Informes

[INFORME] La ejecución del proyecto de protección ante inundaciones en la quebrada Huaycoloro está en riesgo por la falta de acciones efectivas de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para retirar cruces vehiculares informales, lo que impide el avance de las obras y pone en duda el cumplimiento de su objetivo principal: garantizar una capacidad hidráulica suficiente ante desastres naturales y el cambio climático.

El proyecto de protección ante inundaciones y movimiento de masas en la quebrada Huaycoloro, uno de los más ambiciosos impulsados por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) bajo el modelo de contrato de Estado a Estado, ha enfrentado desde sus inicios obstáculos que van más allá de lo técnico. A pesar de tener un diseño aprobado desde mayo de 2023, su ejecución se ve trabada por una situación adversa persistente: la permanencia de cruces vehiculares informales que impiden el avance completo de la obra.

Lejos de ser un simple problema logístico, estos cruces —conocidos informalmente por los vecinos como “badenes”— revelan una compleja red de tensiones sociales, falta de coordinación interinstitucional y una gestión pública que, aunque activa en comunicaciones, no ha logrado resolver el nudo central: garantizar el acceso irrestricto del contratista a las zonas de intervención.

Infraestructura sin acceso: un proyecto entrampado

Desde septiembre de 2022, el contratista alertó a la Gerencia de Proyecto sobre la existencia de tres cruces vehiculares informales que obstruyen el cauce natural de la quebrada. Estos pasos improvisados, construidos con rellenos no controlados, si bien permiten conectar rápidamente ambas márgenes —mejorando el tránsito entre localidades como Nievería, Cajamarquilla y Huachipa—, comprometen la seguridad hidráulica del proyecto.

El informe de control concurrente N° 28461-2024-CG/MPROY-SCC confirma que estos cruces no han sido retirados hasta noviembre de 2024, a pesar de que su permanencia contradice los principios técnicos y contractuales. De hecho, el contrato NEC3 que rige la obra señala explícitamente que el contratante (ANIN) debe proporcionar acceso al sitio para el contratista. La no remoción de estos cruces, por tanto, no solo retrasa el cronograma, sino que debilita la meta más importante del proyecto: dotar a la quebrada de una capacidad hidráulica que resista fenómenos extremos como el Fenómeno El Niño.

Una solución técnica que no logra salir del papel

Durante 2023, el contratista y la entidad elaboraron alternativas técnicas y sociales para reemplazar los cruces informales con puentes formales. En un informe remitido en febrero, se propusieron puentes Bailey y estructuras de concreto armado para cada uno de los tres puntos críticos. Además, se desarrollaron estudios sociales que identificaban los potenciales conflictos y percepciones comunitarias frente al retiro de los pasos actuales.

La propuesta más concreta se dio en octubre de 2023, cuando la Gerencia de Proyecto aceptó el diseño básico de un puente para el cruce vehicular N°2. Sin embargo, este diseño no fue finalmente incorporado al proyecto en ejecución. Esta omisión ilustra una desconexión preocupante entre la identificación de soluciones y su incorporación efectiva en los planes de acción.

Un diálogo institucional que no logra traducirse en decisiones

La ARCC —ahora ANIN— trató de involucrar al gobierno local y regional desde inicios de 2023. Oficios fueron cursados a la Municipalidad Distrital de Lurigancho-Chosica y al Gobierno Regional de Lima solicitando atención urgente a la demanda vecinal de puentes seguros. Las poblaciones de Cajamarquilla y Nievería advirtieron en reuniones informativas que, sin una solución viable de accesibilidad, no permitirían la ejecución del proyecto.

En respuesta, la municipalidad organizó mesas de trabajo y expresó su disposición para desarrollar la ingeniería básica de las estructuras necesarias. Incluso el contratista reportó en octubre de 2023 que las autoridades locales comprendieron la necesidad de ejecutar la obra pese a la situación de los puentes, comprometiéndose a articular soluciones con otras instituciones.

No obstante, en lo que parece una falta de articulación vertical entre niveles de gobierno, la solicitud enviada al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para que asuma parte de la solución fue rechazada. Provías Nacional respondió que los cruces solicitados estaban fuera de su competencia, dejando el asunto sin una vía clara de resolución.

¿Quién es responsable?

Sin apuntar culpas individuales, el análisis de esta situación evidencia una cadena de corresponsabilidades institucionales. La ANIN, como ente ejecutor, ha mostrado actividad en la generación de informes, en la interlocución con otras entidades y en la aceptación de soluciones técnicas. Sin embargo, no ha gestionado con la efectividad necesaria el retiro de los cruces, ni ha logrado consolidar las condiciones básicas para la ejecución íntegra del proyecto.

Por su parte, el gobierno local ha demostrado cierta voluntad política, pero no ha asumido plenamente el liderazgo que le corresponde en el territorio. Mientras tanto, el gobierno central, representado por el MTC, optó por desentenderse, alegando un tecnicismo administrativo que deja sin atender una demanda social legítima.

En el centro de todo, las comunidades —quienes debían beneficiarse con una quebrada segura y adaptada al cambio climático— siguen atravesando cada día los pasos informales, esperando que la ingeniería prometida se traduzca en estructuras tangibles.

Sin puentes no hay solución

El caso de la quebrada Huaycoloro es un ejemplo claro de cómo los grandes proyectos de infraestructura no solo se juegan en los planos y en los contratos, sino en el territorio, en el consenso social y en la acción articulada de todas las instancias del Estado.

Mientras no se resuelva de manera efectiva el tema de los accesos —y con ello se garantice la continuidad de las obras—, la inversión millonaria corre el riesgo de quedar a medio camino, y con ella, también la esperanza de cientos de familias que esperan vivir sin temor a las lluvias, al desborde, al lodo.

El proyecto nació con la promesa de enfrentar los desafíos del clima. Hoy enfrenta, primero, los desafíos del sistema.

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Corte Suprema, Huaycoloro

Empresas de seguridad con deudas con SUNAT, sanciones e irregularidades en su formación integran un consorcio que está obteniendo contratos millonarios con el Estado que incluso les aseguran ganancias hasta el año 2028.

