Entrevistas

Sudaca conversó con el doctor Pedro Riega, decano nacional del Colegio Médico del Perú, con respecto a la polémica ley N° 32210 que le permitirá a los odontólogos realizar nuevos procedimientos quirúrgicos. Riega calificó a esta disposición como un “atentado contra la salud pública” y denunció que “se ha montado una campaña millonaria con mensajes engañosos”.

¿La ley N° 32210 fue aprobada de forma apresurada?

Totalmente. En estos dos meses, tras su aprobación, hemos dialogado con distintas bancadas y les explicamos el serio riesgo que representa el otorgar indebidamente competencias a un profesional que no las tiene porque tiene otra formación. Los odontólogos no son médicos y realizan el acto odontoestomatológico, no el acto médico. Esa ley se aprobó de manera forzada, tendenciosa y peligrosa. Es un atentado contra la salud pública.

¿Cuáles es la preparación con la que no cuentan los odontólogos para llevar a cabo los procedimientos que les permitiría esta ley?

Corresponde fundamentalmente a poder evaluar al ser humano en su conjunto de manera integral. El poder reconocer los problemas de salud de todo el organismo y poder clasificarlos, incluso según la prioridad que pueden tener en determinado momento. Esa es una característica esencial del acto médico que no lo tienen otros profesionales de la salud, específicamente los cirujanos dentistas quienes están preparados para intervenir sobre un segmento del cuerpo y no de forma completa. Por ejemplo, dentro del sistema estomatognático, un cáncer no es tratado por un cirujano dentista.

¿Qué representó la aprobación de esta ley y cuál será su alcance?

Que los odontólogos estén facultados para realizar procedimientos médicos especializados que son delicados, como los procedimientos de cirugía plástica, procedimientos estéticos, cirugía de cabeza y cuello, cirugía de nariz y procedimientos de otorrinolaringología. Sabemos que en nuestro país abunda la informalidad y existe un creciente número de odontólogos que realizan procedimientos médicos de manera clandestina. Lo que se estaría haciendo es legalizar este ejercicio de la medicina. Eso es poner en riesgo la vida de todos los peruanos. No están combatiendo el ejercicio ilegal de la medicina sino formalizándolo. 

¿Cuáles son los riesgos para los pacientes?

Podrían ocurrirles distintas consecuencias y complicaciones. Desde hemorragias hasta infecciones, que el resultado finalmente no se dé como se requiere y ocurran alteraciones morfológicas y deformaciones. Incluso el no tomar en cuenta las enfermedades de fondo que puede tener un paciente puede hacer que este pierda la vida en una intervención para la cual el odontólogo no está preparado.

¿Esta ley se puede interpretar como bajar la valla a la medicina?

Sí y repercute en la falta de seguridad y calidad en la atención de salud de los pacientes.

¿Los especialistas y representantes del sector salud no fueron consultados antes de la aprobación de esta ley?

Lo extraño es eso. El Colegio Médico emitió su opinión en contra y el Ministerio de Salud también omitió una opinión contraria que incluso motivó la observación por parte del Ejecutivo a esta ley cuando se aprobó en 2023. Pero fue mantenida en hibernación y, luego de un año y medio, es puesta a discusión en el Congreso y sin mayor debate se aprueba. Eso es sumamente extraño.

¿Quiénes están detrás de esto?

Diversos medios se han comunicado conmigo preguntando sobre esta ley y una posible intervención extranjera de empresas que justamente capacitan a los odontólogos en procedimientos médicos especializados estéticos. Esta es una sospecha que debería ser objeto de una profunda investigación. Lo que nosotros pedimos es que el Congreso no vuelva a cometer una nueva precipitación rehusándose a derogar esta nefasta ley.

¿Cuál es la justificación que dan los defensores de esta ley?

Es evidente que se ha montado una campaña millonaria con mensajes engañosos por parte de quienes defienden esta ley. Lanzan mensajes completamente fuera de la realidad acusándonos querer monopolizar la salud cuando lo que exigimos es que se asegure que los pacientes reciban atención según las competencias reales de cada profesional. Además, dicen que queremos encarecer la salud, pero cuando alguien recibe una atención por alguien que no está preparado está más propenso a sufrir complicaciones que sí encarecen la atención. También mencionan que esta ley reconoce derechos laborales y eso es una falacia. Hay dos artículos que son de relleno y dicen lo mismo que establecen otras leyes.

¿Qué rol ha tenido en este caso el Colegio Odontológico del Perú?

La gran mayoría de odontólogos practica su profesión. Pero existen dirigentes y líderes que han venido orientando de una forma inadecuada iniciativas que en lugar de fortalecer la profesión odontológica están prestándose para promover el ejercicio ilegal de la medicina.

Mencionó que hay interés de empresas extranjeras, ¿lo que ofrecen estas empresas no es una preparación idónea?

Es un problema grave que exista una industria orientada a brindar clases y cursos con relación a procedimientos altamente especializados, para los cuales uno se forma siete años como médicos y cuatro o cinco como especialista, que los realizan en días. Esto es una estafa, pero se está dando y se está promoviendo por algunas empresas extranjeras.

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Colegio Médico, Congreso, Pedro Riega

El congresista Carlos Anderson conversó con respecto a sus intenciones de llegar a la presidencia en 2026, los recientes cambios en el gabinete y los desaciertos cometidos por el Ejecutivo y Legislativo en los últimos años.

Comparó los recientes cambios en el gabinete con los que hacía en el exentrenador de la selección, Jorge Fossati, ¿pero ve posible que un profesional capacitado  esté interesado en formar parte de este gobierno?

Hay profesionales capacitados. No voy a decir que el señor Salardi, el ministro de Economía, no lo es un profesional capacitado u otros más. El problema es que para trabajar por un gobierno, en especial en el cargo de ministro, estás asumiendo pasivos con los que mínimamente tendrías que estar tranquilo de asumir. Por ejemplo, yo jamás me haría parte de un gobierno de esta naturaleza, incompetente y con actitudes autoritarias que persigue intereses particulares. Pero, además, en el Perú existe una fascinación por el fajín. Date cuenta la cantidad de ministros que han estado por una o dos semanas y luego en su currículum ponen exministro. Es un cargo que ha sido desvalorizado.

En ese contexto que describe, ¿podríamos decir que sí sería complicado que uno de esos cambios de ministros lleve a que un personaje idóneo llegue al cargo?

Por eso hice la comparación con Fossati. Ahí fuimos igualmente permisivos. Lo dejamos estar y hacer. Todos decidimos no hablar y al final tuvimos lo que era previsible, un equipo sin alma con jugadores caducos. Lo mismo tendríamos que haber hecho hace rato. La señora Boluarte tuvo la oportunidad histórica de ser la presidenta de la transición y pudo haber anunciado en enero del 2023 que habrían elecciones en 2024 y ahora estaríamos con un nuevo gobierno y un diferente nivel de aceptación y credibilidad. No tenemos nada de eso porque la señora se embelesó con el poder y se sometió a los designios de los intereses de los grupos del Congreso.

Siguiendo con su comparación, en el caso de mantener a Fossati el resultado fue que Perú esté casi sin chances de ir al próximo Mundial, ¿cuál va a ser la consecuencia para el país por haber mantenido a este gobierno en el poder?

Cinco años desperdiciados. La tragedia peruana comienza en 2013 de los fáciles que habían sido de 2002 a 2012 cuando los precios de los minerales estaban volando y todo el mundo era un genio porque la plata venía de todas partes. Habíamos creado la ilusión de un país que crecía y se modernizaba. Empezaron las dudas en 2013 y luego vino la pataleta de la señora Fujimori en 2016 seguido por una serie de gobiernos comprometidos con la corrupción y la ausencia de valores democráticos. Empezamos a ver lo peor de la casta política. En 2026 se  completa una década perdida. 

Ha señalado al ministro Santivañez como uno de los protegidos de Dina Boluarte, ¿qué cree que se esconde detrás de esta protección a un ministro que indudablemente está fallando en su trabajo?

Te digo una adagio muy común en el mundo de la banca de inversión, cuando no entendíamos algo decíamos que si no se podía entender era porque detrás hay razones de sexo o dinero. Aquí no creo que haya sexo, pero con seguridad hay temas de dinero y corrupción. Era evidente que, por ejemplo, el señor Otárola sabía, permitía y ocultaba la afición de la señora Boluarte por las joyas caras. Como la señora es de poca fortaleza emocional se aferra a aquellos que le dicen que está linda y es inteligente. Esos son Quero, Santivañez y, hasta hace pocos, Demartini. 

También se ha visto un Legislativo que, a diferencia de lo que ocurría con Pedro Castillo, ha mostrado una gran tolerancia ante los casos de corrupción que involucran a Dina Boluarte y su gobierno, ¿qué gana este Congreso con la presidenta que los lleva a tener esta actitud?

Primero que no tienen  un Ejecutivo que los enfrente y haga ver sus inconsistencias. El Comercio publicó que treinta y seis congresistas tienen  denuncias constitucionales y hay varios con carpetas fiscales. Hay un entendimiento de partes y no se fiscalizan mutuamente. Ahí están los beneficios mutuos. El Congreso nunca pudo censurar al ministro más censurable de los últimos años, como es el señor Demartini. Este congreso decidió que no, porque era amiguito de la señora Boluarte.

Ha manifestado su intención de ser candidato a la presidencia, ¿por qué emprenderá esta aventura política con el partido Perú Moderno?

En Perú, los partidos no existen desde una perspectiva ideológica. Casi todos son emprendimientos que se van forjando. Casi todos los que entran al poder luego desaparecen. Me uní a Perú Moderno por la conversación que tuve con Carlos Añaños. Vi que valía la pena encaminarse por este rumbo que, además, ha sido formado por una persona con una reputación limpia como Wilson Aragón. Me pareció que era una opción muy potente a la que yo podía agregar mis ideas. Yo no soy una figura nacional, pero tengo cierto reconocimiento y puedo caminar por las calles sin que nadie me insulte. También tengo una trayectoria profesional limpia, he sido banquero internacional y aquí en Perú he sido catedrático. Creo que tengo la experiencia en el sector público y privado. 

