¿Qué pasa con los saldos no ejecutados de las regalías y del canon?

El canon y las regalías se denominan recursos determinados, es la nomenclatura fiscal del gasto; lo que no se gasta de los dineros del canon y de las regalías no revierte al tesoro público, sino que se queda en las cuentas del titular, a diferencia de los recursos ordinarios, que básicamente son los impuestos que recauda la Sunat de manera general por IGV o por renta de los contribuyentes. Entonces vemos que las regiones ricas en dinero producto del canon que tienen una baja ejecución, a veces de manera contable, hacen malabares en sus balances para venir al Ministerio de Economía y decir “no tengo plata para tal obra porque tengo todo el presupuesto comprometido”. Por eso es que yo a veces pienso que el indicador de ejecución presupuestal no es muy fidedigno. Eso es lo que yo creo.

En medio de la ola de protestas desatada en gran parte del país por serias diferencias de enfoque político e ideológico entre ciudadanos de las regiones del sur andino y el gobierno de la presidenta Boluarte, buscamos al profesor Jorge Manco Zaconetti para que nos diga qué pasa con los ingresos provenientes de la gran minería en las regiones dueñas de esas riquezas, pero también con inmensas necesidades insatisfechas.

Doctor Manco, los periodistas no especializados en temas económicos muchas veces hemos recurrido a términos como presupuestos, canon o cánones, regalías y saldos no ejecutados, díganos, entonces, de manera didáctica, ¿cómo las regalías y los cánones ingresan a los presupuestos de las regiones donde se encuentran las explotaciones mineras?

JMZ: Es una pregunta nada ingenua y para responderla tengo que hacer referencia al año 2007, en el cual los precios de los minerales eran tan buenos como ahora, llegaban a alcanzar un altísimo porcentaje del PBI. Para darnos cuenta de la magnitud del aporte de los minerales a la economía hay que precisar que en 2007 se producía menos de un millón de toneladas de cobre, hoy se producen más de dos millones cuatrocientas mil toneladas; en 2007 no estaban Las Bambas, la ampliación de Cerro Verde, la de Toquepala, entonces mis cálculos me dicen que ahora el PBI minero es de 15 por ciento. En función a esa importancia de la minería, sobre todo del cobre, porque el cobre representa entre el 60 y el 70 por ciento de todo el valor minero, y así como han aumentado los precios y los volúmenes de 2007 para acá, también ha aumentado el impuesto a la renta que pagan las mineras: aumentan los ingresos aumentan las utilidades, aumentan las utilidades aumenta el impuesto a la renta, que es el 30 por ciento de la utilidad imponible, y al aumentar el impuesto a la renta aumenta automáticamente el canon minero, porque este, por ley, es el 50 por ciento del impuesto a la renta pagado por las empresas. El 50% por la ley del canon de 2001 se transforma en un canon minero que se transfiere a las regiones con una distribución determinada que no se mueve desde ese año. Creo que ahí hay un problema clave, ya que el año pasado el canon fue de casi 9 mil millones de soles y el 10% de ese monto de más o menos de alrededor de 900 millones de soles, que es lo que recibe Áncash, va al distrito donde está la mina, en este ejemplo San Marcos, en la provincia de Huari, donde está Antamina. Ahí hay un contrasentido, porque un distrito chiquitito de 25 mil habitantes recibe anualmente alrededor de 80 millones por año, llegando a percibir más de 800 millones de soles en la última década. Un distrito de poca gente y en el cual todos, léase bien, todos los alcaldes han estado comprometidos en denuncias de corrupción por los malos manejos de esa enorme cantidad de dinero recibido. Es conocido el caso de uno de esos alcaldes al que se le encontraron 2 millones de soles bajo el colchón. Como dicen los chicos: ¡literal! Así como San Marcos se hizo rico, Huari que recibe el 25% también y la región recibe otro 25%. Como queda todavía un 40% del ingreso anual, este dineral se reparte según normas y procedimientos al resto de provincias y distritos del departamento, hoy llamado región. Imagine usted, a partir de Antamina, lo sucedido en Espinar, Cusco, donde se encuentra Antapaccay, o con Cuajone o con Toquepala. Una enorme distorsión por el ingreso de cifras multimillonarias a regiones llenas de pillos y de burócratas que no saben cómo ni en qué gastar. ¿Cómo funciona el desaguisado? Pues de la siguiente manera: el canon minero se transfiere a las cuentas de cada gobierno regional, de cada municipio provincial y de cada municipio distrital; estos presentan unos perfiles de sus proyectos en unas cuatro hojas de papel Bond y sanseacabó. Cuando los proyectos son de más de 10 millones de soles tienen que realizar un trabajo un poco más elaborado, pero de exigente nada. Para coronar el pastel, un 30% de todo el canon se ejecuta en planeamiento estratégico, que es una verdadera Caja de Pandora. Por eso estamos como estamos.

