[INFORME] Un empresario que fue condenado reconoció haberla sobornado para obtener una sentencia favorable y evidencias conseguidas por la DIVIAC la comprometen seriamente. Sin embargo, hasta la fecha, la jueza Roxana Becerra sigue sin sanción alguna.

En las últimas semanas, Sudaca dio a conocer impactantes detalles sobre el caso de Aniceto Argüelles y su empresa Industrias Argüelles que han expuesto las estrategias que algunos personajes condenados pueden utilizar para intentar evadir los filtros creados para evitar que quienes han incurrido en un delito puedan acceder a contratos con el sector público.

Sin embargo, esta historia tiene más de un protagonista y no todos están respondiendo por sus acciones al margen de la ley. En este informe, Sudaca ha podido enfocarse en la participación de una persona que debería defender la justicia y, por el contrario, estuvo pactando para posicionarse en favor de ciertos intereses.

EL CASO ARGÜELLES

Como se ha contado anteriormente, Aniceto Argüelles fue un nombre que saltó a diversos titulares periodísticos este año cuando confesó, como parte de una estrategia legal que buscaba salvarlo de una condena mayor, que había intentado sobornar a una jueza para que accione en favor de sus intereses.

Este caso que involucraba una documentos falsificados para concretar la venta de terrenos comunales a Industrias Argüelles  culminó este año 2025 con el empresario siendo condenado a cuatro años y dos meses de prisión suspendida y obligado a pagar una reparación civil de veinte mil soles.

No obstante, hay una persona más que, por ahora, parece haber escapado de la justicia pese a que tuvo un rol muy comprometido en esta historia y que existen pruebas contundentes sobre su participación en este intento de dejar de lado el objetivo que debería perseguir la justicia y ponerle un precio a su decisión.

MAGISTRADA BECERRA

La protagonista de este capítulo es la jueza Roxana Elizabeth Becerra Urbina, quien se ha venido desempeñando en el Juzgado Mixto de la provincia de Canta, Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

Becerra Urbina es la pieza de la historia que, por ahora, había pasado desapercibida en el caso Argüelles. Según fuentes consultadas por Sudaca, el intento de Argüelles por comprar a la justicia encontró en Roxana Becerra a una representante de la justicia dispuesta a colaborar con sus intereses.

Acorde a la confesión del propio Argüelles, el empresario había coordinado con  una persona de su entera confianza, que fue identificada como Silvio Muñoz, para que, a cambio de una sentencia favorable, este le compre terrenos que le pertenecían a ella y su familia a precios inflados.

La información que se ha podido conocer expone que la primera compra se produjo en el año 2019 por el monto de S/ 533,703.09. Previamente, la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) pudo hacerle seguimiento a numerosos encuentros en restaurantes entre la jueza Becerra, Argüelles y personas de su círculo de confianza en los cuales se habrían acordado estas compras irregulares.

Sin embargo, pese a que estos hechos tuvieron lugar en el año 2019 y la investigación preparatoria terminó en marzo de este año, hasta la fecha, la jueza Becerra Urbina ha permanecido impune en este caso que la involucra y, recién a finales de septiembre, se ha conocido que la Junta Nacional de Justicia inició una investigación que podría culminar con su destitución.

Una frase conocida en el ambiente de los abogados señala que «nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía» y que el caso de la magistrada Roxana Becerra permanezca como un asunto pendiente sólo refuerza la sensación que existe una falta de interés por sancionar a aquellos miembros que le ponen la justicia al servicio de quienes más dinero tienen.

[INFORME] Pese a que no lo pudo lograr mediante un proceso electoral, la renuncia de Rafael López Aliaga le permitió a Renzo Reggiardo cumplir su viejo anhelo de ser alcalde de Lima. Sin embargo, en sus primeros días de gestión parece haber priorizado darle trabajo a sus conocidos.

Aunque tiempo atrás había descartado la posibilidad, el deseo de Rafael López Aliaga de llegar a Palacio de Gobierno terminó pesando más y, en las primeras semanas del pasado mes de octubre, el burgomaestre oficializó su salida de la alcaldía para poder enfocarse a tiempo completo en su campaña política con miras a las elecciones del 2026.

Esta salida prematura, aunque podía ser cuestionable, no estaba fuera de lo permitido y, por lo tanto, se sabía que el sillón municipal tenía un sucesor. Esta persona sería Renzo Andrés Reggiardo Barreto, quien se venía desempeñando como teniente alcalde del ahora candidato presidencial de Renovación Popular y había intentado sin éxito llegar a la alcaldía en elecciones pasadas.

Sin embargo, pareciera que, así como Rafael López Aliaga fue severamente cuestionado por sus acciones como alcalde, el nuevo ocupante del Palacio Municipal estaría utilizando su turno para seguir dándole trabajo a personajes de su círculo personal. Sudaca pudo revisar algunas de las primeras designaciones de Reggiardo Barreto como alcalde y encontró algunos nombres interesantes.