En el último informe publicado por Sudaca con el título LOS ENGREIDOS NÚMERO UNO este medio les presentó la historia del Consorcio Morgan del Oriente S.A.C. – Arsenal Security S.A.C. y sus millonarios contratos con el Ministerio de Cultura pese a que en su historial se encontraban serias irregularidades, como el haber brindado un servicio de seguridad privada con la licencia para portación de armas vencida, y un sinnúmero de datos extraños en la formación de las empresas que integran este consorcio, como que el gerente general de Morgan del Oriente S.A.C. era un vigilante que desconocía que lo habían colocado en dicho puesto.

Según la información disponible en el portal de Transparencia Económica, el Consorcio Morgan del Oriente S.A.C. – Arsenal Security S.A.C. como tal ha logrado facturar más de ciento sesenta millones de soles en contratos con diversos ministerios entre los años 2020 y 2025. Aunque, tal como se aprecia en la siguiente imagen, los años 2023 y 2024 han sido los que más ingresos han reportado para estas empresas de seguridad. 

Andres Hurtado 

Sin embargo, pese a que las circunstancias extrañas y hasta sanciones que han rodeado a estas empresas se han hecho de conocimiento público, el futuro de quienes integraron este consorcio estaría asegurado hasta, por lo menos, el año 2028. Sudaca pudo acceder a los contratos millonarios que han logrado Morgan del Oriente S.A.C. y Arsenal Security S.A.C. que no sólo los convierten en los engreídos número uno, como los llamaba Andrés Hurtado, sino en los engreídos del futuro.

FUTURO SEGURO

Luego de los millonarios montos que se adjudicaron bajo el rótulo de Consorcio Morgan del Oriente S.A.C. – Arsenal Security S.A.C., estas empresas se han asegurado un futuro económico envidiable. Sin embargo, esta vez decidieron hacerlo bajo el nombre de otro consorcio. En esta oportunidad, Morgan del Oriente S.A.C.  y Arsenal Security S.A.C. se unieron a Creta Security S.A.C. para formar el Consorcio Creta.

Los engreídos del futuro

Si bien pareciera que tanto Morgan del Oriente S.A.C.  como Arsenal Security S.A.C. tienen una participación reducida, los cambios no son tan drásticos como parecen. Esto debido a que la empresa con mayor porcentaje en este consorcio, Creta Secutiry, sigue perteneciendo a la familia Trisolini.

Mientras que Carlos Trisolini Tueros aparecía como el fundador de Morgan del Oriente, Creta Security tiene a Giancarlo Domenico Trisolini Torres como socio, representante y gerente general.

Los engreídos del futuro

Pero tal parece que Trisolini Torres también ha logrado un rápido éxito en las contrataciones con el Estado. El pasado mes de abril, el Consorcio Creta obtuvo un contrato de más que veintiséis millones de soles con la Central de Compras Públicas, un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, y que estará vigente hasta el año 2028.

Andres Hurtado

La insólita prosperidad del Consorcio Creta es tal que, el mismo miércoles 15 de abril que firmó el contrato anterior, este consorcio logró un segundo contrato con la Central de Compras Públicas por un servicio de vigilancia que costará más de siete millones de soles y también durará hasta el mes de abril del año 2028.

Chibolin

Abril del 2025 cerró de la manera inmejorable para el Consorcio Creta. El pasado 11 de abril dicho consorcio de empresas de seguridad fue contratado por el Banco Central de Reserva del Perú por el periodo de un año para brindar un servicio de vigilancia y protección. Por este trabajo, la empresa de Trisolini recibiría más de nueve millones de soles.

Andres Hurtado

Pero estos contratos a largo plazo están ocurrieron desde hace mucho tiempo atrás. En el mes de agosto del 2024, el Consorcio Creta logró un importante contrato que tendrá duración hasta el año 2027 para brindar un servicio de seguridad y vigilancia con Essalud y por lo cual cobraría casi veinte millones de soles.

Los engreídos del futuro

DE VIGILANTE A GERENTE

En el informe anterior, Sudaca citó la investigación llevada a cabo por la periodista Stefanie Medina del programa Contracorriente en la cual se detallaba que la empresa Morgan del Oriente S.A.C. había colocado como gerente general a uno de sus vigilantes y, encima, este ni estaba advertido del cargo que ostentaba.

Sudaca ha podido encontrar dos situaciones muy similares en otros de los consorcios que involucran a estas empresas. La siguiente imagen pertenece a una orden de servicio con la Sunat de Tacna que estará vigente hasta el año 2028 y es por un monto que supera los veintitrés millones de soles.

 Andres Hurtado

Si bien los nombres Morgan del Oriente S.A.C. y Arsenal Security S.A.C. son familiares, en esa imagen se puede observar un nuevo integrante que, además, le da nombre a este nuevo consorcio. Binacional Empresa de Seguridad es este nuevo invitado a estos millonarios contratos con el Estado que, con este nuevo consorcio, superan los ochenta y seis millones de soles en total. Según la información disponible sobre Binacional Empresa de Seguridad, quien ha sido registrado como su gerente general y representante es Jesús Alberto Asca Castrejon. 

 Cristian Rebosio

Al investigar el historial de Asca Castrejon se puede encontrar una sorprendente coincidencia entre la historia de Morgan del Oriente y Binacional Empresa de Seguridad. Sudaca pudo acceder a un informe de Osiptel, quienes habían firmado un contrato con el  Consorcio Morgan del Oriente S.A.C. – Creta Security S.A.C. en enero del 2024, en el cual figuraba el nombre de Jesús Alberto Asca Castrejon.

En el mencionado informe, Asca Castrejon no es mencionado como gerente general ni represente de una empresa. En dicho informe que data del año pasado, Asca es mencionado como una de las personas que realizaba el servicio de vigilancia y, por lo tanto, era sólo un empleado del consorcio integrado por Morgan del Oriente y Creta Security que pasó en poco tiempo a ser gerente general y representante de una nueva empresa de seguridad privada.

 Andres Hurtado

Arsenal Security S.A.C. es otro de los integrantes de estos consorcios beneficiados que tiene registrados en cargos importantes a personajes muy peculiares. Según la información que el Estado dispone de este proveedor, Jhosely Vivanco Serna es la socia o accionista de esta empresa.

No obstante, esta persona señala en su perfil del sitio web LinkedIn que es una contadora pública que sólo ocupó el cargo de asistente contable de la empresa Morgan del Oriente y esto ocurrió hace más de una década.