Finalmente, queremos enfocar el tema que divide políticamente al país desde una perspectiva diferente: la de un hombre nacido en una de las regiones más pobres del Perú que en base a la educación ha llegado a convertirse en empresario, docente universitario y viceministro de Minas. Leamos, pues, al ingeniero puneño Rómulo Mucho:

Ingeniero, usted está vinculado a las actividades empresarial y educativa desde hace muchos años y a la política activa desde por lo menos unas tres o cuatro décadas, por eso me permito preguntarle: usted cree usted que el proceso de regionalización está en un rumbo correcto o hay cosas que corregir, porque las regiones que tienen gigantescos proyectos mineros en funcionamiento y reciben miles de millones de soles en canon y regalías, son las más convulsionadas en este momento tan difícil del país. Cuál es la explicación lógica a semejante contradicción.  

RM: Tengo varias lecturas, creo que el proceso de regionalización tuvo buenas intenciones desde que se les daba autonomía a las regiones para gestionar sus territorios de acuerdo a la geografía, pero a la vuelta de 20 años nos encontramos con un tremendo fracaso, pues no hubo ni los filtros ni la calidad ni los mecanismos de elección de qué era lo mejor para las regiones; me explico, con las mismas reglas se eligen a los gobernadores y se eligen a los alcaldes, por esas razones los elegidos no solo nunca tuvieron éxito, sino que nunca tuvieron siquiera buen desempeño, siendo contagiados apenas asumieron sus encargos por los males endémicos que tiene el país: la disfuncionalidad que es la incapacidad sumada a la corrupción, por lo tanto han pasado dos décadas de regionalización y todo ha empeorado realmente. Antes del nacimiento del proceso regionalizador existieron las corporaciones de desarrollo, primero, y los cetares (consejos transitorios de administración regional), después, los cuales recibían directamente los recursos del Estado según las necesidades establecidas entre las regiones y el gobierno central. Ahora, con las leyes de regionalización y de descentralización, el dinero va directamente a las regiones, antes llamados departamentos, ahora es como si te dijeran: “ahí está la plata, ahora es tu problema, haz lo que quieras con tu dinero”. Por consiguiente nunca hubo control ni guía para mejorar la calidad de vida de la gente. En Puno, para citar un lugar que conozco perfectamente, hubo un crecimiento espectacular en la primera década del siglo, que coincidentemente fue la primera década de la regionalización, pero eso se acabó cuando llegó Ollanta Humala, quien volvió ineficiente lo eficiente y solo se dedicó a hacer que el Estado crezca, aumentando el gasto corriente, hacer crecer la tributación. Por todo eso, la gente piensa que el Estado no le brinda los recursos que existen gracias a la minería ni tampoco obras de gran impacto. La gente se pregunta por qué no hay escuelas nuevas ni postas médicas bien implementadas ni buenos servicios, entonces se repregunta qué ha pasado. Esa ciudadanía también tiene responsabilidad por no haber exigido la concreción de las promesas electorales tantas veces repetidas. Nada de exigir cuentas ni de comparar los indicadores de pobreza, de enfermedades endémicas, de carencias en infraestructura antes y después de la regionalización. Nada de nada.

Es más, la pandemia del coronavirus desnudó las carencias porque descubrimos que el crecimiento no se había reflejado en nada tangible en educación y, sobre todo, en salud pública, por eso la peor epidemia de la historia impactó con mayor severidad en un país con carencias inocultables. Pasada esa tragedia nacional y cuando el país comenzaba a recuperar la vertical por la inercia productiva de la minería, de la agricultura de exportación, de la pesquería y del trabajo encomiable de la microempresa y la pequeña empresa, llegó Castillo a ahondar los problemas.

