La Municipalidad de Lima pasó por alto un requisito indispensable para una contratación que comprometen más de diez millones de soles del presupuesto municipal. Sudaca accedió al documento de la Contraloría que advierte esta irregularidad.

En la Municipalidad de Lima, la gestión del alcalde Rafael López Aliaga parece estar copiando la estrategia del Ejecutivo de responder a cualquier cuestionamiento por parte de la prensa o la población con acusaciones de ser parte de una conspiración en su contra. Incluso, en una recién actividad oficial, el burgomaestre llegó a calificar como “traidores a la patria” a los comunicadores por las investigaciones periodísticas que realizan.

Sin embargo, pese a estos intentos de posicionarse como víctimas de persecución, siguen apareciendo hechos contundentes que exponen la poca seriedad con la que se están llevando a cabo las gestiones en la Municipalidad de Lima y que comprometen varios millones de soles así como el adecuado funcionamiento de la ciudad.

En esta oportunidad, Sudaca pudo acceder a un documento de la Contraloría en el cual se detallan graves omisiones por parte de las personas implicadas en el proceso de contratación de camiones cisternas para lo cual se había estimado un presupuesto que superaba los diez millones de soles.

SE OLVIDARON DE ALGO

En el mes de octubre del año pasado, la Oficina de Logística de la Municipalidad de Lima le dio luz verde a un pedido de la Subgerencia de Servicios a la Ciudad para la contratación de un servicio de alquiler de camiones cisterna y un tracto remolcador que serían utilizados para las áreas verdes del cercado de Lima. Para este proceso, el monto aproximado superaba los diez millones de soles.

Como suele ocurrir en estos procesos, lo que ocurre después es la conformación un comité de selección que incluye miembros titulares y suplentes. Estas personas tendrían la responsabilidad de elegir la mejor oferta entre los postores que se presentarían a dicho concurso público.


El siguiente paso a seguir en este proceso de selección, tras la designación de los miembros titulares y suplentes del comité, era la presentación de las declaraciones juradas de los integrantes de este comité. Cabe resaltar que este requerimiento no es voluntario sino una obligación estipulada en la ley y que, además, se recalca que se deben presentar antes de cada proceso de selección en el cual se vean involucrados.

No obstante, y tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro elaborado por la propia Contraloría, cinco de los seis integrantes de este comité decidieron no cumplir con esta obligación que es fundamental para detectar posibles conflictos de intereses entre quienes conforman el comité y los postores.

La siguiente imagen corresponde al buscador de declaraciones juradas en el cual se observa que Neil Darwin Paima Arias, presidente del comité, no presentó declaraciones juradas durante el año 2024 y José Juan Rivera Temoche, segundo miembro, tampoco registraba haber presentado su declaración jurada.


En el caso de los suplentes del comité de selección, Renzo Antonio Vargas Mariscal y Lys Pamela Mendoza Lescano, primer y segundo miembro, no registraban declaraciones juradas en el año 2024 mientras que Mary Sender Maccapa Chanca, suplente del presidente, contaba con una declaración jurada presentada ese año pero no correspondía a los requerimientos del proceso de selección en cuestión.


ESTOS SÍ COBRAN

Aunque los seguidores del alcalde López Aliaga señalan que el líder de Renovación Popular no cobra su salario como intento de defenderlo ante los cuestionamientos a su gestión, en el caso de estos funcionarios que pasaron por alto el requerimiento de las declaraciones juradas no se podría aplicar la misma excusa.

Por ejemplo, Neil Darwin Paima Arias, el presidente de este comité de selección, cobró en el mes de abril cuarenta mil soles por un servicio especializado en análisis, evaluación y conducción de procesos de selección. Además, desde el año 2023, Paima Arias ha cobrado un total de S/. 191,500 por servicios especializados en estos procesos de selección.


En el caso de Renzo Vargas, Lys Mendoza y Mary Maccapa, suplente del comité de selección, también han recibido un total de S/. 65,800 en contratos por especializarse en procesos de selección y otras actividades con la Municipalidad de Lima.

NO FUE EL ÚNICO PROBLEMA

En este documento al que tuvo acceso Sudaca también se advierte una segunda irregularidad en este proceso. La Contraloría también advirtió que existían varios vacíos en los requerimientos a los postores con respecto a los certificados de calidad del agua utilizada por los camiones cisternas.

Pese a que en este tipo de procesos se exige que se brinden precisiones para que los postores estén advertidos sobre el tipo de documentos que tienen que presentar, la Municipalidad de Lima no profundizó en los detalles sobre la cantidad de veces que se debían tomar estas muestras ni la procedencia del agua.


Aunque para el alcalde López Aliaga se deba calificar como traición a la patria las investigaciones periodísticas a la Municipalidad de Lima, casos como el expuesto en este informe dejan al descubierto que existen graves errores que ponen, merecidamente, a su administración bajo la lupa.

El Despacho Presidencial ha emitido órdenes de servicio por más ochocientos mil soles para diversos especialistas. Sin embargo, en la presidencia parecen no estar sacando provecho del trabajo que se paga con el dinero de los peruanos.

El gobierno de Dina Boluarte continúa en el ojo de la tormenta ante las deficientes gestiones de sus ministros para atender los problemas más importantes del país y algunos gastos que rozan la excentricidad. Aunque desde el Ejecutivo se opta por un discurso de victimización, la opinión pública ha permanecido indiferente ante estas excusas y ha dictado un veredicto muy severo sobre lo que les genera la actual conducción del país.

Pero estas críticas no sólo se limitan al desempeño de quienes tienen a su cargo el funcionamiento de los diversos ministerios. La figura de Dina Boluarte ha sido identificada no sólo como la máxima responsable de esta crisis sino como un personaje desafiante que encuentra comodidad al rodearse de funcionarios cuestionados y tomar decisiones que no reflejan las prioridades del país.

Sudaca ha podido revisar el entorno laboral de la mandataria y se ha encontrado una sorprendente cifra destinada a numerosos contratos de empleados que integran el despacho de Dina Boluarte y podrían haber evitado la actual crisis política o, al menos, ayudado a conducir los destinos del país sin tantos errores.

FILTROS DESACTIVADOS

En esta fallida gestión de la presienta han existido oportunidades de remediar todos los errores que se evidenciaron desde diciembre del año 2022. Sudaca ha podido encontrar una serie de trabajadores del Despacho Presidencial que podrían haber actuado como filtros en las decisiones que se tomaban desde la presidencia y ayudado a Dina Boluarte a evitar los errores más groseros de su gobierno.

