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El grupo empresarial de la familia Miró Quesada −que ahora está en campaña para defender a la candidata del modelo− fue parte de una repartija de contratos que vulnera la libre competencia. Una comisión especial ha calculado que las compañías involucradas le quisieron sacar al Estado más de S/55 millones.

 

Recientemente los dueños del Grupo El Comercio decidieron, por mayoría, renovar la dirección periodística de su brazo televisivo en busca de una cobertura más dura contra Pedro Castillo. El ala de la familia Miró Quesada que tomó esta decisión tiene entre sus principales temores un cambio radical en el modelo de libre mercado. Un modelo que redujo en 38,5 puntos porcentuales la incidencia de pobreza del país en los 16 últimos años. 

Sin embargo, el negocio de impresiones del grupo El Comercio −que en el 2019 facturó S/73,8 millones− no tiene un historial de cumplimiento de las reglas que deberían regir en un mercado que, por libre y competitivo, sirve al ciudadano. 

La Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi (CLC) acaba de sancionar, el pasado 5 de mayo y en primera instancia, a la Empresa Editora El Comercio y a su subordinada Amauta Impresiones Comerciales. La infracción: coordinar y pactar ilegalmente con sus principales competidores y así repartirse las licitaciones de textos escolares lanzadas por el Ministerio de Educación. Las otras tres integrantes del cartel fueron Metrocolor, Navarrete y Quad Graphics.

La figura es semejante al reparto de licitaciones que efectuaron las compañías del Club de la Construcción, entre las que está Graña y Montero. 

Esta ilícita repartija ocurrió entre el 2009 y el 2016, durante gestiones ministeriales apristas y nacionalistas (desde la de José Antonio Chang hasta la de Jaime Saavedra). Nadie la tuvo en el radar hasta que El Comercio mismo decidió acogerse a la delación y pidió clemencia al Indecopi. Hoy, el conglomerado periodístico esgrime una defensa reputacional que busca capitalizar aquella veloz movida. Pero las razones que da son −cuando menos− cuestionables.

 

Manos invisibles

Aunque todavía queda un camino de apelación administrativa, las pruebas están al canto. A la resolución de la CLC le precede una gruesa recopilación de archivos, correos, cruces con documentos públicos y, especialmente, el testimonio de personas que aceptan lo que hicieron. Sudaca revisó el documento, difícilmente reversible en sus conclusiones esenciales en el tribunal de segunda instancia. 

El Comercio, Metrocolor, Navarrete y la estadounidense Quad Graphics eran cuatro de las cinco principales empresas de un mercado en el que no todos tienen la capacidad operativa para atender contratos gordos rápidamente. Aunque la industria peruana de la impresión recibe la mayoría de sus ingresos del sector privado, la tajada del negocio que representa el sector público no es nada despreciable. 

Según la investigación del Indecopi, las ventas al Estado de los miembros del cartel representaron, según cada empresa, entre el 14% y el 43% de sus ingresos totales en el período en que se coludieron. El Minedu y sus unidades ejecutoras licitaron en esos años más de S/850 millones en impresión de materiales. Más de 6 millones de alumnos acuden a la escuela pública en el Perú.

Si no es solo retórica, la defensa del libre mercado que defienden los dueños del grupo El Comercio presupone esta hipótesis: la libre competencia es buena porque obliga a bajar los precios, lo que se traduce en productos más baratos para el ciudadano y hace que las empresas busquen ser más eficientes para mantenerse en el mercado. Así, cuando un grupo de empresas compite por ganar una licitación pública, el monto que pagará el Estado tendría que tirar hacia abajo jalado por una mano invisible.

El problema ocurre cuando no hay verdadera competencia. Entonces el Estado desembolsa más dinero del que debería, de nuestros impuestos, mientras un grupo de empresas renuncia al esfuerzo de mantenerse a flote por sus méritos comerciales. La CLC calcula que el “beneficio extraordinario” que el cartel de las imprentas le quiso sacar al Estado −es decir, lo que esperaban ganar como miembros del pacto− suma más de S/55 millones. Solo en el caso de El Comercio, la cifra es de S/12,3 millones. El incentivo para operar ilícitamente no fue pequeño. 

El beneficio extraordinario que la CLC calcula que los miembros del cartel de las imprentas apostaron ganar durante toda su operación. Gráfico: Leyla López.

 

Indiscutible cartel

Hasta enero del 2014, El Comercio ofrecía sus servicios de impresión directamente, a través de su Gerencia Comercial de Impresiones. En febrero de ese año, dicha unidad fue absorbida junto a un bloque patrimonial por Amauta, pero esta nueva razón social quedó bajo el control de la misma oficina del grupo que controlaba a su predecesora: la Gerencia de Servicios Empresariales. Por encima de esta, solo está la gerencia general. Para el Indecopi, “Amauta y El Comercio son consideradas como un solo agente económico” respecto a la conducta ilícita sancionada.

El negocio de impresión de los Miró Quesada no tiene nada que ver con el despacho de sus periódicos, sino con venderle a clientes −públicos y privados− desde libros hasta fascículos publicitarios. Y los directivos del grupo tuvieron durante muchos años a un hombre fuerte encargado de eso: Renzo Mariátegui Bosse

Mariátegui Bosse fue gerente de Servicios Empresariales de El Comercio (o tuvo un cargo equivalente) durante todo el periodo en el que esta empresa se repartió las licitaciones del Minedu. Nieto de José Carlos Mariátegui, Renzo heredó de su familia la inclinación por el negocio de imprimir masivamente. En los años 20, su tío abuelo Julio César fundó junto al abuelo José Carlos la imprenta y editorial Minerva. Allí se editaron los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana y una revista con un nombre recurrente: Amauta.

Renzo Mariátegui también es hermano del periodista Aldo Mariátegui, quien por lo demás no tiene otra vinculación con este caso.

Renzo Mariátegui Bosse, ex hombre fuerte del negocio de imprentas de El Comercio. Foto: Facebook.

La investigación del Indecopi está plagada de evidencia contra la que no hay mucho que refutar. Aquí dos ejemplos. “Renzo me acaban de llamar y quieren ir por inicial […] Hace 1 hora me dijo que sí y ahora dicen que no y que van por inicial y nos dejan Mat[emáticas] y Leng[uaje]”, le comunica a Mariátegui uno de sus entonces subordinados, Javier Wong, en febrero del 2010. Este correo se refiere a desavenencias momentáneas con Quad Graphics en la repartija de una licitación. 

Otro ejemplo. “Llama por favor a Perico [ejecutivo de Quad Graphics] y dile que no fue lo acordado conmigo!!!”, se queja Mariátegui en un correo de octubre del 2009 con otro subordinado. Su molestia responde a que la empresa estadounidense parecía incumplir un trato que él consideraba ya cerrado.  

Y sus subordinados también coordinaban sus propias fechorías entre ellos. “Hablé con Carlos [Ramos, de Metrocolor] va a suyo y al mío con 2175000 para pasar piola […] todos no tenemos idea de q hará Navarrete no contesta a nadie”, le advierte Brigitte Portocarrero a Guillermo Stanbury en diciembre del 2013. Ella era ejecutiva de ventas de El Comercio y él, gerente comercial de impresiones. En el organigrama, ambos están por debajo de Mariátegui. 

Todos los correos recopilados por el Indecopi fueron cruzados con las actas de los procesos de selección y las declaraciones de los involucrados. Las pruebas resultan irrefutables. En su declaración ante la Secretaría Técnica de la CLC, el 24 de junio del 2019, Mariátegui reconoció haber sido partícipe de la colusión. Otros exfuncionarios de El Comercio hicieron lo mismo.

¿Cómo operó el cartel? Dividiéndose la adjudicación de ‘ítems’ −los libros de Matemática o de Lenguaje, por ejemplo− en base a dos patrones. El primero, el de “autoeliminación”:  cuando las empresas a las que no les tocaba ganar presentaban propuestas no competitivas para quedar fuera. El segundo, el de “equivalencia”: implicaba que los montos repartidos debían ser equitativos entre las partes. 

Todo era coordinado mediante reuniones de los altos ejecutivos de las firmas en hoteles como El Golf los Incas y El Polo, o en restaurantes como el Café Arango. 

Según la resolución de la CLC, el cartel de las imprentas intentó adjudicarse la licitación de 87 ‘ítems’, con éxito en 63. Todo esto como parte de 20 proceso de licitación del Minedu y uno del INEI. Además de las cuatro empresas y Renzo Mariátegui, la Comisión ha sancionado a otros siete directivos de aquellas: Guillermo Stanbury, Javier Wong, Brigitte Portocarrero, Pedro Isasi, Emilio Presentación, Carlos Ramos y Juan José Monteverde. 

Las multas para las compañías calculadas en primera instancia superan los S/46 millones (10.460 UIT). Solo la de Amauta-El Comercio −la más alta luego de un ajuste por ingresos− fue estimada en más de S/20,5 millones. 

Tras los últimos años de operación del cartel de las imprentas, la facturación de Amauta al Estado cayó. Sin embargo, se recuperó durante el gobierno de Martín Vizcarra. Gráfico: Leyla López.

 

Si delaté, ¿soy inocente?

Pese a haber cometido sistemáticamente la infracción por la que ha sido sancionado, el Grupo El Comercio no tendrá que pagar la multa que se le ha impuesto. La razón: es el delator del grupo. En un Hecho de Importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), El Comercio hizo público que era parte de un proceso sancionador por las prácticas anticompetitivas del cartel de las imprentas. 

En esa comunicación −cuyo correlato fue publicado en su web de noticias− El Comercio resalta que fue gracias a su delación que se pudo develar el esquema del que era parte. En comunicación con Sudaca, el actual gerente general del grupo, Mariano Nejamkis, alega algo similar. “Desde entonces hemos colaborado de manera proactiva con la autoridad. Además, ambas empresas [incluye a Amauta] reforzaron su ambiente de control y el programa de compliance”, agrega. Y no se olvida de dejar claro su “compromiso con el mercado”. 

Efectivamente, la investigación del Indecopi contra el cartel de las imprentas no se habría iniciado sin la alerta lanzada por El Comercio. La versión oficial del grupo es que, en setiembre del 2017, detectaron que sus directivos y empleados del negocio de impresiones podían estar incurriendo en una práctica anticompetitiva. Luego iniciaron una “pericia forense que confirmó” la infracción, por lo que fueron a denunciarla ante el Indecopi. 

Renzo Mariátegui dejó la Gerencia de Servicios Empresariales en octubre del 2017. 

Dos especialistas en derecho de la competencia que pidieron la reserva de su identidad por temor a represalias mediáticas aseguraron que la versión de El Comercio no es del todo verosímil por varias razones. La primera es que muy difícilmente los altos mandos de una empresa no están enterados, durante tanto tiempo, de la estrategia comercial de una de sus unidades.