Problemas que, en el caso de Puno, por ejemplo, son terribles porque en los últimos veinte años no ha habido una sola autoridad decente: todos eran corruptos y, además, admiradores de Evo Morales, cuya fotografía demoraba y decora las oficinas de los gobernadores, de los alcaldes y de todos los admiradores incondicionales de su prédica racista y secesionista.

Para concluir, creo, como lo he hecho en los cincuenta años que me separan del día en que ingresé a la universidad, que el problema principal de mi país es la falta de educación. Educación desdeñada por las autoridades regionales que saben que un 5 por ciento del canon debe ser destinado a la educación universitaria. Muy por contrario, muchas regiones tienen hasta 200 millones de esa partida guardados en los bancos, una irresponsabilidad, sin duda. ¡Qué pena! La educación de calidad es la riqueza de las naciones.


*Fotografía perteneciente a un tercero

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Dina Boluarte

¿Pensó usted que el proceso de regionalización y de descentralización mal enfocado y pésimamente reglamentado en los comienzos de este siglo, podría llevarnos a una mayor pobreza en las regiones cupríferas y a un gigantesco odio contra Lima en la sierra sur del país?

Más que una regionalización, lo que ha habido es un ordenamiento territorial dirigido desde Lima para disponer de terrenos para actividades extractivas en cantidades escandalosas, llegándose en el tema de Conga, Cajamarca, a otorgarse el 90 por ciento del territorio a concesiones mineras, generando en todo el territorio minero del país el rechazo de la gente. Aparte de eso, cuando han prosperado las actividades mineras con responsabilidad social, como es el caso emblemático de Las Bambas, inmediatamente han aparecido los extorsionadores que utilizando a los comuneros que viven en la vecindad de los asentamientos mineros, han exacerbado sus ánimos hasta encontrar una manera de conseguir una renta permanente obligando a la compañía minera a que les pague por los conceptos que se les ocurren a los abogados limeños que “asesoran” a los comuneros. Entonces no es culpa de la regionalización criticada desde Lima, sino de la inexistencia de programas reales y concretos para que los dineros de los canon (¿alguien dice cánones?) y de las regalías sea bien ejecutado, es decir en obras de salud, de educación y de vías provinciales y distritales. Yo creo que debería ser una obligación del Ministerio de Economía y Finanzas apoyar permanentemente a las regiones conjuntamente con el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para elaborar las bases para las licitaciones y los concursos públicos. Por tales deficiencias no hay proyectos y los dineros de esas regalías permanecen congelados en los bancos, y esa incompetencia no solamente es de la autoridad regional, sino principalmente de la autoridad nacional que la abandona.

 

Si usted pudiera enderezar el rumbo torcido de la descentralización, ¿cuál sería el primer paso para sacarnos de la situación que hoy nos enluta a todos los habitantes del país?

El Estado debe estar más presente en las provincias y no solamente en obras públicas de obligación y de envergadura nacionales. En las provincias se habla de los altos índices de pobreza, de la falta de electricidad, de la de agua, de la de desagüe, de los déficits de salud y de educación, pero poco se dice de los temas de seguridad y del control exclusivo y excluyente del territorio nacional, de eso nada de nada. De ahí los contrabandos de oro, de papas, de combustibles y de personas de un lado al otro de la gigantesca y porosa frontera binacional. Eso se puede comparar con lo sucedido en Sinaloa, México, cuando la gente se pone contra el Estado y a favor de Ovidio Guzmán, el hijo del híper famoso narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, es decir, la gente apoya a los delincuentes que aportan trabajo ilícito, pero trabajo al fin, a las poblaciones empobrecidas secularmente. Es así que desde la caída de Castillo, esas poblaciones reaccionan contra la autoridad, que es lo que estamos viendo; más allá de las creencias políticas e ideológicas, que las hay, lo real es que esas personas sienten que van a perder y seguir perdiendo en el futuro próximo los ingresos provenientes de esas actividades ilícitas. He ahí un componente importante de las protestas.

 

Doctor Vargas, usted no solo es un experto en temas de seguridad pública, sino en una de las causas fundamentales de la violencia delictiva en el Perú contemporáneo: el narcotráfico, probablemente la única industria de integración vertical del país. Díganos: ¿cuánto creció el área cocalera en el Perú de Pedro Castillo, cómo se explica el maridaje del Sendero del Vraem con el castrismo de Perú Libre y, finalmente, cómo procesa la unión de las diferentes izquierdas peruanas para la toma del poder de 2021 en adelante?

