Congreso

En el entramado político actual, se está gestando un escenario que parece haber sido escrito por un dramaturgo del absurdo. Los personajes (presidenta, primer ministro, ministros, gobernadores regionales y congresistas), enredados en una madeja de contradicciones y mentiras, se contorsionan en un grotesco baile de marionetas. Desde las controvertidas declaraciones de la presidenta Dina Boluarte ante la fiscalía sobre el origen de los Rolex y otras joyas, hasta las peculiares respuestas de Gustavo Adrianzén a la prensa nacional y extranjera, pasando por las respuestas de algunos ministros y ministras en defensa de la mandataria, la escena política nacional se asemeja cada vez más a un circo de variedades.

Vivimos una tragicomedia donde la risa se transforma en una mueca amarga al darnos cuenta de que quienes ostentan el poder no son más que una caricatura de líderes, una farsa de gestores públicos, un amago de legisladores sin los conocimientos ni las competencias necesarias para legislar y gobernar bien. Es desalentador ver cómo la democracia es socavada por grupos de ineptos que difícilmente serían considerados aptos para actuar como extras en una producción de muy bajo presupuesto.

Tarde o temprano, el gobierno de Dina Boluarte implosionará. Mientras implosiona es importante que los partidos políticos democráticos, no los que la defienden a rajatabla, se preparen para enfrentar tal situación. Esta debacle no será simplemente el resultado de la incompetencia y los indicios razonables de corrupción durante su administración, sino también un reflejo del deterioro generalizado de las instituciones democráticas en nuestro país producto del asedio de fuerzas anti democráticas. Las fisuras en el sistema político se han vuelto demasiado evidentes como para ignorarlas, y la ciudadanía está cada vez más desencantada y desconfiada de aquellos políticos y partidos que supuestamente deberían representar sus intereses.

En medio de esta crisis, es fundamental que los partidos políticos se unan en un frente común para restaurar la confianza en el sistema democrático y ofrecer una alternativa creíble y responsable al caos que dejará el gobierno de Boluarte. Esto implica no solo la articulación de propuestas y políticas coherentes, sino también el compromiso de reconstruir las instituciones desde cero si es necesario y retomar las reformas que fueron dejadas de lado. Además de un desprendimiento de aquellos dirigentes y dirigentes políticas casi nunca visto en la política nacional. La tarea no será fácil ni rápida, pero es imperativa si queremos evitar que el país caiga en un abismo de autoritarismo y despotismo. ¿Se imaginan una coalición democrática integrada por Jorge Nieto, Susel Paredes, Alfonso López Chau e Indira Huilca? 

Por último, en tiempos de crisis política, la prensa juega un papel fundamental: ser vigilante y comprometida con la verdad. Informar y cuestionar al poder son tareas esenciales para fortalecer la democracia y promover la responsabilidad y transparencia en la sociedad. A esta crucial tarea se suma, desde hoy y desde su Bunker, Juliana Oxenford. ¡Bienvenida!

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Coalición Democrática, Congreso, Dina Boluarte, Partidos políticos

Sudaca conoció en exclusiva los detalles del polémico caso de un asesor del Congreso que ha estaría por ser despedido debido a tener opiniones distintas a los grupos políticos que son mayoría.

Con la interminable crisis política que padece el país, no resultó impactante que el porcentaje de desaprobación a la labor parlamentaria sea considerablemente alto incluso cuando los congresistas no habían cumplido ni medio año en el cargo. El paso del tiempo no logró que, al menos para la mayoría de peruanos, la imagen del Legislativo experimente una mejora y, por el contrario, cada vez son menos puntos los que los separan del 100% de desaprobación en las diferentes encuestas que han realizado.

Sin embargo, quizá ante la necesidad de mejorar la imagen para que los partidos políticos que representan puedan mejorar sus posibilidades de tener apoyo en las urnas en las próximas elecciones, el Congreso parece haber emprendido una campaña para levantar la imagen del Legislativo. Aunque los métodos que parecen haber elegido no serían los más eficaces ni democráticos.

Sudaca conoció los detalles del caso de Diego Alonso Pomareda Muñoz, quien se desempeña como asesor de la congresista Flor Pablo y estaría a pocas semanas de ser despedido como parte de una venganza por haber realizado publicaciones en las redes sociales en las que cuestiona el accionar de algunas bancadas.

PROHIBIDO OPINAR

 Diego Pomareda empezó a trabajar en el Congreso hace cinco años con la Bancada Liberal junto a congresistas como Alberto De Belaunde y Gino Costa, y se sumó al equipo de Zenaida Solís para el siguiente periodo. Durante estos años, Pomareda, quien es abogado constitucionalista y profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), no tuvo ningún proceso disciplinario en su contra ni se vio involucrado en algún tipo de situación irregular.

“Uno tiene que cumplir requisitos. A mí me piden tres años de experiencia profesional y una maestría. En función a eso puede solicitar la contratación”, relata Pomareda a Sudaca con respecto a su llegada al cargo de asesor de la congresista Flor Pablo. Sin embargo, lo que había sido una trayectoria sin problemas estaba a punto de cambiar. 

“Me entero el 15 de marzo cuando me llega una notificación que me quieren despedir”, cuenta. En el documento que llegó a su domicilio le informaban que se iniciaba un procedimiento administrativo disciplinario por una falta grave y tenía cinco días hábiles para presentar sus descargos.

