[INFORME] Luego de dos años del asesinato de Santiago Guardamino, su familia y la Comunidad de Quipán siguen padeciendo el desinterés por parte de la justicia para encontrar a los responsables de un crimen que, sospechosamente, ocurrió en medio de una batalla legal que involucra a una poderosa empresa.

Han pasado más de dos años desde aquella noche del  1 de abril del 2024 en la que Santiago Guardamino Gonzáles fue brutalmente asesinado a manos de sicarios e, increíblemente, sus familiares y la gente de la Comunidad Campesina de Quipán, donde era presidente, siguen sin obtener justicia.

Durante los últimos meses, este medio difundió la larga lista de hechos y escándalos que rodearon este repudiable crimen, y que hoy invitan a que la familia de Guardamino Gonzáles se pregunte si existen poderosas influencias que obstaculizan y persuaden a la justicia para que la muerte de Santiago siga sin tener responsables.

LA VENTA QUE EMPEZÓ TODO

Para entender mejor las circunstancias en que se produjo el asesinato de Santiago Guardamino es preciso remontarse a los hechos que tuvieron lugar a finales del año 2016. Por aquella fecha, la Comunidad Campesina de Quipán había concretado a la importante venta de un terreno a una importante empresa.

No habría anda extraño en ello de no ser porque los integrantes de esta comunidad desconocían que se estaba gestionando dicha venta. Abel Mosquera Ortiz, quien por aquel entonces se desempeñaba como presidente de la comunidad, había utilizado documentación falsificada para venderle a la empresa Industrias Argüelles diez mil hectáreas de tierras comunales.

El escándalo sobre esta venta fraudulenta también se centró en la insólita cifra que recibió Mosquera Ortiz. Según se pudo conocer, Industrias Argüelles, empresa que se encontraba interesada en estas tierras comunales para la creación de un relleno sanitario, acordó pagar apenas seiscientos mil soles por un terreno cuyo precio estimado rondaba los cinco millones de soles.

CONDENAS Y SOBORNOS

Las irregularidades detrás de esta venta fraudulenta terminarían siendo expuestas y fue en ese momento cuando se evidenció el verdadero poder de los involucrados. Este caso había terminado en manos de la magistrada Roxana Becerra Urbina y, por lo tanto, el futuro de la adquisición hecha por Industrias Argüelles estaría en sus manos.

Pero el fundador de Industrias Argüelles no estaba dispuesto a perder y puso todo su poder económico para intentar torcer la justicia en su favor. El propio Aniceto Argüelles y una persona de su círculo de confianza identificado como Silvio Muñoz se encargarían de gestionar un importante soborno de más de medio millón de soles a Becerra Urbina a cambio de obtener una sentencia favorable.

La labor de seguimiento de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) descubrió que Argüelles había hecho las gestiones para, mediante intermediarios, comprar terrenos propiedad de la magistrada y su familia a precios inflados, y con ello asegurar que la justicia esté de su lado en el caso de la Comunidad Campesina de Quipán.

Aunque Abel Mosquera, expresidente de la Comunidad Campesina de Quipán, terminaría siendo condenado a cinco años de prisión efectiva, Aniceto Argüelles encontró, como única salida para evitar un desenlace similar, la alternativa del acuerdo de terminación anticipada con el cual reconocía el pago de un soborno y su condena fue de cuatro años y dos meses de prisión suspendida.

Estos antecedentes que involucran influencias en la justicia y mucho dinero en juego han llevado a que las personas cercanas a Guardamino miren con recelo el accionar de la justicia en lo que respecta a la investigación del asesinato de Santiago que lleva más de dos años sin culpables y una familia sin respuestas.

[INFORME] No tienen cargos oficiales en el gobierno, pero se han convertido en las encargadas de visitar ministerios y hasta rinden cuentas en Palacio. Sudaca pudo identificar a quienes integrarían el gabinete en las sombras de Keiko Fujimori.

La luna de miel no pudo ser más corta para Keiko Fujimori. Tras alcanzar la presidencia, su objetivo político durante cuatro procesos electorale, la lideresa de Fuerza Popular se encontró con duras críticas que no sólo provienen de la oposición de izquierda. Incluso los miembros de Renovación Popular, a quienes esperaba contar como aliados, vienen demostrando que no facilitarán demasiado estas primeras semanas de gobierno fujimorista.

Pero este panorama adverso también lo están potenciando los mismos integrantes del gabinete naranja. En las últimas semanas se pudo ver un enfrentamiento público entre Alberto Beingolea, ministro de Cultura, y Ernesto Álvarez, ministro de Justicia, por la administración del Lugar de la Memoria. A ello se le sumó que, recientemente, Álvarez tomó la insólita decisión de utilizar las redes sociales para exigirle a la presidenta que acceda a sus propuestas.

Ante este escenario de cuestionamientos externos e internos, se esperaría que Keiko Fujimori busque apoyo en Luis Galarreta, quien como jefe del gabinete debería ser la mano derecha de la mandataria. Sin embargo, Fujimori Higushi parece haber conformado un gabinete en las sombras que está sosteniendo sospechosas reuniones en diversos ministerios y hasta con la propia presidenta.