 Andres Hurtado

¿Cómo estas empresas con evidentes irregularidades han logrado seguir obteniendo contratos millonarios con el Estado? ¿cómo una empresa que apenas cuenta con una modesta oficina en Chorrillos logró que un personaje público y con influencias de peso, como Andrés Hurtado, le ponga tanto empeño a respaldar sus contratos con EsSalud? Estas son las preguntas que quedan en el aire luego de conocer la historia de estas empresas y los consorcios que hoy son los engreídos número uno de diferentes entidades del Estado y, con contratos por varios años más, también se han asegurado ser los engreídos del futuro. 

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Consorcio Creta, Ministerio de Economía, Morgan del Oriente, Perú Compras

El Ministerio de Cultura ha firmado millonarios contratos con una cuestionada empresa de seguridad privada que en el pasado fue contratada pese a no tener licencia para portar armas, acumuló una considerable deuda con la Sunat y tenía una sospechosa cercanía con Andrés Hurtado.

[INFORME] Pese a los incontables esfuerzos de la presidenta Dina Boluarte y sus ministros por armar discursos que describen un Perú próspero y colocan al gobierno como una víctima de los medios de comunicación, para la mayoría de peruanos está fuera de discusión que los integrantes del Ejecutivo están conduciendo al país a una grave crisis.

Este panorama desolador, que tampoco invita a creer en un cambio de rumbo en el corto plazo, ha mostrado su peor cara en sectores como salud, seguridad y educación. Sin embargo, el accionar errático del gobierno también está golpeando sectores que son menos mediáticos pero no por eso menos importantes. 

En esta oportunidad, Sudaca ha encontrado situaciones extrañas que comprometen las contrataciones efectuadas en el Ministerio de Cultura, el cual comanda Fabricio Alfredo Valencia Gibaja, por un monto que supera los trece millones de soles y, además, involucra a un cuestionado personaje de la farándula nacional.

¿CÓMO NO LO VIERON?

El protagonista de esta nueva historia que compromete a varios ministerios es el Consorcio Morgan del Oriente S.A.C. – Arsenal Security S.A.C. que en el mes de enero registró una orden de servicio con el Ministerio de Cultura por lo que fue consignado como un “servicio de seguridad y vigilancia” y para lo cual se destinó un monto superior a los treinta y dos mil soles.

Cristian Rebosio

Los servicios de este consorcio integrado por dos empresas dedicadas a la seguridad volvieron a ser requeridos por el Ministerio de Cultura. Sin embargo, en el mes de marzo, se observó un aumento notorio. Esta nueva orden de servicio fue por el monto de S/. 327,359.79 y con ello, en lo que corresponde al año 2025, este consorcio acumuló un total de S/. 1,260,807.82 sólo con el sector cultura. 

Cristian Rebosio

No obstante, el vínculo entre el Ministerio de Cultura y el  Consorcio Morgan del Oriente S.A.C. – Arsenal Security S.A.C. se remonta hasta el año 2023 y, si se tienen en cuenta los contratos entre estas empresas y el ministerio el cuestión durante este periodo, la cantidad de dinero que se invirtió en este servicio alcanza la cuantiosa cifra de S/. 13,442,633.04.

Aunque estos montos llaman la atención, existen varios capítulos en la historia de las contrataciones de este consorcio que resultan todavía más sorprendentes y que el Ministerio de Cultura no vio o no quiso ver antes de contratarlos. Para ello es preciso remontarse al año 2023. En septiembre de dicho año, el Ministerio Público le había otorgado la buena pro al consorcio integrado por Morgan del Oriente S.A.C. y Arsenal Security S.A.C. para que les brinden servicio de seguridad con armas.

Pero hubo un detalle que se habría pasado por alto en este proceso. Tal como lo informó el diario Expreso en el año 2023, tanto Morgan del Oriente S.A.C. como Arsenal Security S.A.C. no contaban con licencias vigentes que emite la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil (SUCAMEC) para portar y usar armas. Pese a ello, el consorcio recibió la buena pro por un monto que superaba los cuarenta y dos millones de soles.

Cristian Rebosio

OTRA VEZ CHIBOLÍN

El siguiente capítulo en la historia del Consorcio Morgan del Oriente S.A.C. – Arsenal Security S.A.C. tiene como uno de sus protagonistas al conductor de televisión Andrés Hurtado, quien actualmente se encuentra privado de su libertad luego de verse involucrado en un caso de tráfico de influencias.

Quien se hizo famoso en los medios décadas atrás con el apodo de “Chibolín” también se ha visto inmerso en esta historia que involucra al Estado y sus contratos con estas empresas de seguridad privada. En octubre del año pasado, el dominical “Contracorriente” dio a conocer que Hurtado promocionaba en numerosos videos a la empresa  Morgan del Oriente S.A.C. y los calificaba como “los engreídos número uno” mientras estos le brindaban servicio a ESSALUD.

Cristian Rebosio

En el informe realizado por la periodista Stefanie Medina también se da a conocer una extraña coincidencia. Apenas diez días después de la detención de Andrés Hurtado, la empresa Morgan del Oriente S.A.C. se dio de baja en la Sunat, aunque sus oficinas siguieron funcionado y, como parte de otro consorcio que también integraba junto a Arsenal Security S.A.C., seguía firmando millonarios contratos con ESSALUD.

Entre las otras situaciones extrañas expuestas por el dominical de Willax se pudo conocer que Morgan del Oriente S.A.C. había colocado como gerente general a uno de sus vigilantes que, además, no estaba enterado del cargo que ocupaba. A ello se le sumaba que, pese a los contratos que habían conseguido, la empresa que tenía a Carlos Trisolini como dueño acumulaba más de cien millones de soles de deuda con la Sunat y contaba con sanciones impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Sudaca pudo revisar la información que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) actualizó en este mes de mayo y se encontró que bajo la denominación de Consorcio Morgan del Oriente S.A.C. – Arsenal Security S.A.C. se arrastra una deuda por S/. 5,678,987 y el Consorcio Creta, que incluye a estas mismas empresas, también registra una deuda de más de sesenta mil soles.

