Un grupo que se identifica como de extrema derecha ha emprendido una estrategia de apropiación ilícita de la identidad gráfica y los mensajes de la red Ama Llulla en redes sociales, a través de una cuenta de Facebook que difunde contenido falso y mensajes de odio contra candidatos de distintos partidos, en lo que constituye una de las acciones de desinformación más agresivas de la campaña electoral 2021 en el Perú.

La página, cuyo registro de Facebook indica que fue creada el mismo día en que la red Ama Llulla difundió sus primeros chequeos electorales, se ha apropiado incluso de videos y mensajes originales, que intercala con piezas gráficas de contenido abiertamente falso y en algunos casos difamatorio.

Uno de esos mensajes atribuye una afirmación inventada al presidente de la República, Francisco Sagasti, tomada de una supuesta entrevista de la que no se da mayores referencias. El mensaje está cargado de adjetivos y un lenguaje inapropiado que transgrede las normas elementales del periodismo.

Además de Sagasti, el grupo, que utiliza el nombre de Ama Llulla acompañado de la denominación Alt Right –una expresión comúnmente utilizada por sectores de extrema derecha estadounidense– ha dirigido sus ataques de desinformación contra candidatos como Julio Guzmán, quien aspira a la presidencia por el Partido Morado, y Gahela Cari, quien postula al  Congreso por Juntos por el Perú. A Guzmán se le atribuye una declaración falsa, mientras que sobre Cari se han publicado ataques de índole personal.

Esta serie de ataques empezó a ser publicada el último domingo 24 de enero, precisamente el día en que se publicaron tres chequeos que calificaron como falsos los mensajes de tres candidatos: el aspirante al Congreso Alberto Morote (Juntos por el Perú) y los contendores en la carrera presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

El grupo promotor de esta página pirata anuncia la participación de dos medios y de algunos personajes como presuntos aliados. Los medios mencionados son el canal por cable Willax Televisión y el sitio digital Manifiesto Perú. Los personajes mencionados son los conductores de televisión Phillip Butters y Kike Bravo, vinculados al canal digital PBO.

Ama Llulla envió consultas por distintos medios para conocer la posición de Willax Televisión y Manifiesto Perú respecto a la fraudulenta página de Facebook.

El gerente general de Willax, Enrique Luna Victoria, respondió lo siguiente a través de un mensaje de Whatsapp: “No tenemos nada que ver con esa publicación [de Facebook]. Evidentemente esto no es serio, si tuviéramos que salir a responder a todos los malos usos que hacen de nuestra marca y todo lo que nos dicen, no podríamos dedicarnos a lo importante”.

El conductor Kike Bravo indicó que no había autorizado el uso de su imagen o nombre y que no tenía vínculo con la página apócrifa en cuestión. “Esa página Ama Llulla bamba no me ha preguntado absolutamente nada, yo no soy colaborador de ninguna manera”.

“Yo estoy de acuerdo con todo lo que sea investigación y todo lo que sea con desmentir a otra persona con datos y cifras, pero si utilizan una imagen que yo no he autorizado, ni he pedido, definitivamente vemos que son una partida de mentirosos”, insistió Bravo.

El conductor Phillip Butters fue consultado a través de sus redes sociales y de mensajería, pero no envió respuesta.

En el caso de Manifiesto Perú, que aparece etiquetado en las publicaciones de la cuenta fraudulenta, las consultas se enviaron a las redes sociales y el supuesto correo institucional de ese sitio digital, debido a que su portal no identifica a los responsables de su contenido. Los mensajes fueron recibidos y leídos, pero no hubo respuesta.

La red Ama Llulla alerta a las autoridades, candidatos a las elecciones e instituciones de la sociedad civil y organismos de protección de la prensa sobre el uso ilícito de esta página y las posibles consecuencias de la difusión de mensajes de odio provenientes de grupos que se identifican con opciones extremistas en el país.

