En los mismos territorios donde hoy se matan diariamente sirios, iraquís e iraníes, hace más de cuarenta siglos, los babilonios y los mesopotamios que habitaban dichos territorios durante es época idearon un sistema que beneficiaría a los mercaderes de aquellos tiempos. Dicho sistema, que en nuestro tiempo se conoce como préstamo y aseguramiento, consistía en financiar a las caravanas que transportaban granos y especies de un lado y sedas y joyas del otro.

Según los historiadores, los financistas de tales operaciones entregaban sumas de dinero a los mercaderes, y estos dejaban terrenos, cabezas de ganado y edificios como garantía de la cancelación del crédito. Paralelamente, otros empresarios con iguales pretensiones y similares pedidos de garantías, avalaban las mercaderías, ejecutando las garantías en caso de pérdida de la mercadería, sea por robo, por naufragio o por cualquier fenómeno natural.

El sistema duró en su forma original hasta el Renacimiento, época en la cual las ciudades situadas en el norte de Italia y en los Países Bajos enriquecieron de tal manera que pudieron destinar enormes capitales a la tarea de financiar las caravanas de riquezas procedentes del Este, y protegerlas de pérdidas y de mermas mediante los seguros creados ad hoc.

A partir de entonces, dichas prácticas comerciales se transformaron en industrias dedicas a prestar dinero, a cuidarlo y a transformarlo en nuevo capital de trabajo. De esa forma, las jóvenes industrias se pusieron en la cola de los grandes conglomerados lanzados a la conquista del mundo.

 

Préstamos y seguros: dos industrias seguras

Con la llegada de la Revolución Industrial, el transporte de bienes manufacturados y de combustible sólido y líquido, léase carbón y petróleo, se convirtió en un flujo diario y constante en todos los mares, constituyéndose en un negocio en crecimiento exponencial. Así, mientras los productores de petróleo se consorciaron en un club llamado “Las siete hermanas”, que dominó nuestras economías hasta bien entrados los años setenta, las compañías aseguradoras se dedicaron a expandir sus negocios desde la protección de los navíos y de sus cargas hasta la creación de los seguros de salud, de asistencia médica, de curación y de hospitalización, los cuales convirtieron a ese rubro económico en el más rentable de todos, sobre todo cuando los directorios de los bancos y los de las compañías aseguradoras se entremezclaron, organizándose en verdaderos oligopolios de todos los servicios que tienen que ver con el dinero.

Hace unos días, Mariana Alegre, la periodista especializada en temas urbanísticos dijo en un diario local que, a los dos años de descubrir que una parte de su cuerpo estaba ocupada por un tumor canceroso muy maligno, las medicinas que lo atacaron y salvaron su vida están a punto de ser excluidas de la lista de medicamentos oncológicos, porque las compañías aseguradoras que se comprometieron por contrato a ayudarla a combatir cualquier enfermedad oncológica habían obtenido un fallo judicial que las exoneraba de tal obligación.

“Enfrentarse al cáncer o a cualquier otra enfermedad catastrófica ya es lo suficientemente difícil como para tener que lidiar, además, con obstáculos económicos”, dijo Mariana Alegre en un tuit donde reseña su lucha contra el cáncer y los poderes económicos que impiden que las grandes compañías aseguradoras cumplan con sus contratos.

(Un caso de la vida real)

La salud de don Carlos (60 años) se deterioraba con rapidez. Era cuestión de tiempo para que el cáncer de próstata que lo aqueja tomara rumbos insospechados. Se debía actuar ya, pero tenía un serio obstáculo: el medicamento Olaparib, ordenado por su oncólogo, no estaba disponible para él. ¿La razón? El seguro privado le negaba el producto porque alegaba que “no está incluido en la cobertura de su póliza. 

Claramente, querían desconocer lo que dice la Ley Nacional del Cáncer y su reglamento, especialmente el artículo 7 y el numeral 7.2, que precisa: “Las Iafas (Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud) privadas deben asegurar la integridad de la cobertura oncológica en las pólizas de seguros de salud, incluyendo los tratamientos reconocidos en las guías de prácticas clínicas internacionales, sin perjuicio de la condición del estudio clínico”.

Don Carlos buscó apoyo legal y logró que la aseguradora lo escuche. Luego de unos días, esta le ofreció financiar parcialmente el producto, con lo que seguía incumpliendo la ley. El paciente insistió y recién después de amenazar con hacer público el caso, la entidad aceptó comprar el producto, que le permite enfrentar de la mejor manera la enfermedad.

Como don Carlos, hay decenas de pacientes abandonados a su suerte, y podrían convertirse en miles y decenas de miles si no hacemos algo pronto. Muy pronto.

Al menos 21 medicamentos oncológicos aprobados por agencias sanitarias internacionales no están cubiertos por las aseguradoras que venden pólizas de salud en el país. A pesar de que las aseguradoras ofrecen seguros oncológicos integrales, muchos contratos incluyen excepciones que resultan en gastos adicionales de bolsillo para los pacientes y sus familias. Aquí se enumeran algunos de los medicamentos contra el cáncer que actualmente no están cubiertos:

Viviana Rodriguez

En las dos últimas décadas, se han desarrollado innovadoras medicinas contra el cáncer, como terapias biológicas, inmunoterapias y terapias celulares. Esto ha llevado a que los sistemas sanitarios de muchos países evalúen su costo y beneficio para incorporarlas en sus protocolos terapéuticos y compras públicas. Sin embargo, la mayoría de estos fármacos tienen altos precios debido a que son producidos por uno o pocos laboratorios y están protegidos por patentes. Por ejemplo, el costo de cada ampolla de trastuzumab, usada en terapias de cáncer de mama, oscila entre 1.800 y 5000 soles; una ampolla de bevacizumab, prescrita para el cáncer de colon, varía entre 700 y 3300 soles; y la unidad de ibrutinib, usada en tratamientos para leucemia, cuesta entre 500 y 800 soles.

En 2020, el Ministerio de Salud del Perú reconoció en un informe que el país tenía un retraso de 20 años en la actualización de las guías terapéuticas contra el cáncer. Recién en 2023, el Seguro Integral de Salud comenzó a cubrir algunos medicamentos oncológicos innovadores, como el ribociclib, usado contra el cáncer de mama.

