Al respecto, Ayala señala que «no hay que tenerle miedo al pueblo», que se le puede dar debate a los grupos conservadores y que el temor a una Constitución con estas características «parte de la lógica de que el pueblo no sabe elegir y son unos salvajes».  «Si partimos de la lógica que esto sí o sí será un producto retrógrado será un insulto al pueblo peruano», agrega Arturo.

Para el analista político Mauricio Saravia, estos resultados son producto de las constantes crisis políticas que ha atravesado el país durante los últimos años sin una respuesta de la clase política dominante y esto «ha ido exacerbando el sentimiento de un cambio profundo que se materializa vía Asamblea Constituyente». «Si ya estamos intentando todo, por qué no vamos un poco más allá», explica sobre la lógica detrás de esta tendencia que se muestra en aumento.

Además, Saravia considera que fue la oposición la encargada de poner a la Asamblea Constituyente en la agenda política del Perú. «No siento que desde el oficialismo, cuando Pedro Castillo era presidente, se haya tomado en serio el asunto y más bien la oposición lo puso en agenda», comenta el analista político.

Sobre las iniciativas con las que un sector se muestra a favor para la nueva Constitución, Saravia indica que «la gente lo que quiere es un Estado fuerte y autoritario» y agrega que esta preferencia siempre ha existido debido a que en Perú «tenemos una visión muy autoritaria de la relación del ciudadano y Estado».

«No creo que haya un proyecto serio de una Asamblea Constituyente», cuestiona Saravia y señala que incluso la izquierda progresista de Nuevo Perú no está «tomándose muy en serio el tema de la Constituyente» y se está abordando pensando más en el capital político que se quiere acumular al apoyar este tipo de propuestas.

¿DERECHOS EN PELIGRO?

Alonso Gurmendi, especialista en derecho internacional, señala que «el Pacto de San José establece que cuando un país elimina la pena de muerte ya no puede regresar» y advierte que, aunque se podría incluir, «terminaríamos con una constitución que viola estándares internacionales». 

Aunque salir del Pacto de San José es una posibilidad, que tanto sectores de la derecha como izquierda han planteado en diferentes momentos, Gurmendi considera que esto sería una decisión grave debido a que «genera una situación de desamparo de la población. No va a tener recursos en instancias internacionales para resolver cualquier injusticia o violación de derechos humanos» y agrega que «debe preocupar un Estado que no se sienta restringido por el trato que le da a sus ciudadanos».

«Hoy en día. el matrimonio igualitario no está prohibido a nivel constitucional en el Perú. Hay una restricción legal en el código civil, pero no en la Constitución. Tal como está la opinión pública es posible que una alianza de la izquierda y derecha conservadora establezcan una prohibición en la Constitución», señala el abogado sobre algunos de los posibles escenarios que afrontaría el país teniendo en cuenta algunas de las tendencias mostradas en las encuestas.

El aumento de peruanos a favor de una Asamblea Constituyente es innegable. Sin embargo, el aparente descuido de las agrupaciones políticas al señalar con claridad los puntos a cambiar parece haberle abierto la puerta a los sectores más radicales y conservadores del Perú para instalar sus ideales.

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Nueva Constitución

Natali Durand Guevara también es docente sanmarquina y acudió al campus en la mañana del sábado al ser alertada por sus alumnos que uno de sus compañeros estaba siendo detenido por policías que habían irrumpido en su centro de estudios. “Me comenzaron a escribir porque un alumno había sido detenido al igual que varios estudiantes universitarios en esta entrada de los policías. Cuando fui no dejaban entrar a nadie”, relató a Sudaca.

 

“Empujaban a cualquier persona que se quería acercar”, cuenta Durand sobre las acciones de las fuerzas del orden y explica que tampoco dejaban entrar personal de salud, abogados e incluso a congresistas como Isabel Cortez, Ruth Luque y Sigrid Bazán.  “Como docente debería poder ingresar a mi casa de estudios y no pude”, reclama.

