Informes

Tal como lo expuso Sudaca en la primera parte del informe sobre Juan Carrasco Millones, los primeros momentos de fama del exministro estuvieron ensombrecidos por las contradicciones y mentiras que se dijeron con respecto al misterioso apoyo en recursos que recibieron los involucrados en el caso “Los Limpios de la Corrupción”.

Sin embargo, la historia detrás de uno de los casos que supo concentrar la atención de todos los peruanos hace casi una década tiene todavía muchos vacíos que despiertan suspicacias así como testimonios que generan desconfianza sobre lo que realmente ocurrió en el detrás de escena de lo que en su momento fue la mediática detención del alcalde de Chiclayo.

Sudaca ha revisado la información de aquella época para completar esta segunda parte del expediente sobre Juan Carrasco y conocer a fondo cuáles han sido los cuestionamientos que existieron sobre el proceder de Carrasco Millones en la época que se intentó instalar como un luchador contra la corrupción.

MENTIRAS E IREGULARIDADES

Si bien la detención del alcalde Roberto Torres y más de veinte personas había sido vista en su momento como un acto valiente por parte de los fiscales a cargo del caso, entre los que se encontraba el exministro Carrasco Millones, la información que se ha conocido años después con respecto a los argumentos y pruebas para conseguir estas detenciones han expuesto una serie de irregularidades alarmantes que comprometen seriamente a los que en su momento fueron los responsables de la caída de “Los Limpios de la Corrupción”.

Durante el año pasado, Diario La Verdad, un medio regional de Chiclayo, contó la versión de uno de los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo sobre lo que realmente habría ocurrido con las colaboraciones eficaces. Según Jorge Matallana Peralta, sus declaraciones no sólo fueron tomadas como si él fuese un aspirante a colaborador eficaz sino que, además, los hechos que figuraban en esos documentos no correspondían a sus relatos y habían sido elaborados por los fiscales a cargo.

Matallana Peralta incluso expresó que, usando el temor de terminar en una cárcel, le hicieron firmar documentos con preguntas que nunca se le habían formulado y respuestas que no correspondían a su versión. Para Matallana, el objetivo del fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco no era conocer los hechos verdaderos sino reforzar su teoría, aunque para ello tenga que ampararse en mentiras.

Cristian Rebosio

Pero lo relatado por Matallana está lejos de ser un caso aislado. En el siguiente video, otros implicados en el caso cuentan las presiones que recibían para realizar declaraciones que sean funcionales a los intereses de los fiscales y la evidente falta de interés que existía por conocer los hechos que realmente involucraban a los integrantes de “Los Limpios de la Corrupción”.

En la grabación de la audiencia se puede escuchar a Ernesto Sánchez Vásquez y Carlos Mendoza Oliden, exfuncionarios de la municipalidad, retractarse de las declaraciones que habían hecho previamente ante el Ministerio Público y acusar a los fiscales a cargo de haberlos presionado con frases como “si tú los echas, te vamos a pasar como testigo y no te va a pasar nada”.

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EL FACTOR POLÍTICO

Sudaca conversó sobre estas irregularidades en  el caso “Los Limpios de la Corrupción” con Rubén Fernández Morales, presidente de la asociación civil Pro Actione, quien explica la participación del exministro Juan Carrasco en este caso. “Carrasco Millones, con informes falsos de inteligencia, respalda un requerimiento de más de treinta funcionarios de la Municipalidad de Chiclayo”, expone en declaraciones a este medio.

Además, Fernández hace énfasis en el momento elegido para pedir la prisión preventiva del entonces alcalde Roberto Torres, que se respaldó en los mencionados informes falsos, ocurrió a pocos días de las elecciones municipales y benefició la llegada a la alcaldía de Chiclayo de David Cornejo Chinguel, el candidato de Alianza Para el Progreso, debido a que ocurren precisamente días antes de las elecciones.

Pero, además de manipular declaraciones de falsos colaboradores eficaces, los documentos usados para la detención de más de veinte funcionarios también habría contado con la colaboración de integrantes de la policía y los nombres de estos oficiales serían Romel Díaz Paz y Víctor Chafloque Oliden.

“Firman un informe de inteligencia donde relatan una serie de una organización criminal”, comenta Rubén Fernández sobre el rol de estos oficiales que le proporcionaron a Carrasco Millones otro de los documentos claves para lograr la prisión preventiva. Sin embargo, ninguno de estos oficiales estaba en condiciones de poder firmar un oficio de la Oficina de Inteligencia Territorial Policial (Ofinterpol) debido a que no cumplían funciones en este lugar y, posteriormente, fueron acusados de usurpación de funciones.

Desmantelar una organización criminal vinculada con políticos es, sin lugar a dudas, una tarea valiente y necesaria en un país tan perjudicado por la corrupción. Pero, cuando se utilizan métodos por fuera de la ley con el propósito de acortar caminos, la finalidad de cualquier detención y operativo queda totalmente desvirtuada, tal como parece haber ocurrido con el emblemático caso del exministro Carrasco Millones.

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Juan Carrasco, Ministerio del Interior

Cuando aún faltan dos años para el recambio constitucional de los poderes Ejecutivo y Legislativo, un twitter de Keiko Fujimori sitúa la lucha por el sillón presidencial -entre otras- en la respuesta a la pregunta: “¿No les ha pasado que cuando van a una farmacia a comprar un medicamento les dicen que no hay o que está descontinuado, e inmediatamente le ofrecen otro?”.

Bueno, pues, porque con esa pregunta aparentemente ingenua, la señora Fujimori apareció en sus redes sociales emplazando a las autoridades respectivas a corregir una supuesta infracción a las leyes del mercado vigiladas por nuestra Constitución.

Así, en otro twitter del pasado 2 de marzo, Fujimori dice: “Nosotros siempre estaremos a favor de la inversión privada y de lo que esta genera, pero de ninguna manera permitiremos o estaremos de acuerdo con los abusos o excesos que ellas cometan en contra de la población más vulnerable y que se ve afectada en los temas de medicamentos; es por eso que la bancada de Fuerza Popular está promoviendo una serie de iniciativas para proteger al paciente, evitar los abusos y mejorar la competencia, la oferta y los precios”. Termina el enérgico tweet diciendo: ¡Nadie tiene derecho a obligarte a gastar más por tus medicinas!

 Más allá del hecho de haber obligado a las organizaciones a la derecha y a la izquierda de Fuerza Popular a pronunciarse muy temprano en un tema que no tenían pensado, Keiko Fujimori se convierte en abanderada de todos aquellos que entienden qué es monopolio, qué es oligopolio y qué es posición dominante en el mercado y cómo ellos pueden hacernos la vida más difícil.

Pero el verdadero efecto conseguido con esos dos twitter es, a saber, la dación del decreto de urgencia 005-2024 que obliga a las farmacias y a las boticas a proveer la totalidad de los medicamentos genéricos. Es decir, con dos tuits bien colocados, Keiko Fujimori sitúa la lucha por lograr el primer lugar en las preferencias ciudadanas en poner el énfasis en las necesidades primarias de los peruanos.

