Congreso

 [La columna deca(n)dente] El escenario político nacional hace tiempo que dejó de ser solo caótico: ahora es profundamente ilegítimo. La crisis de representación ya no es un diagnóstico técnico, sino una experiencia cotidiana para millones de peruanos y peruanas que no se sienten reflejados en ninguna de las organizaciones políticas que dicen hablar en su nombre. En teoría, los partidos deberían canalizar demandas sociales, construir agendas públicas y disputar el poder en función de proyectos ideológicos. En la práctica, nuestros partidos se han convertido en otra cosa: cascarones vacíos, personalistas, desarticulados del tejido social y enfocados casi exclusivamente en capturar cuotas de poder. Hoy, el Congreso parece más un mercado persa que una arena democrática. 

Su fragmentación no expresa pluralismo, sino el efecto de una proliferación de agrupaciones diseñadas para las elecciones, como las famosas “combis electorales” que todos conocemos: sirven para llegar al poder, pero no tienen ni dirección, ni pasajeros, ni destino común. Partidos como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Perú Libre y otros como Acción Popular o Somos Perú actúan más como cárteles o consorcios de intereses privados que como organizaciones al servicio del bien público.

Lo que estamos viviendo es más que una crisis política: es una degradación institucional sostenida. El Congreso no solo legisla, sino que ha capturado al Ejecutivo, vaciando la separación de poderes y anulando cualquier posibilidad de contrapeso. La presidenta Dina Boluarte, sin legitimidad ni respaldo político real, ha sido funcional a este nuevo régimen de facto. Un pacto informal entre facciones parlamentarias —unidas por el miedo a la justicia, el afán de impunidad y el deseo de controlar el aparato estatal— ha instaurado una forma perversa de gobernabilidad: autoritaria y antidemocrática.

El resultado es un vaciamiento democrático en toda regla. Tenemos elecciones, parlamento, leyes y discursos de legalidad. Pero lo que se esconde detrás es otra cosa: redes de protección mutua, legislación a medida de las organizaciones criminales y debilitamiento sistemático de los organismos de control.

Mientras tanto, los ciudadanos y ciudadanas observan con desconfianza, desafección y resignación. La política ha dejado de ser un canal de transformación para convertirse en un espectáculo ajeno. Y, sin embargo, ahí donde la indignación se vuelve generalizada, también surge la posibilidad de cambio. No se trata de una ilusión. Se trata de una urgencia. Hoy más que nunca, la participación ciudadana honesta, informada y activa no es un lujo, sino una necesidad vital. En este pantano político, quienes aún creen en la democracia tienen el deber de organizarse, fiscalizar, disputar espacios, construir nuevas formas de representación y afiliarse a partidos políticos que no están en el poder hoy. No para repetir las fórmulas fallidas, sino para sentar las bases de una regeneración que devuelva sentido a la política.

Porque si algo ha quedado claro es que lo viejo ya no sirve. Y lo nuevo, si no lo construimos nosotros, lo construirán otros… y no necesariamente para bien.

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Congreso, Democracia, Ejecutivo, Partidos políticos

El Congreso decidió iniciar el año 2025 llevando a cabo una renovación de oficinas. Sudaca ha podido encontrar que, entre sillas, escritorios y equipos de aire acondicionado, el Legislativo ha gastado casi setecientos mil soles.

En las oficinas del Congreso se viene llevando a cabo una verdadera renovación. Pero no, no es el tipo de renovación que demanda la mayoría de peruanos producto del hartazgo generado por los actuales inquilinos del palacio legislativo. Por el contrario, lo que está ocurriendo en la sede parlamentaria podría ser incluido en la lista de razones que explican los altos porcentajes de desaprobación.

Mientras que la mayoría de peruanos intentan entender la razón por la cual en el hemiciclo se observa una postura indulgente y hasta cómplice ante las claras muestras de incompetencia por parte del gobierno de Dina Boluarte, en el Congreso están enfocados en transitar el año y pocos meses que les quedan en el cargo de la manera más cómoda posible.

Sudaca ha podido conocer los detalles de las nuevas adquisiciones hechas por el Legislativo para llegar al 2026 en un ambiente de absoluta comodidad. Luego de recibir un mayor presupuesto para este año, en el Congreso decidieron gastar una buena parte de ese monto para renovar sus oficinas, un proceso que además parece interminable.

HAY QUE ESTAR EN SU LUGAR

Para la mayoría de peruanos, los congresistas son funcionarios con inmerecidos privilegios y ellos están determinados en demostrar que es así. Sudaca ha detectado una larga y costosa lista de gastos reportados por el Legislativo durante varios meses que no tienen otra finalidad que darles más comodidades a los padres de la patria.