Por ello sorprende encontrar que, durante el mes de abril, el Despacho Presidencial pagó una orden de servicio por el monto de veinticuatro mil soles a una persona cuyo trabajo se centraba en las contrataciones del Estado y por el cual se vienen emitiendo numerosas órdenes de servicios desde hace varios años.

Estas órdenes de servicio figuran a nombre de Antuhaned Erica Leandro Reyes y desde el mes de marzo del año 2023 ha trabajado para el Despacho Presidencial por lo que ha recibido un total de S/. 206,000 por desempeñarse como analista en contrataciones del Estado, servicio especializado en contrataciones públicas y asistencia en adquisiciones y contrataciones.

Pero Antuhaned Leandro Reyes no es la única persona que tiene este encargo. También desde el año 2023, Emerson Inca Huamán brinda un servicio especializado en procedimientos de selección y contrataciones del Estado por el cual ha facturado veintisiete mil soles durante el pasado mes de abril y un total de S/. 256,500 durante dos año.

Lucía Genoveva Alcántara Domínguez es otra de las trabajadoras que registra órdenes de servicio por una labor relacionada con las contrataciones del Estado por parte de la oficina presidencial. Desde el año 2024 hasta la fecha, Alcántara ha acumulado un total de S/. 64,000 por este trabajo.

Una cuarta persona en esta lista de expertos en contrataciones públicas es Sara Giuliana Lengua Huachua. En los últimos meses ha recibido órdenes de servicio por un total de sesenta mil soles por trabajos relacionados con las contrataciones públicas en el Despacho Presidencial.

LOS VIAJES DE DINA

Sin lugar a duda, los constantes pedidos de permiso de la presidenta Boluarte para viajar al extranjero llevaron a que el descontento con el gobierno aumente. Que estos pedidos ocurrieran en contextos críticos para el país e incluso, como lo expuso Sudaca en un informe reciente, que la mandataria incluya en la lista de viajeros cuyos gastos salen del erario público a personal que no era indispensable lograron exacerbar los ánimos todavía más.

Pero, además de estos gastos, la oficina de la presidenta ha contratado a una persona para que se encargue exclusivamente de gestionar los viáticos de los viajes presidenciales. El elegido para este encargo fue Edwin Oswaldo Mallqui Gamarra y en menos de un año ha recibido S/. 34,900 por ello.

Para cerrar esta lista de personas contratadas por el despacho de Dina Boluarte que debían ayudar a una buena gestión podemos encontrar, paradójicamente, órdenes de servicio por un trabajo especializado en presupuesto. Mientras en Palacio se despilfarran miles de soles de los peruanos en banquetes, una nutricionista y hasta viajes para el fotógrafo de la presidenta, su oficina ha gastado S/. 224,000 en un servicio especializado en la gestión, programación y seguimiento del presupuesto público.

Si bien la mayoría de estas órdenes de servicio corresponden a puestos de trabajo que son necesarios para el adecuado funcionamiento de un gobierno, el deficiente trabajo del Ejecutivo invita a creer que, una vez más, Dina Boluarte y quienes la rodean han decidido ignorar a quienes podrían ser una gran ayuda y seguir manejando el país de forma improvisada y usando el dinero público como un botín a despilfarrar hasta 2026.

El gobierno premia a un recién graduado con más de ochenta mil soles en contratos y un viaje junto a la presidenta Boluarte a Ecuador. Además, Sudaca descubrió que el responsable de la comunicación estratégica y manejo de crisis en un exdirector de un diario chicha.

En cada actividad oficial en la que exista la posibilidad de hablar ante un micrófono, los funcionarios del gobierno actual parecen haberse alineado detrás de un mensaje contundente que pretende convencer a la opinión pública que actualmente existe una especie de persecución mediática contra Dina Boluarte y sus ministros.

Sin embargo, pese a que estos funcionarios repiten dicho mensaje con mucha convicción, la información que se está conociendo sobre la manera en que el Ejecutivo elije sus prioridades expone una serie de situaciones que terminan por darle la razón a aquellos que cuestionan la capacidad de quienes hoy están al frente del gobierno.

En esta oportunidad, Sudaca pudo acceder a nuevos contratos que el gobierno viene pagando durante los últimos meses y que no reflejan que  se esté aplicando el “velamos permanentemente porque el gasto público se limite a lo estrictamente necesario” que señalan desde el Consejo de Ministros.

“LO ESTRICTAMENTE NECESARIO”

Aunque la versión oficial del gobierno niega rotundamente que se esté haciendo un mal uso del erario público, en la lista de pagos realizados por el Despacho Presidencial durante los últimos meses, y a la cual Sudaca tuvo acceso, se observa una realidad muy distinta a la que el Ejecutivo cuenta.

En abril de este año, esta oficina gubernamental gastó casi veinte mil soles en contratar a una persona que maneje drones. Según esta orden de servicio a nombre de Cristian Rodolfo Delgado Olea, el Despacho Presidencial de Dina Boluarte consideró que era estrictamente necesario que esta oficina cuente con fotografías y videos aéreos.

Sudaca pudo rastrear las órdenes de servicio entre el despacho de la mandataria con este proveedor y se encontró numerosos y elevados contratos que empezaron en mayo del año pasado. Desde esa fecha hasta la actualidad, las fotos y videos aéreos para Dina Boluarte han costado más de ochenta mil soles. Más precisamente, se trata de un gasto total de S/. 84,500 en tan sólo once meses.

 

VIAJE DE GRADUACIÓN

Pero la historia sobre este proveedor todavía se estaba por poner más interesante. En el siguiente documento que fue firmado por el canciller Elmer Schialler, el encargado de las fotos y videos aéreos para Boluarte fue incluido en la delegación que acompañó a la mandataria en su viaje a Ecuador.

 

 

Acorde a dicho documento, Delgado Olea pudo integrar esta delegación, y ser beneficiado con un viaje todo pagado al vecino país del norte para presenciar la toma de mando de Daniel Noboa, debido a que fue presentado bajo el cargo de comisionado de la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial. 

Por los costosos contratos que obtuvo y su inclusión en un viaje presidencial, más de uno podría creer que Delgado Olea es un experimentado profesional en el área de las comunicaciones. Sin embargo, la realidad es muy distinta. La información que existe sobre este personaje indica que a finales del 2024, año en el cual facturó más de cuarenta y cinco mil soles con la Presidencia del Consejo de Ministros, Delgado recién estaba terminando la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Tecnológica del Perú.

