Dina Boluarte

La decisión de remover al economista Carlos Oliva de la presidencia del Consejo Fiscal, un organismo consultivo y vigilante, no vinculante, es una demostración clara de que el gobierno no tolera que le marquen los linderos macroeconómicos por los cuales debe moverse con buen tino, más aún ahora que va a haber un ingreso fiscal récord, producto del alza impresionante en los precios de las principales materias primas de exportación del Perú, sobre todo minerales.

Oliva había venido señalando diversas incongruencias y desatinos, como era la obligación del encargo recibido, y eso no gustó. Ni al gobierno, ni al títere del MEF, ni al alcalde López Aliaga -aliado del gobierno en el Congreso-, ni a las autoridades regionales beneficiarias del dispendio, y que también sostienen al régimen.

José Arista en el MEF está siendo una decepción. Tenemos una larga tradición de titulares de la cartera del jirón Junín, que han sido capaces de pararle el macho al propio Ejecutivo y, por supuesto, al Congreso, respecto de solicitudes de dispendio. Arista ha decidido bajar la cabeza, como ya lo anticipaba, desde el inicio, con su ductilidad para manejar el caso de Petroperú.

Es una pésima noticia para el buen manejo económico del país. La debilidad de Boluarte y su sumisión a los partidos del Congreso, que la tienen maniatada, la obligan a convertir Palacio en un arca abierta, llana a a cualquier desajuste fiscal y monetario, a expensas de seguir recibiendo el apoyo que ella necesita para su único gran propósito político: sobrevivir hasta el 28 de julio del 2026.

Ya lo hemos dicho: olvidémonos de que este gobierno vaya a emprender alguna gran reforma institucional o económica. No está en su agenda. Está usando al gobierno como caja chica de intercambio de favores políticos, y se zurra en los principios de metas fiscales a las que estamos obligados.

El grave efecto que eso tiene, sin embargo, es que la parálisis a la que conduce, solo favorece el advenimiento de propuestas políticas radicales y disruptivas. Al paso que va, cada día que pasa Boluarte en Palacio son cinco mil votos más para Antauro Humala.

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Dina Boluarte, MEF, Ministerio de Economía y Finanzas

La mentira en la política ha sido un tema recurrente a lo largo de la historia. Desde las pequeñas omisiones hasta las grandes falsedades, los políticos han utilizado el engaño para obtener o mantener el poder. Las razones para mentir son variadas. Algunos políticos mienten para ocultar sus errores o para evitar escándalos. Otros mienten para hacer promesas que saben que no pueden cumplir. Y otros mienten simplemente para manipular a la opinión pública y ganar votos.

Un flagrante ejemplo de la mentira en la política lo encontramos en el escándalo conocido como «Rolexgate». A pesar de las evidencias que señalan a la presidente Dina Boluarte como beneficiaria de la compra de los lujosos relojes por Wilfredo Oscorima, generoso y desprendido gobernador regional de Ayacucho, la presidenta ha negado cualquier responsabilidad, afirmando que no le fueron obsequiados, sino prestados. Cabe destacar que, al admitir este préstamo de manera pública, la mandataria habría incurrido en el delito de enriquecimiento ilícito.

La actitud arrogante, y despectiva de Dina Boluarte hacia la fiscalía que la investiga, ha generado indignación en la población. ¿Cómo es posible que la mandataria Dina Boluarte se permita ostentar este tipo de lujos mientras el país atraviesa una grave crisis económica y social?

Además, en el Congreso de la República, se han registrado casos de legisladores que se apropiaban parte del salario de sus trabajadores, los consabidos «mochasueldos». Estos congresistas, abusando de su poder y posición, explotaban a sus empleados y se enriquecían a costa de su trabajo. Una conspicua representante de los mismos, que haciendo eco del sentir de cada uno de ellos, sostuvo que la «mochada de sueldo» constituye «una práctica parlamentaria, (…) una costumbre, que no es correcta, pero costumbre al fin y al cabo». Esta “costumbre”, lejos de ser un hecho aislado, refleja la profunda crisis moral que atraviesa el poder legislativo. 

Estos casos no son hechos aislados, sino que forman parte de un patrón alarmante de falta de integridad en la política. La opacidad y la ausencia de rendición de cuentas por parte de autoridades como la mandataria, congresistas y gobernadores regionales socavan la confianza en las instituciones democráticas y propician un clima de impunidad.

Es fundamental que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas, siempre dentro del marco del debido proceso, para que los responsables de los delitos cometidos sean llevados ante la justicia. Solo así se podrá restaurar la confianza en el sistema judicial y el Estado de derecho.