VISITAS SIN TÍTULO

El pasado 30 de julio, apenas dos días después del inicio del gobierno de Keiko Fujimori, se produjo una reunión en la sede del Ministerio de Educación que llamó la atención. Rut Huamán Coronel, quien fue funcionaria del Minedu durante el gobierno de José María Balcázar y estaba próxima a abandonar dicho puesto, sostuvo una breve reunión de trabajo con Luisa María Cuculiza Torre, quien fue ministra durante el mandato de Alberto Fujimori y mantiene un vínculo muy cercano con Keiko Fujimori.

Esta reunión incluyó a una tercera integrante llamada Rosa del Rosario Salinas Beteta. Aunque este encuentro duró poco menos de veinte minutos, el vínculo entre estos tres nombres marcaría el inicio de una extraña sucesión de visitas a ministerios y hasta al despacho presidencial por parte de un grupo de personas que, oficialmente, no tienen cargos que lo justifiquen.

Para empezar, apenas un día después del encuentro que tuvo lugar en las oficinas del Ministerio de Educación, Cuculiza Torre visitó la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros para sostener lo que quedó registrado como una “visita personal” a Lourdes Tapia, secretaria general de la PCM.

Esta línea de tiempo continuaría el martes 4 de agosto cuando Huamán Coronel, quien para entonces ya no ejercía ningún cargo de forma oficial, reapareció en la sede del Ministerio de Educación para una reunión de trabajo con Luis Alemán Nakamine, quien actualmente se desempeña en el puesto de viceministro de gestión institucional del Minedu.

Tan sólo un día después, Cuculiza, Salinas y Huamán volvieron a aparecer en los registros de un ministerio. En esta oportunidad, este peculiar grupo visitó el despacho de Alberto Beingolea en el Ministerio de Cultura. No es un dato menor que esta visita, que duró cerca de una hora, también se hizo a título personal.

EL ENCUENTRO CON KEIKO

Al término de este encuentro con el ministro de Cultura, Luisa María Cuculiza, Rosa Salinas y Rut Huamán acudieron juntas a otra reunión a la que una vez más se presentaron a título personal. En esta oportunidad, la visita fue a la presienta Keiko Fujimori y permanecieron en su despacho cerca de veinte minutos.

Luisa María Cuculiza parece ser la voz más activa de este grupo de asiduas visitantes a los ministerios. Por ello, dos días después, la exministra de Alberto Fujimori acudió nuevamente a un despacho ministerial. En esta oportunidad, su visita fue para tener una reunión de trabajo con Ernesto Álvarez, ministro de Justicia.

La agenda de Cuculiza y su grupo continuó unos días después en la sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El martes de la semana pasada, Luisa María Cuculiza se acercó en compañía de Rut Huamán Coronel para una “visita personal” a Ana Grimanesa Reátegui Ñapuri, jefa del gabinete de asesores del ministerio que lidera Rafael Rey.

Esta etapa de visitas a ministerio se completó el pasado miércoles 12 de abril cuando Luisa María Cuculiza acudió a una reunión de trabajo con María Seminario Marón, actual titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El encuentro se prolongó por más de una hora.

Mientras empiezan a conocerse versiones sobre discrepancias naranjas entre Miguel Torres, presidente del Senado, y el premier Luis Galarreta, estos registros invitan a preguntarse quién estaría actuando como el verdadero nexo de la presidenta Keiko Fujimori con sus ministerios y si es que acaso estamos, una vez más, ante la existencia de un gabinete en las sombras.

[INFORME] En sus primeras semanas al frente del Ministerio de la Mujer, María Seminario está recibiendo numerosas visitas de integrantes de Renovación Popular y activistas de movimientos ultraconservadores. Sudaca pudo conocer las historias detrás de estos nombres que podrían condicionar la gestión de la nueva ministra.

Una reciente investigación periodística de RPP dio a conocer que  el número de feminicidios (el homicidio de una mujer cometido por razones de género) se había multiplicado por seis durante los últimos diez años. Este impactante informe también reveló que, sólo en los cuatro primeros meses del presente año, existen más de trescientas denuncias vinculadas con este delito.

Se podría esperar que esta alarmante cifra lleve a que el nuevo gobierno ponga especial atención en el trabajo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y demande acciones concretas e inmediatas por parte de la ministra María Magdalena Seminario Marón para frenar una tendencia que está costando cada vez más vidas.

Sin embargo, en las oficinas del ministerio ubicado en Jirón Camaná las prioridades y el enfoque que se le podría dar al rol de la mujer en el Perú podría estar tomando una polémica dirección. Sudaca pudo conocer la lista de personajes que están rodeando a la ministra Seminario y podrían condenar a la mujer peruana a un rol todavía más vulnerable.

CONSERVADURISMO POTENCIADO

Aunque la presidenta Keiko Fujimori ha intentado mostrarse como una alternativa de derecha con una mirada más actualizada con respecto al rol de la mujer en la sociedad e incluso una de sus senadoras apoyó el proyecto de ley sobre la unión civil, no todos en su gabinete parecen convencidos de marcar distancia con los sectores que todavía defienden una visión arcaica sobre la mujer y las minorías.

Paradójicamente, el primer lugar donde se podría estar abriendo la puerta del nuevo gobierno al conservadurismo es en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En los días recientes, la titular del sector, María Magdalena Seminario Marón, ha visto su agenda acaparada por visitas de integrantes del partido Renovación Popular.