Desde mediados de la década pasada, la industria farmacéutica produce más de mil millones de dólares anuales de beneficios netos, siendo una industria en expansión, aunque sus lobbistas se quejan porque cada año la industria pierde millones de dólares en ingresos al convertirse cientos de marcas registradas en genéricos de uso libre.

 

¿Por qué se da el decreto de urgencia?

El Gobierno emitió en la fecha un decreto de urgencia que dicta medidas extraordinarias a fin de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los medicamentos genéricos, tras haber vencido una norma dictada en el mismo sentido hasta febrero próximo pasado.

El documento obliga a boticas y farmacias a mantener un stock de 30 por ciento de la oferta total de medicinas priorizadas.

“Dicha obligatoriedad se circunscribe a aquellos medicamentos que formen parte de la oferta de medicamentos de marca, no implicando la obligación de ampliar dicha oferta, precisa el Decreto de Urgencia 005-2024.

Se señala, además, que el incumplimiento de dichas disposiciones constituye infracción administrativa, sancionada con multa de hasta dos unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a 10,300 soles durante el presente ejercicio tributario.

El defensor del Pueblo Josue Gutiérrez dijo que la medida dada en la fecha por el Poder Ejecutivo responde “a un momento, a un contexto”, pero quien debe asumir la responsabilidad es el Congreso a través de la aprobación de una ley que defina la política sobre estos medicamentos.

«Saludamos cuando de manera rápida se busca dar solución a estos problemas centrales […] (pero) lo que buscamos y pretendemos siempre es que esta discusión pase por donde tiene que pasar y, disculpe, esta norma debe ser ley, no decreto de urgencia», dijo. 

«Entonces hay una responsabilidad directa del Congreso de la República y por lo menos el reto en los próximos días para que pueda abordarse esto con suma rapidez y tener una legislación un poco más integral», agregó. 

El defensor del Pueblo dijo que desde su institución se está estableciendo «el nivel de coordinación a través de la Comisión de Salud» del Parlamento «a efectos de que empecemos a tratar mucho más en serio este tema de acceso a la salud».

El exministro de Salud Víctor Zamora, calificó el DU sobre los medicamentos genéricos de confuso, porque, no especifica si también están incluidas las grandes cadenas de farmacias y boticas. 

«Es un problema de forma que puede tener un impacto en el fondo. Es la redacción, puede ser entendida que no son todos. O que puede ser entendida que está restringido solo a las farmacias y boticas y no así a las cadenas de boticas. Bastaba decir que era de obligatorio cumplimiento por todos los establecimientos, farmacias y boticas del sector privado», señaló. 

Además, criticó que el DU extienda un plazo de 10 días para determinar la lista de medicamentos genéricos incluidos en la norma.

«Una lista cuya composición, en términos de medicamentos, desde mi punto de vista, debería ser mínimamente lo que ya existía o mejorar, pero no retroceder», señaló. 

Zamora también indicó que el titular de Salud, César Vásquez tenía una ley preparada y que seguro necesita los meses del DU para preparara la normativa. 

«El ministro (de Salud, César Vásquez) dijo que tenía preparada una ley, luego cambió la versión de un decreto de urgencia. Sospecho que no tiene una norma preparada y este es el lapso de tiempo para preparar una norma, un proyecto de ley para enviar al Congreso», afirmó. 

El exministro también sugirió la posibilidad que el nuevo decreto de urgencia solo sirva para dentro del periodo de vigencia «nos olvidemos del asunto» y finalmente se derogue la norma de acceso a medicamentos genéricos.

Las legislaciones que regulan las ventas de los productos farmacéuticos y la conversión de muchos de ellos en genéricos contienen una serie de medidas que han llevado a dos países de nuestra región de tener medicamentos baratísimos a tener los más caros del área. Esos países son Chile y la Argentina, en el primer caso el estallido social y las secuelas de la pandemia y en el segundo la subida incontrolable del precio de los insumos los convirtió de baratos en caros. Asimismo, en ambos países y en el Brasil sucede un fenómeno singular al ingresar millones de dólares de ciertas industrias ilegales al mercado farmacéutico, generando distorsiones en los precios de los medicamentos. De igual manera, en Colombia y en el Perú se suscitan fenómenos parecidos, colocando a las industrias de ambos países en productoras de fármacos de bajos costos. Sin embargo, pese a tener insumos baratos, capital de trabajo de poco costo y regulaciones estatales, los precios de venta se mantienen altos, creando malestares y convirtiendo dichos malestares en temas de campaña electoral.

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Ejecutivo, Keiko Fujimori, Medicamentos genéricos

La Municipalidad Metropolitana de Lima ha emitido una respuesta a una serie de consultas y observaciones en relación con la convocatoria para el servicio de alquiler de vehículos destinados al lavado y desinfección de espacios públicos en el Cercado de Lima. Sudaca accedió al documento de las consultas realizadas.

Benjamín Zevallos

 

Elevación al OSCE del pliego de absolución de consultas y observaciones

Entre las cuestiones abordadas, una de las principales inquietudes giró en torno a la capacidad de las cisternas de agua utilizadas en el servicio. En este sentido, el documento menciona que la Municipalidad precisó que solo se aceptarán unidades con una capacidad de hasta 4000 galones. Esta restricción se fundamenta en la necesidad de adaptarse a las condiciones de las calles estrechas y empedradas presentes en el área de operación, evitando así posibles problemas de acceso y maniobrabilidad.

Otro aspecto abordado fue la exigencia de certificación de cubicaje para cada vehículo propuesto. Frente a la confusión sobre qué entidad debería otorgar esta certificación, la Municipalidad aclaró que debe ser emitida por un organismo acreditado por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL). Esta medida busca asegurar la competencia técnica de las empresas proveedoras y garantizar que los vehículos cumplan con las especificaciones requeridas para el servicio.

En lo que respecta al suministro de agua, se aclaró que esta debe contar con el permiso de uso de agua otorgado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en cumplimiento de la normativa vigente sobre recursos hídricos. Esta medida tiene como objetivo garantizar que el agua utilizada en el proceso de limpieza y desinfección cumpla con los estándares de calidad y seguridad establecidos por las autoridades competentes.

Además, se abordaron inquietudes sobre la habilitación legal de las empresas proveedoras. Si bien se sugirió que este requisito debería recaer sobre cada unidad en lugar de sobre la empresa en su conjunto, la Municipalidad defendió la necesidad de garantizar que todas las unidades utilizadas en el servicio estén debidamente autorizadas para prestar el servicio, asegurando así la calidad y eficacia del mismo.