Además de gerente de línea en el grupo y hombre de confianza para el negocio de impresión, Mariátegui ha sido director de varias empresas de los Miró Quesada relacionadas al rubro. En un reporte a la SMV del 2014, por ejemplo, aparece como miembro de los directorios de Dataimágenes S.A.C. y Zetta Comunicadores del Perú S.A.C.

“En cuanto al segundo factor, vinculado con responsabilidad dentro de la empresa, el señor Renzo Mariátegui señaló que él ocupó un cargo de gerente de segunda línea y que solo cumplía órdenes. […] Durante todo este periodo, la Gerencia de Servicios Empresariales, en la que el señor Renzo Mariátegui se desempeñó, dependió de la Gerencia General de El Comercio”, asegura el punto 415 de la resolución de Indecopi. 

César Pardo Figueroa fue el gerente general de El Comercio por largos 20 años, entre diciembre de 1996 y febrero del 2017, lo que incluye a todo el periodo de colusión. Su figura dentro del grupo −como uno de los primeros gerentes que no pertenecía a la familia− tuvo un peso gravitante. 

“La presencia de Pardo Figueroa ha sido clave para las acciones emprendidas por el grupo El Comercio en las últimas dos décadas. Fue el periodo en el que el conglomerado mediático creció más −tanto en nuevos negocios como en lo que se refiere a sus ganancias”, escribió hace cuatro años en su blog José Alejandro Godoy, autor de “El Comercio y la política peruana del siglo XXI”.

“En rojo para Pardo Figueroa se encuentra el apoyo que dio, junto a algunos accionistas y algunos periodistas de El Comercio, a Keiko Fujimori en la campaña presidencial del 2011”, agrega Godoy, quien ha descrito al exhombre fuerte del grupo como una “bisagra” y con un rol activo en esa campaña. 

Pardo Figueroa no es nombrado en el proceso por las licitaciones con el Minedu, pero sí en la sanción espejo que la CLC emitió en el contra El Comercio-Amauta −entre otros− por haber hecho algo parecido con sus clientes privados. La comisión concluyó en el 2020 que la empresa participó también de una repartija de clientes del mercado privado junto a Quad Graphics, y señala a Pardo Figueroa como uno de los responsables. 

En noviembre del 2011, por ejemplo, este le envió un correo a Mariátegui consultándole si unos clientes ya estaban ‘separados’. “Favor ver si tienes algún conflicto con estos clientes”, le preguntó. A lo que Renzo respondió: “César, solo tendríamos conflicto con 4 clientes: Maestro, Metro, Boticas Arcángel y Supermercados Peruanos. Con el resto no habría problema”. Indecopi cotejó que esas cuatro empresas fueron atendidas exclusivamente por Quad Graphics. 

El propio Pardo Figueroa, hombre fuerte de todo el grupo, aceptó su participación en la repartija de empresas privadas. La CLC asegura que, aún si no hubiera tenido participación activa en la infracción, la conocía y “no ejecutó ninguna acción para detenerla”. Mariátegui alegó que Pardo Figueroa “era el que delineaba la política de acuerdos [colusorios]”. 

Sudaca buscó los descargos de Renzo Mariátegui por distintos canales, incluidas sus redes sociales, sin éxito. 

 

Clemencia y desfachatez

La figura de la ‘clemencia’ en los procesos administrativos ante Indecopi es similar a la de la ‘colaboración eficaz’ en el fuero penal. Es decir, la de un infractor que acepta su culpa y delata a sus cómplices para ganarse un beneficio: una pena menos grave. Es a lo que ha apelado El Comercio en este caso. Sin embargo, ello no lo exime de responsabilidad ni del golpe reputacional. 

Según una fuente consultada por Sudaca, la naturaleza misma de los programas de clemencia implica que su existencia impulse a alguno de los cómplices de un cartel a acusar al resto por miedo a ser traicionados primero. No solo por otra de las compañías concertadas, sino por funcionarios de su propia organización. Por ejemplo: un gerente que, ante el fastidio de ser removido de la compañía o al estar peleado con esta, pueda dar la voz de alerta.

La multa que fue calculada para Amauta-El Comercio por repartirse clientes privados fue de más de S/61 millones. Y aunque tampoco tenía que pagarla completa, porque ese proceso también se abrió a partir de sus delaciones, el conglomerado periodístico la apeló, sin éxito en segunda instancia. Fuentes expertas explican que esto se debería a que ese monto podría servir como base para que las empresas afectadas reclamen una indemnización fuera de la vía administrativa. Reducirlo es clave si no se quiere asumir ninguna responsabilidad 

“Ambas empresas [Amauta y El Comercio] asumirán las consecuencias que correspondan”, asegura Nejamkis a Sudaca. Sin embargo, dado que el Minedu también podría buscar una reparación, queda por ver si no apelarán la resolución del cartel de las imprentas, versión sector público. 

O si, en cambio, el grupo que ha decidido defender el modelo de libre mercado para afuera, pero que no lo pudo respetar hacia adentro, apelará con algún argumento similar al que esgrimió en primera instancia: que el monto de su multa −de la que igual estaba exonerado− debía ser menor porque parte de los beneficios ilícitos habían sido destinados a pagar el IGV y el Impuesto a la Renta. Habrase visto tamaña conchudez. 

 

*El autor de esta nota fue reportero de Política del diario El Comercio hasta hace 11 meses.

Fotoportada: Leyla López.

La revisión del “enfoque de género” en la malla curricular, el incremento de las remuneraciones a S/4.400 y el del presupuesto del sector a 10% del PBI, la reposición de maestros despedidos. Estos son algunos de los puntos que el pasado 8 de mayo Pedro Castillo se comprometió a llevar a cabo en un eventual gobierno de Perú Libre. Todo indica que, de no cumplir, sentirá una fuerte presión de los 14 docentes que forman parte de la electa bancada de su partido (*).

 

“Palabra de maestro”, es el eslogan de campaña que emplea el profesor Pedro Castillo cada vez que lanza una promesa. No fue necesario echar mano de esta frase el pasado sábado 8 de mayo, durante la firma de un acuerdo de nueve puntos entre el candidato de Perú Libre y la dirigencia de las bases regionales de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación–Fenate Perú, uno de los gremios surgidos de la huelga nacional que dirigió Castillo el 2017. Sus colegas sienten que pueden confiar en él.

“Nosotros, desde la base de la región metropolitana [de Lima], cuando muchos no apostaban por el compañero Pedro, hemos hecho la campaña, hemos hecho todo lo que se ha podido para estar contigo en la segunda vuelta (…) Se siguen sumando los maestros y los recibimos con los brazos abiertos porque el objetivo es llegar a la Presidencia de la República”, dijo, por ejemplo, Daniel Cerrón, secretario de la base  regional de Lima, cuando tomó la palabra en dicho cónclave magisterial.

El secretario general de la Fenate-Perú, Moisés Chipana, quien dirigió el evento donde se firmó el acuerdo, asegura a Sudaca que los nueve puntos del compromiso son los siguientes: dotación de laptops e internet gratuito; vacunación de maestros y estudiantes; una nueva Constitución; cambio hacia una malla curricular con un “enfoque integral”; nombramiento de los maestros contratados (pasarlos a planilla); incremento del presupuesto del sector educación a 10% del PBI; incremento de las remuneraciones a 1 UIT (S/4.400); reposición de docentes y directores despedidos; y el pago de la deuda social (por concepto de preparación de clases).

En el cónclave realizado en el local de la Fenate, en el Cercado de Lima, también estuvo el virtual congresista electo por Perú Libre, el profesor Edgar Tello Montes. Tello traduce algunos de esos compromisos y asegura que el principal cambio en el Currículo Nacional de Educación será priorizar un “enfoque integral” en vez del “enfoque de género”, que es parte del modelo actual.

“La Fenate-Perú plantea un enfoque no solo basado en una problemática del sexo [en referencia  al enfoque de género], sino de una problemática integral, donde se prepare a los estudiantes para la universidad y para la vida. Pensando en ello, la comisión que se determine tendrá que evaluar los aspectos pensando en el bienestar de los estudiantes. No solo pensando en un enfoque específico, sino que el estudiante sea una persona crítica y tenga capacidad para que llegue a la universidad”, comenta Tello.

Para el exsecretario regional del magisterio de Lima, la diferencia entre ambos enfoques es que el propuesto por ellos le permitirá al alumno tener un “pensamiento más amplio”. Dice que el camino para lograrlo será contar con la participación de los padres de familia, profesores, especialistas y profesionales que puedan contribuir a adecuar la currícula a la necesidad de cada lugar. “Loreto no es igual a Lima”, pone como ejemplo.

 

El pasado sábado 8, en el local de la Fenate Perú, el profesor Pedro Castillo firmó el acuerdo con los profesores del sindicato magisterial. Al costado derecho del candidato presidencial aparecen el profesor Edgar Tello (virtual congresista) y el profesor Moisés Chipana, secretario general de la Fenate Perú (tomado del Facebook del sindicato magisterial).

 

Al ser consultado si los profesores estarán preparados para enfrentar las críticas de las organizaciones que defienden el enfoque de género, Tello Montes asegura que buscarán que lo que prevalezca sean “los intereses de los estudiantes”.

La abierta discrepancia con la actual malla curricular hizo sugerir al periodista Ricardo Uceda que la frustrada invitación que hizo Pedro Castillo a la exministra Flor Pablo -defensora de la actual currícula- para sumarse a su equipo “resintió a los profesores de Perú Libre”.

Tello Montes responde que ese tema no se conversó durante el encuentro y señala que la convocatoria está abierta a todos los profesionales. El secretario de organización nacional de Perú Libre, Arturo Cárdenas, tiene otra opinión y descarta cualquier acercamiento con la exministra o con el Partido Morado por ser, a su criterio, “muy tibio”.

Nuevo ministro será un maestro

Si bien en el acuerdo no se especifica que, en un eventual gobierno de Pedro Castillo, el nuevo ministro de Educación sea un maestro, Tello nos recuerda que se trata de un compromiso que “el compañero Pedro” ha venido anunciando públicamente en sus presentaciones. Adelantó que, “en su momento”, los maestros enviarán una terna de candidatos para que esta sea tomada en cuenta en caso llegue a Palacio de Gobierno.

Existen 14 profesores que, según los resultados de la ONPE, son virtuales congresistas por Perú Libre. Este grupo de docentes, que estuvo en la huelga nacional del 2017 junto al profesor Pedro Castillo, fue invitado por el partido a participar en las recientes elecciones. 

 

Según Edgar Tello, los 14 responderán a los voceros del partido que serán elegidos en una próxima reunión de los 37 virtuales congresistas. Al ser consultado si ante futuras discrepancias internas, los maestros podrían conformar una bancada aparte, Tello responde: “Hasta el momento son subjetividades. Primero, vamos a asumir las funciones. Luego, veremos las coordinaciones a nivel de bancada”.

Al cierre de esta edición las bases de la Fenate llevaban a cabo una marcha en conmemoración a los 18 años de la huelga nacional que consiguió, el 12 de mayo de 2003, durante el gobierno de Alejandro Toledo, el aumento del 50% del sueldo de los maestros. La invitación también ha sido cursada a Pedro Castillo.