El cáncer es una de las principales causas de muerte en Perú, con tasas de incidencia en aumento tanto en hombres como en mujeres. En 2023, se diagnosticaron más de 70 mil nuevos casos, y se estima que para 2025 más de 81 mil peruanos necesitarán tratamiento y cuidados paliativos.

El costo de una terapia oncológica en Perú sin seguro puede variar entre 200 mil y 450 mil soles, dependiendo del tipo y la etapa del cáncer, una cifra difícil de afrontar para la mayoría de las familias peruanas.

Víctor Palacios Dongo, exdirector de Prevención y Control de Cáncer del Ministerio de Salud, señala que el interés económico del sector privado es la razón por la que algunas aseguradoras no cubren ciertos medicamentos oncológicos innovadores, a pesar de que estos han demostrado su eficacia y cuentan con la aprobación de agencias regulatorias internacionales como la FDA, EMA, y Digemid.

Palacios Dongo se muestra sorprendido de la actitud de las aseguradoras, ya que en otros países sí cumplen con la ley y cubren estos medicamentos. Por su parte, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeps) afirma estar a favor de financiar tratamientos oncológicos, siempre que estos sean certificados.

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Entre los años 3000 y 2850 antes de Cristo, el astrólogo y astrónomo egipcio Imhotep creó las bases de la Medicina, basando sus conocimientos en viejos estudios mesopotámicos y dejando una huella que llegaría hasta Hipocrates, tres milenios después. Pero no sería hasta la época del persa Avicena que la Medicina pasó de la simple elucubración al descubrimiento de la circulación de la sangre, la limpieza de los intestinos y la anatomía de los ojos.

Pero no fue hasta los inicios de la revolución industrial que la Medicina se convirtió en una ciencia con todos sus argumentos, descubriendo los anestésicos, los productos antisépticos y los antibióticos, los cuales permitieron eliminar los dolores y evitar las infecciones durante las intervenciones quirúrgicas.

A mediados del siglo pasado, los profesionales de la salud ya tenían acceso a una batería de productos que no solamente hacían más tolerables los procesos pos operatorios, sino la vida en general.

Por eso resulta increíble que el estado nacional no haya previsto “la crisis de medicamentos” que los gremios médicos anuncian desde hace varios meses. Más alarmante es el hecho que los medicamentos más escasos son los fármacos esenciales para los pacientes oncológicos, para los que sufren de tuberculosis y para quienes son portadores del virus que ataca a los inmunodeficientes.

El Colegio Médico Peruano responsabiliza al Ministerio de Salud y al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) por la alta rotación de sus funcionarios. Sin embargo, “el director de Cenares afirmó que ya está garantizado el abastecimiento para todo 2024, y que ya comenzaron los procesos de selección para las compras de 2025. Por su parte, el decano del Colegio Médico Peruano alertó que el país podría enfrentar una crisis debido a la falta de medicamentos esenciales en el corto plazo”. Informó a la ciudadanía que el nivel de abastecimiento a nivel nacional es de 85%.

Cenares participa únicamente en la compra del 20% de los medicamentos para hospitales nacionales, mientras que el 80% restante corresponde a adquisiciones a cargo de cada institución hospitalaria.

Viviana Rodriguez
El decano del Colegio Médico del Perú, aseguró que el sistema sanitario del país ha empeorado durante la gestión de César Vásquez, actual ministro de Salud.

Las carencias conocidas

Cuatro hospitales de EsSalud en Lima y Trujillo están enfrentando desabastecimientos de medicamentos cruciales para el VIH, según ha alertado el colectivo GIVAR, defensor de los derechos de las personas con VIH. Entre los medicamentos faltantes se encuentran cuatro esenciales, dos de primera línea y dos de “rescate”.

A pesar de las declaraciones del director general de Cenares, quien sostuvo que no hay desabastecimiento de Lopinavir+Ritonavir para el VIH, el Sistema Integrado de Suministro de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (Simed) del Ministerio de Salud ha desmentido esta afirmación, destacando una situación crítica en la disponibilidad de estos medicamentos.

“La escasez de estos fármacos afecta directamente a los pacientes que dependen de ellos para mantener su carga viral controlada y evitar el progreso de la infección. Los hospitales que se ven afectados por esta situación son puntos estratégicos de atención en la capital y en el norte del país, generando preocupación entre usuarios y defensores de la salud pública”, sostuvo el portavoz.

Según advirtió previamente Colegio Médico del Perú, habría una falta de insulina en cerca del 48% de nosocomios, así como también una ausencia de aminofilina en el 69% de los mismos.

El decano del Colegio Médico del Perú, lamentó situación que atraviesa el sistema sanitario que ha empeorado durante la gestión de César Vásquez, actual ministro de Salud.

Ello debido a carencias mostradas en materia administrativa que, finalmente, desencadenan en repercusiones a la salud de los peruanos. «Nuestro problema en el sistema sanitario tiene un problema crónico, ahora estamos peor porque esto se agudiza con problemas de gestión que finalmente repercuten en la salud de la población de todo el Perú».

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Las compañías dedicadas a brindar atención privada de salud a cambio de un pago fijo mensual, y que están agrupadas en la Asociación de Entidades Prestadoras de Salud (Apeps), han presentado una demanda en la Corte Superior de Justicia de Lima para conseguir una modificación en el reglamento de la Ley de Cáncer. En síntesis, lo que pretende ese gremio es incumplir legalmente los contratos firmados entre los clientes y sus representadas para que la cobertura de los medicamentos oncológicos de última generación no sea obligatoria.

De esa forma, los pacientes que pagan carísimas pólizas privadas quedarían sin la cobertura integral que sus contratos les garantizan.

Asesoradas por los estudios de abogados donde trabajan los profesionales más mañosos de Lima, las empresas prestadoras de salud pretenden modificar un párrafo del reglamento de la Ley de Cáncer que dice: “Las instituciones administradoras de fondos de salud privadas deben asegurar la integridad de la cobertura oncológica en sus pólizas, incluyendo los tratamientos reconocidos en guías de prácticas clínicas internacionales, sin perjuicio de la condición del estudio clínico”.

