[INFORME] Congresistas continúan utilizando recursos públicos para contratar a personas vinculadas con sus aportes de campaña. Un diputado de Renovación Popular contrató al hijo de un matrimonio que aportó diez mil soles para su candidatura, mientras que un senador le dio trabajo a casi todos los que aportaron en su campaña.

Aunque apenas han transcurrido menos de tres meses desde el inicio del actual periodo parlamentario, el porcentaje de peruanos que desaprueba la labor de los senadores y diputados empieza a incrementarse de manera contundente, tal como lo reflejó una medición realizada por Datum Internacional en el mes de septiembre.

Si bien quienes ocuparon el hemiciclo durante los últimos cinco años lograron que la imagen del Legislativo sufra un daño difícil de reparar en el corto plazo, los nuevos padres de la patria no parecen ser víctimas de esta desagradable herencia y, por el contrario, están contribuyendo para que la opinión pública continúe mirando con desconfianza a sus representantes.

Prueba de ello es lo que se ha visto durante las últimas semanas con diversos informes periodísticos que expusieron los nombres de numerosos integrantes de las cámaras de senadores y diputados que contrataron a quienes fueron aportantes en sus campañas para que trabajen en sus despachos y reciban elevados sueldos que salen de los recursos públicos.

En esta oportunidad, Sudaca descubrió lo que podría interpretarse como una estrategia que habría servido para despistar y que le permitió a un miembro de la cámara de diputados contratar a una persona que estuvo estrechamente vinculada con un generoso aporte a su candidatura sin que su nombre figure en el documentos presentados a la ONPE.

ESFUERZO EN FAMILIA

Diego Alonso Fernando Bazán Calderón es uno de los parlamentarios que lograron convencer al electorado que merecían una nueva oportunidad en el Congreso de la República. Su perfil bajo durante los últimos cinco años sumado a su juventud le permitieron ganarse el respaldo en las urnas para representar a la región La Libertad.

Sin embargo, aunque sus treinta y cinco años pueden invitar a creer que representa una renovación política, el diputado Bazán parece haber sido contagiado por aquellas viejas costumbres de aquellos que ven la política como una puerta para beneficiar a sus conocidos o devolver favores.

Para afrontar la campaña que le permitió asegurarse un lugar en el Congreso, el diputado de Renovación Popular logró acumular cerca de cincuenta y cuatro mil soles en aportes, tal como él mismo se lo reveló a la Oficina Nacional de Procesos Electorales en su primera entrega de información financiera correspondiente a la campaña electoral.

Como se pudo apreciar en la imagen anterior, el propio Bazán Calderón, con más de treinta mil soles, fue su principal aportante. Pero en esta corta lista también resaltan dos aportes por la misma cantidad. Se trata del matrimonio Arteaga Varas, compuesto por Luis Arteaga Sánchez y Rosa Varas, quienes aportaron un total de diez mil soles para que Diego Bazán pueda dar a conocer su candidatura en la región.

A diferencia de lo ocurrido con los aportantes de otros senadores y diputados, esta pareja no encontró trabajo en el despacho del candidato al que apoyaron con diez mil soles. Pero la suerte fue distinta para un integrante de esta familia, más precisamente para el hijo de este matrimonio.

Tras el esfuerzo económico hecho por esta familia para aportarle un total de diez mil soles a la candidatura de Diego Bazán Calderón, el diputado de Renovación Popular no tardó en contratar a Luis Arteaga Varas, hijo del matrimonio responsable de este generoso aporte, para que trabaje como técnico en su despacho con un sueldo que supera los ocho mil soles.

TODO A BORDO

Pero así como algunos integrantes del Congreso aprovechan los puestos disponibles para contratar a familiares de sus aportantes, otros parecen ser menos discretos y contratan a casi todos los que aportaron para sus campañas. Este sería el caso de Miguel Ángel Velásquez García, senador que representa a los peruanos en el extranjero.

Según la información que el entonces candidato de Renovación Popular entregó a la ONPE a finales del mes de marzo, su candidatura contó con apenas cinco aportantes entre los cuales se encontraban él mismo y un familiar. Pero la atención en este caso se centra en los otros tres nombres.

Acorde a lo declarado por el propio senador que representa a los peruanos en el extranjero, uno de sus aportantes fue Kevin Escobar Yaques y dicho aporte ayudó a difundir la candidatura de Velásquez en redes sociales. El resultado de este apoyo terminó con Escobar Yaques contratado para desempeñarse como técnico en el despacho de Velásquez.

Una historia similar es la de Rodrigo Taipe Paredes. En los documentos que tiene en su poder la ONPE se señala que el aporte de Taipe a la campaña del senador Velásquez ayudó a la elaboración y edición de sus videos de campaña. Como en el caso anterior, Rodrigo Taipe terminó siendo contratado como técnico en el despacho de Velásquez García.

Pero Miguel Velásquez no iba a dejar apartado a nadie. Por ello Luis Serpa Tone, quien ayudó a volantear durante la época de campaña, fue contratado para que trabaje como auxiliar en la oficina del senador de Renovación Popular con un salario de casi cuatro mil soles mensuales que serán pagados con fondos públicos.