El narcotráfico es una de las industrias que opera en un amplio universo de economías ilegales y también es una de las economías más antiguas del Perú, pues la historia negra del narcotráfico tiene ya más o menos 50 largos años. Pero en términos de economía, de dinero sucio, no es la más importante: la más importante es la minería ilegal del oro; y una característica que esta minería -y otras industrias ilegales, en las cuales destaca el mencionado tráfico de drogas-, está expresando cada vez con mayor claridad su poder fáctico, y ese poder se manifiesta en distintos aspectos de la democracia: está como un poder económico que reclama cada vez con más insistencia mayores cuotas de poder, como cotos de caza en la administración pública; es así que, la minería ilegal ocupa ahora espacios más grandes en el Ministerio de Energía y Minas, el tráfico de drogas ha penetrado sin dudas a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, al Ministerio Público y al Poder Judicial, y la minería ilegal ha infiltrado a la Sunat y corrompido a empresarios privados que comercializan el mineral sin importarles el origen ilegal de este. Entonces, repasemos las cifras y reconozcamos que entre la minería ilegal y tráfico ilícito de drogas se movilizan aproximadamente unos 3 500 millones de dólares anuales, y ese dinero no se lava construyendo hostales o centros comerciales, es una cantidad de dinero suficientemente grande que penetra el sistema formal bancario y financiero del Perú. Con esos datos, me pregunto: ¿acaso ese gigantesco volumen de dinero no puede ser rastreado por la Unidad de Inteligencia Financiera o por la Sunat? Sin duda que se podría porque es un elefante tan grande que es imposible no verlo, pero esa es la situación en la que nos estamos desenvolviendo y estamos viviendo: precisamente esa situación desvergonzada de las economías ilegales hace que ahora reclamen poder político, lugar destacado en la administración pública y foros donde exhibir su enorme poder económico. Siendo un poco más específico sobre el problema de las drogas conocidas, es indudable que durante el gobierno de Pedro Castillo se abandonó la lucha contra las drogas y, en sentido contrario, se incluyeron los intereses de las economías ilegales como parte del brazo político del régimen de Castillo. Vimos durante año y medio que Devida, que es la institución rectora de la lucha contra las drogas, fue manejada en los hechos por el congresista Guillermo Bermejo, por sus operadores y terminó subsumida en un enorme proceso de mediocridad y puesta al servicio de la economía ilegal de la hoja de coca. Se abandonó la lucha contra las drogas y se pretendió engañar al país diciendo que el Estado iba a comprar toda la producción de hoja de coca, incluso se hizo un consejo ministerial en el Vraem con esa promesa, sabiendo que el 95 por ciento de la hoja de coca del Vraem termina convertida en cocaína. Vale decir, lo que se planteó desde Palacio fue el Pacto Social Ciudadano, que, en los hechos, es una mala copia del control absoluto de la coca del gobierno boliviano. De ahí se entiende que lo que parecía absurdo para enfrentar una economía ilegal era muy funcional para los propósitos políticos de Pedro Castillo y sus socios en la conquista del Perú.

¿Y qué área de cultivo de coca tenemos actualmente? Según el monitoreo de Estados Unidos hay 100 mil hectáreas, según el de Naciones Unidas alrededor de 80 mil hectáreas; en cualquier caso, estamos en un escenario muy parecido al de la década del noventa frente al problema de las drogas convencionales. Hay una producción potencial de más de mil toneladas anuales de cocaína, de la cuales se incauta un promedio de 5 por ciento, el resto, es decir, el 95 por ciento termina en los grandes mercados internacionales. Por lo tanto, podemos colegir que hemos retrocedido de una manera notable en los dieciséis meses de desgobierno de Pedro Castillo. En lo que sí fue eficiente ese gobierno fue en destruir la poca institucionalidad para enfrentar los problemas de tráfico de drogas y de minería ilegal, incluso facilitó la actividad de esa minería delictiva, ampliando por enésima vez el plazo para obligarla a legalizarse, torciendo el idioma y las leyes, disfrazando esa minera ilegal bajo el manto de minería informal. Y se hizo eso con la aprobación de una ley en el Congreso que ampliaba el plazo hasta 2024. Un lobby gigante, sin duda alguna, que flexibilizó el marco legal del control de la minería ilegal, lo cual permitió destrozar las leyes y los reglamentos y tener concesiones mineras con facilidades absurdas.