¿Va a ser más complicado encarar una candidatura cuando también se ha formado parte de un parlamento tan desprestigiado?

Por el contrario, a pesar de estar en un lugar donde es fácil hacer plata sucia mochando sueldo o gestionando intereses privados, a mí nadie me puede decir que usted está comprometido en tal cosa o ha defendido tal interés. Creo que estoy cumpliendo con el mandato que me dio la ciudadanía.

¿Cómo cree que será la contienda electoral del 2026? ¿Van a primar los extremismos?

Hay una narrativa y una circunstancia muy proclive al tema de los extremos. Porque ha quedado demostrado entre comillas que si eres un salvaje a la hora de hablar, como Javier Milei, tienes más impacto. Si hablas cincuenta mil lisuras y dices “zurdo de mierda”, entonces te va bien. Por otro lado, en las izquierdas ocurre con “maldito capitalista”. Yo tengo la esperanza que después de más de treinta años que el Perú ha desperdiciado una y otra vez oportunidades por caer en el juego de los extremos va a empezar a primar la razón y se va a elegir a gente honesta y capaz. Espero que la ciudadanía pueda apreciar eso y alcancemos el grado de madurez, porque ya tenemos doscientos años de ser un país adolescente.

¿El Perú necesita recuperar a los partidos históricos, como el PPC o el Apra, o la crisis actual debe llevar a priorizar una renovación?

Ellos son parte de un capítulo cerrado y fracasado que no debería repetirse. Ahora hay intentos por limpiar el pasado. Pero en el PPC no hay ningún Bedoya Reyes y en el Apra no hay ningún Haya de la Torre. No creo en esos partidos tradicionales. Por eso creo que tenemos que construir partidos que aprendan de esa historia triste de los partidos políticos en el Perú.

¿Debe preocuparnos que haya tanta gente dispuesta a votar por candidatos como Antauro Humala?

Lo que debe preocuparnos es que haya tanta gente que ha llegado a un nivel de hartazgo y desafección con la democracia que está dispuesta a tirarse al vacío, porque votar por alguien que promueve antivalores como Antauro Humala es tirarse al vacío como país. Evidentemente no hay esperanza y es un grupo de gente muy grande que expresa su rabia y frustración de esa manera.

Hoy el Perú vive una crisis de inseguridad y muchos atribuyen a los derechos humanos y distintos tratados las dificultades para combatirlo, ¿comparte estos pensamientos?

Definitivamente no. Me parece la explicación más absurda, populista y facilista que existe. Por eso decía que el cómico que dice que a todos los delincuentes hay que matarlos no te lleva a ninguna parte. La criminalidad es un tema de control e implica tener recursos. Cómo esperas que una policía como la nuestra pueda enfrentarse a una criminalidad que anda super organizada y equipada. Tenemos comisarias que son cementerios de autos y ni están conectadas a internet. Hay un montón de cosas que se hacen en el resto del mundo y aquí no ocurren ni de casualidad. No han escuchado el clamor ciudadano que dice que queremos un bien público llamado seguridad. Además, también hay un quiebre en el circuito de administración de justicia que va desde la policía a los fiscales y jueces. Hemos visto que la corrupción es el punto de conexión de todo esto. 

En una entrevista con El Comercio señaló que el accionar de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos estaba sirviendo de excusa para discursos contra el imperialismo, ¿considera que, más allá de dar lugar a estos discursos, le nuevo gobierno norteamericano puede ser un problema para la región?

Tenemos que mirar el tema Trump en el contexto de la política norteamericana y lo que ha pasado en Estados Unidos en los últimos diez años. Por un lado con lo que se conoce como el wokismo (progresismo) a extremos y la política de inmigración flexible del presidente Biden que ha generado una serie de problemas de carácter social y han hecho que se genere este caldo de cultivo de resentimiento del americano blanco, el cual ha sido muy utilizado por Trump. Hoy en día, él está actuando con un mandado muy firme con mayoría en las cámaras de diputados y senadores y mayoría de jueces conservadores además de gobernadores. Ahora, esa visión nacionalista norteamericana se opone a la política globalista en la que hemos estado envueltos en los últimos cuarenta años que es la más reciente ola de globalismo que ha tenido efecto sobre la estructura económica de Estados Unidos, el desplazamiento de todo lo que significa la industria manufacturera y el debilitamiento de los sindicatos que le han dado bandera a Trump para actuar de forma abiertamente antiglobalista, chauvinista e imperialista.

¿Cómo debe reaccionar Latinoamérica ante esta nueva postura de Estados Unidos?

En primer lugar, se tiene que empezar a entender que la geopolítica es un juego de intereses, no de amistades. Segundo, los cambios de la geopolítica tienen que ser enfrentados con algún tipo de visión. Tenemos que tener una política que permita priorizar los intereses latinoamericanos que deberían ser cerrar la brecha que nos separa del desarrollo. Para eso necesitamos inversión e infraestructura que nos la puede dar el mercado norteamericano y, por otro lado, también responder inteligentemente a los avances chinos de modo que no se vea como una sumisión ante los designios de expansión e influencia china. Es cierto que China está haciendo una serie de trabajos de infraestructura, que hubiera sido fantástico que también contara con inversión norteamericana, pero China lo hace de manera sistemática respondiendo a una visión estratégica que responde a los intereses de China. En América Latina necesitamos desarrollar una política común no de enfrentamiento sino de actuación frente a estas dos potencias que buscan tener la total hegemonía y ven el patio latinoamericano como una extensión de sus divergencias. 

¿Perú ha tenido una postura demasiado confiada ante la inversión de China?

Definitivamente. Aquí actuamos con extrema comodidad y pocas veces actuamos con mentalidad estratégica. No hemos cuestionado ningún tipo de inversión china y no hemos sabido utilizar el tratado de libre comercio Perú – China a diferencia de otros países, como Chile que ha logrado traer inversión extranjera con conocimiento y transferencia de tecnología. Nosotros simplemente hemos abierto la puerta para que los chinos vengan y compren todo. El propio puerto de Chancay es una inversión china que responde a sus intereses de acortar las distancias con respecto a su mercado. Creo que hemos sido un poco comodones y no hemos sabido fortalecer nuestra relación con Estados Unidos. Pensar que ellos iban a abandonar esta área de influencia ha sido un error. 

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Carlos Anderson, Congreso, Perú Moderno

El excongresista apunta a ser uno de los principales contendientes en las próximas elecciones y conversó con Sudaca sobre la actual crisis política, los problemas de Acción Popular y las propuestas con las que intentará alcanzar la presidencia.

Ha sido parte del Legislativo en diversos periodos que no estuvieron exentos de críticas, ¿por qué la situación actual del Congreso se podría considerar más crítica que en aquellas épocas?

Habían cuestionamientos, pero al menos existían ciertos escrúpulos para sancionar. Nunca se habían sacado leyes como las que están saliendo. La situación de este congreso es largamente la más cuestionada.

¿Qué ha llevado a que los actuales parlamentarios parezcan indiferentes a la contundente desaprobación que se ve en las calles y en las encuestas?

Ya no se hace política sino otras actividades y hay intereses subalternos. Eso está sucediendo porque, en los últimos periodos de este gobierno, hay una dictadura notoria. Se comenzó con un gobierno elegido democráticamente, pero se ha ido convirtiendo en una dictadura con anarquía y violación de principios jurídicos y derechos humanos. Además, las personas que han entrado en la política piensan que con la política va a mejorar su vida y el pueblo no les interesa. Por eso no les importa nada ni tienen vergüenza.

Para las próximas elecciones podríamos tener una larga lista de candidatos, ¿esta considerable incursión de nuevos partidos podría agravar la crisis política o ve en ello una salida?

La norma ha propiciado la constitución de estos y creo que, en la actual coyuntura, es favorable porque el Perú no va a estar obligado a votar por los que están en el poder yestán putrefactos. Obligar a votar por esa gente es incurrir en el mismo error y ahondar la crisis. Muchos de esos van a quedar en el camino, pero en algunos tienen que estar la solución para recuperar la actividad política, el estado de derecho y la vergüenza. Es bueno darle a los peruanos otras alternativas porque lo que existe en los poderes del estado está podrido y no tiene manera de recuperarse.

La presidenta Dina Boluarte ha terminado convertida en la cara de la crisis política, ¿su vacancia podría haber evitado este presente o existen mucho más actores involucrados que hacían inevitable esta situación?

Dina está sostenida por sus socios que la respaldan en el Congreso. Sacarla hubiese hecho que entre alguien en esa misma línea. Yo diría que en las sombras, en las áreas del poder que están tomando decisiones, Montesinos sigue operando. Si uno ve el modus operandi dentro de los poderes del Estado, es la mano de Montesinos. No olvidemos que han matado periodistas, a una mujer que iba a denunciar hechos graves en el Congreso y a un corrupto con vínculos en el gobierno.

Durante sus años como congresista realizó duras críticas al fujimorismo, ¿por qué cree que el partido de Keiko Fujimori sigue teniendo una presencia importante en el Congreso y en las encuestas presidenciales?

Porque tienen financiamiento oscuro y, lamentablemente,la justicia no está yendo al ritmo que debería para sancionar. El Estado peruano está gobernado por organizaciones criminales. Además, las personas que pudieron desaparecer al fujimorismo no lo hicieron. Por eso todos los demás presidentes después del fujimorismo están procesados por corruptos. Ellos incurrieron en corrupción y eso ha permitido que los corruptos mayores se mantengan.

Ha sido muy crítico con el desempeño del parlamento, pero muchos de los congresistas sobre los cuales pesan las acusaciones más serias entraron como parte de Acción Popular y con usted como candidato presidencial. ¿Se siente en parte responsable del nivel del Congreso?

No. Fui candidato presidencial, pese a la guerra sucia, y a mí me eligieron las bases. A estos individuos que ingresaron al Congreso también los eligieron las bases. El candidato presidencial no puede decir ni pio porque así es la democracia interna. Muchos de ellos, casi todos diría,no estaban en nuestra línea sino con la llamada derecha bruta y achorada de Acción Popular. Yo no tenía ninguna posibilidad de cuestionar a estos individuos que, a días de ser elegidos, salieron a decir que no tenían nada que ver conmigo. Ellos están ahí por el trabajo que hizo la plancha presidencial porque no eran conocidos ni en su barrio.

