Congreso

[La columna deca(n)dente] Mediocres y corruptos

La política atraviesa uno de sus periodos más oscuros y desalentadores. En una democracia saludable, el Congreso debería ser un bastión de integridad y responsabilidad, un lugar donde se legisla en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas, se vela por la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia. Sin embargo, la coalición de facto (Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Perú Libre, Avanza País, entre otros partidos) lo ha convertido en un espacio donde priman los intereses particulares e incluso criminales sobre el bien común. La degradación del Congreso es evidente en cada sesión, en cada voto, en cada decisión que favorece a unos pocos a costa de la mayoría.

Asimismo, son cada vez más visibles los escándalos que involucran a congresistas en actividades ilícitas. La impunidad es la norma y los esfuerzos por desenmascarar y sancionar a los corruptos se ven obstaculizados por aquellos que deberían liderar la lucha contra la corrupción. En este contexto, los ciudadanos se sienten cada vez más desprotegidos y desilusionados con un sistema que parece diseñado para beneficiar a los corruptos y perjudicar a los honestos.

La mediocridad, por su parte, reina en el recinto congresal. La falta de preparación y conocimiento de muchos de los congresistas es alarmante e indignante. En lugar de debates informados y decisiones bien fundamentadas, asistimos a espectáculos grotescos de ignorancia y demagogia. La calidad del discurso político ha descendido a niveles preocupantes, y las políticas públicas se diseñan más por conveniencia que por evidencia. Este desprecio por la excelencia y el conocimiento no solo afecta la calidad de la legislación, sino que también envía un mensaje desalentador a la ciudadanía: que en el país, la mediocridad es aceptable y hasta celebrada.

Este panorama es desolador en un momento en que el país celebra su Bicentenario. En lugar de reflexionar sobre los logros y desafíos de nuestra historia, nos enfrentamos a una realidad en la que los valores y principios democráticos han sido socavados. La falta de una visión clara y un proyecto de país que incluya a todos los peruanos es evidente. En lugar de avanzar hacia un futuro más justo y equitativo, nos encontramos atrapados en un ciclo de corrupción y mediocridad, en el cual la democracia presenta serias deficiencias en cuanto a la equidad y la justicia social. Por ello, tiene la obligación moral y ética de responder prioritariamente a los sectores más vulnerables y marginados de la sociedad, quienes se encuentran en una situación de precariedad y carecen de acceso a condiciones de vida dignas y al ejercicio pleno de sus derechos.

Es imperativo que los ciudadanos tomen conciencia de esta situación y actúen en consecuencia en todos los espacios posibles. La apatía y el desinterés solo alimentan este estado de cosas. La construcción de una democracia sólida y efectiva requiere la participación activa de cada uno de nosotros. Solo así podremos romper con la cadena de corrupción y mediocridad que nos ha mantenido cautivos durante tanto tiempo.

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[Agenda País] Al día de hoy, ya son 31 organizaciones políticas oficialmente inscritas para participar en las elecciones presidenciales del 2026, más otras 19 que están en el proceso y que podrían sumarse a esta lid electoral.

Con el vencimiento el último viernes 12 de julio del plazo para afiliarse a los partidos para poder integrar las planchas presidenciales y ser candidato a una de las cámaras del parlamento, se ha iniciado el proceso electoral.

No ha sido sorpresa alguna la cantidad de movidas políticas con renuncias, afiliaciones, transfuguismo en el congreso, acomodos y renacimientos de políticos olvidados que han confirmado la informalidad y la poca ética de quienes manejan y manejarán los destinos del Perú.

Es una vergüenza que se permita a los congresistas cambiarse de bancada como si fuera ropa interior y una falta de respeto a los electores que votaron por cada uno de ellos dentro de un partido político. Dentro de la inconclusa reforma electoral falta una que prohíba el transfuguismo y que la renuncia a una bancada signifique el desafuero del congresista y su reemplazo por el accesitario. Pero las leyes las hacen los congresistas…

Luego de este reacomodo, lo que debería esperarse de los verdaderos líderes políticos es, por un lado, trabajar a la interna de sus organizaciones para canalizar las demandas de la población en planes de gobierno humanos y factibles, así como en la formación de cuadros que puedan implementar esos planes en políticas públicas efectivas. 