La lucha contra la impunidad política no es una tarea sencilla, pero es una batalla que no podemos eludir. Se trata de una lucha por la justicia, por la transparencia y por la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Es hora de que los ciudadanos y los partidos políticos genuinamente democráticos asuman el liderazgo en esta crucial batalla.

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Congreso, Dina Boluarte, impunidad, mentira

En el entramado político actual, se está gestando un escenario que parece haber sido escrito por un dramaturgo del absurdo. Los personajes (presidenta, primer ministro, ministros, gobernadores regionales y congresistas), enredados en una madeja de contradicciones y mentiras, se contorsionan en un grotesco baile de marionetas. Desde las controvertidas declaraciones de la presidenta Dina Boluarte ante la fiscalía sobre el origen de los Rolex y otras joyas, hasta las peculiares respuestas de Gustavo Adrianzén a la prensa nacional y extranjera, pasando por las respuestas de algunos ministros y ministras en defensa de la mandataria, la escena política nacional se asemeja cada vez más a un circo de variedades.

Vivimos una tragicomedia donde la risa se transforma en una mueca amarga al darnos cuenta de que quienes ostentan el poder no son más que una caricatura de líderes, una farsa de gestores públicos, un amago de legisladores sin los conocimientos ni las competencias necesarias para legislar y gobernar bien. Es desalentador ver cómo la democracia es socavada por grupos de ineptos que difícilmente serían considerados aptos para actuar como extras en una producción de muy bajo presupuesto.

Tarde o temprano, el gobierno de Dina Boluarte implosionará. Mientras implosiona es importante que los partidos políticos democráticos, no los que la defienden a rajatabla, se preparen para enfrentar tal situación. Esta debacle no será simplemente el resultado de la incompetencia y los indicios razonables de corrupción durante su administración, sino también un reflejo del deterioro generalizado de las instituciones democráticas en nuestro país producto del asedio de fuerzas anti democráticas. Las fisuras en el sistema político se han vuelto demasiado evidentes como para ignorarlas, y la ciudadanía está cada vez más desencantada y desconfiada de aquellos políticos y partidos que supuestamente deberían representar sus intereses.

En medio de esta crisis, es fundamental que los partidos políticos se unan en un frente común para restaurar la confianza en el sistema democrático y ofrecer una alternativa creíble y responsable al caos que dejará el gobierno de Boluarte. Esto implica no solo la articulación de propuestas y políticas coherentes, sino también el compromiso de reconstruir las instituciones desde cero si es necesario y retomar las reformas que fueron dejadas de lado. Además de un desprendimiento de aquellos dirigentes y dirigentes políticas casi nunca visto en la política nacional. La tarea no será fácil ni rápida, pero es imperativa si queremos evitar que el país caiga en un abismo de autoritarismo y despotismo. ¿Se imaginan una coalición democrática integrada por Jorge Nieto, Susel Paredes, Alfonso López Chau e Indira Huilca? 

Por último, en tiempos de crisis política, la prensa juega un papel fundamental: ser vigilante y comprometida con la verdad. Informar y cuestionar al poder son tareas esenciales para fortalecer la democracia y promover la responsabilidad y transparencia en la sociedad. A esta crucial tarea se suma, desde hoy y desde su Bunker, Juliana Oxenford. ¡Bienvenida!

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Coalición Democrática, Congreso, Dina Boluarte, Partidos políticos

En el caótico espectáculo del escenario político nacional, donde los intereses compiten como olas en un mar turbulento, la presidenta Dina Boluarte se ha lanzado de lleno al papel estelar en un drama político que parece más propio de las exageradas tramas de las telenovelas. Su último encontronazo con la justicia, que ella dramatiza como un asalto organizado contra su persona y la mismísima democracia, ha elevado la tensión a niveles propios de un guion de conspiración de serie B.

Y qué decir del episodio más reciente en el culebrón del «Caso Rolex», donde los fiscales irrumpieron en el hogar de la mandataria como si se tratara de una redada en una operación policial de Hollywood. Con un tono que mezcla indignación y resentimiento, Boluarte acusa a diestro y siniestro a aquellos que ella considera sus enemigos, pintándose a sí misma como la heroína incomprendida, perseguida por las sombras y ‘caviares’ de la noche, según sus cómplices.

La trama se complica aún más con la revelación de una serie de ataques que la presidenta detalla minuciosamente, destacando cada afrenta a su honor y cada intento de menoscabar su autoridad. Desde las acusaciones de encubrimiento de Vladimir Cerrón hasta la misteriosa desaparición del «cuaderno de ocurrencias», cada incidente se convierte en otro capítulo de la epopeya de la mandataria.

