La historia de los documentos que llevaron a la detención de más de veinte personas por el recordado caso “Los Limpios de la Corrupción” y que no figuran en los registros de la policía.
Como lo ha relatado Sudaca en informes previos, el caso “Los Limpios de la Corrupción” que supo captar la atención de todo un país hace casi una década no estuvo exento de serios cuestionamientos que, con el paso de los años, han despertado un sinnúmero de interrogantes y han llevado a que el trabajo del exministro Juan Carrasco Millones esté bajo la lupa.
Uno de los puntos claves en el desarrollo de este caso fue la fecha en que se ordenaron las detenciones del entonces alcalde Roberto Torres y los más de veinte funcionarios a pocos días de las elecciones municipales del 2014 en las que Torres iba por la reelección y podría no ser una simple coincidencia.
Sudaca ha conversado con uno de los más de veinte detenidos en aquella fecha y se ha podido revisar una serie de documentos que invitan a dudar sobre la verdadera motivación detrás de un caso que hoy parece estar lejos de representar el espíritu de la lucha contra la corrupción.
EL INFORME DESCONOCIDO
Juan Miguel Valdivia Goycochea fue uno de los funcionarios señalados como parte de la organización criminal contra los que se dio la orden de detención. En aquella época, Valdivia se desempeñaba como gerente de la Entidad Prestadora del Servicio de Saneamiento de Lambayeque (Epsel).
Esta situación llevó a que Valdivia Goycochea pase cerca de tres años en prisión preventiva por, supuestamente, estar involucrado en lavado de activos y ser parte de una organización criminal. Sin embargo, casi una década después y con una investigación que terminó en 2018, Valdivia no ha sido acusado. “No tengo ninguna sanción por falta administrativa ni una sentencia penal”, indicó a Sudaca.
Como probablemente haría cualquiera persona que ve pasar tantos meses de su vida detenido sin una sentencia, Valdivia empezó a investigar sobre el caso que lo llevó a atravesar este episodio traumático y, para su sorpresa, se terminó encontrando con más preguntas que respuestas.
Estas sospechas se produjeron, principalmente, por el informe de inteligencia en el cual se había respaldado el fiscal Carrasco Millones para conseguir la detención de Torres y los funcionarios. “Nos llegó la información que quienes estaban haciendo las escuchas legales estaban de vacaciones y no podían hacerlas”, cuenta Juan Valdivia.
Las personas a las que hacen referencia son el mayor Romel Agustín Díaz Paz y el teniente Víctor Javier Chafloque Oliden. Según la información que brindó la propia OFINTERPOL de Chiclayo, el día que emiten el oficio dirigido al entonces fiscal adjunto Carrasco Millones que permitió gestionar la detención preliminar, lo apellidos Díaz y Chafloque no figuraban en la lista de personas que estaban de servicio en aquella fecha.
Pero esta situación toma un tinte más turbio al conocerse que se podría estar ante un caso de usurpación de funciones. Cuando en 2019 se tomó la declaración de Luis Enrique Farfán Silva, quien en 2014 se desempeñaba como jefe de la OFINTERPOL, Farfán dijo desconocer el trámite del cuestionado informe de Chafloque y Díaz, y agregó que ellos no estaban bajo su mando.
Sin embargo, el informe incluía el sello y forma de Farfán Silva como jefe de la OFINTERPOL de Chiclayo. Aunque un detalle que ha llamado la atención es la innegable diferencia entre las firmas del entonces coronel Farfán Silva en otros documentos del mismo año 2014 y aquel que afirma desconocer. El sello usado aquel 29 de septiembre también muestra diferencias del que usó en otros documentos debido a que omite su segundo nombre y agrega un “JEFE OFINTERPOL – CHICLAYO” que no se encuentra en otros documentos sellados por Farfán.
EL INFORME FANTASMA
Pero hay otros documentos que generan dudas sobre este caso. En 2015, se solicitaron copias certificadas de documentos supuestamente emitidos por Contraloría general de la República, Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, equipo de lavado de activos de la PNP, equipo de la Comisión Nacional de Bienes Incautados, peritos contables y equipó de inteligencia Operativa de la Dirección General del Ministerio del Interior que habían sido mencionados en el informe de 29 de septiembre que avalaron que el exministro Carrasco pueda conseguir la detención de más de veinte funcionarios.
No obstante, la respuesta que se recibió no sólo indicaba que estos documentos no existían sino que agregaba que los oficiales que supuestamente habían sido los autores trabajaban en Chiclayo pero no habían prestado servicio en la jefatura en cuestión.
Juan Valdivia no niega que hayan existido hechos ilícitos en la gestión del exburgomaestre Roberto Torres, pero considera que la manera en que el fiscal Juan Carrasco Millones procedió con el caso “Los Limpios de la Corrupción” no fue idónea. “No digo que sean inocentes todos, pero no se hizo bien”, indicó a Sudaca y, con respecto al considerable número de personas para los que pidieron detención preventiva, agrega que “se hace un show mediático y al final no hay sentencia”.
Casos como el de Juan Valdivia demuestran que, aunque estas irregularidades en los informes que se usan para combatir a los políticos involucrados en casos de corrupción pueden desvirtuar una lucha necesaria en el Perú, lo más grave es que personas cuyas acusaciones en su contra no son claras pueden terminar perdiendo varios años de su vida detenidos como parte de lo que parece ser un show mediático.
Tal como lo expuso Sudaca en la primera parte del informe sobre Juan Carrasco Millones, los primeros momentos de fama del exministro estuvieron ensombrecidos por las contradicciones y mentiras que se dijeron con respecto al misterioso apoyo en recursos que recibieron los involucrados en el caso “Los Limpios de la Corrupción”.