En esta lista uno de los nombres que llama la atención es el de Orihuela industrias del Mueble, una empresa dedicada a la venta de mobiliario para oficinas y casas. Hasta antes de febrero de este año, el Congreso había gastado el monto de S/ 72,560 en la adquisición de muebles para llevar a cabo una renovación en sus diversas oficinas. 

Cristian Rebosio

En el segundo mes del año que estamos transitando se realizaron nuevas compras a esta empresa por casi dieciséis mil soles. Pero, no conformes con ello, durante el mes de abril volvieron a necesitar de los productos que les ofrecía este proveedor e invirtieron más de trece mil soles en un nuevo proceso de compras.

Cristian Rebosio

Sin embargo, para quienes manejan el Legislativo, una cifra que en total superaba los cien mil soles no era suficiente para la renovación que buscaban en el Congreso. Por eso, la búsqueda de nuevo mobiliario los condujo a la Corporación Peruana de Mobiliario (COPEMO) en donde hasta inicios del 2025 se gastaron más de cuarenta mil soles en compras, más precisamente S/ 40,800.

Critian Rebosio 

Al igual que ocurrió en el caso de Orihuela industrias del Mueble, una sola visita a COPEMO en el año no fue suficiente y, por lo tanto, el pasado mes de abril volverían a darse una vuelta a ver los productos que ofrecía la Corporación Peruana de Mobiliario. En esta nueva oportunidad serían S/ 18,060 el total utilizado en las nuevas adquisiciones.

Cristian Rebosio

Pese a esta cuantiosa inversión, en el Congreso todavía estaban insatisfechos. Por este motivo, Servimuebles Camil apareció como otra tienda para continuar con la renovación de las oficinas en las cuales los congresistas y sus asesores llevan a cabo sus labores diarias. En este lugar se desembolsaron más de treinta mil soles sólo durante el mes de marzo. 

Cristian Rebosio

Aunque la verdadera sorpresa llegaría al revisar los gastos que se registraron durante los años anteriores y que superan largamente los trescientos mil soles. Desde 2022 hasta 2024, el Congreso de la República ha gastado S/ 355,505 en las compras realizadas en Servimuebles Camil.

Cristian Rebosio

A esta lista se le agregan más de veintisiete mil soles que corresponden a sillas giratorias que el Congreso le compró a Red Importex en el mes de marzo y cerca de diez mil soles más por la adquisición de sillas ergonómicas a los proveedores Mundo Arquitectura y Servicios e Importaciones Haulson.

Cristian Rebosio

NUEVOS AIRES EN EL CONGRESO

No obstante, sillas y escritorios no son lo único en lo que se ha gastado. Para combatir el calor de manera eficiente, el Legislativo también ha considerado necesario renovar el aire acondicionado y por ello recurrió a Mora Perú Corporation, una empresa que se dedica a la venta de equipos de aire acondicionado. 

Cristian Rebosio

Aunque el Congreso no ha podido colaborar en la lucha contra la delincuencia, tal parece que sí ha podido obtener resultados en la lucha contra las inclementes temperaturas del verano y para ello han destinado más de cien mil soles del presupuesto asignado para el 2025 para la compra de nuevos equipos de aire acondicionado.

Cristian Rebosio

En los casos puntuales que pudo revisar Sudaca, el monto acumulado es de casi setecientos mil soles. Si bien es comprensible que las oficinas del Congreso, como las de cualquier empresa, requieren mantenerse en buenas condiciones, resulta llamativo que el proceso de compras para esta renovación de mobiliario se repita durante varios meses y con costos cada vez más altos.

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Compras, Congreso

[En la arena]

En homenaje a nuestros muertos

Sea en La Libertad o en Madre de Dios, la criminalidad vinculada con la minería ilegal funciona con redes de trata, extorsión y tráfico de insumos químicos. Estas organizaciones criminales se asentaron durante la pandemia del Covid-19 y este gobierno no tomó ninguna medida para combatirlas, tampoco el gobierno regional de César Acuña. Mientras tanto, en Lima, la policía anuncia mensualmente que ha capturado nuevas bandas de sicarios y extorsionadores, de manera que en lugar de decrecer parecen multiplicarse. Las organizaciones mineras que acabaron con la vida de 13 peruanos secuestrados, están compuestos por hombres maduros: según los estudios (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP  (2923)se encuentran entre los 25 y 60 años, mientras que en Lima, según la policía nacional, 1 de cada 5 bandas está integrada por adolescentes. En todos estos casos, el 95% de sus integrantes, son hombres. 

¿Cuántos de ellos (a quienes si sumamos seguro superaremos de lejos el millón de peruanos) podría conseguir un trabajo para mantener a su familia o estudiar una carrera universitaria? Para siquiera mantenerse. 