 

 

LA PRENSA QUE SÍ LE GUSTA A DINA

En esta larga lista de gastos hechos por el Despacho Presidencial también figura un personaje muy polémico. Su nombre es Eduardo Zenobio Toledo Alva y fue parte de una de los peores recuerdos en la prensa nacional. Décadas atrás, Toledo Alva ocupó el cargo de director del Diario Ajá y fue el responsable de numerosas portadas con titulares que destacaban por su vulgaridad, machismo o homofobia.

 

 

Incluso, como parte del sensacionalismo del medio, Eduardo Toledo Alva fue acusado por Lenith Meléndez Maldonado debido a que su cuestionado diario publicó fotografías de carácter pornográfico señalando que le pertenecían a ella pese a que esto era falso. 

A inicios del 2023, cuando el gobierno de Dina Boluarte realizaba sus primeros movimientos, Sudaca publicó un informe alertando sobre las nuevas incorporaciones que se hicieron en el Ministerio de Educación e incluían a Eduardo Zenobio Toledo Alva como el nuevo jefe de la oficina de prensa del ministerio que por aquel entonces tenía a Óscar Becerra como titular.

Poco más de dos años después, Toledo Alva logró un ascenso importante dentro del Ejecutivo y pasó de esa oficina del Ministerio de Educación a firmar contratos con el despacho de Dina Boluarte y, en lo que el transcurso del presente año, ha facturado la cifra de cuarenta mil soles.

No obstante, lo más paradójico de esto es que un personaje estrechamente vinculado a la prensa amarillista que no tenía reparos en utilizar calificativos denigrantes en contra de mujeres y minorías hoy está a cargo de las estrategias comunicacionales y manejo de crisis del gobierno peruano.

El último domingo, a raíz de la publicación de informes periodísticos, el Consejo de Ministros se pronunció rechazando de manera categórica cualquier insinuación de mal uso de fondos públicos. Sin embargo, los contratos que se han podido revisar demuestran que se utiliza el dinero de los peruanos, y en fuertes cantidades, para convocar a personajes que apenas están sumando experiencia en su carrera o se premian con cargos importantes a quienes han carecido de ética en el pasado.

Aunque las encuestas demuestran que el gobierno de Dina Boluarte merece una nota desaprobatoria, el despacho de la mandataria ha decidido premiar esos resultados contratándole una nutricionista, un exclusivo servicio de lavado para sus autos y hasta la renovación de los salones de Palacio de Gobierno.

“No trabajamos para las encuestas, para que nos pongan un veinte. No tenemos presupuesto para pagar ello”, fueron las palabras de la presidenta Dina Boluarte, durante una actividad oficial, en lo que representó un nuevo intento de poner en duda la validez de las encuestas que exponen el rotundo descontento que existe por parte del ciudadano de a pie con respecto al gobierno actual.

Pero en el Ejecutivo no sólo existe un discurso empecinado en negar que existe esta desaprobación. Aparentemente, en el gobierno están tan convencidos de estar llevando a cabo un buen trabajo que habrían decidido premiarse a ellos mismos con ciertos privilegios que, por supuesto, serán pagados con el dinero de todos los peruanos.

Sudaca pudo acceder a la extensa lista de gastos del Despacho Presidencial y encontró numerosos y elevados contratos que tienen como objetivo asegurarle a la presidenta Dina Boluarte, y a quienes la rodean, los mejores banquetes  y otras excentricidades hasta los últimos días de su mandato en 2026. 

PRESIDENCIA FITNESS

“Con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y postre” fue una de las expresiones de la presidenta Dina Boluarte que más enfurecieron a la población durante el año pasado. Sin embargo, este intento de apelar a la creatividad de los peruanos en la cocina para minimizar los problemas económicos no estaría acompañado de una política de austeridad en el gobierno a la hora de comer.

En los últimos días, una investigación periodística realizada por el programa “Ocurre Ahora” de ATV expuso que Inversiones Jeanbe, una empresa que fue contratada por el Despacho Presidencial para abastecer a la  Unidad Funcional de Alimentación, tenía registrado un domicilio que, sospechosamente, ningún vecino de la zona relacionaba con el nombre de dicho proveedor.

Pero esto no impidió que, en los últimos meses, Inversiones Jeanbe registre millonarios contratos con el Despacho Presidencial, como el que se puede apreciar en la siguiente imagen que les paga cien mil soles por suministrarle fruta a la oficina de la presidenta. Aunque el monto total de los contratos con esta empresa entre enero y abril es de casi seiscientos mil soles.

Cristian Rebosio

Sin embargo, en el Despacho Presidencial no sólo se han preocupado por estas millonarias compras de alimentos. Según pudo detectar Sudaca, la presidenta Boluarte, que con el escándalo de las cirugías demostró que le da una especial importancia a la apariencia, también cuenta con una nutricionista trabajando para su oficina. 

La siguiente imagen corresponde a una orden de servicio emitida por el Despacho Presidencial en marzo del año pasado a nombre de la nutricionista Sujeilly Lisseth Loo Palomarez por el monto de quince mil soles.

Dina Boluarte, Palacio de gobierno  

Estas órdenes de servicio han continuado a lo largo del presente año. En el mes de febrero, la oficina de Dina Boluarte le pagó a Loo Palomarez una suma de casi diez mil soles por el “servicio especializado de nutrición” y, durante el pasado mes de abril, la nutricionista de la mandataria obtuvo un nuevo contrato por quince mil soles.

Dina Boluarte, Palacio de gobierno

UN GOBIERNO DE LUJO

Pero, además, el gobierno de Dina Boluarte parece haber tomado la decisión de convertirse en un verdadero gobierno de lujo. Aunque, lamentablemente para los peruanos, ello no sería debido a la eficiencia de sus funcionarios sino a los lujos materiales que han decidido adquirir durante los últimos meses. 

En el mes de noviembre del año pasado, el despacho de la presidenta Boluarte consideró necesario adquirir nuevas cortinas para Palacio de Gobierno y, para ello, se emitió una orden de servicio por casi veintitrés mil soles. Pero, no conformes con ello, el mes pasado volvieron a comprar cortinas para renovar, una vez más, los salones protocolares de Palacio.

cristian Rebosio

Pero, no conformes con los gastos realizados en una nutricionista y renovación de los salones presidenciales, el despacho de la presidenta tampoco escatimó gastos al momento de ocuparse de los automóviles que acompañan a Dina Boluarte. Por ello, en el mes de abril han destinado dieciocho mil soles del erario público para que sus vehículos reciban un lavado ecológico. 