Mientras algunos congresistas continúan culpando a la prensa por la mala imagen del Legislativo y otros incluso alegan que la desaprobación se debe a que la ciudadanía desconoce su labor, estos casos en los que parece haber sido prioridad devolver favores a sus aportantes de campaña demuestran que son las acciones de los propios senadores y diputados las que incrementan ese porcentaje de desaprobación.

[INFORME] Una inesperada decisión de la gestión de Renzo Reggiardo avaló que la Municipalidad de Lima destine varios millones de soles para que los principales medios del país muestren las obras de Renovación Popular. Las sorpresivas contrataciones ocurrieron, coincidentemente, a pocas semanas de las elecciones municipales.

“La prensa no nos cubre porque no pago mermelada”, declaraba un indignado Rafael López Aliaga en julio del año pasado. Esta postura no era una novedad, su relación con los medios de comunicación, al menos desde que refundó su partido como Renovación Popular, se caracterizó por ser distante y estuvo marcada por los constantes ataques del exburgomaestre limeño ante el cualquier pregunta incómoda o crítica a su gestión.

Pero las relaciones no suelen permanecer inmutables y mucho menos cuando en el horizonte se avecina un año electoral. Lo que parecía un vínculo irreparable, por decisión del fundador de Renovación Popular, tomó un rumbo distinto, casualmente, a puertas de una nueva contienda electoral que tiene a López Aliaga como uno de sus protagonistas.

Sudaca revisó documentos de la Municipalidad de Lima que exponen un inesperado y sospechoso interés por parte de la gestión celeste en destinar una considerable suma de dinero proveniente del presupuesto municipal para que los medios de comunicación le den visibilidad a sus acciones.

DEL ODIO AL AMOR

En numerosas oportunidades, como en la entrevista mostrada anteriormente, Rafael López Aliaga manifestó su contundente repudio al uso de dinero público para publicidad estatal y, tanto él como los integrantes de su partido, no dudaron en señalar que esto era una práctica para que los medios tengan una mirada favorable sobre ciertos personajes. La postura de Renovación Popular incluso llevó a que pongan en debate la posible eliminación de la franja electoral.

Sin embargo, este desprecio a los medios y el uso de dinero del Estado para campañas que son difundidas en televisión, radio y periódicos parece haber cambiado y esta inédita resolución de gerencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima publicada el pasado 10 de julio sería una prueba de ello.

Dicha resolución  comunicaba que se había aprobado el plan de estrategia publicitaria de la Municipalidad de Lima. Sudaca pudo revisar el mencionado plan y entre los objetivos de la campaña que han creado, para la que estimaron destinar más de cuatro millones de soles, señalan que “existe la necesidad de fortalecer la percepción de presencia de la autoridad municipal” y “visibilizar de manera permanente los resultados” de las acciones desarrolladas por la Municipalidad de Lima, algo que años anteriores no les había interesado.

¿FRANJA ELECTORAL ENCUBIERTA?

Sudaca también tuvo acceso a los requerimientos enviados a los medios elegidos en los que, una vez más, queda claro que la Municipalidad de Lima busca, a pocas semanas de las elecciones municipales, presumir ante la ciudadanía lo que la gestión celeste considera como sus principales logros. En este documento se señala que la finalidad es “informar a la ciudadanía” sobre “servicios, programas y disposiciones” que implementa la municipalidad.

Inesperadamente, la Municipalidad de Lima pasó de repudiar la publicidad estatal a comprar espacios publicitarios en seis medios de comunicación, que incluyen radio y televisión, como parte de una estrategia que implica desembolsar un total de cuatro millones cuatrocientos mil soles del presupuesto limeño. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, varios de los medios considerados para esta campaña son los que el propio López Aliaga como sus seguidores cuestionaban por recibir publicidad estatal contratadas por otras gestiones.

Si bien el despacho municipal quedó en manos de Renzo Reggiardo tras la renuncia al cargo de Rafael López Aliaga, el exteniente alcalde de Renovación Popular se ha visto involucrado en distintas acciones que evidencian su interés por poner los recursos municipales al servicio de su líder político.

Un ejemplo de este tipo de conductas se pudo observar en el contexto de las elecciones presidenciales de este año. En aquella oportunidad, Reggiardo Barreto destinó su tiempo y los recursos de la Municipalidad de Lima para respaldar la narrativa fraudista con la que López Aliaga intentó presionar a los organismos electorales y causar zozobra en la población.

Las elecciones suelen ser un periodo en el cual se hacen concesiones y se ven candidatos flexibilizando posturas. Sin embargo, en el caso de Renovación Popular el cambio no podría haber sido más drástico al pasar de repudiar todo tipo de publicidad estatal a habilitar entre gallos y medianoche lo que, usando las palabras del propio López Aliaga, se podría denominar como mermelada municipal.

[INFORME] Dos años después del asesinato de Santiago Guardamino, la justicia sigue sin dar respuestas y en su familia crece la desconfianza al tener en cuenta que la justicia fue influenciada en otro caso que involucra a la comunidad campesina que tenía como presidente a Guardamino.

Han transcurrido más de dos años del violento asesinato del líder comunal Santiago Guardamino y, hasta la fecha, este caso está lejos de llegar a su final. Una serie de decisiones incomprensibles por parte de la justicia peruana han impedido que tanto la familia como los integrantes de la Comunidad Campesina de Quipán encuentren consuelo viendo que los responsables pagarán por este crimen.