¿No le preocupaba llegar a la presidencia y no tener una bancada en el Congreso?

Claro que sí. Estos se hubieran vuelto mis enemigos apenas entrara a la presidencia. Pero es lo que impuso el mismo partido. No olvidemos que estos señores que han tomado el partido, como Raúl Diez Canseco, Alfredo Barnechea y Víctor Andrés García Belaúnde, hicieron campaña sucia en mi contra. Pero de ocurrir no hubieran encontrado un Pedro Castillo sino un Yonhy Lescano que fue cuatro veces parlamentario y es abogado. Hubieran enfrentado a un Lescano que los ha derrotado varias veces en el Congreso.

La congresista María del Carmen Alva lo ha señalado como el responsable de la ruptura de Acción Popular y del acercamiento de los integrantes de su bancada con Pedro Castillo, ¿tuvo participación en este acercamiento?

La señora está en una orfandad política y jurídica terrible. Estas palabras demuestran lo que han sido los elegidos. Traicionando al partido y al candidato presidencial sin el cual no estarían sentados ahí. Eso de acercamiento a Castillo no sé de donde lo saca porque nunca tuve acercamiento con él y, además, después del primer día que los reuní ellos me decían que no tenían nada que ver conmigo.

¿Cuál fue el momento que originó estas irremediables divisiones dentro de Acción Popular?

Un partido no es agua mansa y siempre trae sus discusiones. Antes ocurría entre los partidarios de Javier Alva y Manuel Ulloa. Pero se hacía política decente y con intercambio de ideas. Donde he comenzado este quiebre es cuando un sector del partido comenzó a ser fujilover. Ahora son furgón de cola del fujimorismo y no sólo la bancada sino el partido. En el último periodo que estuve en el Congreso comencé a ver a mis colegas votando con el Apra y el fujimorismo. Ahí comenzó ese quiebre por culpa de quienes se echaron a ese lado. Me da pena porque es un partido con una ideología muy linda y gente de familia acciopopulista se ha ido.

¿Cuáles van a ser los puntos en los que se apoyará su nuevo partido político?

Pienso que sin valores no se puede hacer nada. Hay que recuperar y reivindicar la política. Luego está la seguridad ciudadana. Eso no es fácil de solucionarlo, pero hay fórmulas de resolverlo de manera original con estrategiasnacionales que no sean copias de otros países, como otros dicen con una posición bien huachafa de ser el Bukeleperuano. El Perú tiene personas pensantes que pueden ser mucho más que el señor Bukele. Segundo, la educación y salud que están abandonados como los servicios básicos, y no se puede vivir con dignidad sin servicios básicos.

¿Su nueva agrupación política estaría dispuesta a abrirle la puerta a la experiencia de excongresistas o exministros?

Hasta ahora hay cien por ciento gente nueva que saben de nuestro trabajo en el Congreso. Es gente que nos conoce y también gente joven. No hay gente del congreso anterior. Las personas que se han acercado y no van en nuestra línea les hemos dicho que no. No estamos interesados en políticos conocidos.

Para afrontar estas necesidades, ¿su plan de gobierno apuntará a darle mayor participación al sector privado o público?

El Estado está en condiciones de dar buena educación y salud a la gente. El privado en educación ya se metió, y no le vamos a expropiar, pero creo que el Estado se tiene que fortalecer tanto en educación básica como superior. Se tienen que reconstruir veintiún mil colegios que están en ruinas. Tenemos que tener un sistema de tecnología adecuados a los tiempos. Si el “Reactiva Perú” del señorMartín Vizcarra dio 31mil millones de soles a los empresarios, con una mínima parte de eso se compra un satélite de comunicaciones para darles a los niños peruanos la posibilidad de tener más oportunidades de educarse. Con la salud igual. Tiene que estar el estado para que nadie tenga que morirse por falta de plata.

Uno de los reclamos que persisten en el sur es el pedido de justicia por las personas que murieron a causa de la represión, ¿qué postura tomaría para que estos sectores puedan volver a confiar en el gobierno?

A esos familiares hay que atenderlos inmediatamente, porque son víctimas que han salido de la protesta social. Hasta ahora están protestando y nadie les hace caso pensando que se van a olvidar. Hay que resarcir inmediatamente y entrar con los familiares a un proceso de diálogo, algo que no pueden hacer con la señora Boluartepor la soberbia que tiene y porque ella tiene que ver en las muertes de estas personas.

Otra tarea pendiente es la descentralización, ¿qué alternativas podría plantear al respecto?

Esto se puede mejorar dando más facultades a los gobiernos regionales, pero con una fuerte fiscalización que no hay en estos momentos. No olvidemos que hay gobernadores y alcaldes encarcelados en estos momentos. Tiene que haber un sistema de control bien fuerte. Se ha institucionalizado esto de la coima. También creo que hay que hacer inversión con la industrialización del campo, porque eso también descentraliza generando más movimientos económicos y que la gente se quede en provincia. No solamente descentralizar el estado sino la economía.

En lo que respecta a las relaciones internacionales, existe incertidumbre sobre el futuro de las relaciones de Latinoamérica con Estados Unidos ahora que Donald Trump llegó a la presidencia y tiene unapostura severa y sin mucho interés hacia la región, ¿cómo manejaría esta situación?

Hay varios conglomerados de países de América Latina, como la Alianza del Pacífico, que pueden ayudar a unir esfuerzos o la Comunidad Andina que también debe tomar medidas para defender los intereses de América Latina frente a esta agresión que está teniendo Estados Unidos. También hay que hacerse respetar como país. Somos un país muy rico que tiene todo. No es un país que no tiene condiciones para subsistir sin la asistencia de otras naciones. No tenemos que agachar la cabeza ante nadie y estamos en la posición de poner condiciones. Si quieren agredirnos vamos a responder como estadistas y haciendo respetar la soberanía nacional. Quizá económicamente no somos una gran potencia pero en recursos naturales sí.

En los últimos años, la inversión de China en el país ha sido considerable, ¿cómo ve el lugar que está tomando el país asiático?

En las actividades estratégicas, el estado tiene que estar presente. Por ejemplo, en Chancay debería estar el estado en la organización y la dinámica del puerto. El estado debe estar como un observador, ente regulador e incluso como socio, tal como sucede en otros países con inversiones publico privadas. Tenemos que poner condiciones y cuidar nuestro territorio. Eso se hace con la presencia de un estado que tenga pericia, conocimiento y valores, no un estado entreguista. Es bienvenida cualquier cantidad de inversión que tenga China, pero cuidando los intereses nacionales.

 

José Enrique Escardó Steck, el primer denunciante de los abusos del Sodalicio, conversó con Sudaca sobre su disolución. Además, expuso el hostigamiento sufrido por las víctimas e investigadores durante más de dos décadas en un caso que también involucra al excardenal Juan Luis Cipriani y a más de un político influyente.

Teniendo en cuenta que han pasado más de veinte años desde que se denunció el caso Sodalicio, ¿confiaba que podía ocurrir una decisión como su disolución o veía con resignación que los responsables gozarían de impunidad?

Yo era la persona más escéptica. Lo dije antes, no confiaba en que se iba a disolver el Sodalicio. Pero también dije que en este proceso me he equivocado y esta ha sido una de esas veces. La disolución ha sido una sorpresa para mí.

¿Por qué esta decisión ha tomado tanto tiempo si se trata de un caso tan grave y con tantas víctimas?

Porque los tiempos de la Iglesia son tiempos irracionales, no reacciona a menos que haya un escándalo. Recordemos lo que es la Iglesia, la organización más grande del mundo y no sólo en temas religiosos. He hablado con personas como el cardenal Robert Prevost, quien es el prefecto del Dicasterio para los Obispos, y también Simona Bambrilla, la Prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, y hay una sensación de impotencia en los que quieren hacer algo dentro de la Iglesia porque es muy complejo y hay mucha política y muchos intereses.

A lo largo de estos más de veinte años, ¿ha encontrado más representantes de la Iglesia a su favor o en su contra?

Más en contra. Los que apoyan son contados con los dedos de una mano. El grupo de gente que está con el Sodalicio por motivos económicos, interés o poder es mucho más grande. Es realmente David contra Goliat. Pero bueno, como pasó en la Biblia, esta vez David ganó.

La política peruana suele tener una relación muy cercana con líderes religiosos, ¿qué papel jugó la política nacional en el caso Sodalicio?

Es el caso más vergonzoso en la historia del Perú y no sólo por la política sino por el Estado. La justicia peruana no ha hecho nada. El Estado peruano se ha dado por desentendido del caso. Se demostró estos días en Ginebra cuando estuve en el Comité de los Derechos del Niño y logré que le pregunten a la ministra de la Mujer al respecto y respondió algo sumamente vergonzoso demostrando que al Estado nunca le ha interesado. Obviamente hay partidos políticos y políticos individuales vinculados al Sodalicio que tienen negocios con ellos y una relación de poder que no solamente se han puesto del lado del Sodalicio sino que han creado un sistema de desinformación para atacar a las víctimas e investigadores.

¿A quiénes ha podido identificar como estos defensores del Sodalicio?

Todos sabemos que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, es un admirador de muchas personas dentro del Sodalicio. Lo ha dicho en entrevistas. Dijo que el cura Jaime Baertl, quien maneja el Sodalicio, era un santo y que lo admira. Además, sabemos que treinta y seis  empresas del Sodalicio han entrado en fideicomiso a una empresa que fue fundada por López Aliaga. Eso no puede ser una coincidencia. Su partido está involucrado y el fujimorismo también. Pier Figari es primo hermano de uno de los curas del Sodalicio, Juan Mendoza Figari, y hay una relación muy estrecha. Eso se nota porque cuando pasan estas cosas nadie del fujimorismo y Renovación Popular habla.

¿Qué intereses económicos hay detrás de los defensores del Sodalicio?

