La historia de los documentos que llevaron a la detención de más de veinte personas por el recordado caso “Los Limpios de la Corrupción” y que no figuran en los registros de la policía.
Como lo ha relatado Sudaca en informes previos, el caso “Los Limpios de la Corrupción” que supo captar la atención de todo un país hace casi una década no estuvo exento de serios cuestionamientos que, con el paso de los años, han despertado un sinnúmero de interrogantes y han llevado a que el trabajo del exministro Juan Carrasco Millones esté bajo la lupa.
Uno de los puntos claves en el desarrollo de este caso fue la fecha en que se ordenaron las detenciones del entonces alcalde Roberto Torres y los más de veinte funcionarios a pocos días de las elecciones municipales del 2014 en las que Torres iba por la reelección y podría no ser una simple coincidencia.
Sudaca ha conversado con uno de los más de veinte detenidos en aquella fecha y se ha podido revisar una serie de documentos que invitan a dudar sobre la verdadera motivación detrás de un caso que hoy parece estar lejos de representar el espíritu de la lucha contra la corrupción.
EL INFORME DESCONOCIDO
Juan Miguel Valdivia Goycochea fue uno de los funcionarios señalados como parte de la organización criminal contra los que se dio la orden de detención. En aquella época, Valdivia se desempeñaba como gerente de la Entidad Prestadora del Servicio de Saneamiento de Lambayeque (Epsel).
Esta situación llevó a que Valdivia Goycochea pase cerca de tres años en prisión preventiva por, supuestamente, estar involucrado en lavado de activos y ser parte de una organización criminal. Sin embargo, casi una década después y con una investigación que terminó en 2018, Valdivia no ha sido acusado. “No tengo ninguna sanción por falta administrativa ni una sentencia penal”, indicó a Sudaca.
Como probablemente haría cualquiera persona que ve pasar tantos meses de su vida detenido sin una sentencia, Valdivia empezó a investigar sobre el caso que lo llevó a atravesar este episodio traumático y, para su sorpresa, se terminó encontrando con más preguntas que respuestas.
Estas sospechas se produjeron, principalmente, por el informe de inteligencia en el cual se había respaldado el fiscal Carrasco Millones para conseguir la detención de Torres y los funcionarios. “Nos llegó la información que quienes estaban haciendo las escuchas legales estaban de vacaciones y no podían hacerlas”, cuenta Juan Valdivia.
Las personas a las que hacen referencia son el mayor Romel Agustín Díaz Paz y el teniente Víctor Javier Chafloque Oliden. Según la información que brindó la propia OFINTERPOL de Chiclayo, el día que emiten el oficio dirigido al entonces fiscal adjunto Carrasco Millones que permitió gestionar la detención preliminar, lo apellidos Díaz y Chafloque no figuraban en la lista de personas que estaban de servicio en aquella fecha.
Pero esta situación toma un tinte más turbio al conocerse que se podría estar ante un caso de usurpación de funciones. Cuando en 2019 se tomó la declaración de Luis Enrique Farfán Silva, quien en 2014 se desempeñaba como jefe de la OFINTERPOL, Farfán dijo desconocer el trámite del cuestionado informe de Chafloque y Díaz, y agregó que ellos no estaban bajo su mando.
Sin embargo, el informe incluía el sello y forma de Farfán Silva como jefe de la OFINTERPOL de Chiclayo. Aunque un detalle que ha llamado la atención es la innegable diferencia entre las firmas del entonces coronel Farfán Silva en otros documentos del mismo año 2014 y aquel que afirma desconocer. El sello usado aquel 29 de septiembre también muestra diferencias del que usó en otros documentos debido a que omite su segundo nombre y agrega un “JEFE OFINTERPOL – CHICLAYO” que no se encuentra en otros documentos sellados por Farfán.
EL INFORME FANTASMA
Pero hay otros documentos que generan dudas sobre este caso. En 2015, se solicitaron copias certificadas de documentos supuestamente emitidos por Contraloría general de la República, Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, equipo de lavado de activos de la PNP, equipo de la Comisión Nacional de Bienes Incautados, peritos contables y equipó de inteligencia Operativa de la Dirección General del Ministerio del Interior que habían sido mencionados en el informe de 29 de septiembre que avalaron que el exministro Carrasco pueda conseguir la detención de más de veinte funcionarios.
No obstante, la respuesta que se recibió no sólo indicaba que estos documentos no existían sino que agregaba que los oficiales que supuestamente habían sido los autores trabajaban en Chiclayo pero no habían prestado servicio en la jefatura en cuestión.
Juan Valdivia no niega que hayan existido hechos ilícitos en la gestión del exburgomaestre Roberto Torres, pero considera que la manera en que el fiscal Juan Carrasco Millones procedió con el caso “Los Limpios de la Corrupción” no fue idónea. “No digo que sean inocentes todos, pero no se hizo bien”, indicó a Sudaca y, con respecto al considerable número de personas para los que pidieron detención preventiva, agrega que “se hace un show mediático y al final no hay sentencia”.
Casos como el de Juan Valdivia demuestran que, aunque estas irregularidades en los informes que se usan para combatir a los políticos involucrados en casos de corrupción pueden desvirtuar una lucha necesaria en el Perú, lo más grave es que personas cuyas acusaciones en su contra no son claras pueden terminar perdiendo varios años de su vida detenidos como parte de lo que parece ser un show mediático.