Por el otro lado, y si los egos pueden ceder a la visión de un Perú mejor, sería saludable para la democracia el encontrar consensos entre varias fuerzas políticas para realmente ser una opción viable, con mayoría relativa en el parlamento y no estar al filo de la navaja de la censura o incluso, de la vacancia.

¿Será mucho pedir?

Si tomamos en cuenta la historia política reciente pareciera un imposible que dos partidos o más se puedan unir para crear un frente político con miras a las elecciones del 2026. De hecho, para las elecciones del 2021, la única alianza PPC-APP se cayó por las infames declaraciones que Marisol Perez-Tello hizo de César Acuña, y cuyo audio fue convenientemente filtrado por sabe Dios quien.

Aun con nuestro historial caudillista, la multiplicidad de cacicazgos llamados partidos políticos y la polarización de los argumentos, se encuentran ciertos signos de esperanza en que algunas fuerzas políticas puedan encontrar puntos en común y formar alianzas con acuerdos pragmáticos.

Un ejemplo de ello son las constantes declaraciones de Carlos Añaños haciendo un llamado a la unión de los lideres políticos, otro es Rafael López-Aliaga quien también está buscando aliados, también el nuevo PPC con Carlos Neuhaus a la cabeza está abierto a confluencias e incluso hasta Keiko Fujimori, que, habiendo lanzado a su padre de candidato presidencial, no descarta ir en alianza.

También, por el lado oscuro, ya hay una alianza del mal entre Antuaro Humala y Veronika Mendoza, a la cual habrá que enfrentarse en las urnas para que no aprovechen de la democracia para luego destruirla.

Parece que falta mucho para el 2026, pero el tiempo pasa volando. Más temprano que tarde veremos quienes son los verdaderos lideres en los cuales la población debería confiar su voto, que más que una cédula electoral, es una entrega de esperanza a quienes manejarán los destinos de nuestro país. Tremenda responsabilidad.

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2026, Antauro Humala, caciques, Carlos Añaños, Carlos Neihaus, caudillos, Congreso, Elecciones, Keiko Fujimori, Marisol Pérez Tello, Partidos políticos, Rafael Lopez Aliaga, transfuguismo

[La columna deca(n)dente]

La reciente aprobación de dos polémicos proyectos de ley por parte de la Comisión Permanente del Congreso ha desencadenado una seria preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Estos proyectos han sido objeto de críticas por parte de analistas y diversos sectores de la sociedad debido a las implicaciones profundas que podrían tener para la democracia y el Estado de derecho en el país.

El primer proyecto de ley ha generado controversia al limitar la aplicación del concepto de crimen organizado únicamente a delitos que generan valor económico, como el narcotráfico, excluyendo delitos como el sicariato, la extorsión, la tortura y el asesinato. Esta restricción debilita la capacidad del sistema judicial para enfrentar eficazmente la criminalidad violenta y organizada, poniendo en riesgo la seguridad pública y la confianza de los ciudadanos en las instituciones estatales.

Por su parte, el segundo proyecto de ley es igualmente alarmante al declarar prescritos los crímenes considerados de lesa humanidad cometidos antes del 2003. Esta medida va en contra de los compromisos internacionales asumidos por Perú al suscribirse tanto al Estatuto de Roma como a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Delitos de Lesa Humanidad, que establecen la imprescriptibilidad de tales crímenes. El proyecto de ley aprobado niega a las víctimas de estas atrocidades su derecho fundamental a la justicia, la verdad y la reparación, beneficiando de manera directa a Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y el grupo Colina, entre otros, así como a los subversivos de Sendero Luminoso y del MRTA.

La aprobación de estos proyectos refleja un preocupante panorama político donde las diferencias ideológicas y partidarias parecen diluirse frente a intereses particulares y la protección de organizaciones criminales. Partidos como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Acción Popular, Perú Libre, entre otros, han mostrado una convergencia nada sorprendente al respaldar medidas que debilitan gravemente el Estado de derecho y el bienestar de la ciudadanía en general.

El impacto de estas leyes va más allá de sus implicaciones inmediatas; amenaza con socavar los pilares fundamentales sobre los que se sustenta la democracia peruana. El debilitamiento del sistema judicial y la posible consolidación de la impunidad podrían generar un clima de desconfianza y desesperanza entre los ciudadanos, afectando la estabilidad política y social del país a largo plazo.

Quienes hoy legislan, embriagados de poder, creen que pueden hacer lo que quieran, olvidando que el poder es efímero y que tarde o temprano pagarán por sus fechorías. Esta arrogancia y desmesura en el ejercicio del poder no solo pone en riesgo la estabilidad política, sino que también amenaza los cimientos mismos de la democracia y el Estado de derecho. La historia ha demostrado repetidamente que el abuso de poder y la corrupción inevitablemente conducen a la caída de aquellos que creen estar por encima de la ley y la justicia.

Ante este escenario, es imperativo que los ciudadanos, la sociedad civil, los partidos políticos democráticos y la comunidad internacional estén alertas y actúen de manera decidida para defender el Estado de derecho y los derechos humanos en el país. La resistencia activa y la presión constante sobre el Congreso para revertir estas leyes son cruciales para evitar retrocesos irreversibles y asegurar un futuro justo, fraterno y equitativo para todos y todas. 

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Hace pocas semanas, y luego de una estrepitosa derrota en las elecciones del parlamento europeo, el presidiente francés, Emmanuel Macron, disolvió constitucionalmente el congreso y convocó a elecciones congresales cuya primera vuelta se realizó el pasado domingo 30 de junio.

El otrora Front National-FN (Frente Nacional), partido de extrema derecha fundado por Jean Marie Le Pen, vio cómo bajo el liderazgo de su hija, y varias veces candidata a la presidencia, Marine Le Pen, el partido, bajo el nuevo nombre de Rassemblement National-RN(Encuentro Nacional), tomaba un aire menos radical y un lenguajetambién menos agresivo, aunque siempre manteniendo su bandera nacionalista y anti inmigracionista.

Con su nueva estrella Jordan Bardella, de tan solo 28 años, el RN ganó en la primera vuelta de las elecciones congresales con poco más de 33%, seguido por la unión de las izquierdas en el Front Populaire-FP ( Frente Popular) con 28%, tercero un demacrado partido Macronista, Ensemble (Juntos) con 21% y cuarta, una unión de derecha con 10%,que para simplificar llamaremos Les Républicains-LR ( Los Republicanos).

La manera de elegir congresistas en Francia requiere de la mayoría delos votos en cada distrito electoral uninominal para ser declarado ganador. Si no es el caso, se va a segunda vuelta, una semana después, con aquellos candidatos que superaron el 12.5% de votos, por lo que,en la mayor parte de las circunscripciones, serán 2, 3 o incluso 4 candidatos a disputarse una curul. Interesante sistema para evaluarlo en el Perú, tanto para congresistas como para presidente.

Según las proyecciones, difícilmente el RN de derecha o el FP de izquierda, obtendrían la mayoría absoluta, pero es más probable que el RN, en alianza con el otro grupo de derecha, Les Républicains, puedan lograr el mágico número de 289 congresistas para que una nueva era de cohabitación se inicie en Francia. Macron se vería entonces, obligado a gobernar con un primer ministro ajeno a su partido, en este caso, el joven Jordan Bardella.

Este sistema no es extraño para los franceses, ya François Mitterrand tuvo un gobierno de cohabitación con Jacques Chirac de primer ministro, y el mismo Chirac, ya de presidente, tuvo que ceder al socialista Lionel Jospin, la formación de un nuevo gabinete.

Pero claro, la madurez de la clase política y la fortaleza de las instituciones francesas permiten que se lleve con diplomacia y concordia esta cohabitación de avanzada, moderna y casi romántica, quizá no tanto como un beso francés, pero sí como un fraterno abrazo a la francesa.

La ola nacionalista de derecha, que ya parece un tsunami que avanza por toda Europa, es consecuencia de años de imprudencia y desidia de la casta política al insistir en un supuesto estado de bienestar que fomenta la ociosidad con 2 o 3 años de subsidio al desempleo, que es indiferente ante el gasto público incontrolable por la enorme cantidad de funcionarios públicos con excelentes condiciones de empleo y que propugna una política laxa contra la inmigración ilegal.

En adición a todo lo anterior, esa casta política con careta humanista, ha permitido que se instale en territorio europeo extremistas religiosos que no solamente no se integran a la sociedad, sino que, además, al tratar de imponer su religión, reacciona y ha reaccionado con violencia terrorista inusitada matando cientos de ciudadanos inocentes en varios países de ese continente.

El sistema de bienestar europeo cumplió su objetivo hasta el siglo pasado. El no entender que las sociedades clamaban por un cambio hacia una inmigración racional y controlada, a tener gobiernos más pequeños y eficientes, a fomentar la productividad y a ser inflexibles con los enemigos de la paz, fueron los detonantes de este giro haciaesta nueva Europa.

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El pleno del Congreso de Perú ha aprobado los proyectos de ley 3258, 5206 y otros, que buscan crear incentivos económicos y fiscales para fomentar las producciones cinematográficas y audiovisuales en el país. La propuesta obtuvo 84 votos a favor, 23 en contra y 6 abstenciones. Sin embargo, esta nueva ley ha sido fuertemente criticada por cineastas y colectivos del sector debido a sus implicaciones negativas para el cine regional, de autor e indígena.

Primero, sobre la reducción del Presupuesto para Cine Regional. La ley limita el presupuesto para las producciones regionales, lo cual podría afectar gravemente a las películas que relatan violaciones de derechos humanos durante la época del terrorismo. Los cineastas argumentan que esta medida reducirá los incentivos estatales en un 50% para las producciones realizadas en distintas regiones del país.

Segundo, sobre el control sobre los guiones. La nueva normativa establece que el Estado peruano deberá revisar los guiones de las producciones, lo que ha sido calificado como una restricción a la libertad creativa. Cineastas como Luis Llosa han expresado su preocupación, señalando que esto podría constituir una forma de censura. Llosa comparó la situación con países como Colombia y República Dominicana, donde el Estado no interfiere en la producción cinematográfica.

Las modificaciones a la ley, aprobada inicialmente vía Decreto de Urgencia hace dos años, han generado un rechazo generalizado entre los cineastas. Hace poco en una conferencia de prensa, aproximadamente 70 asociaciones y colectivos, junto con 700 trabajadores independientes del cine peruano, manifestaron su indignación y denunciaron que la nueva ley plantea una censura a la libre expresión y elimina los estímulos económicos a las actividades culturales.

 

Posición del Ejecutivo

La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, adelantó que el gobierno de Dina Boluarte observará la norma, ya que el Congreso no consideró las recomendaciones enviadas por su sector. Urteaga destacó la necesidad de un debate técnico sobre la modificación de la norma, con el fin de permitir a las producciones regionales la libertad de plasmar más ideas y evitar conflictos polarizados.

La medida, apoyada por legisladores como Adriana Tudela, Patricia Juárez y Guido Bellido, obtuvo 84 votos a favor, 23 en contra y 6 abstenciones. La propuesta legislativa, conocida como el ‘Proyecto Tudela’, ha sido fuertemente criticada por cineastas y organizaciones culturales que advierten sobre sus efectos negativos en la diversidad y libertad de expresión del cine peruano.

La normativa exige que el Estado revise los guiones de las producciones, lo que los cineastas consideran una forma de censura. Se teme que esto limite la libertad creativa y restrinja la diversidad de temas y enfoques en las películas peruanas. El proyecto ha sido señalado por comprometer la identidad indígena y regional del cine peruano. Las organizaciones culturales argumentan que estas medidas reducirán la representación y promoción de las culturas locales en el cine, afectando negativamente la diversidad cultural del país.

El pasado 11 de junio, cineastas peruanos como Elva Arrieta, Alberto Castro y Melina León expresaron su «indignación» durante una conferencia de prensa en Lima. Denunciaron que la nueva ley censura la libre expresión y elimina los estímulos económicos necesarios para la producción de cine, teatro, música y otras actividades culturales.

Ahora bien, en el proyecto se hace referencia a una Ventanilla Única de Autorizaciones. La creación de una “Ventanilla Única de autorizaciones de filmación”, administrada por Promperú, es otra cláusula controvertida. Los críticos argumentan que esta medida podría convertirse en un obstáculo adicional para los cineastas peruanos. Además, la eliminación de Estímulos Económicos. La propuesta limita los apoyos económicos a etapas específicas de producción, omitiendo fases cruciales como la escritura de guiones y la investigación para documentales. Esta reducción de estímulos es vista como un ataque a la libertad de creación y a la industria cultural en general.

Al cierre del informe es importante que el Legislativo reflexione sobre este proyecto y dé marcha atrás. El cine peruano pasa por un momento donde lo malo es bueno y lo pésimo es aceptable. Sin embargo, lo bueno se está quedando atrás o no se le da relevancia a la producción.

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[AGENDA PAÍS] En el Perú estamos viviendo un ataque diario a la poca institucionalidad que nos queda. 

Por un lado, nuestro menú diario, de restaurante de lujo con 3 estrellas Michelin, se compone de una entradita de denuncias constitucionales con acusaciones cruzadas, una sopita de cacicazgos electorales, un segundo bien “taipá” de ministros cuestionados por sus competencias o por sus declaraciones, copiosamente acompañado de guarniciones de congresistas que deberían asistir a los plenos en traje a raya y esposados, y de postre, periodistas politizados y agremiados en cofradías de intereses económicos. 

Por el otro lado, los ciudadanos, con menúes menos opulentos a los cuales incluso, les es difícil de acceder, observan impávidos cómo se pasan los años, tan callando, sin poder ver una luz al final del túnel y maldiciendo a ese Dios peruano del que tanto se habla pero que poco o nunca aparece.

A ese copioso menú, maloliente e indigesto, se le ha sumado una serie de declaraciones, aparentemente coordinadas, para tildar al congreso de dictador, como si el congreso fuera una sola persona, un Nicolás Maduro, que a sola mano dicta acciones sin consulta ni voto parlamentario alguno.

La señora Patricia del Río, periodista de RPP, que hace un par de años viralizó un audio donde soltaba suspiros por Vizcarra, a la vez que reconocía una relación cercana y aceptaba lo corrupto que era ese individuo, ha dicho en una entrevista con su amigo Jaime Chincha, y muy suelta de huesos, que en el Perú vivimos una dictadura congresal.

El exgobernador Mesías Guevara, aquel que junto a otros personajes se infiltraron en Acción Popular, partido al cual casi destruyen, inaugura su flamante cargo de directivo del Partido Morado para también unirse al cargamontón diciendo que “nos están llevando a una dictadura congresal”.

El recién autodenominado candidato presidencial, el rector de la UNI Alfonso López Chau, ha sido más creativo, uniéndose a la manada e instituyendo un nuevo vocablo, el de la “tiranía electiva”.

Caray, lo que pueden hacer 130 congresistas dictadores es impresionante, ¡130! ¡Record Guiness para Perú! Aplausos por favor.

¿Cuántas veces hemos reclamado al ejecutivo y al legislativo que trabajen en conjunto para lograr un mínimo de gobernabilidad para poder generar confianza y un entorno favorable a la inversión pública y privada?

Recordemos que en la época del presidente Kuczynski (PPK) con Keiko Fujimori y sus 73 congresistas, a gritos pedíamos que se pongan de acuerdo y que trabajen en conjunto por el país. Gobernabilidad pedíamos y no pasó nada. 

Bueno, sí pasó… Renunció PPK, entró Vizcarra, vacaron a Vizcarra, entró Merino, renunció Merino, entró Sagasti, llegó Castillo y se vacó solito, dejando a Dina Boluarte en la Presidencia. Entre todo este laberinto, por no haber buscado gobernabilidad y estar pensando en intereses particulares y no en el país, hemos tenido 6 presidentes en 6 años. 

Ahora parece que queremos mantener el record de 1 presidente por año vacando a Boluarte, con lo que al 2026 tendríamos 8 presidentes en 8 años. ¡Otro record Guiness! ¡Vamos Perú!

Dejemos de atacar nuestra propia institucionalidad. Hay congresistas pésimos, sí y un montón. Algunos de ellos tienen más perfil para Piedras Gordas que para la Plaza Bolívar, también. Que el ejecutivo ha demostrado ineficiencia, poca coordinación e indiferencia ante los graves problemas por los que atraviesa el país, sin duda.

Pero por ellos votamos, y si nos equivocamos, no podemos ser tan caras duras de vociferar “dictadura congresal” cuando los parlamentarios y el ejecutivo encuentran consensos que no nos gustan y por el otro, criticarlos cuando no se ponen de acuerdo porque atenta contra la gobernabilidad. 

Solo espero que la campaña presidencial del 2026, que ya está empezando, enfoque a los políticos y a la prensa en los temas de estado que deberían importarnos para luchar contra la pobreza y la anemia, para pensar en nuevas políticas públicas que aseguren una educación y una atención de salud humanas y de excelencia, para que podamos pasear por nuestras bellas ciudades y encantadores pueblos originarios con la tranquilidad de vivir en seguridad, y para así lograr un clima de paz social que es la base para el desarrollo sostenible de nuestro país.

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El título de la canción de la legendaria banda de rock «Los Saicos» es «Demoler». Una de sus estrofas dice: «Demoler, demoler, echemos abajo la estación del tren». Quizás este estribillo, junto con la frase pronunciada por Fujimori el 5 de abril de 1992, «Disolver, disolver…», ha sido fuente de inspiración y guía para los congresistas de Keiko Fujimori, César Acuña, López Aliaga, Vladimir Cerrón y otros, para demoler la democracia y concentrar poder. Para lograrlo, tomaron por asalto, en sentido figurado, el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.

El control del Congreso sobre el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo genera un desequilibrio de poderes y erosionar las prácticas democráticas. Este hecho puede tener consecuencias significativas para el sistema democrático, incluyendo el debilitamiento del Ejecutivo, la subordinación del Tribunal Constitucional y la pérdida de relevancia de la Defensoría del Pueblo.

En las democracias modernas, la separación de poderes es un principio fundamental diseñado para evitar que una sola rama del gobierno tenga demasiado poder y pueda actuar de manera arbitraria. Sin embargo, cuando un Congreso controla múltiples ramas del gobierno, puede ser un indicio de tendencias autoritarias. Este control puede llevar a la implementación de agendas particulares en contra del bienestar general, la modificación de la Constitución y la represión de la oposición política, lo que tiene un impacto significativo en la gobernabilidad y la estabilidad institucional.

Un Congreso que controla al Ejecutivo puede hacer que este último pierda su independencia y no pueda actuar como un verdadero contrapeso a las acciones del Legislativo. El Congreso puede influir en las decisiones del Ejecutivo, limitando su capacidad para implementar políticas y programas de gobierno de manera efectiva y autónoma. De igual modo puede bloquear o retrasar iniciativas del Ejecutivo, impidiendo la ejecución de políticas públicas necesarias para el desarrollo del país.

Un Tribunal Constitucional bajo control del Congreso puede perder su independencia y no poder actuar como un verdadero contrapeso a las acciones del Legislativo. Esto puede llevar a la aprobación de leyes arbitrarias sin el freno de un Tribunal Constitucional independiente. Sin un Tribunal Constitucional independiente, la rendición de cuentas y el escrutinio de las acciones del Legislativo pueden verse seriamente comprometidos. Esto abre la puerta a un mayor abuso de poder y falta de transparencia.

Otro de los riesgos más graves de un Congreso todopoderoso es la capacidad de modificar la Constitución para cambiar las reglas del juego democrático. La Constitución es la norma suprema que establece las reglas fundamentales de la organización y el funcionamiento del Estado. Alterarla de manera arbitraria puede desestabilizar el sistema político y erosionar los fundamentos de la democracia. La modificación constitucional, por tanto, puede ser la herramienta definitiva para transformar una democracia en un régimen autoritario.

Asimismo, la represión política es una señal clara de tendencias autoritarias. Cuando el Congreso utiliza su poder para perseguir a aquellos que se oponen a sus políticas o critican su gestión, se mina uno de los pilares fundamentales de la democracia: la libertad de expresión y el derecho a la oposición política. Sin una oposición robusta, el camino queda libre para la consolidación de un poder absoluto.

La concentración de poder en el Congreso es una amenaza latente para nuestra democracia. Implementar agendas particulares, reprimir la oposición política y modificar la Constitución son señales claras de una deriva autoritaria que tiene un impacto profundo en la gobernabilidad y la estabilidad institucional. Es fundamental que existan mecanismos de pesos y contrapesos que limiten el poder de cualquier rama del gobierno, asegurando que ninguna entidad pueda dominar el escenario político de manera absoluta.

¿Qué nos queda? La acción colectiva de ciudadanos y ciudadanas, de partidos políticos democráticos para contrarrestar la demolición de nuestra democracia. En última instancia, la fortaleza de una democracia se mide por su capacidad para resistir la concentración de poder congresal y garantizar que todas las voces sean escuchadas y consideradas en el proceso de toma de decisiones.

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En un mundo absurdamente paralelo, donde la frivolidad y la corrupción reinan con desparpajo, la política peruana se ha convertido en una telenovela de lujo digna de un Oscar. La protagonista de este drama, la presidenta DB, más que una lideresa, parece una figura decorativa exquisitamente adornada con joyas, movida por los hilos invisibles de su titiritera principal, K. Mientras tanto, la democracia, esa paciente en cuidados intensivos, agoniza bajo los estragos de un Congreso que actúa como el villano principal de esta tragicomedia, con la complicidad silente de un público que parece disfrutar del espectáculo.

Desde su malhadado ascenso al poder, DB ha dejado claro que sus prioridades brillan tanto como sus diamantes. ¿Cientos de miles de peruanos víctimas de delitos durante su mandato? Para ella, son simples números que no alteran su ostentoso estilo de vida, más parecido al de una reina de la farándula que al de una mandataria. Lo verdaderamente importante es la liberación de N, el primer hermano de la nación, celebrada con un entusiasmo que roza la histeria por DB y sus allegados. Porque, al fin y al cabo, ¿qué es el bienestar de un país comparado con el bienestar de la familia presidencial y su séquito de aduladores?

DB parece tener un don especial para utilizar el poder del Estado con un propósito verdaderamente noble: mantener a su familia lejos de las garras de la justicia. La dedicación a su familia es inquebrantable, al igual que su descaro para obstruir la justicia. Desde intentar sobornar a coroneles probos hasta desmantelar equipos policiales anticorrupción, su compromiso con la impunidad es realmente admirable.

Dedicación inquebrantable que brilla por su ausencia a la hora de gobernar. Si alguna vez hubo un gobierno más desorientado que el de DB, es difícil de imaginar. Su administración, incapaz de abordar los problemas más sentidos del país, parece estar más interesada en salvar su propio pellejo y enriquecerse a costa de “préstamos” oportunos de joyas, relojes y diamentes. La delincuencia y la pobreza son apenas detalles menores cuando hay que asegurarse de que los familiares y socios políticos estén bien protegidos y cómodos. Y si de pobreza se trata, se puede intentar evitar que el INEI publique cifras de pobreza, porque, claro, son malas noticias que podrían arruinar la falsa atmósfera de prosperidad que pretende mostrar. Nada mejor que un poco de censura para mantener las apariencias de que el país anda estable rumbo a la OCDE, mientras la pobreza aumenta sostenidamente. 

En medio de este teatro del absurdo, los partidos políticos democráticos, los que no forman parte de la coalición corrupta que sostiene a DB, deberían actuar con más decisión, o al menos fingir que lo hacen. Es urgente que ofrezcan alternativas, cursos de acción posibles, no solo para mantener las apariencias, sino para rescatar al país del marasmo en el que se encuentra. La descarada manipulación de las instituciones por parte de DB y su séquito, de sus aliados congresales, no puede pasar desapercibida. Es hora de que los partidos demuestren que están aquí para algo más que ser meros «vientres de alquiler».

Así que, estimados partidos, este es su momento de brillar, o al menos de intentar hacerlo. Demuestren que son mucho más y están a la altura de las circunstancias que demanda el país, o al menos que pueden fingir que lo están. Tracen una hoja de ruta clara y viable que nos saque de este lío, o al menos que parezca que lo están haciendo. La renuncia de DB, seguida de una transición bien organizada, podría ser el primer paso, pero no el único. ¡Vamos, sorpréndannos con su capacidad para liderar y construir un futuro mejor para el Perú!

El reloj sigue avanzando, y con él, la necesidad de acciones decisivas, o al menos de fingir que se toman. Porque, después de todo, si no es ahora, ¿cuándo? ¡Tic, tac, partidos políticos el tiempo corre! ¡No nos defrauden!

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En los rincones más oscuros del gobierno peruano, se está tejiendo una telaraña de corrupción y abuso de poder que amenaza con deshilachar por completo el tejido democrático del país. Cada nuevo episodio de delito y manipulación que emerge desde los pasillos del poder ejecutivo es como un golpe más a la débil estructura de la democracia peruana.

La reciente detención preliminar del hermano de la presidenta del país, junto con su abogado, es solo el último capítulo en una saga de delitos y manipulaciones que han corroído las bases de la sociedad peruana. Desde la presunta participación en organizaciones criminales hasta la obstrucción de la justicia, la presidenta y los congresistas de Fuerza Popular, Alianza para el Progresos, Renovación Popular y Perú Libre, entro otros, han convertido el ejercicio del poder en una trama retorcida de intereses particulares y enriquecimiento ilícito.

Dina Boluarte, la presidenta en el ojo del huracán, ha sido señalada repetidamente por su complicidad en actos que van desde la venta de cargos públicos hasta la manipulación de instituciones para su beneficio personal. Pero la corrupción no se limita al ejecutivo. El Congreso, lejos de ser un contrapeso efectivo, se ha convertido en cómplice de esta demolición de la democracia.

La manipulación de procesos judiciales, la destitución arbitraria de funcionarios públicos y la obstrucción de la justicia son solo algunas de las tácticas utilizadas por los legisladores para proteger sus propios intereses y mantener su control sobre el poder. Incluso el sistema judicial ha sucumbido ante las presiones políticas, perdiendo su independencia y viéndose influenciado por el poder político.

Pero la tragedia más grande es que el pueblo peruano parece estar dormido ante esta pesadilla que se desarrolla a su alrededor como bien lo señala Juliana Oxenford en su columna de opinión. Mientras los que hoy gobiernan y legislan se enriquecen y consolidan su poder, millones de peruanos sufren las consecuencias de la corrupción y el abuso de poder en forma de pobreza y desigualdad.

Es hora de despertar y enfrentar esta crisis con determinación y valentía. La democracia peruana está en juego, y solo una ciudadanía activa y comprometida junto a verdaderos partidos democráticos pueden detener su colapso. Es necesario exigir transparencia, rendición de cuentas y respeto por el Estado de derecho. Solo así podremos evitar que la corrupción y el autoritarismo sigan minando los cimientos de nuestra sociedad.

La historia ha demostrado que la democracia es frágil y vulnerable. Depende de cada uno de nosotros, protegerla y defenderla. El futuro de nuestro país depende de nosotros, y solo juntos podemos construir un país donde reine la justicia, la igualdad, la fraternidad y la libertad para todos sus ciudadanos y ciudadanas. Porque esta “waykiKracia” no es democracia.

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