Lo que busca este grupo de aseguradoras es que no se les exija cubrir todos los fármacos oncológicos. Su argumento es que solamente cubren medicinas certificadas en países con alta vigilancia sanitaria, pero no aquellas sin evidencia clínica comprobada. Además; cuestionan que sólo a ellas se les exige cubrir esas medicinas, pero no a los sistemas de aseguramiento integral, como el SIS. Increíble, pero cierto: las aseguradoras pretenden equipararse al Sistema Integral de Salud, sabiendo que el SIS apenas entrega Paracetamol y otros medicamentos genéricos en sus paupérrimas farmacias.

La mejor defensa es el ataque 

Tan antiguo como el hombre, el cáncer, como sostiene el biólogo español Carlos López Otín en su libro “Egoístas, inmortales y viajeras. Las claves del cáncer y sus nuevos tratamientos”, es una enfermedad de los genes en el planeta de los genes. “Esta enfermedad causa la transformación celular en virtud de la cual una célula normal se convierte en una entidad egoísta que crece sin freno, inmortal que no escucha las señales de muerte recibidas por las células dañadas, y viajeras capaz de abandonar su tejido de origen y colonizar otros territorios para formar la metástasis”, escribe el científico ibérico con conocimiento de causa.

Como lo dice el subtítulo de nuestro artículo, en el cáncer, al igual que en casi todos los deportes conocidos, la mejor defensa es el ataque, por lo que los científicos y los médicos especialistas coinciden en buscar permanentemente nuevos medicamentos contra la enfermedad, que sean más efectivos, menos dañinos para los tejidos y los órganos sanos y cada vez más baratos que cuando ingresaron al mercado tras haber pasado todos los controles de los mecanismos de supervisión.

Esa lucha sin cuartel contra la enfermedad más antigua y más cruel, obliga a los pacientes de seguros privados y a los de la seguridad pública a mantenerse a la espera de poder recibir ese medicamento. Sin embargo, cinco de las seis prestadoras privadas de salud han acudido a juzgados civiles solicitando que estos entes obliguen a cambiar un párrafo del reglamento de la Ley del Cáncer para evitarle supuestos sobrecostos a las compañías aseguradoras, y ganándose los bonos de éxito prometidos por sus gerentes.

En «A través del espejo», de Lewis Carroll, la Reina Roja le dice a Alicia que el mundo cambia tan rápido bajo sus pies que, para quedarse en un lugar, no puede dejar de correr. Esa es nuestra situación con el cáncer o con cualquier otra enfermedad que tenga como desenlace la muerte, pues estamos obligados a seguir corriendo con el único fin de mantenernos en el mismo sitio.

Pero el cáncer sigue siendo una enfermedad mortal y para el mieloma múltiple –un tipo de cáncer de la sangre– no hay tratamiento que lo cure por sí solo y completamente: este sigue siendo una enfermedad terminal. Pero tal y como ocurre con la leucemia mielógena crónica (LMC), el juego del gato y del ratón con el cáncer ha extendido la supervivencia de los pacientes, en algunos casos de manera sorprendente. En 1971 alrededor de la mitad de los pacientes diagnosticados con mieloma múltiple morían dentro de los veinticuatro meses posteriores al diagnóstico, mientras que la otra mitad no vivía más de diez años, pero para el 2008 cerca de la mitad de todos los pacientes de mieloma tratados siguieron vivos al cabo de cinco años.

En un sentido más general, el síndrome de la Reina Roja –moverse intensamente para mantenerse en el mismo lugar– se aplica a sí mismo en todas las batallas contra el cáncer, incluidas su detección y prevención. En 1948 los epidemiólogos identificaron en Framingham, Massachusetts un grupo de unas cinco mil personas que vivían allí, para estudiar año tras año su comportamiento, sus interrelaciones y sus enfermedades. El conjunto de estos datos ha dado origen a una multitud de estudios sobre el riesgo y la enfermedad como por ejemplo el vínculo entre el colesterol y los ataques cardíacos se estableció formalmente ahí, al igual que la asociación del accidente cerebrovascular y la hipertensión. Pero también fue un estudio de una transformación conceptual del pensamiento. Habitualmente los epidemiólogos miden los factores de riesgos de las enfermedades crónicas no infecciosas estudiando el comportamiento de los individuos. Sin embargo, se hicieron una pregunta muy importante y diferente: ¿podría ser que el verdadero origen del riesgo no estuviera en las conductas de los actores individuales, sino en las interconexiones sociales? 

Los elefantes y el genoma p53 

Los elefantes, no solo nos sorprende porque es el único mamífero que posee cuatro rodillas, sino también porque su genoma p23 es capaz de multiplicarse 20 veces (los humanos solo contamos con una) para reparar y eliminar las células antes que se conviertan en un tumor. Y es así como se convierte en la especie con mayor resistencia a este terrible mal el hombre: un mono químico Somos simios químicos y hemos empezado a hilar un nuevo universo químico a nuestro alrededor y así sumerjamos nuestras células en sustancias benditas pues alguna de ellas seguirán siendo carcinógenas. Y aunque no podemos hacer que el mundo desaparezca, nuestra tarea es estar vigilantes para distinguir los auténticos carcinógenos de las circunstancias inocentes y útiles.

El cáncer en el fin del siglo pasado plantea dos desafíos el primero es el biológico que implica aprovechar el conocimiento científico para desterrar a esta horrible enfermedad y el segundo es desafío social que implica a obligarnos a enfrentar nuestras costumbres, rituales y comportamientos situados en la periferia de nuestra sociedad o de nosotros mismos, sino en los núcleos que los definen: lo que comemos y bebemos, lo que decidimos producir y nuestra manera de envejecer.

Aseguradoras se niegan a pagar nuevas medicinas oncológicas

Según Adolfo Dammert, presidente de la Liga Peruana de Lucha Contra el Cáncer, el requerimiento judicial de las aseguradoras para modificar el reglamento de la Ley del Cáncer busca modificar una norma que salva vidas.