Sin embargo, la historia detrás de uno de los casos que supo concentrar la atención de todos los peruanos hace casi una década tiene todavía muchos vacíos que despiertan suspicacias así como testimonios que generan desconfianza sobre lo que realmente ocurrió en el detrás de escena de lo que en su momento fue la mediática detención del alcalde de Chiclayo.
Sudaca ha revisado la información de aquella época para completar esta segunda parte del expediente sobre Juan Carrasco y conocer a fondo cuáles han sido los cuestionamientos que existieron sobre el proceder de Carrasco Millones en la época que se intentó instalar como un luchador contra la corrupción.
MENTIRAS E IREGULARIDADES
Si bien la detención del alcalde Roberto Torres y más de veinte personas había sido vista en su momento como un acto valiente por parte de los fiscales a cargo del caso, entre los que se encontraba el exministro Carrasco Millones, la información que se ha conocido años después con respecto a los argumentos y pruebas para conseguir estas detenciones han expuesto una serie de irregularidades alarmantes que comprometen seriamente a los que en su momento fueron los responsables de la caída de “Los Limpios de la Corrupción”.
Durante el año pasado, Diario La Verdad, un medio regional de Chiclayo, contó la versión de uno de los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo sobre lo que realmente habría ocurrido con las colaboraciones eficaces. Según Jorge Matallana Peralta, sus declaraciones no sólo fueron tomadas como si él fuese un aspirante a colaborador eficaz sino que, además, los hechos que figuraban en esos documentos no correspondían a sus relatos y habían sido elaborados por los fiscales a cargo.
Matallana Peralta incluso expresó que, usando el temor de terminar en una cárcel, le hicieron firmar documentos con preguntas que nunca se le habían formulado y respuestas que no correspondían a su versión. Para Matallana, el objetivo del fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco no era conocer los hechos verdaderos sino reforzar su teoría, aunque para ello tenga que ampararse en mentiras.
Pero lo relatado por Matallana está lejos de ser un caso aislado. En el siguiente video, otros implicados en el caso cuentan las presiones que recibían para realizar declaraciones que sean funcionales a los intereses de los fiscales y la evidente falta de interés que existía por conocer los hechos que realmente involucraban a los integrantes de “Los Limpios de la Corrupción”.
En la grabación de la audiencia se puede escuchar a Ernesto Sánchez Vásquez y Carlos Mendoza Oliden, exfuncionarios de la municipalidad, retractarse de las declaraciones que habían hecho previamente ante el Ministerio Público y acusar a los fiscales a cargo de haberlos presionado con frases como “si tú los echas, te vamos a pasar como testigo y no te va a pasar nada”.
Sudaca conversó sobre estas irregularidades enel caso “Los Limpios de la Corrupción” con Rubén Fernández Morales, presidente de la asociación civil Pro Actione, quien explica la participación del exministro Juan Carrasco en este caso. “Carrasco Millones, con informes falsos de inteligencia, respalda un requerimiento de más de treinta funcionarios de la Municipalidad de Chiclayo”, expone en declaraciones a este medio.
Además, Fernández hace énfasis en el momento elegido para pedir la prisión preventiva del entonces alcalde Roberto Torres, que se respaldó en los mencionados informes falsos, ocurrió a pocos días de las elecciones municipales y benefició la llegada a la alcaldía de Chiclayo de David Cornejo Chinguel, el candidato de Alianza Para el Progreso, debido a que ocurren precisamente días antes de las elecciones.
Pero, además de manipular declaraciones de falsos colaboradores eficaces, los documentos usados para la detención de más de veinte funcionarios también habría contado con la colaboración de integrantes de la policía y los nombres de estos oficiales serían Romel Díaz Paz y Víctor Chafloque Oliden.
“Firman un informe de inteligencia donde relatan una serie de una organización criminal”, comenta Rubén Fernández sobre el rol de estos oficiales que le proporcionaron a Carrasco Millones otro de los documentos claves para lograr la prisión preventiva. Sin embargo, ninguno de estos oficiales estaba en condiciones de poder firmar un oficio de la Oficina de Inteligencia Territorial Policial (Ofinterpol) debido a que no cumplían funciones en este lugar y, posteriormente, fueron acusados de usurpación de funciones.
Desmantelar una organización criminal vinculada con políticos es, sin lugar a dudas, una tarea valiente y necesaria en un país tan perjudicado por la corrupción. Pero, cuando se utilizan métodos por fuera de la ley con el propósito de acortar caminos, la finalidad de cualquier detención y operativo queda totalmente desvirtuada, tal como parece haber ocurrido con el emblemático caso del exministro Carrasco Millones.
Sudaca accedió a documentos que exponen a Juan Carrasco Millones, el exministro castillista, y el polémico caso que impulsó su carrera.
En septiembre del 2014, a pocos días de las elecciones regionales y municipales, un escandaloso caso llevó todas las miradas de los peruanos a la ciudad de Chiclayo. La razón: El alcalde en funciones y candidato para una tercera reelección, Roberto Torres Gonzales, tenía una orden de captura en su contra junto con un grupo de casi treinta personas compuesto por funcionarios e integrantes del entorno familiar del burgomaestre.
Torres era acusado de lavado de activos, corrupción de funcionario y asociación ilícita para delinquir. El caso tomó tal magnitud que incluso el entonces ministro del Interior, Daniel Urreti, siguió de cerca la captura del alcalde chiclayano. En un país en el cual existe la sensación que los políticos sin intocables,no era un hecho menor que un personaje que había sido la máxima autoridad de su ciudad no pudiese escapar de la justicia.
Sin embargo, aunque ese parecía el final ideal de lo que se había vendido como un caso de corrupción, esta historia de justicieros no estaba exenta de sus propias sombras. Sudaca tuvo acceso a documentos que despiertan dudas sobre lo que ocurrió detrás de lo que en ese entonces se conoció como el caso de “Los Limpios de la Corrupción” y tuvo como uno de sus protagonistas al exministro Juan Carrasco Millones, quien desempeñaba el cargo de fiscal y fue uno de los impulsores de estas detenciones.