Finalmente, se proporcionaron detalles sobre la metodología para determinar las horas de inicio y fin del servicio. Según lo especificado por la Municipalidad, el cómputo de las horas del servicio se inicia desde la salida de las bases operativas y se supervisa mediante tecnología GPS y partes diarios. Esta medida tiene como objetivo garantizar un adecuado control y seguimiento de la prestación del servicio, asegurando su eficiencia y cumplimiento de los estándares establecidos.

Sobre Innova Ambiental 

La empresa INNOVA AMBIENTAL S.A. ha levantado una serie de interrogantes sobre los requisitos de representación legal en procesos de contratación estatal, generando cierta controversia en la última convocatoria emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima. En su consulta número siete, la empresa solicitó aclaraciones sobre la antigüedad máxima permitida para los certificados de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tales efectos. A pesar de la consulta, la entidad convocante no encontró fundamentos claros en la normativa vigente que respaldaran la solicitud de INNOVA AMBIENTAL.

Otra área de debate surgió con respecto a los requisitos de calidad de agua para el lavado y desinfección de espacios públicos. Innova Ambiental planteó interrogantes sobre los términos «turbidez» y «mal olor» en relación con el agua requerida para el servicio, así como la necesidad de especificaciones en la autorización o licencia de pozo de agua. Sin embargo, la entidad convocante defendió la claridad de los términos establecidos en las bases del contrato y señaló que no hay ambigüedad en los requisitos de calidad del agua.

Discrepancia en penalidades

Innova Ambiental observó que respecto a las penalidades contempladas en el contrato fue objeto de escrutinio por parte de la entidad convocante. La empresa cuestionó la falta de mecanismos objetivos y acreditados para determinar la presencia de turbidez o mal olor en el agua, requisito fundamental para la aplicación de penalidades. Sin embargo, la entidad convocante defendió la validez de los mecanismos establecidos y la objetividad de los criterios de penalización, desestimando las objeciones planteadas por Innova Ambiental.

Con estas respuestas detalladas, la Municipalidad de Lima busca garantizar la transparencia y la adecuada implementación del proceso de contratación para este importante servicio de limpieza y desinfección en el corazón de la ciudad, asegurando así la salud y bienestar de todos los ciudadanos.

La situación de la pesca en el sur atraviesa un momento de crisis e incertidumbre. Sin embargo, las evidencias rescatadas de la zona sur demuestran que el trágico panorama se podría evitar.

 El presente de la industria pesquera en la zona sur del país muestra un panorama inquietante que promete convertirse en una crisis a largo plazo si no se toman medidas inmediatas. Tal como lo ha contado Sudaca en informes periodísticos publicados en las últimas semanas, el causante de esta crisis en ascenso no es la escasez de la anchoveta ni algún tipo de práctica extractiva sin regulación sino el desinterés de las autoridades por tomar en cuenta la evidencia científica al momento de imponer y mantener restricciones para este sector.

No obstante, si bien por tratarse de un problema que se podría resolver con un cambio técnico basado en evidencia científica, el tiempo que están tardando las autoridades en atender esta situación sigue causando pérdidas millonarias al este sector. Sudaca revisó los datos más recientes sobre la situación de la pesca de anchoveta en la zona sur.

UN CONTRASTE ABRUMADOR

Según diversos especialistas, la anchoveta atraviesa uno de sus periodos de mayor abundancia en siglos. Sin embargo, paradójicamente, los números que arroja la pesca de este recurso en la zona sur del país muestran una situación que parece propia de un contexto de escasez. En un informe realizado por la empresa de consultoría Macroconsult, se puede observar que la zona sur está pasando por su peor momento histórico en desembarques de anchoveta con un promedio que no representa ni la mitad de lo que se registraba hace poco más de una década.

Cristian Rebosio

Entre los factores que han contribuido para que la pesca en el sur llegue a este preocupante presente ha destacado la talla mínima de captura establecida por las autoridades que se mantiene en doce centímetros. Si bien la intención es evitar una explotación desmedida del recurso que ponga en riesgo su sostenibilidad, los datos del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) indican que el promedio de la talla de madurez de la anchoveta es de 10.5 centímetros. 

Cristian Rebosio

Estos datos que dejaron los estudios de IMARPE demuestran que se podría haber reducido la talla mínima de captura de la anchoveta sin perjudicar la sostenibilidad de la especie debido a que, desde hace varios años, no necesitan llegar a los doce centímetros para estar en condiciones de reproducirse y que han sido factores ambientales ajenos a la actividad pesquera los responsables de la reducción observada en los años recientes.

Además, esta situación se agravó por las vedas impuestas. Según relatan los propios trabajadores del sector, cerca del 80% de la pesca de anchoveta tiene una talla entre 11 y 11.5 centímetros. Acorde al Decreto Supremo 024-2016, cuando se supera el 10% de capturas con talla mínima se debe cerrar la zona y suspender la actividad.

Sin embargo, tal como explican quienes se encargan de la pesca, este escenario se repite en cada zona donde intentan pescar. Según esta versión, incluso si llegan a encontrar una zona con tallas grandes, toma un día para que las anchovetas de tallas chicas vuelvan a ser mayoría y, por lo tanto, se les impida pescar.

EL IMPACTO ECONÓMICO

Como era de esperarse, las restricciones carentes de sustento científico mencionadas previamente no han tardado en tener un considerable impacto negativo en la economía del sector. Se estima que, entre 2016 y 2023, el desembarque de anchoveta podría haber alcanzado las 963 mil toneladas si se tomaban en cuenta los datos de IMARPE  y la talla mínima de captura se reducía a 10.5 centímetros. Además, se podría haber registrado una producción de 233 mil toneladas de harina de pescado y 24 mil toneladas de aceite de pescado. 

Cristian Rebosio

En lo que respecta a las exportaciones, se calcula que, con la harina y aceite de pescado, se podría haber llegado a los 594 millones de dólares si se reducía la talla mínima de captura vigente entre 2016 y 2023.

Cristian Rebosio

Por supuesto, este impacto negativo también se puede observar en la situación actual de las plantas de procesamiento pesquero. Tal como se observa en el gráfico, las plantas dedicadas a la producción de harina de pescado registran una mayoría sin producción como consecuencia de los impedimentos a la pesca.

Cristian Rebosio

Otro de los datos alarmantes que recogió Macroconsult revela que, actualmente, la zona sur apenas contribuye con un 8% al PBI de pesca nacional. Además, estas deficiencias han significado, desde 2012 hasta la fecha, una pérdida que alcanza la alarmante cifra de 1.9 mil millones de dólares en el rubro de exportaciones.

Se espera que pronto empiece una nueva temporada de pesca. Sin embargo, si las restricciones para esta actividad se mantienen invariables, el pronóstico no resulta alentador para todos los involucrados con el sector pesquero en el sur y el futuro de este rubro estará seriamente comprometido pese a que la abundancia del recurso reúne las condiciones idóneas para que Perú sea uno de los más beneficiados por la pesca de anchoveta.