“El gobierno de Pedro Castillo fue eficiente destruir la poca institucionalidad para enfrentar los problemas de tráfico de drogas y de minería ilegal”, manifestó el ex ministro del Interior, Rubén Vargas Céspedes.

Podríamos decir que durante el periodo del señor Castillo las economías ilegales han estado protegidas desde Palacio de Gobierno.

Como es fácil de entender, las economías ilegales tienen una enorme responsabilidad en las revueltas posteriores al auto golpe de Castillo, pero no las explican completamente; las economías ilegales no son las que están movilizando a los miles de peruanos, porque hay una crisis política al margen del crecimiento descomunal de la minería ilegal y del narcotráfico. Desconocer esa crisis política y no valorar adecuadamente su peso en la coyuntura actual no nos ayuda en nada en la búsqueda de una salida de la crisis.

 Si usted, doctor Vargas, pudiera enderezar el rumbo torcido de la descentralización, que muchos sindican como uno de los males de origen de los problemas del primer cuarto del siglo veintiuno peruano, ¿cuál sería el primer paso para sacarnos de la situación que hoy enluta a muchos hogares del país?

Sin duda que hay un serio problema en la gestión de los problemas regionales, reclaman ellos mayores recursos, mayor presupuesto, pero con lo que se les asigna tenemos serios problemas de corrupción o de mala gestión, de embalses y de proyectos que se abandonan, entonces ahí hay un serio problema, y los peruanos de las regiones empobrecidas con todo derecho le reclaman al Estado una mayor atención para que los servicios básicos puedan también estar a la altura de sus necesidades. Creo que hay un serio problema de gestión y que hay un enorme nivel de corrupción, por lo que es evidente que tiene que discutirse de una manera más técnica el tema de la descentralización, pero no con el ánimo de desaparecerla sino de fortalecerla, y, obviamente, de tener mayores mecanismos de control de los gobiernos subnacionales.

Después de escuchar al ingeniero César Gutiérrez y al doctor Rubén Vargas, expertos en recursos minerales y de combustibles fósiles y en seguridad y narcotráfico, respectivamente, creemos que en el Perú la corrupción y el deterioro de sus élites políticas conspiran para que los propietarios de los negocios de la extracción ilegal de oro y de la elaboración de enormes cantidades de cocaína, dicten diariamente la agenda del país con todos los problemas colaterales escritos y no escritos en ella. Por esas razones, los pronósticos sobre el futuro inmediato del Perú son de malos para pésimos, pudiendo agravarse de manera notable si los enemigos de la democracia sacan a Dina Boluarte de la Presidencia de la República.

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Marchas, Mineria Ilegal

5. Mayor Antauro Humala, ¿usted es consciente que su nombre está asociado desde los días finales del gobierno de Alberto Fujimori a levantamientos en armas y a furibundos ataques verbales contra enemigos políticos. No cree que esas actuaciones han escondido y casi sepultado su velasquismo escrito en negro sobre blanco en varios libros?

No creo. Sucede que el velasquismo de los 70’s, así como el nasserismo de los 60’s o el peronismo de los 50’s, si bien es cierto fueron caudillistas, se caracterizaron por ser de soberana ruptura contra el viejo orden, por ende progresistas y/o revolucionarios. Acá el “viejo orden”, corruptocrático (fujiconstitucional y lavajatista, generador de “presidelincuentes”) y pro-extranjero, vigente desde hace un tercio de siglo, lo visualizo como “globoneoliberal”, sin necesidad de guiarme por coordenadas de izquierda o derecha, sino desde perspectiva (etno)nacional definidora de la identidad, pues sin ello (identidad nacional) no puede existir proyecto nacional soberano.

6. Mayor Humala, ¿sigue manteniendo en pie las partes más polémicas de su discurso reinvindicativo de las grandes mayorías pobres y cobrizas de nuestro país?

Me cuido de preservar coherencia entre discurso y praxis. La perspectiva etnonacional (del cual el etnocacerismo es versión castrense) conceptúa que la ecuación social en países ”de color humilde”, como Perú (también Bolivia, Ecuador, México, Guatemala y otros), marcados por un mestizaje histórico de “todas las sangres”, en que el aporte local cobrizo, aunque demográficamente mayoritario, carente de hegemonía política, contempla -esa ecuación sociológica- que desde el choque de civilizaciones personificado con Atahualpa y Pizarro en Cajamarca de 1532, el motor de nuestra historia sea dual: Factor Etnocultural y Factor Clasista (FEC + FC), a diferencia del marxismo (colonialismo ideológico de izquierda) que exclusivamente contempla el FC.