Cristian Rebosio

Además, pese a la exposición mediática de la situación de este consorcio y sus integrantes, los millonarios contratos no se han terminado. Un ejemplo de ello se observa en el caso del Consorcio Creta, que incluye a Morgan del Oriente S.A.C. – Arsenal Security S.A.C., que entre 2024 y este 2025 ha recibido más de 29 millones de soles.

Con estos antecedentes que datan desde hace varios años, resulta difícil entender que en el Ministerio de Cultura no se hayan percatado de las evidentes irregularidades en las que se vieron involucradas estas empresas de seguridad que integran el consorcio al cual ahora le pagan contratos millonarios. 

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andres hurtado, Ministerio de Cultura, Sunat

El Congreso decidió iniciar el año 2025 llevando a cabo una renovación de oficinas. Sudaca ha podido encontrar que, entre sillas, escritorios y equipos de aire acondicionado, el Legislativo ha gastado casi setecientos mil soles.

En las oficinas del Congreso se viene llevando a cabo una verdadera renovación. Pero no, no es el tipo de renovación que demanda la mayoría de peruanos producto del hartazgo generado por los actuales inquilinos del palacio legislativo. Por el contrario, lo que está ocurriendo en la sede parlamentaria podría ser incluido en la lista de razones que explican los altos porcentajes de desaprobación.

Mientras que la mayoría de peruanos intentan entender la razón por la cual en el hemiciclo se observa una postura indulgente y hasta cómplice ante las claras muestras de incompetencia por parte del gobierno de Dina Boluarte, en el Congreso están enfocados en transitar el año y pocos meses que les quedan en el cargo de la manera más cómoda posible.

Sudaca ha podido conocer los detalles de las nuevas adquisiciones hechas por el Legislativo para llegar al 2026 en un ambiente de absoluta comodidad. Luego de recibir un mayor presupuesto para este año, en el Congreso decidieron gastar una buena parte de ese monto para renovar sus oficinas, un proceso que además parece interminable.

HAY QUE ESTAR EN SU LUGAR

Para la mayoría de peruanos, los congresistas son funcionarios con inmerecidos privilegios y ellos están determinados en demostrar que es así. Sudaca ha detectado una larga y costosa lista de gastos reportados por el Legislativo durante varios meses que no tienen otra finalidad que darles más comodidades a los padres de la patria.

En esta lista uno de los nombres que llama la atención es el de Orihuela industrias del Mueble, una empresa dedicada a la venta de mobiliario para oficinas y casas. Hasta antes de febrero de este año, el Congreso había gastado el monto de S/ 72,560 en la adquisición de muebles para llevar a cabo una renovación en sus diversas oficinas. 

Cristian Rebosio

En el segundo mes del año que estamos transitando se realizaron nuevas compras a esta empresa por casi dieciséis mil soles. Pero, no conformes con ello, durante el mes de abril volvieron a necesitar de los productos que les ofrecía este proveedor e invirtieron más de trece mil soles en un nuevo proceso de compras.

Cristian Rebosio

Sin embargo, para quienes manejan el Legislativo, una cifra que en total superaba los cien mil soles no era suficiente para la renovación que buscaban en el Congreso. Por eso, la búsqueda de nuevo mobiliario los condujo a la Corporación Peruana de Mobiliario (COPEMO) en donde hasta inicios del 2025 se gastaron más de cuarenta mil soles en compras, más precisamente S/ 40,800.

Critian Rebosio 

Al igual que ocurrió en el caso de Orihuela industrias del Mueble, una sola visita a COPEMO en el año no fue suficiente y, por lo tanto, el pasado mes de abril volverían a darse una vuelta a ver los productos que ofrecía la Corporación Peruana de Mobiliario. En esta nueva oportunidad serían S/ 18,060 el total utilizado en las nuevas adquisiciones.

Cristian Rebosio

Pese a esta cuantiosa inversión, en el Congreso todavía estaban insatisfechos. Por este motivo, Servimuebles Camil apareció como otra tienda para continuar con la renovación de las oficinas en las cuales los congresistas y sus asesores llevan a cabo sus labores diarias. En este lugar se desembolsaron más de treinta mil soles sólo durante el mes de marzo. 

Cristian Rebosio

Aunque la verdadera sorpresa llegaría al revisar los gastos que se registraron durante los años anteriores y que superan largamente los trescientos mil soles. Desde 2022 hasta 2024, el Congreso de la República ha gastado S/ 355,505 en las compras realizadas en Servimuebles Camil.

Cristian Rebosio

A esta lista se le agregan más de veintisiete mil soles que corresponden a sillas giratorias que el Congreso le compró a Red Importex en el mes de marzo y cerca de diez mil soles más por la adquisición de sillas ergonómicas a los proveedores Mundo Arquitectura y Servicios e Importaciones Haulson.

Cristian Rebosio

NUEVOS AIRES EN EL CONGRESO

No obstante, sillas y escritorios no son lo único en lo que se ha gastado. Para combatir el calor de manera eficiente, el Legislativo también ha considerado necesario renovar el aire acondicionado y por ello recurrió a Mora Perú Corporation, una empresa que se dedica a la venta de equipos de aire acondicionado. 

Cristian Rebosio

Aunque el Congreso no ha podido colaborar en la lucha contra la delincuencia, tal parece que sí ha podido obtener resultados en la lucha contra las inclementes temperaturas del verano y para ello han destinado más de cien mil soles del presupuesto asignado para el 2025 para la compra de nuevos equipos de aire acondicionado.

Cristian Rebosio

En los casos puntuales que pudo revisar Sudaca, el monto acumulado es de casi setecientos mil soles. Si bien es comprensible que las oficinas del Congreso, como las de cualquier empresa, requieren mantenerse en buenas condiciones, resulta llamativo que el proceso de compras para esta renovación de mobiliario se repita durante varios meses y con costos cada vez más altos.

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Compras, Congreso

El primer ministro Gustavo Adrianzén fue querellado por presentar como “delincuente y terrorista” a una persona inocente y para su defensa legal contrató a uno de sus trabajadores al cual la Presidencia del Consejo de Ministros le paga más de cuarenta mil soles.

Con las encuestas cada vez más cerca del 100% de desaprobación, el gobierno liderado por Dina Boluarte lleva un largo tiempo en un estado de desesperación ante la necesidad de algún logro que les permita presumir que están capacitados para gobernar y aleje el apellido de la presidenta de los rankings de los mandatarios con mayor desaprobación en el mundo.

