[NOTA] Maserati podría estar a punto de dar uno de los giros más importantes de su historia reciente. La marca italiana estaría negociando con Huawei y JAC Group una alianza industrial que podría llevar tecnología y plataformas de origen chino a sus próximos vehículos.
Las conversaciones, según dos fuentes, apuntan a una cooperación de largo plazo y tienen un objetivo bastante concreto.
Stellantis quiere contar con una base tecnológica que permita reducir los costes de desarrollo y acelerar la llegada de nuevos productos. Si el acuerdo avanza, el primer modelo fruto de esta colaboración podría comenzar a fabricarse a finales de 2027.
El imponente Maextro S800. Crédito: Huawei.
Huawei y JAC entran en escena
Una de las piezas principales de la negociación es la plataforma Harmony Intelligent Mobility de Huawei. Esta arquitectura serviría como base para futuros Maserati, mientras JAC aportaría su experiencia en fabricación y desarrollo de vehículos.
El planteamiento también contempla diferencias según el mercado. En China, los vehículos desarrollados bajo este acuerdo podrían venderse con la marca de lujo Maextro, perteneciente a JAC Group. Para Europa, Norteamérica y otros mercados internacionales, los mismos productos llevarían los logotipos y el nombre de Maserati.
La fórmula permitiría a la marca italiana utilizar una tecnología ya desarrollada para reducir tiempos y gastos, mientras sus socios chinos tendrían acceso a un nombre con una larga trayectoria en el segmento de lujo.
Maserati GranTurismo. Crédito: Maserati.
Las fábricas italianas necesitan trabajo
El posible acuerdo también tendría consecuencias dentro de Italia. Las plantas de Cassino y Módena atraviesan una etapa de baja actividad y necesitan nuevos proyectos que permitan aumentar sus volúmenes de producción.
Maserati cerró 2025 con menos de 8,000 vehículos vendidos en todo el mundo y registró pérdidas operativas ajustadas de 198 millones de euros. Convertida a dólares, esa cifra equivale aproximadamente a $231 millones de dólares, tomando como referencia un tipo de cambio cercano al cierre de ese periodo.
La llegada de nuevos modelos podría darle aire a las instalaciones italianas, especialmente en un momento en el que la producción de vehículos como los GranTurismo y GranCabrio no atraviesa su mejor momento.
Maserati Grecale 2025. Crédito: Maserati.
Stellantis ya mira hacia socios asiáticos
La posible alianza no aparece de la nada. Stellantis ya ha establecido colaboraciones con fabricantes chinos y Antonio Filosa ha mostrado disposición a buscar acuerdos que permitan acelerar el desarrollo de nuevos productos.
El grupo mantiene además un plan de negocio de 60,000 millones de euros hasta 2030, unos $69.7 mil millones de dólares, según una conversión aproximada. En ese escenario, trabajar con compañías asiáticas puede convertirse en una herramienta para contener costes y ganar velocidad.
Maserati, mientras tanto, continúa dentro de Stellantis pese a los rumores que en distintos momentos han apuntado a una posible venta. Incluso BYD había mostrado interés por la marca, aunque aquellas conversaciones no terminaron en un acuerdo.
La decisión final todavía está pendiente y Stellantis tiene previsto presentar su estrategia de largo plazo en diciembre. Si las negociaciones con Huawei y JAC llegan a buen puerto, Maserati podría mantener su identidad italiana, pero con una parte importante de su próxima generación tecnológica desarrollada junto a compañías chinas.
[NOTA] Según una encuesta realizada en tres docenas de países, la percepción de China ha mejorado en los últimos años, mientras que la de Estados Unidos ha empeorado, hasta el punto de que ahora China es vista de forma más positiva que EU en la mayoría de los 36 países encuestados.
“La confianza en que los líderes de estos países actúen correctamente en los asuntos mundiales ha seguido un patrón similar. En la segunda mitad de la presidencia de Joe Biden, la confianza en él fue mayor que la confianza en el presidente chino Xi Jinping en la mayoría de los países encuestados, aunque la popularidad de Biden disminuyó en muchos lugares entre 2023 y 2024”, reveló el artículo firmado por Jonathan Schulman, Laura Silver, Laura Clancy y William Miner.
Agregó el estudio que durante los dos primeros años del segundo mandato de Trump, la popularidad del presidente estadounidense empeoró, pues si bien muchas personas desconfían de Xi Jinping, las opiniones positivas sobre él se han generalizado.
“En este informe, comparamos las opiniones sobre Estados Unidos y China basándonos en una nueva encuesta del Pew Research Center realizada a 6132 personas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Estos hallazgos forman parte de un informe más amplio sobre cómo perciben los habitantes de 36 países a Estados Unidos y China”, reveló la firma.
De esta forma, en cuatro de los seis países latinoamericanos encuestados (Argentina, Chile, México y Perú), la gente ahora tiene una opinión más favorable de China que de Estados Unidos. En Brasil y Colombia, las opiniones sobre ambos países son prácticamente iguales.
Según edad, jóvenes adultos de Brasil, Chile, México y Perú son más propensos que los adultos mayores a tener una visión positiva de ambas superpotencias. En México, por ejemplo, el 52% de las personas de entre 18 y 34 años tienen una opinión positiva de Estados Unidos, y 70% de China.