Como lo han demostrado en sus discursos y acciones, la agrupación política liderada por Rafael López Aliaga se ha convertido en el vocero de los sectores más religiosos y ultraconservadores del país. Aunque no lograron llegar a Palacio de Gobierno, parecen dispuestos a utilizar su influencia en el Congreso para forzar al Ministerio de la Mujer a defender sus ideales y para lograr este objetivo no han tardado en presentar ante la ministra Seminario a quienes han estado detrás de las posturas y proyectos más arcaicos del último periodo parlamentario.

Quien aparece es la siguiente imagen es Eber Alfredo Pallarco Yachi y durante el último periodo (2021 – 2026) logró convertirse en la mano derecha del parlamentario Alejandro Muñante, quien también aparece en la foto entregándole un reconocimiento por trabajar junto a él.

Pero Eber Pallarco no era un trabajador más en las oficinas del Congreso. Su evidente cercanía con el parlamentario de Renovación Popular se forjó por el vínculo de ambos con la religión evangélica, más precisamente con el Movimiento Misionero Mundial que tiene a Pallarco como un miembro muy activo.

Durante los últimos cinco años, el congresista Muñante se encargó de dejar muy claro, con sus discursos en el hemiciclo, declaraciones ante la prensa y proyectos de ley, que la comunidad LGTBI y las mujeres que defienden sus derechos reproductivos encontrarían en él a un aguerrido enemigo, y su fiel escudero, Eber Pallarco, comparte y defiende estas mismas posturas, tal como lo demuestra en sus redes sociales.

Aunque controversiales, este tipo de posturas no encenderían ninguna alarma de mantenerse en el ámbito personal de un trabajador. Sin embargo, durante los últimos días, Pallarco Yachi y sus ideas andan rondando las oficinas del Ministerio de la Mujer para sostener una reunión de trabajo a título personal con la ministra Seminario.

Pero Pallarco no es el único representante del conservadurismo que está teniendo un acercamiento con el Ministerio de la Mujer. Carol Villavicencio Lizárraga, quien comparte en sus redes sociales publicaciones contra el enfoque de género y demanda mayor presencia de la religión en la educación, también integra la lista de personajes que vienen sosteniendo reuniones de trabajo con la nueva ministra.

Villavicencio, quien a diferencia de Pallarco no es cercana a la religión evangélica sino a la católica, no es un nombre nuevo en estos círculos políticos. En el año 2022, el portal Wayka la identificó como una de las asesoras de la comisión de Educación vinculada con el colectivo “Con Mis Hijos No Te Metas” que estuvo detrás de un proyecto de ley contra la educación sexual en los colegios. El mismo medio expuso que, además, Villavicencio contó con el respaldo de Christian Rosas, líder del cuestionado colectivo conservador, cuando intentó convertirse en congresista en el año 2020.

Pero existe un tercer nombre involucrado en estas reuniones que podría considerarse como el responsable de acercar a estos representantes del conservadurismo religioso a la nueva encargada del Ministerio de la Mujer. Quien aparece en la siguiente foto con Villavicencio es Aldo Bravo,  actual diputado del partido Renovación Popular.

Aldo Bravo es una de las nuevas y más ruidosas voces del partido de Rafael López Aliaga en el Legislativo. Además de haberse hecho conocido por ser uno de los integrantes del partido celeste que pretendía instalar que había ocurrido un fraude electoral en las elecciones del mes de abril, Bravo ha demostrado compartir con Pallarco y Villavicencio una visión ultraconservadora que también estaría intentado llevar al Ministerio de la Mujer.

MARCANDO AGENDA

Por supuesto, en esta especie de comité de bienvenida a la ministra Seminario no podía faltar la pastora evangélica y actual senadora Milagros Jaúregui. Quien también integra las filas de Renovación Popular adquirió notoriedad por sus polémicas opiniones con respecto a la mujer, como ocurrió en un evento en el cual señala que la mujer fue creada para “ser ayudas idóneas de nuestro esposo”.

🏴🎯 Directamente desde la edad media llega el nuevo jale para presidenta de la Comisión de la Mujer, nada más ni nada menos que Milagros Jáuregui.
Aquí un adelanto de lo que será su agenda para este período que recién comienza.@congresoperu pic.twitter.com/p0FVDPBDal

— El DARDO – Noticias (@dardo_noticias) August 17, 2023

Jaúregui también fue la responsable de presentar un proyecto de ley que pretendía eliminar el delito de feminicidio y, en los últimos meses se vio involucrada en un escándalo luego que se conociera que el refugio evangélico fundado por esta senadora y su esposo mostraba con orgullo a niñas que habían sido forzadas a continuar con embarazos producto de abusos sexuales.

Sospechosamente, la senadora Jaúregui, cuyo cuestionado albergue evangélico recibía menores con la anuencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ha sido una de las más primeras integrantes del Legislativo en buscar esta reunión de trabajo con la ministra Seminario.

Pero los encuentros vinculados con grupos religiosos continuaron en el Ministerio de la Mujer y, una vez más, Renovación Popular se encargó de ser el nexo. El martes de la semana pasada, Fabiola Morales Castillo (teniente alcaldesa de la Municipalidad de Lima), Germán Paz Sáenz (hombre de confianza de Morales) y Víctor Juárez Carmona (jefe de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional de la Municipalidad de Lima) acudieron, a título personal, a una reunión de trabajo con la ministra Seminario.

