Manuel Merino

Cuando Manuel Merino de Lama juramentó como presidente luego de la vacancia a Martín Vizcarra, en noviembre del año pasado, Jhon Apolinario Saba Guerra fue su mano derecha -y la izquierda también, se podría decir- durante los escasos cinco días que permaneció en el cargo.

Saba, quien es tumbesino al igual que Merino, era el que ofrecía los cargos para la conformación del Gabinete, creó el grupo de WhatsApp para coordinar con los ministros, asistió a las reuniones del consejo y se codeaba con los altos mandos policiales. Se aseguró, además, de que le informen a Merino cuáles eran las estrategias a tomar en las manifestaciones en contra de la vacancia presidencial. 

Cuando el breve régimen cayó, Saba se recicló en el Estado sin ninguna vergüenza. Hoy es asesor de una congresista de la bancada Podemos Perú.

 

LA SOMBRA DE MERINO

El pasado 4 de octubre, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó una denuncia constitucional contra Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz (su premier) y el exministro del Interior, Gastón Rodríguez. La causa: las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, y las lesiones sufridas por 78 personas en las movilizaciones de noviembre de 2020.

La denuncia presentada ante el Congreso de la República tiene los testimonios de los ministros del flamante Gabinete Flores-Aráoz, de los altos mandos policiales y, cómo no, de Jhon Saba Guerra, “en su condición de asesor del investigado Manuel Merino de Lama”.

Su poder era tal que Augusto Valqui Malpica, el ministro de Transportes y Comunicaciones de ese régimen, detalló que fue Saba quien le ofreció el cargo. “El día de la juramentación me llamó otra persona que me dijo que mi currículum había sido aprobado por la inteligencia de la Marina. Al ratito me llamaron y me dijeron que podía ser ministro”, contó Valqui. De acuerdo a la documentación fiscal a la que Sudaca tuvo acceso, el autor de esa última llamada fue Saba, “quien le propuso el cargo de ministro”.

Por su parte, Franca Deza Ferreccio, quien había asumido como ministra de Relaciones Exteriores, calificó a Jhon Saba como “el enlace” que tenía con Merino. Además, dijo que era «hombre de confianza» del premier Flores Aráoz.

La exministra de Relaciones Exteriores calificó a Saba como el «hombre de confianza de Ántero Flores-Araoz» y como el nexo que tenía con Manuel Merino. No solo eso, Saba también fue el encargado de crear el grupo de WhatsApp donde estaban todos los ministros.

De acuerdo al testimonio de Jorge Lam Almonte, exsubcomandante general de la Policía y señalado como uno de los responsables de los asesinatos de Inti Sotelo y Bryan Pintado, Jhon Saba le dio su número telefónico para que le comunique “cualquier cosa de importancia que pueda pasar”. Y así ocurrió. El general contó al Ministerio Público que el asesor lo llamó un par de veces para preguntarle “cuál era la novedad de las marchas, para informarle al Presidente”.

El día de los asesinatos de Inti y Bryan, Merino tuvo dos reuniones. Una en Palacio y otra en el Ministerio del Interior (Mininter). En ambas, su asesor lo acompañó como fiel escudero.

De acuerdo al propio testimonio de Saba Guerra, en la noche del 14 fue invitado por Merino a una reunión con personal de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Allí, cuenta el asesor, la DINI presentó información sobre las manifestaciones. ¿La fuente de tan detallado trabajo de inteligencia? Twitter. “El personal expuso unas diapositivas donde daban cuenta que dentro de las marchas de protestas había barristas. Eran publicaciones que estaban en Twitter. Se cuestionó que era un informe que consignaba data de redes sociales”, dijo Saba. 

La reunión terminó, de acuerdo al exdirector de la DINI, Christian Schambaher Céspedes, cuando el ministro del Interior recibió una llamada que le comunicó sobre la primera de las víctimas mortales. “Al final de la reunión, Merino ordenó a Saba que convoque al día siguiente una sesión de Consejo de Ministros”, se puede leer en la denuncia del Ministerio Público.

Consultado sobre su rol en los días de gobierno de Manuel Merino, Saba prefirió no dar mayores detalles porque asegura que ya dijo todo lo que tenía que decir. “Yo entiendo que en el documento fiscal está todo. A mí me citaron como testigo en su oportunidad”, señaló.

El vínculo entre Merino y Saba no era nuevo. Durante su segundo periodo como congresista (2011-2016), Merino ya había trabajado con Saba como asesor parlamentario, de acuerdo al portal del Congreso.