Dina Boluarte, Palacio de gobierno

La cereza del pastel en esta lista de excentricidades  por parte del gobierno se encuentra en el área de lavandería. En esta oportunidad, la oficina que atiende las necesidades de la presidenta parece haber pensado que no bastaba con los millonarios contratos por alimentos y una nutricionista sino se contaba con un comedor de lujo.

Por ello, durante el mes de abril, el despacho de Boluarte ha gastado un cifra de casi veinticinco mil soles en un servicio de lavandería. Pero cabe señalar que este monto no es para todos los gastos de lavandería que podrían requerir en Palacio de Gobierno sino que se limita al “lavado y planchado de manteles y prendas para el área de alimentación”.

Dina Boluarte, Palacio de gobierno  

Mientras el Ejecutivo en sus discursos apela a la victimización y fomentar todo tipo de teorías conspirativas para explicar los resultados de las encuestas, los números del propio despacho de la mandataria demuestran que no existe un interés real por convertirse en un gobierno que entiende las prioridades de un país en crisis sino que existe una necesidad de aprovechar cada privilegio que el cargo les otorga.

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Dina Boluarte, Palacio de Gobierno

Las primeras designaciones del ministro Carlos Malaver incluyen a un cuestionado juez aprista involucrado en el recordado caso de la Megacomisión y un ingeniero ambiental a cargo de las políticas de seguridad ciudadana.

La semana pasada, Carlos Alberto Malaver Odias se convirtió en el nuevo titular del Ministerio del Interior. Sobre los hombros de este oficial general en situación de retiro ha caído la compleja tarea de devolverle a los peruanos la tranquilidad que perdieron hace muchos meses producto de una incontrolable ola de delincuencia.

Sin embargo, los primeros movimientos en el Ministerio del Interior bajo su gestión empiezan a generar dudas con respecto al rumbo que tomará dicho ministerio e invitan a preguntarse si la llegada de este nuevo ministro puede representar la continuidad de los errores que se vieron durante el paso de Juan José Santiváñez por este cargo.

Sudaca ha revisado algunas de las primeras designaciones que se han realizado desde que Malaver Odias llegó al despacho ministerial y ha encontrado casos de personajes que estarán ingresando al Ministerio del Interior con un historial que llama la atención.

EL JUEZ APRISTA

El viernes 16 de mayo, apenas dos días después de iniciar sus labores como ministro del Interior, Carlos Malaver Odias tomó la decisión de desginar a Jesús Manuel Soller Rodríguez como presidente del Tribunal de Disciplina Policial. Este órgano, según explica en la propia página web del Mininter, “resuelve en segunda y definitiva instancia los procedimientos administrativos disciplinarios por la comisión de infracciones muy graves”. 

Cristian Rebosio 

Inicialmente, esta designación no había llamado la atención. Sin embargo, al revisar el historial de Soller Rodríguez se puede encontrar que estuvo involucrado en uno de los casos más cuestionados de la política peruana. Hace más de una década, Soller tuvo un papel protagónico en el caso de la Megacomisión que investigó al segundo gobierno de Alan García.

Por aquella época, García Pérez había recurrido a diversos recursos legales contra la Megacomisión y los informes que lo vinculaban con los varios casos escandalosos, como el de los narcoindultos. Pero es escándalo fue mayor cuando se descubrió que uno de los magistrados encargados de resolver estos recursos tenía una cercanía innegable con la agrupación política del exmandatario.

El personaje en cuestión era Jesús Manuel Soller Rodríguez. Según diversas investigaciones periodísticas que se dieron a conocer por aquellos años, Soller Rodríguez no sólo era cercano a García Pérez sino que, en 1970, se había inscrito como militante del Apra y existían numerosos registros que comprobaban esta cercanía.

Mininter, Santiváñez, Malaver, Apra

La proximidad entre el juez Soller y los apristas no sólo se limitaba a él. Sus tres hermanos y su esposa también estaban inscritos como militantes de este partido político. La siguiente imagen corresponde a Adán Filomeno Soller Rodríguez, uno de los hermanos del juez Jesús Manuel Soller Rodríguez, y se puede observar que se trataba de in militante inscrito y, al igual que él, también existen estos registros de sus otros dos hermanos, Segundo Filomeno Soller Rodríguez y Luis Felipe Soller Rodríguez, así como de su esposa Anita del Pilar Seminario Saravia.

Cristian Rebosio

Aunque Wilber Medina, abogado de García Pérez, negaba por aquel entonces estos vínculos entre el magistrado y los apristas, Ideeleradio dio a conocer que el expresidente también había sido padrino de la promoción del doctorado en Derecho que Soller Rodríguez llevó a cabo en la Universidad San Martín de Porres. Además, en marzo de 1990, García Pérez había nombrado a Soller Rodríguez como juez de primera instancia del 18° Juzgado Civil de Lima.

Cristian Rebosio

Pero pese a todos estos antecedentes que coparon las principales portadas de diarios y noticieros años atrás, durante sus primeras horas en el cargo, el nuevo ministro del Interior consideró que Soller Rodríguez era la persona idónea para designar como presidente del Tribunal de Disciplina Policial.

¿ERA LA MEJOR OPCIÓN?

Otra de estas extrañas designaciones se produjo este último martes. En la resolución ministerial a la que accedió Sudaca se pudo ver que Carlos Malaver eligió a un nuevo director de la Dirección de Ejecución de Políticas de Seguridad Ciudadana, un cargo que por el contexto que atraviesa el país resulta de suma importancia.

Cristian Rebosio

Por ello ha resultado más sorprendente encontrar que Eduardo Rubira Acosta, la persona seleccionada por el ministro Malaver, no es precisamente un experto en este rubro. Sudaca revisó su historial y pudo encontrar que Rubira Acosta no cuenta con experiencia en este sector sino que se trata de un ingeniero ambiental.

Cristian Rebosio

A esto se le suma que en el antecedente más reciente de Rubira Acosta fue como gerente de estudios de inversión para Essalud, un puesto y un sector que poco o nada tienen que ver con las políticas de seguridad ciudadana.