Aquí en el Vaticano, todas las personas con las que he hablado, incluyendo al Papa, han manifestado que hay mucho poder del Sodalicio y eso genera una serie de problemas. Además, hay por lo menos nueve obispos involucrados en negocios turbios de los cementerios con el Sodalicio. Hay todo un tema económico y político que cuidan.

Durante muchos años, Juan Luis Cipriani fue la cabeza de la Iglesia en el Perú, ¿qué papel tuvo en el caso Sodalicio?

En el año 2000, cuando publiqué mis columnas, me encontré con Cipriani en una reunión a la que fui como director de la revista Gente. Me acerqué y le dije lo que había publicado, pero no le prestó importancia. A medida que fueron avanzando mis columnas, nos enteramos que Cipriani había llamado a los empresarios católicos y les había dicho que no anuncien en la revista. Tuve que dejar de escribir para que la revista no desapareciera. Luego de eso, supimos que Cipriani recibió denuncias en contra de Figari por abuso sexual y estas se perdieron en el camino y nunca llegaron al Vaticano. Su papel ha sido lamentable y se sabe que también ha tenido denuncias de inconductas sexuales.

¿Las denuncias contra el Sodalicio han padecido algún tipo de censura mediática?

Sí. La Iglesia tiene mucho poder. Sorprende que el año en que salió “Mitad monjes, mitad soldados”, el libro de Pedro Salinas y Paola Ugaz, la cobertura mediática fue absoluta. En cambio, en los últimos años que se ha visto el crecimiento del poder conservador de ultraderecha y católicos radicales dentro de la política y el empresariado peruano, los medios prácticamente han silenciado el tema.

¿Observa cambios en la Iglesia que inviten a creer que se han tomado las medidas necesarias para que no se repita la historia del Sodalicio?

Es una de las cosas que hablé con el Papa Francisco. Esta es la oportunidad para que la Iglesia evite que esto  vuelva a pasar. Pero son cientos de miles de casos en todo el mundo. No se puede hacer de un día para el otro. Fui claro con él sobre el nuevo rumbo que tiene que tomar la Iglesia con respecto a las denuncias de violencia física, psicológica, sexual y espiritual. Esto tiene que ser una oportunidad y debe ser acompañada por las víctimas. Por eso propuse un consejo de sobrevivientes que acompañe este proceso. 

¿Qué respuesta obtuvo por parte del Papa Francisco?

Cuando le presenté el documento escrito y llegamos al punto de consejo de sobrevivientes,  levantó la mirada y me dijo “lo que tú le pidas a Jordi Bertomeu, yo lo voy a firmar”. Entonces creo que fue una clara referencia a que en el centro tienen que estar las víctimas.

¿Podríamos decir que se está abriendo la puerta a un cambio en la Iglesia?

Creo que hay una postura del Papa y las personas en las que él confía para este proceso. Yo no hablaría de la Iglesia en general. Porque la mayoría tiene otra visión y eso es lo peligroso. El Papa está anciano y enfermo, entonces no sabemos qué podrá pasar en los próximos años. Tenemos que vigilar que este proceso sea realizado de una manera muy cuidadosa para que no se escape nada por las rendijas, porque el Sodalicio es muy hábil para encontrar escapes.

¿Este poder e influencia que tiene el Sodalicio se ha manifestado a través de amenazas?

Desde que comencé, el Sodalicio hizo una campaña para tratar de destruir mi credibilidad. Me han llamado desde el anticristo hasta que estoy loco, soy adicto y abusador de mujeres. En los últimos años hay artículos en mi contra e insultos en las redes escritos por personas vinculadas al Sodalicio y, obviamente, es por encargo de ellos que nunca hacen las cosas de frente sino que encargan a terceros. Además, también he recibido amenazas de muerte en contra mía y de mi hija y amenazas contra la integridad sexual de mi hija desde que ella tenía cuatro años. Eso viene pasando desde hace 25 años.

¿Considera que hay un incremento del fanatismo religioso y que ello ha repercutido en este hostigamiento?

Perú está convirtiéndose en el Afganistán de Latinoamérica. Es el país donde el conservadurismo está teniendo un poder y presencia muy grande. Lo hemos visto en la forma en que reaccionaron a la obra “María Maricón”. En el caso Sodalicio, con los intereses que hay, hemos visto cómo han querido destruir a Paola Ugaz y Pedro Salinas con las denuncias. Ante cualquier persona que hable, el Sodalicio viene con su maquinaria aplanadora y esto va a seguir. El Sodalicio no va a querer morir sin matar. Van a seguir queriendo destruir a todos los que puedan.

Se ha hablado de la política y la Iglesia, pero ¿cómo se podría evaluar el trabajo de la justicia peruana en estos casos de abusos?

La justicia peruana siempre se escuda en la prescripción. Como hay mucha carga, dicen que ya prescribió y así no tienen trabajo. Además, como hay presiones muy fuertes de la política y la propia Iglesia, entonces tienen miedo y no hacen su trabajo. Ya sabemos que en la época de Patricia Benavides había un abogado del Sodalicio que bloqueaba las denuncias contra ellos y hacia que corran muy rápido las que eran contra los denunciantes e investigadores del Sodalicio. 

¿Cuál era el plan detrás de estas denuncias?

La forma en que funciona es con los propios esbirros del Sodalicio escribiendo cosas en sus propios medios, como en La Abeja, Willax o Expreso, y creando en la opinión pública una idea. Ellos mismos inventan las historias y hasta crean chats falsos, y luego, con ese material inventado, van a la fiscalía y dicen que ha salido todo eso en los medios y hay que denunciar a tal persona. Después meten presión en la fiscalía a través de políticos y generan todas estas falsas acusaciones, como que Paola Ugaz es miembro de una organización de lavado de dinero y que trafica plutonio y uranio con la familia Vargas Llosa en Piura. 

¿Perú dejó de ser un estado laico?

Un gran termómetro de esa situación ha sido lo que ocurrió con la obra “María Maricón” y cómo reaccionó el grupo más conservador del catolicismo peruano y la manera en que reaccionó el Estado con comunicados del Ministerio de Cultura pidiendo explicaciones sobre la afectación de la fe católica o la Defensoría del Pueblo pidiendo que interpele al ministro de Cultura. Eso pasa en un estado confesional teocrático y creo que estamos yendo en ese camino. Pero esta disolución del Sodalicio es un mensaje fuerte para el conservadurismo peruano que pueden tener todo el poder que quieran pero todavía tenemos personas que luchan por la verdad.

Ha mencionado los vínculos del Sodalicio con políticos y partidos, como Rafael López Aliaga y Fuerza Popular, quienes aparecen en las encuestas presidenciales. Si alguno de ellos llega al sillón presidencial, ¿estaríamos ante un posible pacto de impunidad para los responsables de estos tipos de abusos?

Creo que sí. Yo reto a cualquiera que haya una minería de declaraciones o tuits de todos los que están vinculados a estos partidos y enseñen alguno en el cual hayan hablado del caso Sodalicio. No hay. Hay silencio o ataque a las víctimas y a los investigadores. Es muy claro por donde va el asunto y cuáles son los pactos que se han cocinado en el Perú hace varios años. No me sorprendería que pronto busquen promulgar una ley contra la blasfemia y vayamos avanzando de un estado laico a uno teocrático.

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Gisela Ortiz, exministra y activista por los derechos humanos, conversó con Sudaca sobre las escandalosas declaraciones del ministro Morgan Quero. Ortiz señala que el Congreso “no está fiscalizando y no existe ningún contrapeso” por lo que descarta que el titular del Minedu deje su puesto.

¿Cree que el ministro Morgan Quero será retirado del Ministerio de Educación tras llamar ratas a las víctimas de las protestas?

Creo que no. No debemos olvidar que quien sostiene este gobierno es ese pacto político que hay con el Congreso y las fuerzas mayoritarias de extrema derecha e izquierda. Entonces, no lo van a interpelar ni exigir su renuncia. Por otro lado, Quero siempre se ha mostrado fiel a Dina Boluarte y creo que, por parte de ella, no va a haber un pedido de disculpas, que debería ocurrir, y tampoco le quitará el cargo.

¿Es una declaración desafortunada o representa la política del gobierno actual?

Las palabras del ministro Quero son un fiel reflejo de lo que es este gobierno que no cree en los derechos humanos y carga con cincuenta personas asesinadas que también ha dejado mil personas heridas que vivirán con  las secuelas y familias destrozadas. Estas expresiones son un reflejo de lo que ellos creen. Tenemos a un ministro reincidente en esta forma como se expresa, con esta falta de respeto y maltrato que lo dice con total naturalidad.

¿Las declaraciones del ministro Quero y el desinterés por parte del gobierno ante este caso se puede interpretar como una amenaza para futuras manifestaciones?

No tengo la menor duda que este gobierno no tiene el más mínimo respeto por los derechos humanos y va a hacer de la represión policial una forma de mantenerse en el poder. La violencia con la que la policía ha actuado en las últimas manifestaciones es una expresión de esa forma de gobernar por la fuerza. Es un peligro para quienes expresamos una opinión en contra de este gobierno y quienes ejercemos el derecho a la protesta.

Mencionaba el rol del Legislativo, ¿se podría decir que el Congreso ha dejado de cumplir un rol fiscalizador y de contrapeso del Ejecutivo?

Desde diciembre del 2022 hay un acuerdo político para mantenerse en el poder hasta el 2026. Ahí radica la priorización de estos proyectos de ley que se discuten y que son en favor de grupos de delincuentes y vanrestringiendo  la función del Ministerio Público y el Poder Judicial. El Congreso hace tiempo no está fiscalizando y no existe ningún contrapeso sino que son parte de este gobierno que se impone por la fuerza.

En los últimos días la presidenta Dina Boluarte ha intentado instalar el debate sobre la pena de muerte, ¿qué opinión tiene sobre esta iniciativa que el Ejecutivo está impulsando?