El desinterés por realizar las pericias correspondientes a los teléfonos que le pertenecían a Guardamino y que la familia avisó que contenían amenazas impulsaron una sensación de desconfianza. “Estamos muy decepcionados, porque prácticamente la justicia se dejó comprar”, declaró Maribel Guardamino, viuda de Santiago, en una de las oportunidades que se comunicó con la prensa.

Pero esta decepción que la familia Guardamino y los miembros de la Comunidad Campesina de Quipán sienten ante el accionar de la justicia también se ha visto potenciada por situaciones que ocurrieron en el pasado. Sudaca pudo recopilar información sobre un escandaloso caso que involucra a la comunidad que tenía a Santiago Guardamino como presidente en el momento de su muerte.

EL PRECIO DE LA JUSTICIA

Como se recuerda, la llegada de Santiago Guardamino a la presidencia de la Comunidad Campesina de Quipán se produjo en situaciones muy complejas. Su predecesor, Abel Mosquera Ortiz, había vendido tierras comunales con una extensión de diez mil hectáreas usando documentos falsificados.

El comprador de estas tierras fue Industrias Argüelles, una importante empresa que tenía en sus planes utilizar esas diez mil hectáreas en un relleno sanitario. Las circunstancias en que se produjo esta cuestionada venta causaron mayor indignación al conocerse que el monto que la reconocida empresa pagó fue un monto muy inferior al que correspondía por un terreno de diez mil hectáreas.

Esta historia no tardaría en terminar ante la justicia y fue en ese momento cuando la Comunidad Campesina de Quipán presenció el poder de uno de los involucrados. La resolución de este caso quedó en manos de Roxana Becerra Urbina, pero esta magistrada no tenía como prioridad ayudar a que prevalezca la justicia.

Tal como quedó expuesto como resultado del seguimiento realizado por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), el poder de Aniceto Argüelles, fundador de Industrias Argüelles, terminó influyendo en la magistrada que, tras numerosas reuniones, aceptó recibir un soborno de más de medio millón de soles.

Esta repudiable intromisión en el accionar de una magistrada por parte de uno de los involucrados en la venta fraudulenta de las diez mil hectáreas llevó a que exista una profunda desconfianza con respecto a si existe un verdadero interés por descubrir a los responsables del asesinato de Santiago Guardamino y más si se tiene en cuenta que su muerte se produjo cuando estaba por firmar un acuerdo que le permitiría a la Comunidad Campesina de Quipán dar un importante paso en la recuperación de sus tierras.

[INFORME] Entre los aportantes a la campaña de Elmer Cáceres Llica para el Gobierno Regional de Arequipa se encontró a un funcionario del Instituto Municipal de Planeamiento de Arequipa que, acorde a un informe de la Contraloría, recibió doble sueldo durante varios meses.

En menos de una semana, los peruanos acudirán a las urnas por tercera vez en lo que va del año 2026. En esta oportunidad, las elecciones municipales y regionales  convocarán al electorado nacional para elegir a quienes estarán al frente de municipalidades y gobiernos regionales durante el periodo 2027 – 2030.

Pero, como en toda elección, nunca faltan los candidatos que, además de promesas, cargan encima numerosas polémicas, nuevas y antiguas. Este es el caso de Elmer Cáceres Llica, quien intentará llegar por segunda vez al Gobierno Regional de Arequipa de la mano de Alianza Para el Progreso.

Sudaca pudo revisar los documentos que el candidato del partido de César Acuña presentó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y encontró que uno de los aportantes a su campaña, que hoy lo tiene como uno de los favoritos, estuvo involucrado en un cuestionado caso en Arequipa.

OTRO ESCÁNDALO PARA CÁCERES

Para Elmer Cáceres Llica los escándalos no son ajenos a su trayectoria política. El actual candidato al Gobierno Regional de Arequipa se ha encontrado en el centro de las polémicas en más de una oportunidad y no precisamente debido a la estrategia de algún adversario, sino por sus propias acciones y palabras. Un ejemplo de ello fue la oportunidad en que, siendo gobernador, llegó a retar al entonces presidente Martín Vizcarra a una pelea a golpes.

Pero en esta oportunidad quien ha vinculado a su candidatura con un polémico caso es uno de sus aportantes. Semanas atrás, el medio regional Revelación.pe dio a conocer que un funcionario del Instituto Municipal de Planeamiento de Arequipa estuvo recibiendo dos sueldos al mismo tiempo.

Sudaca pudo revisar el documento emitido por la Contraloría General de la República en el cual se identifica a este funcionario como Roberto Carlos Laime Sivana y se detalla que, entre marzo y junio del año 2025, recibió al mismo tiempo ingresos que provenían de dos entidades públicas.

En estos párrafos se detalla que Laime Sivana fue designado como jefe de la oficina general de planificación y presupuesto del Instituto Municipal de Planeamiento de Arequipa, el cual es un organismo público descentralizado de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Desde el 18 de febrero del 2025, Roberto Laime era el responsable, paradójicamente, de la gestión y control de los recursos financieros.

No obstante, cuando Laime Sivana recibió este importante encargo no se encontraba desempleado. La Contraloría pudo verificar que, acorde a una orden de servicio que data del 27 de enero del 2025, el jefe de la oficina general de planificación y presupuesto había sido contratado por el Instituto Vial Provincial de la Municipalidad Provincial de Arequipa para llevar a cabo un servicio de asesoría contable, financiera y presupuestal. Un trabajo que tendría una duración de seis meses.