SOCIOS DE LA VIDA

Renzo Reggiardo parece haber llegado a la alcaldía de Lima con una agenda propia, aunque esta tendría algunos beneficiados muy particulares. En las últimas semanas del mes pasado, el actual encargado del despacho municipal designó a Juan Carlos Valderrama Cueva como el nuevo presidente del directorio de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana.

Juan Valderrama puede ser un nombre desconocido para la mayoría de peruanos, pero registra un pasado muy cercano al alcalde Reggiardo. Según la información que pudo revisar Sudaca, este personaje, que ha sido una de las primeras designaciones de Reggiardo en su nuevo cargo, estuvo afiliado a Perú Patria Segura, el partido que manejaba el teniente alcalde de López Aliaga.

La cercanía entre Renzo Reggiardo y Juan Carlos Valderrama fue tal que este último no sólo fue un afiliado de su agrupación política sino que también actuó como representante de la asociación Liga Peruana de Lucha Contra el Crimen, la ONG que fundó el actual alcalde de Lima y que también se relaciona con su programa de televisión “Alto al Crimen”.

QUÉ TALES ANTECEDENTES

Con tan sólo unos días en el cargo, más precisamente el 22 de octubre, el nuevo alcalde de Lima designó al vicepresidente del comité directivo del Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET). Renzo Reggiardo optó por Pedro Martín Sagástegui Bardales para ocupar dicho cargo.

Esta designación no sería noticia de no ser porque Sagastegui Bardales no es un simple funcionario de la Municipalidad de Lima sino que se trataría de un personaje muy cercano al círculo personal del ahora alcalde Reggiardo. La siguiente imagen se muestra al nuevo vicepresidente del Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET) compartiendo con el nuevo burgomaestre limeño.

Esta cercanía no sólo le habría permitido acercarse a la actual gestión a cargo de la Municipalidad de Lima sino que podría haber servido para que se pase por alto un grave episodio en el que estuvo involucrado anteriormente Pedro Sagastegui. En junio del año 2023, el portal Lima Gris sacó a la luz un grave caso de atropello y abandono de víctima que tenía como protagonista a la flamante designación hecha por Reggiardo.

En el documento que se expuso, el nombre de Pedro Sagastegui no sólo figura como responsable de haber atropellado y abandonado el lugar del accidente sino que también detalla que este personaje fue condenado a cinco años de pena privativa de la libertad por sus acciones.

Al ser consultado por este caso, Rafael López Aliaga, quien había intentado incluir a Sagastegui Bardales desde el primer día que llegó a la Municipalidad de Lima y también con un cargo en el Fondo Metropolitano de Inversiones, había señalado que esta persona había renunciado al cargo.

Pero esta no fue el único hecho cuestionable que tiene como protagonista a Pedro Martín Sagastegui Bardales. A inicios de año 2024, Sudaca publicó un informe titulado UNA REALIDAD QUE SUPERA LOS HORRORES DE UNA HISTORIA DE TERROR en el cual se detalla el dramático caso de una mujer de más de ochenta años que se vio en la disputa de una propiedad con su hija.

En este caso, Pedro Sagastegui actuó como abogado de esta mujer pese a que existía un evidente conflicto de intereses debido a que su estudio de abogados también estaba representando a la otra parte que estaba en disputa y terminó siendo favorecida. “He estado muchos años confiando en ese abogado Pedro Martín Sagástegui Bardales, pero también fue otro arreglo mafioso”, declaró María Victoria Márquez Alcalde a Sudaca en enero del 2024 y agregó “el estudio del señor Sagastegui, que supuestamente me defendió, me sacó como cincuenta mil soles”.

Sin embargo, con la llegada al poder de Reggiardo Barreto, las puertas de la Municipalidad de Lima se volvieron a abrir para Pedro Sagastegui Bardales. Cabe señalar que, tal como ocurrió en el caso de Valderrama Cueva, Sagastegui también estuvo afiliado a Perú Patria Segura, el partido que le pertenecía al actual alcalde de Lima.

La gestión de Renzo Reggiardo lleva pocos días en funciones. Sin embargo, este tipo de designaciones invita a creer que este paso por la Municipalidad de Lima priorizará a los amigos del burgomaestre en lugar de ir en búsqueda de las personas idóneas para una ciudad de Lima que parece cada vez más distante de esa promesa de ser potencial mundial.

[INFORME] Este año, Aniceto Argüelles reconoció su intento de sobornar a una jueza para que favorezca sus intereses. Sudaca pudo conocer los detalles detrás de su ilícito accionar.

Aunque Industrias Argüelles y su fundador intentaron mediante todas las estrategias posibles ocultar el capítulo más polémico de sus historia para poder seguir participando de millonarias licitaciones públicas, ese reprochable accionar del pasado los sigue persiguiendo y los casos en los que se vieron involucrados siguen en desarrollo.

Sudaca pudo revisar los detalles que figuran en el historial de este caso que, sorprendentemente, sigue esperando que se realice la acusación pese a que la investigación preparatoria culminó en el mes de marzo del presente año y hasta la fecha esto no ha ocurrido.