EL APORTANTE MISTERIOSO
Si en política se despiertan suspicacias cada vez que se conocen los aportantes a las campañas de los candidatos por los intereses que pueden existir detrás de las supuestamente desinteresadas contribuciones, cuando se trata de colaboraciones con la justicia resulta lógico que la desconfianza sea todavía mayor por todas las herramientas que podrían estar a disposición de intereses ajenos a la justicia.
En 2014, mientras el caso del alcalde Torres acaparaba las portadas, el trasfondo ocultaba detalles que generan dudas razonables sobre los que podrían haber sido los verdaderos intereses detrás de la detención del entonces alcalde de Chiclayo y el emblemático caso de “Los Limpios de la Corrupción” que hicieron famoso al exministro Carrasco Millones.
Por aquella época, aprovechando la conmoción que había generado la detención de alcalde de Chiclayo, Juan Carrasco Millones, quien en ese entonces todavía era un fiscal adjunto, empezó a ser protagonista de entrevistas e informes periodísticos que lo hacían ver como un referente de la lucha contra la corrupción que era perseguido y amenazado de muerte como represalia por haber permitido la detención de un político corrupto y su organización criminal.
En estas entrevistas, Carrasco Millones aparecía acompañado por César Fernando O´Phelan Pérez, quien se presentaba como el presidente de la ONG Projusticia que estaba auxiliando a Juan Carrasco ante las amenazas que recibía y, durante las declaraciones que daban a los medios, O´Phelan detallaba los pormenores de la caía del alcalde.
Según relató el propio César O´Phelan en compañía de Carrasco Millones, un programa denominado “Cooperación para el Fortalecimiento del Sistema de Justicia de Lambayeque” impulsado por el gobierno británico había permitido la asignación del presupuestos que permitió alquilar un local, adquirir equipos computarizados y hasta realizar capacitaciones del equipo que integraba Carrasco Millones.
Si bien el apoyo a la logística de “Los Limpios de la Corrupción” puede parecer una buena noticia, se puede convertir en un escenario desconcertante cuando el generoso apoyo deja de tener un rostro confiable, como lo podría ser el gobierno británico, y pasa a ser un desconocido. Además, el silencio de Carrasco Millones, quien por el cargo que desempeñaba podía saber los detalles del supuesto convenio, llevan a que este caso sea todavía más sospechoso.
En abril del 2018, Mariana Del Pilar Vásquez Zagaceta, presidenta de la Juntas de Fiscales Superiores de Lambayeque, recibió una solicitud en la cual le pedían el convenio de la mencionada cooperación internacional, los documentos de la asignación presupuestal producción de este programa y otros detalles del programa “Cooperación para el Fortalecimiento del Sistema de Justicia en Lambayeque” que O´Phelan relataba a los medios en compañía del fiscal Carrasco Millones.
Cinco días después, la fiscal superior respondió a esta solicitud e informó que el famoso convenio no existía y que el Distrito Fiscal de Lambayeque nunca había suscrito nada relacionado con un programa denominado “Cooperación para el Fortalecimiento del Sistema de Justicia en Lambayeque”.
¿QUÉ ESCONDEN?
Sudaca conversó con Rubén Fernández Morales, presidente de la asociación civil Pro Actione, para conocer cuáles podrían ser las motivaciones de Carrasco Millones para haber guardado silencio cuando se detallaba información clave sobre el grupo que él integró y el apoyo logístico que había recibido.
Al respecto, Fernández señala que “Carrasco millones usa esa imagen para decir que lo querían matar por haber desarmado una red criminal y que el poder corrupto de altas esferas de jueces y congresistas los querían perjudicar”. Sin embargo, según Fernández Morales, el exfiscal no buscaba protección sino un ascenso. “Usa esa imagen para tres o cuatro días después logre su ascenso a fiscal titular”, explicó.
“Él está recorriendo el país aduciendo que está formando un partido político”, comenta Fernández sobre el presente de Carrasco Millones y se muestra indignado debido a que considera que nunca se investigaron sus acciones. “Lamentablemente, la fiscalía de Lambayeque nunca lo quiso investigar”, agrega.
LA PALABRA DE O´PHELAN
Sudaca pudo conversar con César O´Phelan para conocer los detalles de su participación en este polémico caso. Según relató, él nunca habló de ningún tipo de convenio con el gobierno británico y explicó que “no es ningún convenio. Yo fui seleccionado y preparado por el Crown Prosecutor Service, que es como el FBI de Gran Bretaña”.
Además, O´Phelan señala que desconocía detalles del operativo para las detenciones en el caso“Los Limpios de la Corrupción”. Agrega que sí promovió a Carrasco Millones porque consideraba que “su trabajo había sido limpio”. “Lo acompañé a varios canales de televisión en Lima para que se sepa lo que se había hecho en Chiclayo para que sirva de modelo de otros fiscales jóvenes del Perú”, comenta con respecto a sus apariciones en medios. O´Phelan relata que, tiempo después, Carrasco Millones se distancia y hastaabre una carpeta de investigación contra él, sus padres, hermano y sobrino como venganza por haber investigado casos relacionados a las mafias azucareras.
La caída de políticos corruptos siempre representará una noticia favorable para un país tan golpeado por esta clase de personajes. Sin embargo, este tipo de operativos corren el riesgo de desvirtuarse cuando carecen de transparencia y, además, planean con premeditación una mentira que repiten o permiten que se siga propagando, como habría hecho el exminsitro Carrasco Millones.