A decir del mismo Dammert, hasta la fecha son más de veinte los medicamentos biológicos contra el cáncer que no están cubiertos por cinco de las seis más importantes aseguradoras. A ello, sumémosle los nuevos fármacos que esas compañías quieren retirar de sus pólizas, lo cual dejaría a miles de peruanos sin la posibilidad de luchar contra esta enfermedad. Pero, al final, la última palabra la tendrá la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Desde las autoridades estatales, es preciso señalar la posición de la doctora Essy Maradoegue, directora ejecutiva de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer del Ministerio de Salud (Minsa), quien sostiene que “la norma que se encuentra publicada desde 2022, que es el reglamento de la Ley Nacional del Cáncer, es muy clara, y es la 7.2, que indica que las pólizas privadas deben asegurar la integridad de la cobertura oncológica en las pólizas de seguro de salud que incluyan los tratamientos reconocidos en guías de práctica clínica internacionales sin perjuicio de la condición del estudio clínico, es decir, estos estudios clínicos están condicionados a guías de práctica clínica que, para los entendidos en el tema de cáncer, son documentos con un sustento muy contundente que beneficie a los pacientes”.

Junto a decenas de especialistas en el tema, coincidimos en lo siguiente: “el cáncer es una enfermedad sumamente costosa y, si el Estado cede ante estas aseguradoras, de no exigirles costear los medicamentos innovadores, será prácticamente imposible vencerla, o, por lo menos, combatirla.

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Creado en octubre de 2012, durante el gobierno de Ollanta Humala, el programa Qali Warma (niño fuerte, en quechua) se inscribe dentro de las funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y consiste en entregar productos lácteos, carnes en conservas, aceites y azúcares, a fin de mantener una dieta equilibrada de los estudiantes de educación pública durante el año lectivo.

Los productos entregados a los niños para su preparación en casa ascienden a una treintena de ítems, los cuales son proveídos al programa por un grupo grande o pequeño de productores, de intermediarios y de importadores. La cantidad variable de proveedores, el cambio constante de productos por la estacionalidad de estos y las innumerables triquiñuelas ideadas por los burócratas para favorecer a sus allegados convirtieron desde un inicio al programa en fuente de conflictos.

Para intentar “disminuir” esos conflictos, los burócratas crearon supervisiones para la compra de productos, supervisiones para que supervisen a los supervisores y muchos sistemas de control tan abundantes como inútiles.

Habla un funcionario (necesariamente) anónimo sobre el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

A finales de 2023, Qali Warma sacó una ficha donde pedía que se emita un certificado con el logotipo acreditado solamente para los productos microbiológicos.

Entonces, nosotros hicimos una consulta al INACAL (Instituto Nacional de Calidad) sobre esa acreditación. Es más, todos los laboratorios hicieron sus respectivas consultas al INACAL. E INACAL dijo que con esa ficha no se puede certificar; entonces, todos nos preguntamos: “¿con qué documento nos teníamos que certificar?

Tras muchas preguntas, a finales del año pasado se acreditó a un laboratorio, mediante la norma 591. Esa es una norma en la que sí te puedes acreditar, pero eso se tenía que decir en la ficha. Y en la ficha no decía eso.

En la ficha decía: “tú te tienes que acreditar con el logotipo”.

Pero el Instituto Nacional de Calidad (INACAL)  dijo que en la ficha no se puede acreditar porque Qali Warma no está autorizado para hacer normas. Es decir, todo estaba encaminado para ese laboratorio que se acreditó. Y en el camino Qali Warma se sentó encima de lo que INACAL decía: “que eso no se puede”.  

Finalmente, desviaron todo para que el laboratorio INSYLAB atienda a todos los proveedores de Qali Warma, cómo hizo ese laboratorio que cuenta con un sólo inspector para atender a todos los proveedores que necesitaban acreditarse.

INACAL ni siquiera revisa la capacidad de atención del nuevo laboratorio, sabiendo que solamente hay uno para todo el país. No tiene capacidad.

“Yo no soy proveedor de Qali Warma, yo estoy en el medio, pero conozco todo el tema, yo, más bien, trabajo en el lado de los laboratorios. En su momento, en los laboratorios nadie dijo nada; nos quejábamos pero nadie decía nada”.

Viviana Rodriguez
El Programa Qali Warma garantiza el servicio alimentario escolar (modalidades productos y raciones) a más de 4.1 millones de escolares, de más de 65 mil instituciones educativas públicas durante todo el año escolar a nivel nacional.

Desde que en 2012, Nadine Heredia y “sus ministras” pusieran en marcha Qali Warma, se ha acusado a viceministros, a directores y a jefes del programa de más de una pillería en la compra y asignación de los productos destinados a la alimentación de las familias carenciadas de los estudiantes de las escuelas públicas. 

Pero hasta el día de hoy, nadie había denunciado que una persona vinculada directamente al poder, como es el portavoz de la Presidencia de la República Fredy Hinojosa, estaba comprometido en presuntas irregularidades en el manejo de Qali Warma.

Se dice que el portavoz de la Presidencia no solamente se habría limitado a tomar acciones ante una denuncia de falsificación de documentos, sino que habría modificado el manual de compras a fin de beneficiar a grandes proveedores, ligados de una forma o de otra al poder político.

El recientemente nombrado portavoz de la presidenta Dina Boluarte dejó de protagonizar las noticias por sus respuestas evasivas a los cuestionamientos a la Presidencia y pasó a ser uno de los funcionarios más cuestionados por su labor como director ejecutivo de Qali Warma en el periodo marzo 2019-noviembre 2021.

Según el programa periodístico Cuarto Poder, Hinojosa conocía los pormenores de una denuncia sobre falsificación de documentos, mientras dirigía el programa, pero no tomó medidas para denunciar a las empresas implicadas. El caso se remonta a agosto de 2021, cuando Boluarte encabezaba el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y una empresa denunció el ilícito.

Es necesario mencionar que, como parte del procedimiento, el programa contrata a numerosos proveedores, quienes compran a terceros los alimentos no perecibles. Los proveedores deben demostrar que cumplen con los requisitos de calidad y de salubridad a través de un certificado emitido por un laboratorio especializado.

El problema surgió cuando un laboratorio denunció no tener relación con una certificadora que falsamente acreditó productos comprados por los proveedores.

Silvia Monzón, coordinadora de la Procuraduría del Midis, afirmó que Hinojosa debía verificar la cantidad de proveedores que distribuían dichos alimentos, pero no lo hizo.   

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Años atrás, tantos que con las justas podemos recordarlos, los profesionales que iniciaban su ascenso en la burocracia solo tenían que preocuparse en hacerlo con paso firme, dedicación a tiempo completo y mucho estudio hasta llegar a dominar el puesto de trabajo. 