En la movilización, los profesores darán a conocer su pliego de reclamos -entre ellos, que se haya dado inicio al año escolar sin haber vacunado a estudiantes y maestros- y su respaldo a la candidatura de Pedro Castillo. El secretario general de la Fenate Perú, Moisés Chipana, señala que las movilizaciones se realizarán en todas las capitales de los 24 departamentos del país.

 

(*) Fotocomposición: Leyla López

La imagen central de la presente fotocomposición es una fotografía de la firma del acuerdo entre la Fenate Perú y el profesor Pedro Castillo, hecho ocurrido el pasado sábado 8 de mayo. Ha sido tomada de la página de Facebook del referido sindicato magisterial.

Inscripciones de último momento, representantes sin militancia y hasta presuntos -y precoces- intentos de transfuguismo. ¿Las lealtades de la primera minoría parlamentaria estarán con Cerrón o con Castillo?

Junto a Alba Ñaupas

 

Óscar Zea Choquechambi es una incógnita en la debutante bancada de Perú Libre, el partido que lo llevó a conseguir una curul para los próximos cinco años. A pesar de haber hecho campaña en Puno con los colores del lápiz, no está inscrito en este partido, sino en otro. A inicios de diciembre pasado se afilió a Renacimiento Unido Nacional (RUNA), el movimiento que lidera el excandidato Ciro Gálvez.

Zea es un profesor y empresario de 47 años y, según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), es representante de Juliaca en el Comité Político de Puno del partido de Gálvez. ¿Cómo es que terminó candidateando por Perú Libre? Según la misma base de datos, al haberse afiliado después del 30 de septiembre de 2020, esto no producía “efectos respecto del Padrón de Afiliados remitido al RENIEC con vistas a las Elecciones Generales 2021”. Así, se filtró un hombre de RUNA a la bancada de Vladimir Cerrón.

Congresistas electos de Perú Libre que militan en otra agrupación política
Los congresistas electos Óscar Zea y Victor Cutipa militan, según el ROP, en RUNA y un movimiento regional, respectivamente.

Óscar Zea tiene experiencia postulando y ganando elecciones. En el 2006 fue elegido regidor provincial de Huancané por la organización política Moral y Desarrollo. Cuatro años antes había intentado ser alcalde distrital de Taraco con el Movimiento Independiente Alternativa Andina. En esta última ocasión, sin embargo, la suerte le fue esquiva.

No es la única sorpresa que hallamos en el ROP. Según esta información, seis días después de inscribirse en Perú Libre, el profesor y abogado Flavio Cruz Mamani registra haberse intentado afiliar al partido de César Acuña, Alianza para el Progreso. No pudo hacerlo porque no cumplía con un requisito, digamos, obvio: no pertenecer a otra agrupación política.

¿Adónde apuntan las lealtades de ambos congresistas electos? Nos comunicamos con el área de prensa del partido, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

Jales de última hora

Sudaca también encontró que 14 de los 37 virtuales congresistas se afiliaron a Perú Libre en setiembre pasado, el último mes que tuvieron como plazo para presentar sus candidaturas. De hecho, el propio Pedro Castillo se unió al partido el 30 de ese mes.

Siguiendo los pasos del ‘profesor Castillo’, Edgar Tello Montes, virtual congresista por Lima y hombre de confianza del candidato presidencial, se inscribió ese mismo día. Conocido por participar en la huelga magisterial del 2017 junto a Castillo, Tello Montes fue vinculado al Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, en un informe presentado por el entonces ministro del Interior Carlos Basombrío.

Cuando lo llamamos, Tello se mostró hostil y amenazó con cortar la llamada en varias oportunidades. Consultado, por ejemplo, sobre la omnipresencia de Vladimir Cerrón en Perú Libre, Tello se limitó a contestar: “quien postula a la presidencia y quien va a gobernar es el señor Pedro Castillo”.

Hamlet Echevarría Rodríguez, Luis Kamiche Morante y José Balcazar Zelada también se afiliaron a Perú Libre el 30 de septiembre. Ninguno cuenta con experiencia en política y esta es su primera vez postulando al Congreso.

Otro grupo de candidatos se inscribió en el partido del lápiz el 22 de ese mismo mes. Uno de ellos es Segundo Toribio Montalvo Cubas, quien en dos oportunidades intentó ser alcalde provincial de Utcubamba, en Amazonas, sin éxito. Aunque no tiene experiencia en cargos públicos, sí tiene un antecedente por el delito de “ejercicio arbitrario del derecho por propia mano” y una sentencia por violencia familiar, según su hoja de vida presentada al JNE.

Congresistas electos inscritos a última hora
Los 14 congresistas electos que se inscribieron en el último mes de plazo a Perú Libre.

También es nueva en política la odontóloga Silvana Robles Arauco, que se inscribió al partido del lápiz ese mismo 22 de septiembre. En febrero de este año, el director general de la Dirección Regional de Salud de Junín, Danny Quispe, reveló que Robles habría sido inoculada con la vacuna de Sinopharm a pesar de encontrarse con licencia médica por la campaña. Robles se defendió diciendo que su licencia se haría efectiva a partir del 11 de marzo, por lo que se habría encontrado trabajando cuando recibió las dosis.

Castillistas y cerronistas

Entre los electos parlamentarios, hay 13 que no están afiliados a Perú Libre ni a algún otro partido. El profesor Germán Tacuri Valdivia, congresista por Ayacucho, es uno de ellos. Como su compañero de bancada Tello Montes, Tacuri también aparece en el informe de Basombrío por sus presuntos vínculos con Movadef. En otro informe de la Dirección Nacional de Inteligencia sobre el mismo tema, publicado por El Comercio, se menciona a la profesora de Educación Física Elizabeth Medina Hermosilla, congresista electa de Huánuco, que tampoco tiene filiación a algún partido.

Todo indica que estos tres personajes, como parte del movimiento magisterial, son mucho más cercanos a Castillo que al fundador del partido, Vladmir Cerrón. Como ellos, la profesora de primaria Katy Ugarte Mamani tampoco presenta militancia en Perú Libre.

Frente al grupo mayoritario de nuevos rostros, sin embargo, en la bancada se encuentran ocho congresistas que tienen un año o más de militancia en PL y que incluso han postulado a algún cargo cuando la agrupación aún se llamaba Perú Libertario. Se trata de Bernardo Quito Sarmiento, Alex Flores Ramírez, Guido Bellido Ugarte, Abel Reyes Cam, Waldemar Cerrón Rojas, Janet Rivas Chacara y Jorge Coayla Juárez.

Con mayor tiempo como militantes, estos congresistas representan un ala más próxima a Vladimir Cerrón y tendrán la misión de dirigir a la mayoría de su bancada bajo los parámetros de su ideólogo.

Las cuotas de Toledo y Humala

Las canteras del humalismo y del toledismo también han servido para engrosar las filas de Perú Libre. Al igual que Pedro Castillo –que formó parte de Perú Posible entre los años 2005 y 2017–, Paul Gutiérrez Ticona, Segundo Quiroz Barboza y Pasión Dávila Atanacio también militaron en el partido que llevó a Alejandro Toledo a Palacio de Gobierno.

Quiroz, cajamarquino y profesor como Castillo, coincidió en el partido de la chacana con el ahora candidato presidencial. Ambos formaron parte del Comité Departamental que tenía Perú Posible en Cajamarca. El nuevo congresista también estuvo en el Congreso Nacional Ordinario durante toda su estancia en las filas toledistas: desde el 2004 hasta el 2017, fecha en la que perdieron su inscripción.

Todo indica que Quiroz es un hombre más cercano a Pedro Castillo que a Vladimir Cerrón. De hecho, fue uno de los principales dirigentes de la huelga magisterial que lideró el hoy candidato a la presidencia el 2017. En agosto de ese año, cuando congresistas de Fuerza Popular invitaron a un grupo de los huelguistas al Congreso, el ahora parlamentario electo acompañó a Castillo a la cita.

Otro de los tres congresistas electos que formaron parte del movimiento político de Toledo es el también profesor Pasión Dávila Atanacio. A diferencia de Quiroz, que no postuló a ningún cargo público con el partido de Toledo, Dávila lo intentó dos veces. La primera fue el 2002, cuando intentó ser elegido alcalde provincial de Pasco. En 2010, como parte de la Alianza Perú Posible –una coalición entre los partidos de Toledo y Acuña– se lanzó como consejero regional de la misma región. En ambas oportunidades fracasó.

Congresistas electos que no militan en Perú Libre
Los 13 congresistas de la nueva bancada de Perú Libre que no militan en el partido.

La cuota humalista dentro de la bancada la conforman cuatro parlamentarios electos. Se trata de María Agüero Gutiérrez, Elías Varas Meléndez, Jorge Marticorena Mendoza y Lucinda Vásquez Vela.

Agüero es la de mayor experiencia. La congresista electa por Arequipa militó en el Partido Nacionalista entre el 2010 y el 2015, año en el que renunció. Paralelamente a su militancia, había postulado el 2014 a regidora provincial con el movimiento Juntos por el Desarrollo de Arequipa, pero no tuvo éxito.

Ya fuera de las filas nacionalistas, el 2016 trató de alcanzar una curul con el Frente Amplio, y dos años después, el 2018, fue la candidata del partido Arequipa Mía a la alcaldía provincial de esa región. No fue electa en ningún caso. Hasta que en las elecciones del pasado 11 de abril por fin se le hizo.

El odontólogo Jorge Marticorena Mendoza, congresista electo de Ica, también formó parte del Partido Nacionalista entre el 2014 y el 2018. Si bien no ha postulado a algún cargo previamente, sí registra una sentencia por obligaciones alimentarias. Desde el 2019 Marticorena debe destinar 20% de sus ingresos a sus hijos, según resolvió el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Ica.

Desencuentros

Esta semana ocurrió un incidente que revelaría una relación no tan estrecha entre las bases magisteriales que apoyan a Pedro Castillo y ciertos congresistas. Guillermo Bermejo Rojas -electo por Lima y quien sería cercano a Vladimir Cerrón- fue intervenido en Huánuco cuando participaba de una reunión social incumpliendo las medidas sanitarias. Lo que más sorprendió de su visita a la región andina fue que los mismos simpatizantes de Castillo lo expulsaron cuando se encontraba inaugurando un local partidario.

“Nosotros estamos trabajando directamente con el maestro Pedro Castillo Terrones y nuestro trabajo en Huánuco no ha sido por el partido. Ha sido fruto de los maestros, de la coordinadora nacional, señor Bermejo, para su conocimiento”, le reclamó Edith Ramírez, a quien varios medios presentaron como coordinadora del movimiento magisterial de Perú Libre en esa región.

Consultado por el incidente en Huánuco, el virtual congresista José Balcázar señaló a Sudaca que le parece una situación lamentable. “No conozco ese caso concreto más allá de la noticia que me da. Espero se solucione. No debe haber intromisión entre los candidatos por cada región (…) Hay que llamarle la atención al señor Bermejo para que evite entrometerse en la jurisdicción donde otros congresistas han sido electos”, apuntó.