Cristian Rebosio

LA YAPA

Pero esto no es lo único que ha ocurrido en el Ministerio del Interior en los primero días de Carlos Malaver Odias como ministro. El mismo 14 de mayo, cuando Malaver iniciaba sus funciones, se dio a conocer una resolución que declaraba procedente la solicitud de defensa y asesoría legal que presentó Juan José Santiváñez. En otras palabras, el dinero para la defensa del exministro del Interior, el cual se encuentra investigado por un presunto tráfico de influencias, saldrá del erario público.

Cristian Rebosio

Además, en otra de esas sospechosas casualidades, la Secretaría General del Ministerio del Interior, la cual se encarga de declarar procedente estas solicitudes de defensa legal, ahora estará en manos de Erick Fernando Caso Giraldo, quien hasta hace poco ocupó el cargo de asesor de Juan José Santiváñez.

Mininter, Santiváñez, Malaver, Apra

El caótico presente que afronta el Perú en términos de seguridad demandaba cambios drásticos en este sector y una hoja de ruta clara. Sin embargo, estas primeras decisiones y designaciones no parecen cumplir con las expectativas que la mayoría de peruanos demandan del Ministerio del Interior.

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[INFORME] ¿UN EXMINISTRO A PRISIÓN?

Jorge Luis Chávez Cresta, quien fue ministro de Defensa durante el gobierno de Dina Boluarte, podría ser condenado luego de la acusación por violencia que le realizó su expareja. Sudaca accedió en exclusiva a los documentos que detallan este caso.

El gobierno de Dina Boluarte ha estado marcado por una interminable lista de funcionarios cuyo desempeño en sus respectivos cargos ha sido motivo de críticas razonables. Sin embargo, no sólo han sido cuestionables por su accionar en sus respectivos puestos sino que tampoco han faltado aquellos casos en los cuales sus vidas personales son motivo de escándalo.

Este ha sido el caso de Jorge Luis Chávez Cresta, quien entre 2022 y 2024 estuvo al frente del Ministerio de Defensa. Durante el 2024, el exministro se vio involucrado en un turbulento episodio con su expareja que derivó en una denuncia por ejercer violencia en su contra e incluso llegó a un intento de desalojo.

Sudaca ha accedido en exclusiva a los documentos que exponen la continuación de esta denuncia, los testimonios de ambas partes y la posible condena que podría recibir el exministro de Defensa.

EL EXMINISTRO DENUNCIADO

Las imágenes que Sudaca expondrá en este informe corresponden a la acusación fiscal que se realizó contra Jorge Luis Chávez Cresta en lo que ha sido catalogado como un caso de agresión en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar tras los episodios que el exminsitro vivió con Tamara Alexandra Gutiérrez Mendoza.

CRISTIAN REBOSIO

Según se relata, Gutiérrez Mendoza inició su relación con Chávez Cresta durante el año 2017 mientras ambos se encontraban en Arequipa. No obstante, desde el inicio de la relación, el exministro habría mostrado episodios de celos tanto con sus colegas del fuero militar como con el entorno laboral de su entonces pareja.

CRISTIAN REBOSIO

La versión de Tamara Gutiérrez explica que el quiebre de este vínculo ocurre en el año 2024, pero los cambios en la relación empezaron en 2023. Las consecuencias de estos cambios habrían impactado en la salud mental de Tamara, quien pese a solicitar ayuda no la recibió ante la negativa del ministro. Además, Gutiérrez detalla que dejó su puesto de trabajo para acompañarlo durante su nuevo puesto en el Ministerio de Defensa. 

CRISTIAN REBOSIO 

Gutiérrez Mendoza también detalla que no sólo dejó su trabajo y estudios para continuar con su relación con Chávez Cresta sino que también debió modificar su forma de vestir debido a que el exministro de Defensa le decía qué tipo de ropa no podía usar, los colores que debían predominar en sus prendas y hasta el tipo de peinado que debía llevar.

CRISTIAN REBOSIO

Pero el episodio que dio lugar a esta denuncia ocurrió en mayo del 2024. En aquella fecha, Chávez Cresta ingresó a la propiedad que la pareja compartía en el distrito de Chorrillos para retirar algunos objetos. Ante esta situación, Tamara se habría acercado al vehículo de su expareja para revisar si se estaba llevando alguno de sus objetos personales y fue en ese momento que el exministro le habría producido lesiones al subir la ventana de su auto mientras ella se encontraba apoyada en esta parte.

CRISTIAN REBOSIO

Acorde a la declaración indagatoria de Gutiérrez, durante el episodio en cuestión, el exministro no sólo se negó a mostrar los objetos que estaba retirando de la vivienda sino que incluso se habría burlado de quien fue su pareja luego que esta tropezara y cayera al piso durante este incidente.

CRISTIAN REBOSIO

Gutiérrez justifica su interés por revisar los objetos que quien fue su pareja retiró de la vivienda en aquel episodio alegando que, previamente, había desparecido su pasaporte, joyas y hasta su ropa. A ello, en la ampliación de declaración, agregó que, cuando se acercó al vehículo, Chávez Cresta enciende el motor y avanza en lo que ella interpreta como que “quería pasarme el carro encima”.

CRISTIAN REBOSIO

En la pericia psicológica, Tamara Gutiérrez cuenta que, durante su relación, Jorge Luis Chávez Cresta mostraba actitudes que se podrían interpretar como controladoras. En su relato señala que el exfuncionario cuestionaba su forma de vestir, le hacía video llamadas para supervisar sus actividades y se refería a ella con calificativos ofensivos con respecto a su cuerpo.

CRISTIAN REBOSIO

En su declaración, Chávez negó haber tenido el accionar violento que su expareja describe y, por el contrario, describe el episodio en cuestión de forma muy distinta. “Después que conversamos se retiró si ningún percance”, relata el extitular del sector Defensa.

CRISTIAN REBOSIO

En la nueva actualización de este caso, se ha conocido que el fiscal adjunto Juan Miguel Saavedra Ríos ha formulado la acusación contra Jorge Luis Chávez Cresta por este episodio de violencia y por el cual se ha solicitado que le impongan un año de pena privativa de la libertad efectiva.

 

EL ANTECEDENTE

Durante los primeros día del mes de enero de este año, Sudaca publicó un informe titulado CHAVEZ CRESTA: EXMINISTRO DE DINA BOLUARTE DESALOJA AGRESIVAMENTE A SU EXPAREJA, TAMARA GUTIERREZ EN OJOS DE LA POLICÍA NACIONAL en el cual se dan más detalles de esta relación y se exponen videos reveladores.