“Estábamos preocupados porque veíamos salir a los buses y no sabíamos a dónde los llevaban”, cuenta Durand Guevara. “La policía no decía nada. No brindaba información”, cuestiona la docente universitaria, que recién pudo conocer el destino de los detenidos al seguir uno de los buses que salió de la universidad y llegó a la sede de la Dirincri.

DERECHOS NEGADOS

Pero la peor parte de la historia para manifestantes y estudiantes no terminaría con lo ocurrido dentro del campus y que denunciaron sus compañeros de estudio y docentes. Tras abandonar la sede universitaria, los detenidos fueron trasladados en buses a la Dirincri. Ahí se dirigió la abogada Renata Bregaglio Lazarte, junto a otros colegas que estaban dispuestos a brindar asistencia legal a los detenidos.

“En la Dirincri se han presentado situaciones complejas”, cuenta la abogada sobre lo que vio en el transcurso del sábado. “Había una señora mayor a quien le subió la presión y se sentía muy mal. Prácticamente no hablaba castellano y se le tuvo todo el día en una silla. La señora estaba descompuesta vomitando. Estuvo en una banca hasta las dos de la mañana”, expone Bregaglio.

“En el piso que yo estaba había una mujer embarazada de dos meses y la señora ha estado sentada todo el día en una silla de madera. Otra mujer estaba muy descompuesta, menstruando y en ningún momento se le ofreció la posibilidad de poder recostarse”, agrega.

Sin embargo, en la sede de Dirincri se vivirían episodios más cuestionables con el paso de las horas. “Las personas detenidas señalaban que la policía los presionó para firmar los documentos”, revela a Sudaca la abogada Bregaglio Lazarte y aclara que entre estos documentos se encontraban constancias de no haber sido maltratados por la policía durante el operativo para detenerlos.

Un episodio que tendría como agravante el hecho de no haber contado con traductores para un importante número de detenido que no hablaba español con fluidez. “Empezaría diciendo que la interpretación de lengua originaria en el marco del sistema de justicia es un derecho. La persona tiene derecho a elegir en qué idioma prefiere comunicarse”, señala Bregaglio.

La abogada también comenta que, cuando se exigía que asistan intérpretes, inicialmente las autoridades señalaban que esto “no era necesario”. “Cuando no había intérprete respondían con sí o no porque no podían formular ideas más complejas y se explayaban muchísimo cuando lo hacían con el intérprete”, cuenta Renata.

Durante la noche del sábado se conocieron documentos con los que se intentaba justificar el accionar de la policía y el trato a los detenidos. Sin embargo, los argumentos, como el hallazgo de pancartas y telas con frases como “no matarás ni con hambre ni con balas”, terminaron por resultar poco convincentes.

 

 

Ante los cuestionamientos de docentes y alumnos de la propia universidad, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos publicó un comunicado durante la tarde del domingo rechazando la intervención de la DIRCOTE, cuestionando el trato de la policía a quienes se encontraban en el campus y aclarando que la universidad únicamente había solicitado que se liberen las puertas.

 

Durante la noche del domingo se terminaron de liberar a los casi doscientos detenidos en el operativo del sábado. Sin embargo, este operativo que inicialmente fue celebrado por integrantes del gobierno, como el premier Alberto Otárola, ha tenido un desenlace que deja muy comprometido al Ejecutivo y Policía Nacional del Perú, y parece haber empezado a debilitar la imagen del gobierno en Lima, el que hasta ahora era uno de los puntos de respaldo que le quedaban.

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Dina Boluarte, Universidad San Marcos

¿Cuál es la estrategia del Ejecutivo y Legislativo para realizar denuncias sin pruebas sobre lo que ocurre con las protestas?

Es parte de la pequeñez de nuestra clase política. No muestran una sola prueba de sus afirmaciones. Un congresista boliviano habló de ponchos rojos, pero no hemos visto una sola foto de los ponchos rojos en el Perú. Es parte de la pequeñez de nuestra élite política que afirma cualquier cosa y no se siente obligada a presentar una prueba. 

¿Era el momento para incluir la bicameralidad y reelección de congresistas en el debate sobre las nuevas elecciones?