De hecho, cuando Merino se postuló como congresista para el período complementario del 2020-2021, Saba compartió imágenes de su campaña en redes sociales y llamaba a votar por él. Quizá por ese ímpetu, cuando el accionpopulista fue elegido como presidente del Congreso, colocó a Saba como asesor en el “Módulo de Apoyo al Trabajo de la Organización Parlamentaria”. ¿El trabajo? Asesorar a Merino en la Mesa Directiva.

 

“El doctor Jhon Saba trabajó conmigo [como asesor] en el Congreso complementario […] Me acompañó unos días en la presidencia hasta el 15 de noviembre, porque renuncié”, responde Manuel Merino respecto a su relación con su paisano.

Para ese 15 de noviembre ya habían dimitido algunos ministros, previendo lo que se venía luego de la muerte de dos jóvenes. Luego de que Merino y los que quedaban en su Gabinete se vieron obligados a renunciar, Jhon Saba no perdió el tiempo. Ese mismo mes pasó a las filas de Podemos Perú (PP), el feudo de José Luna Gálvez. Lo hizo como asesor del grupo parlamentario, de acuerdo a información de Transparencia.

Aquel aciago noviembre, como asesor de Merino y luego de Podemos, Saba se llevó a casa por ambas asesorías poco menos que S/19.000.

En noviembre de 2020, mientras Merino y gabinete se despedían del poder, Saba cobró al Congreso un total de S/.18.660.

Los siguientes meses, hasta abril de este año, Saba continuó trabajando como asesor de PP con un sueldo de S/.9.499 mensuales, según el portal de Transparencia del Congreso. En mayo de 2021, se convirtió en el asesor principal del congresista Aron Espinoza, también de ese partido, quien luego de la renuncia de Merino aseguró no arrepentirse de haber votado a favor de la vacancia de Vizcarra. Lo dijo luego de las muertes de Inti y Bryan.

Aunque el Congreso complementario se despidió antes del 28 de julio, Jhon Saba no. Y en agosto volvió como asesor principal de Digna Calle Lobatón, esposa de Espinoza y actual congresista de Podemos. El sueldo es el mismo. Desde noviembre de 2020 hasta septiembre de este año, el ubicuo Saba -exasesor principal de un represor- ha facturado al Congreso un total de S/.113.026. ¡Y aquí no pasó nada!

Fotoportada: Darlen Leonardo

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Antero Flores-Aráoz, Inti Sotelo, Manuel Merino, Podemos Perú

Todos los días de lunes a viernes «Si el Río suena» con Patricia del Río, entrevistas exclusivas. Este es nuestro episodio número 22.

Para Pacha Sotelo – hermano de Inti, uno de los jóvenes que fallecieron en las protestas contra Manuel Merino- es probable que no se envíe de baja a los policías responsables de los disparos pese a que se sabe a qué grupo pertenecían.

Señaló también dos exministras indicaron ante el Ministerio Público que Manuel Merino no quiso hacer un acta sobre cómo se actuaría en las protestas.

Además el científico en computación Ragi Burhum nos explicó que ocasionó la caída de Facebook, WhatsApp e Instagram.

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Inti Sotelo, Manuel Merino, Ministerio público

Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 225: El desembarco de la FIL Guadalajara. Congresistas de derecha se reúnen con el partido ultraconservador español Vox. Y Manuel Merino, la concha de la semana.

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Derecha, FIL Guadalajara, Manuel Merino

Antes de empezar, voy a permitirme una aclaración. El candidato y el autor de esta entrevista no tienen ningún parentesco. Dicho esto, empecemos.

Hace apenas un par de años usted declaró en algunas entrevistas que Keiko Fujimori no tenía ninguna posibilidad de ganar las elecciones, ¿cree que su pronóstico se cumpla?

No. La campaña de demolición que organizó el gobierno de Martín Vizcarra y los fiscales a su servicio fue muy fuerte, muy violenta y hasta cierto punto hizo creer falsamente que Keiko Fujimori había cometido delitos en la campaña del 2011 cuando recibió aportes privados, cosa que no era delito. Eso también lo he dicho yo desde el principio. No obstante, ha habido algunos cambios. Primero, que el jefe de la campaña de difamación y mentiras [se refiere a Martín Vizcarra] ha quedado desenmascarado como un corrupto y como un manipulador del sistema judicial. En segundo lugar, los operadores de esa campaña, empezando por el fiscal politizado y prevaricador José Domingo Pérez están también muy desacreditados, lo que hicieron fue usar la fiscalía para atacar a los enemigos de Vizcarra. No era delito el 2011 recibir aportes privados y menos aún estas cosas absurdas de organización criminal y lavado de activos.

Pero ese dinero era sucio, venía de la “Caja 2” de Odebrecht.