Bermejo no es nuevo en la política nacional. En el 2002 postuló con el APRA para ser regidor distrital de Ate, pero fracasó en el intento. A pesar de ser uno de los rostros más visibles de PL, el electo congresista -que tiene un juicio pendiente por presunta filiación a Sendero Luminoso- es otro que no presenta militancia en la agrupación del lápiz.

Perú Libre será la primera mayoría en el próximo Congreso y tendrá como aliados en temas claves a los cuatro parlamentarios electos de Juntos por el Perú. Habrá que ver si logra la mentada unidad de las izquierdas o empiezan a surgir diferencias que le den un giro de tuerca al juego de poder congresal.

 

*Fotoportada: Leyla López (Fuente: Andina).

*Infografías: Alba Ñaupas


La tierra del Tío Sam, uno de los países que acaparó las vacunas contra la Covid-19, se ha vuelto el destino preferido de miles de peruanos. Según Migraciones, los viajes a tierras gringas pasaron de 8.199 en febrero a 40.871 en abril. Acá algunas historias y cifras para entender por qué.

 

Adrián Cavero se vacunó en una farmacia, dentro de un hospital, en el estado de Virginia. Apenas le hicieron algunas preguntas previas sobre síntomas y alergias. “Fue tranquilo y sin mucho trámite. Me pidieron mi pasaporte, llené mis datos y ya. Es súper libre, aunque en la segunda dosis me dolió el brazo, tuve una leve fiebre y estuve cansado durante todo el día. No me preguntaron si era extranjero”, cuenta.

Para Cavero, que tiene una visa de turista, no fue difícil tomar la decisión de irse a Estados Unidos para vacunarse. Tiene principios de obesidad e indicios de diabetes.  En su horizonte, incluso, ronda la idea de quedarse por allá. “Fue una decisión muy personal al ver que el ritmo de vacunación es muy lento en el país. Tengo familiares en Estados Unidos y me dijeron que era más fácil. No la pensé”, cuenta a Sudaca.

No le falta razón. Hasta inicios de mayo, en Perú se ha vacunado a menos del 4% de la población. El promedio en el mundo es de poco más de 8%, según información de Our World in Data. Recientemente el presidente Francisco Sagasti anunció que, con la adquisición de 12 millones de vacunas del laboratorio Pfizer, se tendrá al menos 60 millones de dosis aseguradas para antes de fin de año. Sin embargo, hay peruanos que no están dispuestos a esperar y jugarse las chances de caer enfermos antes de que les toque.

Hasta la primera semana de este mes, más del 45% de estadounidenses (alrededor de 150 millones) ya había tenido al menos una inyección de la vacuna, principalmente de las que implican una sola dosis. Tal es el ritmo de aplicación que el promedio en el país norteamericano ha alcanzado más de 2 millones de inyecciones al día.

En Perú el ritmo de la vacunación se ha acelerado ligeramente en la última semana, pero llegando a aplicar solo hasta 40.000 dosis por día en los 617 puntos de vacunación distribuidos a nivel nacional. Con estas cifras, no es extraño pensar que la manera más eficaz para sobrevivir sea tomar un vuelo, si se cuenta con visa, a uno de los países que ha acaparado la mayor cantidad de vacunas en el mundo, según denunció la ONU en febrero pasado.

De acuerdo a Migraciones, el ritmo de viajes hacia Estados Unidos se ha acelerado vertiginosamente en los últimos meses. En febrero se trasladaron 8.199 personas; en marzo, 17.108; y en abril, 40.871. Solo en los primeros cinco días de mayo, 5.736 peruanos enrumbaron a dicho país.

Incluso los influencers han explicado sus recorridos. A inicios de este mes, las videoblogueras ‘Misias pero viajeras’ publicaron un video en el que narran su camino de tres horas desde Miami hasta Texas, uno de los primeros estados en flexibilizar sus condiciones de vacunación y donde cualquier persona mayor a 16 años tiene permitido el acceso al antídoto.

Un comunicado de la embajada estadounidense en Perú del 25 de marzo despejó cualquier duda respecto a la legalidad de la vacunación a los turistas. “Los visitantes pueden visitar los EE.UU. con una visa B-1/B-2 por una variedad de motivos, que incluyen los tratamientos médicos. La elegibilidad para recibir una vacuna permanece bajo la autoridad de los servicios de salud de cada estado”, se lee en la publicación.

Varios estados se han sumado a la apertura. Es el caso de Nueva York, cuya ciudad indicó -el pasado 6 de mayo, a través de sus redes sociales- que se administrarán las vacunas de Johnson & Johnson en sitios icónicos a lo largo de la ciudad para vacunar a turistas y que estos se aseguren de tener un “souvenir incorporado para llevar a sus casas con ellos”.

En este estado vive el peruano Álvaro Ledgard, estudiante de postgrado en la Universidad de Columbia de 31 años, quien recibió una dosis de Pfizer mucho antes de que se oficializara la noticia, en el mes de abril. Lo que más le sorprendió del proceso no fue que no le hayan preguntado si era extranjero, sino la eficiencia de la organización. “Yo estoy legal por los estudios y tuve que buscar mi zip code (código postal) para sacar cita, aunque estaba saturado varios días cuando lo hice. La organización fue llevada por militares, lo más increíble que he visto en mi vida. Desde que entré hasta que salí habrán pasado 20 minutos y eso que era una cola de 4.000 personas”, recuerda.

En Florida, por ejemplo, las exigencias se reducen a documentos de residencia y pago de servicios. Pedro -el nombre ficticio que le pondremos a este peruano de 75 años- cuenta que viajó a este estado con su esposa tras conocer que no había mayores restricciones. Tuvo que entregar una cuenta corriente estadounidense y un contrato de alquiler, así como recibos de luz o agua de la residencia donde se estaba quedando.

“Sé de muchos acá que sin traer información se han vacunado, porque hay muchos sitios y en todas las farmacias vacunan. Incluso, si uno va por la tarde, usan las Pfizer porque si no las tienen que botar. Es el caso de Walmart donde, cuando uno va, llaman a la gente a vacunarse”, narra.

Diariamente se pierde una gran cantidad de vacunas. La agencia de protección de salud estadounidense ‘Centros para el Control y Prevención de Enfermedades’ (CDC por sus siglas en inglés) registró más de 182.000 dosis desechadas (casi 60% eran Pfizer) a fines de marzo, tres meses después que dicho país empezara a vacunar de forma masiva. De estas, la cadena farmacéutica CVS fue responsable de casi la mitad y, la cadena Walgreens, del 21%, sumando ambas más de 128.000 dosis.

Aunque sigue siendo un porcentaje nimio, según un informe de la Universidad de Duke, Estados Unidos podría tener un exceso de 300 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 para fines de julio. Muchas podrían utilizarse para extranjeros y turistas antes de que acaben en el tacho de basura.

Perú Libre ha convencido a Juntos Por el Perú de que en “solo tres meses” conseguirá las más de 2,4 millones de firmas que exige el Jurado Nacional de Elecciones para convocar a un referéndum en el que la población decidirá si quiere o no una nueva Carta Magna. El acuerdo entre ambos partidos -negociado por los más cercanos colaboradores de Vladimir Cerrón- será firmado hoy por Verónika Mendoza y Pedro Castillo (*).

 

 

La agenda para cambiar la Constitución de 1993 está en marcha. Las conversaciones entre representantes de la alianza de izquierdas Juntos Por el Perú (JP) y Perú Libre comenzaron pocos días después de las elecciones del pasado 11 de abril. El acuerdo entre ambos partidos políticos se ha terminado de afinar en las últimas horas y ha sido plasmado en un documento que será firmado hoy por Pedro Castillo y Verónika Mendoza a las 3:00 de la tarde en el club Apurímac, en Jesús María. Lograr que salga humo blanco no ha sido tarea fácil.

Una facción rebelde de Juntos por el Perú, que rechazaba la candidatura de Mendoza, venía apoyando a Castillo desde la primera vuelta. A partir del 11 de abril, cuando la lideresa quedó sin chances de disputar la presidencia, otras agrupaciones que forman parte de la coalición de JP, como Patria Roja, se fueron decantando por el profesor en comunicados independientes.

A partir de entonces empezaron las negociaciones oficiales. Los llamados a sentarse frente a frente para llegar a este acuerdo -al que se han referido como “declaración conjunta sobre puntos comunes”- fueron Roberto Sánchez, presidente de Juntos Por el Perú, y Arturo Cárdenas, secretario de organización nacional de Perú Libre y militante cercano a Vladimir Cerrón. Ambos ya se conocían desde el 2019, fecha en que se frustró la alianza entre JP y el partido del lápiz, entre otras cosas, por la condena de corrupción contra Cerrón.

Cárdenas tuvo que trasladarse desde Huancayo –ciudad donde reside– a Lima en varias oportunidades para entablar la negociación en la que participaron otros representantes de ambos partidos, entre ellos algunos miembros de Nuevo Perú, el movimiento fundado por Verónika Mendoza que es parte de JP. La primera reunión fue en un chifa de la avenida Salaverry, en Jesús María. Después, se realizaron sesiones virtuales a través de la plataforma de video ‘Google Meet’.

La reunión que se hizo pública fue la del pasado 29 de abril, donde estuvieron presentes el ya mencionado Sánchez y cuatro miembros de su acuerdo político. La comitiva de Perú libre estuvo encabezada por Vladimir Cerrón y otros tres dirigentes del lápiz, entre ellos Arturo Cárdenas, quien asegura que el profesor Pedro Castillo conocía de esa reunión y que quienes participaron fueron seleccionados con conocimiento de él y de Cerrón, por supuesto.

 

En este cónclave se selló el acuerdo. Se realizó el pasado 29 de abril en el local del partido del símbolo del lápiz, en Breña. Participaron en representación de Perú Libre: Vladimir Cerrón (principal negociador y hasta antes de las elecciones crítico de Verónika Mendoza), Roger Najar, Braulio Grajeda y Arturo Cárdenas; por Juntos por el Perú: Roberto Sánchez y Arturo Ayala; y por el Nuevo Perú: Álvaro Campana, Eduardo Cáceres, Anahí Durand y Ruth Luque (*).

 

El apoyo no se hizo oficial hasta el pasado domingo 2 de mayo, cuando Juntos Por el Perú hizo público un pronunciamiento en su cuenta de Facebook titulado “Por un Gobierno de Cambio Democrático, Constituyente y de Bienestar Social”. Allí, se exhorta al profesor Pedro Castillo a “considerar” los siguientes cinco temas: asegurar la vacunación nacional, reactivar la economía con más inversión, convocar a un referéndum nacional para una nueva Constitución, respaldar la lucha frontal contra la corrupción y fortalecer órganos como el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.