Soy partidario de la bicameralidad y reelección. Pero en estas circunstancias no es lo más indicado plantear ese tipo de reformas. Si se plantean, no tienen que ser resueltas en el congreso. Tienen que ir a referéndum, porque la población votó hace no mucho en contra de esas dos medidas. No podemos construir una democracia que se funde en la burla de la soberanía electoral. Tenemos que ir a convencer a los electores que son dos medidas correctas. 

¿Por qué si el Congreso es aliado de Dina Boluarte pide bicameralidad y hasta exige el cambio de los titulares de la ONPE y JNE si saben que de esa forma despiertan mayor desconfianza en una población enardecida? 

Lo de los organismos electorales se debe al hecho que hay un sector que solamente puede ganar elecciones adueñándose de la cancha, el árbitro, el equipo rival y del VAR. Eso tiene que ser rechazado porque iniciativas de ese tipo son anticonstitucionales. El Congreso no tiene las capacidades para interferir. En cuanto a que le aconsejen más muerte, represión y bala es porque ellos piensan que es lo correcto. La política de matar indios se inauguró en la colonia y ahora vemos caminando en la calle con traje y corbata a muchos visitadores Areche.

¿Es la renuncia de Dina Boluarte la salida de este conflicto?

Todo depende de un acuerdo político y que lo involucrados lleguen a un acuerdo mayoritario de una ruta de salida de la situación. Si ese acuerdo se logra, mantiene y respeta es probable que volvamos a un momento más tranquilo de la política nacional. Pero, si no es así y seguimos pulseando unos con otros, esta es la ruta del desastre.

¿Pedro Castillo y Perú Libre tienen un rol protagónico en estas marchas?

El gobierno está sacando varios cadáveres del closet y uno de ellos es el señor Castillo. No tiene ninguna capacidad de intervenir en ningún sector de la protesta. La demanda por su libertad y reposición se ha caído de la agenda de los manifestantes.

¿Cree que Dina Boluarte está considerando la posibilidad de una renuncia?

Yo le dije que tenía que incorporar en su repertorio de acciones posibles la renuncia como una forma de desbloquear y canalizar una situación complicada.

¿Qué le dijo cuando se lo sugirió?

Sólo me escuchó.

¿Por qué no llegó a ser primer ministro?

Porque yo le hice una propuesta sobre lo que debía hacer y empezaba por el reconocimiento político de las muertes que entonces era veintidós. Si no hay un reconocimiento político de las muertes, no nos podemos engañar. Nada más va a ser creíble. No es posible que nos acostumbremos a una democracia que cada cierto tiempo ve morir ciudadanos en manos  de las fuerzas del orden y nadie asume la responsabilidad. Ya nos ocurrió con Castillo. Las  protestas de agricultores y transportistas en Huancayo dejaron ocho personas muertas y ni el gobierno ni el Congreso tuvieron la fuerza para exigir responsabilidad política. Una democracia que acepta que casi medio centenar de ciudadanos mueran y no pase nada es una democracia muy enferma. 

¿Dina Boluarte es directamente responsable por los casi cincuenta peruanos fallecidos?

Lo es porque ella no le ha pedido responsabilidad política a quien debía, el ministro del cargo. Si la presidenta no le solicita la renuncia, ella está asumiendo la responsabilidad política y lo sabrá después cuando salga del cargo y vea que todo lo que ha hecho tiene una consecuencia penal, nacional e internacional.

¿Puede acabar presa?

No lo sé. Lo que pasa en los vericuetos del Poder Judicial yo no lo conozco.

¿Qué pudo haber llevado a que varios ministros renuncien a las pocas horas de haber recibido el voto de confianza por parte del Congreso?

Hay gente que conserva cierta dignidad y apego por la vida humana.

¿Estas renuncias pueden ser un llamado de atención para Boluarte sobre el peso real de sólo tener el apoyo del Congreso?

Hace días estamos con movilizaciones en todas las regiones. Hay más de cien puntos de carreteras bloqueadas, sabemos que manifestantes están llegando a Lima y se prepara un paro nacional. Si eso no la hace ver que la política que está teniendo no da resultados, no sé qué lo pueda hacer. 