El siguiente cuadro elaborado por la Contraloría expone que Laime Sivana recibió cuatro pagos por parte del Instituto Vial Provincial por una cifra que supera los diez mil soles, que se ejecutaron entre los meses de marzo y junio del 2025, antes de presentar su renuncia a finales del mes de mayo.

Pero, como se evidencia en el siguiente gráfico, estos pagos que recibió Laime por su trabajo en el Instituto Vial Provincial ocurrieron al mismo tiempo que este funcionario del Instituto Municipal de Planeamiento de Arequipa continuó cobrando su salario por el cargo de confianza que le fue encargado.

Es en este punto cuando se debe tener en cuenta que, legalmente, los empleados públicos no pueden recibir dos sueldos en simultáneo. Acorde a la Ley n° 281725, Ley Marco del Empleo Público, es incompatible la percepción simultánea de remuneración, emolumento o cualquier tipo de ingreso.

Pero el nombre de Roberto Carlos Laime Sivana volvería a tomar notoriedad y esta vez en medio de la campaña política. Sudaca pudo acceder a los informes presentados por el candidato Cáceres Llica y encontró que, entre sus aportantes, figura el nombre de este cuestionado funcionario que durante el año pasado tuvo la sospechosa fortuna de cobrar doble salario.

ANTECEDENTES

Cabe señalar que los antecedentes del actual aspirante al Gobierno Regional de Arequipa por Alianza Para el Progreso lo han vinculado con numerosos escándalos que se relacionan con la designación de funcionarios que no cumplían con los requisitos para las funciones que se les encargó y un cuestionable manejo de los recursos públicos.

Cáceres también estuvo envuelto en el caso que fue denominado como “Las Butacas” debido a que, cuando fue alcalde provincial de Caylloma, se invirtieron varios miles de soles en butacas para un coliseo que nunca fueron instaladas. Actualmente, tras la decisión de la Corte Suprema de anular la condena inicial, el mencionado caso sigue en desarrollo.

[INFORME] El asesinato de Santiago Guardamino parece congelado y sus familiares y miembros de la Comunidad Campesina de Quipán siguen sin encontrar justicia por una muerte que ocurrió en sospechosas circunstancias.

La historia de Santiago Guardamino parece estar lejos de llegar a su conclusión. Las circunstancias en que ocurrió el asesinato del presidente de la Comunidad Campesina de Quipán no permiten, hasta la fecha, que los familiares y conocidos de Guardamino bajen los brazos en su búsqueda de justicia.

Como se recuerda, en el año 2024, el entonces titular de la Comunidad Campesina de Quipán recibió numerosos disparos a pocos metros de su vivienda. Pero, además de la violenta forma en que le arrebataron la vida a este líder comunal, los detalles sobre sus últimas horas encendieron las alarmas sobre los intereses que podían existir detrás de este trágico episodio.

ANUNCIO CLAVE

Acorde a información del diario La República, las horas finales de Santiago Guardamino fueron claves para la Comunidad Campesina de Quipán de la cual era presidente. Según lo que pudo conocer el medio citado, Guardamino Gonzáles había anunciado ante los miembros de dicha comunidad que estaba próximo a firmar un importante acuerdo legal y económico.

Es importante señalar que, desde su llegada a la presidencia de esta comunidad campesina, Guardamino se puso al hombro una desgastante lucha por la recuperación de diez mil hectáreas que le pertenecían a la Comunidad de Quipán y fue vendido de forma fraudulenta por el predecesor de Guardamino.

Esta venta había involucrado a una poderosa empresa llamada Industrias Arguelles, que planeaba convertir este terreno en un relleno sanitario, y su fundador, Aniceto Arguelles, incluso terminó siendo sentenciado por intentar sobornar a una magistrada para que falle a favor de sus intereses.

Pero el caso había dado un giro muy interesante antes del asesinato de Guardamino. Tal como reveló el líder comunal antes de ser asesinado, en los días siguientes iba a oficializar un acuerdo con la empresa Petramás para que sus especialistas legales se encarguen del proceso civil.

Según el acuerdo que se iba a firmar con la Comunidad de Quipán, en caso el proceso legal concluyera con un resultado favorable, Petramás compraría las diez mil hectáreas por el precio de 8,5 millones de soles, una cifra que sí es acorde a la valuación de un terreno de esta extensión y es muy diferente de los seiscientos mil que recibieron por la venta fraudulenta.

INEXPLICABLE

Estos detalles podrían parecer más que suficientes para que la justicia lleve a cabo una seria investigación, sin embargo, la realidad es muy distinta. Hasta donde se ha podido conocer, el fiscal Renato Lavy Cora consideró que el caso debía ser archivado por falta de pruebas. Una impactante decisión si se tiene en cuenta que, como contó la propia familia de Guardamino, existe material que todavía no ha sido tomado en cuenta.

Según la versión de la familia de Santiago Guardamino, ellos tienen en su poder teléfonos celulares que era usados por Santiago y en ellos estarían registradas las numerosas amenazas que venía recibiendo. Pero, inexplicablemente, lo que las autoridades les dicen es que no cuentan con las herramientas necesarias para realizar las pericias correspondientes.