La candidata presidencial Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, se refirió ―durante una entrevista en el programa dominical Cuarto Poder― a la actuación de su partido en la crisis de gobernabilidad de la gestión de Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Fujimori dijo específicamente lo siguiente: “Todas las facultades y los votos de confianza que ellos [el gobierno de PPK] solicitaron, se les otorgaron”. Sin embargo, tras revisar el historial de las cuestiones de confianza votadas en el periodo en cuestión, la red Ama Llulla concluye que esta afirmación es falsa.

En principio, el abogado constitucionalista Javier de Belaunde explicó a Ama Llulla que la Constitución no habla de “votos de confianza”, sino de “cuestión de confianza” como parte de la labor legislativa.

“Al respecto, se regulan dos figuras: la cuestión de confianza obligatoria ―que muchos llaman ‘investidura’― y la cuestión de confianza facultativa. Esta última puede ser planteada por un ministro a título individual o por el presidente del Consejo de Ministros a nombre del gabinete”, indicó De Belaunde.

Estos procedimientos están establecidos en el Título IV de la Constitución Política, que define la estructura del Estado. Específicamente en el Capítulo VI, referido a las relaciones del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

El artículo 130 de la Carta Magna indica: “Dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, el Presidente del Consejo concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea al efecto cuestión de confianza“.

Esta figura aparece también en el artículo 132, que indica: “El Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros, o de los ministros por separado, mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza”.

Y en el artículo 133 se establece: “El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete”.

Fabiana Orihuela, abogada de Perspectiva Constitucional ―un grupo de análisis formado por alumnos, egresados y profesores de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)―, confirmó para esta verificación que la confianza obligatoria se da cuando se instala un nuevo Gabinete y sus integrantes deben presentarse ante el Congreso para solicitar la investidura dentro de un plazo de 30 días. La otra cuestión de confianza, la facultativa, es presentada por un ministro o el jefe del Gabinete con relación a una circunstancia específica.

Ahora bien, la revisión del historial de las cuestiones de confianza votadas entre julio de 2016 y marzo de 2018, tiempo que duró el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, indica que la afirmación de la candidata Keiko Fujimori no es correcta.

En relación a las cuestiones de confianza obligatorias, Fuerza Popular respaldó las que correspondieron a las respectivas investiduras de Fernando Zavala y Mercedes Araoz como presidentes del Consejo de Ministros durante del gobierno de PPK.

Zavala recibió la confianza el 19 de agosto de 2016, con 121 votos a favor. Solo Edgar Ochoa y Edilberto Curro, entonces congresistas del Frente Amplio, votaron en contra.

Mercedes Aráoz, por su parte, obtuvo la confianza para su investidura el 13 de octubre de 2017 con 83 votos a favor, de los cuales 54 fueron de Fuerza Popular. Las bancadas de Frente Amplio y Nuevo Perú votaron en contra, sumando entre ambas 17 adhesiones.

Sin embargo, esta situación no fue la misma con relación a las cuestiones de confianza facultativas, es decir las que son presentadas por un ministro o por el jefe del Gabinete para un caso específico.

Por ejemplo, en junio del 2017, con los votos en bloque de Fuerza Popular y otros partidos, el Parlamento rechazó una cuestión de confianza que interpuso el entonces ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, sobre quien pesaba una inminente moción de censura luego de que se revelara un conjunto de audios que lo implicaban en una presunta presión al Contralor General de la República con relación al Caso Chinchero. El pedido de confianza fue denegado con 88 votos en contra, 11 a favor y dos abstenciones.

La consiguiente renuncia de Thorne representaba la cuarta caída de un ministro en menos de un año, como reportó en ese momento el diario El Comercio.

Meses después, el 14 de septiembre de 2017, el Parlamento rechazó la cuestión de confianza que el entonces premier Fernando Zavala interpuso en respaldo a la ministra de Educación, Marilú Martens, a quien la oposición, liderada por el fujimorismo, pretendía censurar al responsabilizarla por la huelga de docentes de ese año, que se extendió durante tres meses.