¿Declarar Estado de emergencia y poner trabas para que las personas de otras regones lleguen a Lima es una estrategia adecuada?

Mire la reacción de los buses detenidos en algunas zonas. Lo que está generando es una reacción más enconada de la gente que es detenida y finalmente llegará a Lima. No hay más ruta que el diálogo. Eso es política, lo demás en replegarse en una actitud represiva del Estado. 

¿Lima se sumará a las protestas?

Ya hay un sector de jóvenes que se ha empezado a movilizar. Si eso se materializa, creo que la movilización juvenil de Lima, que tiene la cualidad de atravesar distintos grupos sociales, acelerará la cuenta regresiva del gobierno.

Con nuevas elecciones en un futuro cercano, ¿los partidos que hoy respaldan a Dina Boluarte podrían empezar a marcar distancia para no perder votos?

Quisiera ver cómo van a pedir el voto en Cusco, Puno, Arequipa y en los otros lugares donde hay movilización, enojo y protesta. No sé qué hará ese grupo que en este momento está empujando al gobierno en una dirección equivocada.

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Dina Boluarte, Entrevista, Jorge Nieto Montesinos, política peruana

Al igual que Josué Marocho, la titular de la Federación Universitaria de Cusco ve a Dina Boluarte como una persona que está realizando un cogobierno con el Legislativo. “El Congreso ha tomado por asalto el Ejecutivo. No son poderes separados”, explica. Por ello, pide que la nueva Mesa Directiva que asuma tras la renuncia de Boluarte, una de las exigencias que Labra respalda, tenga una actitud dialogante al considerar que “cada vez que el sur quiere hacer escuchar su voz no se le escucha”.

Kelyn Labra también descarta que estas movilizaciones tengan respaldo desde Bolivia o que las consignas sean impuestas por políticos de dicho país. “Evo Morales es un expresidente de un país hermano y un agente político importante, pero en esta medida de lucha descarto que haya tenido injerencia”, comenta al respecto. 

Por otro lado, Rómulo Ramos Miranda, secretario general de la Federación de Campesinos, sostiene que es importante hablar del referéndum para una nueva Constitución y responsabiliza a la actual de la situación que están viviendo en las regiones. “De qué democracia nos habla esta constitución si nos mandan a matar”, cuestiona Ramos.

“No hemos visto bolivianos acá. Son estrategias con las que quieren desprestigiar a las organizaciones”, comenta sobre las denuncias de algunos sectores y explica que durante las manifestaciones han observado personas infiltradas. “Hemos encontrado varios infiltrados y lo hemos hecho ver a la policía, pero no hacen nada”, cuenta a Sudaca y denuncia a los policías de tener “órdenes de matar a dirigentes y líderes de los gremios”.

Ramos Miranda dice no tener seguridad para dialogar con representantes del Estado y desconfía de las intenciones de Dina Boluarte. “Esa señora es capaz de mandar policías para que nos asesinen”, agrega. Además, anuncia que pronto estarán en Lima para realizar una nueva Marcha de los Cuatro suyos.

En las últimas horas, el Ejecutivo ha declarado Estado de Emergencia en numerosos departamentos entre los que se incluye a Cusco. Además, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) ha publicado una encuesta en la que Dina Boluarte cuenta con un 71% de desaprobación a nivel nacional y un 58% considera que se cometieron excesos por parte de las fuerzas del orden frente a las protestas. El gobierno de Boluarte ha logrado contar con el respaldo de quienes solían ser la oposición, pero el camino para recuperar el diálogo con las regiones parece ser cada vez más complicado.

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Cusco, Dina Boluarte, gabinete Otárola

EN MANOS DEL EJECUTIVO

José Saldaña Cuba, abogado y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, considera que esta propuesta debe ser revisada debido a que “la competencia de la administración del LUM recae en la participación de distintos órganos del Estado”. Resalta que” otros organismos, como los ministerios de Cultura, Defensa y Justicia, tienen competencia y participación” con respecto al Lugar de la Memoria, aunque es la Municipalidad de Lima la que otorga la autorización para el funcionamiento.