Sin embargo, esta impaciencia, sumada a la innegable incapacidad que parece ser el sello de este gobierno, los ha llevado a cometer los más burdos errores. Uno de estos tuvo lugar a finales del año pasado cuando, con la crisis de inseguridad escalando fuera de control, se anunció que “el mando número dos de Sendero Luminoso” había sido capturado.

En aquella oportunidad, el entonces titular del Ministerio del Interior, Juan José Santivañez, apareció ante los medios para anunciar, y presumir, que Iván Quispe Palomino había sido capturado por la policía y que este sujeto era “un delincuente terrorista con requisitorias vigentes”. El primer ministro Gustavo Adrianzén no quiso quedar al margen del espectáculo montado y se pronunció catalogando a Quispe Palomino como un “delincuente y terrorista”.

Pero este show con el cual se pretendía mostrar eficiencia no tardó mucho en transformarse en uno de los más grandes bochornos para el Ejecutivo. Luego de haber privado de su libertad a Iván Quispe Palomino, se descubrió que este personaje no tenía requisitorias vigentes ni mucho menos formaba parte de una agrupación terrorista.

PCM, Gustavo Adrianzén, Boluarte

Días después, Quispe Palomino fue liberado. No obstante, su imagen había aparecido en cuanto medio de comunicación existe en el Perú acompañada del infame rótulo de terrorista y, como cualquier persona que ve dañada su imagen, Iván Quispe decidió querellar a Gustavo Adrianzén y Juan José Santiváñez por el presunto delito contra el honor en la modalidad de difamación agravada.

¿TRABAJO DE MEDIO TIEMPO?

Según lo señalado en la Ley del Servicio Civil, el servidor civil, como lo es el premier Gustavo Adrianzén, tiene derecho a contar con defensa y asesoría legal en procesos judiciales o investigaciones por hechos que han tenido lugar cuando estaba en funciones. 

El abogado del premier

Por ello, luego de ser querellado por Iván Quispe Palomino y estar próximo a una audiencia de apelación por este caso, el premier Gustavo Adrianzén Lino no dudó en solicitar el servicio de asesoría y defensa legal cuyo costo sería asumido en su totalidad por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 

El abogado del premier

Un día después de esta solicitud, el  miércoles 16 de abril de este año, la Presidencia del Consejo de Ministros decidió otorgarle a quien la preside el beneficio de defensa y asesoría legal. 

El abogado del premier

Sin embargo, al revisar la extensa lista de órdenes de servicio emitidas por la Presidencia del Consejo de Ministros en el mes de marzo se puede observar que los pagos por defensa y asesoría legal al premier vienen desde mucho antes. En el mes de marzo, la PCM pagó cuarenta y un mil soles al abogado César Alberto Chávez De la Peña por esta labor.

El abogado del premier

Pero no es la primera vez que el nombre de este abogado aparece en la lista de órdenes de servicio de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Aparentemente, el premier Adrianzén habría elegido como su abogado a uno de su trabajadores. En la siguiente orden de servicio que corresponde al mes de enero del 2025, se puede ver que el abogado Chávez de la Peña fue contratado por la PCM para brindar apoyo legal y por este trabajo recibió treinta y seis mil soles.

El abogado del premier

Además, entre los meses de septiembre y diciembre del 2024, el letrado que ahora atiende el caso que involucra al primer ministro registró cuatro órdenes de servicio por diferentes servicios por un total de cuarenta y un mil soles, un monto que pudo repetir con lo recibido sólo en el mes de marzo de este año con el caso de Gustavo Adrianzén.

El abogado del premier

EXPERTO EN MALOS FUNCIONARIOS

Esta no ha sido la primera experiencia del abogado y trabajador de Adrianzén en casos de funcionarios cuestionados. Entre 2023 y 2024, el letrado Chávez de la Peña recibió más de setenta y ocho mil soles por encargarse de la defensa de Modesto Montoya, quien fue ministro del Ambiente durante el gobierno de Pedro Castillo y al quien la Contraloría recomendó denunciar por designar personal no calificado.

El abogado del premier

Chávez de la Peña también se ha encargado de la asesoría y defensa legal para el  Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES), una de las áreas más cuestionadas y con repetidas falencias del sector salud, y por ese trabajo ha recibido más de veintiséis mil soles. 

Las innumerables distracciones que afronta un gobierno más preocupado por convencer que no merece este nivel de desaprobación que por realizar una labor eficiente están llevando a que el premier, los ministros y hasta la propia Dina Boluarte cometan errores pocas veces vistos. Pero casos como el del titular de la PCM contratando con dinero del erario público a uno de sus trabajadores para que lo defienda demuestran que no hay un interés real en enderezar el rumbo.

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Boluarte, Gustavo Adrianzén, pcm

[El Minedu y su realidad virtual] Con varios contratos a personas dedicadas a las redes y hasta el uso del exfotógrafo del despacho presidencial, el Ministerio de Educación utilizó aproximadamente doscientos mil soles para intentar maquillar su imagen en las redes sociales.

En lo que podría interpretarse como una actitud desafiante, diversos ministerios, e incluso la propia Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), parecen haber decidido ignorar el descontento que tiene la mayoría de peruanos con el manejo de sus respectivos sectores y despilfarrar el presupuesto asignado para el 2025 en privilegios y otros gastos innecesarios.

Durante las últimas semanas, Sudaca y otros medios han informado sobre los elevados montos que la propia PCM y el Ministerio del Interior han destinado para contratar a personas que retoquen las fotografías de sus eventos, expertos en manejar sus redes sociales y hasta un entrenador para el personal administrativo. En los informes titulados LOS INFLUENCERS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR y EL GOBIERNO DE LA VANIDAD se han detallado en profundidad estos casos.

Pero, lamentablemente para los intereses del Perú, no son los únicos. El Ministerio de Educación, cuya cabeza es uno de los ministros más cercanos a la presidenta Boluarte, tampoco ha desaprovechado la oportunidad de destinar grandes cantidades a áreas que, indiscutiblemente, no se podrían calificar como las prioridades del sector educación.

¿A DÓNDE SE VA EL PRESUPUESTO?