El rechazo provocó la primera crisis total de un Gabinete en el periodo. De los 77 votos que rechazaron el otorgamiento de la confianza, 70 fueron del partido de Keiko Fujimori.

De los 71 representantes que tenía Fuerza Popular en ese entonces en el Parlamento, el único que se adhirió al pedido de Zavala fue Kenji Fujimori, quien terminaría renunciando a la bancada fujimorista unos meses después.

El episodio fue tan crítico que el presidente Kuczynski tuvo que cancelar su viaje a Nueva York, donde tenía previsto participar en la Asamblea de las Naciones Unidas.

En perspectiva, se tiene que desde 1993, cuando entró en vigencia la actual Constitución Política, el Congreso ha negado tres veces la cuestión de confianza. Las dos primeras fueron del tipo facultativo, a Alfredo Thorne y a Marilú Martens, ministros precisamente del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, al que se refirió la candidata Fujimori durante la entrevista que es motivo de esta verificación.

La tercera ocasión fue la negativa de confianza a la investidurad del recién nombrado Presidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano, en agosto del 2020, ya durante el gobierno de Martín Vizcarra.

La red Ama Llulla intentó contactarse con la candidata Keiko Fujimori a través de voceros de su partido para solicitarle precisiones acerca de su afirmación.

Durante la comunicación para este pedido, el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, declinó dar declaraciones sobre el tema. “Como jefe de campaña no creo que debamos entrar a debatir y opinar sobre nuestras propias opiniones. Ustedes harán su análisis, lo cual saludamos y respetamos”, comentó.

Cabe precisar que la declaración de la candidata no fue una opinión, sino una afirmación categórica acerca de que su partido dio todos los ‘votos de confianza’ [sic] solicitados por el gobierno de PPK.

El historial parlamentario indica que los votos de Fuerza Popular favorecieron la aprobación de dos cuestiones de confianza obligatorias (las llamadas investiduras de Gabinete), pero condujeron al rechazo de dos cuestiones de confianza facultativas, la segunda de las cuales derivó en la primera crisis total de un Consejo de Ministros en el citado periodo.

En función a lo revisado, la red Ama Llulla concluye que la afirmación de la candidata Keiko Fujimori acerca de que su partido otorgó todos los votos de confianza solicitados durante el gobierno de PPK es falsa.

Durante una entrevista en televisión, Rafael López Aliaga, candidato a la presidencia de la República por el partido Renovación Popular, criticó el uso que se ha dado al presupuesto estatal en los últimos tiempos, y para sustentar su postura, dio el siguiente dato: “La cantidad de consultorías que hay en Perú suman los 4 mil millones de dólares al año”. Luego de revisar los datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la red Ama Llulla concluye que esta afirmación es falsa.

De acuerdo con el portal de Transparencia Económica del MEF —plataforma que centraliza las asignaciones y ejecuciones del presupuesto público en todos los niveles de gobierno— el presupuesto asignado para la partida ‘Servicios de consultorías y similares’ en el 2021 asciende a S/ 592 millones 152 mil 506, entre personas jurídicas (S/ 307’064.005) y naturales (S/ 285’088.501).

Es decir que el total de lo destinado para las consultorías este año equivale a US$ 164 millones 31 mil 165, conforme al tipo de cambio registrado el 19 de enero en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Es decir, 24 veces menos que el monto indicado por López Aliaga.

En una verificación anterior sobre este tema, realizada por miembros de la red Ama Llulla, el exministro de Economía Alonso Segura explicó que si bien la partida ‘Servicios de consultorías y similares’ reúne el dinero asignado para estos conceptos, el gasto no se realiza exclusivamente en consultorías, pues existen otras obligaciones presupuestales como auditorías e investigaciones.

