La Municipalidad de Lima pasó por alto un requisito indispensable para una contratación que comprometen más de diez millones de soles del presupuesto municipal. Sudaca accedió al documento de la Contraloría que advierte esta irregularidad.
En la Municipalidad de Lima, la gestión del alcalde Rafael López Aliaga parece estar copiando la estrategia del Ejecutivo de responder a cualquier cuestionamiento por parte de la prensa o la población con acusaciones de ser parte de una conspiración en su contra. Incluso, en una recién actividad oficial, el burgomaestre llegó a calificar como “traidores a la patria” a los comunicadores por las investigaciones periodísticas que realizan.
López Aliaga se picó por lo que publicamos sobre el estudio gringo que contrató, y que hizo un mal trabajo.
Ahora nos llama “traidores a la patria” a nosotros y a colegas de varios medios. pic.twitter.com/gsXB4SIbeZ
— ???? Jonathan Castro (@jsudaka) June 7, 2025
Sin embargo, pese a estos intentos de posicionarse como víctimas de persecución, siguen apareciendo hechos contundentes que exponen la poca seriedad con la que se están llevando a cabo las gestiones en la Municipalidad de Lima y que comprometen varios millones de soles así como el adecuado funcionamiento de la ciudad.
En esta oportunidad, Sudaca pudo acceder a un documento de la Contraloría en el cual se detallan graves omisiones por parte de las personas implicadas en el proceso de contratación de camiones cisternas para lo cual se había estimado un presupuesto que superaba los diez millones de soles.
SE OLVIDARON DE ALGO
En el mes de octubre del año pasado, la Oficina de Logística de la Municipalidad de Lima le dio luz verde a un pedido de la Subgerencia de Servicios a la Ciudad para la contratación de un servicio de alquiler de camiones cisterna y un tracto remolcador que serían utilizados para las áreas verdes del cercado de Lima. Para este proceso, el monto aproximado superaba los diez millones de soles.
Como suele ocurrir en estos procesos, lo que ocurre después es la conformación un comité de selección que incluye miembros titulares y suplentes. Estas personas tendrían la responsabilidad de elegir la mejor oferta entre los postores que se presentarían a dicho concurso público.
El siguiente paso a seguir en este proceso de selección, tras la designación de los miembros titulares y suplentes del comité, era la presentación de las declaraciones juradas de los integrantes de este comité. Cabe resaltar que este requerimiento no es voluntario sino una obligación estipulada en la ley y que, además, se recalca que se deben presentar antes de cada proceso de selección en el cual se vean involucrados.
No obstante, y tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro elaborado por la propia Contraloría, cinco de los seis integrantes de este comité decidieron no cumplir con esta obligación que es fundamental para detectar posibles conflictos de intereses entre quienes conforman el comité y los postores.
La siguiente imagen corresponde al buscador de declaraciones juradas en el cual se observa que Neil Darwin Paima Arias, presidente del comité, no presentó declaraciones juradas durante el año 2024 y José Juan Rivera Temoche, segundo miembro, tampoco registraba haber presentado su declaración jurada.
En el caso de los suplentes del comité de selección, Renzo Antonio Vargas Mariscal y Lys Pamela Mendoza Lescano, primer y segundo miembro, no registraban declaraciones juradas en el año 2024 mientras que Mary Sender Maccapa Chanca, suplente del presidente, contaba con una declaración jurada presentada ese año pero no correspondía a los requerimientos del proceso de selección en cuestión.
Aunque los seguidores del alcalde López Aliaga señalan que el líder de Renovación Popular no cobra su salario como intento de defenderlo ante los cuestionamientos a su gestión, en el caso de estos funcionarios que pasaron por alto el requerimiento de las declaraciones juradas no se podría aplicar la misma excusa.
Por ejemplo, Neil Darwin Paima Arias, el presidente de este comité de selección, cobró en el mes de abril cuarenta mil soles por un servicio especializado en análisis, evaluación y conducción de procesos de selección. Además, desde el año 2023, Paima Arias ha cobrado un total de S/. 191,500 por servicios especializados en estos procesos de selección.
En el caso de Renzo Vargas, Lys Mendoza y Mary Maccapa, suplente del comité de selección, también han recibido un total de S/. 65,800 en contratos por especializarse en procesos de selección y otras actividades con la Municipalidad de Lima.
NO FUE EL ÚNICO PROBLEMA
En este documento al que tuvo acceso Sudaca también se advierte una segunda irregularidad en este proceso. La Contraloría también advirtió que existían varios vacíos en los requerimientos a los postores con respecto a los certificados de calidad del agua utilizada por los camiones cisternas.
Pese a que en este tipo de procesos se exige que se brinden precisiones para que los postores estén advertidos sobre el tipo de documentos que tienen que presentar, la Municipalidad de Lima no profundizó en los detalles sobre la cantidad de veces que se debían tomar estas muestras ni la procedencia del agua.
Aunque para el alcalde López Aliaga se deba calificar como traición a la patria las investigaciones periodísticas a la Municipalidad de Lima, casos como el expuesto en este informe dejan al descubierto que existen graves errores que ponen, merecidamente, a su administración bajo la lupa.