Pero no asistieron solos. Estas personas cercanas a Renovación Popular y con cargos vigentes en la gestión municipal incluyeron en su reunión de trabajo al padre Lorenzo Cupperi, monseñor Giorgio Barbetta y Richer Obregón Chávez, quien es uno de los apoderados de la Diócesis de Huari.

Ante este escenario, estará en manos de la presidenta Keiko Fujimori demostrar si llevará a los hechos su intención de ser una derecha moderna que empodera a la mujer o si cederá a las presiones de Renovación Popular, su aliado en el Congreso, y les permitirá profundizar el avance del conservadurismo religioso contra las mujeres y minorías.

[INFORME] Luego de ser vacada por intentar adueñarse de la rectoría de la Universidad Nacional de Ingeniería mediante irregularidades e ignorando los estatutos de la casa de estudios, una  exvicerrectora se ha convertido en una de las personas escuchadas por el ministro José Antonio Chang.

“No podemos dar resultados en quince días. Pido paciencia y que confíen en este gobierno”, fueron las palabras de la presidenta Keiko Fujimori ante los cuestionamientos que está recibiendo tras sus primeras semanas en la presidencia. Pero, aunque el pedido de la mandataria suena razonable, algunas de las críticas al Ejecutivo tampoco parecen ser inmerecidas.

La designación de ministros con nula trayectoria en los sectores que hoy tienen bajo su responsabilidad desde el 28 de julio generaron las primeras críticas al nuevo gobierno fujimorista. Pero incluso aquellos integrantes del gabinete con más experiencia están rodeándose de personajes que representan continuidad y hasta tuvieron un accionar que los llevó a recibir graves sanciones.

En esta oportunidad, Sudaca pudo conocer los nombres que hoy merodean las oficinas del Ministerio de Educación y encontró historias que inspiran todo menos confianza sobre este círculo que rodea al ministro José Antonio Chang durante sus primeras semanas al frente del sector.

DE LA VACANCIA AL DESPACHO

Que la educación peruana debe ser uno de los temas prioritarios para el nuevo gobierno es un tema que está fuera de discusión. Las precarias condiciones de numerosos establecimientos educativos a nivel nacional sumadas a los alarmantes resultados de diversas pruebas para medir la calidad del aprendizaje exigen medidas urgentes.

Sin embargo, el despacho de José Antonio Chang Escobedo, quien fue ministro de Educación durante el segundo gobierno de Alan García, no parece estar recibiendo a las personas idóneas para llevar a cabo estos cambios que el país necesita y así evitar que el sector educativo siga en crisis.

Quien aparece en la siguiente imagen es Shirley Emperatriz Chilet Cama y es una de las personas a quienes el ministro Chang estuvo escuchando durante sus primeros días en su regreso al Ministerio de Educación. Como se observa en la imagen, Chilet tiene una historia con la Universidad Nacional de Ingeniería, pero no tuvo el mejor final.

Desde noviembre del año 2021, Shirley Chilet Cama había sido designada como vicerrectora académica para el periodo 2021 – 2026. Pero el clima en esta reconocida universidad cambiaría cuando se produjo la renuncia del rector Alfonso López Chau, quien dejó su puesto para incursionar en la política como candidato presidencial.

Acorde al estatuto que rige para esta casa de estudios, la renuncia del rector exigía que se lleve a cabo una votación entre los vicerrectores para elegir al sustituto de López Chau. Este procedimiento se llevó a cabo, tal como relata un informe de Contraloría que Sudaca pudo revisar, y arrojó a Arturo Talledo, vicerrector de investigación, como el elegido para cumplir con el periodo en curso.

Sin embargo, Shirley Chilet no quedó conforme con este resultado y acudió a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) exigiendo que se aplique un artículo del estatuto universitario que tiempo atrás había quedado en desuso pero la favorecía para que, por ser vicerrectora académica, se le nombre como rectora interina.

Como lo señala la propia Contraloría, el artículo (57) que pretendía utilizar Chilet Cama no debía ser tenido en cuenta dado que, meses atrás, la modificación de otro artículo (55) había establecido que no existiría un nombramiento automático, sino que la Asamblea Universitaria debía realizar una elección entre los vicerrectores.

Aunque inexplicablemente la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria había dado luz verde a la exigencia de Shirley Chilet, una revisión más cuidadosa de los estatutos universitarios llevó a que se respete la designación de Arturo Talledo como rector e incluso la contraloría advirtió “indicios de irregularidad” por parte de Sunedu al haber ignorado un artículo vigente.

El accionar de Chilet llevó a que se le inicie un procedimiento de vacancia a su cargo de vicerrectora académica por lo que fue considerado como una falta grave. Desconocer de facto la elección de rector, inducir al error a una entidad pública y suscribir documentos oficiales sin tener la competencia legal llevaron a que el 30 de junio del año pasado se termine por concretar la vacancia de Shirley Chilet.