Entrevistado por Sudaca, Arturo Cárdenas asegura, sin embargo, que las conversaciones entre ambos partidos se enfocaron en tres temas principales: resolver el problema de las vacunas y la salud, la reactivación económica (entre las que se tocaron puntos como la renegociación de los contratos con empresas de sectores estratégicos y la nacionalización de los hidrocarburos) y el camino para lograr la nueva Carta Magna.

 

El pasado 2 de mayo, Juntos Por el Perú sacó este comunicado de apoyo al profesor Pedro Castillo en el que adelanta algunos puntos del acuerdo que será presentado hoy. Llama la atención que no prioriza la igualdad de género.

 

Sobre este último tema, Vladimir Cerrón había barajado varias posibilidades. El pasado domingo, por ejemplo, Cerrón señaló en una entrevista en el canal Best Cable de Huancayo que un primer camino para conseguir el objetivo sería la presentación de un proyecto de ley del Ejecutivo al Congreso para que este apruebe la convocatoria a un referéndum en el que la población decida si quiere o no una nueva Constitución.

 

El suspendido gobernador regional de Junín explicó que, en caso el Parlamento lo rechace -sobre todo porque Perú Libre no conseguiría el respaldo de 87 votos, para una reforma constitucional, por no tener mayoría congresal-, no dudará en recurrir a la cuestión de confianza. Recordó que si esta prerrogativa presidencial es rechazada dos veces -según la actual Constitución-  se podría recurrir a la disolución del Congreso.

Un segundo escenario –señaló Cerrón en esa entrevista– contemplaría la compra de un kit electoral para la recolección del 10% de firmas del actual padrón electoral, lo que equivale a 2,4 millones de firmas, el número que exige el artículo 38 de la ley de los derechos de control y participación ciudadanos. Al conseguirlas, estas son presentadas al Jurado Nacional de Elecciones para que convoque a dicho referéndum.

Según Arturo Cárdenas, de Perú Libre, ese segundo camino es el que se priorizaría para lograr una nueva Constitución y será parte del acuerdo que se presentará hoy a la prensa. De hecho, desde un comienzo de las negociaciones entre ambos partidos, esa ha sido la opción de mayor consenso entre ambos. Así lo confirmó a Sudaca la virtual congresista electa de Cusco por Juntos Por el Perú y militante de Nuevo Perú, Ruth Luque.

Cárdenas señala que ni bien Pedro Castillo sea elegido Presidente activarán las 25 bases regionales que posee Perú Libre en todo el país y entre “dos y tres meses conseguiremos más de dos millones de firmas”. Este argumento, al parecer, ha convencido a los mendocistas.

El constitucionalista Luciano López señala a Sudaca que “sí es constitucional” la vía del referéndum, tal como lo plantea Perú Libre y como lo prevé la ley de los derechos de control y participación ciudadanos. Explica que el JNE sería la entidad encargada de convocar al referéndum sin que sea necesario contar con la aprobación del Ejecutivo ni del Congreso.

López apunta que sería muy importante revisar el texto normativo que presentará Perú Libre en el momento de la recolección de firmas para saber si propone o no que la Asamblea Constituyente -que llevará adelante la elaboración de la nueva Constitución- contempla el cierre del Congreso. Señala que allí debería centrarse el debate, puesto que no sería necesario cerrar el Parlamento si es que se sigue el modelo de Chile, donde las dos instituciones pueden caminar en paralelo.

 

El secretario de organización nacional de Perú Libre, Arturo Cárdenas, inició el diálogo entre su partido y Juntos Por el Perú tras reunirse con Roberto Sánchez. Después, siguieron más encuentros hasta que finalmente se consiguió el acuerdo entre JP y PL.

 

Según Cárdenas, en los temas de nacionalización de los hidrocarburos y la renegociación de los contratos con empresas estratégicas -como lotes petroleros, licitaciones mineras y empresas de telecomunicaciones-, tomarán el ejemplo del modelo boliviano y pedirán el apoyo de sus técnicos. La estrecha relación entre operadores de Evo Morales y Pedro Castillo fue revelada en un reciente informe de Sudaca.

Las fuentes apuntan a que Juntos por el Perú tuvo que dejar de lado su prioritaria agenda por los derechos de las minorías, entre ellos el matrimonio igualitario, para sentarse a conversar. Al ser consultado sobre si estos temas estuvieron en la agenda, Arturo Cárdenas evitó responder y dijo: “Mañana [hoy] se firma el acuerdo. Eso lo vamos a conocer el día de mañana [hoy]. Primero hay que resolver el problema de la salud y de las vacunas, paralelamente a ello el tema económico”. 

 

(*) Fotocomposición: Leyla López

 

El último sábado todos los ojos del país estuvieron puestos en Chota, una ciudad de los Andes cajamarquinos que se ha cansado del terruqueo. Esta es la crónica de un debate con ánimos crispados, pero también de una ciudad que ya siente a su ‘paisano’ en el sillón presidencial.

El hombre desenfunda su machete y lo restriega contra el piso. Se ríe. Está un poco borracho. El sonido de la hoja es lo único que se escucha al borde del toque de queda. Lo levanta y dice: “Mire, pruébelo, pruébelo, se los voy a regalar, vea, para que no digan que en Chota somos terroristas”. Entrega el machete y se vuelve a reír. “Sírvanse, por favor, queso chotano y mote”, pide. 

Gilberto Vásquez Morales es hermano de Armando Vásquez Morales, candidato al Congreso en las últimas elecciones por la lista cajamarquina del ultraderechista Renovación Popular. Gilberto asegura ser miembro de una de las cuatro organizaciones de ronderos de Chota. Administra la cochera en la que Sudaca tuvo que ingresar su móvil para protegerla de los gases lacrimógenos de una gresca que no pasó a mayores. 

Todo el frontis de la cochera tiene pintados los colores del partido de Rafael López Aliaga. “Mi hermano postuló, con el 1”, dice Gilberto, quien además administra el local. “A la otra camioneta que ha venido desde Lima le he dado unos ponchos, para que no digan que somos terroristas aquí en Chota”, agrega. Y vuelve a insistir con el queso, el mote y el machete. 

Además de rondero y administrador, Vásquez Morales también trabaja en obra, según las fotos que proporciona empleando una estación topográfica. “Aquí en Chota, sí, nuestros ancestros han sido duros. Pero nosotros somos muy buena gente. Acá nadie roba, nada se pierde. Yo dejo la cochera abierta toda la noche”, insiste. Está muy preocupado en transmitir esa idea.  

¿Qué hacen los ronderos si agarran a un ladrón? “Ahí, pues, tú sabes”, dice. Luego prefiere explicar: primero a trabajar, después, si el caso lo amerita, vergüenza pública. La ciudad está ya casi en silencio. Se ha apagado desde la algarabía de la tarde. ¿Por quién va a votar, Gilberto? “Por Castillo, porque es paisano, le vamos a dar el voto”, dice. ¿Y el cartel de afuera? Ya no se ríe. Su hermano está gravemente enfermo de Covid-19. 

 

“Somos ronderos”

El ambiente en Chota, capital de distrito y provincia homónimas, estuvo cargado el último sábado. Idas y venidas en redes sociales, una organización improvisada pero funcional, y autoridades locales con mucha prensa a disposición. Pero no solo la prensa limeña se trasladó en cantidad inusual a la ciudad cajamarquina, junto a Sudaca, sino también la Policía: 460 efectivos cercaron los accesos a la plaza principal.

Por supuesto, a los estrategas fujimoristas, ya curtidos en estas lides, no se les hubiera ocurrido entrar sin portátil a territorio visitante. La de Keiko era pequeña, pero bulliciosa. Algunos llegaron en buses antiguos, otros en camionetas 4×4. Los naranjas, incluso, acondicionaron su local cerca a la plaza con gigantografías de la lideresa. 

Al espacio cercado por la Policía solo ingresaron algunos cientos de partidarios de ambos bandos. Eso equiparó la bulla, pero el fujimorismo siempre estuvo en minoría. A las afueras, un primer choque se registró alrededor de las 2:30 de la tarde. Los fujimoristas arengaban “¡no al terrorismo!”, mientras un convoy cargando un lápiz de casi dos metros intentaba cruzar la esquina que ellos ocupaban a una cuadra del debate. En la plaza, los gritos eran los de un partido de fútbol. Apenas había centímetros de distancia entre las personas. 

El debate fue un intercambio de pullas −algunas mejor, otras peor dirigidas− que mantuvieron arriba los gritos hasta la última intervención. Hubo una postal final de choque de puños −histórica, desde su nacimiento− y Keiko se subió a una camioneta blanca flanqueada por su equipo. Pedro Castillo salió de la plaza caminando entre el tumulto. Los K se cruzaron con los lápices a una cuadra de la plaza a diez para las tres de la tarde. El contingente policial tuvo que lanzar algunas bombas lacrimógenas. 

Tras dispersar a los ciudadanos, la Policía se movilizó en resguardo del convoy naranja. Fueron aplaudidos, arengados, con vehemencia desde uno de sus buses. Más allá de algunos objetos lanzados al aire, el altercado entre keikistas y castillistas se calmó. El profesor se resguardó en el local de su partido: un edificio de la calle Exequiel Montoya cuyo segundo piso sobresale sobre la vereda. Desde allí, su coordinador regional anunció que daría un mensaje. 

Decenas de personas volvieron a congregarse: simpatizantes, curiosos, periodistas, policías y, también, un grupo de mujeres con chicotes y chalecos amarillos con inscripciones en negro. “Seguridad de Bambamarca. Rondas campesinas”, decían. Pasaron los minutos y empezaron las arengas. La más repetida fue esta: “somos ronderos, y no terroristas”. 

 

Pintas y más pintas

Llegar a Chota por carretera no es fácil. La ciudad está cercada por una muralla de montañas verdes, hermosas, pero llenas de neblina y derrumbes activos. La propia Keiko demoró 30 minutos debido a uno de ellos. Pero, además, toda la carretera es un muestrario de la oferta política del país, pasada y presente. Abunda en el tramo cajamarquino la propaganda del candidato al Congreso de Podemos Perú, Guillermo Vásquez Chingo, que no agarró una curul, y de Elva Edith Julón, de Alianza para el Progreso, hija de un exalcalde suspendido por mandato de detención. 

Prevalece, además, la A del partido de César Acuña, uno de los dos chotanos que participó en esta elección. El otro, que le gana en presencia de paredes, es Pedro Castillo. El lápiz es −aunque por poco− lo más pintado en todo el recorrido. No solo en la llegada a Chota, sino en casi toda la carretera desde Lima. Chimbote, por ejemplo, está repleto de muros rojos.

Para ver la ‘ola roja’, más que a analistas políticos, quizás la mejor forma era consultarle a un transportista que no paró por la pandemia.