7. En ese discurso elaborado conjuntamente con su padre y defendido en sus inicios por su hermano, el expresidente Ollanta Humala, usted habla de fusilar a los expresidentes corruptos y someter a drásticos castigos a los miembros de la comunidad LGTB, ¿mantiene en pie esas amenazas?

No he declarado nunca, ni figura en nuestra perspectiva gubernamental, “castigos” contra homosexuales. Considero, mas bien, que la homosexualidad (todas las siglas LGTB… implican eso en diferentes formas) debe mantenerse entre sábanas y punto. No constituye tema político, al igual que la “causa hererosexual” de haberla. El pudor social es tan básico como la seguridad ciudadana. Lo que sucede es que, como movimiento etnonacional, reivindicamos la bandera del arco iris tawantinsuyano o “wifala” milenaria; la cual el colectivo homosexual inaugurado en California de los 60’s,  ignorando este antecedente histórico, se adjudica. Además resulta absurdo que una opción sexual tenga “bandera”, pues el “escudo” tendría que ser, por simbología ad doc, ¿acaso un poto? Y en cuanto a mi discurso de fusilar presidelincuentes por delito de (macro)corrupción en cuanto extensión de la figura jurídico-constitucional de traición a la patria, claro que me ratifico. Refiérase que en la actual Constitución, así como en las 11 anteriores, se contempla la pena capital por traición a la patria. Simplemente quiero que se cumpla.

8. En sus libros usted defiende con un ardor inusitado las grandes acciones anti empresariales tomadas por el general Juan Velasco en los años setenta, ¿sigue creyendo que la gran minería, la pesquería industrial, el agro, la industria, el comercio y el control de los medios de comunicación debe ser una tarea estatal?

Ante la evidencia crítica del hampa extranjera, alias “inversionista”, como es el empresariado privado/transnacional lavajatista, obviamente -acá- se cae el mito del “libre Mercado”, ahora, calateado en libre saqueo. Además, no es el capital lo que crea el trabajo, sino al revés. Tampoco se llega al extremo del lema mussoliniano “todo dentro del Estado; nada fuera de este”. Por otra parte, si bien es cierto el régimen velasquista amnistió guerrilleros y cumplió 5 de los 6 puntos del programa de De la Puente Uceda, empezando por la nacionalización del petróleo y la reforma agraria, aún así, se le describió como “capitalismo de Estado”. El planteamiento nuestro también reivindica al empresariado, empezando por el nativo. O sea el empresariado nacional, pero que principal actúe como nacional. En cuanto a la gran minería, dado el fundamento ambientalista que asumimos, será inadmisible en toda territoriedad que compita con la actividad agropecuaria. Y donde sea admisible, pues -esa gran minería- luego de ponerse al día con todo adeudo al Estado, será replanteada con participación estatal y transferencia tecnológica. Respecto a los medios de comunicación masiva, específicamente la TV de señal abierta, indefectiblemente serán expropiados y entregados a la sociedad popular civil organizada: gremios sindicales y empresariales (Frecuencia Latina); universidades y colegios profesionales (ATV); gremios castrenses y policiales retirados (oficiales, suboficiales y tropas) (América TV); colectivos culturales y artísticos (Panamericana TV), etc; por la razón principista que el verbo social/masivo jamás ha de estar en manos de un privado, sino en el de la colectividad, más aún en el caso de la TV cuyas ondas electromagnéticas de trasmisión usufructúan territorio aéreo nacional.  

9. En concordancia con la pregunta anterior, ¿usted cree en la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente para que elabore una Constitución estatista como las que crearon los Castro y Hugo Chávez en Cuba y Venezuela con consecuencias calamitosas para casi todos los ciudadanos de esos tres países?

Propugnamos, efectivamente, la convocatoria -previo referéndum- de una Asamblea Constituyente (AC) en cuanto paso elemental de refundación republicana. AC, que por las condiciones imperantes en un país cuyas empresas estatales fueron privatizadas/extranjerizadas, y donde el capital es extranjero y el trabajo nativo, deberá tener un componente nacionalizador robusto, el cual, podría manifestarse tanto en versión estatal como privada. Sin intención de ampararme en modelos como el cubano o el venezolano, considero que el componente estatista en una Constitución también lo vemos en países europeos más vinculados a la social-democracia.