Estamos en un contexto de una fragilidad tremenda de nuestras instituciones. No hay una garantía que realmente se va a determinar la responsabilidad de los violadores para aplicar la pena de muerte. Qué pasa si esto se convierte en una nueva forma de chantaje y amenaza para cobrar dinero a los familiares con extorsionadores dentro de la policía. Lo que aquí no hay es prevención, que debe trabajar el Estado, y lo que ocurre es que cuando los familiares acuden a los centros policiales no hay una respuesta inmediata y se tiende a culpar a la víctima y la familia. Imponer la pena de muerte en este contexto es una utilización banal para tapar los delitos que siguen apareciendo cada día y están relacionados con este gobierno. No es una discusión seria.

Aprovechando este debate, diversas bancadas han apoyado que Perú se retire de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿existen segundas intenciones detrás de este pedido?

Quienes plantean eso son congresistas que tienen algúntipo de vinculación con las Fuerzas Armadas, han sido partícipes del conflicto armado interno y alguna responsabilidad tienen. También son parte de agrupaciones políticas que, en procesos y juicios, se ha evidenciado su accionar criminal durante el conflicto armado interno. No son personas que no tienen nada que ver con las responsabilidades y violaciones de derechos humanos. No es un planteamiento desinteresado sino parte del afán de imponer o garantizar la impunidad para los delitos que se cometieron, como hemos visto en la ley pro impunidad presentada por el congresista Rospigliosi.

¿El Perú está atravesando un momento crítico en lo que respecta a darle importancia a los derechos humanos?

Antes, de alguna manera, los partidos políticos cuidaban las formas de expresar este repudio a los derechos humanos a diferencia de como lo hacen actualmente. Ahora están a favor de los criminales, legislan a favor de los criminales y arrebatan derechos de las víctimas. Partidos políticos que no incorporan una mirada de los derechos humanos no deberían tener ningún tipo de oportunidad en nuestro país. No solamente porque somos un país post guerra con secuelas que no han sido atendidassino porque, lamentablemente, no tenemos una democracia sólida. Ese es el mayor miedo. El no tener libertad para expresarnos ni movilizarnos.

El Congreso también está abordando un proyecto de ley que busca un mayor control sobre las ONG, ¿qué consecuencias podría dejar esto para el país?

Es un proyecto que trata de tener mayor control no sólo sobre los recursos que reciben las ONG sino también sobre el uso que se les da. En nuestro país ya existe una organización que se llama APSCI, la cual está vinculada al Ministerio de Relaciones Exteriores y ejerce esta función. Lo que quieren ahora es incrementar el control y con frases ambiguas. Hablan de prohibir el uso indebido sin decir qué sería exactamente indebido. Todos los proyectos que tienen financiamiento internacional se hacen en función a objetivos. No es que uno invente las actividades en el transcurso del desarrollo del proyecto. Lo que quiere hacer el Congreso es prohibirlas porque las denuncias internacionales se canalizan a través de las ONG de derechos humanos y también porque el trabajo de estas ha sido la capacitación en materia de derechos humanos. Ellos ven ahí un peligro político.

¿Considera que el gobierno de Dina Boluarte, con situaciones como las declaraciones del ministro Quero, ha profundizado la división entre Lima y el resto del Perú?

Creo que desde la frase desafortunada de “Puno no es el Perú” que expresara Dina Boluarte empezamos con esa mirada de desconfianza a quienes estaban defendiendo su derecho a protestas. Cada vez que tienen oportunidad los representantes de este gobierno lo que hacen es seguir negando que hay un Perú distinto al de Lima y marcando sus frases racistas comparándolos con animales. Me parece peligroso porque en ese contexto de una mayor brecha política y social se van a dar las elecciones del 2026.

El último gobierno vinculado con represión a manifestantes fue el de Manuel Merino y, años después, no hubo responsables por estos actos, ¿será diferente lo que ocurrirá con Dina Boluarte en el futuro?

Justamente por eso son las movidas que están haciendo en el sistema electoral buscando qué más pueden hacer para asegurarse que van a tener un control absoluto en el JNE para que quienes salgan elegidos sean partidos políticos que les van a garantizar impunidad. Ese es el peligro para las víctimas, porque no están garantizados sus derechos y siempre está el poder político que negocia, como pasó con los asesinatos de Inti y Bryan. Qué democracia vamos a construir en un país que ningunea a sus víctimas y las trata con una falta de respeto total.

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Congreso, Gisela Ortiz, Morgan Quero

“El gobierno no ha entendido la naturaleza ni la magnitud del problema”

Sudaca conversó con Rubén Vargas, exministro del Interior, sobre la crítica situación que atraviesa el país con las extorsiones y las decisiones adoptadas por el gobierno. Para Vargas, esta se trata de “una de las mayores crisis de inseguridad de nuestra historia”, cuestiona al Congreso por haber promulgado leyes pro crimen organizado y explica que los estados de emergencia exponen que, desde el Ejecutivo, “no tienen idea de cómo enfrentar el problema”.

¿Qué impacto ha tenido la modificación en la ley contra el crimen organizado en la situación que está padeciendo el país actualmente?

El impacto ha sido determinante. Sin duda esta legislación, por demás absurda, ha generado una expectativa en favor del crimen organizado y quienes están siendo procesados por diversos delitos porque, sin ninguna duda, van a ser utilizados como argumentos de defensa en sus procesos penales. Pero también debilita la precaria situación en que se encuentran la Fiscalía y la Policía. Porque, además de las condiciones bastante difíciles como las que enfrentan fiscales y policías con crimen organizado, van a tener que reformular sus investigaciones y la acusación fiscal porque estos delitos predatorios, gracias a esta nueva ley, ya no están dentro del ámbito de la criminalidad organizada. 

¿Cómo está afectando el trabajo de la Policía?

Cuando investiguen la extorsión no van a poder utilizar los procedimientos especiales que provee la ley contra el crimen organizado porque serán investigados como delitos comunes. Esto perjudica todavía más porque cuando hablamos de estructuras criminales, y la extorsión está en ese ámbito, se tiene que utilizar agentes encubiertos, interceptaciones, etc. El problema de este paquete de leyes no se limita a esta ley sino también las repercusiones que está teniendo la ley que legaliza el transporte informal y a la llamada formalización de la minería ilegal, porque las estructuras criminales que nacen de las economías ilegales también están asesinando. 

Mencionó que la situación de la Fiscalía y Policía era precaria, ¿a qué se debe?

Parto de la premisa que estamos viviendo una de las mayores crisis de inseguridad de nuestra historia republicana y esta crisis no es solamente como consecuencia de una mayor percepción o una mayor presencia de la criminalidad trasnacional. Eso es un factor. Pero hay otros factores que también van en la línea de precarizar más y llevarnos a ese escenario de la mayor crisis de inseguridad. Me refiero a la crisis política que ha precarizado debilitado al gobierno nacional y a sus instituciones, como el Ministerio del Interior y la Policía. 

¿La política es responsable de este presente?

Recordemos que, durante el gobierno de Pedro Castillo, se vendieron ascensos a generales y colocaron como ministro del interior y comandantes generales a los que juraban iban a proteger a esas estructuras criminales que estaban cerca al poder y Castillo. Recordemos que actualmente, según audios supuestamente del ministro del Interior, se estaría protegiendo a estructuras criminales cercanas a la presidenta Boluarte. Están instrumentalizando a la Policía y eso la debilita mucho más. 

¿El proyecto de ley del cual se ha hablado en el Congreso y que tipifica los delitos de extorsión, sicariato y porte de armas de guerra como «terrorismo urbano» es la respuesta correcta al problema que nos enfrentamos?

Si el problema fuese de tipificación, probablemente serviría de algo. Pero me parece un despropósito que, el Congreso que ha promulgado leyes pro crimen organizado, ahora pretende decir que tiene mano dura frente al crimen organizado cambiando el nombre de un tipo penal. Creo que, en este momento, el Congreso es parte del problema.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha dicho que este problema viene desde 2021 y que la Policía lo ha venido tratando de forma profesional, ¿por qué si estaban alertados al respecto ha escalado de tal manera?

Por la crisis política que ha generado que la Policía y el sector Interior se precaricen todavía más. Desde el 2021 vemos que hay generales que ascendieron pagando, hemos visto a comandantes generales haber aceptado esa responsabilidad luego de haberse arrodillado ante estructuras criminales del poder y hemos visto que se está persiguiendo a oficiales y unidades de la policía que han investigado corrupción en el poder. Si no se toman decisiones de una reforma profunda vamos a seguir perdiendo a una de las instituciones más importantes de la democracia.

También existen pedidos para que las Fuerzas Armadas salgan a las calles, pero también hay voces como la del exministro Cluber Aliaga quien ha dicho que estas se encuentran preparadas para otras cosas y su fin es matar al enemigo, ¿usted cómo ve la posibilidad de sacar a las Fuerzas Armadas a las calles?

Es parte de la desesperación y la torpeza del gobierno al no entender la naturaleza del problema. A las organizaciones criminales, especialmente las extorsiones, se combaten con inteligencia no con tanquetas, fusiles o granadas. Sacar al Ejército para colocarlos en los semáforos y en las puertas de los colegios para que no los extorsionen es populismo barato. Si el problema son las extorsiones ,necesitamos fortalecer a las unidades especializadas de la policía y dotarles de la inteligencia y recursos frescos. Pero es mucho pedirle eso a este gobierno que se ha encargado de perseguir a las unidades especializadas y sus mejores oficiales y es parte del problema. 

¿La creación del Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión es una decisión que puede suponer un cambio en la crisis de inseguridad que atraviesa el país?

El problema de la extorsión no es de diez o quince empresas de transporte público del Cono Norte de Lima. Las extorsiones son a nivel nacional y, particularmente, en la franja costera. Crean una unidad para las extorsiones  que ya existía dentro de la Dirincri y se tendría que haber fortalecido. Crear una unidad para atender el problema de las extorsiones de un número de empresas en el Cono Norte nos indica que el gobierno no ha entendido la naturaleza ni la magnitud del problema.

Por el trabajo que ha hecho hasta la fecha, ¿considera que el ministro Santiváñez está capacitado para estar al frente del Ministerio del Interior?

El ministro, de acuerdo a las grabaciones que los medios han estado propalando, entró para perseguir a la Diviac y creo que ya consiguió su objetivo.