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nchoveta, Perú, pesca

Sudaca accedió a documentos que exponen a Juan Carrasco Millones, el exministro castillista, y el polémico caso que impulsó su carrera.

En septiembre del 2014, a pocos días de las elecciones regionales y municipales, un escandaloso caso llevó todas las miradas de los peruanos a la ciudad de Chiclayo. La razón: El alcalde en funciones y candidato para una tercera reelección, Roberto Torres Gonzales, tenía una orden de captura en su contra junto con un grupo de casi treinta personas compuesto por funcionarios e integrantes del entorno familiar del burgomaestre.

Torres era acusado de lavado de activos, corrupción de funcionario y asociación ilícita para delinquir. El caso tomó tal magnitud que incluso el entonces ministro del Interior, Daniel Urreti, siguió de cerca la captura del alcalde chiclayano. En un país en el cual existe la sensación que los políticos sin intocables,  no era un hecho menor que un personaje que había sido la máxima autoridad de su ciudad no pudiese escapar de la justicia.

Sin embargo, aunque ese parecía el final ideal de lo que se había vendido como un caso de corrupción, esta historia de justicieros no estaba exenta de sus propias sombras. Sudaca tuvo acceso a documentos que despiertan dudas sobre lo que ocurrió detrás de lo que en ese entonces se conoció como el caso de “Los Limpios de la Corrupción” y tuvo como uno de sus protagonistas al exministro Juan Carrasco Millones, quien desempeñaba el cargo de fiscal y fue uno de los impulsores de estas detenciones.

EL APORTANTE MISTERIOSO

Si en política se despiertan suspicacias cada vez que se conocen los aportantes a las campañas de los candidatos por los intereses que pueden existir detrás de las supuestamente desinteresadas contribuciones, cuando se trata de colaboraciones con la justicia resulta lógico que la desconfianza sea todavía mayor por todas las herramientas que podrían estar a disposición de intereses ajenos a la justicia.

En 2014, mientras el caso del alcalde Torres acaparaba las portadas, el trasfondo ocultaba detalles que generan dudas razonables sobre los que podrían haber sido los verdaderos intereses detrás de la detención del entonces alcalde de Chiclayo y el emblemático caso de “Los Limpios de la Corrupción” que hicieron famoso al exministro Carrasco Millones.

Por aquella época, aprovechando la conmoción que había generado la detención de alcalde de Chiclayo, Juan Carrasco Millones, quien en ese entonces todavía era un fiscal adjunto, empezó a ser protagonista de entrevistas e informes periodísticos que lo hacían ver como un referente de la lucha contra la corrupción que era perseguido y amenazado de muerte como represalia por haber permitido la detención de un político corrupto y su organización criminal.

En estas entrevistas, Carrasco Millones aparecía acompañado por César Fernando O´Phelan Pérez, quien se presentaba como el presidente de la ONG Projusticia que estaba auxiliando a Juan Carrasco ante las amenazas que recibía y, durante las declaraciones que daban a los medios, O´Phelan detallaba los pormenores de la caía del alcalde.

Juan Carrasco Millones

Según relató el propio César O´Phelan en compañía de Carrasco Millones, un programa denominado “Cooperación para el Fortalecimiento del Sistema de Justicia de Lambayeque” impulsado por el gobierno británico había permitido la asignación del presupuestos que permitió alquilar un local, adquirir equipos computarizados y hasta realizar capacitaciones del equipo que integraba Carrasco Millones.

Juan Carrasco Millones

Si bien el apoyo a la logística de “Los Limpios de la Corrupción” puede parecer una buena noticia, se puede convertir en un escenario desconcertante cuando el generoso apoyo deja de tener un rostro confiable, como lo podría ser el gobierno británico, y pasa a ser un desconocido. Además, el silencio de Carrasco Millones, quien por el cargo que desempeñaba podía saber los detalles del supuesto convenio, llevan a que este caso sea todavía más sospechoso.

En abril del 2018, Mariana Del Pilar Vásquez Zagaceta, presidenta de la Juntas de Fiscales Superiores de Lambayeque, recibió una solicitud en la cual le pedían el convenio de la mencionada cooperación internacional, los documentos de la asignación presupuestal producción de este programa y otros detalles del programa “Cooperación para el Fortalecimiento del Sistema de Justicia en Lambayeque” que O´Phelan relataba a los medios en compañía del fiscal Carrasco Millones.

Juan Carrasco Millones

Cinco días después, la fiscal superior respondió a esta solicitud e informó que el famoso convenio no existía y que el Distrito Fiscal de Lambayeque nunca había suscrito nada relacionado con un programa denominado “Cooperación para el Fortalecimiento del Sistema de Justicia en Lambayeque”.

Juan Carrasco Millones

¿QUÉ ESCONDEN?

Sudaca conversó con Rubén Fernández Morales, presidente de la asociación civil Pro Actione, para conocer cuáles podrían ser las motivaciones de Carrasco Millones para haber guardado silencio cuando se detallaba información clave sobre el grupo que él integró y el apoyo logístico que había recibido.

Al respecto, Fernández señala que “Carrasco millones usa esa imagen para decir que lo querían matar por haber desarmado una red criminal y que el poder corrupto de altas esferas de jueces y congresistas los querían perjudicar”. Sin embargo, según Fernández Morales, el exfiscal no buscaba protección sino un ascenso. “Usa esa imagen para tres o cuatro días después logre su ascenso a fiscal titular”, explicó.

“Él está recorriendo el país aduciendo que está formando un partido político”, comenta Fernández sobre el presente de Carrasco Millones y se muestra indignado debido a que considera que nunca se investigaron sus acciones. “Lamentablemente, la fiscalía de Lambayeque nunca lo quiso investigar”, agrega.

LA PALABRA DE O´PHELAN

Sudaca pudo conversar con César O´Phelan para conocer los detalles de su participación en este polémico caso. Según relató, él nunca habló de ningún tipo de convenio con el gobierno británico y explicó que “no es ningún convenio. Yo fui seleccionado y preparado por el Crown Prosecutor Service, que es como el FBI de Gran Bretaña”.

Además, O´Phelan señala que desconocía detalles del operativo para las detenciones en el caso  “Los Limpios de la Corrupción”. Agrega que sí promovió a Carrasco Millones porque consideraba que “su trabajo había sido limpio”. “Lo acompañé a varios canales de televisión en Lima para que se sepa lo que se había hecho en Chiclayo para que sirva de modelo de otros fiscales jóvenes del Perú”, comenta con respecto a sus apariciones en medios. O´Phelan relata que, tiempo después, Carrasco Millones se distancia y hasta  abre una carpeta de investigación contra él, sus padres, hermano y sobrino como venganza por haber investigado casos relacionados a las mafias azucareras.

La caída de políticos corruptos siempre representará una noticia favorable para un país tan golpeado por esta clase de personajes. Sin embargo, este tipo de operativos corren el riesgo de desvirtuarse cuando carecen de transparencia y, además, planean con premeditación una mentira que repiten o permiten que se siga propagando, como habría hecho el exminsitro Carrasco Millones. 