Mientras diversas problemáticas como la deserción escolar y los más de cuarenta y seis mil niños que no van al colegio, cifra que reportó la Defensoría del Pueblo en 2024, demuestran que el sector educación no atraviesa su mejor momento, para el ministro Morgan Quero y quienes acompañan su gestión pareciera que existen otros temas por atender primero.

Al igual que ha ocurrido con la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio del Interior, Sudaca ha podido encontrar que en el Minedu se emiten generosas órdenes por servicios que se enfocan en reflejar una eficiencia que realmente no caracteriza a la actual gestión del Ministerio de Educación.

Uno de estos casos se puede observar en dos órdenes emitidas este año 2025 por un servicio de asistencia técnica para la gestión digital y coordinación de redes sociales. Por este trabajo, el Ministerio de Educación ha desembolsado un total de treinta y dos mil soles en lo que va del año. Aunque si se cuentan dos órdenes de servicio del año pasado, este montó alcanza los setenta y siete mil soles. 

Cristian Rebosio  

Pero en el Minedu esta cifra no parecía suficiente. El pasado mes de febrero, este ministerio emitió otra orden de servicio a nombre de Nelly Janett Moquillaza Bolaños por el concepto de un servicio de asistencia técnica comunicacional en las estrategias de contenido y publicación en las redes sociales. Por este encargo, el monto a pagar fue de trece mil soles, con lo que se acumula un total de veintiséis mil soles durante este 2025.

El Minedu y su realidad virtual 

Desde la llegada del ministro Morgan Quero, en abril del año pasado, el Minedu le ha pagado a Moquillaza más sesenta y nueve mil soles por estos servicios relacionados con las redes sociales del Ministerio. Pero, si se contabiliza desde el inicio del gobierno de Dina Boluarte, la suma de dinero llega a casi cien mil soles, lo que incluye los periodos de Magnet Márquez y Miriam Ponce a cargo de la cartera de Educación.

Cristian Rebosio 

FOTOS PRESIDENCIALES

Semanas atrás, Sudaca reveló que la Presidencia del Consejo de Ministros destinaba varios miles de soles en pagos por las fotografías de los eventos y conferencias. Sin embargo, no son los únicos en darle una buena parte de su presupuesto a este fin. En el Ministerio de Educación, no escatimaron a la hora de conseguir buenas fotos de sus actividades públicas.

Según pudo revisar Sudaca, desde que Morgan Quero está a cargo, el Minedu ha invertido poco más de ochenta y siete mil soles en órdenes de servicio para el fotógrafo profesional Luis Alfonso Elías Alfageme, quien casualmente venía de trabajar en el despacho de la presidenta Dina Boluarte.

Cristian Rebosio

NI ASÍ SE SALVA

No obstante, esta considerable inversión que busca mejorar la cuestionada imagen del ministro Morgan Quero y del propio Ministerio de Educación en las redes sociales está lejos de ser un objetivo cumplido. Paradójicamente, ha sido el propio titular del sector quien se ha encargado de destacar en Tiktok y X por sus desafortunadas declaraciones. 

Un ejemplo de ello es lo ocurrido a inicios de abril, cuando Morgan Quero se convirtió en noticia cuando visitó un centro de educación básica especial y no tuvo mejor idea que finalizar su discurso al grito de “¡Que viva el autismo!”.

Meses atrás, Quero Gaime también fue tendencia en las redes sociales, donde pretende destacar, por los motivos equivocados. En aquella oportunidad, una periodista le hizo una pregunta con respecto al Día de los Derechos Humanos y las víctimas de la represión durante el gobierno actual, ante lo que el ministro sólo atinó a responder que estos derechos “son para las personas, no para las ratas”. 

 Las redes sociales se han convertido en una herramienta que los ministerios no pueden dejar de lado en su estrategia de comunicación. Sin embargo, los elevados montos que se pagan y que distan tanto de la calidad del trabajo que se ha entregado al país lleva a pensar que hoy las prioridades están en fabricar una realidad virtual y no en mejorar el presente del sector educación.

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A más de un año de su paralización, el proyecto de protección ante inundaciones y movimientos de masa en la quebrada Huaycoloro —una de las zonas más vulnerables de Lima Este— sigue sin avances. La obra, a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), debía ejecutarse en seis tramos a lo largo de cinco distritos, pero hasta la fecha solo registra un 6,5% de avance físico, según un informe reciente de la Contraloría General de la República.

La quebrada Huaycoloro ha sido históricamente una amenaza constante para la población de San Juan de Lurigancho, Lurigancho-Chosica, El Agustino, Santa Anita y Ate. Cada temporada de lluvias, el cauce se desborda y arrastra viviendas precarias construidas en sus márgenes. El proyecto, valorizado en más de 94 millones de soles, tenía como objetivo mitigar estos riesgos mediante defensas ribereñas, encauzamientos y otras obras de ingeniería. Sin embargo, su ejecución ha estado marcada por demoras, deficiencias técnicas y una escasa capacidad de respuesta institucional.

Benjamín Zevallos 

Señalización presentada por la Contraloría General

Un hito de control publicado el 4 de abril por la Contraloría advierte que los retrasos en la ejecución podrían agravar las consecuencias de los fenómenos climatológicos extremos asociados al Fenómeno El Niño. Además, señala que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) no emitió las autorizaciones correspondientes a tiempo y que el expediente técnico presenta observaciones no levantadas, lo que afecta la viabilidad del proyecto.

A pesar de que la obra fue adjudicada en marzo de 2023 al Consorcio Huaycoloro —integrado por dos empresas con historial en obras públicas—, los trabajos no llegaron a consolidarse en ninguno de los tramos previstos. El contrato fue resuelto por mutuo acuerdo en diciembre del mismo año, sin que se hayan definido nuevas fechas para retomar la ejecución. Mientras tanto, más de 100 mil personas siguen expuestas a posibles deslizamientos y desbordes.

Los vecinos de las zonas colindantes expresan su frustración. “Cada año es lo mismo. Llega el verano y todos tenemos miedo de que el huaico se lleve nuestras casas”, dice Clara Rodríguez, vecina de Cajamarquilla, uno de los sectores más golpeados en temporadas de lluvias. “Nos prometieron defensas, pero no hay ni un saco de arena”, agrega.