Castillo finalmente no salió a la ventana de su local de campaña. Reubicó su saludo a un lugar más simbólico: el Parque del Maestro, a las puertas del Centro Cultural Akunta, que tiene la imagen de un rondero en la fachada. Allí dio el pésame a los familiares de un dirigente local recién fallecido, dijo que empezaba su gira por “la [región] macro-oriente” y repitió sus dos eslóganes de campaña: “No más pobres en un país rico” y “palabra de maestro”. Luego partió hacia el distrito de Chugur. 

En el Parque del Maestro se volvió a escuchar la misma arenga, varias veces: “Somos ronderos, no terroristas”. Los seguidores de Castillo hacen referencia a la cobertura de la prensa limeña sobre los vínculos de Pedro Castillo con el Movadef, que reivindica el legado genocida de Abimael Guzmán. En Sudaca, publicamos hace dos semanas un artículo que mostraba sus reuniones con representantes de ese movimiento en Bolivia. El candidato no quiso contestar al respecto. 

La ciudad se tranquilizó con la noche. “La economía aquí recién está saliendo un poco. Van a ser dos años sin carnavales. Acá esto se llena, todos los precios se multiplican por cuatro, ahora solo los comerciantes vienen, y eso”, dice el Sr. Saavedra, el administrador del hotel Saamedi. ¿Votará por Pedro Castillo? “Como paisano, supongo, le daremos el voto”, dice. 

 

“Ya estamos hasta en Magdalena”

Poco antes del toque de queda, el local de Perú Libre vuelve a abrir sus puertas. Es una reunión de 20 partidarios del lápiz con sus coordinadores y dos congresistas elegidos para este periodo: Américo Gonza y Hamlet Echeverría. Nadie filtra quién entra y quién no. El ambiente está acondicionado con cuartos de triplay en el segundo piso y un espacio abierto al centro del primero. Un hombre se para de su silla, dice que tiene una agencia de turismo y ofrece colaborar con los pasajes para la campaña. Otro recuerda que también se necesitarán personeros, porque el fujimorismo ‘seguro va a tener para pagarlos’. El ambiente es el de una recta final en la que todos creen que pueden ganar. 

“Yo he venido desde Lima. Allá nos estamos organizando en distintos barrios y hasta ya tenemos un panel enorme frente al mercado de Magdalena, un distrito de renta media”, dice uno más. Asegura que el apoyo en la capital puede crecer. Hay aplausos, otros personajes toman la palabra. Finalmente, se la ceden al nuevo congresista Echeverría. 

Él se quita la mascarilla y se pone de pie. Es profesor de secundaria, ha estudiado un posgrado en la Vallejo, de Acuña. Ha reportado un sueldo en el sector público de S/2.500 mensuales. Obtuvo una curul porque a quien le correspondía por votos, Yanina Poveda Merecedes, murió de Covid-19. ¿Todos los maestros somos terroristas?, se pregunta Echevarría. Luego se queja: “Me duele porque yo he estado en Ayacucho en la época de Sendero”.

“Al chotano ni la mano”, dice el huayno ‘Cholo chotano’, de William Tapia. Es un refrán popular que acuñaron los chilenos durante su paso por territorio nacional, debido al nivel de hostilidad con el que fueron recibidos en esa zona de Cajamarca. La copla, sin embargo, inmediatamente responde: “Las apariencias engañan, el chotano es un hermano”. 

Al alba del domingo, Gilberto Vásquez Morales se despide sin un ápice de resaca, recordando lo dicho el día anterior. Sudaca tuvo que volver con prisa a Lima, cargando un machete como regalo. “¿Ustedes van a apoyar a Keiko?”, le preguntó el administrador de una tienda de combustible, a la mitad de una carretera cubierta por la neblina, al equipo de este medio. Aún no sabemos, ¿y usted, por quién va a votar? 

“Por Castillo, porque es de aquí. Ya es hora de que gobierne un cholo, un cholo chotano. Y ahí vamos a ver qué puede hacer, ¿no cierto? Si en Bolivia [Evo Morales] lo hizo bien. Están diciendo que los cajamarquinos somos terroristas. Nada de eso, acá eso no hay”, respondió. Ese fue el mensaje de Chota para Lima tras el debate. Valga transmitirlo.

¿Hacia dónde apuntarán los congresistas electos de uno de los partidos protagonistas de la última crisis política? En AP dicen que en los próximos cinco años intentarán remediar lo hecho por Merino y compañía y que aspiran a ser una bancada unida. Lo cierto es que ya se pueden divisar algunas facciones al interior de la lampa y empiezan a surgir diferencias entre “limeños y provincianos”.

Por Alessandro Azurín y Alba Ñaupas

 

El pasado 24 de abril los 16 congresistas electos de la nueva bancada de Acción Popular (AP) por fin se conocieron. La cita fue convocada por el reciente candidato presidencial del partido, Yonhy Lescano, en el local principal de la agrupación. Consultado por los pormenores de la reunión, el virtual parlamentario Juan Carlos Mori asegura que se trató solamente de “una reunión de agradecimiento y felicitación de parte de Lescano hacia nosotros, los electos. No conversamos ninguna postura partidaria. Eso es aún un tema pendiente”.

Otro de los asistentes, Ilich López, virtual congresista por Junín, resume la conversación de esa reunión en una sola palabra: unión. “Básicamente lo que hemos quedado es que la bancada va a actuar en unidad, en base a los principios partidarios y vamos a ser una bancada sólida. Conversaremos con todos los líderes de Acción Popular para poder contribuir con la unidad dentro del partido y que esa unidad se vea reflejada en nuestras decisiones”, explica a este medio.

Pero a la reunión del 24 de abril no acudieron todos. Y aunque Ilich López dice que las ausencias se debieron a presuntos contagios de Covid 19, Sudaca pudo conocer que en el partido de la lampa ya empiezan a manifestarse algunos desencuentros.

Uno de los grandes ausentes fue nada más y nada menos que el candidato congresal más votado del partido: José Arriola, el N°1 de Lima que en las elecciones internas de AP corrió al lado de Edmundo del Águila. Las razones por las que no asistió, según otros testimonios, no se deberían a su estado de salud, sino, precisamente, a las diferencias que hay dentro del partido.

Mesías Guevara, presidente de AP, desliza esa posibilidad. “No habrá estado Arriola porque parece que hubo un tema de los congresistas provincianos versus los de Lima”, dice. La discrepancia giraría en torno a la visión del país que tienen ambos bandos, aunque los capitalinos estén en desventaja: apenas lograron dos curules. Guevara adelanta que el Comité Político los convocará para coordinar y limar posibles asperezas. Al parecer, la bancada -aún- no estaría del todo unida.

Ricardo Torres, militante desde hace 15 años y miembro de la Comisión de Plan de Gobierno de AP, explica que Arriola -quien llegó a ser el N° 1 dentro de la lista de candidatos al Congreso gracias a la maquinaria que movió en su favor el actual alcalde de Ate, Edde Cuellar- es parte “de una facción no deseada” por haber “sido promovido por un alcalde invitado”, “un defecto del último sistema de votación interno de AP” y producto del arrastre de Yohny Lescano como candidato presidencial.

Como contó este medio antes de las elecciones congresales, Arriola es casi un desconocido dentro de AP. “[Los militantes] le van a sacar en cara cómo llegó al partido”, pronostica Torres. “Como él, tenemos algunos problemitas con otros militantes que han llegado a ser electos […] van a suscitarse ciertos reclamos de la misma militancia que le van a decir ‘qué haces tú acá si tú tienes tal o cual problema judicial’ o que tienen intereses contrarios al partido” añade.

 

Para Franco Salinas, vocero de la actual bancada de Acción Popular, la ausencia de Arriola se debió al abandono en que dejó Lescano a algunos grupos de candidatos en la reciente campaña congresal. “Apartaron a muchos correligionarios de regiones, autoridades, los mismos candidatos al Congreso se quejaban. Pregúntale, por ejemplo, al señor Arriola de Ate. Lescano lo vio una vez en la campaña y nunca más supo de él. Hubo un alejamiento sectorizado”, afirma.

Hay otros congresistas electos que no están alineados con el ala “lescanista”. Una de ellas es Maricarmen Alva, quien sí asistió a la reunión del excandidato presidencial, pero que no destaca precisamente por ser la más cercana al político puneño. La congresista electa por Lima es, en realidad, próxima a otro personaje del partido: Alfredo Barnechea, quien ha tenido más de una diferencia con Lescano. Alva incluso formó parte de la plancha presidencial de Barnechea en las internas de AP hasta que la lista fue retirada.

La virtual congresista por Lima ha mostrado abiertamente sus discrepancias con el pensamiento de Lescano. Por ejemplo, para la abogada, el gobierno de Merino fue constitucional, apreciación que no comparte el excandidato presidencial. “Cada vez que ella ha intervenido ha tratado de alinearse a las propuestas de Lescano, pero no lo hacía con agrado porque ella viene de otra facción del partido. Por eso no te puedo decir que será una bancada disciplinada que votará en bloque. No va a ser así”, afirma Ricardo Torres.

Apuntalan esta versión los antecedentes. Hay personajes con curul para los próximos cinco años que no han demostrado mucha unidad entre sus correligionarios. Jorge “Coco” Ancachi, por ejemplo, virtual congresista por Puno -la tierra de Lescano- tiene un precedente que demuestra que no trabaja de la mano de sus correligionarios. Durante la campaña fue protagonista de una pugna con otro candidato por Puno de AP.

Cuando medios locales revelaron las denuncias que la Fiscalía Anticorrupción realizó en su contra por peculado en el gobierno regional, Ancachi acusó al N°3, Elmer Quispe, de ser el responsable de la información. “Coco” no se quedó ahí y le increpó por, supuestamente, abandonar a su hija en un orfanato.

 

Entre Fujimori y Castillo

Hasta ahora los pronunciamientos del partido de la lampa sobre qué candidatura apoyarán en segunda vuelta han sido dispersos. Entre Lescano, Diez Canseco y demás, cada uno ha apuntado a diferentes direcciones. Sin embargo, a partir de la segunda mitad de mayo, la opinión de los principales líderes y de los militantes accionpopulistas tendría que unirse en un solo discurso.

En el plenario convocado para el 15 de mayo, AP debatirá con el objetivo de definir su posición política para la segunda vuelta. Las voces y los votos serán de todos los alcaldes, congresistas, exdirigentes y el comité político nacional. ¿Se impondrá el llamado al voto en blanco de Lescano? ¿Optarán, como Diez Canseco, por apoyar al fujimorismo? ¿Será un voto de conciencia como plantea Mesías Guevara? Todo vale.

Los nuevos congresistas electos también estarán presentes, según Guevara. Si bien no podrán votar, participarán del debate. Un hecho no menor, considerando el rol de mediadores que planean llevar al Congreso. Los lineamientos saldrán de lo que se acuerde en el plenario.