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Juan Carrasco, Ministerio del Interior

Luego del triunfo en las elecciones municipales de 2022, la popularidad de Rafael López Aliaga entró en una notoria curva descendente. Entre los principales cuestionamientos al alcalde de Lima se encontraba la falta de obras que tengan un impacto significativo en la calidad de vida de los limeños. Sin embargo, mientras la gestión de López Aliaga se inundaba de críticas y promesas de campaña incumplidas, puertas adentro de la Municipalidad de Lima se vivía una fiesta interminable.

Indiferentes a las críticas y necesidades de los limeños, la gestión de López Aliaga empezó a destinar una importante cantidad de tiempo y presupuesto para realizar homenajes y entregar medallas a un grupo de personajes que no sólo no habían tenido ningún tipo de contribución a la ciudad que los haga merecedores de este tipo de distinciones sino que, además, algunos de ellos son conocidos por fomentar la homofobia y el machismo.

En esta lista destacaban los nombres de Agustín Laje, escritor argentino famoso por su discurso de odio contra la comunidad LGTBI, el cineasta Eduardo Verástegui, vinculado al grupo ultraderechista denominado Foro de Madrid, y hasta la actualmente suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Acorde a lo publicado por el portal Wayka en octubre del año pasado, el gasto en las medallas bañadas en oro, recordatorios de vidrio grabado y bandas municipales superaba los veinticinco mil soles.

Sin embargo, premiar a este tipo de personajes no sería una exclusividad de la gestión de Rafael López Aliaga. Tal como pudo comprobar Sudaca, son varios los distritos con alcaldes de Renovación Popular en los cuales se ha vuelto una práctica común utilizar el dinero de los contribuyentes para homenajear a los aliados del partido celeste.

OTRA VEZ LA MOLINA

La Molina es uno de los distritos cuya máxima autoridad pertenece al partido que tiene como líder a López Aliaga, pero también se ha convertido en uno de los más cuestionados debido a la gestión del alcalde Diego Uceda. En los meses recientes, Sudaca ha informado una serie de irregularidades que han colocado a la Municipalidad de La Molina en el ojo de la tormenta.

En lo que respecta a los homenajes, La Molina parece haber seguido el ejemplo de su líder partidario y ha destinado una considerable cantidad de tiempo y dinero para condecorar a personajes que parece estar más cercanos a la simpatía del alcalde que al bienestar de este distrito.

Entre estos polémicos homenajeados que recibieron la Medalla de La Molina se encuentra  Ántero Flores Araoz, quien tiene como antecedente político más reciente su colaboración con Manuel Merino en noviembre del 2020 cuando aceptó el cargo de primer ministro. Pese a la indiscutible evidencia de la represión sufrida por los ciudadanos que protestaban y hasta por los comunicadores que cubrían estas manifestaciones, Flores Araoz nunca aceptó la responsabilidad del gobierno de Merino en estos actos violentos y lo defiende hasta la fecha.

Informe Cristian Rebosio

Otro de los homenajeados fue Ernesto Blume, el expresidente del Tribunal Constitucional que a finales del año pasado se mostró como una de las voces que defendían la irregular liberación de Alberto Fujimori. Pero Blume y Flores Araoz no son los únicos homenajeados que casualmente se alinean con las posturas ideológicas del partido del alcalde de turno. En esta lista también figura el nombre de Miklos Lukacs, un docente universitario conocido por su postura en contra de la comunidad LGTBI, difundir teorías conspirativas y hasta por tener una posición antivacunas durante la pandemia del Covid.

En estas ceremonias que se realizaron en el marco del aniversario 61º y 62º del distrito, la gestión de Uceda también condecoró al exministro aprista José Antonio Chang, a la actual rectora sanmarquina Jeri Ramón, quien se ha posicionado como enemiga de la reforma universitaria, y a Gladys Echaíz, congresista que actualmente integra la bancada de Renovación Popular. Además, por pedido del Apra, la Municipalidad de La Molina aceptó entregarle la Medalla de La Rinconada al partido de la estrella.

Informe Cristian Rebosio

Sudaca accedió a la proforma que recibió la municipalidad para las quince medallas enchapadas en oro que se pidieron sólo para el 2024. Tal como se puede observar en la imagen, el costo de cada una de estas medallas ha sido de cuatrocientos soles y tan sólo en las medallas el gasto alcanzó los seis mil soles.

Informe Cristian Rebosio

Paradójicamente, pese a que el alcalde de este distrito estuvo recientemente involucrado en una denuncia por una situación de violencia contra Milagritos Quintana, teniente alcalde de La Molina, en esta lista de homenajes también se ha sumado el que su municipalidad he realizado este viernes por el Día de la Mujer y que ha tenido entre las personalidades invitadas para ser homenajeadas a la congresista Milagros Jaúregui, quien también es parte de Renovación Popular y, aunque preside la Comisión de Mujer y Familia, optó por ignorar el caso de Quintana cuando ella fue a explicarle su situación a su despacho.

LOS CONTRADICTORIOS VIAJES BARRANQUINOS

Otra de las gestiones criticadas es la de Barranco. La alcaldesa de este distrito, Jessica Vargas, ha podido conocer México y Chile durante su primer año en el cargo. Según los documentos que pudo revisar Sudaca, el propósito de estos viajes era que Vargas pueda asistir a eventos relacionados con la implementación de tecnologías verdes y la asistencia al congreso denominado “Hacia ciudades cero residuos”.

Informe Cristian Rebosio 

No obstante, la postura de la alcaldesa de Barranco durante su gestión parece estar alejada de este tipo de iniciativas ecologistas y, en más de una oportunidad, sus vecinos han hecho público su descontento por la tala de árboles y los impedimentos que existen en este distrito para realizar eventos como una feria ecológica.

Informe Cristian Rebosio

Pese a que Rafael López Aliaga y los otros alcaldes de Renovación Popular apenas llevan un año y dos meses en el cargo, el uso de recursos para fines que están más cerca de ir en  favor de intereses partidarios que del bienestar colectivo de sus vecinos empieza a condenarlos a una desaprobación cada vez mayor y que incluso parece no tener marcha atrás.

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Municipalidad de La Molina, porky, Renovación popular, Uceda

El fin de semana pasado salió publicado en El Peruano la autorización de viaje de Ninoska Chandia, Presidenta Ejecutiva del IRTP, y de Francisco Vivanco, Gerente General de la institución en mención. Lo que llama la atención son los gastos que se está corriendo para financiar este viaje a Valencia, España. 

En la publicación se da a conocer que se está financiado solo en pasajes aéreos una cantidad de 7.000 dólares americanos para los dos ejecutivos. Hablamos de 3.500 dólares por persona en pasajes aéreos, ¿Tan caro puede salir? ¿Se debió a la proximidad del día de compra del viaje o tal vez por el cargo que ejercen?