La situación evidencia una falla estructural en la planificación y ejecución de proyectos de prevención de riesgos. En su informe, la Contraloría también señala que el Midagri no presentó una estrategia adecuada para garantizar la continuidad del proyecto ni tomó acciones inmediatas para reiniciar la obra tras la resolución contractual.

En un contexto donde los efectos del cambio climático intensifican los fenómenos naturales, la demora en obras de prevención no solo refleja ineficiencia administrativa, sino que pone en peligro vidas humanas. Por ahora, el cauce de la quebrada Huaycoloro sigue expuesto, y con él, miles de familias que esperan respuestas concretas antes de la próxima temporada de lluvias.

Presupuesto duplicado y ejecución financiera

El costo inicial viable del proyecto fue de S/ 320 millones. Sin embargo, este monto fue actualizado a S/ 586 millones, de los cuales ya se han girado S/ 545 millones, según datos del Banco de Inversiones (Invierte.pe) y el Portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas al 22 de noviembre de 2024.

El incremento del presupuesto se explica por un mayor costo en la construcción de muros de concreto en la parte baja de la quebrada, así como por el aumento de gastos en el expediente técnico y la gestión del proyecto.

De manera desagregada, la valorización acumulada del contrato —sin considerar IGV ni penalidades— asciende a más de S/ 458 millones, mientras que el total abonado al contratista, sumando adelantos, supera los S/ 527 millones.

Supervisión y cambios en la administración del contrato

El proyecto cuenta con servicios de supervisión en calidad, seguridad y medio ambiente (SSOMA), a cargo de la empresa TAKESHI S.A.C., contratada inicialmente por la ARCC (Autoridad para la Reconstrucción con Cambios) y posteriormente transferida a la ANIN (Autoridad Nacional de Infraestructura) mediante adenda al contrato suscrita en diciembre de 2023.

El servicio de TAKESHI contempla acompañamiento durante 18 meses de obra y 12 meses para la subsanación de defectos. Su inicio fue el 15 de agosto de 2023.

Fechas clave y penalidades

El proyecto ha enfrentado modificaciones en las fechas contractuales. Por ejemplo, el hito de aceptación del diseño final, previsto para mayo de 2023, se alcanzó con una semana de retraso, generando una penalidad de S/ 82 mil.

La fecha clave para la culminación de obras, inicialmente prevista para octubre de 2024, fue reprogramada al 10 de enero de 2025, como resultado del Evento Compensable (EC) N.º 14, derivado de demoras en el trámite de inscripción registral de predios afectados.

Eventos compensables y controversias

Durante la ejecución del contrato, el contratista notificó 72 Eventos Compensables. De estos, 49 fueron aceptados, 18 rechazados y 5 se encuentran en evaluación. Además, se han presentado cuatro Sumisiones Formales al Dispute Adjudication Board (DAB), de las cuales tres ya han sido resueltas.

El contrato NEC3 permite la aplicación de penalidades por incumplimiento de fechas clave. Estas pueden ser deducidas directamente de órdenes de pago, del fondo de garantía o cualquier otra garantía vigente.

Al cierre del informe (noviembre de 2024), solo los paquetes 4.1A y 4.1B habían sido concluidos, mientras que el paquete 1 no contaba con confirmación para su inicio debido a problemas de expropiación y acceso, por lo que se evalúa su exclusión del contrato.

Mientras señalaban que la razón por la cual no podían combatir la delincuencia era la falta de dinero y recibían un aumento de presupuesto, el Ministerio del Interior destinó varios miles de soles para contratar a un numeroso grupo de personas para que manejen sus redes sociales.

Para el mes de septiembre del año pasado, el entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ingresaba al Congreso con la tarea de sustentar el aumento de presupuesto para su ministerio en 2025. En aquella oportunidad, Santiváñez recibió el respaldo de los parlamentarios que escucharon sus planes para los más de doce mil millones de soles que tendría a su disposición y que representaban un incremento de más del 8% con respecto al presupuesto del 2024.

En los primeros meses del 2025, los planes para combatir la delincuencia no parecían estar dando los resultados que el ministro había prometido durante su exposición ante el Legislativo. Sin embargo, quienes todavía defendían la labor del ministro Santiváñez, como era el caso del alcalde Rafael López Aliaga, señalaban que la razón por la cual no se veían resultados positivos en la lucha contra la criminalidad era la falta de dinero.

Sudaca revisó el uso que el Ministerio del Interior le ha dado al presupuesto recibido y se ha podido encontrar una larga lista de gastos que, hasta para el menos conocedor del manejo de ministerios, estarían representando lo que se podría calificar como gastos innecesarios y un despilfarro del dinero que les asignaron.

VIVIR PARA LAS REDES

El uso de las redes sociales para mostrar una vida idealizada aunque irreal es un fenómeno que se ha vuelto común entre adolescentes y jóvenes durante la última década. No obstante, también parece que se ha vuelto una costumbre en el Ministerio del Interior y, en este caso, está teniendo un costo económico bastante alto.

El ministerio encargado de velar por la seguridad de los peruanos, tarea en la cual viene fracasando de forma rotunda, inició el 2025 destinando dieciocho mil soles para la edición del contenido que publican en redes sociales en una orden de servicio a nombre de  Jossé Jesús Alvarado Maguiña, quien en 2024 también había recibido veinte mil soles por este trabajo.

Cristian Rebosio

Dieciocho mil soles puede parecer una suma más que suficiente para el contenido en redes sociales de un ministerio. Pero en el Ministerio del Interior parece que con eso no alcanza. Por ello, este año le pagaron a Christopher Ríos Chinga quince mil soles por el servicio de gestor de contenidos para las redes sociales. Por este trabajo, el monto acumulado entre este año y el anterior supera los cincuenta mil soles.

Los influencers del Ministerio del Interior

DONDE TRABAJAN DOS, TRABAJAN TRES

Pagar estos salarios de dieciocho mil y quince mil soles en el mes de enero a más de uno le parecería un gasto muy elevado si se tiene en cuenta que el Ministerio del Interior venía perdiendo la lucha contra la delincuencia y, por lo tanto, no había logros para presumir. Sin embargo, la gestión de Santiváñez no tuvo mejor idea que contratar a una tercera persona para las redes sociales.