10. He dicho “casi todos”, porque en esos dos países los militares asociados a ambas dictaduras se han hecho inmensamente ricos, asociados estrechamente con narcotraficantes de toda América Latina. ¿Es ese el futuro que quiere usted para nuestro país?

La corrupción se da en versión civil como militar. Veamos la media docena de presidelincuentes peruanos: cinco de extracción civil y uno de extracción militar. Aparte, quiero mencionar dos hechos contundentes: Cuba, a diferencia de un Perú cuyo rol en la pandemia fue la de proporcionar cobayos humanos en quienes experimentar vacunas, fabricó -Cuba- su propia vacuna; y Venezuela no campeonó -como el Perú globoneoliberal- en muertes por millón de habitantes.

 11. Finalmente, en medio de la peor crisis política del presente siglo, creada por la acción demencial del círculo íntimo de expresidente Pedro Castillo, ¿tiene usted un punto de vista sobre el particular?

El principal responsable de la autodefenestración de Pedro Castillo fue un Aníbal Torres que jamás entendió que la solución del problema republicano actual se circunscribe al artículo último (307) de la C-79 y no en función de una interpretación “auténtica” o absurda de cierto articulado de la C-93. Esa era y sigue siendo la manera correcta jurídico/constitucional de sanear la República vía refundación y escarmiento histórico.

 12. La última, ¿qué piensa -a estas alturas- de Castillo, de Keiko Fujimori y de Ollanta Humala?

– Reitero: Castillo apenas era un ladronzuelo de gallinas en comparación a los cachalotes lavajatistas de Toledo, Cosito, García, PPK, Keiko, Vizcarra y compañía.

Factor principal: 

  • Constitución antinacional e ilegal. 

Factores derivados: 

  • Lavajatismo presidelincuencial (Corruptocracia y Seguridad Nacional). 
  • Invasión lumpen/laboral venezolana. 
  • Subempleo/desempleo nacional (80% de la PEA en informalidad o ilegalidad). 
  • Inseguridad ciudadana / desborde poblacional penitenciario. 
  • Bancarrota del agro nativo y desborde cocalero 

Factor catalizador: 

Pandemia covidiana.

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Antauro Humala, Gobierno peruano, política peruana, Televisión del Perú

Y ya que hablamos de la Constitución hablemos del llamado capítulo económico, y ya que hablamos del capítulo económico hablemos de los contratos que impiden los abusos del poder político. Hablemos, entonces, del artículo 62 en el capítulo económico, el de los contratos. En realidad es un capítulo que muy pocos países del mundo tienen, y por eso algunos dicen por qué lo tenemos, y yo digo más bien porque no lo tienen los otros países. Este capítulo nos dice que si soy propietario de un edificio lo alquilo, me pongo de acuerdo con mi inquilino por un monto, y ni el Congreso mediante una ley puede cambiar ese contrato. A un nivel mayor, una empresa hace una autopista y en su contrato se establece que el municipio le paga mediante peajes durante un número acordado de años, nadie puede alterar ese contrato. Esos artículos impulsaron el crecimiento del Perú. Los deberes y derechos de los funcionarios del Banco Central establecidos por la Constitución impiden que estos presten dinero al fisco bajo pena de cárcel, de ahí la estabilidad de nuestra moneda por tres décadas.

Finalmente, en relación al gabinete ministerial de la señora Dina Boluarte, el doctor Mendoza le dice a sus entrevistadores: “yo creo que hemos vuelto a la normalidad, tenemos ministros normales que saben expresarse, ministros con trayectoria. Hemos despertado de una pesadilla a la realidad”.

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Economía, Perú

A manera de historia

Durante los últimos días de 2004, hace exactamente dieciocho años, el mayor del Ejército en situación de retiro Antauro Humala Tasso y 160 reservistas de la misma institución se desplazaron hacia Andahuaylas, Apurímac para en la última noche del año tomar la comisaría de la ciudad, rendir a los diez custodios que se hallaban en ella y, tras apoderarse de un centenar de ametralladoras, pistolas y escopetas, exigir la renuncia del entonces presidente Alejandro Toledo. Tres días más tarde, luego de asesinar a varios policías y a pesar de contar con el apoyo de la población, Humala y sus seguidores se rindieron ante el general PNP Félix Murazzo y el general de División José Williams, actual presidente del Congreso de la República y número uno en la línea de sucesión gubernamental.