¿Que se sabe del viaje de Ninoska Chandia?

El presidente de TYRIS TV S.L. invitó a la Presidenta Ejecutiva y al Gerente General del IRTP a participar en el evento INCOM, un foro nacional sobre tecnologías de streaming que se viene celebrando en Valencia, España, del 05 al 08 de marzo de 2024. La participación de los representantes del IRTP en este evento se justifica por la oportunidad de promover la labor del IRTP, fortalecer relaciones internacionales y conocer nuevas tecnologías y tendencias en medios audiovisuales.

En virtud de estas consideraciones, se autorizó el viaje en comisión de servicios de la Presidenta Ejecutiva y el Gerente General del IRTP a Valencia, España, del 04 al 09 de marzo de 2024. Los gastos derivados de este viaje, incluyendo pasajes aéreos y viáticos, son cubiertos por el IRTP.

Se establece la obligación de presentar un informe detallado sobre las actividades realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje, así como la rendición de cuentas correspondiente. 

¿3500 dólares por persona?

Hablamos de una cantidad exorbitante de dinero que si alguien consulta en las páginas de las aerolíneas, los pasajes por persona llegan a los 1200 dólares americanos. Salvo en el caso que el viaje esté cerca a la fecha de pago que puede costar 2300 dólares, pero hablamos de una cifra fuera de lo común. 

No solo hablamos de costos de viaje, sino también de los viáticos que por los cuatro días asciende a 4 320 dólares americanos. 

Benjamín Zevallos

 Parte de la publicación de “El Peruano” sobre el viaje de los ejecutivos

¿Qué convenios y beneficios tangibles va a tener el IRTP? 

Lamentablemente al cierre de este informe no tuvimos respuesta del área de comunicaciones del Instituto Nacional de Radio y Televisión. Es triste ver que la insistencia periodística sea respondida con en el silencio de una espera inalcanzable por comunicarse con personal del instituto. Y es que en varias ocasiones se nos colgó la llamada, se nos intentó pasar con los anexos respectivos, pero en el cambio de llamada las colgaban y, en parte, nos dieron anexos que nunca contestaron. 

¿Esta es la manera que Ninoska Chandia organiza y dirige al IRTP? Lamentablemente cuando intentamos comunicarnos con ella para ver las acciones a seguir por las irregularidades denunciadas por antiguos y activos trabajadores del instituto solo recibimos una clara evasión de una respuesta clara.

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Tal como lo reseñáramos hace más de un año la lucha solitaria de Alexander Succar contra los socios más caracterizados del Country Club de Villa, sus comités de vigilancia y de castigo y los jueces que nunca le dieron la oportunidad de conocer los expedientes de su caso, Sudaca conversó con su abogada.

A continuación, habla la doctora Nancy Olazábal, abogada defensora del socio Alexander Succar Hampton, quien desmenuza cada una de las acciones de Succar y de las reacciones cada vez más desmesuradas de uno de los socios que ocuparon la directiva del Country Club de Villa, pero creen que el inmenso centro de esparcimiento frente al mar de villa es de ellos y han terminado expulsando a Succar de modo definitivo. 

Se ve que ha habido una estrategia para poder excluir al señor Succar del Country Club de Villa. La estrategia comenzó cuando el señor Succar se quejó del maltrato recibido al haber tomado un vaso de agua fresca en el tópico del Club. En ese momento se inició el primer proceso disciplinario, no como correspondía a favor de Succar, quien fue el que sufrió el maltrato, sino por la persona que hizo cuestión de estado contra él por haber tomado un vaso de agua como lo hacía todos los días antes de dirigirse a las duchas y luego a la piscina. Como sabemos, al día siguiente del incidente Succar se dirigió al lugar donde se encuentra el libro de quejas y reclamaciones para dejar sentada su protesta contra la persona que habría pretendido impedirle tomar el vaso de agua. Pero, lejos de acoger la queja del señor Succar, el presidente del comité de disciplina de ese entonces, el señor Price Passalacqua le inicia un proceso disciplinario por supuestamente haber causado caos dentro del tópico, por haberle faltado el respeto a la denunciante -de quien nos enteramos que era una médica recientemente contratada- y no por su queja. Succar respondió preguntando en base a qué, si el asunto es exactamente al revés ya que él fue quien presentó la queja, exigiendo que le entreguen los videos y las pruebas de esa supuesta disrupción que él habría hecho en el tópico. El Club Villa no le entrega la información y resuelve antes de 10 días, violando los procedimientos y los protocolos, asumiendo que las quejas de Succar son los descargos del Comité y lo separan del Club por 30 días. Es en ese punto donde el señor Succar acude donde mi en busca de asesoría legal y me dice: “esta situación me preocupa porque me da la impresión que están utilizando esto para crearme situaciones de in conducta y para, finalmente, botarme del Club, porque hay gente en el Comité de Disciplina que me tiene animadversión”; entonces yo le respondo que eso no lo podemos saber, y vamos a presentar de acuerdo al proceso un recurso de reconsideración que está establecido dentro del proceso disciplinario para que lo vea el Consejo Directivo que es la segunda instancia, pero el Consejo Directivo tampoco tomó en cuenta los sólidos reclamos del señor Alexander Succar, en cuanto a que el Comité de Disciplina presidido por el señor Augusto Giancarlo Price Passalacqua no le había querido entregar los videos y la documentación correspondiente a esa sanción disciplinaria, el Comité de Disciplina decía que la médica había hecho su manifestación con respecto a la situación, entonces él pide esa documentación y no se le entrega, va al Consejo Directivo en segunda instancia y el Consejo Directivo obvia todo eso y ratifica la sanción, entonces en ese momento el señor Succar me indica que lo dejemos así, que prefiere cumplir con los 30 días de suspensión y que se acabe ahí, porque no quiere entrar en más discusiones con ellos, para evitar justamente la expulsión. Él cumple con sus 30 días de suspensión y va al Club, no para ingresar sino para pagar su cuota de socio porque, aunque esté sancionado tiene que seguir pagando, entonces no entra al Club.

En este segundo proceso disciplinario que le inicia el Comité de Disciplina presidido por el señor Augusto Giancarlo Price Passalacqua, Succar entra a la oficina que está fuera de los servicios del Club para averiguar sobre su estado de cuenta y se retiró; entonces cómo la persona que se encontraba en la portería sostiene que yo he dado un código de otra persona, porque ese es el segundo proceso disciplinario que se le inicia en base al informe de la persona de seguridad que dice que el señor Succar ingresó al Club dando otro número de carnet y sin esperar que lo autoricen a ingresar, y el Comité agrega que él ha ingresado cuando no podía hacerlo porque él ya estaba comprendido en la prohibición de ingresar por falta de pago de las cuotas.