Tiempo después, casi sin aviso previo, unos funcionarios de tercer nivel decidieron poner requisitos innecesarios al ascenso laboral, creando doctorados y maestrías como si fueran vallas para hacer cada vez más lento el proceso de ascenso.

Creada la necesidad, los funcionarios tomaron el control de la situación, obligando a los trabajadores a buscar dónde conseguir doctorados y maestrías a bajo costo y, en consecuencia, tan baratas como de gran pobreza conceptual.

Poco a poco, casi sin explicación lógica, los burócratas decidieron convertir los doctorados y las maestrías en requisitos indispensables para crecer en la administración pública. En ese momento, alguien vio una gran oportunidad para salir de pobre sin mover un sólo dedo. Así, juntando los deseos de superación de los trabajadores, la codicia de los funcionarios y las ganas locas de manejar y de controlar grandes porciones del poder, se armó un sistema de corrupción de baja exposición.

Así fue como nació, creció y se desarrolló el sistema de “te doy para que luego me pagues”… La corrupción había ganado un nuevo negocio de costo cero.

Tan antiguas como la civilización, las llamadas organizaciones no gubernamentales fueron ganando terreno entre los organismos de ayuda social, hasta que después de finalizada la segunda guerra mundial los flujos de ayuda de los países ricos, de los filántropos y de organismos de origen desconocido penetraron todos los estamentos sociales para convertirse en un mal necesario para algunos y en una pesadilla recurrente para otros.

Cubiertas de capas de opacidad, muchas oenegés han llegado a manejar fondos económicos enormes, sin supervisión ni control alguno, transformándose en verdaderos centros de poder.

A partir de esas nuevas características, las oenegés se dedicaron bien entrado el siglo XX a modificar el tablero donde discurre la historia del siglo pasado. Es así que, sin prisa ni pausa, las oenegés financiadas fundamentalmente por matrices progresistas iniciaron el asalto al poder desde el punto de vista cultural, es decir, el control absoluto del llamado bloque histórico. 

Controlando los doctorados y las maestrías, las oenegés de izquierda abrieron las puertas del cielo y lo asaltaron.

Sudaca le consultó al expresidente del Consejo Privado Anticorrupción, Eduardo Herrera, sobre la situación de la ONG Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA; que ha firmado un convenio sin límites con el Poder Judicial para brindar capacitación a jueces, con los cuales tendrán que litigar causas ambientalistas.  

¿Nos podría explicar qué está pasando en el Poder Judicial con las organizaciones no gubernamentales (ONGs) que tienen convenios con las autoridades del Poder Judicial y, además, litigan ahí?

Hay un conflicto de intereses evidente, ¿no?, porque yo considero que una ONG o cualquier entidad en general no podría capacitar a un juez, o no debería capacitar a un juez y, a la vez, tener posibilidad de interactuar con ese juez en un juicio, valga la redundancia. Entonces, ¿por qué? Porque en justicia hay un principio elemental que se llama el debido proceso, y en ese, la igualdad de armas. Entonces, si hay una parte que tiene más influencia que la otra, hay una desigualdad de armas. Y eso es lo que podría pasar cuando este tipo de entidades, que no las estoy satanizando, hacer convenios y capacitar a los jueces que los van a juzgar después de sus causas, ¿no?

Se ha resuelto un convenio con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental hace unos días, en el Poder Judicial. Entonces, claro, ¿uno por qué resuelve algo? No necesariamente resuelve porque está bien. Yo creo que esto podría estar bien, con dos condiciones. Una, que sea transparente, o sea que todo el mundo sepa que eso existe. Y otra, que la asociación que tiene el convenio no tenga causas directas o indirectas en nuestro sistema de justicia.

¿Nos puede explicar qué tan perjudicial es y si se está alimentando la corrupción, más de la que ya existe en el Poder Judicial?

Sí. Sí, o sea no es corrupción directa, como la de un soborno, ¿no? Es una corrupción mucho más sutil que se da por el conflicto de interés. Entonces, cuando tú capturas jueces en sentido figurado, y los hace presos de una determinada tendencia para que te favorezcan, esa es una manipulación que desequipara la corrupción. Lo que yo estoy haciendo es como si lo hiciera una empresa también. ¿Qué sucede si mañana Repsol o Petroperú o cualquier empresa petrolera se empieza a capacitar a los jueces? Sería bastante cuestionable, porque, claro, tiene un interés legítimo, está denunciada y va a tener un montón de causas ahí. Lo mismo sucede para el otro lado. Entonces, quienes capacitan tienen que ser entidades neutrales. Ojo, con esto no estoy diciendo que no pueden tener una orientación ambientalista, por supuesto que la pueden tener. El asunto es que no pueden tener causas directas ni indirectas en el Poder Judicial.

 

Viviana Rodriguez
La ONG Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA es una oenegé ambientalista que ha firmado un convenio con el Poder Judicial para «capacitar» jueces.

Esa ONG, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, ¿ha ganado juicios?

No lo sé. Eso sí no lo sé. Pero yo sí sé que representan de alguna forma indirecta causas ambientales. De hecho, Oceana, que es una entidad, una ONG, acaba de tener un juicio con la Sociedad Nacional de Pesquería, en la que quiso ser parte y no lo fue. Entonces, ya mirar si tienen juicios o no es otra cosa. Y hay un caso o dos de un fiscal, por ejemplo, que estuvo en el Poder Judicial, fue capacitado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y sale del Poder Judicial. Y ahí se va a la SPDA. Entonces, ahí pues hay una puerta giratoria y conflicto de intereses que son sutiles, pero que evidentemente demuestran que no está todo bien, ¿no? No, pues algo se oculta ahí, ¿no? La transparencia. O sea, yo creo la transparencia es todo.

Un ingrediente fundamental 

Poco antes de que la epidemia de la COVID 19 recorriera el mundo destruyendo las economías de los países y matando a cientos de miles de ciudadanos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia Duberlí Rodríguez firmó un convenio marco con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, creando las condiciones para lo que vino después: todo tipo de canjes con jueces y fiscales, sobre todo a los que pertenecieron a las juventudes comunistas de las universidades estatales. Podríamos decir, sin lugar a dudas, que el juez supremo Duberlí Rodríguez fue una pieza clave en el diseño de una política judicial preñada de todos los vicios habidos y por haber.

