Sabemos de los inmensos retos que tiene el Perú: necesita proveer servicios públicos de calidad, construir infraestructura de transporte, salud y educación, luchar exitosamente contra la corrupción, reducir sustancialmente la pobreza, generar oportunidades económicas para la población, entre otros.
En la constitución actual se consignan los servicios de salud y educación como derechos básicos, sin embargo estos continúan siendo escasos y de mala calidad debido a la incapacidad de gestión del Estado.
Corregir la incapacidad de gestión es una tarea difícil y lenta, que requiere liderazgo, capacidad y experiencia, un equipo de trabajo seleccionado meritocraticamente, planificación, presupuesto, disciplina, así como estar dispuesto a luchar contra intereses enquistados y autoridades corruptas.
Sin embargo, algunos políticos en el poder pretenden que la verdadera solución está en modificar la constitución o en nacionalizar el gas.
Sabemos que el Estado es propietario de los recursos que están en el subsuelo y que lo que otorga son concesiones extractivas a privados. ¿Si se plantea nacionalizar el gas porque no se usa esa misma lógica para nacionalizar todos los recursos mineros del país? ¿Por qué no nacionalizamos también todas las minas y usamos esos recursos para beneficio del pueblo?
Si nacionalizamos estos recursos, ¿Quién los va a administrar? ¿El Estado que sabemos es ineficiente y corrupto? ¿Qué mensaje se da a los privados que invirtieron y asumieron riesgos en largos y complicados proyectos, dentro de una normativa establecida por el Estado para rentabilizar estos recursos? ¿De dónde van a salir los cuantiosos fondos que se necesitan para invertir en exploración y desarrollo minero?
Se habla de nacionalizar el gas pero la frase correcta sería comprar las empresas extractivas de gas, porque no va a ser gratis, el Estado peruano tendría que pagar 8 mil millones de dólares (según algunos estimados), y si no los quiere pagar se lo van a cobrar a través de un arbitraje internacional.
¿Tendría sentido gastar esa cantidad de dinero en apropiarse de la infraestructura de gas en vez de invertirla en hospitales, colegios, carreteras y aeropuertos? ¿Y esto después de haber gastado 5 mil millones de dólares en una refinería de dudosa utilidad?
Finalmente es solo una distracción que oculta la incapacidad de los gobernantes para abordar los temas de gestión que son el problema principal del país. El Estado tiene fondos, lo que no sabe es administrarlos.
Hace cinco décadas, en el contexto de una sociedad peruana muy distinta a la actual, muchos políticos de izquierda hablaban de la necesidad de una revolución en el Perú. En ese contexto se dio la reforma agraria y se otorgó el voto a los analfabetos. En el 2021 vivimos una situación muy distinta, en la cuál los peruanos tuvieron la libertad de elegir a un presidente de izquierda, maestro rural, serrano, hijo de familia humilde. Lo hicieron porque quieren cambios que mejoren su calidad de vida, no quieren perder el tiempo en quimeras. Si bien la izquierda puede tener muy buenas intenciones y puede realmente desear ayudar a las mayorías, sus propuestas de solución son pésimas.
En el Perú de hoy, ser revolucionario es hacer los cambios que necesita el país:
Revolucionario sería tener un sistema meritocrático de contratación y remuneración de funcionarios en ministerios, organismos, municipalidades, gobiernos regionales y demás instituciones del Estado.
Revolucionario sería reorganizar el sistema de descentralización de manera que el rol de los gobiernos regionales sea supervisor mientras que el gobierno central sea ejecutor de los servicios públicos en todo el país.
Revolucionario sería reorganizar el sistema municipal de manera que los alcaldes no sean elegidos democráticamente sino que sean contratados a través de un concurso público meritocrático entre candidatos profesionales con capacidad y experiencia, que sean remunerados con sueldos equivalentes al del sector privado e incentivos por cumplimiento de metas. En paralelo se podría elegir democráticamente un concejo municipal que supervise la administración del alcalde contratado.
Revolucionario sería expropiar los terrenos que faltan para terminar obras que tienen más de una década sin concluir (como es el caso de la conexión entre la autopista Ramiro Priale y la carretera central en Lima)
Revolucionario sería ordenar el transporte público de manera que los ómnibus y combis paren solo en los paraderos, que un chofer con papeletas no pueda conducir, que un vehículo con papeletas impagas o que no tenga luces vaya al depósito, que se haga una campaña en todos los medios de respeto a las normas viales.
Revolucionario sería que las regalías mineras sean administradas por el gobierno central y no por municipalidades y gobiernos regionales corruptos, y que se dediquen a obras construidas con el sistema de gobierno a gobierno de manera que estas se ejecuten eficientemente y signifiquen real desarrollo para las regiones mineras.
Revolucionario sería negociar acuerdos con las comunidades de zonas mineras para que nuevos proyectos mineros, respetuosos de las normas ambientales, se activen y generen ingresos que beneficien a estas poblaciones y a todo el país.
Revolucionario sería asegurarse que nuestras pistas sean hechas por contratistas que cumplan las normas de calidad y no se deterioren al poco tiempo de construidas.
Revolucionario sería construir aeropuertos en ciudades intermedias de provincia para facilitar el transporte aéreo.
Revolucionario sería instalar internet en todos los pueblos del país.
Todas estas actividades y muchas otras más serían revolucionarias, pero mucho más fácil es distraer a la población con cuentos populistas.
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