Pese a estos graves antecedentes, hoy las puertas del Ministerio de Educación, y en específico del despacho ministerial, se abren para Shirley Chilet Cama e invitan a preguntarse en qué le puede aportar a la gestión de José Antonio Chang una persona que intentó apropiarse de un cargo que no le correspondía.

VIEJOS AMIGOS

Pero Chilet no llegó sola al Ministerio de Educación. Sudaca pudo comprobar que, en su reciente visita al nuevo ministro, también estuvo involucrado un personaje que compartió mucho tiempo con José Antonio Chang cuando ambos formaron parte del gobierno de Alan García. Tal como se aprecia en la siguiente imagen, la reunión de trabajo que Shirley Chilet sostuvo con Chang coincidió con la presencia de Aurelio Pastor.

Aurelio Pastor estuvo a cargo del Ministerio de Justicia durante el segundo gobierno de García Pérez y recibió fuertes cuestionamientos por temas como el cuestionado indulto a José Enrique Crousillat, el poderoso empresario televisivo que recibió varios millones de soles de Vladimiro Montesinos para favorecer al gobierno de Alberto Fujimori. Como se recuerda, el exdirectivo de América Televisión había alegado que padecía graves problemas de salud. No obstante, tras ser indultado, no tenía reparos en mostrarse disfrutando del verano en el balneario de Asia.

Por estos días, el gobierno entrante pide tiempo para que los cambios empiecen a notarse. Sin embargo, resulta inevitable preguntarse qué tipos de cambios se pueden producir si las personas que rodean a un ministro han mostrado un desvergonzado oportunismo para conseguir poder.

[INFORME] La gestión de Alberto Beingolea en el Ministerio de Cultura sigue sumando polémicas por el historial de las personas con las que tiene reuniones de trabajo. Un extrabajador municipal que engañó durante cuatro años al distrito de Surquillo y una viceministra acusada de violencia familiar vienen merodeando el despacho del periodista deportivo.

La elección de los ministros del primer gabinete de Keiko Fujimori sigue siendo tema de debate en la política nacional. La inclusión de personajes que sin una trayectoria destacada ha llevado a que hasta los más fieles defensores de la lideresa de Fuerza Popular levanten su voz para expresar su preocupación y hasta sospechas sobre las motivaciones detrás de estas designaciones.

Sin lugar a dudas, uno de los integrantes del gabinete Galarreta más cuestionados es el periodista deportivo Alberto Beingolea Delgado, quien terminó al frente del Ministerio de Cultura el pasado 28 de julio producto de una decisión que desconcertó hasta al más experto analista político.

Pero, luego de casi dos semanas en el cargo, el conocido conductor de programas de fútbol empieza a dar pistas sobre los planes que podría tener para el Ministerio de Cultura o, por lo menos, va quedando claro qué clase de personajes podrían tener influencia en sus decisiones como ministro. En esta oportunidad, Sudaca encontró que, por ejemplo, el ministro debutante ha sostenido largos encuentros con una persona que engañó durante años a una municipalidad.

VÍNCULOS DESATINADOS

El pasado miércoles, Sudaca publicó el informe titularo “Beingolea en acción” en el cual se detallaban las reuniones que sostuvo el nuevo ministro de Cultura con numerosos miembros y excandidatos del Partido Popular Cristiano que habían copado su agenda pese a que las voces oficiales de dicha agrupación política habían emitido un mensaje en el cual aseguraban que no tenían vínculo con su antiguo candidato presidencial Alberto Beingolea.

Sin embargo, la lista de visitantes no se ha limitado a sus conocidos del PPC. Sudaca pudo conocer que entre estos personajes que fueron recibidos en el despacho ministerial para lo que fue registrado como reuniones de trabajo también se encuentran nombres vinculados a graves sanciones y acusaciones.

Como se puede observar en la siguiente imagen, el último miércoles, el ministro Alberto Beingolea abrió las puertas de su despacho para atender una reunión de trabajo con una persona llamada Clirio Ceferino Rivera Gamarra que no acudió en representación de una institución pública o privada, sino que lo hizo a título personal. El mencionado encuentro se extendió por más de dos horas.

Nada parecía fuera de lo normal hasta esta parte. No obstante, esto cambia cuando se investiga el reciente pasado de Rivera Gamarra como servidor de la Municipalidad de Surquillo. Acorde a documentos que pudo revisar este medio, Rivera Gamarra entró a trabajar en esta municipalidad en agosto del año 2020 bajo el régimen laboral CAS. Pero, varios años después, se descubrió que este trabajador ocultó durante años irregularidad muy grave en su incorporación.

Para Rivera, los problemas comenzaron exactamente en el mes de junio del año 2024, cuando llevaba cuatro años en su puesto en la subgerencia de servicios sociales, debido a que la Municipalidad de Surquillo decidió conformar una comisión que se encargaría de corroborar que aquellos trabajadores con contrato CAS estén cumpliendo con los requisitos obligatorios para los puestos que ocupaban.

La mencionada comisión terminaría por encontrarse con una muy desagradable y escandalosa sorpresa. Clirio Ceferino Rivera Gamarra, un trabajador CAS que para ese entonces acumulaba cuatro años en la municipalidad, había logrado ocultar exitosamente que no contaba con la formación académica exigida para ocupar el puesto en el cual se venía desempeñando en la subgerencia de servicios sociales de la Municipalidad de Surquillo.

