Estallido Social

SANTIAGO.- Cuando en una visita fugaz, pero nutritiva, a Chile, uno descubre que la informalidad en nuestro vecino sureño es del 27% y que eso les preocupa al sector empresarial y académico, no puede dejar de asombrarse de que después del estallido social del 2019 -que cambió el país para mal en todo sentido-, la fortaleza institucional chilena siga siendo envidiable.

Hay malestar en el sector inversor por la falta de confianza y, por ende, de inversión privada -como sucede en el Perú-, pero al mismo tiempo hay claridad de que la energía que se ponga en las protestas gremiales no puede saltarse a la garrocha la institucionalidad oficial del país.

Un país gobernado por la improvisación supina de Gabriel Boric, logra sobreponerse porque mantiene incólumes los pilares institucionales que le otorgaron décadas de progreso ininterrumpidos.

El propio Boric ha tenido que pisar tierra. De sentirse una suerte de Che Guevara reencarnado, llamado a tareas políticas trascendentes, ha debido reconvenir en que necesita convencer al centro del país para poder gobernar (por ello, dicho sea de paso, su reciente viaje a la asunción de mando de su antípoda Javier Milei en Argentina, a sabiendas de que no hacerlo hubiera despertado las furias del sector mayoritario de la opinión pública chilena).

No hay manera de pronosticar cuál va a ser el resultado del plebiscito constitucional de este domingo respecto del texto esta vez aprobado por la derecha chilena. Lo más probable es que se rechace, con lo cual se mantendría el statu quo. Boric no tiene salida victoriosa, sin embargo. Si se aprueba la reforma, pierde y si no se aprueba, también pierde, porque mantendría vigencia la Constitución de Pinochet (así considerada, a pesar de que ha merecido ya infinidad de cambios durante los diferentes gobiernos de la transición).

Hoy los problemas chilenos son muy parecidos a los del Perú. Encabeza la lista la inseguridad ciudadana y la sensación compartida de que el gobierno no sabe qué hacer al respecto. La ola delincuencial que sacude al país del sur es inédita en su historia republicana y genera, como es previsible, un impacto social que, entre otras consecuencias, produce cierta inmovilización política ciudadana o un menoscabo de la valía de las protestas, sobre todo si son violentas. Mucho por ver y mucho por aprender de las experiencias chilenas.

 

 

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Chile, Estallido Social, Gabriel Boric, Informalidad, Inversión, seguridad ciudadana

[CIUDADANO DE A PIE] El 3 de septiembre último, en el diario “La República”, Augusto Álvarez Rodrich, connotado miembro de la élite cognitiva y rabioso defensor del modelo económico neoliberal, plasmado en la Constitución del 93, publicaba una nota titulada “Perú un país condenado a tener éxito”. Entre hilarantes ocurrencias, como aquella de que “hasta una patada en el culo te empuja hacia adelante”, AAR dejaba nítidamente traslucir las preocupaciones de los grupos de poder y sus adláteres: los nubarrones de una importante crisis económica, cuyos primeros efectos se dejan ya sentir en los hogares, se ciernen amenazantes y cogen al país con el pie cambiado de un gobierno y un Congreso absolutamente desprestigiados, sumidos en la más profunda mediocridad, y sin ninguna capacidad de liderazgo. Álvarez Rodrich y sus amigos saben perfectamente que las arengas de emprendedurismo barato y las odas a la sacrosanta estabilidad, necesaria a las inversiones privadas, pueden no bastar en esta ocasión para conjugar el peligro de un estallido social que pudiera llevarse por delante el “modelo”. La pesadilla de lo ocurrido en Chile en el 2019, paraíso hasta entonces del neoliberalismo, los persigue sin cesar y hablan de ello constantemente, como una forma de exorcizar sus más profundas animadversiones y temores.

En su célebre artículo “El fracaso de la II Internacional” de 1915, Lenin definía lo que a su entender eran las tres condiciones necesarias para el inicio de una revolución social, las mismas que podríamos enunciar resumidamente así: 1. Imposibilidad para las clases dominantes de mantener sin cambios las formas políticas de su dominación. 2. Aumento significativo de la pobreza de las clases dominadas. 3. Como resultante de lo anterior, una movilización social creciente que deviene en una “actuación histórica independiente”. Como Lenin mismo reconocía, esta “situación revolucionaria” no basta por sí sola para desencadenar una revolución social, como de hecho se verifica en las múltiples ocasiones en que estas tres condiciones se han hecho presentes en la historia de América Latina, sin que ningún cambio significativo se haya producido. A la vista de lo que viene ocurriendo en nuestro país, nos sentimos tentados de plantearnos la pregunta ¿se encuentra el Perú actualmente atravesando una situación potencialmente revolucionaria que pudiera conducir a un quiebre del statu quo y a importantes cambios en lo político, social y económico?