El debate de ese día pinta para largo. Escoger entre Castillo o Fujimori es un dilema en la interna accionpopulista. “Ante la actual circunstancia nos vemos impedidos ideológicamente de apoyar a cualquiera de las dos opciones que han quedado como resultado de la segunda vuelta. No podemos apoyar al partido de la señora Fujimori porque su ideología está orientada a la extrema derecha y tampoco podemos apoyar al señor Castillo porque su propuesta es de izquierda extrema y, en muchos casos, antidemocrática”, expresa Ricardo Torres.

congresistas AP

A pesar de esto, grupos como el Comité Ejecutivo Regional de AP de Cusco, mediante un comunicado, ya adelantaron la opinión que expondrán en el plenario. Ellos piden a los dos candidatos que “hagan planteamientos que garanticen la mayor unidad y gobernabilidad del país”. La traducción, según Armando Villanueva, miembro de este comité, es que Castillo y Fujimori tienen que acercarse al centro, donde AP dice estar.

Para el ex parlamentario, que algunos hayan adelantado su apoyo a uno u otro candidato antes del plenario “no ha sido pertinente y no responde al principio democrático del partido”. Villanueva espera que el partido recoja la propuesta cusqueña y así Acción Popular elija a su “mal menor”.

Sin importar quién termine ocupando el sillón presidencial, hay voces al interior del partido que apuntan a que la próxima bancada, la tercera más numerosa, sea oposición, una constructiva que busque resarcir la imagen del partido.

“Ningún partido tiene suficientes parlamentarios para decidir solos. Vamos a tener una posición muy importante para definir temas en esta concertación parlamentaria que tiene que haber”, asegura el actual congresista Franco Salinas. “Otras bancadas ya están predestinadas a apoyar un gobierno de Pedro Castillo y otras definidas hacia Keiko Fujimori. Acción Popular debe ser el punto de equilibrio, actuar con responsabilidad y en función a los intereses nacionales”, añade Mesías Guevara.

La autocrítica también está presente en algunos militantes. Franco Salinas, actual vocero de la bancada que abandonará el Congreso el próximo 28 de julio, ha aconsejado a los nuevos legisladores de AP no repetir sus errores. “Yo mismo les he recomendado que muestren un liderazgo claro de alguien que pueda ir a la Mesa Directiva. Eso no ha pasado en esta bancada. Manuel Merino debió liderarla, pero no lo hizo. Cosa que lamento [porque] es mi amigo”, afirma.

Guevara, también gobernador regional de Cajamarca, advierte a la nueva bancada de su partido que, en un Congreso extremadamente fraccionado, discrepar y alejarse de la agrupación podría ser una mala jugada. “Casi todos son congresistas nuevos […] y tienen que aprender. Si algún congresista electo quiere tomar distancia de la bancada, la perjudica, pero a sí mismo también: no podrá integrar comisiones o ser miembro del Consejo Directivo, vocero, integrante. Al final todos están obligados a reunirse”, afirma.

Sudaca intentó comunicarse con los congresistas electos por Lima: José Arriola y Maricarmen Alva. Sin embargo, el primero se limitó a dejarnos en visto y la segunda se comprometió a devolvernos la llamada. Seguimos esperando.

*Fotoportada: Leyla López

La campaña del fujimorismo se refuerza con dos asesores externos ecuatorianos vinculados a Guillermo Lasso, presidente electo de ese país. El “anticomunismo” es sólo la primera parte de una estrategia que sumará ahora un discurso “antiestablishment” y un plan para reducir su antivoto entre los jóvenes.

 

La campaña de Keiko Fujimori no sólo cambiará de rumbo, sino que sumará rostros internacionales. El ecuatoriano Roberto Izurieta será uno de ellos, según una fuente altamente confiable y cercana al comando de campaña de Fuerza Popular, y ya estaría trabajando como asesor externo.

Izurieta es especialista en comunicación política y ha sido asesor, por ejemplo, del expresidente ecuatoriano Jamil Mahuad, quien firmó el acuerdo de paz con Alberto Fujimori en 1998.

Izurieta también ha asesorado a otros presidentes como Álvaro Colom en Guatemala, o los derechistas Horacio Cartes en Paraguay y Enrique Peña Nieto en México. El ecuatoriano es un viejo conocido en estas tierras: según su hoja de vida, trabajó en una de las campañas de Alejandro Toledo.

Medios ecuatorianos lo vinculan a la campaña del 2017 en la que el banquero Guillermo Lasso perdió las elecciones presidenciales en Ecuador. Izurieta ha admitido ser amigo del actual presidente de Ecuador y ha estado muy pendiente de su última campaña, de este año, en la que sí ganó. A inicios de abril Lasso remontó el marcador de entre 10 y 15 puntos de ventaja que le daban a fines de marzo algunos sondeos a su contrincante, el correista Andrés Arauz.

El pasado 13 de abril, por ejemplo, el especialista resaltó en CNN −a la par de su apoyo informal− tres ejes de la estrategia de Lasso que lo llevaron a la victoria: la espontaneidad en los debates, apuntar hacia los privilegios y promover “encuentros” con la gente. “Mientras Andrés Arauz y su equipo seguían en una onda triunfalista, Guillermo Lasso dio un giro a su campaña, la acercó a la gente y sus problemas dando paso a su nueva línea: los encuentros. De esta manera, Lasso pasa de una primera vuelta donde daba la idea de dar lecciones basado en su capacidad y experiencia, a eventos genuinos con la enorme diversidad del electorado nacional. Fue un éxito”, escribió. Sería un anuncio de lo que se viene en Perú, donde Fujimori ya busca con desesperación debatir con su contrincante.

Para llegar al público más joven, donde prevalece un fuerte componente de antivoto, en la tienda naranja contarían con el apoyo de otro ecuatoriano: Juan Mateo Zúñiga, consultor político y miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, integrada por un equipo de jóvenes liderados por él.

Su experiencia se basa principalmente en campañas electorales en su país y se encargaría de la estrategia digital de Fuerza Popular. En la reciente primera vuelta en Ecuador, fue asesor de la “sorpresa” de los comicios: Xavier Hervas, un empresario que se estrenaba en la política nacional. El desconocido quedó en un meritorio cuarto lugar.

“Nosotros creemos que la estrategia es el contraste. No necesariamente tenemos que salir a pelear con alguien o hacer algo en negativo, sino a diferenciarse de los otros. El contraste en este caso fue Xavier [Hervas] contra todos los políticos. Los políticos que nos defraudaron, que nos llevaron a la crisis”, contó Zúñiga en una entrevista para el portal de su país Primicias.

El reto del ecuatoriano será extrapolar eso a una candidata más bien protagonista -en gran parte- de la reciente crisis del país. En todo caso, las redes sociales serán una de las herramientas clave de Zúñiga, que para la segunda vuelta en Ecuador asesoró a la campaña de Lasso. De hecho, es el responsable de que el electo presidente haya incursionado en la red social Tik Tok, tal como lo ha hecho Keiko Fujimori en la primera vuelta.

Sudaca se contactó con ambos asesores a través de sus redes sociales, pero no respondieron al cierre de edición de esta nota.

Hace dos días, el excongresista Luis Galarreta negó al diario Correo que vayan a contratar a un asesor extranjero, pero esto no sería tan cierto. Si bien ambos ecuatorianos no son parte del equipo de campaña ni se reúnen a diario con este, sí se suman como consejeros externos y, qué duda cabe, jugarán un rol importante. 

El comando de campaña de Keiko Fujimori está integrado por el jefe de plan de gobierno, Nano Guerra García, el publicista Carlos Raffo y los excongresistas Miguel Torres y Galarreta, quienes se reúnen diariamente, según pudo conocer este medio. Esto seguirá así.

Sudaca se contactó con los mencionados integrantes del equipo de Keiko Fujimori, pero al cierre de esta edición o se excusaron de revelar datos internos de la estrategia o no respondieron.

Por otro lado, y pese a que un círculo de viejos fujimoristas ya rodea a la candidata, las fuentes naranjas niegan que Alberto Fujimori cumpla un papel de estratega en la campaña, aunque admiten que el expresidente sí llama a su hija para darle consejos y lanzarle alguna crítica constructiva.

En esa línea, no está contemplado que Keiko Fujimori firme una hoja de ruta ni extienda pedidos de perdón por la corrupción de la década del 90 ni por la actitud vehemente mostrada por sus congresistas en el período 2016-2020. En el círculo de Keiko creen que ya han reconocido suficientes errores y no están dispuestos a seguir con el autoflagelo.

“No forma parte de la estrategia ahora [pedir perdón]. Se va a anunciar un cambio de rumbo, pero no pasa por una hoja de ruta ni algún perdón”, refiere una fuente de la tienda naranja.

Cambio de rumbo

Como ha sido evidente, un primer momento de la campaña ha estado marcado por el discurso contra el comunismo, plasmado en videos institucionales del fujimorismo en redes sociales.

En paralelo, han surgido otras acciones que no coordina directamente Fuerza Popular, pero que tampoco rechaza. Claro ejemplo son los anuncios que han surgido en distintos paneles publicitarios de la empresa Punto Visual en Lima. El gerente de esta empresa es Alberto Luis de Azambuja, pareja de la excongresista Cenaida Uribe. Otro ejemplo, aunque menos estruendoso, es la campaña en redes bajo el hashtag “#pormifamilia”, promovida por Robby Ralston.

Pese a que dicen ser ajenos a ambas estrategias, en la interna no consideran esto como un error. A la consigna del anticomunismo se han sumado ya voces como las de Mario Vargas Llosa y la del mismo Kenji Fujimori señalando que la exprimera dama del régimen fujimorista es la opción democrática y representa la defensa del modelo económico. Que se sumen más voces sería parte de los que llaman a la interna “la estrategia cívica”.

En esta segunda vuelta también se ha descartado contar con las empresas publicitarias que vienen tocando la puerta de Fuerza Popular. En el comando de campaña se preguntan para qué quieren spots si ya tienen minutos asegurados en los medios.

En el fujimorismo, además, parecen tener bastante fe en lo que vienen haciendo cierta prensa, como el Grupo El Comercio, y consideran que no hay necesidad de hacer una campaña de “terruqueo” cuando desde la concentración y otros medios ya la vienen haciendo por su cuenta.

Pero toda esta primera parte de la estrategia, específicamente la defensa del modelo y la lucha contra el comunismo, sólo habría tenido como objetivo atraer a aquellos votantes de derecha que no respaldaron a Keiko Fujimori en la primera vuelta.

Al interior de Fuerza Popular dicen que han sido plenamente conscientes de que ese discurso no iba a calar en los sectores D/E. Por eso, ahora tienen como referencia la campaña de Luis Fernando `el Macho` Camacho, líder ultraderechista y religioso, quien puso en aprietos a Evo Morales en las últimas elecciones bolivianas tras hacer un paro de 21 días en el país del sur. El símil que buscan es ir desde los sectores más acomodados para luego dar un llamado a los estratos sociales más bajos.

Así, para el sector D y E, el objetivo será promover un mensaje antiestablishment, por lo que no debería generar sorpresa si es que Keiko empieza a esgrimir un discurso populista que critique a grupos de poder y reivindique programas sociales de su padre como el Foncodes, los vasos de leche, entre otros, como ha hecho ya en recientes entrevistas.