Nuevamente se ha optado por declarar estado de emergencia, ¿va a tener algún tipo de impacto en la lucha contra la delincuencia?

Los estados de emergencia que se decretaron durante este gobierno y los anteriores van en la línea de una reacción populista. Siempre el denominador común ha sido que los gobiernos recurren a los estados de emergencia cuando no tienen idea de cómo enfrentar el problema. 

Se han difundido casos de personas que ponen denuncias y en corto tiempo reciben amenazas de los denunciados con datos personales, ¿qué ha fallado para que poner una denuncia ponga en mayor peligro al denunciante?

Es parte de esa precarización de la Policía y sector Interior. Los policías cuando observan que los niveles superiores de la pirámide, los jefes, están involucrados en actos de corrupción el resto del cuerpo también se degrada y, cuando no hay un control y liderazgo claro, obviamente se va a perder el control. Lamentablemente la corrupción de las economías ilegales es muy potente y corrosiva.  A eso hay que agregarle el mensaje que se da desde el gobierno que es que se persigue, somete y amenaza con dar de baja a los oficiales que investigan a los políticos corruptos. Si ese es el mensaje, ningún oficial va a correr el riesgo que los amenacen o persigan y se va a quedar quieto o va a cruzar la línea.

 Algunos congresistas han señalado que la inmigración sin filtro y la falta de nuevas cárceles han sido la razón de esta crisis, ¿es correcto afirmar que en esas razones está el origen de los niveles de inseguridad vemos?

Las situación de desborde criminal el multifactorial. No es consecuencia solamente de la inmigración venezolana. También tiene que ver con el desborde de las economías ilegales, el crecimiento exponencial del negocio de la cocaína en el Perú y  el ingreso de estructuras criminales trasnacionales de origen brasilero. Desde mi punto de vista, la mayor amenaza a nuestra seguridad no viene del Tren de Aragua sino del Comando Vermelho y
Primeiro Comando da Capital que ya están operando en el Perú y de lo que no se habla siendo lo más peligroso y la mayor amenaza a nuestra seguridad. 

¿Dónde están operando?

El Comando Vermelho está controlando la ruta fluvial de la cocaína que sale de las regiones de Ucayali, San Martin y Loreto. Domina toda la parte norte de Brasil y tiene más de setenta mil miembros, es un ejército completo y están operando en Perú por la cocaína y el oro ilegal. Por el sur, por Madre de Dios, están ingresando miembros del Primeiro Comando da Capital que es la segunda organización criminal más grande de Brasil y manejan los penales de Paraguay, Uruguay y argentina. Su objetivo es controlar el VRAEM. Ese es el principal problema pero nadie se ha dado por enterado. 

¿No se está actuando por incapacidad o corrupción?

Ambas cosas. El crecimiento de las economías ilegales lleva, intrínsecamente, niveles altos de corrupción. Que la legislación de una prórroga indefinida por enésima vez del Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera) sabiendo que ha fracasado y disfraza al minero ilegal en artesanal no es gratuito. 

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Hernán Chaparro, quien ha sido jefe del área de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, conversó con Sudaca sobre el inicio de la era del fujimorismo sin Alberto Fujimori y el panorama político de cara al 2026.

Alberto Fujimori ha fallecido, pero su intención, según revelan sus propia familia, era postular en las próximas elecciones, ¿cree que pudo haber sido uno de los protagonistas de la contienda electoral?

Indudablemente tendría protagonismo. La figura de Alberto Fujimori siempre ha generado sentimientos encontrados. Generaría polémica porque, por un lado, estaría el debate sobre si debe postular o no y si sus diez años fueron positivos o no. Pero es un momento en el cual su imagen se ha visto desgastada y se vería la movilización, a la que ya estamos acostumbrados, con esa dinámica de fujimorismo y antifujimorismo. Creo que también habría polémica por otros actores políticos que  le disputarían el espacio. 

Muchos de sus defensores ponen en un segundo plano la dictadura y la corrupción que también tuvo lugar durante el gobierno fujimorista, ¿se podría interpretar que, a cambio de ciertos resultados, la población está dispuesta a perdonar o ignorar crímenes?

Basta ver las elecciones regionales para notar que esos criterios, muchas veces, se disocian de las personas que eligen y en varias oportunidades terminan favoreciendo otras cosas. Por ejemplo, por más que hay sospechas plausibles que manipuló la segunda reelección y aunque en el mundo real perdió contra Toledo, seguramente tuvo un caudal importante de votos pese a que ya habían denuncias contra Montesinos y había indultado al Grupo Colina. Cuando la gente quiere borra muchas cosas de su cabeza y termina defendiendo cosas que para otros son indefendibles.

¿Se ha perdido confianza en la democracia y, por lo tanto, convicción para defenderla?

Lo que más demanda la gente es justicia. Hay más de un estudio en el cual preguntan qué significa democracia y, no te digo todo el mundo, pero hay un porcentaje que no tiene claro qué significa. Lo que la gente tiene claro, muy rápidamente, es la demanda de justicia, el reclamo de ser tratados como iguales y que hay poderosos que se aprovechan. Esa es la demanda. Lo que ocurre es que, a veces, esa demanda de justicia no toma en cuenta que esto sea alcanzado por canales democráticos y lo que quiere es un líder que haga justicia. Si eso implica cargarse las instituciones, está bien, y si no, también. Hay una laxitud democrática y lo que se busca es respuesta a estas demandas.

¿Alberto Fujimori sólo deja un partido político o también deja una corriente política?

Alberto Fujimori ha representado un sentir, una forma de ver el país y las posibles alternativas a los problemas que vivimos. Pero dicho eso, discrepo profundamente con aquellos que creen que el fujimorismo es el causante de todos los males del Perú. Hay un lugar común de estar creyendo que con Fujimori empezó una y otra cosa. Es indudable que en los diez años de Alberto Fujimori, y con lo que ha continuado Fuerza Popular, hubo una mirada de poco respeto por la institucionalidad y la ley que defienden hoy y la cambian mañana porque no les conviene, y ese es un modus operandi, pero eso no lo inventó el fujimorismo. Pero hay una serie de formas de actuar que caracterizan el sentir de un sector del país y que el fujimorismo profundizó y está ahí presente. 

¿Cómo se podría definir la ideología política fujimorista?

Hay una mirada autoritaria por un lado y lo otro es el poco respeto por la institucionalidad. Hoy, Fuerza Popular ha hecho de la Constitución lo que le da la gana. Una constitución que estaba hecha para darle poder al presidente porque el presidente era Alberto Fujimori, hoy que están en la oposición y quieren más poder en el Congreso, la han cambiado para favorecer eso. Creo que es una de sus características más importantes. 

Usted ha señalado que Fuerza Popular podría considerar que la dispersión electoral jugará a su favor, ¿pero esto sería suficiente para ganar una elección o sólo les serviría para pasar a segunda vuelta?

Creo que en una segunda vuelta vuelven a perder. El mejor momento de Fuerza Popular y Keiko Fujimori fue en 2016. Tenían  un candidato de circunstancia como Pedro Pablo Kuczynski que era diletante y tenía muchos errores en la campaña. Un mal candidato le termina ganando a Keiko, un mal candidato de derecha. 

¿A Fuerza Popular le jugó en contra el tener mayoría en el Congreso que entró en 2016?

Creo que el problema de Fuerza Popular y otra característica de Keiko Fujimori es la venganza y la negación de la delincuencia. En el 2016 lo que hubo fue abuso de poder y hoy son la primera minoría, pero siguen actuando igual o peor. Si en el 2016 no hubieran tenido el peso que tuvieron, hubieran actuado igual con este perfil donde lo que importa es la venganza y la manipulación de la ley a favor de tratar de influir en el poder judicial. Con el mayor tamaño fue peor.

¿El fujimorismo podría retomar la imagen de un partido anti establishment o seguirán siendo vistos como aliados de grupos de poder?

En el marketing político, una cosa es identidad de marca, lo que quieres comunicar, y otra es tu imagen. Ellos pueden querer comunicar que ahora son la oposición, pero no creo que la gente se lo crea. Lo que circula es que actúan en favor de intereses personales y eso dudo que lo puedan cambiar por más que a partir de abril se conviertan en un partido que empiece a denunciar a denunciar a Dina Boluarte. Dudo que alguien se lo crea.

En otros países se ve que un mal gobierno puede beneficiar en las siguientes elecciones a quienes fueron la oposición del mandatario saliente, ¿quién o quiénes serían los beneficiados por la alta desaprobación de Dina Boluarte que entró con un partido de izquierda y hoy se ve alineada a agrupaciones de derecha?

Alguno de los nuevos. Lo que sí se puede decir es que quienes tienen la cuesta muy empinada son los que están ahora en el Congreso, que normalmente actúan como oposición y que ahora comparten el gobierno. 

¿La crisis en la política peruana está alejando al peruano de a pie de la política o lo está involucrando más?

Claramente la gente está menos involucrada, porque a algunos les gustará renegar todo el día, pero entre eso y preocuparse por cosas más urgentes optan por lo segundo. Pero llegadas las elecciones se plantea la forzada necesidad de ir a votar. El punto está en que es una oportunidad para que se muestren alternativas y ahí se puede aparecer alguien que despierte algo de entusiasmo. 

¿Por qué cree que a los partido de centro e izquierda no radical les está costando tanto ser más fuertes?

Creo que a todos los partidos les cuesta. Sus problemas han sido los mismos de otras agrupaciones. Pero lo otro es que ninguno de los potenciales candidatos se quiere mostrar porque tienen la percepción que salir hoy es exponerse a que te ataquen y busquen mellar tu imagen. Por eso salen con cuentagotas. Nadie quiere mostrarse mucho. Hay una voluntad de los potenciales candidatos a no mostrarse.

 

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Sudaca conversó con el periodista Carlos Cabrejos, quien ha seguido de cerca el trabajo de Juan Carrasco y analiza su trabajo en el caso que terminó con la absolución de Edwin Oviedo.

¿Le sorprendió el desenlace del caso que involucraba a Edwin Oviedo?