Específicamente, 58% de las y los mexicanos define a China como un socio confiable para el país, mientras que 34% opina lo mismo respecto a EU, pues señala que tanto los adultos jóvenes como los mayores en México tienen una opinión más favorable de China que de su vecino del norte.
En cada uno de los seis países latinoamericanos encuestados, la gran mayoría afirma que Estados Unidos interfiere en los asuntos de otros países, mientras que un porcentaje menor opina lo mismo de China. En Colombia, por ejemplo, el 75% considera que Estados Unidos interfiere mucho o bastante, en comparación con el 30% que opina lo mismo sobre China.
Por ello, las respuestas sobre qué país es un socio más fiable, las opiniones están más divididas. En México y Chile, más personas afirman que China es un socio fiable que Estados Unidos.
[NOTA] La asociación global de operadores móviles GSMA aseguró que el ecosistema móvil mundial está preparado para desplegar servicios en la banda superior de 6 GHz, pues considera que el segmento superior del espectro ya ha sido armonizado y adoptado por múltiples países. Por ello, instó a las autoridades a apegarse a las prácticas de espectro para una asignación “oportuna” de este recurso.
“Es un principio consolidado de la política de espectro que las asignaciones deben realizarse de manera oportuna y estar impulsadas por el mercado, bajo condiciones equilibradas y favorables a la inversión que permitan a los operadores utilizar el espectro de forma eficiente”, señaló.
Países que representan más del 80% de la población mundial destinaron la banda superior de 6 GHz (6,425–7,125 GHz) para su uso en redes móviles, tras su armonización en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023 (CMR-23).
A partir de esto, la banda ya se ha incorporado a las hojas de ruta nacionales sobre espectro en países como Brasil y México en América Latina, así como los países miembros de la Unión Europea y otras naciones de Asia como Vietnam y Tailandia, entre otros.
La adopción de la banda superior para redes móviles “aporta la escala necesaria para sustentar un ecosistema global de equipos sólido”, argumentó la asociación.
En ese sentido, la GSMA expuso que más de 60 operadores móviles, fabricantes de dispositivos y chipsets, proveedores de equipos de red y otros miembros del ecosistema móvil han lanzado un mensaje unificado: “La industria está lista para suministrar los equipos y soluciones necesarios para el despliegue a gran escala de redes en la banda superior de 6 GHz”.
Ya se han completado las primeras asignaciones de espectro en la banda superior de 6 GHz, y se prevén nuevas adjudicaciones en las regiones de Europa, Medio Oriente y África, Asia-Pacífico y las Américas a medida que evolucione la demanda de cada mercado.
“La GSMA insta a los gobiernos y organismos reguladores a incluir la totalidad de la banda superior de 6 GHz en hojas de ruta de espectro claras y con visión de futuro, y a habilitarla para su uso en redes móviles de macroceldas a plena potencia, con el fin de satisfacer las necesidades de toda la ciudadanía”, enfatizó la asociación.
La banda superior de 6 GHz ofrece capacidad a nivel urbano cuando se utiliza en redes móviles de macroceldas a plena potencia. Ante el continuo crecimiento del tráfico de datos, este espectro adicional de banda media resulta esencial para atender la creciente demanda de los usuarios y, al mismo tiempo, apoyar la evolución hacia 5G-Advanced y la futura introducción de 6G.
Un aspecto clave es que esta banda permite alcanzar los anchos de banda de canal de 200 a 400 MHz, que se prevé serán necesarios en la era de 6G.
“Estamos preparados para poner la banda superior de 6 GHz al servicio de los consumidores y las empresas de todo el mundo. Los gobiernos tienen ahora una oportunidad importante de transformar la armonización internacional en conectividad real, priorizando esta banda para servicios móviles de plena potencia”, dijo Vivek Badrinath, director general de la GSMA.
En tanto, una mayoría de países en América Latina, Asia y Europa decidieron un enfoque mixto, en el que la banda se dividió en dos segmentos, lo que permite un equilibrio en la implementación de ambas tecnologías.
“La banda superior de 6 GHz representa una de las oportunidades más relevantes para garantizar la capacidad necesaria para la próxima generación de redes móviles, trazando un camino claro desde 5G-Advanced hasta 6G. Se requieren decisiones oportunas y favorables a la inversión en materia de espectro para ofrecer a los operadores la certeza necesaria para invertir, ayudar a los países a alcanzar sus objetivos digitales nacionales y fomentar un desarrollo móvil eficiente, innovador y, sobre todo, inclusivo”, aseguró la GSMA.
[NOTA] Millones de ciudadanos pagaron obligatoriamente por ese servicio. El Touring, pese a ser una asociación sin fines de lucro, cobró y administró esos ingresos sin explicar con claridad cuánto recaudó, cuánto costaba realmente cada evaluación, qué excedente produjo la operación ni cuál fue el destino de ese dinero. Ser una entidad sin fines de lucro no impide generar excedentes; obliga a reinvertirlos en sus fines institucionales.
Según estimaciones de expertos, a lo largo de esas casi cuatro décadas la operación habría dejado una utilidad superior a 150 millones de soles después de descontar los gastos atribuidos a la prestación del servicio. Sin embargo, no se encontró una explicación pública completa ni un patrimonio visible que permita saber quién y cómo se benefició de esa formidable fuente de ingresos.
El triste final de la gallina de los huevos de oro no llegó por voluntad de sus dirigentes. Llegó después de reiteradas sanciones de la Sutran por no entregar oportunamente expedientes e información vinculada con las evaluaciones. El Touring intentó frenar las consecuencias y llegó hasta el Tribunal Constitucional, pero su demanda fue declarada improcedente. Finalmente perdió el encargo y la administración del servicio pasó a la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Todo tiene su final. Incluso un negocio protegido durante décadas, manejado como si fuera eterno y sin la transparencia que corresponde a una institución que vive de un servicio obligatorio para el ciudadano.
Pero el problema no termina en las cuentas. También alcanza a quienes han conducido la institución como si el relevo fuera una amenaza.
Desde 1979, la presidencia de esta asociación sin fines de lucro ha pasado por apenas tres personas: Percy Griffiths, Godfrey Hemmerde y, desde 2011, Iván Dibós. Cuarenta y siete años, tres presidentes. Hasta la sucesión papal parece, en comparación, un ejercicio vertiginoso de renovación.
La paradoja es notable: el Touring examinó durante décadas la capacidad de millones de peruanos para conducir, pero nunca ha demostrado la misma disposición para soltar el volante.
¿Cualquier asociado puede postular y competir en igualdad de condiciones por la dirección de la institución? ¿O las normas internas han convertido al Touring en un circuito cerrado donde los mismos dirigentes se suceden, y por alguna razón se respaldan y se reemplazan entre ellos?
Según reportes periodísticos, sus representantes habrían recurrido incluso a un exministro de Transportes buscando una salida favorable para que la Sutran mire para otro lado. El episodio merece una explicación clara, no otra maniobra de relaciones públicas.
Ahora sus dirigentes se presentan como víctimas de un despojo: las santas palomas de los brevetes, perseguidas por burócratas despiadados. Pero, antes de repartir aureolas, convendría responder algunas preguntas elementales: ¿cuánto recaudaron?, ¿en qué gastaron el dinero?, ¿quién fiscaliza sus cuentas? ¿Y por qué la presidencia parece reservada desde hace casi medio siglo para el mismo pequeño círculo?
Los dirigentes continúan allí, aferrados al cargo y soñando con recuperar su mina de oro. Como los viejos de los Muppets, observan desde el palco, critican a todos y no abandonan jamás su asiento.
Al final, el único que siempre termina pagando —y haciendo cola— es el ciudadano que solo quería sacar su brevete.
[NOTA] Los cuestionamientos surgidos en torno a funcionarios vinculados a los órganos de competencia del Indecopi colocan ahora la atención sobre la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), sector al cual se encuentra adscrito el organismo.
La situación adquiere particular importancia por el momento en que se encuentra el caso del alambrón de acero. El procedimiento está actualmente en segunda instancia ante la Sala Especializada en Defensa de la Competencia, presidida por Andrés Calderón, luego de que la decisión adoptada en primera instancia fuera apelada.
En este contexto, cobra especial importancia que los cuestionamientos sean esclarecidos oportunamente. El procedimiento del alambrón continúa pendiente de una decisión definitiva y será precisamente la Sala que preside Andrés Calderón la encargada de pronunciarse en segunda instancia. Por ello, despejar cualquier duda sobre la independencia e imparcialidad de quienes intervienen en el proceso resulta fundamental para preservar la confianza en la decisión que finalmente adopte el Indecopi.
La interrogante sobre la actuación de la PCM cobra mayor relevancia luego de que el propio Indecopi confirmara oficialmente que se encuentra en investigación la denuncia que involucra a Luis Alberto León Vásquez, secretario técnico de la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias.
Recientemente, el senador Jaime Delgado sostuvo que existían hechos que debían ser investigados y esclarecidos por las autoridades competentes. Ahora, al menos una parte de esos cuestionamientos ya ha generado una actuación institucional concreta.
DENUNCIA PERIODÍSTICA APUNTA A PRESUNTAS INFLUENCIAS
Los cuestionamientos que alcanzan a Andrés Calderón han sido expuestos también por el programa Contra Corriente de Willax. Según dicho espacio periodístico, existiría una denuncia sobre presuntas influencias indebidas en decisiones adoptadas por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Indecopi, a partir de las relaciones entre un grupo de personas al que el programa denomina “Clan de los #Vochis”.
De acuerdo con Contra Corriente, este grupo estaría integrado por Andrés Calderón, presidente de la Sala; el abogado Robert Venero; José Gonzales Cucho y Omar Alvarado, socios del Estudio Diez Canseco; y Luis Alberto León, secretario técnico de la Comisión de Dumping.
El reportaje sostiene que existirían relaciones de amistad y cercanía entre algunos de los mencionados que podrían haber generado presuntos conflictos de interés en determinados procedimientos administrativos. Como elementos para sustentar sus cuestionamientos, el programa presentó fotografías, publicaciones en redes sociales, constataciones notariales, resoluciones administrativas y referencias periodísticas.
Estos señalamientos requieren ser investigados y contrastados por las autoridades competentes y no constituyen, por sí mismos, una determinación de responsabilidad de las personas mencionadas. Sin embargo, adquieren particular relevancia porque Andrés Calderón preside actualmente la Sala que deberá pronunciarse en segunda instancia sobre el caso del alambrón de acero.
En ese contexto, el esclarecimiento de cualquier posible conflicto de interés resulta especialmente importante para despejar dudas sobre la independencia e imparcialidad de la instancia que tendrá que resolver el procedimiento. El IndecopI ha iniciado la investigación que corresponde respecto de su secretario técnico. La pregunta que queda abierta es qué medidas adoptará la PCM frente a los cuestionamientos que alcanzan al presidente de la Sala que deberá resolver en segunda instancia el caso del alambrón.
INDECOPI CONFIRMA EXPEDIENTE “EN INVESTIGACIÓN”
La Carta N.° 000368-2026-OIPAD/INDECOPI, de fecha 24 de agosto de 2026, confirma el estado de la denuncia presentada contra Luis Alberto León Vásquez.
De acuerdo con la comunicación oficial, la denuncia ingresada el 19 de agosto de 2026 fue canalizada inicialmente por la Unidad de Integridad Institucional (UII), que posteriormente la derivó a la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario (ST-OIPAD). La derivación se realizó mediante el Informe N.° 000164-2026-GEG-UII/INDECOPI, de fecha 20 de agosto.
La institución confirma, además, la existencia del Expediente N.° 567-A-2026/ST-OIPAD, cuyo estado figura expresamente como “En investigación a cargo de la Secretaría Técnica”.La comunicación fue suscrita por Mariluz Graciela Godos Moncada, secretaria técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Indecopi.
¿QUÉ SE ESTÁ INVESTIGANDO?
La denuncia fue presentada por Productos de Acero Cassado S.A. (PRODAC S.A.) y está referida a presuntos conflictos de interés entre Luis Alberto León Vásquez y abogados del Estudio Diez Canseco.
El asunto adquiere particular relevancia por las funciones que desempeña la Secretaría Técnica dentro de los procedimientos de la Comisión de Dumping. Esta instancia participa en la instrucción de los casos y en la elaboración de informes y proyectos que sirven de sustento para las decisiones que posteriormente adopta la Comisión.
Precisamente por la naturaleza de estas funciones, cualquier cuestionamiento referido a eventuales conflictos de interés requiere ser esclarecido por las instancias correspondientes, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa de las personas involucradas.
EL CASO DEL ALAMBRÓN, EN SEGUNDA INSTANCIA
El esclarecimiento de los cuestionamientos que alcanzan a Andrés Calderón adquiere especial relevancia porque el caso del alambrón de acero se encuentra actualmente en segunda instancia ante la Sala Especializada en Defensa de la Competencia que él preside.
La decisión adoptada en primera instancia fue apelada y corresponde ahora a dicha Sala pronunciarse sobre el caso. Esta circunstancia incrementa la necesidad de despejar oportunamente cualquier cuestionamiento que pudiera afectar la percepción de independencia e imparcialidad del procedimiento.
PRODAC, empresa que presentó la denuncia contra Luis Alberto León, es además una de las partes involucradas en el procedimiento del alambrón. La existencia de esta relación entre ambos casos hace particularmente importante que los cuestionamientos planteados sean esclarecidos antes de que puedan generar mayores dudas sobre el proceso que se encuentra pendiente de resolución.
La investigación abierta contra Luis Alberto León no supone, por sí misma, responsabilidad alguna de Andrés Calderón ni permite anticipar conclusiones respecto de la actuación de la Sala que preside. Sin embargo, el hecho de que un procedimiento de esta importancia se encuentre actualmente bajo conocimiento de dicha instancia refuerza la necesidad de que cualquier cuestionamiento sea esclarecido con transparencia.
LA ATENCIÓN SE TRASLADA A LA PCM
Mientras el Indecopi ya ha activado sus mecanismos internos respecto de la denuncia contra Luis Alberto León, permanece abierta la interrogante sobre las acciones que podrían corresponder a la Presidencia del Consejo de Ministros frente a los cuestionamientos que alcanzan a Andrés Calderón.
El punto resulta especialmente relevante porque no todas las decisiones respecto de las autoridades de los órganos resolutivos del Indecopi corresponden necesariamente a las instancias internas que actualmente investigan al secretario técnico.
La investigación contra Luis Alberto León ya está en marcha. Ahora corresponde conocer si la PCM, encabezada por Luis Galarreta, considera que los cuestionamientos que alcanzan a Andrés Calderón ameritan alguna actuación adicional y, de ser así, qué medidas adoptará dentro del marco de sus competencias.
La respuesta cobra mayor importancia mientras el caso del alambrón continúa pendiente de resolución en segunda instancia en la Sala que preside Calderón. El esclarecimiento de los hechos resulta necesario no solo respecto de las personas involucradas, sino también para preservar la confianza en la independencia e imparcialidad de los órganos encargados de resolver controversias de competencia en el país.
[NOTA] La magna ceremonia por el 79° Aniversario de la GUE Bartolomé Herrera, hoy Institución Educativa Emblemática IEE, realza las celebraciones cuya programación continuará durante toda la semana y que terminará el 24 de agosto, fecha que se celebra en honor al 218° natalicio del sacerdote y político Bartolomé Herrera Vélez.
Junto con autoridades castrenses, docentes y exdocentes, alumnos y exalumnos, madres y padres de familia, delegaciones de centros educativos, de instituciones cívicas y vecinos, inició el programa con el paseo e izamiento de nuestra bandera. Luego vinieron las palabras del exalumno Eduardo Pinto, a nombre de la promoción de 1976 Jesús Sotomayor Abarca, que celebra este año sus Bodas de Oro, saludando al inicio al General AP César Astudillo, senador de la República y ministro del Interior, integrante también de esa promoción 1976. El programa continuó con el Himno Herreriano y el Himno de la Marina de Guerra, y de cierre, un desfile de escoltas y batallones.
Junto a las autoridades presentes estuvieron, en el palco de honor, integrantes del Comando Chavín de Huántar, representando a quien en vida fuera el coronel EP Juan Valer, exalumno Herreriano de la promoción 1974. En primera fila, el recordado auxiliar e instructor de Educación Pre Militar Víctor Chacón Montoya, un símbolo del “Bartolo”, entonando con energía el himno del colegio, compuesto a mediados de la década de los años cincuenta por José Antonio Lora Olivares (1904-1968), profesor de música y violinista chiclayano durante la gestión del educador Jorge Castro Harrinson, quien fuera el primer director del colegio.
[NOTA] La autorización para la instalación de una planta de fabricación de explosivos vinculada a la multinacional Maxam en el distrito de La Joya, provincia de Arequipa, genera gran preocupación en organizaciones de la sociedad civil, comunidades y representantes políticos, considerando los riesgos que implicaría este tipo de infraestructura en una zona agrícola con acelerado crecimiento urbano, y cada vez más cerca de urbanizaciones con viviendas ya consolidadas.
El proyecto habría sido aprobado en 2022 a favor de Industrias Químicas Hatun SAC. Posteriormente, y sin que exista una explicación razonable en los expedientes a los cuales SUDACA tuvo acceso, la razón social cambió a Maxam Perú Sur, filial de la gigante española Maxam, firma especializada en explosivos industriales para minería, y con lo cual el proyecto adquirió otras dimensiones y riesgos no previstos por las autoridades.
¿Cómo llegó Maxam a La Joya? Al parecer, Julio Antonio Valverde Ponte, propietario de Industrias Químicas Hatun SAC, vende el proyecto con autorizaciones avanzadas a Maxam, empresa con presencia en el Perú desde el 2021, y cuya filial en Bolivia protagonizó una grave explosión hace dos años que dejó dos muertos y muchas dudas respecto a los riesgos de seguridad vinculados al manejo de explosivos. En nuestro país, Maxam opera una planta en Cocachacra (Lima), que fabrica sistemas de iniciación, ANFO y explosivos encartuchados.
Entrada a planta de explosivos de Maxam Perú en La Joya
Uno de los aspectos más cuestionables es que la nueva planta de Maxam habría sido autorizada en terrenos que venían siendo ofrecidos por la empresa Tarpuy Proyectos Agrosostenibles para destinarlos en actividades agrícolas y proyectos inmobiliarios, en un sector muy próximo al centro poblado San Isidro.
Actualmente, como puede apreciarse en sus propias publicidades, se ofertan hectáreas para cultivos como pitahaya y para viviendas de campo. A ello se suma el rápido crecimiento poblacional de La Joya, marcado por invasiones escasamente controladas por la Municipalidad Distrital y su alcalde Cristhian Cuadros Treviño, lo que configura un grave riesgo, pues es un hecho que en un muy corto plazo tendremos pobladores viviendo y agricultores sembrando al lado de estas canchas llenas de explosivos.
Publicación en las redes sociales de Tarpuy Proyectos Agrosostenibles
Permisos y autorizaciones. ¡Algo no cuadra!
El Ministerio de la Producción aprobó en septiembre del 2022 la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Planta de Fabricación de Emulsión y Dinamita”, a favor de Industrias Químicas Hatun SAC, mediante la Resolución Directoral N.° 440-2022-PRODUCE/DGAAMI, consistente en “construir y operar una planta del rubro industrial manufacturero, dedicada a la fabricación de emulsión matriz y dinamita.
Lo más curioso es que se hizo sin que los vecinos de La Joya estén debidamente informados sobre los riesgos asociados al almacenamiento y manipulación de explosivos cerca de viviendas y zonas habitacionales. Tomamos conocimiento que, desde la asociación de la sociedad civil La Vía, se solicitó al Ministerio de la Producción, a través de los mecanismos de acceso a la información pública, el expediente completo mediante el cual se aprobó la DIA, así como información sobre otras gestiones en curso respecto a la citada planta, pero hasta la publicación del presente informe no obtuvieron respuesta, pese a encontrarse fuera de plazo.
Un dato paradójico es que el citado documento lleva la firma de Luis Guillén Vidal, exdirector de Evaluación Ambiental de Produce, área que depende del Viceministerio de Mype e Industria, y que por ese entonces era manejada por Luis Mesones Odar, ex esposo de la empresaria trujillana Sada Goray Chong, el cual venía siendo investigado por presuntos actos de corrupción en el caso conocido como “Fondo MiVivienda”, durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo Terrones.
A Luis Mesones se le acusa de haber conformado el directorio del Fondo MiVivienda, cuando se suscribieron, a cambio de jugosos sobornos, los contratos de fideicomiso entre dicho fondo y las empresas subsidiarias de Marka Group, propiedad de Goray y de la que Mesones también formó parte.
Siguiendo con esta trama de autorizaciones para la planta de explosivos en La Joya, según información a la que también tuvo acceso SUDACA, en marzo de 2025, el dueño de Industrias Químicas Hatun SAC decidió continuar con las gestiones y solicitar ante la Municipalidad Distrital de La Joya dos Certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) para Establecimientos Clasificados con Nivel de Riesgo Muy Alto.
Municipalidad Distrital de La Joya
Estos fueron entregados con resolución favorable de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de dicho municipio, en abril de 2025, con una vigencia de dos años para la actividad “Almacén de Explosivos y Materiales Relacionados (EMR)”, en el Pasaje Intersección San Isidro – Panamericana Sur Km 5, distrito de La Joya, para un área total de 241 metros cuadrados.
No obstante, en septiembre de 2025, la Municipalidad Distrital de La Joya, a través de la gerencia de Administración Tributaria, otorgó una Licencia de Funcionamiento indeterminada para servicio de almacenaje por 10 horas diarias para un área comercial muchísimo mayor: 2300 metros cuadrados.
Esta licencia especifica de manera categórica que el titular del establecimiento está obligado a respetar el giro de la actividad autorizada, quedando prohibido el uso de mayor área, ampliación o modificación.
¿Cómo se explica entonces que el objetivo del proyecto que ejecutará finalmente Maxam Perú sea fabricar emulsión matriz y dinamita de tipo industrial y la Municipalidad Distrital de La Joya solo haya aprobado almacenamiento?
¿No es acaso un grave “desconocimiento” que podría poner en riesgo a la población del distrito? SUDACA reconstruyó la línea de mando de funcionarios públicos del gobierno central y municipal involucrados en esta “torpeza administrativa”, que bien ameritaría la intervención inmediata de las procuradurías gubernamentales y la Contraloría. ¿Por qué estos funcionarios aceleraron estos trámites sin percatarse de las inconsistencias que presentaba el expediente de solicitud de información?
El Ministerio de la Producción sería el encargado de emitir la licencia de construcción para que finalmente este proyecto vea la luz según estuvo proyectado, pero hasta el momento permanece en silencio respecto a este caso. No obstante, según información a la que hemos tenido acceso, se estaría avanzando con la construcción de la planta de explosivos de Maxam en La Joya sin que exista claridad sobre los permisos obtenidos.
Línea de mando de funcionarios públicos que tuvieron a su cargo las autorizaciones para que esta nueva planta de explosivos opere lo más pronto posible. ¿Por qué no se dieron cuenta de las inconsistencias en el expediente? ¿No supieron distinguir “almacenamiento” de “fabricación” de explosivos?
Vecinos ignoran futura operación de Planta de Explosivos
Un equipo de SUDACA visitó la zona. La instalación de esta planta generó una rápida actuación de la sociedad civil, dirigentes locales y el diputado electo por el Partido del Buen Gobierno por Arequipa, Edgar Gonzales Polar, quienes solicitaron hace unas semanas respuestas inmediatas a la Municipalidad Distrital de La Joya.
El último 15 de mayo lograron reunirse en la sede del municipio con los funcionarios que emitieron las autorizaciones, quienes confirmaron que solo se han otorgado permisos para almacenamiento y mostraron desconocimiento sobre la real proyección de Maxam respecto al proyecto.
Reciente visita a la Municipalidad de La Joya del diputado electo Edgar Gonzáles y representantes de la sociedad civil.
“El desarrollo económico jamás puede estar por encima de la tranquilidad, la seguridad y el derecho de la población a ser informada. Nos preocupa profundamente que un proyecto vinculado a la instalación y operación de una planta de explosivos avance en una zona que viene experimentando un importante crecimiento urbano y agrícola, sin que exista un proceso amplio, transparente y verdaderamente participativo con la población», enfatizó el diputado electo Edgar Gonzales.
Diputado por el Partido del Buen Gobierno, Edgar Gonzales
De acuerdo a la información recogida, no existió un verdadero proceso de socialización con la población de La Joya respecto a las dimensiones y riesgos del proyecto de Planta de Fabricación de Emulsión y Dinamita de Maxam.
Aunque, de acuerdo con la DIA aprobada, se habilitó un portal virtual para participación ciudadana, la realidad es que los vecinos nunca fueron informados de manera adecuada sobre los alcances del mismo.
Gonzales incidió en que los vecinos tienen derecho a conocer qué se construye cerca de sus hogares, cuáles son los riesgos y cuáles serán las medidas reales de seguridad.
Por su parte, Indyra Oropeza, representante de la asociación de la sociedad civil La Vía, advirtió que ningún proyecto vinculado al uso de explosivos puede avanzar sin procesos de participación ciudadana transparentes, técnicos y realmente vinculantes. En ese sentido, La Vía busca asegurar que la ciudadanía de La Joya tenga voz en un proceso que no puede reducirse únicamente a criterios económicos.
“El desarrollo no puede construirse de espaldas a la gente. La población tiene derecho a entender los impactos sociales y de seguridad antes de que se tomen decisiones que afectarán su territorio y su calidad de vida. La Municipalidad de La Joya ha asumido el compromiso de realizar una visita de campo al proyecto y efectuar un registro fotográfico para garantizar mayor transparencia del proceso. Hasta la fecha, esa diligencia continúa pendiente”, enfatizó Oropeza.
En un rápido sondeo en la zona pudimos constatar que la población desconoce la instalación de esta nueva planta de explosivos de Maxam Perú, lo que evidencia que cumplir solo un requisito administrativo no garantiza participación ciudadana real.
Permisos mínimos, riesgos máximos
Un dato relevante es que las capacidades inicialmente autorizadas para la Planta son limitadas para una operación industrial de gran escala, lo que hace prever futuras ampliaciones de producción y almacenamiento.
Esto podría incrementar significativamente los riesgos de accidentes, incendios o explosiones en una zona donde el crecimiento urbano continúa avanzando hacia el área del proyecto.
La Resolución N° 453-2021-SUCAMEC establece las distancias mínimas entre almacenes o plantas de explosivos y viviendas, aunque estas no son fijas, sino que deben calcularse técnicamente según la cantidad y tipo de explosivos almacenados. La norma utiliza fórmulas de seguridad que consideran el volumen de material explosivo y el nivel de protección requerido para la población cercana.
En líneas generales, a mayor cantidad de explosivos, mayor debe ser la distancia respecto a centros poblados. Estas instalaciones deben estar ubicadas suficientemente lejos de zonas urbanas, para lo cual se deberían considerar factores como expansión poblacional y tránsito público.
Corresponde a SUCAMEC otorgar las autorizaciones para la fabricación, almacenamiento, manipulación y comercialización de explosivos, por lo que se espera que la entidad se mantenga alerta respecto a la situación real del proyecto.
Se conoce también que en el distrito de La Joya se vienen registrando invasiones cada vez más frecuentes, detrás de las cuales existirían bandas organizadas que ejercen violencia para evitar ser desalojados.
El último 13 de mayo, un operativo policial en el sector de San José terminó con una balacera, ocho detenidos y la desarticulación de la banda criminal “Los Malditos Pistoleros del Cenizal”, vinculada a invasiones y tráfico de terrenos.
Fuente: Enfoque Arequipa
Graves antecedentes en Bolivia
Los peligros vinculados al manejo de explosivos se mantienen latentes. En junio de 2024, una explosión registrada en la planta de Maxam-Fanexa en Cochabamba (Bolivia) dejó dos trabajadores fallecidos y varios heridos, generando fuertes cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en este tipo de instalaciones y sobre la capacidad de supervisión estatal frente a esta actividad.
Fuente: Visión 360
Maxam-Fanexa opera como una sociedad anónima mixta conformada entre la multinacional española Maxam y la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena), corporación estatal dependiente de las Fuerzas Armadas de Bolivia, creada para administrar industrias estratégicas vinculadas a defensa y explosivos.
La explosión ocurrió en el área de secado de pentrita, un explosivo de alta potencia utilizado en actividades mineras. Las víctimas fueron identificadas como Pablo Benigno Crespo, de 34 años, y Santiago Guzmán Escobar, de 40 años, este último con casi dos décadas de experiencia dentro de la empresa. Tras el accidente, familiares de las víctimas y trabajadores exigieron mayores controles de seguridad y responsabilidades a la compañía.
Fuente: Unitel.bo
Los traslados del material explosivo también deben ser considerados. En 2022, un camión que transportaba explosivos para la empresa Maxam explotó en la carretera Tarkwa-Bogoso, en la región occidental de Ghana. El vehículo chocó con una motocicleta, se incendió y detonó, causando 13 muertos, más de 200 heridos y arrasando casi por completo la localidad de Apiate. A raíz de este hecho Maxam tuvo que pagar una millonaria multa al Gobierno de Ghana.
Fuente: Euro NewsFuente: Oyerepa News
El riesgo del mercado negro de explosivos
Este caso adquiere una dimensión aún más sensible debido a las constantes alertas regionales sobre el desvío de explosivos hacia circuitos asociados a la minería ilegal e informal. Existe el riesgo de que parte de la producción de explosivos fabricados y almacenados en La Joya termine alimentando el circuito ilegal.
Minería ilegal en Bolivia
En Perú y Bolivia, nombres de empresas del rubro explosivo han aparecido reiteradamente en incautaciones relacionadas con minería ilegal e informal, evidenciando las enormes dificultades que existen para controlar el destino final de estos materiales altamente peligrosos.
Entre 2020 y 2023, el Ministerio de Defensa de Bolivia decomisó 1.300 kilogramos de nitrato de amonio (ANFO) de una marca peruana. Además, fueron incautados 520 kilogramos de dinamita de la marca Maxam Fanexa. El antecedente resulta especialmente delicado considerando que el Perú enfrenta un crecimiento sostenido de la minería ilegal y del tráfico clandestino de explosivos.
En medio de este contexto, crecen las dudas sobre si realmente existen las condiciones para que opere la planta de explosivos de Maxam en La Joya.
Los antecedentes que hemos descrito bien nos hacen pensar que vale la pena revisar con mayor interés de las autoridades el impacto que podría tener en la seguridad de cientos de familias que habitan esta zona agrícola con crecimiento exponencial y proliferación de invasiones.
[NOTA] En la III Asamblea Nacional de Delegados del SUTEP, la profesora Olga Morán, presidenta del Directorio de Derrama Magisterial, anunció ante los representantes de todas las bases del país la reducción de la Tasa de Costo Efectiva Anual (TCEA) para los docentes que accedan a préstamos a través de su unidad DM Créditos.
Olga Morán, presidenta del Directorio de Derrama Magisterial, anunció reducción de intereses y nueva red de salud.
Con la reducción anunciada, un docente que antes pagaba una TCEA cercana al 23%, a partir de ahora contará con una tasa aproximada al 15%. Esta disminución es producto de un análisis técnico y responsable con el fin de garantizar la rentabilidad del fondo previsional y controlar el nivel de riesgo del portafolio de créditos, manteniendo niveles de morosidad adecuados.
La nueva TCEA de DM Créditos, que hoy cuenta con una cartera saneada (3.5% de morosidad), favorece a los maestros que anteriormente pagaban aproximadamente un 6% promedio destinado al Fondo Solidario y entre un 1.5% (para docentes nombrados) y un 2.5% (para contratados) en gastos administrativos. Con la nueva TCEA, el porcentaje promedio ponderado que se cobra por fondo solidario es de 0.5% y se han reducido los gastos administrativos a solo S/ 7 mensuales.
“Esta es una medida que favorece principalmente a los docentes con buen historial de pago”, señaló Morán al momento de rendir cuentas ante la Asamblea como representante del SUTEP en el Directorio de Derrama Magisterial.
“Asimismo, permitirá la compra de deuda de cualquier entidad financiera, para que nuestros afiliados puedan dejar créditos más caros en otras instituciones”, expresó.
Cabe mencionar que DM Créditos ya no cobrará estos conceptos a quienes prepaguen sus préstamos.
Del mismo modo, la presidenta de Derrama Magisterial anunció la implementación de DM Salud, una red de clínicas destinada a ofrecer una atención de calidad, rápida, humana y económica para los maestros, con un enfoque en prevención y seguimiento.
Esta operación, que cuenta demandará una inversión inicial, cuyo retorno se producirá en cinco años, comenzará a operar este año con un local de treinta consultorios en Lima Norte y, posteriormente, otro en el sur de la capital. Seguidamente, se implementará un centro de salud integral para continuar con su expansión a las regiones.
Los representantes del SUTEP en el Directorio y Consejo de Vigilancia de Derrama Magisterial estuvieron presentes en la III Asamblea Nacional de Delegados.
DM Salud ofrecerá servicios de consulta, laboratorio, exámenes y farmacia. Además, mediante una tarifa diferenciada, se subvencionarán las atenciones a los docentes gracias al servicio al público en general. De este modo, la atención para los afiliados a Derrama Magisterial, sus familiares directos y los docentes cesantes tendrá un costo promedio de S/ 50 (consulta, laboratorio y medicina).
Derrama Magisterial es una exitosa entidad de previsión y bienestar social administrada por maestros y cuenta con un patrimonio superior a los S/ 3,000 millones. La actual administración ha adoptado mecanismos para garantizar su sostenibilidad y asegurar la rentabilidad para sus afiliados. Es un modelo de economía solidaria referente a nivel nacional e internacional, como quedó demostrado en los Premios a las Buenas Prácticas organizados recientemente por la Asociación Internacional de la Seguridad Social en São Paulo (Brasil).
Medidas se tomaron en cumplimiento de acuerdos con las bases a nivel nacional.
[NOTA] El reciente colapso de 13 horas en la autopista Ramiro Prialé no es solo un accidente de tránsito; es el síntoma de una gestión metropolitana que construye puentes monumentales pero ignora la realidad industrial del siglo XXI.
Parece una ironía del destino. En el último año, Lima ha visto la culminación de obras críticas que dormían el sueño de los justos: un puente de 600 metros que conecta la antigua Prialé con la nueva zona hacia Chaclacayo, y la habilitación de los puentes Santa Clara, Morón y Ñaña. Sin embargo, hace apenas unos días, la vía quedó paralizada por más de diez horas. ¿Cómo es posible que con más infraestructura tengamos el mismo caos? La respuesta es tan simple como escasa en la administración pública: sentido común.
El tramo de Huachipa ha dejado de ser la zona campestre de los años 80 para convertirse en el epicentro industrial más grande del país. Gigantes como la Refinería de Cajamarquilla, Gloria, Brahma o Shalom operan allí, movilizando miles de unidades de carga pesada diariamente. Pero la infraestructura no ha evolucionado con la economía.
EL DIAGNÓSTICO: Obligar a un tráiler de 30 toneladas a dar una vuelta en «U» en una vía de alta velocidad para ingresar a avenidas principales como Los Tucanes o Los Laureles es, técnicamente, un suicidio logístico.
Hoy, la Prialé en este sector no funciona como una vía rápida, sino como una arteria de tráfico industrial pesado. La falta de accesos directos y de carriles de desaceleración técnicos convierte cada intento de ingreso en una ruleta rusa.
La solución no requiere de presupuestos astronómicos, sino de ingeniería de gestión. Se necesitan inversiones quirúrgicas: accesos directos a las avenidas principales con semaforización inteligente y sincronizada, y una fiscalización electrónica rigurosa que controle a los «correlones», emulando el orden de la Av. Gambetta en el Callao.
Finalmente, el proyecto debe ser ambicioso en su capacidad. Mantener solo dos carriles por sentido es condenar al Cono Este al embotellamiento perpetuo. La urgencia de un tercer carril es matemática, no estética. El alcalde que logre entender que la logística urbana se resuelve con fluidez y no solo con metros cúbicos de cemento, será quien realmente pase a la historia.