En esta partida general se asigna montos para gastos por servicios complementarios de salud, diseño de metodologías y reformas, otros servicios similares para proyectos (como el Programa Articulado Nutricional, el de Salud Materno Neonatal, el Programa de Saneamiento Rural), fondos para la atención de enfermedades no transmisibles, y programas destinados a seguridad, ciencia, transporte y otros temas.

Según la clasificación del MEF, las consultorías son insumos para mejorar la toma de decisiones de las entidades en proyectos que impulsan un valor público. Algunos ejemplos sobre estas son los levantamientos topográficos, los servicios para regulación de tarifas, los inventarios de recursos de hidrocarburos, entre otros.

Otro tipo de gastos incluidos en estas partidas son las supervisiones periódicas de vías, de la administración de bienes, así como auditorías a informes financieros, médicos y asesorías legales al Estado peruano en controversias ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), además de otros conceptos.

De manera exclusiva para el rubro de consultorías, en el 2021 el presupuesto es de S/ 142 millones 875 mil 125, tanto para personas jurídicas como para personas naturales, lo que equivale a US$ 39 millones 577 mil 597.

Ahora bien, si revisamos los gastos del presupuesto público del 2020, periodo que ya se encuentra cerrado, tenemos que el total de dinero público destinado a la partida general de consultorías y servicios similares fue de S/ 775 millones 567 mil 359, entre las asignaciones a personas jurídicas (S/ 442 millones 333 mil 153) y naturales (S/ 333 millones 234 mil 206).

Esta cantidad equivale a US$ 222 millones 225 mil 604, conforme al tipo de cambio del BCRP. En suma, el total destinado a consultorías y otros servicios similares en 2020 fue dieciocho veces menor que el dato mencionado por López Aliaga.

De acuerdo al portal de Transparencia Económica del MEF, el presupuesto del 2020 para estos rubros fue ejecutado en un 72.9% y 78.7% para personas jurídicas y naturales, respectivamente.

A la vez, un documento elaborado en 2019 por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), muestra la evolución del presupuesto público utilizado exclusivamente para las partidas de consultorías y servicios similares desde el año 2013. Ama Llulla pudo verificar que las cifras de este documento coinciden con los registros correspondientes a esos años que figuran en el portal de Transparencia del MEF.

Dicho registro indica que en ningún ejercicio presupuestal de los últimos nueve años, el monto destinado para consultorías alcanzó los 4 mil millones de dólares que afirmó López Aliaga. El 2017 fue el periodo en que más presupuesto institucional se asignó a este tipo de servicios, y ni siquiera entonces el monto se acercó a la cifra dada por el candidato presidencial de Renovación Popular. Aquel año, el total fue de S/ 2.339 millones, o US$ 717 millones 484 mil 662, según el cambio de la época.

Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros y MEF.

En resumen, ni siquiera considerando las partidas generales de servicios de consultorías y similares para personas jurídicas y naturales se obtiene un presupuesto tan elevado como el que dio López Aliaga, pues tanto en 2020 como en 2021 el gasto anual asignado a este concepto no llega a la décima parte de lo indicado por el candidato.

En la entrevista televisiva en que hizo esta afirmación, López Aliaga hizo énfasis en la referencia a las consultorías realizadas para beneficiar a los allegados al expresidente Martín Vizcarra. Sin embargo, la suma de todos los montos destinados a consultorías en los casi tres años de la gestión de Vizcarra, incluyendo personas naturales y jurídicas, es de 896 millones 436 mil 409 dólares. Esta cifra es casi la quinta parte de lo señalado por el aspirante a la presidencia por Renovación Popular.

Anteriormente, verificadores miembros de la red Ama Llulla han desmentido versiones similares sobre el gasto en consultorías, las cuales fueron difundidas por los entonces congresistas Carmen Omonte y Gilbert Violeta. En ambos casos se mezclaban conceptos que daban una idea imprecisa o abiertamente errónea del gasto de fondos públicos.

La red Ama Llulla se puso en contacto con el equipo de prensa del partido Renovación Popular para solicitar precisiones a Rafael López Aliaga sobre el sustento de su afirmación. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo una respuesta.