  Cristian Rebosio

 

Para Pomareda Muñoz esta información resultaba desconcertante e inesperada. Pero en las siguientes hojas de estos documentos se enteraría del extraño criterio que usaba el área de recursos humanos del Congreso para sancionarlo. La razón por la que habían considerado pertinente tomar esta decisión se debía a publicaciones en una red social.

Tal como se puede observar en la siguiente imagen, la razón de esta medida eran tuits en los cuales Pomareda Muñoz expresaba una postura crítica con las decisiones que venían tomando una mayoría en el hemiciclo. 

Cristian Rebosio

En los diez tuits que eran incluidos en el informe al que Sudaca tuvo acceso, los temas sobre los que Pomareda se pronunciaban tenían relación con temas como la Sunedu, la Junta Nacional de Justicia o su desacuerdo con las votaciones.

Cristian Rebosio

“Los tuits son de agosto a noviembre del año pasado y se han esperado hasta marzo para notificarme que me han iniciado un proceso disciplinario. Me da la impresión que esta arma ya la tenían cargada”, señala el asesor de Flor Pablo.

Cristian Rebosio

No obstante, pese a que las publicaciones citadas no atacaban al Congreso como institución sino representaban la opinión de Pomareda Muñoz, el Departamento de Recursos Humanos decidió iniciar el procedimiento administrativo disciplinario alegando que había incumplido con salvaguardar la imagen institucional del Congreso.

Cristian Rebosio

“Tengo el derecho a la libertad y la naturaleza de mi trabajo es política. Yo defiendo la postura del despacho en que trabajo porque creo en sus ideas y principios”, cuestiona Diego Pomareda y agrega “me han dicho que yo he afectado la dignidad parlamentaria y he afectado el deber de proteger al Congreso. Pero eso me suena que tengo que ser cómplice o callarme con cosas que veo y no están bien”.

Pero esta insólita decisión tendría a un responsable que sería el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno Flórez. Tal como se puede apreciar en el siguiente documento del noviembre del año pasado, fue Forno Flórez quien envió a Carlos País Vera, jefe del Departamento de Recursos Humanos, las capturas de las publicaciones que Pomareda hizo en sus redes sociales.

Cristian Rebosio

“Vamos a tener una oficina de recursos humanos para evaluar a cada uno de los asesores de la oposición viendo cómo actúan o qué dicen, y eso es antidemocrático por donde se le vea”, comenta Pomareda a Sudaca y advierte que considera que lo más probable es que en aproximadamente veinte días sea despedido porque, aunque ha dado su descargo, “esto no se trata de razones sino de un ataque político”.

Aunque para Pomareda su destino ya está escrito, no deja  de sorprenderle el accionar de algunas bancadas ante lo que considera un atropello. “Me sorprende que bancadas como las de Avanza País estén calladas ante este tipo de atropellos, porque supuestamente defendían una agenda liberal y la libertad de expresión es un pilar fundamental de este liberalismo. Están asumiendo un rol de cómplices”, explicó.

DOBLE VARA

Pero existen otros detalles que llaman la atención con respecto a este caso. Casualmente, otras personas que actualmente se desempeñan como asesores han tenido expresiones agresivas en redes sociales sin recibir ningún tipo de sanción por ello. Uno de ellos es el caso de Martha Chávez, la excongresista de Fuerza Popular que actualmente se desempeña como asesora y se ha pronunciado en redes sociales con acusaciones a colegas congresistas como Sigrid Bazán y Flor Pablo.

Cristian Rebosio

Pese a que sus publicaciones no estaban respaldadas en argumentos técnicos sino en sospechas y hasta teorías conspirativas, la exparlamentaria fujimorista no recibió ningún tipo de sanción ni proceso disciplinario, como sí ha ocurrido con Diego Pomareda.

Cristian Rebosio

El vergonzoso porcentaje de desaprobación del Congreso justifica que se tomen medidas urgentes para mejorar la imagen de uno de los poderes del Estado. Sin embargo, si las medidas implican atentar contra la libertad de expresión e instalar una dictadura en la cual sólo pueden pronunciarse quienes estén a favor de los partidos políticos que son mayoría en el hemiciclo, no sorprendería que en la próxima encuesta estén más cerca del 100% de desaprobación.

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Congreso, diego pomareda, Flor Pablo

Abog. Miguel Ángel Ferreyra 

La dictadura apareció en la Roma republicana como una institución de carácter excepcional, mediante la cual se entregaba transitoriamente el poder absoluto a un ciudadano, para salvar a la república de sus enemigos. Una vez alcanzado el objetivo el ciudadano devolvía el poder y regresaba a sus anteriores ocupaciones. La dictadura entonces, en aquellos tiempos plasmaba una ética política y un ideal de civismo en momentos críticos para la supervivencia de la sociedad y del Estado. Aunque el investido como dictador poseía el derecho de vida y muerte sobre sus semejantes, su ejercicio se vinculaba a la clara conciencia de un fin estrictamente necesario para el bien común. Posteriormente, esta figura fue instrumentalizada para el logro de objetivos ajenos a la defensa de la república, y evolucionó hacia la órbita del autoritarismo y tiranía, y durante el siglo XX se consolidó su vinculación con el militarismo, de modo tal que prácticamente casi todas las dictaduras fueron implantadas con la iniciativa y/o apoyo del sector militar. 