Pero lo que realmente nos tiene pegados al asiento de este espectáculo es la actuación estelar de Boluarte como la abanderada de la democracia, el estado de derecho y la Constitución. Sus constantes llamados a la acción, convocando a sus seguidores a unirse en su defensa, nos hacen sentir como si estuviéramos viendo una película de superhéroes barata, donde ella es la superheroína contra los malvados que la rodean.

Ah, pero claro, esta retórica debe elevarse más allá de meras palabras y encontrar su sustento en acciones tangibles. ¡La democracia demanda que su ilustre presidenta y líderes políticos rindan cuentas, se desenvuelvan con transparencia y, por supuesto, siempre digan la verdad! Qué fácil habría sido para la distinguida mandataria explicar el origen de aquellos relucientes relojes Rolex que adornaban su muñeca y a los cuales presta poca atención su primer ministro. ¡Recibir a los fiscales, mostrarles sus exquisitos relojes de alta gama y explicarles cómo llegaron a sus manos no habría sido más que un simple paseo por el parque!

Como todos sabemos, en la política no todo es lo que parece. Y mientras la presidenta Dina Boluarte sigue luciendo sus lujosos relojes Rolex con una elegancia tan descuidada como sus explicaciones, la trama continúa girando, manteniéndonos en vilo sobre cuál será el próximo capítulo en este circo político de nunca acabar.

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En la penumbra del poder florece un pecado capital: la avaricia. No se trata solo de un apetito desmedido por la riqueza o el control, sino de una perversión del poder que corrompe y degrada. Este vicio se hace aún más evidente cuando observamos con detenimiento las acciones de quienes detentan el poder, como el caso de la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien no solo ejerce su autoridad, sino que también exhibe su posición con un ostentoso despliegue de riqueza. Boluarte no se limita a uno o dos lujosos relojes Rolex, sino que se enorgullece de portar hasta cuatro de estos símbolos de opulencia en su muñeca. Este extravagante derroche de recursos contrasta brutalmente con la realidad de nuestro país, donde muchos ciudadanos luchan a diario por satisfacer sus necesidades básicas.

Este despliegue de riqueza desmedida, mientras gran parte de la población se debate en la pobreza, es un ejemplo flagrante de la desconexión y falta de empatía de ciertos líderes políticos con las necesidades del país. Más que un mero símbolo de estatus, estos relojes Rolex representan la perversión del poder, donde se privilegia el lujo personal sobre el bienestar colectivo. Esta situación ejemplifica cómo el poder puede distorsionar los valores fundamentales, convirtiendo la función pública en un medio para la gratificación personal en lugar de un servicio dedicado al bienestar y el bien común de la sociedad.

El abuso de poder y la ostentación desmedida minan la confianza en las instituciones democráticas y en el liderazgo. Mientras la presidenta Boluarte se regodea en su opulencia, miles de ciudadanos luchan contra la adversidad, enfrentando la falta de acceso a servicios básicos, educación de calidad, atención médica oportuna y adecuada y seguridad. Esta profunda desigualdad entre los privilegios de unos pocos y las dificultades de muchos es un recordatorio contundente de la urgente necesidad de un cambio.

Sin embargo, en medio de esta oscuridad, aún queda espacio para la esperanza. La lucha contra la avaricia del poder no es una batalla perdida. Requiere de la participación activa de la sociedad civil, de los partidos políticos que se precian de democráticos, la exigencia de rendición de cuentas y la promoción de la transparencia en todas las esferas del gobierno. Solo mediante un compromiso colectivo con la justicia, la solidaridad y la equidad podremos construir un futuro donde el poder sea un instrumento para el bien común, y no una herramienta de enriquecimiento personal a expensas del sufrimiento de muchos.

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En la opinión pública, cortesía de La Encerrona, un tema ha emergido, eclipsando debates sobre la recesión económica y la seguridad ciudadana: ¡los relojes lujosos de la presidenta Dina Boluarte! Mientras algunos de sus pares latinoamericanos se afanan por abordar problemas urgentes, nuestra querida presidenta parece más preocupada por lucir los últimos modelos en su muñeca.

Desde los salones del Palacio de Gobierno, las calles de Lima y de otras regiones, la resplandeciente ostentación de estos relojes no pasa desapercibida. En cada comparecencia ante la prensa, un nuevo reloj reluciente aparece en la muñeca de la mandataria. Después de todo, ¿quién necesita hablar sobre la demolición de la institucionalidad democrática cuando puedes quedarte embobado admirando los detalles de sus relojes de pulsera de alta gama?