[INFORME] Un hombre de confianza del expresidente José María Balcázar y dos trabajadores que fueron descubiertos en actividades de campaña mientras cobraban una sueldo del Congreso son las nuevas contrataciones de una diputada y un senador de Juntos Por el Perú.

Luego de una contienda electoral que se terminó de definir por una diferencia de menos de cincuenta mil votos, el clima político del Perú mostraba una evidente polarización que ponía en los hombros de la oposición la gran responsabilidad de representar a ese sector del país que miraba con escepticismo lo que podía ocurrir con la llegada del fujimorismo al poder.

Por los resultados que arrojó la primera vuelta, el liderazgo de esta oposición parecía estar en manos de Juntos Por el Perú, la agrupación política que tuvo como candidato a Roberto Sánchez. Sin embargo, a casi dos meses de la toma de mando de Keiko Fujimori, la principal representación de la izquierda en el Legislativo no estaría buscando sus mejores cartas para cumplir con el rol de oposición.

Sudaca pudo investigar la lista de personas que senadores y diputados del partido de Roberto Sánchez eligieron para formar sus respectivos equipos de trabajo y encontró numerosos nombres vinculados con cuestionados políticos de los últimos gobiernos y hasta trabajadores del Congreso involucrados en actividades indebidas.

HERENCIA PRESIDENCIAL

Jessica Sadith Pérez Quispe es uno de los nuevos rostros que han llegado al Congreso para el periodo 2026 – 2031. Esta joven abogada de treinta y ocho años forma parte de la cámara de diputados como parte de la bancada de Juntos Por el Perú y, para encarar esta nueva experiencia en su joven trayectoria política, eligió a sus asesores, técnicos y auxiliares, entre los que se encuentra Boris Espinoza Villanueva.

Ante la nula experiencia de esta representante de la región Puno en el Legislativo, se podría esperar que busque rodearse de un grupo de trabajo respaldado por antecedentes destacados. Sin embargo, Espinoza Villanueva, a quien la diputada Pérez eligió para que trabaje como auxiliar en su despacho, proviene del círculo de confianza de José María Balcázar.

La cercanía entre Balcázar y Espinoza incluso llevó a que el excongresista de Perú Libre lo lleve a trabajar en el despacho presidencial durante los meses que tuvo la oportunidad de estar a la cabeza del Ejecutivo y pasó a estar a cargo de la asistencia y coordinación administrativa y financiera en Palacio de Gobierno.

Como se recuerda, el paso de José María Balcázar por la presidencia y el hemiciclo estuvo marcado por graves polémicas, como sus afirmaciones en favor del matrimonio infantil. No obstante, la diputada Pérez Quispe ha considerado que la mejor manera de debutar en la política nacional es rodeándose de uno de los hombres de confianza de este exmandatario.

PREMIO A LA “VIVEZA”

A finales del mes de marzo, una investigación periodística del programa Cuarto Poder expuso que trabajadores del Congreso estaban participando de actividades relacionadas con la campaña política de uno de los congresistas y candidatos al senado del partido Juntos Por el Perú.

El parlamentario envuelto en esta polémica era Víctor Raúl Cutipa Ccama, quien buscaba aprovechar el retorno de la bicameralidad para continuar formando parte del Legislativo como senador. En las imágenes mostradas por el dominical de América Televisión se podía observar a Mario Janampa Choque, un trabajador del despacho de Cutipa participando de las actividades de campaña.

Finalmente, la suerte le sonreiría a Cutipa Ccama en las urnas y, el pasado mes de julio, juramentó al cargo de senador. Pero esta nueva oportunidad como parte del Legislativo no llevó a que este miembro de Juntos Por el Perú corrija sus actitudes y, por el contrario, volvió a contratar a este trabajador que, mientras cobraba un sueldo pagado por los peruanos, se dedicaba a participar en las actividades de campaña. Tal como se puede observar en la siguiente imagen, Mario Janampa Choque es el nuevo coordinador del despacho de Víctor Cutipa.

No obstante, Janampa no fue el único trabajador de este despacho involucrado en el mencionado escándalo. El entonces asesor de Cutipa, Alfredo Cristobal Huisa Mamani, también fue visto formando parte de las actividades de campaña del parlamentario.  Pero, este escándalo no fue un impedimento para que el ahora senado Cutipa vuelva a contratar a Huisa Huamani para que sea su asesor.

Mientras el Ejecutivo enfrenta sus primeras crisis, la oposición tampoco estaría preparada para dar la talla y, por el contrario, sus primeras contrataciones parecen responder a una devolución de favores e inexplicables elecciones de trabajadores vinculados a cuestionados excongresistas.

[INFORME] Mientras el gobierno de Keiko Fujimori afronta críticas, los representantes de Fuerza Popular en las cámaras de senadores y diputados contratan como asesores y asistentes a sus aportantes de campaña. Sudaca pudo revisar reveladores documentos que involucran a importantes figuras del fujimorismo como Alejandro Aguinaga y Marco Miyashiro.

A inicios de esta semana, la presidenta Keiko Fujimori partió rumbo a tierras norteamericanas para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El viaje se realizó en un vuelo comercial y este fue un hecho que no pasó desapercibido por los partidarios del fujimorismo que lo señalaron como una muestra de austeridad por parte del nuevo gobierno.