[INFORMES] Años atrás, cuando los recién llegados a Lima pasaban inevitablemente por el centro de la ciudad capital, los avivados les “vendían” las bancas, el monumento y las plazas enteras a los pobres migrantes. De esa forma, los individuos que únicamente sabían usar sus habilidades verbales para abusar de sus compatriotas más vulnerables inauguraron un estilo de vida que fue evolucionando (¿o involucionando?) a una manera de vivir siempre al filo de la ley. Primero “vendían” todo lo que no se movía, luego estafaron con el “cambiazo” de moneda falsa por verdadera y con la venta a precio de incendio de los falsos números ganadores de las loterías de antaño, para finalmente incursionar en las estafas telefónicas, e inaugurar todos los tipos de fraude electrónico habidos y por haber.
Según las estadísticas policiales de diversos países del mundo, los fraudes electrónicos están largamente a la vanguardia de las estafas, sean estas a través del robo de tarjetas de crédito y de débito, del hackeo de cuentas de todo tipo y de las cada vez mayor número de cifras de sustituciones de identidad de los usuarios de todas y cada una de las formas de comprar, de alquilar o de consumir. Estamos ante el auge del robo de los componentes de la personalidad de los seres de este tiempo.
La nueva modalidad de extorsión comienza con una llamada telefónica desde un rincón de un centro penitenciario, en la cual alguien te dice: “Hola, te saluda el comisario Equis de la comisaría Hache porque tenemos una denuncia, según la cual un primo tuyo ha sido intervenido por (aquí viene el tipo de delito imaginado por los delincuentes), y para poder ayudarte a ti y a tu primo tienes que pagar una ayuda a unos agentes para que no lo detengan. Ante la desesperación de la persona que ha recibido la llamada, el supuesto comisario le dice que le va a pasar un número de cuenta bancaria para que deposite dos, tres o cinco mil soles según el tamaño del supuesto delito.
De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en las cárceles del país hay actualmente 1046 presos por extorsión. En el caso de internos extranjeros, de los 4042 recluidos, 77 están por ese delito, 38 por secuestro y 17 por sicariato, estos dos últimos delitos afines a la extorsión.
Así empiezan todas las llamadas que buscan extorsionarnos, entonces lo que debemos tener en cuenta es que ningún comisario ni ningún jefe de una unidad policial va a llamarnos para decirnos que tienen un expediente que nos vincula con un delito o que nos va a detener esa misma mañana.
Pese al Estado de Emergencia declarado en algunos distritos de la capital y en algunas ciudades del país, las extorsiones, amenazas y cobro de cupos continúan atemorizando a los empresarios y comerciantes. De acuerdo a la Policía Nacional del Perú (PNP), uno de los puntos desde donde se orquestan todos estos crímenes son los penales y cárceles del país.
“Luisa” como vamos a llamarla, es una víctima más y su caso se suma a la larga lista de afectados por extorsión vía telefónica que día a día van en aumentaron debido a inseguridad ciudadana que aqueja al país.
“Me llamó el mayor de la comisaría de Alfonso Ugarte, me saludó y dijo que había estado llamando a mi esposo, pero que él no contestaba, que quería ayudarlo. Entonces, le pregunté qué pasaba y me respondió que mi marido tenía una denuncia por tocamientos indebidos a una joven mujer. Le respondí que era imposible, que Luis era incapaz de hacer algo así. El supuesto comisario de inmediato me dio un número de expediente, conminándome a no dejar pasar más tiempo, porque ese expediente iba a pasar a la Fiscalía y tendría que venir a mi casa a detenerlo. Me asusté más y le dije qué podía hacer, en ese momento me dijo que me iba a dar un número de cuenta para que deposite 3,000 soles y así frenar la detención. Si no lo haces, la Fiscalía detendría inmediatamente a mi esposo; y me cortó la llamada. En ese momento, llamé a mi esposo y como este seguía sin contestarme, transferí el dinero a la cuenta y le envíe el voucher por whattsapp. A los pocos minutos, recibí una nueva llamada del supuesto comisario, quien me dijo que me había demorado mucho y que el expediente ya había pasado a la Fiscalía, y que ahora necesitaba más dinero para pagarle al fiscal y a su gente, por lo que tenía que depositar 5,000 soles más, y que no me demore porque no quería que mi hijo crezca con su papá en la cárcel. Cuando decidí depositar el dinero para evitar la catástrofe familiar, mi marido me llamó para decirme que se había dado cuenta de mis llamadas y por eso me llamaba recién. Cuando le dije por qué era la insistencia, me dijo que la comunicación del supuesto comisario era una estafa”.
Este caso es aún más asombroso, porque en el colmo de los colmos el delincuente le propuso a la víctima cambiar la denuncia a su favor. María, como la llamaremos por motivos de seguridad, nos cuenta que hace unas semanas recibió la llamada de un supuesto policía de la Comisaría de Cieneguilla, quien le dijo que había una denuncia contra su hermano porque le había pegado a otro chico en una fiesta.
“Me pareció raro, pero coincidía efectivamente con el hecho que mi hermano había estado el fin de semana anterior en un fundo de Cieneguilla en un matrimonio de unos amigos. El supuesto policía me dijo que nos quería ayudar para que el caso no pase a la Fiscalía porque el agraviado había recibido muchos golpes y estaba hospitalizado. Me aseguró que si el expediente policial número 3378-2024-2 pasaba a la Fiscalía, lo tenían que detener al instante o buscarlo en mi casa o en su trabajo. Con todos esos datos, no dudé que lo que el supuesto policía decía era verdadero; entonces, le pregunté dónde quedaba la comisaría para acercarme con mi abogado, y él me respondió que no era necesario que fuera a la comisaría, y que, más bien, deposité 4,000 soles para arreglar el tema de la denuncia y mi hermano no fuera detenido. Al acabar la llamada, hice el depósito solicitado; pero inmediatamente recibí una nueva llamada pidiéndome 5,000 soles más, que era lo que solicitaba el fiscal para desaparecer literalmente el expediente. Me dijo también que no me demorara porque sino tendría que poner en práctica el Plan B para voltear totalmente el expediente, convirtiendo al agresor en agredido y viceversa. Si me preguntan cómo pude pagar más de diez mil soles en una hora, tengo que decir que el supuesto policía sabía todo de mí y de mi hermano. Además, “como música de fondo”, había sonido de radios policiales, computadoras y bocinazos. Como para no dudar, por eso terminé pagando todo lo que me pidieron”.
El ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, anunció que su gestión no será en el escritorio, sino en la calle, combatiendo a las bandas criminales que atentan día a día contra la vida de las personas.
El futuro de la criminalidad en el Perú
Consultamos al experto en seguridad integral y temas sobre narcotráfico, Pedro Yaranga sobre que, en las últimas semanas, el gobierno ha anunciado un supuesto Plan Boluarte contra el crimen organizado, ha propuesto la creación de una Policía de Orden y Seguridad y ha declarado el estado de emergencia en unos cuantos distritos donde no se ha visto ningún resultado alentador, y, finalmente, cediendo a la presión parlamentaria y periodística, ha aceptado la renuncia del ministro del Interior. ¿Cuáles considera usted que son las principales fallas estructurales de ese constructo de ‘buenas intenciones’?
En realidad, el tema de la seguridad es multidimensional; por lo tanto, el responsable de la seguridad no es solamente el titular del Ministerio del Interior. El ministro del sector es sólo el que maneja y monitorea los indicadores de la inseguridad, pero quien debe responder por la respuesta integral es el Presidente del Consejo de Ministros. Por eso, digo que quien está mal es el Premier, y, también, el Congreso de la República que no evalúa que la censura a un ministro que medianamente estaba en franca mejoría para poner a una persona que tiene menos experiencia que el ministro saliente nos puede pasar factura, y dudo que esa factura pueda pagarse en el camino. Entonces, pienso que el nuevo ministro debe rodearse de buenos asesores.
¿Es decir, el mandato de la señora Boluarte seguirá avanzando y la inseguridad seguirá como está o avanzando?
Creo que en el camino hacia ese 2026, la Policía va a solucionar todo o parte del problema, porque ella está bien organizada, pero con serios problemas de logística y de indefensión ante la actitud de los fiscales y de los jueces, quienes muchas veces acusan y juzgan a los policías que eliminan a los delincuentes en actos de servicio, castigándolos por cumplir su deber. Con bajos sueldos y escasos recursos para enfrentar las acusaciones, es muy difícil que los policías quieran involucrarse directamente porque saben lo que les espera. Sin decisión política no hay posibilidad alguna de enfrentar a las bandas organizadas, las cuales tienen abogados bien remunerados a su servicio. Esa es la forma de anular a la policía peruana, una de las mejores de toda América Latina.
Las bandas criminales brasileñas y el Tren de Aragua venezolano han ganado una gran presencia en los países de la costa occidental de América del Sur, ¿hacia dónde avanzan?
El Primer Comando de la Capital (brasileño) tiene en la mira a nuestro país, el Comando Vermelho (también brasileño) ya está operando en el Perú, está asentado en la triple frontera (la que separa al Perú de Colombia y del Brasil), en parte de Ucayali y de Madre de Dios. Según reportes del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), las cárceles peruanas ya albergan a una cincuentena de presos del PCC y del CV, lo cual significa un problema explosivo para el país, pues la gran especialidad que tienen ambas organizaciones es crecer desde las cárceles -como la Hermandad Aria en las prisiones norteamericanas-, llegando a tener el 80 por ciento del control de las prisiones brasileñas y el 90 por ciento de las paraguayas. Tienen en la mira al Perú porque nuestro país se ha convertido en el segundo productor de cocaína en el mundo, uno de los primeros en explotación y exportación del oro de manera ilegal. Además, esos criminales internacionales manejan la trata de personas, convirtiendo esa práctica cobarde y abusiva en la segunda actividad en ganancias brutas en el año 2022.
[INFORMES] En los cien siglos que nos separan de los inicios de la agricultura, de la ganadería y del sedentarismo hasta hoy en día, muchas civilizaciones han sucumbido al paso del tiempo, pasando de ser vigorosos imperios y reinos a ciudadelas enterradas, monumentos colosales y objetos prehistóricos que llaman la atención de los humanos contemporáneos.
Como los problemas de inseguridad han aumentado de manera explosiva en todo el mundo, casi ningún país ha podido distraer recursos para resguardar restos valiosísimos en los lugares donde antes se levantaron las grandes civilizaciones de la antigüedad.
Es más, debido a las supuestas órdenes emanadas de su libro sagrado las hordas fundamentalistas musulmanas se dedicaron en las décadas pasadas a dinamitar estatuas de Buda en Afganistán, e invaluables esculturas de miles de años de antigüedad en Irak.
Y así como los militantes del llamado Estado Islámico (ISIS) se dedicaron a destruir el pasado pre islámico en nombre de Alá, hace unas semanas unos trabajadores de la construcción abrieron un agujero en la milenaria Gran Muralla China para que pudieran pasar unos tractores y “tomar un atajo”.
En nuestro país, donde siempre los infractores y los delincuentes usan todos los vacíos existentes en los códigos para transformar la ilegalidad en una mal llamada informalidad, del saqueo centenario de las huacas y de las ciudadelas preincaicas se ha pasado a la invasión, a la lotización y a la venta de terrenos cercanos o dentro de las zonas arqueológicas intangibles en la costa norte y en la costa sur.
Sabemos que muchas veces el celo burocrático de los funcionarios del Ministerio de Cultura entorpecieron y demoraron por meses y años la ampliación del primer terminal aéreo del país y la excavación del subsuelo limeño donde deberán estar los túneles del subterráneo de Lima y Callao y las conexiones de la red de transporte del gas de uso doméstico e industrial en la periferia de Lima, pero conocemos, también, que su desidia ha hecho que Caral, la ciudad más antigua del continente americano, esté bajo las amenazas de los traficantes de tierras, quienes, probablemente, no podrían diferenciar un huaco de una pelota de rugby.