Se rumorea que la presidenta Boluarte posee un reloj para cada día de la semana, cada uno de los cuales supera al anterior en valor. Los ciudadanos pueden respirar aliviados: su líderesa está perfectamente sincronizada en sus reuniones y en el uso del tiempo, gracias a su vasta colección de relojes de lujo. ¡Qué alivio saber que, mientras el dengue avanza en el país sin mayor control, al menos los relojes de la presidenta funcionan a la perfección!

Es reconfortante saber que, mientras la mayoría de congresistas se esfuerzan por desmontar cuanta reforma les sea posible e instaurar el reino de la ilegalidad, la mandataria dedica su tiempo a cuestiones más trascendentales, como pensar en su outfit relojero. ¿Quién necesita un gabinete ministerial bien preparado cuando puedes tener un estuche rebosante de relojes exclusivos? 

Claro, algunos críticos podrían argumentar que presumir de riqueza en un país marcado por la desigualdad económica y la pobreza es un tanto descabellado y frívolo. Pero, ¿qué importa eso cuando puedes deslumbrar a la población con el brillo de tus accesorios? 

Además, mientras los ciudadanos luchan con las dificultades económicas diarias, la extorsión por parte de grupos criminales, el sicariato y el regreso de las combis “asesinas”, la extravagancia de la presidenta Boluarte solo sirve para resaltar la desconexión entre la “élite” política y los ciudadanos y ciudadanas. O para decirnos que cualquiera puede tener un Rolex, siempre y cuando trabaje lo suficiente para comprárselo, ignorando la realidad de miles de peruanos que viven en la pobreza y la desigualdad.

¡Brindemos por nuestra presidenta y su colección de relojes exclusivos! Porque al final del día, ¿qué importa el bienestar de la ciudadanía si la mandataria luce un Rolex? ¡Salud!

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Democracia, Dina Boluarte, frivolidad, relojes, Rolex

Es inmensa la tarea pública que le corresponderá desplegar al gobierno que asuma las riendas desde el 2026. La magnitud del encargo supondrá la reedición de actos refundacionales, como los que emprendieron en su momento los regímenes de Velasco y Fujimori, con un desafío mayor, porque será imperativo hacerlo dentro de los cánones democráticos.

Refundar las instituciones de administración de justicia (Ministerio Público, Poder Judicial y Junta Nacional de Justicia), hacer en serio una profunda reforma político-electoral, revertir las groseras fallas del proceso de regionalización, volver a colocar el país en la senda del crecimiento económico robusto que teníamos antes de que Humala decidiera desmontar el modelo estrenado en los 90, desterrar la corrupción enquistada en todos los estamentos de la administración pública, mejorar radicalmente los índices de inseguridad ciudadana que azotan el país y que tanto impacto generan en la buena marcha económica (se calcula que por lo menos nos cuesta el 3% del PBI).

¿Es posible lograrlo? Por cierto, el carácter ciclópeo de semejantes desafíos hace imposible que una administración temporal de cinco años logre su cometido triunfal, pero mucho habremos avanzado si se acometieran desde el primer día de gobierno los pasos necesarios y pertinentes para lograr tales objetivos.

Lo que sí queda claro es que ello no va a ser posible si reeditamos el 2026 la elección de un gobierno improvisado o antisistema radical. Por el contrario, tales problemas se agravarían en gran extremo. Además, será necesario contar con suficiente representación parlamentaria para que el gobierno entrante no esté sometido a las veleidades inestables que han sufrido los gobiernos nacionales del 2016 en adelante.

No se ve otra manera de lograr ello, que no pase por la confluencia de fuerzas de centroderecha, creyentes en las bondades del capitalismo democrático, única garantía de desarrollo económico y político en el mundo y, por cierto, en nuestro país.

Consolidar un gran frente implicaría no solo la garantía de contar con fuerza parlamentaria suficiente para emprender las grandes reformas que se necesita sino, además, la convocatoria rápida a los más de dos mil tecnócratas que se requieren en el Estado para sobrellevar con éxito las políticas públicas reseñadas.

Si ello no se logra, entraremos a la espiral del azar y muy probablemente seguiremos el camino descendente de profundo deterioro en el que ha caído la sociedad peruana.

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Dina Boluarte, Elecciones, eleecciones 2026, Gobierno

El régimen de Dina Boluarte, incapaz de resolver los dos más graves problemas que afrontamos: inseguridad ciudadana y crisis económica, va a dejar como herencia un estado de ánimo ciudadano proclive a fórmulas que prometan patear el tablero.

