[ENTREVISTAS] ¿Qué tan inusual es que un país desacate una orden de la CIDH?
En los casos de Venezuela y Nicaragua es frecuente. ¿A eso nos queremos parecer? Lo que estamos haciendo es golpearle la médula a nuestros indicadores de sostenibilidad institucional. Si no respetamos sentencias de los tribunales internacionales, qué clasificador de inversiones extranjeras recomendará invertir en un país que respeta sentencias internacionales solo cuando le da la gana.
¿Liberar a Alberto Fujimori bajo las condiciones en que se realizó afectará la imagen del país?
Eso no es imagen, eso es reputación, lo que es mucho más serio y forma parte de los indicadores en base a los cuales se desarrollan las relaciones internacionales, las políticas y la inversión. Este desacato forma parte de los indicadores que influencian hasta en la tasa de interés de los préstamos. Influencian hasta en la estabilidad de los bonos que puede intentar colocar el Estado en el futuro.
¿El gobierno y el Tribunal Constitucional contaban con argumentos para ignorar la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y liberar a Alberto Fujimori?
Bajo ninguna. Porque la falsa doctrina que se ha estado difundiendo con respecto a que las resoluciones de supervisión de sentencia pesan o vinculan menos al Estado que las sentencias mismas no tiene apoyo en ningún precedente del derecho internacional. No tiene apoyo en las prácticas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, además, todos los tribunales internacionales tienen procedimientos de supervisión a la ejecución de sus decisiones que permiten hacer cosas como las que hizo la CIDH el 5 de diciembre. Eso en ningún sistema internacional está en discusión. El gobierno sabe que lo que ha perpetrado es un desacato que contradice prácticas establecidas en el derecho internacional y, sin embargo, ha decidido hacerlo.
Usted ha señalado que el argumento de menor fuerza vinculante no podrá ser el camino utilizado para sustentar el desacato a lo ordenado por la CIDH, ¿pero hay otro camino que sí podrían intentar seguir?
No. No hay un solo autor en el derecho internacional sobre procesos ante tribunales internacionales que pretenda válido lo que el gobierno ha hecho. No hay una sola regla que justifique que las resoluciones de los tribunales tengan menos valor que las sentencias. Lo que ha hecho el gobierno es un desacato que va a tener consecuencias. Estos días se ha venido diciendo que no importa, que no es cierto que hay consecuencias y reportar el desacato ante la OEA no significa nada. Pero eso significa el registro de un país que no cumple sentencias internacionales y eso va a ser tenido en cuenta en los clasificadores de riesgo y en cada arbitraje internacional que el estado sostiene en protección de inversiones. Vamos a perpetrar un papelón en la próxima audiencia ante la CIDH . Porque quien ponga la cara simplemente no va a tener nada para decir.
¿Por qué el gobierno de Dina Boluarte no frenó la excarcelación de Fujimori teniendo en cuenta todos los factores mencionados?
Nos lo tendrán que explicar. Lo único que puedo dejar en claro es que el señor Otárola ha sido coautor de trabajos sobre derecho constitucional con uno de los principales expertos de derechos humanos que es Enrique Bernales Ballesteros. No puede pretender desconocer lo que sabe, las reglas del derecho internacional que defendió cuando se adjudicó la primera medida de indulto. Tendrán que explicar por qué están contradiciendo cosas que saben que rigen en el derecho internacional.
El magistrado Manuel Monteagudo declaró que él y otro magistrado no tenían conocimiento del fallo que liberaba a Alberto Fujimori y que este no fue debatido por todos los miembros del Tribunal Constitucional, ¿esta situación demostraría que se buscaba liberarlo bajo cualquier condición?
Todo el procedimiento ha sido forzado y se pone en evidencia con los tres errores gruesos que han cometido los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que han respaldado esta decisión. El primero es que nadie se dio cuenta que el juez de Ica se iba a negar a seguir las instrucciones que públicamente le dieron los tres jueces que se presentaron en medios durante esta crisis. El segundo error es la sentencia que dijeron estar ejecutando es una sentencia del pleno del TC que tenía que ser ejecutada por el pleno del TC y este no fue convocado. El presidente sólo convocó a los magistrados que suscribieron los autos de aclaración que no tienen nada que ver con la libertad de Fujimori y uno no firmó la orden de liberación. Tercero, para ordenar la libertad de una persona que está en la cárcel, las firmas de los magistrados debieron ser registradas en el INPE. Esos tres errores muestran el apresuramiento que tiene una sola explicación: lograr que Fujimori salga de la cárcel antes que la CIDH pueda reaccionar.
¿Estos errores que menciona podrían llevar a que se invalide la decisión de liberar a Alberto Fujimori?
Para eso era la orden provisional de la CIDH que iba a suspender el procedimiento hasta que se llame a una audiencia de supervisión que, no tengo dudas, hubiera concluido que la decisión del Tribunal Constitucional de marzo del 2020, y también la de diciembre, no se podían ejecutar. El camino correcto era suspender el procedimiento.
Debido a que esto no ocurrió, ¿cuál es el procedimiento que seguirá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?
La CIDH llamará a una audiencia en la cual le va a ordenar al Estado suspender la ejecución de la liberación, lo va a reportar a la OEA y va a comenzar este despliegue de las consecuencias en la reputación. El Perú es un estado cuyo gobierno es incapaz de armar una agenda internacional. Qué va a pasar ahora que, además de arrastrar las muertes de diciembre y enero, arrastrará también un desacato a la CIDH.
¿Qué tan probable es que Fujimori vuelva a prisión?
No voy a especular sobre ese extremo. Me preocupa más la situación de los familiares de las víctimas de los crímenes de los años noventa que sufren en carne propia las consecuencias. La situación de Alberto Fujimori no es estable. Algo más tendrá que pasar para darle una forma definitiva a esto. Espero se reconozca el derecho de las víctimas a ser incorporadas en cualquier decisión sobre el destino final de estos casos y se deje de utilizar a Alberto Fujimori como una moneda de cambio cuando es una persona condenada por crímenes que se cometieron durante su gobierno.
Se ha cuestionado que el indulto que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski se dio en un momento en el cual Fujimori parecía estar agonizando y que, en los años posteriores, su salud se ha mantenido estable, ¿considera que actualmente se reúnen las condiciones para que sea indultado?
Las cuestiones sobre el destino final de un condenado por derechos humanos son muy complejas. Creo que es importante notar que es un hombre de 85 años con salud precaria, pero que tiene una ruta definida por una condena judicial de la que la única inflexión posible se produce a partir del reconocimiento de lo que pasó en sus años de gobierno en materia de derechos humanos y ese reconocimiento supone pedir perdón de manera mínimamente seria a las víctimas. Sobreponer a eso la discusión de su salud como causa de la libertad es eludir el debate sobre las consecuencias de un perdón que no ha pedido seriamente.
¿Perú se expone a algún tipo de sanción?
El derecho internacional no es como el derecho penal. No funciona con cárceles ni policías. Funciona sobre las consecuencias que sus decisiones tienen en la reputación.
La Fiscalía ha solicitado dieciocho meses de prisión domiciliaria para Alberto Fujimori por la masacre de Pativilca, ¿es un pedido viable?
Es muy poco probable. Estas son cuestiones sobre peligrosidad procesal, capacidad para eludir la justicia o alterar las evidencias de un caso, y Alberto Fujimori, a estas alturas de su vida, está lejos de representar un peligro procesal.