Sin embargo, mientras Fujimori Higushi y su equipo de trabajo intentan mostrarle a la población que tienen la intención de llevar a cabo un manejo responsable de los recursos públicos, los representantes de fujimorismo en las cámaras de senadores y diputados no parecen tener el mismo objetivo.

Sudaca pudo revisar las recientes contrataciones de asesores, asistentes y técnicos que se realizaron a pedido de los miembros de Fuerza Popular que forman parte del Legislativo y encontró numerosas coincidencias entre la lista del nuevo personal de Congreso y la lista de aportantes a la campaña de los senadores y diputados naranjas.

LOS HISTÓRICOS

Aunque Keiko Fujimori ha intentado mostrar una cara renovada del fujimorismo desde su primera incursión en las campañas presidenciales, Fuerza Popular nunca dejó de lado a sus miembros más antiguos, en especial aquellos que tuvieron una relación estrecha con el gobierno de su padre.

Este es el caso de Alejandro Aguinaga Recuenco. Además de haber sido médico de cabecera de Alberto Fujimori durante sus últimos años, Aguinaga formó parte de su gobierno y estuvo al frente del Ministerio de Salud a finales de los años noventa. Esta lealtad llevó a que Fuerza Popular lo incluya entre sus candidatos a senadores.

En un proceso electoral en el cual participaría una cantidad inédita de agrupaciones políticas se requeriría un esfuerzo considerable para captar la atención de los votantes. Pero esto no fue un problema para el candidato Aguinaga. El actual senador contó con generosos aportes de campaña, como el de Estela Meneses Gonzáles, quien lo ayudó con quince mil soles para paneles publicitarios.

Acorde a la documentación que está en manos de la ONPE, sin contar el monto que el propio candidato aportó, Gonzáles Meneses fue la principal aportante de su campaña. Una situación que no despertaría sospechas de no ser porque, apenas Aguinaga se instaló en su nueva oficina como senador, su generosa aportante se convirtió en su asesora y empezó a recibir un sueldo de más de doce mil soles al mes.

Otro de los nombres históricos que hoy representan al fujimorismo en la cámara de senadores es el de Marco Miyashiro Arashiro. El exintegrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) se convirtió en uno de los activos más valiosos para el partido naranja en su intento de mostrar capacidad para combatir a los criminales más peligrosos.

Al igual que en el caso de Alejandro Aguinaga, el entonces candidato Miyashiro necesitaba de un considerable respaldo para dar a conocer su candidatura. Según el primer informe que el actual senador presentó ante la ONPE y Sudaca pudo revisar, Miyashiro recibió en total poco más de ocho mil quinientos soles y su más generoso aportante fue Hugo Elías Herbozo Pacora, quien colaboró con más de cuatro mil quinientos soles.

Este generoso aporte no sería olvidado por Marco Miyashiro una vez que ingresó a la cámara de senadores y por ello, tal como se puede apreciar en la siguiente imagen, el nuevo senador de Fuerza Popular no tardó en designar como asistente con un sueldo de casi cuatro mil soles a su principal aportante de campaña.

NO SON LOS ÚNICOS

Pero estas designaciones de aportantes continuaron en las últimas semanas. La siguiente imagen corresponde documentos que fueron entregados a la ONPE y muestra uno de los cuatro aportes que Nataly Castañeda Altamirano realizó a la campaña del actual diputado fujimorista Diethell Columbus.

A diferencia de los casos mostrados en la primera parte de este informe periodístico, el parlamentario Columbus no contrató a Castañeda Altamirano para que trabaje en sus despacho. Sin embargo, su amable aportante no se quedó sin un puesto y se convirtió en la nueva asesora del grupo parlamentario de Fuerza Popular en el senado con un salario que supera los catorce mil soles.

Quien no tuvo inconvenientes en contratar a uno de los aportantes de su campaña para que trabaje como técnico en su despacho fue el diputado fujimorista César Manuel Revilla Villanueva, una de las nuevas caras que Fuerza Popular llevó al hemiciclo en las elecciones de este año.

Martín Eliseo Zapata Espinoza, quien desde el pasado mes de agosto gana más de seis mil soles gracias al diputado Revilla, aportó cinco mil soles a la campaña del actual representante de Piura en la cámara de diputados. En la siguiente imagen se puede observar uno de los dos aportes.

En las últimas semanas, la presidenta Keiko Fujimori empezó a recibir duras críticas que exigen el cumplimiento de las promesas de campaña y soluciones ante los principales problemas del país, pero los representantes del fujimorismo en el Parlamento no parecen interesados en formar un equipo de trabajo que los ayude a en su labor Legislativa, sino en contratar a quienes les dieron recursos para llegar a sus escaños.

[INFORME] Renovación Popular vuelve a mostrar una contradicción entre sus críticas al uso del dinero público y el uso que le dan sus representantes. Sudaca encontró que aportantes a la campañas del senador Alejandro Muñante y la parlamentaria andina Maali Del Pomar le dieron trabajo a quienes aportaron para sus candidaturas.

Llevan menos de dos meses en el cargo, pero los senadores y diputados ya cargan sobre sus espaldas la mirada desaprobadora de un considerable porcentaje de peruanos. La reciente encuesta realizada por Datum Internacional reveló que las dos cámaras del Legislativo empiezan a cosechar un marcado descontento por parte de la población que les otorgó sus votos apenas hace unos meses.