En este informe, Tamara Gutiérrez brinda alarmantes detalles que incluyen desde el asesinato de sus mascotas hasta mensajes con amenazas de números desconocidos. Aunque lo que más llama la atención es que Gutiérrez revela que padeció agresiones delante de miembros de la policía y que “la policía estuvo presente y no hizo nada”.

  CRISTIAN REBOSIO

Con las pruebas aportadas por ambas partes, el caso ahora está en manos de la justicia. Pero resulta innegable que tanto el gobierno de Dina Boluarte como el de Pedro Castillo, que tuvieron a Chávez Cresta como ministro, no tomaron las previsiones necesarias al revisar el perfil de funcionarios que elegían para que los acompañen. 

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Dina Boluarte, Jorge Chávez Cresta, Ministerio de Defensa, Pedro Castillo

Empresas de seguridad con deudas con SUNAT, sanciones e irregularidades en su formación integran un consorcio que está obteniendo contratos millonarios con el Estado que incluso les aseguran ganancias hasta el año 2028.

En el último informe publicado por Sudaca con el título LOS ENGREIDOS NÚMERO UNO este medio les presentó la historia del Consorcio Morgan del Oriente S.A.C. – Arsenal Security S.A.C. y sus millonarios contratos con el Ministerio de Cultura pese a que en su historial se encontraban serias irregularidades, como el haber brindado un servicio de seguridad privada con la licencia para portación de armas vencida, y un sinnúmero de datos extraños en la formación de las empresas que integran este consorcio, como que el gerente general de Morgan del Oriente S.A.C. era un vigilante que desconocía que lo habían colocado en dicho puesto.

Según la información disponible en el portal de Transparencia Económica, el Consorcio Morgan del Oriente S.A.C. – Arsenal Security S.A.C. como tal ha logrado facturar más de ciento sesenta millones de soles en contratos con diversos ministerios entre los años 2020 y 2025. Aunque, tal como se aprecia en la siguiente imagen, los años 2023 y 2024 han sido los que más ingresos han reportado para estas empresas de seguridad. 

Andres Hurtado 

Sin embargo, pese a que las circunstancias extrañas y hasta sanciones que han rodeado a estas empresas se han hecho de conocimiento público, el futuro de quienes integraron este consorcio estaría asegurado hasta, por lo menos, el año 2028. Sudaca pudo acceder a los contratos millonarios que han logrado Morgan del Oriente S.A.C. y Arsenal Security S.A.C. que no sólo los convierten en los engreídos número uno, como los llamaba Andrés Hurtado, sino en los engreídos del futuro.

FUTURO SEGURO

Luego de los millonarios montos que se adjudicaron bajo el rótulo de Consorcio Morgan del Oriente S.A.C. – Arsenal Security S.A.C., estas empresas se han asegurado un futuro económico envidiable. Sin embargo, esta vez decidieron hacerlo bajo el nombre de otro consorcio. En esta oportunidad, Morgan del Oriente S.A.C.  y Arsenal Security S.A.C. se unieron a Creta Security S.A.C. para formar el Consorcio Creta.

Los engreídos del futuro

Si bien pareciera que tanto Morgan del Oriente S.A.C.  como Arsenal Security S.A.C. tienen una participación reducida, los cambios no son tan drásticos como parecen. Esto debido a que la empresa con mayor porcentaje en este consorcio, Creta Secutiry, sigue perteneciendo a la familia Trisolini.

Mientras que Carlos Trisolini Tueros aparecía como el fundador de Morgan del Oriente, Creta Security tiene a Giancarlo Domenico Trisolini Torres como socio, representante y gerente general.

Los engreídos del futuro

Pero tal parece que Trisolini Torres también ha logrado un rápido éxito en las contrataciones con el Estado. El pasado mes de abril, el Consorcio Creta obtuvo un contrato de más que veintiséis millones de soles con la Central de Compras Públicas, un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, y que estará vigente hasta el año 2028.

Andres Hurtado

La insólita prosperidad del Consorcio Creta es tal que, el mismo miércoles 15 de abril que firmó el contrato anterior, este consorcio logró un segundo contrato con la Central de Compras Públicas por un servicio de vigilancia que costará más de siete millones de soles y también durará hasta el mes de abril del año 2028.

Chibolin

Abril del 2025 cerró de la manera inmejorable para el Consorcio Creta. El pasado 11 de abril dicho consorcio de empresas de seguridad fue contratado por el Banco Central de Reserva del Perú por el periodo de un año para brindar un servicio de vigilancia y protección. Por este trabajo, la empresa de Trisolini recibiría más de nueve millones de soles.

Andres Hurtado

Pero estos contratos a largo plazo están ocurrieron desde hace mucho tiempo atrás. En el mes de agosto del 2024, el Consorcio Creta logró un importante contrato que tendrá duración hasta el año 2027 para brindar un servicio de seguridad y vigilancia con Essalud y por lo cual cobraría casi veinte millones de soles.

Los engreídos del futuro

DE VIGILANTE A GERENTE

En el informe anterior, Sudaca citó la investigación llevada a cabo por la periodista Stefanie Medina del programa Contracorriente en la cual se detallaba que la empresa Morgan del Oriente S.A.C. había colocado como gerente general a uno de sus vigilantes y, encima, este ni estaba advertido del cargo que ostentaba.

Sudaca ha podido encontrar dos situaciones muy similares en otros de los consorcios que involucran a estas empresas. La siguiente imagen pertenece a una orden de servicio con la Sunat de Tacna que estará vigente hasta el año 2028 y es por un monto que supera los veintitrés millones de soles.

 Andres Hurtado

Si bien los nombres Morgan del Oriente S.A.C. y Arsenal Security S.A.C. son familiares, en esa imagen se puede observar un nuevo integrante que, además, le da nombre a este nuevo consorcio. Binacional Empresa de Seguridad es este nuevo invitado a estos millonarios contratos con el Estado que, con este nuevo consorcio, superan los ochenta y seis millones de soles en total. Según la información disponible sobre Binacional Empresa de Seguridad, quien ha sido registrado como su gerente general y representante es Jesús Alberto Asca Castrejon. 

 Cristian Rebosio

Al investigar el historial de Asca Castrejon se puede encontrar una sorprendente coincidencia entre la historia de Morgan del Oriente y Binacional Empresa de Seguridad. Sudaca pudo acceder a un informe de Osiptel, quienes habían firmado un contrato con el  Consorcio Morgan del Oriente S.A.C. – Creta Security S.A.C. en enero del 2024, en el cual figuraba el nombre de Jesús Alberto Asca Castrejon.

En el mencionado informe, Asca Castrejon no es mencionado como gerente general ni represente de una empresa. En dicho informe que data del año pasado, Asca es mencionado como una de las personas que realizaba el servicio de vigilancia y, por lo tanto, era sólo un empleado del consorcio integrado por Morgan del Oriente y Creta Security que pasó en poco tiempo a ser gerente general y representante de una nueva empresa de seguridad privada.

 Andres Hurtado

Arsenal Security S.A.C. es otro de los integrantes de estos consorcios beneficiados que tiene registrados en cargos importantes a personajes muy peculiares. Según la información que el Estado dispone de este proveedor, Jhosely Vivanco Serna es la socia o accionista de esta empresa.

No obstante, esta persona señala en su perfil del sitio web LinkedIn que es una contadora pública que sólo ocupó el cargo de asistente contable de la empresa Morgan del Oriente y esto ocurrió hace más de una década.

 Andres Hurtado

¿Cómo estas empresas con evidentes irregularidades han logrado seguir obteniendo contratos millonarios con el Estado? ¿cómo una empresa que apenas cuenta con una modesta oficina en Chorrillos logró que un personaje público y con influencias de peso, como Andrés Hurtado, le ponga tanto empeño a respaldar sus contratos con EsSalud? Estas son las preguntas que quedan en el aire luego de conocer la historia de estas empresas y los consorcios que hoy son los engreídos número uno de diferentes entidades del Estado y, con contratos por varios años más, también se han asegurado ser los engreídos del futuro. 

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El Ministerio de Cultura ha firmado millonarios contratos con una cuestionada empresa de seguridad privada que en el pasado fue contratada pese a no tener licencia para portar armas, acumuló una considerable deuda con la Sunat y tenía una sospechosa cercanía con Andrés Hurtado.

[INFORME] Pese a los incontables esfuerzos de la presidenta Dina Boluarte y sus ministros por armar discursos que describen un Perú próspero y colocan al gobierno como una víctima de los medios de comunicación, para la mayoría de peruanos está fuera de discusión que los integrantes del Ejecutivo están conduciendo al país a una grave crisis.

Este panorama desolador, que tampoco invita a creer en un cambio de rumbo en el corto plazo, ha mostrado su peor cara en sectores como salud, seguridad y educación. Sin embargo, el accionar errático del gobierno también está golpeando sectores que son menos mediáticos pero no por eso menos importantes. 

En esta oportunidad, Sudaca ha encontrado situaciones extrañas que comprometen las contrataciones efectuadas en el Ministerio de Cultura, el cual comanda Fabricio Alfredo Valencia Gibaja, por un monto que supera los trece millones de soles y, además, involucra a un cuestionado personaje de la farándula nacional.

¿CÓMO NO LO VIERON?

El protagonista de esta nueva historia que compromete a varios ministerios es el Consorcio Morgan del Oriente S.A.C. – Arsenal Security S.A.C. que en el mes de enero registró una orden de servicio con el Ministerio de Cultura por lo que fue consignado como un “servicio de seguridad y vigilancia” y para lo cual se destinó un monto superior a los treinta y dos mil soles.

Cristian Rebosio

Los servicios de este consorcio integrado por dos empresas dedicadas a la seguridad volvieron a ser requeridos por el Ministerio de Cultura. Sin embargo, en el mes de marzo, se observó un aumento notorio. Esta nueva orden de servicio fue por el monto de S/. 327,359.79 y con ello, en lo que corresponde al año 2025, este consorcio acumuló un total de S/. 1,260,807.82 sólo con el sector cultura. 

Cristian Rebosio

No obstante, el vínculo entre el Ministerio de Cultura y el  Consorcio Morgan del Oriente S.A.C. – Arsenal Security S.A.C. se remonta hasta el año 2023 y, si se tienen en cuenta los contratos entre estas empresas y el ministerio el cuestión durante este periodo, la cantidad de dinero que se invirtió en este servicio alcanza la cuantiosa cifra de S/. 13,442,633.04.

Aunque estos montos llaman la atención, existen varios capítulos en la historia de las contrataciones de este consorcio que resultan todavía más sorprendentes y que el Ministerio de Cultura no vio o no quiso ver antes de contratarlos. Para ello es preciso remontarse al año 2023. En septiembre de dicho año, el Ministerio Público le había otorgado la buena pro al consorcio integrado por Morgan del Oriente S.A.C. y Arsenal Security S.A.C. para que les brinden servicio de seguridad con armas.

Pero hubo un detalle que se habría pasado por alto en este proceso. Tal como lo informó el diario Expreso en el año 2023, tanto Morgan del Oriente S.A.C. como Arsenal Security S.A.C. no contaban con licencias vigentes que emite la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil (SUCAMEC) para portar y usar armas. Pese a ello, el consorcio recibió la buena pro por un monto que superaba los cuarenta y dos millones de soles.

Cristian Rebosio

OTRA VEZ CHIBOLÍN

El siguiente capítulo en la historia del Consorcio Morgan del Oriente S.A.C. – Arsenal Security S.A.C. tiene como uno de sus protagonistas al conductor de televisión Andrés Hurtado, quien actualmente se encuentra privado de su libertad luego de verse involucrado en un caso de tráfico de influencias.

Quien se hizo famoso en los medios décadas atrás con el apodo de “Chibolín” también se ha visto inmerso en esta historia que involucra al Estado y sus contratos con estas empresas de seguridad privada. En octubre del año pasado, el dominical “Contracorriente” dio a conocer que Hurtado promocionaba en numerosos videos a la empresa  Morgan del Oriente S.A.C. y los calificaba como “los engreídos número uno” mientras estos le brindaban servicio a ESSALUD.

Cristian Rebosio

En el informe realizado por la periodista Stefanie Medina también se da a conocer una extraña coincidencia. Apenas diez días después de la detención de Andrés Hurtado, la empresa Morgan del Oriente S.A.C. se dio de baja en la Sunat, aunque sus oficinas siguieron funcionado y, como parte de otro consorcio que también integraba junto a Arsenal Security S.A.C., seguía firmando millonarios contratos con ESSALUD.

Entre las otras situaciones extrañas expuestas por el dominical de Willax se pudo conocer que Morgan del Oriente S.A.C. había colocado como gerente general a uno de sus vigilantes que, además, no estaba enterado del cargo que ocupaba. A ello se le sumaba que, pese a los contratos que habían conseguido, la empresa que tenía a Carlos Trisolini como dueño acumulaba más de cien millones de soles de deuda con la Sunat y contaba con sanciones impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Sudaca pudo revisar la información que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) actualizó en este mes de mayo y se encontró que bajo la denominación de Consorcio Morgan del Oriente S.A.C. – Arsenal Security S.A.C. se arrastra una deuda por S/. 5,678,987 y el Consorcio Creta, que incluye a estas mismas empresas, también registra una deuda de más de sesenta mil soles.

Cristian Rebosio

Además, pese a la exposición mediática de la situación de este consorcio y sus integrantes, los millonarios contratos no se han terminado. Un ejemplo de ello se observa en el caso del Consorcio Creta, que incluye a Morgan del Oriente S.A.C. – Arsenal Security S.A.C., que entre 2024 y este 2025 ha recibido más de 29 millones de soles.

Con estos antecedentes que datan desde hace varios años, resulta difícil entender que en el Ministerio de Cultura no se hayan percatado de las evidentes irregularidades en las que se vieron involucradas estas empresas de seguridad que integran el consorcio al cual ahora le pagan contratos millonarios. 

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El Congreso decidió iniciar el año 2025 llevando a cabo una renovación de oficinas. Sudaca ha podido encontrar que, entre sillas, escritorios y equipos de aire acondicionado, el Legislativo ha gastado casi setecientos mil soles.

En las oficinas del Congreso se viene llevando a cabo una verdadera renovación. Pero no, no es el tipo de renovación que demanda la mayoría de peruanos producto del hartazgo generado por los actuales inquilinos del palacio legislativo. Por el contrario, lo que está ocurriendo en la sede parlamentaria podría ser incluido en la lista de razones que explican los altos porcentajes de desaprobación.

Mientras que la mayoría de peruanos intentan entender la razón por la cual en el hemiciclo se observa una postura indulgente y hasta cómplice ante las claras muestras de incompetencia por parte del gobierno de Dina Boluarte, en el Congreso están enfocados en transitar el año y pocos meses que les quedan en el cargo de la manera más cómoda posible.

Sudaca ha podido conocer los detalles de las nuevas adquisiciones hechas por el Legislativo para llegar al 2026 en un ambiente de absoluta comodidad. Luego de recibir un mayor presupuesto para este año, en el Congreso decidieron gastar una buena parte de ese monto para renovar sus oficinas, un proceso que además parece interminable.

HAY QUE ESTAR EN SU LUGAR

Para la mayoría de peruanos, los congresistas son funcionarios con inmerecidos privilegios y ellos están determinados en demostrar que es así. Sudaca ha detectado una larga y costosa lista de gastos reportados por el Legislativo durante varios meses que no tienen otra finalidad que darles más comodidades a los padres de la patria.

En esta lista uno de los nombres que llama la atención es el de Orihuela industrias del Mueble, una empresa dedicada a la venta de mobiliario para oficinas y casas. Hasta antes de febrero de este año, el Congreso había gastado el monto de S/ 72,560 en la adquisición de muebles para llevar a cabo una renovación en sus diversas oficinas. 

Cristian Rebosio

En el segundo mes del año que estamos transitando se realizaron nuevas compras a esta empresa por casi dieciséis mil soles. Pero, no conformes con ello, durante el mes de abril volvieron a necesitar de los productos que les ofrecía este proveedor e invirtieron más de trece mil soles en un nuevo proceso de compras.

Cristian Rebosio

Sin embargo, para quienes manejan el Legislativo, una cifra que en total superaba los cien mil soles no era suficiente para la renovación que buscaban en el Congreso. Por eso, la búsqueda de nuevo mobiliario los condujo a la Corporación Peruana de Mobiliario (COPEMO) en donde hasta inicios del 2025 se gastaron más de cuarenta mil soles en compras, más precisamente S/ 40,800.

Critian Rebosio 

Al igual que ocurrió en el caso de Orihuela industrias del Mueble, una sola visita a COPEMO en el año no fue suficiente y, por lo tanto, el pasado mes de abril volverían a darse una vuelta a ver los productos que ofrecía la Corporación Peruana de Mobiliario. En esta nueva oportunidad serían S/ 18,060 el total utilizado en las nuevas adquisiciones.

Cristian Rebosio

Pese a esta cuantiosa inversión, en el Congreso todavía estaban insatisfechos. Por este motivo, Servimuebles Camil apareció como otra tienda para continuar con la renovación de las oficinas en las cuales los congresistas y sus asesores llevan a cabo sus labores diarias. En este lugar se desembolsaron más de treinta mil soles sólo durante el mes de marzo. 

Cristian Rebosio

Aunque la verdadera sorpresa llegaría al revisar los gastos que se registraron durante los años anteriores y que superan largamente los trescientos mil soles. Desde 2022 hasta 2024, el Congreso de la República ha gastado S/ 355,505 en las compras realizadas en Servimuebles Camil.

Cristian Rebosio

A esta lista se le agregan más de veintisiete mil soles que corresponden a sillas giratorias que el Congreso le compró a Red Importex en el mes de marzo y cerca de diez mil soles más por la adquisición de sillas ergonómicas a los proveedores Mundo Arquitectura y Servicios e Importaciones Haulson.

Cristian Rebosio

NUEVOS AIRES EN EL CONGRESO

No obstante, sillas y escritorios no son lo único en lo que se ha gastado. Para combatir el calor de manera eficiente, el Legislativo también ha considerado necesario renovar el aire acondicionado y por ello recurrió a Mora Perú Corporation, una empresa que se dedica a la venta de equipos de aire acondicionado. 

Cristian Rebosio

Aunque el Congreso no ha podido colaborar en la lucha contra la delincuencia, tal parece que sí ha podido obtener resultados en la lucha contra las inclementes temperaturas del verano y para ello han destinado más de cien mil soles del presupuesto asignado para el 2025 para la compra de nuevos equipos de aire acondicionado.

Cristian Rebosio

En los casos puntuales que pudo revisar Sudaca, el monto acumulado es de casi setecientos mil soles. Si bien es comprensible que las oficinas del Congreso, como las de cualquier empresa, requieren mantenerse en buenas condiciones, resulta llamativo que el proceso de compras para esta renovación de mobiliario se repita durante varios meses y con costos cada vez más altos.

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