 

Viviana Rodríguez
Disolución del convenio

El convenio suscrito con la ONG Sociedad Peruana de Derecho Ambienta fue disuelto el 03 de junio Resolver por decisión unilateral del Poder Judicial, dejándose sin efecto la Resolución Administrativa N.° 138- 2017-P-CE-PJ y la Resolución Administrativa N.° 000121-2020-P-CE-PJ, expedidas por la Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial

Aunque no existen datos suficientes para establecer la fecha de nacimiento de los nuevos requisitos para los ascensos rápidos en las carreras públicas, podemos suponer que la fecha de fundación de universidades de bajo costo y pésima formación académica, las cuales tomaron la decisión casi en conjunto de otorgar cursos de capacitación, doctorados y maestrías a las autoridades políticas y judiciales de todo el país, tiene mucho que ver con la conformación de un sistema de prebendas que domina enormes aspectos de la vida política de los funcionarios de todo tipo, teniendo en cuenta que el término funcionario abarca a todos los empleados de la administración pública.

Con los funcionarios enganchados a las universidades de bajo costo y pésima formación académica, y esas instituciones ligadas al poder político de turno, es lógico prever la existencia de una corrupción de baja intensidad, donde predomina el “dame que te doy”.

Vista la estrecha relación entre el mundo académico de bajo nivel y los funcionarios listos para ser “aceitados”, es imposible prever cambios sustantivos en ese maridaje, toda vez que el sistema ha sido hecho para sobrevivir y hacerse cada vez más fuerte. Salvo error u omisión.

En los países de renta media y renta baja, los fabricantes de alimentos para infantes y lactantes les añaden azúcares en cantidades inversamente proporcionales a las que les agregan los productores de alimentos en los países de renta alta.

De esa forma, desde la primera infancia los patrones de alimentación de los niños ricos se diferencian de manera significativa de los patrones de los niños pobres, estableciéndose una diferencia notable entre la dieta presente y la futura.

Por esa razón, cuando uno se pregunta en qué momento se originó la gordura de nuestros hijos, primero, y la obesidad, después, solamente tenemos que detenernos a leer en la letra pequeña del envase cuánta azúcar contiene cada porción del producto que le servimos a nuestros niños.

Según los nutricionistas, tanto los alimentos que consumen los niños de los países pobres como los que consumen los niños que se acostumbran a la ingesta de golosinas poco a poco, van minando el organismo y condicionando su futuro.

Hace unos meses, las organizaciones Public Eye y Red Internacional de Acción sobre Alimentación Infantil (IBFAN) publicaron los hallazgos de un estudio que subraya una discrepancia preocupante en las prácticas de Nestlé, la corporación de alimentos más grande del mundo, cuyo valor se estima actualmente en 265, 570 millones de dólares.

Según el diario británico The Guardian, la investigación que envió muestras de alimentos para bebés de Asia, África y América Latina a un laboratorio belga, examinó 150 productos vendidos por Nestlé en naciones de ingresos bajos y medios. Los productos analizados incluyen las marcas más vendidas del mundo: Nido y Cerelac.

Los resultados arrojaron que casi todos los alimentos en base a trigo vendido por Nestlé en esas regiones  -destinados a infantes a partir de los seis meses de edad-, contenían azúcar añadido equivalente a un promedio de 4 gramos por porción, más o menos un cubo de azúcar.

El volumen más alto de azúcar añadido en un producto fue de 7,3 gramos por porción, detectado en Filipinas; seguido de 6,8 gramos en Nigeria, y 5,9 gramos en Senegal. Además, en 7 de los 15 países más pobres del mundo, no se declaró en las etiquetas que en el alimento se había añadido azúcar.

Viviana Rodriguez
Cerelac y Nido figuran entre las marcas de alimentos infantiles más vendidas de Nestlé en los países de renta baja y media y también son las que contienen más azúcar en sus fórmulas. 

La estrategia que usa Nestlé para engañar al consumidor promedio es el marketing de influencia según identifica el informe, donde Nestlé emplea a “influencers mamás” y especialistas de la salud en asociaciones pagadas que “engañan” para captar a los padres de familia.

“Encontrarás en línea a nutricionistas de redes sociales, pediatras, doctores, que promocionan los productos de Nestlé, NIDO y Cerelac como saludables para los niños, bueno para su inmunidad, bueno para su desarrollo cerebral”, dijo Gaberell.

A pesar de las preocupaciones planteadas, Nestlé afirma que ha reducido la cantidad de azúcar añadido en su cartera mundial de cereales infantiles en un 11% durante la última década, argumentando que las “pequeñas variaciones en las recetas” de sus productos Nido y Cerelac se deben a regulaciones y disponibilidad de ingredientes locales.

Sin embargo, los detalles específicos del informe, como los 6 gramos de azúcar añadido por porción encontrados en cereales sabor a galleta en Senegal y Sudáfrica, o los más de 2,7 gramos por porción en productos de Cerelac vendidos en la India, subrayan la discrepancia con prácticas en Suiza, donde producto similares no contienen azúcares añadidos. Esta “doble norma”, como la califica Dr. Nigel Rollins, oficial médico de la OMS, “no puede justificarse” frente a las evidentes consecuencias para la salud pública global.

El consumo de estas leches ha ido incrementándose en los últimos años para lograr cubrir los requerimientos nutricionales de los niños en cuanto a ácidos grasos saludables, vitaminas y minerales como el hierro. No obstante, su consumo es preocupante debido a que pueden conllevar a obesidad infantil, caries dental, mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares (por ejemplo: hipertensión e hipercolesterolemia) y diabetes mellitus tipo 2. Asimismo, el consumo de dichas fórmulas puede dificultar la adquisición de hábitos saludables, debido a una mayor preferencia por consumir alimentos dulces.

Las consecuencias anteriormente descritas se deben a su alto contenido de azúcares, los cuales los podemos encontrar bajo otras denominaciones como fructosa, sacarosa, maltodextrina, jarabe de glucosa, entre otros. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo de azúcar total al día no debe exceder el 10% de las calorías diarias, sin embargo, muchas de estas leches exceden este límite. Esto se debe a que dichas fórmulas contienen 6 g de azúcar por cada 100 ml de preparado en promedio.