Al cancelarse el Caral Raymi se han visto afectados los hospedajes y restaurantes que ya tenían reservas.
Y no es que exijamos que Caral sea vallada y custodiada por la infantería de Marina, sobre todo en la zona que limita con Végueta y Supe. No, lo único que se pide es que exista un puesto policial que garantice la intangibilidad de la llamada Zona Arqueológica Caral (ZAC).
Hace unos días, la doctora Ruth Shady, directora de la ZAC, comunicó a la opinión pública que había tenido que suspender el Encuentro Arqueológico Anual Caral Raymi, previsto para realizarse los días 27 y 28 de octubre, que tenía como marco la celebración del vigésimo noveno aniversario del descubrimiento de la ciudadela donde se desarrolló la civilización más antigua del continente americano, debido a que las autoridades del Ministerio del Interior habían ordenado el retiro de los policías que resguardaban el monumento más añejo del hemisferio.
Como nos informó el portavoz de la ZAC, la presencia policial hasta la pandemia del coronavirus era permanente; sin embargo, después de esta, la ausencia del resguardo policial en la Ciudad Sagrada de Caral y en los sitios arqueológicos de Áspero y de Vichama dejaban en peligro constante al personal de campo y a los visitantes que llegan diariamente a conocer los destinos turísticos de la denominada Ruta Caral.
“La suspensión del evento busca garantizar la seguridad de los cientos de visitantes que normalmente suelen congregarse en el valle de Supe, provincia de Barranca, para participar de esta festividad tradicional andina”, dijo el portavoz de la Zona Arqueológica de Caral.
Frente a esta situación, la ZAC ha enviado varios oficios al Ministerio del Interior, reiterándole el pedido de que se restablezca el resguardo policial permanente en esos lugares, ubicados en los valles de Supe y de Huaura. Cabe agregar que hace varios años se construyó en la Ciudad Sagrada una “casa del policía” para facilitar el trabajo administrativo y el descanso de los custodios, pero, como se desprende del pedido de las autoridades de la ZAC, hoy se encuentra sin uso.
Documento enviado por la ZAC al ministro del Interior, Vicente Romero reiterándole el pedido de que se restablezca el resguardo policial permanente.
Y, en vista de que en la zona de amortiguamiento hay varios traficantes a la espera del menor descuido para invadir las tierras de la ZAC y véndeselas a los falsos urbanizadores, la doctora Shady reitera su pedido a las autoridades del Ministerio del Interior para que impidan la invasión.
Sudaca se comunicó con el Ministerio del Interior para escuchar su respuesta sobre el pedido de la ZAC, y solo atinaron a decir “estamos esperando la respuesta de la PNP”.
Extraoficialmente, un funcionario de la ZAC nos dijo que si hace 50 siglos los primeros pobladores de esa zona la escogieron para edificar el complejo urbanístico más importante del hemisferio, es lógico que los usurpadores sepan que esas tierras son buenas para edificar viviendas, zonas de esparcimiento, escuelas y centros hospitalarios. “Ellos no saben qué importancia para la historia y para la cultura tiene Caral. Ellos solo quieren beneficiarse con la complicidad de unos burócratas absolutamente ignorantes de la importancia de Caral”.
El fuego afectó a la parte denominada “cerco vivo de Caral”
Incendio provocado
La Zona Arqueológica Caral también ha informado que el pasado 1 de octubre de 2023, se registró un incendio provocado cerca al taller de conservación de la Ciudad Sagrada de Caral. Este hecho delictivo tuvo que ser mitigado por el mismo personal de campo de la ZAC, para evitar la expansión del fuego y la afectación del material institucional que se guarda en ese ambiente: palos de eucalipto, cañas de bambú, esteras y carrizos, entre otros.
Sin embargo, el fuego afectó a los arbustos, parte del denominado “cerco vivo de Caral”, a las rejas de bambú del sitio, al servicio higiénico del taller de conservación y otros espacios. El hecho fue denunciado en la Comisaría del distrito de Supe.
Este lamentable suceso se suma a los anteriores intentos de invasión de los sitios arqueológicos, de amenazas de muerte y de daño físico contra el personal de la ZAC, los que han sido denunciados en su momento ante las autoridades y medios de comunicación. La inseguridad ciudadana podría extenderse a los visitantes y turistas extranjeros que acuden al lugar.
[INFORMES] Según dicen los historiadores, la noción de policía es antigua, aunque la palabra no la es. Y, aunque no sepamos los detalles concretos de cómo y cuándo nació la primera función policiaca, es lógico suponer que apenas los hombres descubrieron la manera de cultivar la tierra para obtener sus frutos, y, paralelamente, domesticar a los cuadrúpedos que compartían con ellos el territorio ubicado en el Mediterráneo oriental hace más de diez mil años, buscaron la forma de cuidarlos y evitar que los extranjeros se los robaran. Y así, crearon un cuerpo policial que protegiera sus fronteras y mantuviera el orden interno en sus tierras.
Como no existen testimonios de los pormenores de esa primera gran transformación de la humanidad, que consistió básicamente en dejar atrás el nomadismo y pasar al sedentarismo existente hasta nuestros días, varios escritores imaginaron ese enorme arco histórico de varios centenares de años, entre ellos el finlandés Mika Waltari en Sinuhé, el egipcio, el norteamericano Norman Mailer en Noches de la antigüedad y el israelí Yuval Noah Harari en Sapiens. Todos ellos coinciden en que el concepto de propiedad individual reemplazó poco a poco al de propiedad tribal, obligando a los más fuertes y a los más listos a crear fórmulas destinadas a imprimir en los súbditos las ideas de jerarquía, de territorialidad, de encargo divino y de obediencia a todos los anteriores.