Tras este hallazgo, se inició un proceso administrativo sancionador contra Rivera Gamarra en el cual, al verse descubierto, el propio trabajador admite que estaba al tanto de su incumplimiento con los requisitos para ser contratado como trabajador CAS e, inexplicable y sospechosamente, pudo participar del proceso, ser elegido y permanecer en el cargo desde agosto del 2020 hasta que destituido en marzo de este año.

SIN EL MEJOR HISTORIAL

Pero la lista de visitantes polémicos que hoy merodean el despacho de Alberto Beingolea es más extensa. En la siguiente imagen se observa que, la semana pasada, el nuevo ministro de Cultura recibió por casi una hora a una persona llamada Rut Elizabeth Huamán Coronel que permaneció cerca de una hora en lo que fue catalogado por el propio ministerio como una reunión de trabajo.

Huamán Coronel es destacada por el Apra como una de sus nuevas caras elegidas para revitalizar al partido de la estrella. Sin embargo, también llama la atención por sus numerosas designaciones durante los últimos gobiernos que le han permitido ir rotando de un ministerio a otro en los últimos meses.

Con la llegada de José Jerí a la presidencia, Huamán Coronel logró convertirse en viceministra de poblaciones vulnerables en el Ministerio de la Mujer. Pero, además, durante la breve presidencia de José María Balcázar, la excandidata al Congreso fue una de las beneficiadas con las sorpresivas designaciones que el gobierno saliente realizó a pocos días de entregar la presidencia. El 16 de julio, el Ministerio de Educación comunicó que Rut Huamán se había convertido la nueva viceministra de gestión institucional, cargo al que renunció antes de reunirse con el ministro Beingolea.

Sin embargo, todos estos datos podrían quedar opacados cuando se recuerda una grave acusación en su contra que se hizo pública en el mes de febrero. Paradójicamente, Huamán Coronel, quien por aquel entonces se desempeñaba como viceministra de poblaciones vulnerables, había sido denunciada por violencia familiar.

Una investigación del programa “Beto a saber” expuso que Rut Huamán había agredido a su esposo con “patadas, golpes de puño y mordidas” un 25 de diciembre del año 2019. Acorde a lo publicado por el programa del canal Willax, Huamán llegó a ser detenida y se constataron las lesiones de su pareja. Al ser consultada por este hecho, la entonces funcionaria del Ministerio de la Mujer señaló que “se trata de un tema ya zanjado”.

Pasar de ser un ferviente antifujimorista a un ministro que repite con aparente convicción las consignas de Keiko Fujimori había generado serias dudas sobre cuál es la verdadera cara de Alberto Beingolea. Pero lo que está fuera de discusión es la falta de criterio del nuevo titular del Ministerio de Cultura al momento de decidir a quiénes le abre las puertas de su oficina.

[INFORME] Aunque existen teléfonos con amenazas a Santiago Guardamino,  la justicia decidió no tomarlos en cuenta alegando falta de recursos. Hoy, más de uno se pregunta si detrás de esta inexplicable decisión están existiendo presiones para evitar que se encuentren a los responsables del asesinado del líder comunal.

Han pasado más de dos años desde aquella noche del 1 de abril del 2024 cuando Santiago Guardamino fue asesinado. Los nueve disparos que recibió y que este hecho ocurrió cuando estaba por cerrar un importante acuerdo que iba a facilitar el proceso de recuperación de un terreno que perdieron como consecuencia de un fraude deberían haber llevado a que se produzca una seria investigación. Sin embargo, el camino seguido por el caso Guardamino ha sido desconcertante y hasta sospechoso.

LO QUE SE DEJÓ DE LADO

Para la justicia, o más precisamente para el fiscal Renato Lavy Cora, este caso debía ser archivado debido a falta de pruebas. No obstante, lo que revela la familia del expresidente de la comunidad Quipán es una realidad muy distinta a la que describen quienes debían encontrar a los responsables de este crimen.

Según se ha podido conocer, la familia de Guardamino tiene en su poder teléfonos celulares que le pertenecían al líder comunal y en los cuales habían quedaron registradas numerosas amenazas que, inexplicablemente, no fueron tomadas en cuenta por la justicia que alegó no tener los medios para realizar las pericias de estos dispositivos.

A ello se le suma que el propio Santiago reportó ante los miembros de su comunidad que venía siendo amenazado y sus seres querido incluso señalan que para algunos este fue un desenlace oportuno.  “Estamos muy decepcionados, porque prácticamente la justicia se dejó comprar. La más beneficiada con su muerte es Industrias Argüelles”, cuenta la viuda de Guardamino.

Cabe señalar que Industrias Argüelles se benefició directamente con la adquisición fraudulenta del terreno de diez mil hectáreas que le compraron al predecesor de Guardamino por un monto muy inferior al que correspondía. Además, los antecedentes de Argüelles invitan a desconfiar debido a que también intentó sobornar a la magistrada que estuvo a cargo del caso.

Por la evidencia que se dejó de lado y el historial de Argüelles intentando torcer la justicia a su favor, no resulta exagerado preguntarse si están existiendo presiones para que el caso de Santiago Guardamino quede definitivamente archivado pese a que lo más lógico sería que se tome en cuenta el material que hasta ahora fue dejado de lado y tanto la familia del líder comunal como la gente de Quipán obtengan la justicia que merecen.