Entonces, presentamos un descargo y adjuntamos toda la documentación diciendo que era imposible que él estuviese comprendido en el artículo 25 del estatuto y del reglamento del Club, porque Succar justamente había recibido una carta del Club diciéndole que debía ponerse al día en el pago de sus cuotas, y que si no lo hacía dentro de los 10 días de recibida la carta entonces iba a ser suspendido en sus derechos como asociado. Como Succar no acepta que los dichos del agente de seguridad sean ciertos, exige nuevamente que se le entreguen los audios y los videos que demuestren lo dicho por el agente de seguridad.

En lugar de entregarle los audios y los videos que demostrarían que no ingresó falseando la información en la caseta de seguridad, el Comité de Disciplina lo sanciona esta vez por 60 días. Entonces, presentamos la reconsideración de esa sanción disciplinaria ante el Consejo Directivo y también le solicitamos los audios y los videos, pero el Consejo Directivo nos lo negó y ratificó la sanción.

“Entonces, a partir de ahí, el señor Succar me dice que es evidente que lo que quieren es expulsarlo, por lo que no va a dar motivos para eso, inhibiéndose de ingresar al Club, porque son capaces de inventarle cualquier cosa. Justamente a raíz de esa situación que él consideraba injusta se inician las acciones judiciales para levantar los cargos que le habían hecho en la segunda sanción disciplinaria, en la cual, como es harto conocido, le enviaron una carta notarial diciéndole que está sancionado y no pueden ingresar al Club ni él ni su esposa ni sus hijos, porque la sanción se cumple a todo nivel, a pesar de que sus hijos eran socios juveniles. 

A partir de ese momento, iniciamos dos acciones: una penal contra el guardia de seguridad que había enviado el informe calumnioso, y una acción de amparo contra los miembros de la Comisión de Disciplina y los integrantes del Consejo Directivo, puesto que no le permitían ejercer su derecho de defensa ni le entregaban la información a la que él tenía derecho constitucional, porque acá no estamos hablando solamente de una cuestión administrativa: habían violado los derechos constitucionales del señor Succar, los derechos constitucionales a disfrutar de su espacio social, los derechos constitucionales a disfrutar de un club al cual él pertenecía y sigue perteneciendo y los derechos constitucionales al debido proceso, porque el Comité de Disciplina había resuelto antes de agotarse los diez días de plazo que tenía el señor Succar para poder presentar pruebas de descargo en el primer proceso administrativo y los derechos constitucionales al debido proceso y a la información que tenía el señor Succar para poder contestar en este segundo proceso administrativo con la información que requería. Dentro de estos procesos judiciales, el juez de ese entonces en el proceso penal era el magistrado Elmer Velásquez, quien rechaza esa denuncia y confunde las pruebas presentadas, como que al guardia varón lo confunde con una mujer, y se remite al proceso administrativo que no es de competencia penal y dice en el fundamento para rechazar esa denuncia que las instituciones del Club han actuado dentro de un proceso administrativo acorde al reglamento, y que, entonces, eso no se puede ventilar en una denuncia penal por calumnia, sino que tendría que haberlo ventilado en un proceso contencioso administrativo. Nosotros apelamos porque era un absurdo, sube a la sala y la sala, que está compuesta por tres jueces superiores repite exactamente lo mismo que había suscrito el juez Elmer Velásquez; entonces el señor Succar decide no seguir en la cuestión penal contra el guardia de seguridad porque está seguro que es un hombre presionado por los directivos para que diga lo que ellos quieren porque su trabajo depende de ello.

Pero como teníamos también la demanda constitucional contra los miembros del Comité de Disciplina y los del Consejo Directivo, nos centramos en ese proceso, pero, al igual que el anterior juez, este igualmente lo rechaza absolutamente, cuando de acuerdo con el artículo sexto del código procesal constitucional, los jueces están prohibidos de rechazar liminarmente una demanda constitucional, tienen que notificar a todos los demandados y esperar que todos estos contesten, y luego de dichas  contestaciones el juez recién puede resolver si considera dar por infundada la demanda, pero antes no. Pero en este caso, simplemente la rechaza bajo los mismos argumentos que se usaron en la demanda penal y que, por lo tanto, él debía reclamar dentro de un proceso ordinario, cosa totalmente absurda porque uno de los fundamentos del juez para rechazar la demanda es que hay derechos constitucionales que se estarían violando, pero dice que esos derechos se pueden reclamar en un proceso ordinario, ¡jamás!, eso es imposible, porque para eso existe un proceso constitucional para que sea rápido e inmediato y evitar la violación de los derechos constitucionales de las personas. Por supuesto que apelamos, y en ese ínterin cambian al juez Elmer Velásquez y ponen a otro en su lugar; a ese juez es al que requerimos y estuvimos ahí detrás para que notifique a todos los demandados para que sea elevado a sala, y los cargos de todas las notificaciones de todos los demandados tienen que regresar y estar adosadas al expediente para que pueda ser elevado a la sala superior y efectivamente el expediente es elevado a la sala, pero luego es devuelto porque había como seis cargos de notificación que no estaban adosados al expediente. Para esto han pasado meses de meses y luego ese juez es cambiado por la jueza Enith Violeta Juárez Escalante que es la que está actualmente esa jueza pide el expediente a su despacho para revisarlo y emite una resolución diciendo que el expediente que no puede ser elevado porque faltan cargos de notificación, entonces ahí está toda nuestra vía crucis en tramitología puesto que los cargos de notificación que se habían puesto y que no habían podido ser entregadas a las partes demandadas decían que no habían encontrado la dirección, que no era la dirección correcta, varias cosas, entonces el señor Alexander Succar se dio el trabajo de verificar las direcciones y entonces volvemos a presentar los escritos y pedimos a la jueza que notifique y efectivamente ordena que notifique pero se pasa meses sin resolver, entonces es una letanía uno tiene que ir constantemente   al juzgado para preguntar por qué no han hecho las cosas y decirles que cosas faltan y así pasan los meses. Ahora ya bajaron a dos casos los que no pueden notificar y eso que todas las direcciones han sido dadas de acuerdo con la ficha Reniec, entonces mi sugerencia fue que se notifique a esas dos personas por edicto porque lamentablemente en el poder judicial las cosas son demasiado lentas y justicia que tarda no es justicia, entonces presentamos un escrito y exigimos al juzgado que notifique para poder elevar el expediente y pasan las semanas y la jueza no resuelve y el señor Succar fue al juzgado y la jueza no lo quiso recibir, pero a través de una especialista le mando decir que no va a resolver ni va ordenar ni va a notificar porque no tiene especialista, la cuestión es que hace más de un mes que ella no tiene especialista y cómo no tiene especialista  no va hacer ningún trámite hasta el 15 de marzo que llegue un nuevo especialista, mientras tanto el único perjudicado es el señor Alexander Succar.  