Eso es mentira, el dinero que recibió Keiko Fujimori del Banco de Crédito no era sucio…

Pero el dinero de Odebrecht…

En el caso de Odebrecht, Keiko Fujimori niega haber recibido el dinero y la fiscalía no ha podido demostrar que haya sido así. En todo caso, no es dinero sucio, no es dinero como el del narcotráfico o de la minería ilegal. Un asunto es que Odebrecht soborne a funcionarios públicos para recibir obras, cosa que ocurrió en los gobiernos de Humala y Toledo, y otra cosa son aportes de campaña que, según Odebrecht, [también] recibieron Ollanta Humala y Nadine Heredia, Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo. Ninguno de ellos está acusado de organización criminal.

Están siendo investigados. Y por el mismo equipo fiscal al que usted critica.

Es el mismo equipo politizado y prevaricador que solamente ha perseguido y acusado por ese supuesto delito a Keiko Fujimori. Pero en el caso que tú mencionas de Odebrecht, nadie ha podido demostrar, y Odebrecht jamás ha admitido, que el dinero que utilizó para financiar campañas electorales de muchos candidatos sea dinero sucio. Es dinero legítimo. Y, además, lavado de activos implica que el que recibe dinero sabe que es un dinero producto de un delito. En el año 2011, nadie acusaba a Odebrecht de ser una empresa corrupta. Los fiscales están presentado kilos de papel, están haciendo un show mediático.

Candidato, la fiscalía tiene colaboradores eficaces y testimonios de gente muy cercana a Keiko en este proceso. El mismo Rolando Reátegui…

Desde que yo tengo conocimiento, todas las campañas, 100%, han recibido dinero que no se declaraba. Y ese dinero lo han introducido en sus campañas. Siempre.

¿Y usted cree que fuera gratuito, por ejemplo, el aporte del BCP? ¿No cree que Keiko Fujimori iba a pagar los favores siendo presidenta?

Esas son suposiciones que no tienen ningún asidero dentro de la realidad. Yo puedo suponer, tú puedes suponer, todos pueden suponer.

Lo he escuchado en entrevistas recientes mencionar que una de las cualidades del fujimorismo es la institucionalidad. ¿Históricamente, el fujimorismo no representa todo lo contrario?

Tú estás fijado en el pasado, yo estoy fijado en el presente y en el futuro. El presente es el de la última década y es que Keiko Fujimori está haciendo algo que casi nadie hace en el Perú, que es construir un partido político. La única manera de fortalecer la democracia. Y eso lo he visto yo personalmente, por lo menos, desde el año 2011, cuando la apoyé en la segunda vuelta contra Ollanta Humala. A partir de ahí, en varias oportunidades, me han invitado a participar en eventos de Fuerza Popular.

Me voy a coger de sus declaraciones del pasado reciente. Cuando el fujimorismo fue por la cabeza del entonces fiscal de la nación Pablo Sánchez, usted dijo en una entrevista a TV Perú que la bancada “estaba actuando como una aplanadora, pasando por encima de la institucionalidad y no respetando ninguna regla política”. ¿No es una contradicción con su actual discurso?

No, para nada. Eso no tiene que ver. Una cosa es construir la institucionalidad política con un partido con errores que, sin duda, cometió la bancada y que ellos mismos han reconocido…

¿Pero no fueron digitados por Keiko?

No, no sé, de repente tú estabas dentro de la bancada y escuchabas eso [ríe].

¿Y los chats [del grupo de Telegram “La Botica”]?

Yo no sé. Sin duda, no es fácil manejar una bancada y, menos aún, una bancada de 73 personas, que es una cosa grande. Sin duda ahí ha habido de todo. Pero ese es el pasado, pues. Si seguimos centrados en eso…

Pero es el pasado reciente. Eso es lo que preocupa.

Sí, ellos lo han reconocido. Y tú puedes creerles o no. Ese es otro tema. Pero el punto es que estamos ahora en una crisis política, económica y de salud, y necesitamos superarla. Y yo creo que la mejor opción es, sin duda alguna, Fuerza Popular. No sólo porque es un partido organizado, sino porque tiene un equipo y tiene propuestas que son las adecuadas para salir adelante. Si tú te vas a quedar pegado al pasado, puedes estar ahí toda tu vida, pero no creo que puedas avanzar mucho.

Candidato, cuando ve a Keiko en un spot junto a la figura de su padre, Alberto Fujimori, ¿no le da escalofríos? Usted que luchó contra esa dictadura.

No, no. No pues, porque es muy obvio que ellos se pelearon el 2017 y 2018, dentro de Fuerza Popular y dentro de la propia familia, y una parte de su esfuerzo ha sido recomponer eso.

Pero yo me refiero a la figura de Alberto Fujimori como dictador, como el dictador contra el que usted se enfrentó.

Mira, como te digo, este es un esfuerzo de Fuerza Popular y de la familia por cerrar heridas y recomponer una relación. Punto. Lo que hay que hacer es mirar hacia adelante.

El 2019, en una entrevista con el semanario “Hildebrandt en sus Trece”, se le preguntó por la cartera de clientes de su consultora “FRC Consultores”, pero no quiso dar detalles. Ahora que es candidato es pertinente insistir con la pregunta: ¿quiénes son los clientes de su consultora?

No, por supuesto, no vas a insistir en esa pregunta. Y si insistes no te voy a responder. No tiene ninguna relevancia.

¿No cree que, a modo de transparencia, por la gente que quiere votar por usted, sería bueno revelar quiénes son sus clientes?

No, para nada. Para nada.

¿No lo diría tampoco de llegar al Congreso? Previendo posibles conflictos de intereses, digo.

No tengo ningún conflicto de interés. Yo he desarrollado mi vida en la actividad privada. Tanto en el periodismo, como en la vida académica, como en las consultorías… Yo no vivo del Estado.

Lo digo previendo posibles conflictos de interés cuando esté en el Parlamento.

No hay ninguno.

¿Y lo habrá?

No hay ningún conflicto de interés, a menos que yo, en la eventualidad de salir elegido, siguiera desarrollando la actividad privada… Eso está prohibido.

Pasemos al plan de gobierno. Si usted tuvo que ver con el capítulo de seguridad ciudadana, asumo que usted va a querer ejecutarlo. Es decir, aceptaría ser ministro del Interior de Keiko.

Mira, por favor, eso nadie lo sabe. Primero hay que participar en la primera vuelta, luego en la segunda y después armar un gabinete. Eso está fuera de la discusión ahora. Ahora de lo que se trata es de explicar cuáles son las propuestas.

Vamos con una de ellas. Para acabar con la corrupción policial, se propone crear una oficina de asuntos internos. ¿Ya no existe la Inspectoría General de la PNP?

La Inspectoría existe claro, pero el problema es que ahí hay policías que tienen compañeros, amigos, subordinados y entonces, en mi experiencia, eso no funciona adecuadamente. La oficina de asuntos internos es algo que yo hice el año 2002 [Rospigliosi fue ministro del Interior durante el gobierno de Alejandro Toledo], con la asesoría de un equipo del FBI. Creé la oficina, pero requería modificaciones legales que no alcancé a hacer. Era dirigida por un civil y policías investigadores para detectar casos de corrupción, pero yendo a las cabezas, a los generales. Pero no tenía capacidad sancionadora, lamentablemente. Como no hubo continuidad, eso fue liquidado.

Sobre la lucha contra el narcotráfico, usted propone la erradicación de cultivos en el Vraem y el desarrollo alternativo. Es una fórmula que se viene proponiendo hace años, pero no se logra nada. ¿Por qué ahora sería diferente?

En la década del 2000 la principal producción de drogas en el Perú estaba en el Alto Huallaga. Esa combinación, de erradicación forzosa, lucha contra el narcotráfico y programas de desarrollo alternativo fue muy exitosa. Al punto de que prácticamente desaparecieron los cultivos de drogas, o la mayor parte, de toda esa región. Funcionó bien y tiene que ir todo junto.

Pero en el Vraem hay otro problema, porque hace tiempo se anuncia que se va a entrar y no pasa nada.

Es que no ha habido erradicación y no va a haber mientras estén estos remanentes terroristas. Y ahí también hay una alternativa, que ya se ensayó en el Alto Huallaga, entre el 2006 y el 2012, cuando la Policía liquidó a la banda terrorista de Artemio, que trabajaba estrechamente vinculada al narcotráfico. Eso fue indispensable para hacer la erradicación y la liquidación de cultivos de hoja de coca. Se hizo con inteligencia y golpes de mano. Se averiguaba, se infiltraba y se descubría dónde estaban los terroristas, y se les capturaba o se les abatía. Eso se empezó a hacer en el Vraem, el 2012 y 2013 se hizo eso y se liquidó a varios cabecillas del grupo terrorista. Después, no sé por qué, nunca más se llevó a cabo esa estrategia.

En un eventual gobierno de Keiko Fujimori, ¿regresarían a sus puestos los oficiales defenestrados por Sagasti?

Inmediatamente, si es que antes el Poder Judicial no los ha repuesto.

Pero justamente varios de ellos tienen investigaciones por corrupción.

Se les retornaría y las investigaciones que tengan que hacerse, se tendrán que hacer. Lo que no puede hacerse es violar la ley, la Constitución, y maltratar a la institución. La ley es clarísima. El presidente puede nombrar al jefe de la policía entre los tres primeros. No al número 18. Esto está clarísimo y Sagasti va a tener que responder eso a partir del 29 de julio.

En el plan de gobierno se señala que las movilizaciones de noviembre contra Merino fueron violentas. ¿Únicamente violentas de parte de los manifestantes? ¿Qué opina de la actuación policial?

Los policías responden una agresión. Está clarísimo y demostrado con videos. Por ejemplo, en el Jirón de la Unión y Emancipación son atacados a pedradas, con gente que llevaba piedras en la mochila para atacarlos. Y lo mismo ocurre en las avenidas Abancay y Colmena. Está clarísimo que hubo grupos organizados y violentos que atacaron a la Policía con objetos contundentes y pirotécnicos. Nadie va a una manifestación pacífica con pirotécnicos. La Policía no atacó a manifestantes pacíficos…

Pero hay testimonios que van en contra de lo que usted dice. Y no testimonios de manifestantes, sino de los mismos periodistas que sufrieron agresiones de la policía. ¿No cree que se les pasó la mano o cree que las canicas salieron disparadas por obra y gracia de quién sabe quién?

Para nada, la Policía respondió una agresión violenta e hizo bien. Y evitó, por ejemplo, lo que ocurrió en Guatemala, donde una turba atacó el Congreso y le prendió fuego. O lo que sucedió en Estados Unidos, donde una turba ingresó al Congreso y causó destrozos. Acá no ocurrió eso, porque la policía lo evitó. Hubo claramente una provocación de parte de manifestantes violentos, que lo que estaban buscando eran muertos y heridos. Lamentablemente murieron estos dos muchachos, estos dos delincuentes juveniles que estaban ahí no precisamente para defender la democracia. Hay que ser muy idiota o muy ingenuo o muy canalla para inventar historias como esas. (**)

Pero uno de esos chicos al que usted llama “delincuente juvenil” sólo estaba desactivando los gases lacrimógenos. O sea, no hubo un ataque de él…

Yo no digo que son delincuentes juveniles. Eso lo dice el Poder Judicial y la Policía. Antes de esas manifestaciones, uno de ellos fue sentenciado por robo agravado y el otro fue detenido por microcomercialización de drogas.

Pero usted sabe cómo funciona la Policía y los casos de microcomercialización. Cualquiera puede haber sido detenido…

Ah ya, ya, ya. Claro, claro, cualquiera puede ser detenido. ¡Hazme el favor! ¡Lee el atestado! Ahora, ese no es un delito mayor y no justifica que ese muchacho haya muerto, ¡pero no me vengan a inventar héroes de la democracia! ¡No me vengan, pues! ¡No me cuenten cuentos! Este gobierno, que denigra y ataca a la Policía ha emitido un inmundo informe responsabilizando a la Policía y no responsabilizando a los que atacaron a la Policía. Sin ninguna evidencia. ¿Sabes cuál es la pena por atacar a la Policía? 12 años de prisión. ¿Cuántos detenidos hay por atacarla? ¿O también vas a negar que atacaron a la Policía?

Yo no estoy negando eso. Yo le hablo de la circunstancia particular de estos dos jóvenes…

¿Cuántos detenidos hay? ¿Cuántos procesados? ¿Cuántos sentenciados por atacar a la Policía? Y ahí el informe del ministerio del interior del gobierno morado de Sagasti no responsabiliza a nadie por atacar a la Policía. Los únicos culpables son los que defienden el orden público. Se trata de una campaña sistemática para desmoralizar y destruir a la Policía.

Me sorprende que no haya un matiz en sus respuestas anteriores. Usted mismo, en el plan de gobierno señala que “la formación policial no solamente es deficiente”. ¿Esa deficiencia no ha llevado, por ejemplo, a las detenciones arbitrarias que se realizaron en noviembre?

Claro, los 70 desaparecidos que inventaron, ¿no? ¿Dónde están los desaparecidos? [ríe]

No, yo hablo de las detenciones arbitrarias que sí ocurrieron.

Es verdad que, desgraciadamente se ha hecho populismo, se ha llegado a crear 29 escuelas policiales en todo el país que la Policía no puede manejar adecuadamente. Hay que reducir significativamente el número y concentrar las escuelas policiales. Lo más importante es la calidad. Pero eso no tiene nada que ver con lo que ocurrió en esas supuestas 70 desapariciones, no hubo una sola desaparición.

Yo me refiero no a los 70, sino a personas identificadas, con nombre y apellidos.

Bueno, si había gente manifestando y atacando a la Policía, esta tiene el derecho de detenerlos. Si hubo algún error, no sé. Lo que sí hubo fue, al contrario, una falta de detenciones y de procesamientos a los responsables de los ataques a la policía.

En su plan se habla de un marco normativo que proteja a la Policía, ¿ya no se aprobó la ley Del Castillo de protección policial?

Claro, un grupo de personas colaboramos con el congresista Del Castillo en un paquete de leyes que él presentó. Uno de esos proyectos fue aprobado el año 2019. Vizcarra disolvió el Congreso y se negó a promulgar la ley. Pero Manuel Merino, cuando fue presidente del Congreso, la promulgó por insistencia. Pero hay otras propuestas, como la doctrina Del Castillo, que no tienen nada que ver con el excongresista. Implican que, si alguien invade mi casa, yo tengo derecho a defenderme. Y si en el curso de esa agresión, el delincuente termina abatido, el habitante de la vivienda no tiene ninguna responsabilidad penal ni civil. Yo espero que eso sea aprobado en el siguiente Congreso.

(**) Carlos Rivera, abogado de la familia de Inti Sotelo, niega que este registre antecedentes penales o judiciales.

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Fernando Rospigliosi, Keiko Fujimori, Lavajato, Manuel Merino

Ha generado legítima expectativa el nuevo gobierno y la calle respira optimismo luego de haber sido derrotada la mafia vacadora, la misma que intentó inclusive volverse a meter por los palos lanzando una lista alternativa a la de Francisco Sagasti.

Pero la vigilancia democrática no puede amainar. La mafiosa coalición vacadora, conformada básicamente por un grupo de universidades (algunas de ellas no licenciadas, pero otras sí, aunque afectadas en su inflada rentabilidad precedente), que irritadas por el proceder de la Sunedu y del gobierno de Vizcarra en respaldo de la que debe ser una de las mejores reformas hechas en los últimos años en el país –la reforma universitaria– decidieron incendiar todo a cambio de lograr volver a fojas cero.

Baste leer la insolente carta de Telesup, del inefable José Luna, dirigida a la Sunedu para darse cuenta de que claramente este grupete espera que cambien las coordenadas políticas para intentar lograr su propósito de seguir operando. La presión mediática los hizo recular, pero se les vio el sucio fustán con meridiana transparencia.

No tengo constancia alguna, pero no me cabe dudas de que en este asunto vacador ha corrido mucho dinero sucio para aupar votos a favor de la vacancia y que la bolsa millonaria ha provenido de estas universidades gansteriles con ramificaciones en la vida política.

En esa medida, hay que estar muy alertas, porque van a volver a la carga. Algo contenidas van a estar al comienzo por la presión de la calle y el temor a que reaparezca con fuerza una ciudadanía movilizada que ya no está dispuesta a que la clase política la engatuse y menos aun corrompa el Estado y sus instituciones.

Con el ascenso de Merino y el premierato de Flóres Aráoz festejaron porque se les había presentado la virgen y hoy deben estar furiosos de que se cayó el tabladillo. Con sangre en el ojo, sin embargo, van a querer desestabilizar nuevamente al gobierno de Sagasti.

Saben que no les queda si no pocos meses para poder hacerlo. Porque en las elecciones del próximo año, el pueblo los va a castigar, les va a dar una paliza a los vacadores. Y entonces perderán toda oportunidad de lograr sus oscuros propósitos. Ciudadanía expectante, medios vigilantes y un gobierno alerta es lo que se necesita para impedir que se repita semejante trastada a la Patria.

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Antero Florez Araoz, Francisco Sagasti, Manuel Merino

Merino y su Gabinete sabían que la represión en las calles era brutal. Durante varios días, sin embargo, la apañaron. Para dos especialistas, el autoungido presidente, su equivocado premier y el renunciante ministro del Interior tienen responsabilidad en la muerte de dos jóvenes. Si son juzgados por homicidio calificado, podrían ir a la cárcel hasta por 25 años.

Por María Isabel Álvarez

La violenta represión policial durante la marcha nacional de ayer sábado 14 de noviembre dejó, por lo menos, la muerte confirmada de dos jóvenes universitarios. Ambos fallecieron luego de ser atacados por proyectiles de armas de fuego. Jack Bryan Pintado Sánchez (22) y Jordan Inti Sotelo Camargo (24) perdieron la vida mientras protestaban contra el gobierno de Manuel Merino, que no tiene –ni tuvo– ninguna legitimidad popular.

Desde Sudaca llamamos a que sus muertes no queden impunes. El rol que tendrá el Ministerio Público para que los responsables sean sancionados y las víctimas alcancen justicia será determinante.

Manuel Merino, el primer ministro Antero Flores Aráoz y el renunciante ministro del Interior, Gastón Rodríguez, tendrán que ser investigados por la Fiscalía de la Nación, según especialistas consultados por este medio. La titular de ese despacho, Zoraida Ávalos, tiene la prerrogativa de iniciar una investigación preliminar de oficio ante los graves hechos perpetrados por la Policía durante la noche del sábado.

En diálogo con Sudaca, el exprocurador Antonio Maldonado precisa que si la fiscalía califica estos hechos como homicidio calificado, de ser condenados, Merino y Rodríguez podrían recibir hasta 25 años de pena privativa de la libertad. “El asesinato de estos jóvenes alcanza a una ejecución extrajudicial”, asegura.

“No solo hay responsabilidades políticas, sino constitucionales y penales. Respecto de las constitucionales, acá hay una responsabilidad de quien encabezó todas estas operaciones, quien no puede ser otro que el señor Merino de Lama, debajo de él están todos sus ministros”, afirma.

Según el constitucionalista Luciano López, la muerte de los dos jóvenes constituye un delito de “grave violación de los Derechos Humanos”, que es tanto responsabilidad de Merino, como de Flores-Aráoz y su Gabinete. En el caso de Merino, es debido a la figura de la ‘autoría mediata’, por la que –por ejemplo– se juzgó al expresidente Alberto Fujimori en los casos La Cantuta y Barrios Altos. La estrategia, sin embargo, quedará en manos de la fiscalía.

Vale recordar que el viernes, después de la brutal represión de la marcha del día anterior, el primer ministro –junto al extitular del Interior– agradeció en persona la labor de las fuerzas policiales. Les dijo que siempre encontrarían en él a “un defensor” para sus actos de represión.

El expremier Juan Jiménez Mayor opinó en concordancia con la tesis de López en su cuenta de Twitter, donde aseguró que lo ocurrido ayer es “uno de los pocos tipos penales constitucionales que genera responsabilidad” y que debe “ligarse con los delitos especiales [aquellos que requieren de una cualidad específica para ser cometidos, como ser premier o ministro] del Código Penal”.

Sobre el resto de ministros de Estado, once de los cuales presentaron su renuncia en la madrugada de ayer, Maldonado aseguró que ello “no procede” para deslindar responsabilidades. Desde Sudaca advertimos que la brutal represión de la primera marcha -la del jueves 12- ya hacía prever que habría muertes. No haber visto ello es inaceptable.

“Es el cuarto día de la protesta social y de la represión desproporcionada. Eso no procede, han pasado varios días donde ellos conocían qué estaba pasando y finalmente hay responsabilidades penales graves, donde la lista principal la encabeza el ministro del Interior, que se ha venido manifestando de manera arrogante, falsa, diciendo que los policías no usaban proyectiles que causaban lesiones graves”, remarca. Uno de los jóvenes muertos recibió 11 disparos, varios de ellos en la cara, según el reporte oficial del Hospital Almenara.

Según el artículo 128 de la Constitución, además, “todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el Presidente de la República o que se acuerden en Consejo [de Ministros], aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente”. La renuncia de ministros, que cayó en cascada en la madrugada de hoy, se tras varios días de pública y conocida represión policial. 

Para López, los ministros han renunciado demasiado tarde como para evitar su responsabilidad solidaria en la muerte de los jóvenes. Renunciar luego de que la violencia por parte de las fuerzas del orden se tradujo en dos muertes “no es una renuncia inmediata”, asegura.

Maldonado sostiene, además, que la hipótesis fiscal debiera apuntar a que existió un “patrón de represión sistemático y rigurosamente planeado, concebido en la más alta jerarquía policial, y por lo menos con instrucciones del señor Merino”. Algo que Sudaca ha podido comprobar con reporteros apostados en distintos puntos del Centro de Lima durante las manifestaciones. “Acá la fiscalía tiene que ser muy clara en lo que ha pasado, no se trata solo de ver el Código Penal, [eso] sería un error del Ministerio Público. Se trata de figuras complementarias en el ámbito de Derechos Humanos”, declara.

“Lo que debe quedar claro es que no hay nada que esperar, si Merino está intentando fugar del país, la primera medida coercitiva tendría que hacerla ya (la fiscal de la Nación)”, resalta también Maldonado. Repetimos: que la muerte de Jack Bryan y Jordan Inti no queden impunes.

*Actualización (13:00 pm): El Ministerio Público abrió investigación preliminar en contra de quienes resulten responsables del delito de homicidio en agravio de Inti Sotelo y Jack Pintado y otros, en el contexto de graves violaciones de derechos humanos. El caso está a cargo de la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Terrorismo y Derechos Humanos. Además se abrirá investigación por lesiones leves y lesiones graves en agravio de los heridos, y sobre los casos de desaparecidos en la movilización social. 

En esta instancia deberán ser incluidos los altos mandos policiales y agentes a cargo de los actos de represión durante las protestas, como el Subcomandante General de la Policía, Jorge Lam Almonte, y el jefe de la Sétima Región Policial Lima, General Jorge Cayas Medina. Hasta el momento, la Fiscalía de la Nación no se pronuncia sobre apertura de investigación a Manuel Merino y ministros

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Manuel Merino, Marchas

Tres reporteros y un fotógrafo de Sudaca estuvieron ayer 12 de noviembre en la multitudinaria marcha contra el gobierno de Manuel Merino. Desde distintos puntos del Centro de Lima, los cuatro constataron que la policía se ensañó con ciudadanos que protestaban pacíficamente. ¿Son el gas lacrimógeno, los perdigones y la represión sistemática las únicas respuestas de quien hoy se hace llamar presidente?

 

Fotos: Luca Daniel / Texto: Sudaca

Esta semana la Policía le ha recordado al país su cara más perversa. Aquella que sirve de instrumento de represión ciudadana para gobiernos sin respaldo popular. Durante toda la semana, en lugar de proteger a los peruanos los han atacado. Y anoche, en el Centro de Lima, esa represión se volvió ensañamiento. Con perdigones, toneladas de gas lacrimógeno y una estrategia de brutal acorralamiento, la Policía embistió sin piedad contra manifestantes que protestaban –que no quepa ninguna duda– pacíficamente.

No es que no se sepa ya que la Policía normalmente sirve a los intereses de quienes dictan las órdenes. No es, tampoco, que no se hayan visto antes episodios de injustificada violencia en marchas y protestas pacíficas. Ayer, sin embargo, la Policía dejó claro algo: su cara más ruin ha empezado a perder la vergüenza. Y bajo esa premisa, el escenario que le espera al país parece cada vez más oscuro.

¿Cómo no reprimir sin pudor, si la única respuesta de la que parece capaz Manuel Merino es esa? ¿Y qué más se puede esperar de la Policía si el nuevo premier, Ántero Flores-Aráoz, pertenece a una casta de políticos absolutamente desconectados de la realidad? Hoy por la mañana, incluso, el premier ha agradecido al cuerpo policial por su deshoronsa labor de anoche. “Lamentablemente muchas veces no se comprende que a igual que los civiles tienen derechos humanos, los policías también los tienen. En mí encontrarán siempre un defensor”, les dijo.

La marcha de ayer fue inusualmente puntual. A las 5 de la tarde, la Plaza San Martín comenzó a llenarse de gente que, sin otra motivación subrepticia, deseaba manifestar su rechazo a la vacancia presidencial perpetrada hacía tres días por el Congreso. Para entonces, ya llegaban reportes de inexplicable represión en algunas regiones del país. En Madre de Dios, por ejemplo, la Policía echó gas lacrimógeno a una manifestación de apenas 60 personas.

El miércoles, incluso, ya se habían producido detenciones arbitrarias en las primeras movilizaciones en Lima. Sin embargo, para el jueves 12 de noviembre la Policía tenía preparada una estrategia mucho más dura. Un ejemplo: a las ocho, cuando los manifestantes estaban detenidos en la Av. Abancay, cruce con el Jirón Leticia, la Policía empezó a gasearlos desde tres frentes distintos. Las bombas lacrimógenas no fueron usadas para dispersar a los manifestantes, sino para acorralarlos. Y para atacarlos cuando no tenían salida.

Tres reporteros de Sudaca, apostados en distintas zonas del Centro de Lima, comprobaron que algo similar ocurrió –tiempo después– en el Óvalo Grau, frente al Palacio de Justicia, en la Av. Wilson y a la entrada de la Plaza San Martín. En esta última, incluso, los policías advirtieron con sorna a la gente que los llenarían de gas. Y nuevamente ocurría lo mismo: lacrimógenas desde todos los frentes. Acorralamiento sistemático para causar miedo e infligir sufrimiento. A ello se sumaron los perdigonazos.

El fotógrafo de El Comercio Alonso Chero fue herido por la espalda con un perdigón. Al periodista Alonso Balbuena, de Ojo Público, le reventaron la pierna con una lacrimógena. Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos hay, por lo menos, cuatro periodistas heridos tras la marcha de ayer. Atacar a la prensa es un signo inconfundible de que un gobierno ha perdido el rumbo democrático. Desde Sudaca condenamos abiertamente este inaceptable comportamiento.

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Debate: episodio 2

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