Los últimos resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA 2023) han mostrado que en las zonas rurales de La Libertad, sólo el 7% comprende lo que lee. En Madre de Dios, ni siquiera el 9% de hombres de toda la región lo comprende. La OCDE culpa su bajísimo nivel de aprendizaje al asistir a escuelas con mala infraestructura, falta de materiales y docentes poco capacitados, tanto como a los obstáculos del entorno familiar: la pobreza, la condición de migrante, y las largas distancias en zonas rurales. (2016)

Dejando de lado el supuesto llamado a guerra de la presidenta de la República, Urge detenernos en estas elecciones en el ámbito de la pobreza, porque es la pobreza la violenta. Y la violencia nos tiene bajo amenaza. Niñas, niños, jóvenes viven en familias constituidas por frustrados adultos que agonizan en trabajos opresivos, dejándolos crecer desnutridos, a golpes o en abandono, reduciendo sus capacidades cognitivas y atentos al tráfico de armas, a la trata laboral y sexual, y a la extorsión que está ahí, a la vuelta de la esquina.   

Son muchos los estudios acerca del impacto emocional, personal y social que acarrea tanta violencia, más aún en aquellos en las que jamás se detuvo desde sus primeros días de vida. Niños en quienes de inmediato emergen problemas de salud mental, adolescentes que viven en permanente desconfianza, con baja autoestima. Con miedo, estrés, y ansiedad, conmovidos psíquicamente, recluyéndolos o encendiendo sus venganzas. Ahí donde la violencia crece. 

Si queremos darles una alternativa a nuestros jóvenes, en las próximas elecciones, un criterio que podemos esbozar sea quizá aprender a NO votar por quien produzca y prometa más violencia. Habrá mucha información falsa. Acusaciones mutuas, acalorados debates. Y tanto nosotros, como nuestros jóvenes, necesitamos espacios de calma para pensar. ¿Cómo resolvemos la pobreza, la carencia de estudios, de trabajo, de atención para que la extorsión se rinda? Este voto tiene que ser uno pensado. Escuchemos qué proponen a los jóvenes y si será posible. Hay una generación a la que debemos (también porque estamos en deuda) rescatar. Votemos, con ellos, por la justicia. 

La fotografía es del Estudio Gálvez Monteagudo. 

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Congreso, Educación, Morgan Quero

[La columna deca(n)dente] En la provincia de Pataz, región La Libertad, la muerte se ha vuelto rutina. Mineros son asesinados uno tras otro: 39 trabajadores ejecutados, según reporta la minera La Poderosa, sin justicia, sin paz y, sobre todo, sin respuestas. La declaración del estado de emergencia, vigente por más de un año, se ha reducido a un ritual burocrático sin efecto real. Las fuerzas armadas y policiales, desplegadas en la zona, no han logrado frenar la expansión de las organizaciones criminales.

El epicentro de esta violencia no es un conflicto político ni una insurrección armada: es el oro. Oro extraído con sangre. La minería ilegal —a menudo encubierta por concesiones irregulares y empresas fachada— ha instaurado un orden criminal paralelo. En las galerías subterráneas no rige la ley de la República, sino la ley de las mafias. Amenazas, extorsión y asesinatos marcan el día a día de quienes trabajan allí.

La respuesta estatal ha oscilado entre la torpeza y la negligencia. La militarización, sin inteligencia estratégica ni coordinación multisectorial, ha demostrado ser ineficaz. Peor aún: la impunidad que impera en Pataz no solo es consecuencia de la inacción, sino también de decisiones políticas y leyes que favorecen al crimen. Un ejemplo fue la aprobación de la ley que amplió el plazo del proceso de formalización minera para la pequeña minería y la minería artesanal, conocida como Ley Reinfo. Esta norma fue aprobada con un inusual consenso: 87 votos a favor de todas las bancadas parlamentarias, sin excepción. Fuerza Popular, Podemos, Renovación Popular, Somos Perú y Avanza País votaron a favor de manera unánime, mientras que bancadas como Perú Libre y Alianza para el Progreso, entre otras, también la respaldaron, aunque con algunos votos en contra. La ley fue promulgada de manera expeditiva por la presidenta Dina Boluarte.

El problema de fondo excede las fronteras de Pataz. El oro ilegal no solo financia mafias locales, sino que se inserta en circuitos globales de comercio y en redes de poder político. La minería ilegal, que habría generado alrededor de 10 mil millones de dólares el año pasado, se ha convertido en una fuente de riqueza incontrolada, protegida por intereses de alto nivel. En este contexto, el Estado no solo pierde soberanía: la entrega.

