parálisis a la que conduce, solo favorece el advenimiento de propuestas políticas radicales y disruptivas. Al paso que va, cada día que pasa Boluarte en Palacio son cinco mil votos más para Antauro Humala.

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Dina Boluarte, MEF, Ministerio de Economía y Finanzas

La mentira en la política ha sido un tema recurrente a lo largo de la historia. Desde las pequeñas omisiones hasta las grandes falsedades, los políticos han utilizado el engaño para obtener o mantener el poder. Las razones para mentir son variadas. Algunos políticos mienten para ocultar sus errores o para evitar escándalos. Otros mienten para hacer promesas que saben que no pueden cumplir. Y otros mienten simplemente para manipular a la opinión pública y ganar votos.

Un flagrante ejemplo de la mentira en la política lo encontramos en el escándalo conocido como «Rolexgate». A pesar de las evidencias que señalan a la presidente Dina Boluarte como beneficiaria de la compra de los lujosos relojes por Wilfredo Oscorima, generoso y desprendido gobernador regional de Ayacucho, la presidenta ha negado cualquier responsabilidad, afirmando que no le fueron obsequiados, sino prestados. Cabe destacar que, al admitir este préstamo de manera pública, la mandataria habría incurrido en el delito de enriquecimiento ilícito.

La actitud arrogante, y despectiva de Dina Boluarte hacia la fiscalía que la investiga, ha generado indignación en la población. ¿Cómo es posible que la mandataria Dina Boluarte se permita ostentar este tipo de lujos mientras el país atraviesa una grave crisis económica y social?

Además, en el Congreso de la República, se han registrado casos de legisladores que se apropiaban parte del salario de sus trabajadores, los consabidos «mochasueldos». Estos congresistas, abusando de su poder y posición, explotaban a sus empleados y se enriquecían a costa de su trabajo. Una conspicua representante de los mismos, que haciendo eco del sentir de cada uno de ellos, sostuvo que la «mochada de sueldo» constituye «una práctica parlamentaria, (…) una costumbre, que no es correcta, pero costumbre al fin y al cabo». Esta “costumbre”, lejos de ser un hecho aislado, refleja la profunda crisis moral que atraviesa el poder legislativo. 

Estos casos no son hechos aislados, sino que forman parte de un patrón alarmante de falta de integridad en la política. La opacidad y la ausencia de rendición de cuentas por parte de autoridades como la mandataria, congresistas y gobernadores regionales socavan la confianza en las instituciones democráticas y propician un clima de impunidad.

Es fundamental que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas, siempre dentro del marco del debido proceso, para que los responsables de los delitos cometidos sean llevados ante la justicia. Solo así se podrá restaurar la confianza en el sistema judicial y el Estado de derecho.

La lucha contra la impunidad política no es una tarea sencilla, pero es una batalla que no podemos eludir. Se trata de una lucha por la justicia, por la transparencia y por la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Es hora de que los ciudadanos y los partidos políticos genuinamente democráticos asuman el liderazgo en esta crucial batalla.

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Congreso, Dina Boluarte, impunidad, mentira
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