LA HISTORIA DEL SOBORNO

Para entender este caso es necesario regresar a un hecho que ocurrió aproximadamente diez años atrás cuando Abel Cruz Mosquera Ortiz, quien se desempeñaba como presidente de la Comunidad Campesina de Quipán, recibió una grave acusación por la venta fraudulenta de diez mil hectáreas de terrenos comunales a la empresa de Aniceto Elvis Argüelles Loayza.

En esta venta, que claramente no se había concretado haciendo uso de los procedimientos lícitos, se hizo uso de un acta de asamblea comunal falsificada y fue por ello que Abel Cruz Mosquera Ortiz vio su nombre en una denuncia penal ante el Juzgado Mixto de Canta por la jueza Roxana Becerra.

Al encontrarse ante esta situación, Aniceto Argüelles Loayza intentó ayudar a Mosquera Ortiz en el problema que lo involucraba. Sin embargo, esta ayuda tampoco iría por el camino de lo legal sino que intentaría, como el propio Argüelles confeso, sobornar a la jueza Roxana Becerra para obtener una sentencia favorable.

Los sobornos se terminarían realizando mediante la compra de terrenos que le pertenecían a Becerra a cambio de cifras que estaban muy por encima del precio del mercado y, como se señaló en la sentencia a Argüelles, estas operaciones incluyeron a varias personas que actuaron como testaferros.

LA RUTA DEL DINERO DE ARGÜELLES

El testimonio del propio Aniceto Elvis Argüelles Loayza detalla que la estrategia para sobornar a la jueza involucraba la compra de terrenos que le pertenecían a Becerra y su familia. Por supuesto, estas compras también incluían pagos que evidenciaban un caso de precios muy inflados.

Una de estas compras ocurre en noviembre del año 2019. En aquella oportunidad, Becerra le vente a un familiar de Argüelles acciones y derechos de un terreno ubicado en Canta por el monto de S/ 533,703.09, una cantidad de dinero que la Fiscalía terminaría catalogando como “muy superior al valor real”.

Pero esta no sería la única operación que involucra a Argüelles y su entorno con la jueza Becerra. También durante el mes de noviembre del 2019, Silvio Muñoz Villanueva, quien es considerado en este caso como un operador de Aniceto Argüelles, adquiere una propiedad que también se ubicaba en Canta y le pertenecía al entorno de la jueza.

Estas situaciones fueron descubiertas durante un cuidadoso operativo realizado por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) a lo largo de varios meses. En él se descubrió que a finales de abril del 2019 se registró una reunión que tuvo lugar en un restaurante de San Martín de Porres entre la jueza Becerra, una persona cercana a ella identificada como Ricardo Quispe Medrano, Aniceto Argüelles y su operador Silvio Muñoz.

Mientras que, durante julio del mismo año, se llevaron a cabo nuevos encuentros en el mismo restaurante de San Martín de Porres y en otro local ubicado en el Centro de Lima. En esta oportunidad, las reuniones no involucraban directamente a Aniceto Argüelles pero sí a quien fue señalado como su operador, Silvio Muñoz, a la jueza Becerra y a Quispe Medrano.

A ello se le han sumado llamadas a las que tuvieron acceso las autoridades y ponen al descubierto los vínculos entre Becerra y el entorno de Argüelles. Sin embargo, pese a lo contundente de estas pruebas, hasta la fecha no se ha procedido con la acusación correspondiente.

[INFORME] La vapuleada imagen del Congreso de la República ha sufrido un nuevo revés tras las escandalosas imágenes de la congresista Lucinda Vásquez. La noche del domingo, el dominical “Cuarto Poder” sacó a luz material gráfico en el cual se observa que la parlamentaria utiliza a uno de sus asesores para que le corte las uñas de los pies en su despacho parlamentario.

No conforme con ello, Vásquez, quien obtuvo su lugar en el hemiciclo de la mano de Perú Libre, también estaría utilizando a los asesores, cuyos salarios salen del erario público, para que realicen tareas ajenas a la labor parlamentaria, como cocinar en la vivienda de la congresista.

#CuartoPoder

La congresista Lucinda Vásquez fue captada mientras su asesor, identificado como su sobrino nieto, le cortaba las uñas de los pies en su despacho parlamentario. Juristas advierten un posible delito de peculado

Encuentra los reportajes y entrevistas del programa… pic.twitter.com/JMZSDvClC3

— Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) October 27, 2025

EN MANOS DE LA COMISIÓN DE ÉTICA

“Espero que la Comisión de Ética tome todas las medidas del caso para sancionar a esta congresista. Es una humillación para trabajadores del Congreso ser empleados en este tipo de menesteres”, indicó esta mañana Fernando Rospigliosi ante los medios de comunicación al ser consultado por el caso de su colega. El titular de la Mesa Directiva también catalogó como “repudiable” y “digno de muchas críticas” el accionar de la parlamentaria.