[INFORME] Las elecciones municipales están cada vez más cerca en el horizonte y con ello empiezan a conocerse algunos alarmantes datos sobre las personas a quienes líderes políticos como César Acuña, Rafael López Aliaga y José Luna han recibido en sus respectivos partidos y les están facilitando una plataforma para que se conviertan en regidores.

Sudaca revisó algunas de las listas que se han presentado para distritos como El Agustino, Breña o Independencia y encontró desde un autoproclamado vidente de la farándula hasta sentenciados por homicidio y hurto agravado integrando las listas de regidores de diversas agrupaciones políticas.

¿EL PASADO NO IMPORTA?

Luego de haber obtenido un resultado decepcionante en las elecciones presidenciales del pasado mes de abril, el partido del cuestionado José Luna, Podemos, buscará que las elecciones municipales que tendrán lugar en el mes octubre sean el inicio de la recuperación de su movimiento político.

Sin embargo, el esfuerzo de Podemos por presentar personajes que inspiren confianza en el electorado está siendo deficiente. Un ejemplo de ello se puede encontrar en la lista presentada para el distrito de Cieneguilla, donde uno de los regidores elegidos por el partido estuvo involucrado en un grave delito.

Sudaca puso revisar el historial de Fernando Christian Álvarez Antola, quien figura en el quinto lugar de la lista de aspirantes a regidores que presentó podemos, y encontró que en 2019 fue sentenciado a una condena suspendida de tres años y medio por el delito de homicidio culposo agravado.

UNA MÁS DE ACUÑA

Una de las estrategias de campaña que más dio que hablar durante las recientes elecciones presidenciales fue la elegida por César Acuña que intentó acercarlo a diversos streamers e influencers con la intención de mostrar al político y empresario norteño como un personaje divertido.

Pero donde está ocurriendo algo que no tiene nada de divertido es en su partido. Quien aparece en la siguiente imagen es Jorge Luis Huaca Ynga y en el año 2005 fue condenado por hurto agravado. No obstante, Alianza Para el Progreso ha considerado que Huaca Ynga es una persona idónea para ocupar el cargo de regidor del distrito El Agustino.

El caso de Huaca está lejos de ser una excepción y prueba de ello es lo que se encontró en la lista de candidatos a regidores de APP para el distrito de Carabayllo. En la lista que acompañan al aspirante a la alcaldía, Juan Espinoza Ortiz, aparece Oscar Ulises Paucar De La Cruz, un personaje que arrastra dos sentencias: una por usurpación agravada en el año 2012 y otra por lesiones que data del 2014.

EL NUEVO PPC

El Partido Popular Cristiano (PPC), la histórica agrupación fundada por Luis Bedoya Reyes, sigue tratando de encontrar un camino que ayude a volver a los lugares de protagonismo en la política peruana y pareciera que en esta búsqueda incluso están dispuestos a recurrir a habilidades sobrenaturales.

Quien aparece en el siguiente video hablando sobre posibles infidelidades de parejas de la farándula peruana es Roberto Granda Ramírez y que el nombre de quien se presenta como un vidente internacional aparezca en un informe periodístico sobre las elecciones municipales no es producto de un error.

@willax.espectaculos Roberto granda pronostica el futuro de Christian Domínguez y Karla Tarazona #Entrometidos #RobertoGranda #ChristianDomínguez #KarlaTarazona ♬ sonido original  – Willax Espectáculos

Para sorpresa de muchos, el PPC ha considerado que la manera de recuperar el lugar de actor principal que alguna vez supo tener en la capital es incluyendo entre sus candidatos a regidores por el distrito de Breña a una persona que asegura tener la capacidad de predecir el futuro y realizar rituales para atraer a la pareja deseada.

IGUAL QUE SU LÍDER

Entre los tantos cuestionamientos que ha recibido Rafael López Aliaga durante los últimos años, uno de ellos se vincula con un episodio que data del año 2019 cuando fue intervenido mientras manejaba y dio positivo a la prueba de alcoholemia. Sin embargo, no es el único integrante de Renovación Popular involucrado en ese tipo de casos.

Julio Alberto Rosado Utrilla es uno de los candidatos a regidores que acompañan a Benigno “Benito” Calderón en su intento de llegar a la alcaldía del distrito de Independencia. Pero también es otro de los personajes que arrastra una sentencia en su historial. Sudaca pudo conocer que, en el año 2013, Rosado Utrilla fue condenado por conducir en estado de ebriedad.

Pero este no es el único candidato a regidor en la lista que presentó Renovación Popular para el distrito de Independencia. Moisés Huaylinos Gonzáles también figura entre los elegidos por el partido celeste para intentar ocupar el cargo de regidor pese a que registra una sentencia por hurto agravado.

Por estos días, los discursos políticos hablan de la necesidad de “mano dura” para frenar la ola de delincuencia que sigue aterrando a los peruanos. Pero, paradójicamente, son los propios líderes de partidos políticos y aspirantes a alcaldías quienes no tienen inconvenientes llenar sus municipios con sentenciados por actos delictivos o personajes con nula experiencia en gestión municipal.