Lo que ocurre en Pataz no es una excepción, sino el reflejo de un país fragmentado, donde los territorios ricos en recursos naturales son también los más desprotegidos en derechos. En lugar de más policías y más militares, lo que se necesita es estatizar Pataz. No en el sentido económico de expropiar empresas, sino en el sentido político más urgente: recuperar el control efectivo del territorio.

Estatizar Pataz significa restituir el monopolio legítimo del uso de la fuerza, hoy disputado o perdido frente a organizaciones criminales. Implica reconstruir la institucionalidad: garantizar servicios de salud y educación de calidad, justicia oportuna, y fiscalización ambiental y laboral efectiva. En suma, desmantelar el Estado paralelo del crimen e instaurar un Estado democrático que funcione.

O se recupera el territorio para el Estado de derecho, o se normaliza su abandono. Porque cada asesinato en Pataz lanza un mensaje brutal: el oro vale más que la vida. Mientras ese mensaje no reciba una respuesta firme, con decisiones públicas y resultados visibles, la barbarie seguirá brillando más que la justicia.

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Congreso, crimen organizado, Dina Boluarte, Pataz

Mientras señalaban que la razón por la cual no podían combatir la delincuencia era la falta de dinero y recibían un aumento de presupuesto, el Ministerio del Interior destinó varios miles de soles para contratar a un numeroso grupo de personas para que manejen sus redes sociales.

Para el mes de septiembre del año pasado, el entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ingresaba al Congreso con la tarea de sustentar el aumento de presupuesto para su ministerio en 2025. En aquella oportunidad, Santiváñez recibió el respaldo de los parlamentarios que escucharon sus planes para los más de doce mil millones de soles que tendría a su disposición y que representaban un incremento de más del 8% con respecto al presupuesto del 2024.

En los primeros meses del 2025, los planes para combatir la delincuencia no parecían estar dando los resultados que el ministro había prometido durante su exposición ante el Legislativo. Sin embargo, quienes todavía defendían la labor del ministro Santiváñez, como era el caso del alcalde Rafael López Aliaga, señalaban que la razón por la cual no se veían resultados positivos en la lucha contra la criminalidad era la falta de dinero.

Sudaca revisó el uso que el Ministerio del Interior le ha dado al presupuesto recibido y se ha podido encontrar una larga lista de gastos que, hasta para el menos conocedor del manejo de ministerios, estarían representando lo que se podría calificar como gastos innecesarios y un despilfarro del dinero que les asignaron.

VIVIR PARA LAS REDES

El uso de las redes sociales para mostrar una vida idealizada aunque irreal es un fenómeno que se ha vuelto común entre adolescentes y jóvenes durante la última década. No obstante, también parece que se ha vuelto una costumbre en el Ministerio del Interior y, en este caso, está teniendo un costo económico bastante alto.

El ministerio encargado de velar por la seguridad de los peruanos, tarea en la cual viene fracasando de forma rotunda, inició el 2025 destinando dieciocho mil soles para la edición del contenido que publican en redes sociales en una orden de servicio a nombre de  Jossé Jesús Alvarado Maguiña, quien en 2024 también había recibido veinte mil soles por este trabajo.

Cristian Rebosio

Dieciocho mil soles puede parecer una suma más que suficiente para el contenido en redes sociales de un ministerio. Pero en el Ministerio del Interior parece que con eso no alcanza. Por ello, este año le pagaron a Christopher Ríos Chinga quince mil soles por el servicio de gestor de contenidos para las redes sociales. Por este trabajo, el monto acumulado entre este año y el anterior supera los cincuenta mil soles.

Los influencers del Ministerio del Interior

DONDE TRABAJAN DOS, TRABAJAN TRES

Pagar estos salarios de dieciocho mil y quince mil soles en el mes de enero a más de uno le parecería un gasto muy elevado si se tiene en cuenta que el Ministerio del Interior venía perdiendo la lucha contra la delincuencia y, por lo tanto, no había logros para presumir. Sin embargo, la gestión de Santiváñez no tuvo mejor idea que contratar a una tercera persona para las redes sociales.

También en el mes de enero de este año, el Ministerio del Interior contrató a Christian Andrés Domínguez Samames por un sueldo de más de dieciséis mil soles para que se encargue de ser el editor de productos comunicacionales para las redes sociales. Entre 2024 y 2025, Domínguez recibió S/ 49,500 soles por esta labor.

Cristian Rebosio

Increíblemente, mientras miles de peruanos emprendedores se veían obligados a pagar elevados montos a bandas de extorsionadores y otros incluso debían cerrar sus negocios a cambio de preservar sus vidas, el ministerio encabezado por Juan José Santiváñez invertía doce mil soles por un servicio de creador de contenido. 