En la actualidad encontramos en la política peruana la última fase de evolución de la dictadura. El acoso y ataques a los vocales de la Corte Suprema, a los magistrados del JNE, integrantes de la ONPE y de la JNJ; así como el restablecimiento del senado y la reelección de congresistas a pesar del rechazo del pueblo a dichas medidas, la destrucción del equilibrio de poderes mediante la desactivación de la cuestión de confianza, la renuencia a acatar las resoluciones judiciales que suspenden las medidas congresales por vulneración de derechos y principios constitucionales, la destrucción de la reforma universitaria, la eliminación de las elecciones primarias para la selección de candidatos, la anulación del derecho del pueblo a participar en la vida política mediante el referéndum, etc., demuestran que el Perú se encuentra bajo una dictadura, implantada no por el sector castrense sino por una coalición parlamentaria perniciosa en el Congreso. 

El Congreso pretende que sus decisiones no sean objeto de revisión ni control por el poder judicial, ha desbordado los límites impuestos por la Constitución, aprueba y modifica leyes por su solo arbitrio y sin razón alguna. Ha empleado sus facultades y atribuciones para destruir la separación de poderes y el control político, y someter a las instituciones y entes constitucionales cuya presencia y actuación independiente son cruciales para la preservación y defensa del principio democrático. Estos grupos parlamentarios del Congreso peruano han cometido traición contra la nación peruana y su derecho a vivir en Democracia. 

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Congreso, Constitución, leyes

Las constantes polémicas en las que sus integrantes se han visto inmersos casi desde su llegada al cargo en 2021 han llevado a que el Congreso cierre el año 2023 con un porcentaje de aprobación que no supera los diez puntos.  Este descontento ha llevado a que la labor parlamentaria de los 130 legisladores se encuentre constantemente bajo la lupa y, en especial, cuando sus actividades representan un costo considerable, como es el caso de los viajes.

En las últimas semanas, el viaje a México de dos congresistas del Bloque Magisterial, Paúl Gutiérrez y Germán Tacuri, para asistir a un evento sobre ovnis y momias falsas causó gran indignación y a esta polémica sobre los viajes se le sumó el informe de periodista Diego Quispe en el cual se advierte que veintidós parlamentarios, que gastaron S/342.000 en pasajes y viáticos, no presentaron los informes correspondientes sobre las actividades realizadas durante estos viajes que son pagados con fondos públicos.

Sin embargo, los informes que sí aparecen en los registros del Congreso están exentos de cuestionamientos. Sudaca pudo revisar estos documentos y comprobó que los argumentos que los congresistas brindan para justificar sus viajes no se ven reflejados en el trabajo que vienen realizando.

MUCHAS MILLAS, POCOS PROYECTOS

Entre estos viajeros destaca el nombre de José Cueto, congresista de Renovación Popular, quien ha realizado viajes a países como Rumania, Marruecos, Estados Unidos, Panamá y México para participar de una serie de reuniones que estaban enfocadas en el tema de seguridad.

En los informes presentados por el legislador del partido de Rafael López Aliaga se puede leer que, por ejemplo, uno de los viajes fue a Rumania con el propósito de participar en el Foro Parlamentario Inteligencia y Seguridad que Cueto Aservi consideraba relevante por “la necesidad de estar preparados para hacer frente a las graves amenazas globales contra la seguridad sea por filtraciones o vulneraciones en el campo sanitario como por actos terroristas”.

Informe Cristian Rebosio

 

Otros de los documentos revisados por Sudaca muestran que el congresista Cueto viajó a México y Panamá para participar de dos ediciones del Foro de Seguridad de las América que se centraban en la ciberseguridad y, acorde al texto presentado por el parlamentario, sería de utilidad para “analizar políticas de gobierno con las que se pueda combatir la delincuencia a nivel ciberespacio”.

No obstante, aunque estos temas podían resultar de interés nacional, los numerosos viajes del congresista Cueto destinados a este tema no parecen haber resultado una experiencia lo suficientemente inspiradora como para que lo aprendido se vea reflejado en proyectos de ley en beneficio del país.

Sudaca revisó los veinticinco proyectos de ley que ha presentado el congresista Cueto desde su llegada al Legislativo y ninguno refleja algún tipo de conocimiento que justifique los viajes realizados o que por lo menos haga referencias a temas como la ciberseguridad o se haga mención a algún tipo de alianzas estrategias logradas a partir de estos viajes. Por el contrario, en esta lista destacan algunos proyectos cuya urgencia sería cuestionada por muchos, como el que busca regular el uso de la espada como símbolo de mando y uno que busca precisar el nombre “inmaculada concepción” en una lista de feriados.

Informe Cristian Rebosio

 

Otro de los congresistas que ha acumulado varios viajes es Américo Gonza, integrante de Perú Libre. En 2023, Gonza Castillo informó sobre un viaje a Chile en el cual iba a conocer el sistema de seguridad ciudadana y el sistema penitenciario chileno. Además, también en 2023, el congresista de Perú Libre viajó a Brasil para participar de un evento denominado “Intercambio Académico sobre Seguridad Ciudadana entre la Guardia Civil de Santana de Paranaíba y el Sereno Municipal del Perú”.

Pero, al igual que ocurre con el caso del congresista Cueto, los proyectos de ley presentados por Américo Gonza se ven alejados del conocimiento que supuestamente justificaba estos viajes. Entre las iniciativas que sí parecen despertar el interés de Gonza Castillo se encuentra un proyecto para declarar al yonque como bebida de bandera nacional y otro que busca cambiar el nombre de Ministerio de la Mujer por Ministerio de la Familia. 

Informe Cristian Rebosio

MÁS VIAJES, MENOS RESULTADOS

Pero no sólo se puede observar que existe una notoria diferencia entre los proyectos de ley que presentan los congresistas y las justificaciones de sus viajes. En algunos casos, como el del congresista Wilson Soto, los temas abordados durante las conferencias a las que ha viajado se muestran radicalmente opuestos a las iniciativas que elabora el parlamentario de Acción Popular.

Pese a que sus viajes a Angola y Vietnam tenían como propósito que Soto Palacios y otros parlamentarios puedan encontrar soluciones para incrementar la participación de jóvenes en política, ninguno de los setenta y seis proyectos de ley presentados por Wilson Soto, en dos años y medio como congresista, tiene como objetivo fomentar la participación de jóvenes.

Sin embargo, el detalle más llamativo con respecto al congresista Soto ha sido que, aunque durante las conferencias a las que viajó se abordó la importancia de los derechos humanos y la acción parlamentaria por la paz, el integrante de Acción Popular presentó un proyecto de ley para que Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se pueda aplicar la pena de muerte.

Informe Cristian Rebosio

Entre los temas que sí parecen prioritarios para Soto Palacios figura un proyecto de ley para declarar el 25 de julio como el día nacional de la danza, el canto y la música de Santiago, una festividad de Huancayo, y otro que data de agosto del 2023 que busca restablecer la inmunidad parlamentaria.

Hasta diciembre del año pasado, se estima que el Congreso ha destinado más de dos millones de soles para los viajes de los parlamentarios que llevan dos años y medio en el cargo y, aunque la posibilidad de compartir experiencias en otros países se podría considerar como una oportunidad enriquecedora, los resultados que se han observado hasta la fecha invitan a que más de uno piense que los fondos públicos se han convertido en una oportunidad para hacer turismo.

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Américo Gonza, Congreso, José Cueto, Perú Libre, Renovación popular

Sudaca revisó el historial del congresista fujimorista que lo ha convertido en uno de los personajes más controversiales del Legislativo.

Con inmerecidos bonos, defensas injustificadas de aliados o líderes políticos y una innegable indiferencia al descontento de la población, el Congreso ha logrado números históricos en lo que respecta a porcentajes de desaprobación. Más allá de la ideología política que pueda representar cada bancada, el descontento de la población con sus representantes parece indiscutible y hasta irreversible.

Sin embargo, entre los parlamentarios que han logrado este elevado nivel de desprestigio de uno de poderes del Estado, existe uno que, con pocas intervenciones, ha logrado posicionarse en el ojo de la tormenta debido a sus desafortunadas expresiones e incluso ha llegado a enfrentarse a integrantes de su propio grupo político. Este es el caso del congresista fujimorista Juan Lizarzaburu.

DEBUT POLÍTICO

Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu incursionó en la política para las elecciones del año 2021. Para convertirse en candidato, Lizarzaburu no pasó por el proceso de elecciones internas sino que fue designado por el partido. Con 1773 votos, el congresista de Fuerza Popular logró quedarse con un escaño en el hemiciclo para representar a los peruanos en el extranjero. 

El parlamentario de 54 años fue alumno de la Universidad de Lima y complementó sus estudios en España, en donde obtuvo un Master en la Universidad Politécnica de Catalunya así como otro Master en Dirección Comercial y Marketing. Además, Lizarzaburu trabajó durante catorce años en la empresa española Telefónica.

Paradójicamente, pese a todos los episodios en los que se ha mostrado como un personaje conflictivo con quienes piensan diferente a él y hasta con los de su propia bancada, Lizarzaburu se describe en su hoja de vida como una persona de “comunicación excelente y habilidades interpersonales a todo nivel”.

Juan Carlos Lizarzaburu

TRABAJO BAJO LA LUPA

Desde su llegada al Congreso en 2021, Lizarzaburu ha sido autor de treinta y tres proyectos de ley y, en el año 2023, el representante de los peruanos en el extranjero apenas presentó diez proyectos. No obstante, lo que llama la atención son las prioridades que mostró el congresista fujimorista.

En noviembre del 2022, Lizarzaburu presentó un proyecto de ley titulado “LEY QUE FORTALECE EL RECONOCIMIENTO DE IGUALDAD DE LOS CIUDADANOS Y RECONOCE CONSTITUCIONALMENTE LOS DERECHOS DE LOS PERUANOS QUE RESIDEN EN EL EXTERIOR” en el cual no proponía ningún cambio claro sino que sólo pedía modificar un artículo de la Constitución para que en el artículo 44 se incluya “amparar a los peruanos que residen en el exterior” pese a que esa es la función que actualmente realizan las embajadas.

Juan Lizarzaburu - Cristian Rebosio

El parlamentario fujimorista también presentó en 2022 un proyecto bajo el título “LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA LA PROMOCIÓN DE LA IMAGEN DEL PAÍS Y LA MARCA PAÍS PERÚ”. En las 28 páginas, de las cuales la mitad fueron ocupadas con los detalles de los premio obtenido por la marca Perú, Lizarzaburu pedía la promoción de actividades que en se detalla que se han venido realizando con buenos resultados.

Pero también ha presentado proyectos de ley que han sido cuestionable. Como fue el caso del proyecto denominado  “LEY QUE CREA EL REGISTRO DE LOS EXTRANJEROS ILEGALES Y ESTABLECE OBLIGACIONES A LOS CONNACIONALES DE INFORMAR A LA AUTORIDAD POLICIAL” con el cual pretendía que los peruanos tengan el deber de informar sobre los ciudadanos indocumentados que residen en el país y no hace distinción entre aquellos que trabajan de manera honrada y los que participan de actividades delincuenciales.

Entre las justificaciones de este polémico proyecto de ley, Lizarzaburu señalaba que estos inmigrantes no pagan impuesto a la renta por el alquiler de viviendas y que son contratados para empleos informales pese a que esta situación es la misma que actualmente atraviesan los propios peruanos.

Juan Lizarzaburu - Cristian Rebosio

¿REPRESENTACIÓN?

Como congresista representante de los peruanos en el extranjero, Lizarzaburu debía estar en contacto con los compatriotas que residen en otros países. Sin embargo, en una de las salidas de Lizarzaburu fuera del país se ha podido observar, en el reporte que él mismo presentó, que sus prioridades parece más enfocadas en las alianzas políticas.

En 2021, Lizarzaburu viajó a España para reunirse con representantes del partido ultraderechista Vox. Pero, además, el congresista de Fuerza Popular utilizó este viaje para acudir a eventos de agrupaciones que comparten la misma tendencia ideológica de Vox así como con una peruana conocida en redes sociales por sus ideas extremistas.

Juan Lizarzaburu - Cristian Rebosio

En este reporte que presentó Lizarzaburu también llamó la atención que su única gestión en favor del Perú haya sido una visita a un almacén de Ciudad Real en el cual se encontraban ambulancias dadas de baja por las autoridades de dicha localidad y que el parlamentario fujimorista consideraba como posibles donaciones para Perú.

PELEAS, INSULTOS Y CONSPIRACIONES

Sin lugar a dudas, sus constantes expresiones desafortunadas han sido las que llevaron al congresista Lizarzaburu a ser el tema del día tanto en Perú como en los medios y redes sociales de los países a los que ofendía. Uno de los casos más recordados tuvo lugar durante un debate en el hemiciclo, en febrero del año pasado, cuando Lizarzaburu llamó a la bandera Whipala, que es usaba por pueblos andinos de la región, como “mantel de chifa adoptado por algunos resentidos sociales bolivianos”.

En las redes sociales, el discurso del parlamentario fujimorista es todavía más agresivo con quienes no comparten su pensamiento y no escatima en regalarle “me gusta” a publicaciones de integrantes del grupo ultraderechista La Resistencia. Además, en la red social X se puede observar que incluso comparte publicaciones difamatorias, como contra el periodista Gustavo Gorriti, así como otras en las que desinforma sobre las posturas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y hasta muestra una postura transfóbica.

Juan Lizarzaburu - Cristian Rebosio

Pero el conflicto menos esperado llegó a finales del 2023 cuando Lizarzaburu, durante una sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, realizó un comentario sexista contra su colega de bancada, Patricia Juárez. Posterior a este hecho, y lejos de reconocer el agravio, Lizarzaburu se justificó alegando que “todos tenemos ojos”.

Como consecuencia de estas expresiones, Fuerza Popular ha suspendido a Juan Lizarzaburu por un periodo de seis meses de sus derechos partidarios. A la par, la Comisión de Ética del Congreso atiende la denuncia en su contra por sus expresiones. Sin embargo, durante la audiencia, Patricia Juárez reveló que, contrario a lo dicho por Lizarzaburu, este no le pidió disculpas por los comentarios hechos en su contra.

En los próximos días se dará a conocer la sanción que se le impondrá al congresista fujimorista y esta podría llegar a ser de ciento veinte días de suspensión. En su primera experiencia como parlamentario es evidente que Juan Lizarzaburu no ha pasado desapercibido, pero las acciones y expresiones que lo llevaron a ser protagonista hoy lo tienen enfrentado hasta con sus colegas del fujimorismo.

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Congreso, Fuerza Popular, Juan Lizarzaburu

[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] Durante el 2023, la deslegitimación del poder ejecutivo y del poder legislativo fue notoria. Tanto la presidenta Boluarte como los congresistas han perdido el respaldo y la aceptación de la población, lo que lleva a una falta de confianza en su capacidad para gobernar y legislar de manera justa y efectiva. Esta pérdida de legitimidad se relaciona con varios factores, como la ausencia o debilidad de los partidos políticos, los abusos de poder, la violación de derechos humanos, la recesión económica, la corrupción, entre otros más.

En cuanto al poder ejecutivo, la falta de un partido político propio fue un gran obstáculo para la gestión de la presidenta Boluarte. Sin un respaldo orgánico, Boluarte tuvo que depender de los partidos políticos presentes en el legislativo. Esto la llevó a establecer relaciones estrechas con aquellos partidos, los cuales, guiados por sus propios y particulares intereses, colocaban sus temas en la agenda legislativa sin mayor objeción del ejecutivo. Las relaciones con los mismos debilitaron la autoridad de Boluarte. Al depender de ellos para aprobar sus leyes, Boluarte se vio obligada a ceder a sus demandas. Esto le dio a los partidos políticos un gran poder sobre el gobierno, lo que erosionó la autoridad presidencial.

Además, la ausencia de un partido propio y la necesidad de negociar constantemente para obtener apoyo dificultaron el diseño e implementación de políticas a largo plazo. Por eso mismo, la atención presidencial se centró más en mantener alianzas políticas inmediatas que en la planificación estratégica a largo plazo.

En relación con el poder legislativo, una de las causas de su pérdida de legitimidad fueron los escándalos de corrupción en los cuales se vieron envueltos muchos congresistas, como en el caso de “Los Niños”. Gracias al “operativo Valkiria”, se cuenta con indicios razonables de que la presunta organización criminal, liderada por la suspendida Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, habría ofrecido impunidad a los congresistas a cambio de sus votos para inhabilitar a la fiscal Zoraida Ávalos, designar al Defensor del Pueblo e investigar y destituir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia.

La deslegitimación del poder ejecutivo y del poder legislativo ha tenido un impacto negativo en el país. Cuando los ciudadanos pierden la confianza en sus gobernantes, es más difícil para ellos tomar decisiones y alcanzar consensos. Esto puede conducir a una gestión pública lenta e ineficaz. Asimismo, pierden la confianza en la democracia en general. Esto puede conducir a un aumento de la polarización política y de la desilusión con la democracia. De igual modo, es más probable que surjan movimientos populistas o autoritarios que puedan amenazar la democracia.

La deslegitimación del poder ejecutivo y del legislativo, así como sus efectos negativos en la confianza ciudadana y en la estabilidad democrática, requiere medidas como el combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas, y el fortalecimiento de los partidos políticos. Sin embargo, ni el ejecutivo ni el legislativo tienen incentivos para implementar estas medidas, pues consideran que el país ha logrado estabilidad al finalizar el 2023, tal como afirmó el premier Otárola.

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congresistas, Congreso, corrupción, Democracia, Ejecutivo

[PIE DERECHO] El gobierno no puede confiar en su frágil alianza con el Congreso para permanecer incólume hasta el 2026. La precariedad de los propios grupos políticos que componen el Legislativo hace que esa apuesta sea de alto riesgo. Apenas se den cuenta en el Parlamento de que su simbiosis de intereses con el Ejecutivo arruinaría las posibilidades electorales futuras de los partidos que conforman esta suerte de alianza tácita, se producirá un quiebre que, si coge al Ejecutivo pasmado, se lo llevará de encuentro.

Muchos en el gobierno, particularmente el premier Otárola, parecen convencidos de que haber superado relativamente airosos la confrontación social violenta que aconteció al poco de tiempo de haber asumido la transición post Castillo, ya los blinda frente a cualquier otro escenario de aparente menor intensidad, y ello quizás sea el motivo por el cual su gestión brilla por su medianía y ausencia de objetivos de trascendencia.

Se equivoca garrafalmente el Ejecutivo si comparte esa hipótesis. Más que ninguno otro, el actual régimen está obligado a hacer dos o tres cosas bien (entre ellas, resolver la crisis económica y el lacerante problema de la inseguridad ciudadana) si quiere mejorar en sus niveles de aprobación en las encuestas y obtener así capital político que eventualmente le dé sostén, desalentando al Congreso a enfrentársele.

El inefable Vizcarra, sin bancada, pero con una inmensa aprobación, fue capaz de tumbarse un Congreso adverso, pero sin ese respaldo ciudadano no lo hubiera podido hacer. Esa lección debe ser extraída por Boluarte. Si ella no eleva dramáticamente sus índices de popularidad, hoy tan ralos, no tendrá parapeto alguno frente a un Legislativo que empiece a ponerse arisco conforme se acorten los plazos electorales.

La única manera de que el gobierno dure hasta el 2026 no será en base a astutas jugadas de intercambios políticos con el Congreso, porque éste no dudará un segundo en vacar a Boluarte si así lo considera conveniente para sus intereses. En cambio, si el gobierno crece en su aprobación popular, será difícil que un Legislativo que anda casi a la par en impopularidad, se atreva a destronarlo (al gobierno emergente de esa situación le pasaría algo semejante a lo que le pasó a Merino).

La dupla Boluarte-Otárola está obligada a gobernar superlativamente mejor si quiere llegar hasta el final de su mandato constitucional. Si no lo hace, seguirá siendo un factor de inestabilidad, desconfianza y precariedad política, causando un efecto perverso de obstaculización de las propias expectativas de mejora.

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Congreso, Estabilidad Política, Gobierno peruano, Popularidad Gobierno

[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] El cambio de votos por impunidad es una práctica política cuestionable que implica problemas éticos y legales. Esta práctica plantea dos problemas. En primer lugar, el cambio de votos por impunidad puede considerarse un acto de corrupción. Los congresistas que cambian sus votos a cambio de impunidad están utilizando su posición para obtener beneficios personales, como la impunidad, a expensas del interés público. Esto compromete la integridad del sistema político y socava los principios de la representación política.

Los congresistas, al utilizar su posición para obtener impunidad, están abusando de la confianza depositada en ellos por los ciudadanos. En lugar de representar los intereses de la sociedad, están utilizando su influencia para protegerse a sí mismos.

En lugar de actuar como representantes del pueblo, están priorizando sus intereses personales sobre las necesidades y deseos de quienes los eligieron. Esta situación socava la confianza en el sistema político, lo que puede tener consecuencias a largo plazo para la estabilidad y la legitimidad de la democracia.

En segundo lugar, el cambio de votos por impunidad viola principios éticos fundamentales que deben regir la conducta de los congresistas. La ética política implica el comportamiento moral y responsable de los representantes electos en el ejercicio de sus funciones. En ese sentido, los congresistas tienen la responsabilidad ética de actuar en beneficio de la sociedad que representan.

Al cambiar sus votos para obtener impunidad, los congresistas están desviándose de esta responsabilidad. La ética política exige transparencia y honestidad en el ejercicio del poder. Cuando los congresistas negocian impunidad a cambio de votos, están socavando la confianza pública y minando la transparencia que debería caracterizar el proceso legislativo.

La ética política también está vinculada a la integridad personal de los representantes electos. Cambiar votos por impunidad puede implicar una falta de integridad, ya que los congresistas están comprometiendo sus principios éticos en aras de beneficios personales.

Finalmente, el cambio de votos por impunidad es perjudicial para la democracia. La violación de la ética política no solo compromete la integridad de los congresistas, sino que también erosiona la confianza pública en el sistema democrático. Fomentar la ética en la política es esencial para preservar la integridad de las instituciones democráticas y garantizar que los representantes electos actúen en beneficio de la sociedad en su conjunto.

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[ENTREVISTAS] Ha pasado un año de la salida de Pedro Castillo de la presidencia y el final de un ciclo marcado por decisiones cuestionables, ¿por qué Dina Boluarte hasta ahora no ha podido sacar al país de ese camino de incertidumbre y constantes crisis?

Lo único que demuestra el gobierno de Dina Boluarte es que es algo que se preveía desde el gobierno de Castillo. No fue una elección en la cual el ganador reflejaba un equipo de trabajo con ambiciones de ganar. Lo que tenemos es la consecuencia de eso y, además, a través de la vicepresidencia  no hubo esfuerzos previos por armar un plan sólido. Boluarte sólo quiere ser presidenta y se respalda en un operador político que es Otárola. Sumado a eso, es difícil conseguir ministros que puedan darle solidez al gobierno. Qué persona competente en su sector va a aceptar quemarse en un gobierno que no tiene idea de lo que está haciendo. En el fondo, quien está gobernando es el Congreso y el de Boluarte es un gobierno de piloto automático y muy autoritario.

Sin embargo, en los últimos años, los gobiernos de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti lograron un considerable respaldo por parte de la población pese a llegar al poder de forma inesperada, ¿por qué el de Dina Boluarte no pudo ser un caso similar?

Hay que diferenciar los procesos. Sagasti entró y dijo que era un gobierno bisagra que se quedaría un año en el que se enfocarían en tres puntos fundamentales. Además, Sagasti tenía experiencia como gestor público y eso le permitió dar la sensación de durar poco y hacer cosas básicas. El caso de Vizcarra es muy parecido al de Boluarte en términos de proceso. Si bien no dinamitó el gobierno de Kuczynski,  se puso de lado y cuando las papas quemaron dijo aquí estoy yo. Pero Vizcarra tenía la experiencia como gobernador regional de Moquegua, una experiencia bastante positiva por lo que pudimos conocer. En el momento en que Vizcarra asume, sí se puede sentir que por lo menos había participado de un proceso en que sí había una lógica detrás. Boluarte venía de ser funcionaria pública de un rango bastante menor, una militancia política relativa y el único cargo de gestión que tuvo fue conducir un club departamental que no se asemeja a un gobierno regional ni a una alcaldía distrital.

¿No marca una diferencia importante que Dina Boluarte tiene al Congreso a su favor?

Discrepo en que ella tenga a favor al Congreso. Ella está en favor del Congreso y eso la hace parecer, ante la opinión pública, como una persona incompetente. Si sigues los discursos de Boluarte, sólo sabe decir dos o tres cosas. La primera es quiere un gobierno de paz y unión nacional, lo que es una respuesta de concurso de belleza; la segunda es que son estrictamente respetuosos de la institucionalidad y de los derechos humanos, no hace falta hacer un  fact-checking para saber que eso es una burla, y lo tercero es esta victimización al decir atacada por ser mujer. Este gobierno puede sobrevivir, pero de ahí a representar un proyecto es bastante difícil.

Algunos sectores políticos, como el fujimorismo, tienen presente a Martín Vizcarra en sus discursos, ¿se le podría considerar como un actor político vigente que podría tener chances de volver a la presidencia?

Ha sido el último presidente que se acercó al registro histórico de aprobación en el Perú. Fue alguien que pudo capitalizar una demanda y tuvo una coyuntura, la pandemia, que le permitió hacer eso. Antes del vacunagate había llevado un manejo de gobierno que parecía eficaz y eso es una amenaza para el proyecto fujimorista. Lo que vimos con Vizcarra es nada parecido a lo que vimos en los últimos treinta años, porque lo logró desde el gobierno con una gestión de crisis con la pandemia que, pese a lo que significó el vacunagate, los muertos y las decisiones ridículas, la gente apoyaba. La conferencias que daba los miércoles tenían rating. Supo cambiar el estilo de comunicación y llegada con la gente desde un lugar de poder y eso es algo peligroso para sus enemigos políticos. Si tuviéramos que hacer una elección hoy, no tengo ninguna duda que Vizcarra pasa a segunda vuelta.

Según la última encuesta de Datum, el Congreso tiene una aprobación de 7% y Dina Boluarte apenas llega al 9%, ¿por qué pese a un marcado descontento no hay movilizaciones grandes?

Tengo tres hipótesis. En 2020 tuvimos una gran manifestación contra Manuel Merino. Se salió a las calles y se logró el objetivo que era sacar a Merino. Pero luego de Sagasti vinieron otros como Castillo y Boluarte. Entonces el tema es que se logra sacar a un presidente y luego viene más de lo mismo. La gente se pregunta, cuál es el costo beneficio si luego viene la misma masa de siempre a complicarme la existencia. La segunda hipótesis tiene que ver más allá de la ineficacia de la acción, tiene que ver con la oferta política. No hay una relación entre el sentimiento antisistema y la apuesta por quien lo puede resolver. No se quieren adherir a ninguno porque todos parecen lo mismo. Una tercera es que cada vez es más evidente que más gente siente que lo que pasa en política no los afecta y se preguntan por qué comprometerse en una pelea de blancos, por llamarlo de una manera. Somos un país que ha perdido la fe en lo colectivo.

¿Por qué no se ve unión entre las manifestaciones de Lima con las del resto del Perú?

Ocurre que no hay referentes que puedan albergar un estado de ánimo colectivo. Dentro del mismo movimiento de protesta no existe una posición mayoritaria. Están los castillistas con los institucionalistas y están los que es consideraron más importante que se vaya Boluarte y los que recién ahora reaccionan. Mientras no haya una cohesión en dos o tres ideas claras, esa oposición va a ser un chiste. En el fondo lo que terminan transmitiendo ante la opinión pública es que no vale la pena.

¿Puede deberse a que la oposición de otras regiones no se siente representada por la limeña?

Lo que he podido ver es que fuera de Lima tampoco hay un movimiento tan cohesionado con una plataforma clara. Hay movimientos regionales que tienen demandas, la parte del agro y también los de la minería . Hay una serie de elementos que no necesariamente se concatenan como para decir que hay un movimiento fuera de Lima tan homogéneo. Además aunque son más nutridos que en Lima e involucran más compromiso, no termina de ser masivo ni generar un espacio sino que termina siendo uno que pone en jaque por dos o tres días una ciudad y luego se diluye. No creo que fuera de Lima haya un solo movimiento. Lo que sí creo es que no hay posibilidad de conciliar a Lima con el interior porque el tema es muy emocional.

Acorde a las últimas encuestas, el Congreso parece incapaz de levantar su porcentaje de aprobación, ¿por qué a los parlamentarios parece no importarles la desaprobación si esto podría repercutir en los votos que obtengan sus partido en una próxima elección?

El objetivo de un congresista no es ser popular sino promover una agenda. La mayoría de partidos que lleva gente al congreso no son partidos que históricamente tengan una proceso de construcción de ideología y a partir de eso un plan que suma militantes. Normalmente son construcciones en torno a personas. La lógica de un congresista no está tanto en pensar en un proceso de largo plazo sino en cómo acomodar las cosas que le permite generar leyes a favor de ellos. Por otro lado, la inmovilidad de la calle les permite seguir en eso.

Tras el triunfo del libertario Javier Milei en las elecciones de Argentina, varios políticos peruanos, como Patricia Chirinos y Alejandro Cavero, han empezado a imitar su discurso anti casta, ¿observa a alguna figura de la política nacional capaz de capitalizar el descontento de los peruanos con la clase política?

No. Todos van a ser grandes caricaturas. A Milei le reconozco una dosis de autenticidad y eso el electorado lo percibe. Acá no siento que algo así vaya a pasar. Yo tengo la hipótesis que la candidatura de Keiko Fujimori terminó de morir cuando dio el debate frente al penal de mujeres, apareció su hermano Kenji y se abrazaron. En ese momento que Keiko iba subiendo en las encuestas cae de nuevo y pierde las elecciones. Porque la gente vio eso y pensó que era una candidata que no tiene ningún problema en vendernos una telenovela que no es cierta. Con el fenómeno Milei, todos quieren copiarse un estilo que en el Perú no tiene mucho sentido. Además, creen que copiar sus estilo es ser más grosero, pero se distingue muy rápido cuando una actitud es forzada. Jaime Bayly representaba un poco eso del loco pero autentico. El problema es que acá sí tienes el sesgo de pituco y Bayly jamás hubiera sido presidente.

En los últimos meses se ha visto que personajes como Roque Benavides, Carlos Neuhaus y Carlos Añaños han mostrado interés por involucrarse en política, ¿la imagen del presidente empresario puede ser atractiva para el electorado nacional?

El votante no es estático. Esa idea del presidente empresario tenía más correlato hace unos cinco o seis años. Eso creo que es lo que finalmente termina llevando a Pedro Pablo Kuczynski, como persona y partido político, al poder. Pero hoy día estamos ante otros retos. La exigencia para un candidato hoy no pasa por el lado del éxito empresarial sino por alguien con el norte claro con respecto a seguridad, relaciones internacionales, cierta lógica de mano firme y cómo se va a comportar con otros poderes del Estado. Los grandes temas que movilizan son la inseguridad ciudadana y como frenar la recesión.

Se ha visto que en las elecciones de países considerados progresistas, como es el caso de Argentina, ha existido un fuerte cuestionamiento a los derechos humanos, ¿también será un tema central en un país conservador como Perú?

El tema va a pasar más por mostrar a los derechos humanos como el monstruo progresista y que el día que no existan vas a poder salir a trabajar tranquilo, sacar la pistola y matar al ladrón. Si logran generar ese vínculo, estamos muertos a nivel de garantía. Si logran relativizar la defensa de los derechos humanos y ubicarlo como el enemigo a vencer versus seguridad y economía, entonces hay una oportunidad para eso movimientos. Pero si siguen viéndolos como algo de caviares va a ser un discurso con el que alguna gente podrá empatizar pero que no tiene ningún sustento.

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