Tras lo expuesto, la red Ama Llulla concluye que la afirmación del candidato a la presidencia Rafael López Aliaga acerca de que las consultorías en el Perú ascienden a 4 mil millones de dólares anuales es falsa.

 

Fotos: Luca Daniel / Texto: Sudaca

Esta semana la Policía le ha recordado al país su cara más perversa. Aquella que sirve de instrumento de represión ciudadana para gobiernos sin respaldo popular. Durante toda la semana, en lugar de proteger a los peruanos los han atacado. Y anoche, en el Centro de Lima, esa represión se volvió ensañamiento. Con perdigones, toneladas de gas lacrimógeno y una estrategia de brutal acorralamiento, la Policía embistió sin piedad contra manifestantes que protestaban –que no quepa ninguna duda– pacíficamente.

 

No es que no se sepa ya que la Policía normalmente sirve a los intereses de quienes dictan las órdenes. No es, tampoco, que no se hayan visto antes episodios de injustificada violencia en marchas y protestas pacíficas. Ayer, sin embargo, la Policía dejó claro algo: su cara más ruin ha empezado a perder la vergüenza. Y bajo esa premisa, el escenario que le espera al país parece cada vez más oscuro.

¿Cómo no reprimir sin pudor, si la única respuesta de la que parece capaz Manuel Merino es esa? ¿Y qué más se puede esperar de la Policía si el nuevo premier, Ántero Flores-Aráoz, pertenece a una casta de políticos absolutamente desconectados de la realidad? Hoy por la mañana, incluso, el premier ha agradecido al cuerpo policial por su deshoronsa labor de anoche. “Lamentablemente muchas veces no se comprende que a igual que los civiles tienen derechos humanos, los policías también los tienen. En mí encontrarán siempre un defensor”, les dijo.

La marcha de ayer fue inusualmente puntual. A las 5 de la tarde, la Plaza San Martín comenzó a llenarse de gente que, sin otra motivación subrepticia, deseaba manifestar su rechazo a la vacancia presidencial perpetrada hacía tres días por el Congreso. Para entonces, ya llegaban reportes de inexplicable represión en algunas regiones del país. En Madre de Dios, por ejemplo, la Policía echó gas lacrimógeno a una manifestación de apenas 60 personas.

El miércoles, incluso, ya se habían producido detenciones arbitrarias en las primeras movilizaciones en Lima. Sin embargo, para el jueves 12 de noviembre la Policía tenía preparada una estrategia mucho más dura. Un ejemplo: a las ocho, cuando los manifestantes estaban detenidos en la Av. Abancay, cruce con el Jirón Leticia, la Policía empezó a gasearlos desde tres frentes distintos. Las bombas lacrimógenas no fueron usadas para dispersar a los manifestantes, sino para acorralarlos. Y para atacarlos cuando no tenían salida.

Tres reporteros de Sudaca, apostados en distintas zonas del Centro de Lima, comprobaron que algo similar ocurrió –tiempo después– en el Óvalo Grau, frente al Palacio de Justicia, en la Av. Wilson y a la entrada de la Plaza San Martín. En esta última, incluso, los policías advirtieron con sorna a la gente que los llenarían de gas. Y nuevamente ocurría lo mismo: lacrimógenas desde todos los frentes. Acorralamiento sistemático para causar miedo e infligir sufrimiento. A ello se sumaron los perdigonazos.

El fotógrafo de El Comercio Alonso Chero fue herido por la espalda con un perdigón. Al periodista Alonso Balbuena, de Ojo Público, le reventaron la pierna con una lacrimógena. Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos hay, por lo menos, cuatro periodistas heridos tras la marcha de ayer. Atacar a la prensa es un signo inconfundible de que un gobierno ha perdido el rumbo democrático. Desde Sudaca condenamos abiertamente este inaceptable comportamiento.

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Bicentenario, Manuel Merino, Marcha
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