Primera condición: El neoliberalismo autoritario

A raíz de la gran crisis económica del 2008, surgió lo que William Davies y otros estudiosos han denominado neoliberalismo punitivo, neoliberalismo autoritario e incluso fascismo neoliberal o posfacismo. Este neoliberalismo, a diferencia del que se gestó en los años 70 y dominó a partir de los 80 durante tres décadas, ya no puede convencer ni crear consensos alrededor de sus prácticas de competitividad despiadada -que involucra todas las esferas de la actividad humana- elevada al rango de norma social justa y hasta ética. El neoliberalismo ha perdido, como consecuencia de la desigualdad, la desprotección y la precarización que genera su modelo de crecimiento y acumulación de riqueza, credibilidad y aceptación. Alrededor del mundo, desde Francia hasta Chile, los “perdedores” de la globalización de los mercados han sido protagonistas de violentos estallidos sociales que han puesto a la defensiva a las élites neoliberales, y lo propio podría ocurrir pronto en nuestro país. Pero, aunque una legión de autores anuncia periódicamente la caída inminente del capitalismo neoliberal, bajo el peso de sus propias contradicciones, esto no parece ocurrir aún, o quizás, como ha escrito Neil Smith, el neoliberalismo “ya está muerto, pero sigue siendo dominante” ya no sirviéndose de la racionalidad normativa y del consenso, sino como afirma Davies, de manera implacable con “valores y actitudes de castigo”. El argentino Matías Saidel ha descrito muy bien este neoliberalismo autoritario, en el que “los grupos dominantes ya no buscan neutralizar la resistencia a través de concesiones, sino que favorecen la exclusión de los grupos subordinados, mediante cambios en la legalidad que neutralizan los alcances de las instituciones democráticas y mediante prácticas que buscan marginalizar, disciplinar y controlar a los grupos disidentes”.

En su libro “Demócratas precarios. Élites y debilidad democrática en el Perú y América Latina”, Eduardo Dargent hace una descarnada descripción de las siempre latentes pulsiones antidemocráticas de nuestras élites de derecha, entendidas como tales aquellas que se oponen a políticas redistributivas de la riqueza y tienen al orden social como un valor fundamental. Según este autor, cuando nuestras élites se hacen con el poder, tienden a no respetar los mecanismos constitucionales y a promover nuevas reglas que las favorezcan, en detrimento del democrático equilibrio de poderes. Por su parte, Moisés Naím en su libro “La revancha de los poderosos”, habla de “Estados mafiosos” en los cuales desde el poder se busca destruir los pesos y contrapesos que los limitan y obligan a rendir cuentas. En un Estado mafioso, se despliegan estrategias que socavan la democracia, criminalizando la oposición mediante el recurso a teorías conspirativas (con una preferencia por las acusaciones de terrorismo, según el ensayista Pier Franco Pellizzetti), controlando el nombramiento de jueces, emitiendo “seudoleyes”, y lo que es más grave aún “transformando sutilmente el gobierno en una inmensa trama delictiva depredadora, cuyos beneficios llenan los bolsillos de los gobernantes y sus amigos”. En estos Estados, la meritocracia es un espejismo y la administración pública se convierte en una inmensa red delictiva. En esta destrucción del estado de derecho se conforma, según Paolo Flores d’Arcais, “una nueva triada financiera, mediática y gubernamental que favorece la legalización de la delincuencia del establishment”.

¿Estamos asistiendo en el Perú a lo que Sinesio López y Glatzer Tuesta han calificado como un cambio de régimen? ¿Sería este nuevo régimen una forma de dominación neoliberal autoritaria y mafiosa, o quizás la reedición de algo ya conocido? CONTINUAREMOS.

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Tener un Ejecutivo con 80% de desaprobación y un Legislativo con 90%, en medio de coyuntura económica crítica (la memoria peruana de los últimos treinta años no tiene registro de algo semejante), convierte al país en yerba seca, lista para ser encendida a la menor chispa.

Un abuso de poder más, un nuevo acto de corrupción, un traspiés político de la presidenta Boluarte, una declaración infeliz de algún ministro, un mochasueldo adicional, pueden colmar la paciencia y hacer que el usualmente pasivo ciudadano peruano decida romper lanzas y salir a las calles a arrasar con lo que encuentra a su paso.

Ya el sur andino se halla en esa tesitura, no así Lima ni la costa norte, pero ya los impactos de la pobreza urbana creciente se empiezan a sentir en las zonas más prósperas del país y no sorprendería que los sectores CDE de estas regiones decidan tomar acción.

El gobierno de Dina Boluarte es un fiasco, una sumatoria de mediocridad e inoperancia. Nada ha mejorado, salvo el nivel de algunos ministros que no han entrado directamente a robar, como sucedió en el caso de Castillo, pero no son capaces, a pesar del tiempo transcurrido, de mostrar resultados tangibles de sus respectivas gestiones.

El pueblo se puede dejar mecer un tiempo, pero cuando se percata claramente del engaño, sabe reaccionar. Ya lo ha demostrado en otras ocasiones, inclusive en las jornadas de diciembre y enero últimas donde buena parte del país se opuso violentamente a la llegada al poder de Dina Boluarte y la salida de Pedro Castillo. Ese sentimiento de indignación está allí presente, no ha amainado (a ver que algún ministro o congresista visite buena parte de las ciudades del sur para que vean cómo son recibidos).

Hasta hace algunos meses, el pronóstico político más probable era que Boluarte durase hasta el 2026. Esos plazos, sin embargo, se vienen acortando por la cantidad de errores y tropelías que los dos principales poderes del Estado cometen con especial empeño. Un hecho que en otras circunstancias pasaría desapercibido políticamente hablando, para las grandes mayorías, como la eventual destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, podría, en la perspectiva que señalamos, ser uno de los detonantes referidos que harían estallar al país nuevamente en una espiral de protestas y desazón generalizada.

 

 

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