Annete Gabriela León Cárdenas se convertía en la cuarta persona contratada por el Ministerio del Interior para dedicarse a las redes sociales. La suma de los montos que recibió por este trabajo entre enero de este año y los últimos meses del 2024 acumulan un total de treinta mil soles.

Cristian Rebosio

En este equipo dedicado a las redes sociales figura un quinto nombre. Chris Brian Edwin Cielo Lara venía siendo el encargado desde 2021 de elaborar campañas y estrategias para las redes sociales de este ministerio así como para análisis de estas redes sociales. El monto destinado a esta tarea tan sólo en 2025 alcanza los veintiún mil soles y el año pasado superó los ochenta mil soles. 

Cristian Rebosio

Esta inversión, además de parecer inoportuna y excesivamente costosa, no estaría dando los resultados que se esperaban. En la cuenta de Tiktok del Ministerio del Interior se puede observar que son muchos los videos que ni alcanzan las diez mil visualizaciones.

Cristian Rebosio

LOS TEMAS QUE IMPORTAN

En contraste, para puestos mucho más relevantes en la lucha contra la delincuencia, el Ministerio del Interior parece no poner demasiado esfuerzo al momento de seleccionar personal. Un ejemplo de ello se pudo ver en las últimas semanas cuando se anunció que el nuevo integrante del equipo técnico del ministerio sería José Luis Gil Becerra, un exintegrante del GEIN que en redes sociales se muestra como un fiel creyente de diversas teorías conspirativas.

Cristian Rebosio

Pero, además, Gil Becerra fue sancionado en 2023 por haber aprovechado su cargo en la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior para que su esposa e hijo tengan chofer y seguridad a su disposición. 

Cristian Rebosio

A ello se le suma que, a inicios de este mes, Sudaca publicó el informe titulado EL GOBIERNO DE LA VANIDAD en el cual se detallaban los contratos por más setecientos mil soles que la propia Presidencia del Consejo de Ministros había asumido durante los últimos meses por servicios de retoques de fotografías y manejo de redes sociales.

El Ministerio del Interior parece haber seguido esa misma política que prioriza la inversión en redes sociales en lo que se podría considerar un desesperado intento por fabricar y difundir en estas plataformas una realidad alterna en la cual sí están ganando la batalla contra la delincuencia, aunque lo cierto que es que cada día son más los sectores afectados por esta crisis mientras en algunos ministerios lucen más preocupados en convertirse en influencers.

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Congreso, Ministerio del Interior, santivañez

[La columna deca(n)dente] Por momentos, el Congreso parece un programa de humor. Hace unos días, el congresista José Cueto, exmilitante de Renovación Popular, nos dejó una perla difícil de superar:

“Y a los amigos transportistas, que los están matando, pónganse láminas antibalas”.

Así, sin rubor ni pausa. El mensaje es claro: el Estado no puede (o no quiere) protegerte, así que hazte cargo tú. La violencia no se combate, se blinda. Y si las balas aumentan, no hay problema: a más balas, más láminas antibalas.

No estamos ante una propuesta de política pública, sino ante una política del sálvese quien pueda. ¿Qué sigue? ¿Cursos de defensa personal en la currícula escolar? ¿Subsidios para chalecos antibalas? ¿Talleres de instalación exprés de láminas antibalas en las combis? ¿Una app del Ministerio de Transportes para ubicar el taller de blindaje más cercano?

Pero Cueto no está solo en esta nueva escuela de la autodefensa ciudadana con responsabilidad compartida. Desde palacio de gobierno, Dina Boluarte se sumó al festival de exoneraciones con otra frase de grueso calibre:

“En dos años y meses del gobierno de la presidenta Boluarte no vamos a poder solucionar lo que no se ha solucionado en más de 20, 30, 40 años. No es responsabilidad de la presidenta Boluarte. No es la responsabilidad solamente de este Ejecutivo”.

Por cierto, hablar en tercera persona debe ser su nueva forma de meditación: “la presidenta Boluarte” por aquí, “la presidenta Boluarte” por allá, como si al repetir su nombre lograra convencernos de que es otra persona, una especie de holograma institucional que flota por encima del país, ajena a las decisiones de su propio gobierno.

Y claro, las culpas, esas sí que tienen pasaporte diplomático. Viajan tranquilamente hacia el pasado: 20, 30, 40 años atrás, donde habita ese ente difuso y siempre útil llamado “los de antes”. Es el culpable universal, anónimo, inatrapable… y muy conveniente.