Para el abogado es claro que “la Municipalidad de Lima no puede decidir de manera unilateral y mucho menos sobre asuntos de tanta importancia como el contenido de la exposición”. Además, considera esta propuesta como una “imposición ideológica que tiene como principal problema el ocultamiento de la verdad y, por supuesto, de los crímenes perpetrados por las Fuerzas Armadas”.

Desde el punto de vista legal, Saldaña Cuba cuenta que existen opciones para evitar que el pedido de López Aliaga se convierta en una realidad. “Legalmente se pueden activar mecanismos judiciales como demandas de amparo que permitan que jueces ingresen a evaluar si estas medidas se ajustan a los derechos fundamentales como el derecho a la verdad. De esta manera se podría suspender los efectos de este tipo de decisiones administrativas”, expresó. 

Mientras tanto, la embajada de Alemania, país que contribuyó con más de cuatro millones de euros en la creación del LUM, emitió un pronunciamiento en el que la embajadora alemana, Sabine Bloch, invita al nuevo alcalde limeño a conocer el contenido que brinda el Lugar de la Memoria en sus exposiciones y le pone principal atención a una en la que se incluyen a los familiares de los miembros de la PNP y Fuerzas Armadas víctimas del periodo de violencia.

La propuesta de Rafael López Aliaga parece estar lejos de concretarse al depender más del Ejecutivo que de la Municipalidad de Lima. Sin embargo, por tratarse de uno de los líderes políticos con una considerable influencia en la capital, vuelve a poner en el centro de las discusiones políticas el tratamiento que se le da a un periodo de la historia peruana que todavía no ha sanado y sobre el que existe, en varias regiones del país, una percepción de impunidad en favor de las Fuerzas Armadas.

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Juntos Por el Perú recibirá S/ 687 321.48 para el primer semestre del 2023.

EL DIVORCIO DE LA IZQUIERDA

El inicio del fin de esta coalición política empezó en julio del 2021, según detallaron a Sudaca fuentes que han preferido mantenerse en reserva. Por aquella época, con Pedro Castillo como presidente electo y con Juntos Por el Perú presente con una bancada en el Congreso, el diálogo entre las agrupaciones de Verónika Mendoza y Roberto Sánchez Palomino se quebró y los intentos por mantener vigente el acuerdo firmado en septiembre del 2020 eran ignorados.

En septiembre del 2021, un año después que Roberto Sánchez Palomino y Verónika Mendoza firmaran el acuerdo político, Nuevo Perú le mandaba una carta a la agrupación política del entonces titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Sin embargo, esta nueva invitación para retomar el trabajo conjunto no fue escuchado por Juntos Por el Perú.

Nuevo Perú intentó en repetidas oportunidades continuar con el acuerdo político.

Por el contrario, en la interna de Juntos Por el Perú el clima parecía de máxima hostilidad con quienes pocos meses atrás habían sido sus aliados en su intento de llegar a la presidencia del Perú. Ni la bancada que compartían en el hemiciclo y fue producto del trabajo de ambas agrupaciones pudo unirlos para desarrollar una agenda conjunta.

Sudaca accedió a la conversación de un grupo de Whatsapp en el que participa Raúl Del Castillo, quien era el encargado designado por el partido de Sánchez Palomino para implementar el acuerdo firmado en 2020, y en el que se leen frases como “Los de NP (Nuevo Perú) deben morder el polvo de la derrota” y se califica a los integrantes de Nuevo Perú como soberbios.

Desde Juntos Por el Perú no sólo los ignoraban sino que se los empezaron a ver como enemigos.

Fuentes que dialogaron con Sudaca señalaron que una de las razones por las que el partido de Sánchez Palomino habría marcado distancia de Nuevo Perú sería debido a que el exministro de Comercio Exterior y Turismo no se sintió respaldado por la agrupación de Verónika Mendoza cuando, tras la primera vuelta, se encontraba luchando por asegurar un lugar en el Congreso.