Me sorprende porque continuamos sin saber quiénes son los responsables de esas dos muertes. Las familias van a continuar con la intriga de saber quiénes son los autores intelectuales. Respecto a cómo se condujo la investigación, nosotros, como medio de comunicación que pudimos advertir la manera en que se realizó en su etapa inicial, sospechábamos que el final iba a ser adverso. 

¿Qué cree que pretendía Juan Carrasco con este caso que presentaba tantas falencias en investigación?

Recuerdo mucho un pasaje de una conversación que ocurrió en el Ministerio de Interior en la que se mencionó que era una fuerza externa que generó un estado de violencia en esa época con la intención de sacar a Edwin Oviedo de la administración de la empresa  Tumán. Lo recuerdo porque por esas épocas Chiclayo vivía muy convulsionado y, tanto la Fiscalía y como la policía, no se daban  abasto. Entonces ya aparecía Carrasco mediáticamente reflejando parte de un trabajo que es normal que hagan los fiscales. Más que todo se buscó una tribuna política con el ánimo de tener un espacio en el escenario público nacional y no tanto como representante del Ministerio Público sino como representante de alguna organización política o algún gobierno. Lo que hizo fue utilizar todos los casos para poder ganar fama.

¿Carrasco sabía que la absolución sería el final del caso?

Quizá no lo esperaba, pero se ufanaba que tenía más de cien elementos de convicción y todo corroborado para arribar a una sentencia condenatoria. Lo que no advirtió fue que sus propios colegas del distrito fiscal de La Libertad, ellos sí sin mucha parafernalia, hicieron un trabajo previo y advirtieron las irregularidades al presentar el informe. Lo que ha llevado es que finalmente le terminen enrostrando el mal trabajo que hizo y a Carrasco no le queda más que sorprenderse. El hecho de forzar una colaboración eficaz hasta en cuatro juzgados de investigación preparatoria denota que hay una especie de desesperación de no haber establecido un criterio correcto para encaminar una eficaz investigación que termine de manera satisfactoria. 

¿Qué situaciones extrañas encontraron del trabajo que realizó Carrasco?

Uno de los testigos  señala que el señor Manuel Rimarachín había solicitado garantías porque temía por su vida y había dado los nombres de dos personas que sospechaba que estaban detrás de algún ataque. En el testimonio menciona al señor Gregorio Leguía Cerna que es el colaborador eficaz y menciona a Percy Farro Witte, que es el otro asesinado. Esa línea de investigación no se continuó y ni se ha visto en la investigación que hizo Carrasco y que quizá pudo haber ido por ese lado. 

¿Carrasco buscaba fama con el caso Oviedo o también protegía a alguien?

Es probable, porque tampoco es al azar y aparecen en una línea del tiempo personajes como su cuñado vinculado a personajes con intereses a la empresa Tumán. También aparece su primo político, el abogado Fran Guevara Díaz, que también tenía participación directa en la empresa Tumán. Tenían vínculos muy cercanos y en algún momento han firmado documentos y promovido la instalación de administraciones judiciales. En el caso de Guevara Díaz acepta que es integrante de una organización criminal y Carrasco, que estuvo en la Fecor, nunca lo vio.

¿Por qué sabiendo que el caso Oviedo tenía graves falencias salió a cuestionar el trabajo de la fiscal Ludeña?

Carrasco tiene una particularidad y es la de victimizarse. Es el principal recurso que ha sabido manejar muy bien por años. Cuando se venía un proceso judicial contra alguna red criminal, si quería ejercer cierta presión sobre los magistrados, aparecía Carrasco con un informe policial diciendo que lo querían matar. Pero sus propios fiscales decían que era mentira y era un escenario creado para ejercer presión para obtener prisiones preventivas y condenas. Salir a cuestionar a la fiscal Ludeña es parte del show. Lo correcto es hacer un mea culpa. Pero Juan es un tipo que parece artista de cine. No nos sorprende nada.

¿Existen casos similares al de Oviedo en el historial de Juan Carrasco?

Hay un caso llamado ”El Señor de los Milagros”. Es un caso en el cual se lleva a la etapa de investigación inicial a casi cien personas de las cuales se terminó condenando a dos o tres. Se destinó una gran cantidad de dinero, se hizo toda la investigación que mediáticamente se decía que era una verdadera lucha contra la criminalidad pero que finalmente no arribó a nada. Se terminó exculpando a casi cien personas después de haberlas sometido a un escrutinio fiscal donde el trabajo arribó a cero y los actos delictivos que se investigaron quedaron en nada. El segundo casi tiene que ver con “La Nueva Gran Sangre” y  en el cual con  un testimonio de aspirante a colaborador se intentó poner condenas efectivas a un determinado número de personajes que hasta el momento continúan en un proceso judicial. El otro caso que está a punto de perder la Fiscalía es el de “La Hermanada del Norte”, en donde su propio colaborador de Carrasco les ha terminado por reventar en la cara el grosero trabajo que han hecho utilizando adrede testimonios para involucrar a inocentes. 

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Hernando de Soto, en diálogo con Sudaca, señaló que “no aprobaba la idea de atacarlos y mandarlos al carajo” que han tenido los congresistas de Avanza País con sus adversarios. El economista se refirió a sus polémicas conversaciones son senadores estadounidenses y dio detalles sobre su nueva aventura política con el partido Progresemos.

En 2021 afrontó su primera incursión como candidato presidencial, ¿qué evaluación pudo hacer tras esta experiencia?

En primer lugar, no sólo es importante hacer una buena campaña y larga, cosa que no pude hacer ya que solamente tuve siete semanas de campaña, sino tener un buen equipo que está presente en mesas. Nosotros no lo teníamos y, cuando vino el momento del conteo de votos, no había gente. Salimos segundos, pero nos bajaron. Mi primera experiencia es que no solamente hay que tener un buen programa de gobierno y candidatos sino que también es importante tener un aparato de campaña que esté en mesa para el recuento de votos. 

¿Quiénes fueron los encargados de bajarlo de ese segundo lugar?

Cualquiera de mis contrincantes. Nosotros sabemos que Keiko Fujimori observó casi todas las mesas en las que estábamos. Pero también estaban los otros partidos. Es una vieja práctica, en cualquier país, el tratar de anular los votos de los otros donde uno no ha ganado. 

¿Qué le faltó para convencer a un mayor porcentaje del electorado?

Tomando en cuenta el poco tiempo que tuvimos, creo que cubrimos bastante bien el panorama. No era tanto lo que se decía, porque creo que los argumentos siguen vigentes, sino el hecho que no tuve tiempo de ir a todos los lugares que debía visitar y que el partido no se inscribió en cinco regiones. Esas fueron las mayores faltas. El programa y lo que se dijo estaba claro, pero hemos participado con 20% menos de presencia en el Perú que otros partidos.

¿Por qué no continuó con Avanza País?

No se cumplió con el acuerdo que consistía en que nosotros poníamos todos los candidatos preferenciales y que yo iba a dar una lista con quinientos candidatos que consideraba eran los mejores. Dijeron que las computadoras no habían funcionado y no fueron registrados. Además, había cinco regiones en las que no nos inscribieron por una falla en la campaña. Fue eso y que cuando habían llegado algunos miembros al Congreso dejaron de cumplir con un segundo acuerdo que firmamos, según el cual se creaba una comisión política para que los candidatos que habían llegado al Congreso sean gobernados acorde a los lineamientos acordados anteriormente con los que manejaban Avanza País. No honraron los contratos y yo no era responsable por todo lo que decía el partido ni tampoco tenía una maquinaria que me permitiese gobernar con disciplina en el Congreso.

¿No se siente representado por los congresistas de la bancada de Avanza País?

Definitivamente no. Lo dije claramente hace dos años cuando renuncié. Había nombrado a José Williams como mi representante para liderar la bancada, pero él decidió ir por otro rumbo y ya no había un sentido de identificación con ellos. Entre el partido por un lado con sus deficiencias y el del general Williams que, evidentemente, cambió de parecer en su pertenencia a Avanza País, yo ya no tenía un papel que jugar ahí.

¿Qué opinión tenía de Patricia Chirinos, que ha resultado ser una de las congresistas más controversiales, cuando compartieron partido?

Patricia Chirinos no entró como mi candidata. No se olvide que nosotros éramos dos partes: los que manejaban el partido administrativamente y el grupo que representaba yo y había formado con Miguel Vega. Ella fue candidata de Pedro Cenas y su partido. 

¿Se sentía cómodo con su forma de hacer política?

Nunca tuve la posibilidad de trabajar con ella. Entonces, no hubo un momento para poder decir que yo me sentí cómodo o no. Ni llegué al comienzo de un periodo con Patricia Chirinos. Había un respeto mutuo, pero su posición no fue la de ver cómo capturar o convencer a quien había elegido la mayoría de peruanos que las cosas hay que manejarlas de otra manera de lo que le están diciendo los que lo rodean. El ataque frontal que hizo ella, como otros miembros de Avanza País unidos con Renovación Popular, no me pareció el adecuado. Lo único que hacían con eso era empujarlo a extremos que de repente no eran necesarios. Yo no aprobaba la idea de atacarlos y mandarlos al carajo.

Al haber sido el candidato presidencial y la imagen principal del partido, ¿se siente responsable por el desempeño de la bancada de Avanza País?

Sí, por supuesto. No puedo negar que lo hubiese podido hacer mejor. No pude hacerlo porque me vetaron a trescientos candidatos. Con los que quedaban he podido hacer una mejor labor en el sentido de firmar ciertos compromisos y poner ciertos frenos a la posibilidad que se desviaran de la razón por la que fueron escogidos. De los que yo nombre como candidatos sólo entró una persona, quien es Diana Gonzales. A los otros yo no los escogí. 

¿Era posible convencer a Pedro Castillo de realizar un gobierno distinto al que tuvo?