La mayor pobreza que dejará el paupérrimocrecimiento que se estima para este año -y queseguramente será igual en los próximos- más la sensación de desesperación que produce la inseguridad y la consecuente búsqueda de caudillos autoritarios -a lo Bukele, harán que el peruano de a pie se acerque a las urnas el 2026 con el mismo ánimo disidente que lo condujo a votar por Castillo el 2021, producto de la terrible pandemia que nos asoló, en gran medida, por culpa del taimado Vizcarra.

Ya hay un espíritu antiestablishment presente en el ánimo popular. Lo revelan, a su manera, diversas encuestas. A la rabia producto de la pobreza imprevista o la victimización cotidiana, se le suman factores sociopolíticos como la ruptura irreductible del sur andino o el desprestigio profundo de la clase política identificada con el statu quo, básicamente asentada en el Congreso de la República. Tendría que ocurrir algo extraordinario para que el 2026 se produzca un voto normal, centrado.

Las encuestas de Ipsos y el IEP, que son las únicas que miden la identificación ideológica de la población, ratifican que, en ese sentido, la mayoría se sigue identificando con el centro, en segundo término, con la derecha y, rezagadamente, con la izquierda. Pero esa frágil identidad ideológica (no está arraigada en la ciudadanía y ello ya se vio el 2021 cuando un grueso número de votantes de López Aliaga en la primera vuelta lo hizo, en la segunda, por Castillo) será desbordada por el referido torrente antisistema que ya se detecta en los ánimos populares.

Si a ello le sumamos la infranqueable frivolidad política de la derecha y del centro, que van a presentar una veintena de candidatos, tugurizando el espectro y favoreciendo que con porcentajes bajos pasen a la segunda, eventualmente ya no solo uno sino dos candidatos disruptivos radicales, podríamos casi afirmar que la mesa se le está sirviendo en bandeja a los antisistema. Ojalá ocurra algo extraordinario de acá al 2026 para evitar que nos hundamos en un hoyo más profundo que el que cavó el inefable y corrupto régimen de Pedro Castillo.

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Bukele, Dina Boluarte, Pedro Castillo

[LA COLUMNA DECA(N)DENTE]  En un intento por reforzar su imagen de liderazgo, los ministros y ministras del gabinete Otárola, en cada oportunidad que se les presenta, enfatizan que sus acciones son por decisión expresa de la presidenta Boluarte. Esta insistencia podría interpretarse como un intento de Boluarte de reafirmar su autoridad frente a la opinión pública.

Hace unos días, el primer ministro Otárola, ante el señalamiento de que es él quien se encuentra detrás de todas las decisiones gubernamentales, afirmó que solo es “el portavoz del gobierno” y que todos los ministros están bajo “el liderazgo de la mandataria”. “Parece una broma [lo que sostienen], pero no es así. Aquí estamos bajo el liderazgo de la presidenta de la República, quien no solo toma las decisiones y ve las orientaciones fundamentales del gobierno, sino que también impulsa las reformas políticas y públicas que requiere el país”, sostuvo enfático. Esta defensa de la presidenta Boluarte podría indicar que se encuentra en una situación vulnerable.

La percepción de la opinión pública de que Otárola es quien manda, y no Boluarte, tiene un impacto negativo en la figura presidencial porque merma la legitimidad de la presidenta. La legitimidad es la aceptación de un gobierno por parte de los ciudadanos y ciudadanas. Cuando la población percibe que el primer ministro es quien manda, se cuestiona la legitimidad de la presidenta como máxima autoridad del país. Esto se debe a que la legitimidad no se basa únicamente en el cargo que se ocupa, sino también en la capacidad para ejercer ese cargo.

Asimismo, lleva a cuestionarnos «¿quién manda a quién?». Esta pregunta cuestiona la capacidad de la presidenta para ejercer el poder. Si los ciudadanos y ciudadanas perciben que el primer ministro es quien toma las decisiones, es menos probable que perciban a la presidenta como Jefe de Estado y responsable de dirigir la política general del gobierno; y capaz de garantizar la estabilidad política, social y económica del país.

Esta percepción se ha visto reforzada por dos factores: las declaraciones públicas del primer ministro, que han dado la impresión de que es quien toma las decisiones importantes del gobierno; y la falta de presencia pública de la presidenta en espacios no controlados por su gobierno. ¿Podrá la presidenta Boluarte contrarrestar esta percepción? ¿Tiene las habilidades y capacidades necesarias para recuperar la legitimidad de su figura, demostrar liderazgo y ganar la confianza de la ciudadanía? Solo el tiempo dirá si la presidenta Boluarte podrá demostrar que las tiene para asumir un liderazgo presidencial democrático.

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Alberto Otárola, Dina Boluarte, Presidencia, Primer ministro
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