No obstante, fuentes confiables señalan que Nuevo Perú, quienes se convirtieron en un aliado importante para la candidatura de Pedro Castillo en la segunda vuelta electoral, incluso respaldaron a Sánchez Palomino para que pueda ser parte del gabinete pese a que Roger Najar, uno de los hombres de confianza de Castillo Terrones, prefería no tenerlo cerca al gobierno que por ese entonces estaba por iniciar funciones. Sudaca intentó comunicarse con Roberto Sánchez Palomino. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, el exministro no respondió la invitación para brindar su descargo. 

Hoy el adelanto de elecciones parece inevitable. Pero también parece un hecho que, si hay una candidatura de izquierda, difícilmente será con una candidatura que vuelva a unir a las agrupaciones de Roberto Sánchez Palomino y Verónika Mendoza, quienes hasta la fecha no han retomado el diálogo para continuar con los acuerdos que firmaron en 2020.

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Durante una entrevista, Dina Boluarte reconoció que algunos integrantes de su gobierno fueron designados porque se los recomendaron, ¿quiénes cree que aconsejan a la presidenta?

No sé si le aconsejan, pero creo en las responsabilidades políticas individuales. Eso de quién le aconseja termina siendo una excusa para no hablar de manera directa de quién tiene la responsabilidad. No veo en la señora Dina Boluarte una persona incapaz de razonar y reflexionar políticamente. Ella es la presidenta de la república y tiene una directa responsabilidad política por las vulneraciones a los derechos humanos que vienen ocurriendo. Boluarte es la principal responsable de la crisis política actual.

¿El Congreso citará a integrantes del gabinete para responder por los fallecidos durante las protestas?

Se han presentado pedidos, pero no son puestos en agenda. No es prioridad para la Mesa Directiva que, debemos señalar, está en armonía con la señora Boluarte. Hemos presentado cinco mociones para conformar una comisión investigadora para los heridos y fallecidos. Recuerde cómo durante el gobierno de Pedro Castillo volaban las interpelaciones a la mínima critica que la prensa sacaba. Hoy, pese a tantas muertes, no existe ninguna voluntad política y eso demuestra un desprecio hacia un sector de la población.

¿Coincide con el sector de la izquierda que ve a Pedro Castillo como un perseguido político?

El señor Castillo es expresidente y la justicia ha actuado rápidamente. Se ha formado una comisión especial a cargo de la señora Benavides. No tengo más para decir salvo que haya un debido proceso como con cualquier persona. Creo que deberíamos preocuparnos por el gobierno de Dina Boluarte.

¿Por qué voto en contra del adelanto de elecciones?

Yo he planteado que sea en 2023 y lo que se estaba votando era un adelanto para el 2024. Además, hay un conjunto de reformas que van en la línea con lo que un grupo de fuerzas políticas quiere hacer que es imponer la bicameralidad, reelección y sus reformas. Incluso no quieren que se implemente de manera clara las elecciones primarias. 

Algunos de sus colegas están exigiendo que los titulares de ONPE, RENIEC y JNE abandonen sus cargos, ¿lo considera un ataque a la democracia?

Una bancada presentó ese pedido y lo hemos rechazado. Hay una actitud hostil al sistema electoral porque siguen partiendo de una lógica de fraude. Quieren copar las instituciones del sistema electoral y eso sería un grave atentado. Es peligroso y no lo debemos permitir.

¿Ve alguna figura con posibilidades de ser presidenciable para este adelanto de elecciones?

Ahorita no. Sí creo que hay un proceso político complejo y los movimientos de izquierda tendrán que dialogar para ver cómo afrontar el escenario..

Algunas versiones señalaron que Dina Boluarte se reunió con algunas bancadas antes de la vacancia de Pedro Castillo, ¿su bancada estuvo fue una de ellas?

Jamás participé en reuniones previas ni tuve ningún nivel de comunicación. Desconozco si se realizó o no.

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Un pedido sin sustento

Pese a que, hasta la fecha, los congresistas de agrupaciones políticas como Fuerza Popular y Renovación Popular insisten en la necesidad de remover del cargo a las autoridades de ONPE y JNE, el Congreso no encontraría un camino sencillo para lograrlo.

Sudaca dialogó con Javier Albán, abogado especialista en temas electorales, para conocer la viabilidad de esta propuesta que vienen impulsando algunos congresistas. “Una de las garantías del sistema electoral es que está separado del poder político. No hay cómo desde el Congreso puedan sancionar al JNE. No puedes hacerle una acusación constitucional”, señala el abogado.

Según comenta el especialista, tanto la ONPE como el JNE se pueden respaldar en el artículo 99 de la Constitución en el cual se establece quiénes pueden ser acusados por el Congreso y en esta lista no figuran los responsables de los órganos electorales.

«Tendrían que hacer una reforma constitucional que los incluya», explica Albán sobre el único camino que tendría el Legislativo para poder sacar del cargo a los titulares de ONPE y JNE. Sin embargo, resalta que, incluso si lo intentan, el Tribunal Constitucional podría intervenir y esta medida quedaría sin efecto.

“Cualquier persona que tuviese la intención de torcer el proceso electoral no podría porque el poder está dividido”, señala Albán y agrega que el pleno del JNE, conformado por cinco integrantes, es designado por el Poder Judicial, Fiscalía, Colegio de Abogados de Lima y decanos de las facultades de derecho de las universidades públicas y privadas.

Sobre la situación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el abogado explica lo siguiente: “En la ONPE es distinto porque es un organismo más técnico que no necesita la labor de jueces que analicen derecho. Está compuesto por gente con conocimientos técnicos y son seleccionados por la Junta Nacional de Justicia a través de un concurso público”.

Sin embargo, no siempre se conformó de esta manera y hubo un tiempo en que podría haber despertado sospechas con verdadero sustento. Javier Albán relata que, hacia finales del siglo XIX, existía la Junta Nacional Electoral y en esa época sí incluía representantes del Ejecutivo y Legislativo. “Imagínate las dudas que habría si tuviera representantes del poder político como el Congreso”, agrega.

El Jurado Nacional de Elecciones no ha tardado en expresarse ante las declaraciones y exigencias realizadas por algunos parlamentarios durante los últimos días y ha señalado como inconstitucional la posibilidad de una ley que les permita intervenir en el sistema electoral tal como pretenden plantear desde el Congreso.

Los caminos del Congreso para ejecutar lo que parece ser una venganza sin sustento parecen totalmente bloqueados y la insistencia en estas propuestas y relatos de fraude terminan siendo más un estímulo para la convulsión social que una chance del Legislativo para recuperar credibilidad en la población.

La cuota ultraconservadora

Pero, además de Jorge Chávez, hay otro ministro cuyas capacidades al frente de su sector son puestas en duda. Se trata de Oscar Becerra, el nuevo ministro de Educación. Becerra Tresierra, quien fue director de Tecnología Educativa del Minedu en el pasado, se muestra en redes sociales como un férreo opositor al enfoque de género y tiene expresiones agresivas contra la comunidad LGTBI. A ello se le suma que Becerra acusa a ONPE de “poner” a Pedro Castillo como presidente.

Sin embargo, hay más razones para tomar con preocupación su llegada al Minedu. Según un informe periodístico realizado por el periodista Marco Sifuentes en 2012, Becerra estuvo involucrado en una cuestionada compra de laptops durante el gobierno de Alan García que le costaron al país un aproximado de 150 millones de dólares. Una compra que, como señala el informe, se habría realizado sin el proceso de licitación correspondiente y terminó con un incendio en los almacenes del Minedu que destruyó cuarenta mil de estos dispositivos.

Con estas nuevas designaciones, por más que sean aceptadas y hasta defendidas por un sector del Congreso y las conocidas cuentas troll en redes sociales, ponen al gobierno de Dina Boluarte ante un panorama complejo en el que un discurso más cercano al del repudiado Congreso la podría distanciar todavía más de una población que parece implacable en su lucha contra el Ejecutivo.

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