Rospigliosi califica de “repudiable” caso Lucinda Vásquez: Espero que Ética tome las medidas para sancionarhttps://t.co/K1XNWUC0Ae

— Canal N (@canalN_) October 27, 2025

Por otro lado, el parlamentario Roberto Sánchez, quien integra junto a Lucinda Vásquez la bancada  formada  por Juntos por el Perú, Voces del Pueblo y el Bloque Magisterial, solicitó que se realice una investigación al respecto para determinar “cuándo y cómo ocurrieron” las situaciones observadas en las imágenes.

No obstante, el congresista catalogó la situación como “indefendible” y, aunque señaló que Vásquez requiere asistencia por un tema relacionado con su salud, indicó que “eso debe mantenerse en el ámbito privado” y no involucrando a quienes trabajan en su despacho debido a que su funciones son otras.

EXTRAÑAS REPERCUSIONES

Otro de los congresistas que se pronunció ante este caso fue Alfredo Azurín, quien pidió que sea sancionada Vásquez por estas acciones. “Tengo vergüenza ajena. Pido disculpas por lo que viene pasando en el Congreso. Tenemos que asumir nuestro perfil como congresistas”, indicó el congresista a Canal N.

Pero el integrante de la bancada de Somos Perú causó sorpresa al pedir que Lucinda Vásquez no sea la única sancionada por la situación que el programa periodístico dio a conocer. El parlamentario Azurín comentó este lunes que los asesores también debían ser sancionados por “permitir que pase eso”.

#EnVivo

Alfredo Azurín, congresista, sobre legisladora Lucinda Vásquez: Tengo vergüenza ajena y pido disculpas por lo que viene pasando en el Congreso

Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/iykwy7c4kO

— Canal N (@canalN_) October 27, 2025

Con un Congreso cuya aprobación se mantiene en niveles extremadamente bajos, el caso de Lucinda Vásquez ha llevado a que también existas posturas que intentan evitar que las acciones de esta legisladora impacten negativamente en la imagen del Legislativo y todos sus integrantes.

Por ello, mediante sus redes sociales, el congresista Alejandro Muñante señaló que criticar al Congreso por esta situación es “un análisis flojo” y “deliberadamente malintencionado”. El integrante de Renovación Popular también señaló que “la verdadera decadencia” es de la izquierda.

Culpar a todo el Congreso por lo que hace una congresista izquierdista no solo es un análisis flojo, sino deliberadamente malintencionado. Digamos las cosas como son: la verdadera decadencia es de la izquierda hipócrita que dice luchar por los pobres, pero q al final solo los usa https://t.co/8zfZSYu149

— Alejandro Muñante???????? (@AlejoMunante) October 27, 2025

Al ser consultada por el equipo periodístico de “Cuarto Poder” por qué razón obligaba a sus asesores a realizar estas labores, la congresista Vásquez negó la imágnes, dijo no poder contestar y, ante la insistencia del periodista, sólo atinó a responder “¿cómo sabe que los obligo”.

[INFORME] En sus primeros días, el gobierno de José Jerí recicló a varios exfuncionarios del cuestionado gobierno de Dina Boluarte. Incluso personajes que fueron despedidos de forma vergonzosa han encontrado puestos en los nuevos ministerios.

Este miércoles, el primer gabinete del gobierno de José Jerí se presentó en el Congreso para solicitar el voto de confianza y, aunque algunas de las bancadas que integran el hemiciclo se han mostrado críticas con el Ejecutivo, se terminaron por confirmar los rumores que indicaban que el gabinete liderado por Ernesto Álvarez recibiría el respaldo de los parlamentarios.

Apoyado en una agresiva estrategia de comunicación que muestra a Jerí Oré realizando presencias en diversos operativos, el nuevo inquilino de Palacio de Gobierno ha intentado marcar distancias con Dina Boluarte y mostrar que son una gestión que está trabajando y pendiente de cada detalle.

Sin embargo, pese a que sus ministros llevan pocos días en el cargo, se ha podido evidenciar lo que se podría catalogar como un plan de reciclaje. Sudaca ha detectado numerosas designaciones de asesores y funcionarios que estuvieron durante el cuestionado gobierno de Dina Boluarte y ahora repiten el plato.

LOS CONVOCADOS DEL GOBIERNO

La semana pasada, el presidente Jerí presentó ante los peruanos a los integrantes del primer gabinete de su gobierno. Para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el elegido para estar al frente fue Walter Martínez Laura y, como suele ocurrir, en sus primeros días a cargo de este ministerio designó a nuevos funcionarios en el cargo de confianza.

Uno de los primeros en ser elegidos por el nuevo titular de Justicia fue Magno Abraham García Chávarri. En sus primeras horas como ministro, Martínez Laura designó a García Chávarri como en el cargo de confianza de asesor y jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Pero esta no sería la primera vez que Magno García está en un cargo de confianza. Durante el gobierno de Dina Boluarte, Magno Abraham García Chávarri fue uno de los funcionarios de confianza de Eduardo Arana cuando este estuvo a cargo del Ministerio de Justicia antes de convertirse en premier.