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En noviembre del año 2016, antes que la Covid 19 desatara su guerra mundial contra el género humano, la multinacional Mondelez International, fabricante del ultra conocido chocolate Toblerone, decidió ensanchar el espacio entre los triángulos de chocolate de la famosa golosina, entregando menos por el mismo precio. Preguntado el portavoz de Mondelez en el Reino Unido por la decisión corporativa de la multinacional, este respondió en la cuenta de Facebook de la empresa: “Decidimos cambiar la forma para mantener el producto accesible para nuestros usuarios”.

Con esa pequeña nota, la compañía que produce en decenas de países las marcas de snacks más conocidas del mundo, como Oreo, Chips Ahoy!, Toblerone, Cadbury, Trident, Chiclets y Halls, le dio la partida de nacimiento a la reduflación, la práctica que vuelve “locas” a las amas de casa y hace más y más ricas a las empresas fabricantes de productos masivos, sobre todo en detergentes, aceites, condimentos, productos de limpieza y un largo etcétera.

Menos por más 

Desde las cuarentenas que obligaron al cierre temporal a una serie de negocios en todo el mundo, los fabricantes de productos de consumo masivo vieron reducirse sus enormes márgenes de ganancia, y, en lugar de mantener sus precios a la espera del fin de la pandemia, se pusieron rápidamente de acuerdo para castigar a los consumidores, trasladándoles todo el problema a los sufridos consumidores. Ese es el origen del problema que enfrenta a las asociaciones de consumidores del mundo entero contra los fabricantes abusivos.

La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) continúa la campaña iniciada el año pasado, denunciando la práctica conocida como reduflación, la cual está extendida por todo el mundo. Dicha política consiste en reducir la cantidad, el tamaño o el número de unidades de un producto manteniendo o elevando su precio.

Si a ese nuevo tipo de estafa al consumidor le sumamos la llamada obsolescencia programada, la cual consiste en fabricar piezas vitales de automóviles, de electrodomésticos y de muchos otros productos de uso cotidiano que se malogran al llegar a cierto número de ciclos de encendido. En todo el planeta, solo el arsenal legislativo de la República Francesa ha logrado incluir prohibiciones expresas a esa práctica, aunque es difícil penalizar todo y al mismo tiempo.

Aunque en el Perú se tolera la reduflación siempre y cuando se informe la disminución del contenido en el envase, ASPEC considera que eso no es suficiente, ya que muchos consumidores no revisan minuciosamente las etiquetas y confían en recibir el contenido de siempre.

Por ello, ASPEC insta a las autoridades del Legislativo y del Ejecutivo a seguir el ejemplo de Francia y promulgar las normas que sean necesarias a fin de informar y alertar a los consumidores sobre la reduflación.

En el Perú la compañía de alimentos procesados Alicorp ya no produce botellas de aceites de un litro, sino de 900 mililitros en todas sus marcas: Primor, Cocinero, entre otras, también ha reducido el contenido de fideos Don Vittorio de 500 a 450 gramos

En la industria láctea ha sucedido otro tanto. El paquete de mantequilla Laive se ha reducido de 200 a 180 gramos, mientras la botella de yogurt bebible Gloria pasó de 1.9 a 1.7 kilogramos. Y así continua la larga lista de productos como agua, yogurt, gaseosas, cereales, mayonesa, margarina, papel higiénico, detergentes, champú, toallas de papel, pastas, pan de molde,

 

Viviana Rodriguez
Alicorp ya no produce botellas de aceites de un litro, sino de 900 mililitros en todas sus marcas

La reduflación recorrre el mundo 

Carrefour, la cadena de supermercados de origen francés, decidió un día combatir in situ a las empresas que reducen los tamaños de sus productos pero mantienen sus precios iguales. Para ese fin, Carrefour colocó avisos en los estantes para advertir a sus compradores sobre la shrinkflation (algo así como la reduflación, una mezcla de reducción con inflación). El aviso estaba dirigido, principalmente, contra el té helado Lipton, los chocolates Lindt y otros productos de Pepsico/Unilever, uno de los gigantes de la comercialización de bebidas no alcohólicas.

Consultado el director de comunicaciones con los clientes de Carrefour, este declaró a la prensa: “queremos poner presión a las empresas fabricantes para que mantengan precios bajos”.

En México, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), le dijo a la BBC que en su país esta “tendencia afectaba a los productos de alto consumo en general” que son ofrecidos en presentaciones más pequeñas y en envolturas distintas a las originales. Se refería, fundamentalmente, a los panes, los snacks, los aceites, los cereales, los atunes los refrescos y los detergentes.

Vanesa Ruiz, la gerente general del Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba, Argentina, también indicó que en su país se venía detectando la reduflación desde hace algún tiempo. “Muchas empresas realizan esto de forma paulatina como una forma de ahorro, porque esas reducciones pequeñas en cada producto significan un beneficio importante para ellas”, le dijo a BBC en Español.

Así como los gremialistas mexicanos y los argentinos se dieron cuenta que las bolsas de papas fritas venían llenas de aire, las latas de sopa se habían encogido y los paquetes, frascos y sachets de detergentes que se habían reducido, las amas de casa descubrieron que el papel higiénico, las servilletas y toallas de papel y demás productos de uso diario pesaban menos y eran más caras.

La indignación es mundial, porque la estafa es global, llámese shrinkflation en inglés o reduflación en castellano; además, la fórmula encontrada por los abogados corporativos de las multinacionales les dijo que la práctica era malsana, pero no ilegal, porque ninguna de las corporaciones había firmado un contrato de inamovilidad de precios con uno, varios, muchos o todos los consumidores.

Según la Asociación de Consumidores de Columbia Británica, la reduflación nació realmente en 1988, es decir hace treinta y tantos años, cuando la marca Chock Full o’Nuts redujo su lata de café de 455  a 368 gramos, y otros productores siguieron su (mal) ejemplo: la estafa de los productores a los consumidores había llegado para quedarse entre nosotros.

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Desde los inicios de la presente legislatura, el economista Carlos Anderson se destacó como uno de los congresistas mejor preparados en un universo parlamentario repleto de políticos sin preparación académica ni experiencia en gestión pública.

Teniendo en cuenta esas características, buscamos a Anderson y le preguntamos: ¿qué propone el proyecto de la nueva Ley General de Industrias?