También en el mes de enero de este año, el Ministerio del Interior contrató a Christian Andrés Domínguez Samames por un sueldo de más de dieciséis mil soles para que se encargue de ser el editor de productos comunicacionales para las redes sociales. Entre 2024 y 2025, Domínguez recibió S/ 49,500 soles por esta labor.

Cristian Rebosio

Increíblemente, mientras miles de peruanos emprendedores se veían obligados a pagar elevados montos a bandas de extorsionadores y otros incluso debían cerrar sus negocios a cambio de preservar sus vidas, el ministerio encabezado por Juan José Santiváñez invertía doce mil soles por un servicio de creador de contenido. 

Annete Gabriela León Cárdenas se convertía en la cuarta persona contratada por el Ministerio del Interior para dedicarse a las redes sociales. La suma de los montos que recibió por este trabajo entre enero de este año y los últimos meses del 2024 acumulan un total de treinta mil soles.

Cristian Rebosio

En este equipo dedicado a las redes sociales figura un quinto nombre. Chris Brian Edwin Cielo Lara venía siendo el encargado desde 2021 de elaborar campañas y estrategias para las redes sociales de este ministerio así como para análisis de estas redes sociales. El monto destinado a esta tarea tan sólo en 2025 alcanza los veintiún mil soles y el año pasado superó los ochenta mil soles. 

Cristian Rebosio

Esta inversión, además de parecer inoportuna y excesivamente costosa, no estaría dando los resultados que se esperaban. En la cuenta de Tiktok del Ministerio del Interior se puede observar que son muchos los videos que ni alcanzan las diez mil visualizaciones.

Cristian Rebosio

LOS TEMAS QUE IMPORTAN

En contraste, para puestos mucho más relevantes en la lucha contra la delincuencia, el Ministerio del Interior parece no poner demasiado esfuerzo al momento de seleccionar personal. Un ejemplo de ello se pudo ver en las últimas semanas cuando se anunció que el nuevo integrante del equipo técnico del ministerio sería José Luis Gil Becerra, un exintegrante del GEIN que en redes sociales se muestra como un fiel creyente de diversas teorías conspirativas.

Cristian Rebosio

Pero, además, Gil Becerra fue sancionado en 2023 por haber aprovechado su cargo en la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior para que su esposa e hijo tengan chofer y seguridad a su disposición. 

Cristian Rebosio

A ello se le suma que, a inicios de este mes, Sudaca publicó el informe titulado EL GOBIERNO DE LA VANIDAD en el cual se detallaban los contratos por más setecientos mil soles que la propia Presidencia del Consejo de Ministros había asumido durante los últimos meses por servicios de retoques de fotografías y manejo de redes sociales.

El Ministerio del Interior parece haber seguido esa misma política que prioriza la inversión en redes sociales en lo que se podría considerar un desesperado intento por fabricar y difundir en estas plataformas una realidad alterna en la cual sí están ganando la batalla contra la delincuencia, aunque lo cierto que es que cada día son más los sectores afectados por esta crisis mientras en algunos ministerios lucen más preocupados en convertirse en influencers.

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La crisis que envuelve a Innova Ambiental, antigua operadora de parte del sistema de disposición final de residuos de Lima, ha llegado a un punto sin retorno. Con la culminación de su contrato con la Municipalidad de Lima y una serie de denuncias ciudadanas acumuladas por años, la empresa se encuentra ahora en el centro de una tormenta política, social y ambiental.

A pesar de haber devuelto las instalaciones que gestionaba y solicitado su exclusión del Registro Autoritativo de Empresas Operadoras ante el Ministerio del Ambiente (MINAM), la sombra de su paso por los rellenos sanitarios sigue generando tensiones. Comunidades cercanas, expertos ambientales y diversas organizaciones civiles han levantado la voz para exigir una investigación profunda y una reestructuración completa del modelo de gestión de residuos sólidos en la capital.

Un contrato que terminó, pero no cerró heridas

En mayo de 2024, Innova Ambiental puso fin oficialmente a sus operaciones en varios centros de disposición de residuos en Lima, marcando la clausura de un vínculo de décadas con la administración municipal. A través de una carta firmada por su gerente general, Marcelo Socoowski Azev, la empresa informó al MINAM sobre su decisión de dar por concluidas sus obligaciones contractuales, solicitando que se actualice el listado de infraestructuras bajo su operación.

Sin embargo, la salida no ha significado una desconexión total. El Ministerio del Ambiente no dio una respuesta formal a la solicitud de Innova, lo que generó incertidumbre sobre quién está asumiendo de facto la gestión técnica y ambiental de estos espacios. Este limbo burocrático es visto por muchos como una estrategia para diluir responsabilidades y desviar la atención de las múltiples denuncias acumuladas durante los años de operación.

Olores insoportables, proliferación de vectores y filtraciones en las napas freáticas son solo algunas de las quejas que se repiten en los testimonios recogidos en campo. Para muchos, la empresa no solo falló en su rol operativo, sino también en su obligación de informar y dialogar con las comunidades directamente afectadas.

Una historia marcada por los excesos

Las cifras, que aún no han sido auditadas de forma independiente, han avivado el debate sobre el uso de los recursos públicos y la falta de fiscalización en un sector clave para la salud pública de la ciudad.

Además, ciertos cambios en la estructura administrativa de la Gerencia de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad de Lima han sido interpretados como maniobras para silenciar las voces disidentes dentro del aparato estatal. La salida de funcionarios críticos con el modelo de gestión de Innova ha generado sospechas sobre presuntas alianzas políticas que habrían protegido a la empresa incluso en sus momentos más críticos.

El desafío de recomponer la confianza

El caso de Innova Ambiental revela una problemática más profunda: la fragilidad institucional en la gestión de residuos urbanos en Lima. Más allá del nombre de una empresa o de las acusaciones puntuales, lo que está en juego es la salud de cientos de miles de personas, la protección del ambiente y la confianza en las entidades responsables de garantizar ambos.

La necesidad de un nuevo pacto social sobre cómo gestionar los residuos de una ciudad que genera más de ocho mil toneladas diarias se hace cada vez más urgente. Esto implica no solo mejorar la infraestructura, sino establecer mecanismos reales de fiscalización, acceso a la información y participación comunitaria en las decisiones que afectan su entorno inmediato.

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