Si bien esta contundente desaprobación al trabajo de los parlamentarios puede parecer apresurada por el poco tiempo que llevan en sus escaños, las primeras decisiones que tomaron luego de instalarse en sus respectivas oficinas no parecen demostrar que a estos padres de la patria les preocupe proyectar una mejor imagen que sus predecesores.

En esta oportunidad, Sudaca pudo revisar la lista de personas que los congresistas y representantes del Parlamento Andino eligieron para que formen parte de su grupo de trabajo y encontró que, más que priorizar las capacidades, los nuevos inquilinos del Palacio Legislativo parecen estar devolviendo favores a quienes aportaron a sus campañas.

UNA CAMPAÑA FAMILIAR

El senador Alejandro Muñante se ha convertido en una de las imágenes más reconocidas de Renovación Popular. Sus discursos de confrontación contra las minorías y de clara intolerancia con la comunidad LGTBI lo han convertido en una de los referentes del partido de Rafael López Aliaga en su lucha por defender el conservadurismo y las doctrinas más intolerantes de algunos sectores religiosos.

En el inicio de este nuevo periodo legislativo, Muñante logró convertirse en primer vicepresidente de la cámara de senadores y en ese momento comenzó lo que parece una devolución de favores. El cargo que hoy ostenta Alejandro Muñante le permite contar con diversos trabajadores a su servicio y uno de estos cargos disponibles es el de asesor.

Para dicho puesto, el senador de Renovación Popular decidió que la persona idónea para realizar estas funciones era Wilmer Rómulo Pallarco Yachi. Como se observa en la siguiente imagen, el elegido por Muñante ya recibió su primer sueldo correspondiente al mes de agosto y supera los catorce mil soles.

Asesorar a un senador, y más a un integrante de la Mesa Directiva del Senado, debería ser una tarea compleja en un contexto político tan complejo como el que atraviesa el Perú. Sin embargo, detrás de la elección de Pallarco Yachi como asesor parece haber pesado más el apoyo en campaña.

La siguiente imagen corresponde al informe de aportes a la campaña de Alejandro Muñante para alcanzar el cargo de senador y, como se puede observar, aparece el nombre de Wilmer Pallarco Yachi, su actual asesor en la primera vicepresidencia del senado, con más de mil setecientos soles de aportes.

Pero la familia Pallarco tuvo a más de un integrante teniendo una participación activa en lo que respecta a aportes de campaña. En el reporte del financiamiento que recibió el senador Muñante también aparece Eber Pallarco Yachi, hermano de Wilmer, y su esposa María Priscila Flores.

No obstante, quizá porque poner a trabajar en su despacho a dos hermanos que aportaron a su campaña podría despertar sospechas, Eber Pallarco no formó parte del equipo de trabajo de Alejandro Muñante,  pero tampoco se quedó sin un cargo. Aldo Bravo, diputado que también milita en las filas de Renovación Popular, lo contrató como auxiliar con un sueldo de más de cuatro mil soles.

MADRINA DE CAMPAÑA

Maali Olga Betty Del Pomar Saettone es otra de las caras nuevas que se presentaron para las elecciones de este año. Del Pomar, abogada de profesión forma parte de las filas de Renovación Popular y postuló con éxito al Parlamento Andino, en donde ahora ejerce la vicepresidencia.

Como parte del proceso de instalación como nueva representante del Parlamento Andino, Del Pomar Saettone tuvo la posibilidad de elegir al grupo de personas que la acompañará durante el tiempo y, por supuesto, el sueldo de estas personas saldrá del erario público. En la lista elaborada por esta integrante de Renovación Popular el puesto de asistente fue entregado a Carla Daniela Aranda Ramírez, quien ya cobró su primer salario en agosto.

Hasta este momento parece no existir nada extraño en esta historia. Sin embargo, esto cambia al revisar la lista de aportantes a la campaña de quien ahora es vicepresidenta del Parlamento Andino. Tal como se puede observar en la siguiente imagen, el nombre de Carla Aranda, la asistente de Del Pomar, figura en varias oportunidades.

Sudaca pudo revisar que nueve de los doce aportes que recibió Del Pomar Saettone para su campaña fueron realizado por quien, coincidentemente, se ha convertido en su nueva asistente y cobrará cerca de cuatro mil soles al mes. Acorde a la información entregada a la ONPE, Aranda Ramírez aporto, en pasajes de avión, poco más de nueve mil soles para la candidatura de su actual jefa.

Este dato toma más notoriedad cuando se tiene en cuenta que, en total, la campaña de Del Pomar acumuló menos de doce mil soles y el aporte de la propia Maali Del Pomar no llega a los dos mil soles, una situación que hoy permite afirmar que, innegablemente, su asistente fue la principal fuente de financiamiento de su candidatura.

Paradójicamente, mientras el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, insiste en la necesidad de reducir el Estado y habla de consultorías y estudios prescindibles, sus representantes en el Congreso y Parlamento Andino parecen ver en el presupuesto a su disposición un botín a repartir entre sus aliados y conocidos.

[INFORME] Uno de los hombres de confianza del fundador de Renovación Popular ha sido denunciado por una asesora del Congreso. Sudaca pudo revisar el historial de este personaje y su familia que en los últimos años han conseguido mucho poder dentro del partido del exalcalde de Lima.

Un nuevo escándalo involucra a Rafael López Aliaga y Renovación Popular. Pero esta vez no es uno de índole política, sino que se relaciona con una acusación mucho más seria e indignante que pesa sobre uno de los integrantes del partido celeste. Como se ha hecho público en las últimas horas, una asesora del Congreso ha señalado al jefe de prensa del candidato a la alcaldía de Lima como el responsable de presuntos actos de hostigamiento y hasta vulneración de su integridad sexual.

Tal como se puede leer en la carta notarial que dio a conocer el periodista Sebastián Ortiz, la denunciante le exige a esta persona, identificada como Cristian Jhon Salazar Mateo, que pare con el hostigamiento en su contra y, además, expone que Salazar la habría grabado semidesnuda sin su consentimiento.

La denunciante contó, según se lee en su carta notarial, que minutos después, Salazar le envió por WhatsApp un mensaje de una sola visualización, donde se observaba un video de contenido íntimo en el que ella aparece semidesnuda y que fue grabado sin su consentimiento en el… pic.twitter.com/G0tdZ5qv0k

— Sebastian Ortiz M. (@Shebas07) September 16, 2026

Aunque muchos identifican a Salazar Mateo como el encargado de prensa del fundador de Renovación Popular, el vínculo de este personaje con el partido de derecha conservadora va más allá de dicho puesto, incluye a otro integrante de la familia Salazar y, además, involucra elevados montos de dinero.

EL HISTORIAL

En el mes de junio del año 2024, Sudaca publicó un informe titulado “El protegido de López Aliaga” que era una de las primeras publicaciones en las que se mencionaba el nombre de Cristian Jhon Salazar Mateo y, además, se ponía especial atención en el gran peso que tenía este personaje en la cúpula de Renovación Popular.

El mencionado informe relataba que, en el contexto de la campaña para las elecciones municipales del 2022, el propio Rafael López Aliaga señaló a Salazar Mateo como la persona que manejaba sus redes sociales y lo responsabilizó por una publicación que motivó a que su su principal competidor por el sillón municipal, Daniel Urresti, lo denuncie por difamación agravada.

En muchos trabajos, un error de esta magnitud, que incluso pudo poner en riesgo su campaña política, habría significado una dura sanción para el responsable y hasta su alejamiento del círculo de confianza de López Aliaga. Pero esto no fue lo que pasó con Cristian Salazar y, por el contrario, apenas López Aliaga y Renovación Popular entraron a la alcaldía de Lima, una de las decisiones del entonces alcalde en su primer día fue designar a Salazar Mateo como el principal asesor de la Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas.

Con la venia de Rafael López Aliaga, Cristian Salazar seguiría escalando en la Municipalidad de Lima. Cuando había transcurrido menos de un año y medio de su designación como asesor del burgomaestre limeño, Salazar recibió un nuevo cargo, uno más importante por supuesto. En el mes de mayo del 2024, el encargado de redes sociales de López Aliaga se convirtió en el nuevo miembro del Consejo Directivo del Patronato del Parque de las Leyendas.

SUERTE COMPARTIDA

Pero la suerte de Cristian no se quedó únicamente con él y terminaría siendo compartida con su hermano. William Ronald Salazar Mateo es el nombre del hermano de Cristian Jhon y, aunque ahora intenta convertirse en alcalde de Cieneguilla, lo que más resalta de su historial es la enorme cantidad de contratos que ha conseguido gracias a municipalidades que, casualmente, están bajo el control de Renovación Popular.

En enero del 2023, mientras su hermano Cristian era designado como el principal asesor de la Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas, William Ronald también era contratado por la Municipalidad de Lima para brindar un servicio de coordinación de proyectos.

No obstante, la fortuna le seguiría sonriendo al hermano de quien manejaba las redes de Rafael López Aliaga. Durante el 2023, William Salazar facturó sesenta y cinco mil soles con la Municipalidad de La Victoria. Un dato no menor es que, coincidentemente, el alcalde de dicho distrito, Rubén Cano Altez, también pertenecía a las filas del partido celeste.

Además de las órdenes de servicio con la Municipalidad de La Victoria, los servicios de Salazar también fueron requeridos por la Municipalidad de Lince. Por coordinar eventos, monitorear medios y coordinar relaciones interinstitucionales, el hermano del hombre de confianza de López Aliaga recibió veinticinco mil soles. Una vez más, se repetía que el distrito interesado en sus servicios contaba con un alcalde que pertenecía a las filas de Renovación Popular.

Sudaca pudo revisar la información actualizada sobre los pagos a quien este año intentará convertirse en alcalde Cieneguilla y encontró que consiguió contratos por ciento noventa y dos mil soles desde 2024 hasta el presente. Este considerable dinero que desembolsó la municipalidad contó con el aval de Rubén Cano, alcalde de La Victoria e integrante de Renovación Popular.

A pocas semanas de las elecciones municipales, Renovación Popular se encuentra ante una seria acusación que involucra a uno de los hermanos que, como se ha podido observar durante los últimos años, se han convertido en una de las familias con más influencia en la cúpula del partido de Rafael López Aliaga.