Hace mucho tiempo se pensó que no era necesario ningún tipo de política industrial; esa es una posición ideológica, nada más que eso. Ignorando 250 años o 350 años de historia de capitalismo mundial, ningún país se ha desarrollado sin políticas industriales. Las industrias, digamos, no se desarrollan de manera natural, viven de algún tipo de estímulos; lo que pasa es que después de muchos años, hubo gente, de una ideología en particular, que decía que los países en desarrollo no deben escoger ganadores, no deben tener políticas sectoriales de desarrollo; bueno, los países tontos que nos llevamos de esos consejos no desarrollamos la industria y los países que entendieron eso son los países que hoy en día se llaman de reciente industrialización, primero tenemos los cuatro tigres (originales) asiáticos: Hong Kong, Singapur, Taiwán y Corea del Sur. Ellos impulsaron la reciente industrialización de Malasia, Indonesia y Vietnam, países destruidos en la guerra mundial y recuperados a pasos agigantados.

En América Latina tenemos los ejemplos recientes de Costa Rica y de México, que son países que en los últimos 20 o 25 años han cambiado sustancialmente sus estructuras económicas; entonces, las preguntas son: ¿cómo lo hacen y qué hay que hacer? En el Perú hubo un ejercicio de industrialización en los años setenta, durante el gobierno militar, pero fue, por supuesto, muy mal hecho, con protección indefinida. Entonces hoy en día hay una nueva manera de mirar el tema de la industrialización, que consiste básicamente en tener un concepto más amplio de lo que significa industria con servicios, con tecnología y en tercer lugar promocionando, digamos, el contenido tecnológico entre las exportaciones. 

¿Cómo lo logran, cómo lo están haciendo?

Usando, precisamente, las buenas enseñanzas de los países asiáticos. En el caso del Perú, por ejemplo, no hemos transitado por ese rumbo; hemos desviado totalmente el tema de la industria. Ahora hay una discusión en cómo promocionar la industria, porque hay ciertos sectores que lo que dicen es: “ponme protección, que no entren los productos foráneos, esa es la mejor fórmula de estimular nuestra industria nacional”, y otros que dicen: “bueno, mira, dame regímenes especiales, laborales e impositivos y hay que ser cuidadosos con eso; y tiene que ser con condiciones”.

En particular, hoy en día hay un enfrentamiento geopolítico entre la China y los Estados Unidos que se ve en Asia, en África y en América Latina. Entonces los Estados Unidos, en particular en América Latina, se ha dado cuenta que ha venido perdiendo la batalla, y hace un par de años ha comenzado a impulsar una política que se conoce como nearshore, que, básicamente, es promocionar que se generen cadenas de producción y de suministro a las grandes multinacionales latinoamericanas.

El mes pasado se ha publicado un estudio que muestra cuál es el potencial que tiene esa política de estimular las exportaciones latinoamericanas, y, en el caso específico del Perú, dice que para nosotros, los que somos parte de toda esa corriente, podemos llegar a obtener beneficios de hasta 1400 millones de dólares anuales. Y si hubiéramos hecho lo que hizo México hace dos décadas con maquila y manufactura, entonces el impacto habría sido de un poco más de 5000 millones de dólares anuales, adicionales a las exportaciones.

Por ese motivo, cuando hay una discusión sobre un proyecto de ley de fomento industrial, hay escucharlo con interés y detenimiento.

El proyecto de ley que yo he presentado, que se llama REMA, que significa Régimen de Elaboración, Manufactura o Maquila y de Almacenamiento, es un poco distinto porque no busca generar incentivos por la industria que ya existe, sino para generar nuevas industrias.

 ¿Cuáles serían los incentivos que ofrecemos para atraer la inversión extranjera que necesitamos?

Si hoy en día tienes una empresa y le das un servicio de consultoría a una empresa domiciliada en el extranjero no pagas IGV; entonces, si tienes una empresa china, japonesa o francesa que quiere llegar al mercado norteamericano, vas y estableces una empresa de ese tipo en México, que está cerca al mercado estadounidense.

Este régimen, como te digo, es el que explica porqué México ha pasado de ser un país que dependía básicamente de la exportación de petróleo a ser el mayor fabricante de autos que se venden en el mercado estadounidense.

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Como lo único que necesitan Agustín Lozano y sus secuaces para mantener el control mafioso del directorio de la Federación de Fútbol es contar en ese directorio con el número suficiente de clubes con derecho a voto, decidieron mantener a unos cuantos clubes pequeños pero controlables en desmedro de otros que se oponían abiertamente a sus planes.

Así, manteniendo al Deportivo Municipal y al Deportivo Binacional en sus ligas respectivas, Lozano y su pandilla hicieron todo lo posible y todo lo imposible para impedir que el Juan Aurich y el Unión Huaral militaran en la Liga 1.

El “empapelamiento” de esas instituciones contó desde el vamos con el apoyo de la gran mayoría de la prensa deportiva, de casi todos los representantes de los otros clubes y de jueces en diferentes instancias.

Aunque es una tarea descomunal, el señalamiento de la trama mafiosa, de la existencia de una prensa corrupta y de una red de jueces venales es necesaria por el bien del fútbol, de los aficionados y del deporte en general.

Argumentos “legales” que usa Lozano para sancionar al Aurich

Aunque los clubes Deportivo Binacional y Deportivo Municipal no le han pagado a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria ni un sol de la deuda que mantienen con el ente recaudador, no hay sanciones de ningún tipo para dichos clubes, a diferencia de la persecución que diversos organismos del Estado han ejercido y ejercen sobre el Juan Aurich y el Unión Huaral.

Ese doble rasero, existente desde siempre en toda la pirámide administrativa del Estado, es insólito que Agustín Lozano tenga tanto poder como para manejar a la Sunat.

Por dichas razones, es necesario repetir que el virus inoculado por Lozano a los miembros de la Federación Peruana de Fútbol debe ser liquidado en la brevedad. El momento es ahora, no mañana ni la semana próxima. Hagámoslo ya.

 

IT. 157-2024 – 13.05.2024 – IT Fiscalización Licenciamiento – MUNICIPAL (1).pdf de Liliana Gilvonio

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Agustín Lozano, FPF, Juan Aurich, Unión Huaral
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