No tengo la menor idea, pero era algo que había que ensayar. Pude tener una visita suya de media hora cuando estaba en Máncora y no hubo manera de averiguar si era posible hacer esa vuelta. Antes de eso le escribo una carta abierta diciéndole que tenga cuidado con seguir las direcciones del señor Cerrón y, luego que me reuní con él, saqué un comunicado en el que le dije que no le daba mi apoyo. En ningún momento lo apoyé, a diferencia de otros candidatos como López Aliaga, quien sale, justo después de la primera vuelta, y dice que lo respalda y que lo apoyaría en segunda vuelta por ser próvida y profamilia. Yo estaba opuesto al candidato Castillo, pero estaba dispuesto a conversar para ver si le cambiaba la manera de gobernar.

En una entrevista de 2021 dijo que había conversado con los senadores estadounidenses Ted Cruz y Bob Meléndez para que sea Estados Unidos quien determine si Perú tenía un gobierno legítimo, ¿diría que fue un error promover esto que incluso fue rechazado por la embajada norteamericana en nuestro país?

En este momento hay un movimiento en América Latina y el mundo para saber si el señor Maduro debería gobernar o no. Es bastante sencillo cuando se trata de la soberanía y legitimidad de un país, esta siempre es determinada por otros países. Se veía que Castillo estaba yendo contra una serie de normas que el país había suscrito y no las estaba cumpliendo. Lo que yo decía es que, al margen de lo que se puede hacer en el Perú, había que ver qué piensan los países que han contratado con nosotros. Quería mover opinión pública porque muchas de las clausulas básicas que permiten que el Perú pueda recibir más fondos provienen de tratados internacionales. Efectivamente, me llamó la embajadora porque habían salido noticias diciendo que se estaban preparando marines para venir. Pero el hecho que uno moviliza la opinión pública internacional para lograr un objetivo nacional es universal. Hasta el Papa y el Dalai Lama lo hacen. 

¿La situación de Perú era comparable con la de Venezuela?

No es la misma cosa. Yo hablo de las cosas que a mí me preocupaban. No hablaba del proceso electoral sino de los derechos de los peruanos que resultan de tratados internacionales. Cuando el Perú no honra ciertos acuerdos internacionales se le corta toda la ayuda. Eso ocurrió en 1992, hace el golpe el presidente Fujimori y le cortaron todas las fuentes financieras. Quien las reabrió fui yo y moví a los Estados Unidos y la comunidad internacional para que levanten las sanciones a Perú. Esto ocurre todos los días. 

¿Cuáles eran los tratados que incumplía Pedro Castillo y que justificaban a esta interferencia?

No era interferencia sino sanción. Eran doce tratados. Por ejemplo, el tratado sobre la socialización de la globalización. Eran tratados no vinculantes pero recogidos por trece convenios internacionales y todos los tratados bilaterales de inversión, libre comercio, regionales y sectoriales  que había firmado el país. Eso estaban violando y fui a verlo. Si en la prensa no están enterados de esos tratados es porque no están informados, pero yo no estoy desinformado.

¿Entonces por qué no se dieron las sanciones?

Porque yo tengo influencia, pero no mayor influencia. 

¿Qué lo sedujo del partido Progresemos?

Mis equipos conversaron con aproximadamente nueve partidos políticos de los nuevos, porque no queríamos entrar con los que estaban en el Congreso, y el partido de Paul Jaimes fue uno los que más sintonizaban con nosotros. Hicimos un acuerdo muy sólido y en base a ello creo que es la mejor opción. 

¿En qué aspectos lograron sintonizar?

La mayor parte de estos partidos no tienen la cobertura ideológica que tenemos nosotros. Tenemos ideas sobre narcotráfico, minería, agricultura, relaciones internacionales y todo ese tipo de cosas. Entonces nuestro programa es bastante amplio, pero no vimos nada en el animalismo y humanismo de Paul Jaimes que fuese contradictorio a lo nuestro. Nosotros llenamos más volumen. No era tanto que suscribíamos al otro partido sino que más bien ellos suscribían lo que nosotros habíamos predicado. No hubo ningún roce posible.

¿En Progresemos va a tener mayor injerencia en la elección de candidatos al Congreso?

Tenemos unos objetivos muy claros con relación a los congresistas que nos tocarían a nosotros. Estaríamos poniendo la mayoría de candidatos. Pero queremos ser socios leales y por supuesto Paul Jaimes va a estar muy presente en todas nuestras acciones. 

Ha hablado de la posibilidad de formar una alianza con otros partidos, ¿por qué considera necesario integrar una alianza?

Porque en el contexto de un partido, que es lo que aprendimos con Avanza País, uno puede firmar todos los acuerdos que quiera, pero si el partido no honra su palabra entonces es muy difícil hacérsela cumplir por ley. Mientras que, si uno forma una alianza, esta tiene su propia constitución y un compromiso que sí es fácil hacer cumplir por ley. Por eso se necesitan dos o tres partidos. Como estos partidos no tienen trayectoria, el hecho de poder formar alianzas nos va a permitir identificarnos en manera de vida y no necesariamente con el parecer de un solo socio. Por otro lado, es obvio que hay demasiados partidos y se necesitan alianzas. Hay lugares en el mundo, como Estados Unidos e Inglaterra en los que hay dos partidos, pero esos partidos son alianzas.

Sus seguidores lo consideran una persona a la vanguardia de temas económicos, ¿también se considera a la vanguardia así en temas progresistas como el matrimonio igualitario y el derecho al aborto?

Son problemas que son muy divisivos. A la gente no le gustan compromisos de derecho a la vida y derecho a la mujer. No creo que un jefe de estado deba manifestar sus preferencias. Lo que hay que hacer es la participación democrática para ver qué están dispuestos a aceptar los peruanos y no lo que quiero yo. En ese sentido, soy próvida, pero soy una persona que no va a tomar esa decisión solo. 

¿Eso significaría que aplicaría un referéndum sobre el aborto?

No necesariamente. Hay mil maneras de hacer la consulta popular y el debate. Este es un debate que es universal y no hay consensos. Entonces se comienzan a crear por partes y se trata de llegar a la mejor decisión posible. Yo soy próvida, pero no quiero imponer nada porque creo profundamente en que cuando están participando millones en cualquier proceso no hay manera de tener una sola verdad.

¿Considera lo mismo para el matrimonio igualitario?

Creo que ya tenemos la unión civil que parece estar funcionando en varios países del mundo. Se hace lo que la sociedad puede tolerar. Ha habido muchos progresos. Por ejemplo, se acaba de casar Carlos Bruce, parece muy feliz, todo el mundo está publicando su foto con su esposo y se está tolerando esto como no pasaba anteriormente. Pero es porque se va discutiendo y, progresivamente, comenzamos a ver qué funciona y qué no. 

¿No es injusto que, como en el ejemplo que menciona de Carlos Bruce, una persona homosexual tenga que irse a otro país para poder casarse?

Lo ideal sería poder hacerlo en su propio país. Pero si uno tiene un país como el nuestro, que ha votado cuarenta mil normas y es imposible implementarlas, hay una serie de cosas que se tienen que hacer afuera. Un informal es reconocido como productor de minerales en Estados Unidos  y Europa, pero no en el Perú. El problema no es si el Perú estaría de acuerdo o no sino con un Estado que no puede operar y no tiene como averiguar qué es lo correcto. Razón por la cual somos un grupo muy pequeño que trata de ponerse de acuerdo sobre si tiene el señor Bruce derecho a casarse. Pero, evidentemente, entre intelectuales no nos vamos a entender y por eso existe la democracia. Cuando uno se da cuenta que la corriente mayoritaria está a favor de una actitud más amable, por ejemplo, con la homosexualidad, ya lo que digamos nosotros importa muchísimo menos. 

En 2021 fue cuestionado por decir que el conductor de televisión Andrés Hurtado era su asesor y parte importante de su campaña, ¿será parte de su campaña para 2026?

Lo que ocurre es que él nos dio mucho apoyo en su programa de televisión. Él se ocupa mucho de la gente pobre. Me llamó y me dio una serie de datos útiles para comunicarme con una parte de la población y su manera de comprender las cosas con la que yo no estoy familiarizado. Fue muy útil para mí. Cuando dije que era un asesor, no era la mejor palabra. Era un punto de referencia. Cuando viene un conductor de televisión me resulta muy útil recibir su opinión. Él no era parte de la estructura de mi gobierno ni iba a ser congresista. Era una persona que me permitía identificar comportamientos. Yo converso con todo el mundo y uno de ellos es Chibolín.

¿De qué forma le ayudaba a comunicarse con la población?

Me daba datos que eran importantes. Me decía cómo tenía que presentarme en público. Por ejemplo, acabo de estar en puno y se me ha dicho que cuando viene la señora y me pide bailar la agarre con la mano derecha y diga esto, que no diga tal palabra y no hable de la marcha de Puno a Lima porque es mal visto. Es de la misma manera que cuando se solicita una visa para Estados Unidos y le dicen que se ponga un terno y una corbata. Uno necesita buenos consejos. 

La educación y la salud son derechos garantizados por la constitución vigente que, sin embargo, muestran notables falencias al momento de ser accesibles para la mayoría de peruanos, ¿cómo cambiar esto?

La primera cosa es tener un gobierno que administra bien los recursos. Durante el gobierno de Toledo se descentralizó y tenía sentido. Pero cuando Toledo comenzó dijo que lo haría en base a tres pilares. No solamente iba a descentralizar el presupuesto sino que iba a fiscalizar a las regiones para asegurarse que la corrupción que había en Lima no se reproduzca en otras regiones. Además, iba a formar en escuelas a los gobernantes regionales. Es lo mismo que pasó en China, donde contrataron servicios de extensión de los países desarrollados para formar y fiscalizar al margen de descentralizar. Pero lo que ocurrió en tiempos de Toledo es que se quedaron en la primera parte sin formar ni fiscalizar. Nosotros vamos a llevar a cabo esas partes que faltaron.

Hay una corriente política que señala al Estado como el enemigo del ciudadano de a pie, ¿comparte esta visión sobre el rol del Estado?

No soy un anarquista. Creo que la voluntad popular hay que gobernarla. Alguien tiene que administrar el contrato social que nace de un proceso político y eso es el Estado en todas partes del mundo. No conozco un país que no tenga Estado. Lo que ocurre es que hay posiciones libertarias que quieren limitar su acción. Lo que a nadie le gusta es un mal Estado.

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