 

Ahora tenemos el tercer proceso administrativo que le inicia el comité de disciplina del Club al señor Succar porque hizo declaraciones a la prensa, basados en qué, en la carta notarial del señor Price Passalacqua que en ese momento ya no era miembro del comité de disciplina e instiga al nuevo comité para que se inicie un tercer proceso disciplinario contra el señor Succar por haber hecho declaraciones que atentan contra la imagen y el prestigio del Club, cosa que jamás ha hecho el señor Succar, porque más evidente que la acción que no está dirigida al Club. La acción de amparo está dirigida puntualmente contra cada uno de los integrantes del comité de disciplina y el consejo directivo, o sea no es una acción contra el Club porque el Club es una institución y las instituciones no son malas o buenas, las instituciones siempre son instituciones que pueden convertirse en un objeto de maldad dependiendo de quien las dirige y los que ocasionan eso y los actos de quienes la dirigen son los actos que son establecidos como buenos o malos y son los directivos del comité de disciplina y del consejo directivo los que han actuado con encono, con hostigamiento, con maldad contra el señor Alexander Succar y no contra el club y lo siguieron haciendo ¿Por que?, porque a pesar de que era evidente que los audios que no se estaba atacando al club y no era ningún ataque sino era el derecho constitucional del señor Succar también, de poder declarar a la prensa, es un derecho constitucional por qué le van a prohibir, más aún cuando él está haciendo atropellado en todos sus derechos y sin fundamente alguno inclusive lo citan a una audiencia en la que yo lo acompañé, a pesar de que en ese momento él se encontraba con una trombosis en la pierna, él dijo: “mejor voy porque son capaces de decir que no he querido ir  y que no tengo voluntad  de levantar ningún cargo “, y fuimos y en ese momento una mujer de los miembros  de ese comité. En una de las argumentaciones dijo que la médica no tenía por qué mentir o sea y cuando yo le retruco digo: ´Usted está diciendo que usted apriori dice que la médica no tenía por qué mentir o sea que el señor Alexander Succar para usted si tiene porque mentir, o sea que clase de proceso le están iniciando cuando ustedes ya tienen una idea prestablecida con respecto al señor Alexander Succar´, por supuesto que ahí no contestaron nada dijeron que lo iban a evaluar y que ya íbamos a recibir la resolución. Y la resolución fue sancionadora, señalando la expulsión y ahí lo expulsan definitivamente del Club, a los hijos no los pueden expulsar por ellos ya son juveniles, pero ellos ni siquiera han querido presentarse ya para ser titulares porque con miembros del comité de disciplina y del consejo directivo de ese tipo y de la forma de la que lo están acusando a su padre, ellos piensan y tienen temor de que los rechacen simplemente porque son hijos del señor Alexander Succar, entonces que es lo que pasa nosotros por supuesto presentamos el recurso de consideración para que esto lo vean en el consejo directivo y que resolución emiten, dan por recibido el recurso de reconsideración y dicen que han optado porque ese recurso de reconsideración se vea en asamblea general del club. 

Hasta la fecha no convocan a asamblea para ver la reclamación del señor Succar y no hemos querido tampoco incidir porque eso es una evidencia más de cómo se violan los derechos constitucionales al debido proceso y a la información contra el señor Alexander Succar. Y también estamos estancado en la apelación en el proceso de acción de amparo iniciado por el señor Succar porque la jueza ha dicho que no va a notificar por edicto hasta que no tenga ella su especialista, de esta acción de amparo que ha presentado el señor Succar, ya han pasado dos años, esa es la angustia y desesperación que ven como lo han atropellado y se siente totalmente indefenso y se indigna ante todos estos casos de prepotencia de acoso y sobre todo de abuso de poder que la han hecho los miembros del comité de disciplina y el consejo directivo del club.

Nosotros estamos esperando que este expediente llegue a la sala porque tenemos cuatro jurisprudencias con respecto a este tipo de casos y dos puntualmente a directivos del Club Villa, lo que pasa que los directivos del club a la hora que son directivos se sienten que pueden hacer lo que quieren y eso no es así, porque el club no es de propiedad de los directivos.

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Hace exactamente una semana, un audio causaba conmoción en las redes sociales. En esta grabación se podía escuchar al alcalde La Molina, Diego Uceda, realizar denigrantes comentarios en contra de Milagritos Quintana Mogollón, teniente alcalde de este distrito, en medio de risas del propio burgomaestre y otros funcionarios de la municipalidad.

Sin embargo, la situación de Uceda Guerra García podría estar por complicarse todavía más dentro de la Municipalidad de La Molina. Según pudo conocer Sudaca, el alcalde de La Molina podría tener que afrontar una suspensión del cargo acorde a lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades.

EN MANOS DEL JNE

Sudaca tuvo acceso al documento que fue presentado el pasado 29 de febrero al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el cual se solicita la suspensión del alcalde Diego Uceda por falta grave. Esta solicitud fue presentada a raíz de los comentarios violentos realizados por el burgomaestre de La Molina.
Cristian Rebosio

Esta solicitud se ha amparado en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades, la cual establece que se puede dar la suspensión del cargo de un alcalde o regidor si alguno de estos comete una falta grave de acuerdo a lo señalado en el reglamento interno del consejo municipal.

Acorde al artículo 52, el cual determina lo que se puede considerar como falta grave, se contempla que el “pronunciar palabras o frases ofensivas que afecten la reputación, el honor, la intimidad o la imagen personal” pueden ser sancionadas con una suspensión del cargo de hasta treinta días.
Cristian Rebosio
En la evidencia que se presentó se encuentra la transcripción de las expresiones de Diego Uceda en contra de Milagritos Quintana durante una conversación con otros trabajadores de la Municipalidad de La Molina y que, según detalló la propia denunciante, no serían hechos aislados sino que las situaciones de maltratos vendrían ocurriendo desde el año pasado.
Cristian Rebosio

DENUNCIADO

Como se recuerda, esta situación derivó en una denuncia contra el político miembro de Renovación Popular que, tal como expuso Sudaca en exclusiva en el informe titulado UN ALCALDE ENTRE LA TERAPIA Y LA PRISIÓN, terminó con el Décimo Juzgado de Familia ordenando al alcalde de La Molina a recibir terapia psicológica.

Además, la justicia le otorgó a Milagritos Quintana Mogollón una serie de medidas de protección al considerar que se trataba de un caso de violencia psicológica. Entre estas medidas se encontraba prohibirle expresamente al alcalde Uceda realizar algún tipo de represalia o actos de violencia contra su teniente alcalde. A ello se le suma que Quintana deberá recibir terapia para restaurar su estado emocional.
Cristian Rebosio

Con la resolución del Décimo Juzgado de Familia, el audio del alcalde de La Molina y el testimonio de Milagritos Quintana, no sería extraño que el Jurado Nacional de Elecciones le saque tarjeta roja al alcalde Uceda en los próximos días y deba alejarse durante casi un mes del puesto en el que parece sólo haber cosechado cuestionamientos.

 

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