Una vez rendidos, Humala y los reservistas que lo habían acompañado en su aventura insurreccional fueron embarcados a Lima y trasladados a un penal de máxima seguridad. Tras el juicio, varios reservistas fueron exonerados de penas, algunos condenados a prisión y Antauro Humala inició una larga batalla judicial contra el sistema, intentando salir lo más pronto posible de la cárcel para intentar conseguir el viejo sueño familiar: ser Presidente de la República. Representado por diversos abogados, todos ellos capitaneados por Isaac Humala, padre del insurrecto, Antauro Humala tuvo que conformarse con ser hermano del hombre que asumió la primera magistratura en julio de 2011, Ollanta Humala.

Protagonista de múltiples incidentes durante su carcelería y, sobre todo, en las muchas audiencias judiciales televisadas o no, Isaac Humala apuntó su estrategia a conseguir dos cosas, primero, conseguir que el mayor Humala, cada vez más intolerante, estuviera siempre en el candelero, y, segundo, que mediante los reglamentos de redención de pena por trabajo saliera más temprano que tarde de prisión.

Sin embargo, Sudaca pudo encontrar en los registros de visita de despacho presidencial que Daniel Estulin se reunió en Palacio de Gobierno con Pedro Castillo el mismo día de su salida del país. Posteriormente, se ha sabido por confesión del ex jefe de la Dirección de Inteligencia que un sobrino de Castillo le pidió 500 mil dólares para pagarle a un “agente ruso” (probablemente Estulin) con la finalidad que este le consiga 30 millones de dólares para sostener la Presidencia de Castillo.

Leyenda: Registro de visitas en el despacho presidencial (Portal Transparencia)

Hasta ahí todo lo dicho parece una serie de apuntes borroneados de un pésimo sainete; sin embargo, hace unos días Daniel Estulin ha dicho mediante su canal de Youtube que por cuenta de López Obrador está organizando desde México la resistencia popular contra el “golpe fascista” de Dina Boluarte. ¿Realidad, ficción megalomaníaca, alarde sin sentido? Vaya uno a saber, pero desde ya, no deja de llamar la atención el nivel de personajes con los que el régimen castillista se reunía y a quién le prestaba oídos.

En el extremo opuesto del extremismo izquierdista, las fuerzas del orden nacionales, vencedoras en un mismo tiempo y en un mismo lugar de los dos principales grupos terroristas de América Latina, sabían qué hacer en cada lugar del país apenas los ultra izquierdistas dieran el primer paso. Como bien lo explicó la mañana del sábado el director de Inteligencia del Comando Conjunto, era importantísimo tomar el control militar de los aeropuertos del sur andino del país, sobre todo del aeropuerto de Huamanga, Ayacucho, punto estratégico para controlar todo el movimiento de tropas en la sierra sur. Como es lógico, los militares saben eso como parte del manual de la defensa integral del territorio, pero, ¿cómo lo saben Cerrón, Bermejo y Bellido? Por eso, para algunos expertos, cobra actualidad el papel cumplido por estrategas extranjeros y, sobre todo, el rol cumplido por la inteligencia militar boliviana, subsede de la inteligencia cubana, la más activa de América Latina.

Por eso es necesarísimo que Aníbal, Betssy y, sobre todo, Roberto Helbert Sánchez Palomino nos digan a nombre de quién obligaron a Pedro Castillo a disparar la crisis social que hoy estamos viviendo.

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autogolpe, golpe, Pedro Castillo

Adquirir un producto de dudosa procedencia pone en riesgo la salud de miles de personas a nivel mundial. Es importante que Digesa e Indecopi, así como la Fiscalía de Prevención del Delito supervisen y el Ministerio de Salud (Minsa) a estos fabricantes inescrupulosos que aseguran que sus productos sobre la base de harina de Moringa son milagrosos, pero se desconoce su composición además de ser productos informales. Asimismo, la comercialización de productos sin su respectivo Registro Sanitario y hacer productos adulterados son delitos penados por la ley. Solicitamos como medio de comunicación la intervención inmediata de las autoridades competentes ante este y otros casos que atentan contra la salud pública.

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