[INFORME] Durante su paso por la Municipalidad de Lima, Rafael López Aliaga no sólo contrató a un abogado que era apoderado de su empresa para que se encargue de su defensa legal. El líder de Renovación Popular le consiguió varias órdenes de servicio por las que ha recibido más de ciento sesenta y cinco mil soles desde 2023.

Una decisión por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acaba de sorprender al exburgomaestre Rafael López Aliaga al abrirle la puerta para participar en las elecciones municipales de este año y, con ello, tener más chances de mantener a la Municipalidad de Lima bajo el control de Renovación Popular. Esto pese a que en las próximas semanas le correspondía asumir el cargo de senador.

Aunque miles de peruanos le dieron sus votos, el empresario y líder del partido celeste se rehusó a cumplir con este deber alegando que esta postura sería una forma de protestar contra un supuesto fraude en la primera vuelta. Sin embargo, podrían existir otras motivaciones que López Aliaga intentaría ocultar detrás de lo que pretende mostrar como un cuestionamiento a las autoridades electorales.

Si bien el cargo de senador trae consigo numerosos privilegios, estar en el sillón municipal habilita una capacidad de gasto considerable que le permitiría a Rafael López Aliaga utilizar el presupuesto de Lima para contratar a varios de sus conocidos, como ha ocurrido en varias oportunidades durante los años que fue alcalde de Lima. Esta vez, Sudaca pudo encontrar otro caso de un personaje del entorno del exalcalde que pasó a recibir un generoso salario en la Municipalidad de Lima.

LLEGÓ Y NUNCA MÁS SE FUE

En 2023, mientras transcurría el primer año de Rafael López Aliaga como alcalde de Lima, el fundador del partido Renovación Popular se encontró en el centro de una investigación preliminar dispuesta por el Primer Despacho Provincial Penal de la Primera Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima.

La reacción inmediata del entonces burgomaestre fue solicitar que la Municipalidad de Lima se haga cargo de su defensa legal y para ello se llevó a cabo un proceso de contratación directa que culminó con la buena pro en favor del abogado Nazim Javier Alarcón Prieto, quien recibiría  un pago de cuarenta y ocho mil soles a pedido de quien por aquel entonces estaba en la alcaldía.

Pero la fortuna le volvería a sonreír al letrado elegido por López Aliaga. A pocos meses de firmar los documentos que le permitirían ganar cuarenta y ocho mil soles, los apellidos Alarcón Prieto volverían a sonar en los pasillos de la Municipalidad de Lima. Sorprendentemente, entre los muchos abogados disponibles en la capital, el municipio decidió que la mejor opción para encargarle un servicio de revisión de antecedentes, análisis y evaluación de expedientes de denuncias era Nazim Alarcón, el conocido del alcalde.

Los contratos para el abogado del alcalde López Aliaga, que rondaban cifras cercanas a los treinta mil soles, continuarían en los meses siguientes e incluso unas de sus órdenes de servicio se emitió a pocos días de la renuncia del fundador de Renovación Popular a la alcaldía de Lima.

Con la llegada de Renzo Reggiardo a la alcaldía la situación del abogado Alarcón no iba a cambiar. El exteniente alcalde de Rafael López Aliaga no se animaría a quitarle este generoso salario a un conocido del líder de su partido y las órdenes de servicio a nombre de Nazim Alarcón continuaron, como se puede ver en la siguiente imagen que corresponde al mes de enero del presente año cuando el municipio estaba bajo las órdenes de Reggiardo Barreto.

Sudaca pudo revisar la información disponible en el portal de Transparencia Económica y encontró que Nazim Javier Alarcón Prieto, un abogado que tenía nula experiencia en la Municipalidad Metropolitana de Lima ni en ningún otro municipio, facturó una suma que supera los ciento sesenta y cinco mil soles durante los cuatro años de gestión de Renovación Popular gracias a su cercanía con Rafael López Aliaga.

NO HAY CASUALIDADES

Pero la llegada del abogado Nazim Alarcón y sus elevados honorarios a la Municipalidad Metropolitana de Lima estuvo lejos de ser una casualidad y tampoco fue una excepción motivada por la investigación preliminar que involucraba al alcalde, como alguno de sus defensores podría argumentar.

Sudaca tuvo acceso a un documento de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) que data del año 2015 en el cual se detallan modificaciones en la estructura de poderes de una empresa llamada Acres Sociedad Titulizadora S.A. que fue fundada en 2011 por Rafael López Aliaga Cazorla y, lo más resaltante para este caso, tiene entre sus apoderados al abogado Nazim Javier Alarcón Prieto.

Cabe señalar que la empresa Acres no ha estado exenta de escándalos. Una investigación periodística del medio El Foco reveló en el año 2024 que una asociación del Sodalicio, la organización religiosa acusada de numerosos y aberrantes abusos físicos, sexuales y psicológicos a menores de edad, transfirió más de treinta inmuebles a la empresa que tenía al líder de Renovación Popular como fundador y accionista.

Casos como el de este abogado y sus generosos contratos invitan a preguntarse si detrás de la intransigente postura de Rafael López Aliaga con respecto a su lugar en el senado y la posibilidad de postular en las elecciones municipales una de las razones para volver es el deseo de seguir dándole buenos empleos a sus conocidos que, por supuesto, serán pagados con dinero de los limeños.