Siglos después, como es lógico suponer, el concepto fue buscando la forma de transformarse en la palabra policía. Entre uno y otro fueron creándose cuerpos de seguridad en diferentes lugares de Europa, como la Santa Hermandad española de 1476, el Lieutenant Générál francés de 1667 y los alguaciles ingleses en la misma época. Pero el dato más cierto del ‘matrimonio’ entre el concepto y la palabra se dio en el siglo XVII francés, cuando París era la ciudad más grande y más peligrosa de Europa, momento en el cual las autoridades políticas deciden unificar todos los cuerpos de seguridad en uno solo y lo llaman Police. A partir de la Police francesa nacen la Police anglosajona, la Polizia italiana, la Polizei alemana y todas las demás policías europeas, que en escritura latina o cirílica son muy similares, reconociéndose rápidamente que la palabra fue posterior al concepto.
La propuesta de una policía rápida vista por el ex ministro del Interior Rubén Vargas Céspedes:
“Yo no creo que la creación de ese cuerpo policial mellaría el profesionalismo de la Policía; primero, porque el proyecto de ley tiene el mensaje subyacente de que nuestra Policía Nacional ha sido superada por el problema de la inseguridad: tenemos un desborde de la criminalidad organizada y de la criminalidad cotidiana del ‘raqueteo’ y del robo oportunista, enfrentando, a la vez, una situación en la que la Policía sufre un grave déficit de personal no sólo por el aumento de la criminalidad, sino porque -según información oficial documentada- anualmente pasan al retiro a su solicitud entre cuatro y cinco mil agentes policiales, es decir, en diez años han dejado la fuerza policial más de cincuenta mil agentes, generando un serio problema para atender el creciente avance de la criminalidad en sus diferentes versiones. Entonces, yo creo que debemos de evaluar medidas urgentes que permitan revertir dos cosas fundamentales: el serio problema de inseguridad pública en el que 90 por ciento de los peruanos coincidimos y, también, el tema de la victimización. Ahora bien, en el tema específico de esta propuesta, yo parto señalando que no es Made in Perú, pues en condiciones similares también se está trabajando una propuesta similar en Colombia. La Policía Nacional de Colombia tiene dentro de su estructura a un policía con un perfil muy parecido al que acá estamos empezando a discutir; lo mismo pasa en Chile, en Francia y en otros países, es decir, no estamos ante una figura nueva, sino que estamos ante un fenómeno mundial en el cual cada país involucrado está tomando decisiones parecidas en contextos similares al peruano, especialmente en Lima, una ciudad del tamaño y con la población de un país chico. Las experiencias internacionales nos dicen que la medida ha sido positiva, la participación de una Policía de las características planteadas por las autoridades nacionales ha sido positiva en los países citados y ha ayudado a revertir la percepción de inseguridad, sobre todo porque ese trabajo se ha concentrado en el trabajo conjunto con las municipalidades y en el trabajo preventivo; entonces, creo que debemos darle la bienvenida a la discusión de un tema tan importante y no rechazar pero se a esa posibilidad.
Uno de los problemas que podría poner en riesgo el proyecto de la Policía Comunitaria es lo siguiente: si no se tienen los adecuados filtros y las evaluaciones de integridad no son suficientes en el proceso de reclutamiento, podríamos -más bien- estar incubando un serio problema; si no se tiene el cuidado de invertir en los centros de formación de los suboficiales, entonces también podríamos tener serios problemas de formación, como hemos observado en el pasado. Esos son, qué duda cabe, dos problemas centrales.
Esta nueva Policía está destinada básicamente a trabajar en aspectos preventivos, en aspectos comunitarios, es decir, en las comisarías y en los municipios, no en la persecución de los crímenes eventuales o contra la criminalidad organizada. Estamos hablando de un cuerpo de prevención del delito, no de una policía especializada en perseguirlo y combatirlo”.
Así las cosas, veamos cuáles son los pro y cuáles los contra de la cien veces mencionada ‘policía rápida para combatir los delitos menores en el Perú del 2023’. Leamos:
El pasado viernes 28 de julio, durante la lectura de su extenso mensaje al Congreso, la presidenta Dina Boluarte anunció la presentación de un proyecto de ley para crear una nueva categoría dentro de la Policía Nacional, denominada tentativamente Policía de Orden y de Seguridad.
Como todos sabemos, para que ese proyecto se transforme en ley debe transitar el camino que realizan las normas vigentes, es decir, debe ingresar a la Comisión de Orden Interno, recibir la opinión de la Comisión de Constitución y, posteriormente, con el visto bueno de Orden Interno, llegar al pleno, donde se debatirá y se pondrá a votación. En síntesis, contando con el apoyo político de la mayoría de los congresistas, en el mejor de los casos, tomará como mínimo más de dos meses para su eventual aprobación y, de darse esta, se necesitará un tiempo igual o mayor para su reglamentación. Sólo así, la Policía Nacional podría comenzar a reclutar a las mujeres y a los hombres que integrarían la primera promoción de ese cuerpo de seguridad. Vale decir que, a toda máquina, los primeros graduados saldrían a las calles entre mediados de 2024 y comienzos de 2025.
Como quiera que nuestro país está sufriendo de un altísimo nivel de inseguridad y que la fuerza policial tiene un déficit de alrededor de 50 mil efectivos, es indispensable que las autoridades solucionen en el menor tiempo posible la carencia de efectivos policiales y la falta de armamento, de movilidad y de avituallamiento de los cuerpos policiales existentes, además de encontrar la forma más rápida de conseguir que se cree y reglamente esa nueva policía que esté más cerca al ciudadano para protegerlo ”de la criminalidad cotidiana del ‘raqueteo’ y del robo oportunista”, según palabras del ex ministro Rubén Vargas Cespedes.