Otro de estos convocados  por el ministro Walter Martínez para ocupar un puesto como asesor del despacho ministerial fue Óscar Enrique Malca Naranjo, quien también ocupará un lugar en el consejo directivo del Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI).

Esta designación podría pasar desapercibida de no ser porque los antecedentes más resaltantes de Malca Naranjo no han sido los mejores. En el año 2018, cuando trabajaba como funcionario de confianza para el Gobierno Regional de Ica en el cargo de gerente regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, el nuevo asesor del despacho ministerial fue despedido y recibió duros cuestionamientos por parte del entonces gobernador Fernando Cillóniz.

“Llegan tarde, son inoperantes e indolentes” y “salen con cada explicación ridícula peor que la otra respecto a la demora en la adjudicación” fueron algunos comentarios que realizó Cillóniz en aquella oportunidad a Diario Correo sobre el despido de Malca y otros cinco funcionarios que estaban involucrados  en la ejecución de la doble vía Ica – Salas Guadalupe y una fallida licitación de una obra de asfaltado.

Pero esto no fue lo más grave sobre su paso por el Gobierno Regional de Ica. La Contraloría detectó irregularidades que habrían representad un prejuicio económico de S/. 183,877 que involucraban a Malca Naranjo en contrataciones irregulares de personal directivo. En la nota publicada por Diario Correo se relata que encontró la presunta responsabilidad penal y administrativa de doce funcionarios de aquella época.

EL EJEMPLO DEL PREMIER

El premier Ernesto Álvarez también parece haber recurrido a este plan de reciclaje para elegir a quienes lo acompañarán en esta aventura formando parte del gobierno. El último viernes, el titular de la PCM designó a Marco Alejandro Castro Rossell como asesor de alta dirección del despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Pero Castro Rossell no parece ser precisamente un novato en el terreno político. Además de haber declarado que posee acciones de una compañía minera, el nuevo asesor de la PCM ha trabajado como asesor de la congresista María del Carmen Alva Prieto (Acción Popular) y formó parte del gobierno de Boluarte cuando actuó como asesor del Ministerio de Economía y Finanzas.

Incluso el Despacho Presidencial parece haber encontrado en los exfuncionarios del gobierno de Dina Boluarte al personal idóneo para acompañar la gestión de José Jerí. La semana pasada, el despacho del presidente designó como jefe de la oficina general de recursos humanos a Luis Álvaro Solórzano Yabar, quien recientemente se venía desempeñando como director en la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Aunque el gobierno de José Jerí intenta desmarcarse de lo que fue la gestión de Dina Boluarte, esta intención parece condenada a quedar únicamente en palabras si en la búsqueda de obtener resultados distintos recurre a funcionarios que integraron uno de los gobiernos más incapaces de los últimos años.

[INFORME] Pese a contar con una millonaria inversión  de más de veinte millones de soles para mejorar la comunicación con la comisarías, una de las entidades adscritas al Ministerio del Interior cometió errores insólitos que ponen en riesgo el proyecto.

La sensación de inseguridad en el Perú parece estar en su momento más crítico y a diario se ven situaciones que respaldan este sentir de la mayoría de peruanos. Desde agrupaciones musicales populares hasta pequeños negocios de barrio han terminado expuestos a las bandas criminales y sus sanguinarias tácticas de venganza contra quienes no se someten a su poder.

En respuesta, algunos sectores de la política han respondido con estrategias como la pena de muerte y la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios. Sin embargo, pareciera no existir ninguna estrategia enfocada en prevenir y brindar una respuesta inmediata a esta problemática que se extiende por todo el territorio nacional.

Sudaca ha podido acceder a un revelador documento en el cual queda expuesta la improvisación con la que están manejando las autoridades responsables de contener esta crisis pese a contar con proyectos y recursos que podrían ser una herramienta esencial en este lamentable presente.

HAY RECURSOS

Aunque las noticias sobre la escalada violenta de los grupos criminales siguen siendo aterradoras, se podría decir que mucho más aterrador es el descuido y ausencia de estrategias por parte del sector responsable de la seguridad de los peruanos. En los últimos meses se han dado a conocer noticias, como la inexplicable demora en la adquisición de chalecos antibalas o el derrumbe del techo de una comisaría en Surquillo, que dejan al descubierto que los encargados de proteger a los peruanos atraviesan una situación de precariedad.

Es en este contexto que Sudaca ha podido acceder a documentos sobre un ambicioso proyecto de inversión que evidencia, una vez más, los malos manejos por parte de las autoridades encargadas. Para ello es preciso remontarse al año 2017 cuando se declaró viable un proyecto de inversión que tenía como objetivo el “mejoramiento de los servicios de prevención del delito en la población más vulnerable al crimen” y para el cual se destinaron cerca de doscientos millones de soles que salieron de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Como parte de este proyecto de inversión se había previsto la instalación de antenas repetidoras que respondían al objetivo denominado “Implementación de los Sistemas de Comunicación entre las Juntas Vecinales y la Comisaría”. Con este objetivo, en mayo del 2022 se le solicitó a la Policía Nacional del Perú que indique dónde sería pertinente que se instalen estas antenas.

El siguiente capítulo de este proyecto tuvo lugar en noviembre del año pasado cuando se le solicitó al especialista del Banco Interamericano de Desarrollo que otorgue la no objeción a los documentos correspondientes al proceso de licitación. La Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la Policía Nacional del Perú justificó este pedido alegando que habían mantenido las especificaciones técnicas anteriormente aprobada por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Días después, la licitación pública fue convocada y se obtuvo un proveedor que recibiría más de veinte millones de soles por la adquisición de estos aparatos tecnológicos que facilitarían la comunicación entre las juntas vecinales y las cuarenta comisarías que se verían beneficiadas con este proyecto.

IMPROVISACIÓN Y DESINTERÉS

Sin embargo, el pasado mes de septiembre, la Contraloría detectó una serie de alarmantes problemas que perjudican la finalidad de este proyecto. Acorde al documento revisado por Sudaca, en el plan de trabajo para la instalación de estas antenas repetidoras no se encontraron estudios del terreno donde se iban a instalar ni la información pertinente para la estructura de la torre. Como se observa en la siguiente imagen, la ausencia de esta información era “insuficiente para ejecutar la infraestructura”.

El estudio de mecánica de suelos que no fue incluido no sólo representaba una infracción al Reglamento Nacional de Edificaciones sino que impedía que las antenas que se iban a instalar estén preparadas para afrontar un sismo.

Entre los puntos que señala la Contraloría el más alarmante es el que se puede apreciar en la siguiente imagen. Esta inversión de varios millones de soles podría convertirse fácilmente en un desperdicio de recursos debido a que la ausencia de los estudios necesarios “no permitían garantizar la permanencia y estabilidad de la infraestructura”.

No obstante, este no ha sido el único problema que se detectó. En el documento que revisó este medio también se hace mención a un grave descuido al momento de elegir las ubicaciones en las que se colocarían estas torres de comunicaciones que están representando una inversión muy costosa.

Pese a que este proyecto ha involucrado un millonario préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y sólo cuarenta comisarías se podrían ver beneficiadas, en la lista que se entregó se incluyeron once de estos establecimientos policiales en los cuales era innecesario que se instalen estas antenas repetidoras debido a que ya contaban con las facilidades necesarias para este tipo de comunicación.

Además se identificaron otros casos con los cuales se acumula un total de veintitrés ubicaciones de las antenas repetidoras que presentaban problemas. En otras palabras, más de la mitad de las antenas que se iban a instalar podían terminar siendo una inversión mal utilizada.

Mientras la situación del país continúa en un estado crítico, los funcionarios a cargo de optimizar los recursos para brindarle seguridad a los peruanos parecen determinados a desperdiciar las oportunidades para revertir esta situación. Paradójicamente, al mismo tiempo se dan a conocer casos escandalosos sobre el máximo aprovechamiento de recursos para adquirir lujosas camionetas para los altos mandos de la Policía Nacional del Perú.

[INFORME] La Municipalidad de Lima le continúa dando prioridad a los espectáculos y las celebridades pese al clima complicado que vive la ciudad. En el último mes de la gestión del alcalde López Aliaga se inventó un certamen de belleza y también se sumó a otro personaje a su lista de costosos exdeportistas que trabajan para el líder de Renovación Popular.

Mientras el país parece vivir sus horas más convulsionadas producto de las crisis que se vienen desarrollando en diversos sectores, en el horizonte se asoma un año 2026 que estará marcado por una contienda electoral que, además, viene con el condimento extra de llegar en un contexto en el cual la mayoría de políticos se encuentran fuertemente cuestionados.

En la lista de aspirantes a los cargos públicos que estarán en juego en este proceso electoral figuran políticos que actualmente se desempeñan como alcaldes, ministros, congresistas y gobernadores. Sobre estos personajes se espera una mayor atención debido a que cargarán con los logros y falencias de sus actuales gestiones.

En este grupo destaca el nombre del alcalde Rafael López Aliaga. Sin embargo, ante los múltiples y graves cuestionamientos que viene afrontando durante paso por la Municipalidad de Lima, el líder de Renovación Popular parece haber encontrado en los espectáculos ostentosos y la cercanía a celebridades su estrategia de campaña.

SI LO TUYO ES MODELAR…

Desde su llegada al Palacio Municipal, Rafael López Aliaga se ha enfrentado a severas críticas por su forma de conducir la Municipalidad Metropolitana de Lima. Los descuidos a sectores vulnerables, como las ollas comunes y las denuncias por alimentos de mala calidad, y las acusaciones de improvisación en las obras que su gestión ejecuta lo han puesto en más de una oportunidad en el centro de las polémicas.

Este panorama representaría un aprieto para cualquier político y más para uno con aspiraciones a la presidencia. Por ello, el burgomaestre limeño parece haber optado por aprovechar cada oportunidad disponible para brindarle entretenimiento a la población y distraerlos de los reproches que recibe. El concierto por la llegada de los trenes estadounidenses y el homenaje al polémico activista ultraderechista Charlie Kirk han sido algunos de los ejemplos más recientes.

Esta estrategia, por supuesto, no sale nada barata y se viene financiando con el presupuesto de la Municipalidad de Lima. Es en este contexto que Sudaca ha encontrado una de las nuevas ideas de la gestión actual que el mes pasado se ha llevado una buena tajada del dinero de los contribuyentes.

Durante el pasado mes de septiembre, la Municipalidad de Lima consideró que una de las urgencias por atender era la necesidad de un concurso de belleza. Fue de esta manera que la gestión de López Aliaga inventó el certamen Miss Lima Metropolitana y lo programó para el día sábado 27 de septiembre.

Casualmente, el mismo día que miles de peruanos se encontraban reunidos en las calles acompañando una protesta que terminaría con manifestantes y hasta periodistas heridos por las fuerzas del orden, la Municipalidad de Lima prometía una jornada con “talento, elegancia y cultura” en la Avenida de la Peruanidad.

Pero, además de parecer un evento inoportuno por el contexto social, este certamen de belleza también ha representado un costo económico importante para la Municipalidad de Lima que no tuvo mejor idea que elegir una opción nada económica para su realización. Según los reportes, la empresa Beauty with Purpose recibió un pago de más de cuarenta mil soles por la organización de este evento.

Como ha ocurrido en más de una oportunidad desde la llegada del líder de Renovación Popular al despacho municipal, la tendencia por rodearse de celebridades se ha vuelto a hacer presente. Quizá por ello no sorprendió que la titular de la empresa contratada sea nada más y nada menos que a una exganadora del Miss Perú. Tal como figura en  los registros de esta empresa, la representante y presidenta de Beauty with Purpose es Marina Mora Montero.

Claro que este no ha sido el único gasto considerable en eventos que asumió la Municipalidad de Lima durante el pasado mes de septiembre. Según la información que la propia gestión de López Aliaga hizo pública, se destinó la suma de S/. 72,620 para contratar a una empresa que organiza y anima eventos.

La empresa Cian Producciones fue la elegida por la municipalidad para encargarse de la realización de eventos que, como se observa en sus redes sociales, eran una oportunidad que la autoridad municipal no desperdiciaba para que su nombre figure en letras tan grandes como era posible. Durante el presente año, Cian Producciones lleva, por lo menos, S/. 132,470 en contratos.

EL 10 CELESTE

Para muchos de los más fieles fanáticos de la Selección Peruana, el nombre Roberto Carlos Palacios Mestas, o más conocido como el “Chorri”, ingresaría indudablemente en la lista de los mejores número 10 en la historia del fútbol peruano. Sin embargo, el nombre de uno de los ídolos del club Sporting Cristal también ha ingresado en la lista de deportistas elegidos por el alcalde López Aliaga.

En el pasado mes de septiembre, la gestión que encabeza el líder de Renovación Popular le ha pagado más de treinta mil soles al exjugador nacional. Acorde a la información disponible en el portal Transparencia Económica, Palacios ha recibido  un total de S/. 88,920.00 desde que empezó a trabajar para la Municipalidad de Lima en este año 2025 pese a que en paralelo se encuentra vinculado laboralmente con la Federación Peruana de Fútbol, en donde es embajador y se ha mostrado como uno de los defensores de su cuestionado presidente Agustín Lozano.

En la información oficial que se ha podido encontrar incluso se puede observar que, sólo en el mes de abril del presente año, el recordado futbolista recibió un total de cincuenta y dos mil soles por su contrato con la Municipalidad de Lima en dos diferentes órdenes de servicio bajo los conceptos de “asistencia técnica especializada” y “entrenamiento en deportes”.

Pero Roberto Palacios no ha sido el único referente del fútbol peruano que ha trabajado para el alcalde de Lima. El mes pasado, el portal Ojo Público reveló que la gestión de Rafael López Aliaga había emitido numerosas órdenes de servicio a nombre del exfutbolista Julio César Uribe. El referente del club del Rímac, que también es militante de Renovación Popular, había cobrado un total de S/249.000 por estas once órdenes de servicio.

Además, un informe periodístico de Sudaca titulado “Las voleibolistas de Porky” también dio a conocer, semanas atrás, que la Municipalidad de Lima había destinado más de doscientos mil soles del presupuesto para pagar contratos a las exjugadoras de vóley Cecilia Tait Villacorta y Rosa Gisella García Rivas.

Este lunes, Rafael López Aliaga renunciará a su cargo para enfocarse en su campaña presidencial. Sin embargo, el líder de Renovación Popular deja como legado una considerable deuda y costosos contratos que parecen haber beneficiado más a su posicionamiento como figura pública que a las necesidades de Lima.

[INFORME] En medio de la crisis por la inseguridad, patrulleros que costaron cerca de doscientos millones de soles son encontrados con neumáticos en mal estado, tablets sin conexión con el sistema policial y hasta extintores vencidos.