Traduzcamos libremente su declaración: “El país está mal, pero no es mi culpa. Yo acabo de llegar (hace más de dos años) y vine a mirar, no a resolver”. O sea, no se pongan exigentes: si nadie pudo en décadas, ¿por qué esperar algo de este gobierno? A lo mucho —muy a lo mucho— puede prometer que no lo empeorará. Pero, para desgracia de todos, en los hechos lo ha empeorado… y de forma mortal.

Así se cierra el círculo: el Congreso te sugiere láminas antibalas; el Ejecutivo te dice que no puede hacer milagros; y tú, ciudadano, que apenas intentas ganarte la vida, tienes que invertir en acero, rezar o huir. Porque en este país, si te matan, es problema tuyo. Y si sobrevives, es gracias a tu emprendimiento blindado.

Mientras tanto, los extorsionadores y los sicarios innovan, los ministros declaran y los congresistas “filosofan”. El crimen evoluciona, pero la respuesta oficial es la misma de siempre: el problema viene de atrás. Es decir, ellos están para la foto y las declaraciones sin sentido, no para la solución.

Todo esto no sería tan grave si no fuera tan habitual. Se ha vuelto costumbre escuchar a las autoridades deslindar responsabilidades mientras el crimen organizado se institucionaliza, la impunidad se normaliza y la política se reduce a frases de evasión y cinismo colosal.

Pero no perdamos la esperanza. Algún día, algún día, algún día, otra política de seguridad ciudadana será posible. Por ahora, solo tenemos un consejo: Ponte láminas antibalas. Y, por si acaso, doble capa.

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Congreso, crimen organizado, Dina Boluarte, inseguridad

El tema de la educación no es una broma. Las consecuencias de una mala educación pueden llegar a resultados tan graves como el de la propuesta económica de los aranceles de Donald Trump. Lleno de errores (como poner un país deshabitado en la lista de amenazados), con montos resultado de una fórmula que ningún economista aceptaría, estas medidas comerciales van a afectar la economía mundial, agravar la crisis socioeconómica estadounidense y beneficiar a los empresarios que se empoderan durante las oleadas de quiebra y recesión económica. 

La Educación (para unos una forma disciplinaria de la población productiva; para otros, una ética, un aprendizaje de ciudadanía) es una pieza fundamental para los modelos de sociedad que siguen los gobiernos, y que idealmente debieran acordarse entre la población y sus estados. Hasta el día de hoy, una buena educación asegura que una sociedad tenga profesionales inteligentes, agudos y creativos al mando del país y sus servicios públicos, como la seguridad y la salud; más aún cuando estamos sintiendo las consecuencias agrícolas y sanitarias del cambio climático, el crimen organizado y la migración mundial. 

Son pocas las sociedades que han conseguido un acuerdo educativo que garantice en el presente y el futuro buenas políticas públicas. Y es que la democracia no es fácil: representa al pueblo, y el pueblo siempre tiene un buen porcentaje de población que vive de la política y que con astucia disfraza sus limitaciones cognitivas y profesionales para su beneficio económico. Cualquier parlamento o asamblea del mundo es un diáfano espejo de la real política de su país. Y de inmediato trasluce el sistema educativo que han conseguido. 

En el Perú los modelos de sociedad se han impuesto desde los grupos económicos que llegan al gobierno. El gobierno civilista, la dictadura de Odría, la revolución de Velasco, y la dictadura de Fujimori han tenido un modelo de sociedad manifiesto, que compartían en sus discursos, en ceremonias, en inauguraciones. Cada uno de esos modelos incluyó una reforma educativa. Y cada una de las reformas comenzada con entusiasmo (centralizando la educación, modernizando las universidades, integrando a la población indígena) terminó de mala manera. La centralización de la educación pública devino en un sistema que solo funcionaba para la capital, las universidades y escuelas se convirtieron en focos de violencia política, y se contrató a personas sin formación superior para responder a la cobertura de enseñanza. La mala educación culminó en el Partido Comunista Sendero Luminoso, en el terror que causó, en la respuesta del gobierno peruano y la guerra desatada. Miles de peruanos muertos, desaparecidos, mujeres violadas y asesinadas. Masacres por doquier. 

En ese contexto, la reforma educativa neoliberal de Fujimori esperanzó la transformación de nuestro sistema educativo de la mano con el Banco Mundial. Se anunciaron nuevos tiempos de paz y ciudanía. Más aún después de que el gobierno de Valentín Paniagua iniciara un trabajo conjunto con las universidades e institutos de investigación para resanar el gobierno de la corrupción montesinista y construir un estado serio y profesional. Con la educación pública como norte, los siguientes gobiernos fortalecieron el modelo por competencias, se añadió la meritocracia y se exigió titulación a docentes; se construyeron escuelas, colegios de alto rendimiento, se creó un sistema de becas para estudiar dentro y fuera del país. Fuimos mejorando en las pruebas internacionales y parecía haberse vencido con la Sunedu la corrupción en las falsas universidades que el parlamento de Fujimori fomentó.