Revisando las opiniones de los expertos en seguridad ciudadana consultados acerca de la viabilidad de la propuesta presidencial, hay un consenso que esa nueva categoría policial permitiría incorporar a 6 mil nuevos efectivos debidamente capacitados y equipados cada año, los cuales trabajarían bajo la supervisión de policías experimentados y al lado de los miembros de los serenazgos distritales respectivos.
El proyecto presentado por la máxima autoridad del Ejecutivo ante el Congreso prevé que la formación de los policías de Orden y de Seguridad tendrá una instrucción de dos semestres en los cuales se les entrenará en defensa personal y manejo de armas de fuego, y se les capacitará en materia legal, todo ello de acuerdo a los manuales y a los protocolos vigentes. Para intentar que las nuevas incorporaciones no sean solamente los reemplazos apurados de los policías experimentados que piden su baja anualmente, ya que 6 mil ingresos contra 5 mil egresos al año ayudan poco o nada, el proyecto ha previsto que los reclutas que hayan tenido instrucción previa de dos años en las Fuerzas Armadas podrán convalidar cursos relacionados con destrezas y habilidades propias de un oficio con un gran componente físico en tan solo un semestre académico. Estos últimos tendrán la opción de postular posteriormente a las escuelas de oficiales y suboficiales para lograr eventuales ascensos. Y como sus funciones según las normas legales están en el ámbito de la protección ciudadana, podrán portar armas de fuego y detener a los delincuentes en flagrancia, mas no podrán realizar funciones de investigación ni de trabajo administrativo.
Características de los contratos de los nuevos policías.
Los integrantes de la Policía de Orden y Seguridad podrán acceder a un contrato inicial de tres años, con la opción de extenderlo por otros tres años adicionales. Con una remuneración mensual equivalente a S/ 2,153.84 soles esto incluye EsSalud, además recibirá S/ 300.00 soles en el mes de diciembre y S/ 300.00 soles por escolaridad.
Tentativamente se puede albergar a los aspirantes a la Policía de orden y Seguridad en las 10 escuelas de Suboficiales que ascendería a un costo por implementación de infraestructura de S/ 13´512,853.00 soles. Se debe tener en cuenta que para el 2025 el número de escuelas van a reducirse, esta medida forma parte del proceso de reorganización de las escuelas de educación superior técnico profesional de la PNP, tal como lo señala el Decreto Supremo Nº 018-2019-IN. Y que también prohíbe la creación de nuevas Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial.
Datos:
El ministro del Interior, Vicente Romero, anunció que entre octubre y noviembre de este año se hará el cambio de mil patrulleros para Lima, también se estarían sumando 2000 motos que serán entregadas por un convenio con la Municipalidad de Lima.
El titular del Interior ha pedido plazo de 1 año para ver resultados. Pero la mayoría de ex ministros del Interior coinciden que se debe recuperar la institucionalidad porque la Policía está en una situación crítica básicamente por corrupción, se debe priorizar el presupuesto en temas de logística, de infraestructura y de tecnología ya que es un punto clave para la lucha contra el crimen organizado
Existen iniciativas similares que han dado resultados positivos en otros países, esto no significa que en el Perú tengan los mismos efectos, teniendo en cuenta las graves falencias que aquejan a la Policía desde hace varias décadas.
Ajustes necesarios en materia policial y penal
Hace poco más de 100 años, el gobierno del presidente Augusto B. Leguía creó la Brigada de Investigación y Vigilancia que tenía como funciones la investigación de los delitos, la seguridad de los funcionarios y el apoyo a las labores de justicia. El cuerpo policial encargado de investigar y perseguir el delito perdió su independencia administrativa cuando el gobierno de Alan García decidió fusionarlo en 1988 con la Guardia Civil y la Guardia Republicana. En lugar de mejorar sus funciones, la nueva institución llamada Policía Nacional del Perú ingresó en un proceso de descomposición con muchas fricciones internas, debido a que los guardias civiles y los investigadores tenían funciones distintas y poco compatibles, y los guardias republicanos vieron limitadas sus funciones desde el comienzo de la fusión.
De otro lado, dada la estructuración de la sociedad peruana hasta la llegada del gobierno militar de 1968, la criminalidad rural estaba circunscrita al abigeato y la urbana a los esporádicos asaltos a los bancos y a los homicidios de alto perfil en las clases sociales más favorecidas. Por esas razones, ni la Policía estaba preparada para combatir el terrorismo que nació al acabarse el gobierno militar ni a perseguir los delitos derivados del crecimiento desmesurado de la población capitalina por la gigantesca migración interna. Paralelamente, los abogados que ejercían el derecho penal se vieron desbordados por la proliferación de los delitos de cuello y corbata. Con la misma lógica existente en todos los procesos comparativos entre la función privada y la pública, los abogados de diferente formación se reciclaron y los más listos entre ellos se volvieron penalistas, enriqueciéndose rápidamente, mientras los policías de investigaciones tuvieron que graduarse sobre la marcha cuando persiguieron y capturaron a los cabecillas de las dos organizaciones terroristas -Sendero Luminoso y el MRTA- más sanguinarias de América del Sur. Como ‘premio’ a semejante esfuerzo, los legisladores le quitaron a la Policía la función de investigar los delitos y se la dieron al Ministerio Público, generando muchos de los problemas que hoy lamentamos.
Recapitulando, la solución a los problemas de la criminalidad creciente tiene que ver no sólo con la escasez de policías, sino con la falta de legisladores inteligentes, con la carencia de fiscales y de jueces bien preparados y con la súper abundancia de abogados penalistas mal preparados y de malos periodistas al servicio de fiscales ansiosos de popularidad a cambio de falsas primicias.
Características de los contratos de los nuevos policías.
Datos:
