El pasado 11 de junio el Congreso de la República aprobó en mayoría el dictamen del Proyecto Ley General de Museo. Dicho dictamen constituye una grave amenaza al potencial crítico del arte, la producción cultural y al ejercicio de la libre expresión.
De acuerdo al dictamen son consideradas infracciones muy graves, sujetas a penalidades y multas, los siguientes puntos:
- La implementación de exposiciones y/o la ejecución de actividades que busquen tergiversar la verdad de los hechos o situaciones pasadas, con el fin de modificar maliciosamente la memoria colectiva de la ciudadanía.
- La implementación de exposiciones y/o la ejecución de actividades relacionadas a una apología al terrorismo (alabanza, defensa o justificación).
- La implementación de las exposiciones que contravengan a las buenas costumbres en la exposiciones y actividades de los museos.
Resulta sumamente preocupante que la interpretación de la norma recaiga en la subjetividad y arbitrariedad de los funcionarios que la aplican. Cabe preguntarse qué significa “modificar maliciosamente la memoria colectiva de la ciudadanía”, “realizar actividades relacionadas a una apología al terrorismo”, o ir en contra de “las buenas costumbres”.
Cabe preguntárselo en un país con una historia reciente de censuras, persecuciones y acusaciones a piezas y exposiciones de arte. En 2015, la obra de teatro La Cautiva fue investigada bajo la figura de apología al terrorismo; en 2017 ocurrió lo mismo con un mural y una cerámica del Museo de la Memoria de ANFASEP y con la serie de Tablas de Sarhua, Piraq Causa (¿Quién es el culpable?).
Las investigaciones y acusaciones prescribieron, pues las piezas claramente tenían una posición crítica frente a la violencia, tanto a la de las organizaciones subversivas como la que ejercieron las fuerzas del orden.
Preocupa que uno de los ámbitos de acción de la norma sea precisamente el Lugar de la Memoria (LUM), cuyo director fue separado por el Ministro de Cultura en el 2017 debido a una exposición crítica de la dictadura fujimorista, la Carpeta Colaborativa Resistencia Visual 1992-2017. Preocupa más, porque en 2018 todos los contenidos del LUM fueron revisados debido a las acusaciones de apología al terrorismo del ex congresista fujimorista, actualmente en prisión por corrupción, el señor Edwin Donayre.
Un argumento de la acusación de Donayre fue que el camino de piedras para entrar al LUM era un “sendero” que estaba “iluminado”. Para el entonces congresista, eso encerraría un mensaje de apología.
Las piezas, proyectos culturales y espacios mencionados tienen mensajes claros en contra de la violencia por lo que no queda duda que las investigaciones fueron interpretaciones antojadizas y maliciosas frente a propuestas que comparten una visión crítica y de denuncia frente a las responsabilidades que tuvo el Estado durante el periodo de violencia.
La memoria sobre el conflicto armado interno en nuestro país es un tema doloroso y complejo que aún como sociedad no hemos procesado. Eso no quiere decir que no existan verdades históricas, cuerpos, sentencias, ausencias, así como criminales en prisión. El arte y su potencial crítico y provocador han servido para sanar, pero también para colocar en el debate público dichas verdades.
Los funcionarios que tienen en sus manos la potestad de normar sobre la libre expresión en el ámbito de la cultura deben hacerlo con ética y responsabilidad, en especial en una sociedad fracturada por un pasado de violencia y cuyo tejido social debe recomponerse de la mano de la libertad de pensar y reflexionar sobre aquello por lo que nuestro país atravesó.