Entre noticias plagadas de asesinatos y extorsiones, la mayoría de peruanos encara su día a día con la incertidumbre de no saber si puede convertirse en una víctima. La innegable e histórica crisis que está afrontando el país en materia de seguridad no sólo parece estar lejos de terminar sino que tampoco parece existir un plan a seguir para revertir una realidad que cada vez se torna más violenta.

Desde el Ejecutivo, la atención de la presidenta Boluarte ha terminado centrada en contener las interminables crisis de su gobierno y en el Ministerio del Interior parecen tener más palabras que ideas para atender la demanda de una población que reclama seguridad. Por el contrario, desde el gobierno incluso se escuchan expresiones que podrían ser catalogadas como indolentes al minimizar el asesinato de otro conductor de buses.

El trágico presente en la lucha contra la delincuencia tiene diferentes puntos para profundizar y, en esta oportunidad, Sudaca pudo acceder a un documento de la Contraloría que expone el injustificable descuido que hay en las comisarías con herramientas que son básicas para enfrentar a los criminales que parecen haber tomado el país.

LOS PATRULLEROS DE LA POLÉMICA

En el documento que Sudaca pudo revisar, la Contraloría pudo constatar el insólito presente de numerosos patrulleros que debían estar en condiciones óptimas para atender labores de patrullaje y los llamados de los peruanos víctimas de la delincuencia. Estos párrafos detallan lo que viene ocurriendo con vehículos que la Dirección Territorial de la Policía Nacional del Perú (DIRTEPOL) alquiló.

Este contrato de alquiler apenas data de los primeros meses del año 2023, más precisamente del mes de febrero, y representó una inversión total de S/. 189,836,268.31 que fueron pagados a Transportes Ángel Ibárcena S.A.C. a cambio del alquiler de quinientas camionetas pick up doble cabina 4X2.

Como suele ocurrir en este tipo de contratos con el Estado, suele existir un amplio listado con las especificaciones que, en este caso, las camionetas pick up deben tener al momento de la entrega. En la siguiente imagen se pueden observar algunas de estas exigencias, como una Tablet para acceder al sistema policial y otros elementos de seguridad básica como el botiquín y un extintor.

Estos documentos también estaban contemplando el mantenimiento de estas unidades y se especificaba que debía existir un oportuno reporte de los problemas que podrían estar presentando estos vehículos y su equipamiento para que se puedan corregir como lo estipula el contrato.

UN ABANDONO BASTANTE CARO

Durante este año 2025, entre los meses de marzo y junio, el pago a la empresa Transportes Ángel Ibárcena S.A.C. por estos vehículos alquilado alcanzó la suma de  S/ 15,183,736,16. Sin embargo, el presente de estos vehículos parece distar mucho de lo que inicialmente se había acordado.

El documento de Contraloría expuso que, durante una visita realizada en el último mes de septiembre, se pudieron encontrar varios de estos vehículos que estaban en condiciones que de ninguna manera se podrían calificar como ideales. Esta inspección se realizó en tres establecimientos policiales ubicados en los distritos de Breña, Rímac y San Juan de Miraflores donde catorce unidades presentaron problemas.

En algunas de las imágenes que se pudieron obtener de estas visitas se puede observar que el estado de los neumáticos de estos vehículos alquilados mostraba un notorio desgaste que a su vez exponía que no existiría el mantenimiento adecuado que requieren estos patrulleros pese a que en el contrato fue un aspecto que se había tenido en cuenta.

En el informe técnico que incluyó la Contraloría también se detallan los problemas que pueden derivar de este mal estado de los neumáticos. Pese a que estos patrulleros pueden verse involucrados en persecuciones de alta velocidad, los neumáticos presentaban un alto riesgo de deslizamientos y problemas en el frenado.

Las tablet, cuyo funcionamiento adecuado es imprescindible en las labores de la policía, fueron encontradas inoperativas por lo que acceder al sistema policial y corroborar, por ejemplo, si una persona tenía una orden de requisitoria resultaba imposible pese a que este era un requisito señalado en el contrato.

Incluso se pudo encontrar que varios de estos vehículos presentaban abolladuras y asientos rotos. Aunque lo más notorio que encontró la Contraloría durante su visita fue situaciones como la que se aprecian en la siguiente imagen de un parachoques atado con un alambre.

Pese a que en las especificaciones se leía claramente que el vehículo alquilado debía contar con un extintor y un botiquín con una lista detallada de los implementos que debía contener, durante esta inspección se encontró que estos vehículos el extintor estaba vencido y el botiquín vacío.

Cabe señalar que si bien esta inspección ocurrió en tres comisarías, los quinientos vehículos, por los cuales se firmó un contrato que compromete pagos que en total suman cerca de doscientos millones de soles, se encuentran distribuidos en diversas regiones policiales de Lima y Callao.

Mientras las bandas criminales que hoy aterrorizan a los peruanos se están dotando hasta con granadas, la Policía Nacional del Perú no sólo carece de un plan para ponerle un alto a la delincuencia sino que tampoco parecen contar con herramientas indispensables, como un patrullero en buen estado, para atender este presente caótico.