Pero una crisis se anunció cuando los congresistas del fujimorismo y sus aliados se dieron cuenta de que podían tomar el poder del país a través de distorisones legislativas y comenzaron a acusar a los intelectuales afines a la reforma de ser caviares. Podemos considerar que su golpe parlamentario se inició tras la censura a Pedro Pablo Kuczynski y se cristalizó con la defenestración de Vizcarra y la cerrada defensa a Dina Boluarte. Y que uno de sus puntos clave, con apoyo de los medios de comunicación aliados, ha sido la merma de nuestro sistema educativo: leyes contra Sunedu, contra el contenido de los planes de estudio, la entrega de prorrogas a la falta de titulación. Agravada con la pandemia, aumentó la brecha con las zonas rurales, la deserción escolar se disparó, sobre todo por embarazos adolescentes, y hasta el analfabetismo ha retornado.

Hoy, con el Poder Ejecutivo en sus manos, el Congreso permite que un ministro como Morgan Quero, que solo defiende a la presidenta, pero no a las niñas abusadas sexualmente por sus docentes, que da vivas al autismo y que considera ratas a las personas asesinadas durante la masacre de los primeros días de su presidenta, ya lleve más de un año a la cabeza del sistema educativo de nuestro país. 

En las próximas elecciones, 2 millones y medio de adolescentes votarán por primera vez. Aún es tiempo de enseñarles de qué políticos tendrán que defenderse. 

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Congreso, Educación, Morgan Quero

[Agenda País]En esta nueva estadía en Lima, he tenido la oportunidad de conversar con varios amigos, empresarios algunos, profesionales otros, todos exitosos en sus respectivos campos. Pero para mi sorpresa, en vez de estar expectantes ante el nuevo proceso electoral que se avecina, todos han mostrado una desazón, una decepción y un desinterés, que prácticamente no les importa quien gane las elecciones porque ya tendríamos el país perdido. Y esto no solamente pasa por el entorno político.

Si bien las cifras macroeconómicas están mostrando señales de recuperación con una perspectiva de más del 4% del PBI para este 2025, los problemas fundamentales, y principalmente la informalidad, continúan sin tener ningún horizonte de resolución. Es más, los formales se han adaptado al mercado informal, e incluso el ilegal, atrayéndolos como socios-proveedores y “formalizando” sus operaciones para que entren en los canales regulares.

Los empresarios y los emprendedores debido a su resiliencia y creatividad, son los que han venido sosteniendo este país, formal o informalmente, ante años de desidia e incompetencia de los gobiernos nacionales y regionales. Recordemos que 80% de la inversión en el Perú es de origen local ( el otro 20% proviene del exterior ) y de ese 80%, el 80% es inversión privada, Es decir, 64% de la inversión en el Perú es privada y nacional, por lo tanto, el principal motor de la economía.

Aún en situaciones difíciles, como en la época del terrorismo, la crisis internacional del 2008/2009 y la pandemia del Covid, el empresariado y la ciudadanía habían mostrado optimismo en el futuro, pero ahora, las cosas han cambiado.

Vemos diariamente que los problemas históricos continúan. Se caen los puentes, las pistas son un desastre, construimos un aeropuerto de primer nivel y nos olvidamos de hacer los accesos, el sicariato y la extorsión campean descontroladamente, los servicios de salud siguen siendo deficientes y lo peor de todo, con un desdén hacia los enfermos que linda con la crueldad.

Y a todos estos problemas, cuya lista queda ampliamente corta, se ha sumado el desmadre institucional que los distintos grupos de interés, que algunos llaman mafias, azuzan diariamente a través de medios y políticos afines, asolapados analistas “independientes” y aquellas ONG’s que se están quedando sin financiamiento externo. Pero esto no queda acá.

El Ministerio Publico, sumamente diligente para unos, extremadamente negligente para otros, inicia indagaciones a Fuerza Popular por una denuncia individual de supuestas prácticas antidemocráticas, un día después de convocadas las elecciones generales del 2026. Una raya más a este tigre altamente politizado que allanó la casa del entonces ministro del interior Santiváñez, por un supuesto abuso de autoridad. Excesos fiscales.

Pero claro, el gobierno tampoco ha ayudado a llevar la fiesta en paz. Desde los vaivenes plásticos de la Presidenta y su falta de transparencia, los relojes lujosos reflejo de vanidades en un país con 40% de pobreza y la pechada a los otros poderes del estado, solamente han agregado más leña al fuego de la intolerancia y el desorden.

Esperemos que la acertada anticipación en convocar a elecciones generales del 2026 por la Presidenta Boluarte, genere otro ánimo en los líderes de todos los poderes del estado y que puedan trabajar juntos en este período que ya es de transición. En estos 16 meses que le faltan a este gobierno, solo queda asegurar la transparencia del proceso electoral en un ambiente de relativa paz institucional, mejorar la seguridad ciudadana y continuar en la lucha contra la pobreza multidimensional.

No perdamos la esperanza. El Perú y nuestra gente somos gente de bien. Depende de nosotros.

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cambios, comisión, Congreso, Constitución, diputados, Elecciones, Fernando Rospigliosi, ley electoral, Luis Aragón, Perú, piero corvetto, Política, senado

[La columna deca(n)dente] La reciente movilización del 21 de marzo en Lima, que congregó entre 20 000 y 25 000 personas, se configura como un episodio paradigmático del «poder en movimiento» descrito por el politólogo Sidney Tarrow. Si bien su éxito inmediato se materializó en la inusual censura del Ministro del Interior, este resultado no puede simplificarse como una concesión autocrítica del Congreso. Más bien, la marcha actuó como un catalizador, visibilizando y amplificando la creciente indignación ciudadana ante la inacción gubernamental frente a la epidemia de extorsión y sicariato, una indignación que ya venía gestándose en la sociedad.

El hartazgo social, motor fundamental de la acción colectiva, ha escalado en paralelo al avance del crimen organizado, elevando la seguridad ciudadana a una prioridad nacional ineludible. Sin embargo, como Tarrow señala, los movimientos sociales no operan en un vacío. Esta crisis de seguridad no es meramente una falla en la implementación de estrategias, sino que se asienta sobre un marco normativo permisivo con las organizaciones criminales. En los últimos meses, hemos presenciado la aprobación de leyes que, lejos de fortalecer la institucionalidad, debilitan la lucha contra el crimen organizado: restricciones a la colaboración eficaz, limitaciones a la labor fiscal en allanamientos y eliminación de sanciones por la opacidad en el financiamiento de campañas, facilitando la infiltración de capitales ilícitos en la política, un fenómeno que mina la legitimidad democrática desde sus cimientos como bien se señala en un informe de Ojo Público. 

La pasividad del gobierno, lejos de actuar como contrapeso, ha facilitado la imposición de estas normas, favoreciendo, parafraseando a la presidenta Boluarte, a «fuerzas oscuras» cuyos intereses se contraponen al bienestar ciudadano. En este contexto, la marcha del 21 de marzo se convierte en una «ruptura de la rutina», un evento disruptivo que sacude la complacencia del poder institucional y evidencia la desconexión entre los partidos políticos y las demandas ciudadanas.

Los partidos liderados por figuras como Keiko Fujimori, César Acuña, Vladimir Cerrón, José Luna y Rafael López Aliaga, aliados legislativos del gobierno, han intentado escenificar un «distanciamiento táctico», una maniobra calculada para proteger su imagen ante el creciente descontento. Su repentina crítica al Ministro del Interior, a quien previamente “blindaban”, no responde a una genuina preocupación por la gestión, sino a un cálculo político pragmático. Son conscientes de que mantener su apoyo incondicional a una figura desgastada y clave en la maquinaria gubernamental se ha vuelto insostenible. Este «repliegue estratégico» busca ocultar su complicidad previa y simular una independencia inexistente, intentando navegar la ola de indignación sin renunciar a los beneficios que les reporta su alianza con el régimen.

Sin embargo, esta maniobra, lejos de marcar un quiebre sustancial, se inscribe en una lógica de «oportunidad política». Buscan seguir siendo funcionales al gobierno, preservando sus privilegios, sin pagar el costo político de respaldar explícitamente a un ministro incompetente. Su lealtad a Boluarte y la defensa de sus propios intereses permanecen intactas.

La movilización ciudadana ha demostrado que la presión desde abajo puede alterar el tablero político. La lucha no termina con la remoción de una figura. El Congreso ha sentado las bases para un marco normativo que favorece a las organizaciones criminales, y el gobierno ha permitido su avance. Ante esta realidad, la ciudadanía debe mantenerse vigilante y organizada, exigiendo no solo la salida de figuras cuestionadas, sino también la derogación de las leyes que facilitan la impunidad y el crimen organizado. Solo a través de una presión sostenida y consciente, articulando un repertorio de acción colectiva diverso y estratégico, será posible enfrentar el deterioro institucional y revertir el avance de las mafias en el país.

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Congreso, crimen organizado, Dina Boluarte, ministro del Interior
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