Con ello se avecina una campaña con múltiples variantes, aunque abierta a colaboración de diversos sectores y poderes fácticos que puedan sumarse, de acuerdo a fuentes del fujimorismo. Luego, viene la conquista del antivoto, que tiene una lógica distinta. Esta segunda fase se develaría en los próximos días.

Luego de que el proyecto para entregar 47 plantas de oxígeno a varios nosocomios del país abortara en marzo pasado, quedaron 29 centros de salud en vilo. El Minsa dijo que no iban a quedar desamparados, pero hasta la fecha eso es precisamente lo que está ocurriendo. Nueve de ellos ni siquiera están contemplados en el nuevo plan. El tiempo pasa. La gente se muere asfixiada.

 

“La semana que viene vamos a iniciar una campaña para ver si nos donan una planta de oxígeno”, cuenta Percy Huamaní, presidente del cuerpo médico del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador (HEVES), uno de los hospitales más grandes de Lima Sur con alrededor de 200 camas de hospitalización. “Se estima que habrá una nueva ola en cualquier momento, entonces nosotros igual necesitamos una planta”, afirma.

Sin que el cuerpo médico lo supiera, en diciembre pasado este hospital rechazó una planta de oxígeno que la cementera privada Unacem intentó donar a la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Sur. ¿Sus argumentos? Que su demanda de oxígeno superaba a la de la planta ofrecida por la cementera y que tenían previsto recibir una idónea vía un convenio del Ministerio de Salud (Minsa) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

El acuerdo establecía que la UNI entregaría 47 plantas de oxígeno a 46 hospitales. Pero el proyecto fracasó, como explicó Sudaca en marzo pasado, y se resolvió por incumplimiento en el plazo de entrega.

A la fecha, el HEVES no ha recibido la planta y continúa dependiendo de proveedores privados externos. En total son 29 hospitales que están en la misma situación y 9 de ellos han sido omitidos en un nuevo proyecto para cerrar la brecha del oxígeno, como veremos más adelante. Sus pacientes son los más perjudicados. Es abril, hasta ahora, el mes más mortal de la pandemia. El Sinadef —una mejor referencia que las cifras oficiales— ha contabilizado en promedio un exceso de 900 muertes diarias. Lima Metropolitana concentró la mitad de los decesos.

En el Hospital Regional Docente de Trujillo, por ejemplo, las escenas son de desesperación. Lo muestra la periodista Silvia Yupanqui en un video: un hombre llora y samaquea a otro que acaba de fallecer en el asiento trasero de un auto negro a las afueras del centro de salud. La falta de oxígeno fue la causa.

En otro momento, una mujer, familiar de una persona que necesita atención, dice a un trabajador del hospital: “Por favor solamente que lo dejen entrar, que lo chequeen. (…) Ahorita está con 70 de saturación, ya no está respirando bien”.

Otra señora intenta reclamarle a los funcionarios del centro de salud: “Toda la noche he estado buscando oxígeno. Por oxígeno es que lo traemos acá, para que lo puedan ayudar. (…) Me he ido hasta a Otuzco a buscar y no hay, no hay oxígeno”. La mujer hace referencia al Hospital de Apoyo (de Otuzco) ‘Elipidio Berovides Perez’, que es otro de los 29 nosocomios que quedaron a la espera de una planta del convenio con la UNI.

 

 

“Estamos así aproximadamente hace tres semanas”, cuenta a Sudaca el decano del Colegio Médico de La Libertad, Wilmar Gutiérrez, y precisa que el problema del número de camas se suma al del oxígeno. “No hay ni dónde sentarlos ni acostarlos, y ni hablar de las camas UCI”. Su institución advirtió hace unos días que las muertes no contabilizadas en domicilios iban en notorio aumento, sumando alrededor de 20 diarias.

El Hospital de Apoyo de Caraz, en Áncash, es otro de los centros de salud a los que el Minsa les quedó debiendo una planta de oxígeno. Según Augusto Tarazona, presidente del comité de salud pública del Colegio Médico del Perú, tanto las hospitalizaciones como las muertes se han “incrementado terriblemente” en las últimas ocho semanas en el hospital, en gran parte por falta de oxígeno.

“Constantemente viene acabándose el oxígeno. La dificultad es que las empresas proveedoras en las últimas semanas no están abasteciendo por completo, solo una tercera o cuarta parte de lo que se les pide. Entonces eso genera una necesidad de independencia de producción de oxígeno”, explica el médico.

Tarazona comenta que la UNI les había indicado a inicios de marzo que la planta ya estaba lista para ser instalada. “No obstante, como ya se había anunciado la anulación del contrato, ha quedado en stand by. Y se da la situación actual de que la gente se está muriendo por falta de oxígeno”, señala. Tanto Ancash como La libertad están entre las seis regiones donde el coronavirus ha alcanzado mayor nivel de letalidad, según el Minsa.

Minsa: nuevamente los muertos antes que las plantas

El pasado 5 de marzo, luego de que el Ministerio de Salud lanzara el ultimátum público a la UNI para la entrega de las 47 plantas, la universidad se comprometió entregar 18 de estas (menos del 40% del total original) e inició un proceso de conciliación con la cartera de salud, específicamente con el Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, a cargo de Bernardo Ostos.

A la fecha, la entrega de las 18 plantas ha concluido. Sudaca consultó al viceministerio cuáles fueron los acuerdos finales de la conciliación, pero no obtuvo respuesta.

El mismo 5 de marzo, sin embargo, el ministro de salud Óscar Ugarte anunció en el Congreso que para suplir las plantas faltantes se haría una importación rápida de plantas de oxígeno medicinal a través del Proyecto Especial Legado, una institución pública adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y creada originalmente para darle sostenibilidad al legado de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

Sin embargo, Legado recibió formalmente el encargo recién a inicios de abril a través del Decreto de Urgencia 036-2021. Sudaca consultó al Minsa por qué tardaron casi un mes en asignarle la responsabilidad en medio de un contexto de muertes en aumento, pero nuevamente no obtuvimos respuesta.

¿Qué ocurrió entonces con los 29 hospitales que quedaron en el aire luego de la resolución del convenio? Se trata de hospitales de La Libertad, Lambayeque, Piura, Áncash, Lima Región, Junín, que están entre las 10 regiones donde el Covid-19 ha alcanzado mayor letalidad, según la Sala Situacional del Minsa. Así como hospitales de Ucayali, San Martín, Ayacucho, Huancavelica, Madre de Dios, Pasco, Puno y Cusco.

Ranking de la muerte: proporción de fallecidos del total de infectados con Covid-19. Diseño: Leyla López.

Todos estos nosocomios siguen esperando por las plantas de oxígeno y el plazo de espera que les han dado es de 4 a 12 semanas. Veamos por qué.

El 22 de marzo, la Defensoría del Pueblo envió al Minsa un oficio (ver documento) preguntando, además de la fecha de entrega, qué se había hecho hasta el momento para lograr la adquisición de dichas plantas de oxígeno y para cubrir la demanda de los 29 hospitales hasta que las plantas estuviesen operativas en ellos.

El viceministro Ostos se tomó casi un mes para contestar, el pasado 20 de abril (ver documento). Adjunta a su respuesta, enviaba la del titular de la DGOS (Dirección General de Operaciones en Salud), Edward Cruz. La escueta nota informativa N° 593-2021-DGOS/MINSA solo precisaba que la DGOS 1) había gestionado y participado en el decreto de urgencia que daba un nuevo marco normativo para la dotación de oxígeno, 2) que las plantas de oxígeno pendientes serían entregadas por el Proyecto Especial Legado en un plazo estimado de 10 a 12 semanas, y 3) que CENARES era el responsable sobre el abastecimiento del oxígeno medicinal a dichos hospitales.

Sudaca se comunicó con el área de prensa del Proyecto Especial Legado y obtuvo detalles importantes sobre el trabajo encargado (ver respuesta). Según su director, Alberto Valenzuela, el Minsa le solicitó buscar 20 plantas para el mismo número de nosocomios. Solo 20 de los 29 hospitales.

¿Por qué dejar fuera 9 hospitales que vienen esperando por las plantas desde el año anterior?”. Es el Ministerio de Salud quien debe responder la consulta”, se limitaron a decir desde el Proyecto Especial Legado. Al cursar la pregunta, Sudaca no recibió respuesta de la cartera de salud. Entre aquellos excluidos por el Minsa del plan de Legado está el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Ese cuyo cuerpo médico está ideando una campaña para conseguir una planta de oxígeno donada, después de haber rechazado una porque confiaban en la UNI.

La espera continúa para 20 hospitales, otros 9 quedaron fuera del plan asignado al Proyecto Especial Legado. Diseño: Leyla López.

El Proyecto Especial Legado, por su parte, incrementó en varios casos la capacidad de producción de las plantas que buscarían para cumplir con el encargo. Adicionarían al plan, estaciones de llenado de cilindros de oxígeno en varias regiones. “Con ello hemos logrado aumentar la oferta de oxígeno de 30 toneladas por día [de las plantas de la UNI] a 66”, señala Valenzuela.

Lo malo es que nuevamente no sabemos qué llegará primero: si la tercera ola o las plantas. Legado se encuentra actualmente en una fase de estudio de mercado, buscando proveedores internacionales, y calcula que entre 4 a 12 semanas culminará la instalación progresiva de las 20 plantas. Una espera que puede ser mortal.

Fotocomposición de portada: Leyla López.

 

Policías, fiscales, funcionarios regionales y agentes de aduanas integran una organización de tráfico de madera en la selva sur. Inteligencia de la Diviac la ha puesto al descubierto mediante escuchas telefónicas, cuyas transcripciones Sudaca pudo revisar. La última redada fue el pasado 21 de abril. El caso está marcado por un “topo” y la impunidad que garantizan jueces benévolos.

 

Desde que los detectives de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) interceptaron sus llamadas, el 2017, se hizo evidente que la comerciante Edith Huaricancha Arenas había captado a decenas de funcionarios públicos en puestos clave, encargados de fiscalizar la venta y el traslado de madera. Así había conseguido que sus cómplices tengan vía libre para pasar pesados cargamentos ilegales desde Madre de Dios hasta las fábricas de muebles en Lima.

La madera que compraba esta mafia (y que luego revendía a otros comerciantes) era extraída de zonas protegidas o llegaba de contrabando desde Bolivia, apuntan fuentes de la Fiscalía. El negocio completo: conseguir guías de transporte fraudulentas −papeles donde se consigna la especie de madera que están trasladando, la cantidad y el destinatario− y lograr que los camiones que llevaban el cargamento sortearan sin sobresaltos los puestos de control del gobierno regional y la Sunat, ubicados en la carretera, como los operativos de la Policía.

“Los funcionarios de Madre de Dios les entregaban [a los criminales] esta documentación fraudulenta o blanqueada. Por ejemplo, sacaban un producto cuya extracción no está permitida, pero colocaban otra especie [de madera] en el documento. Con ese documento ilegal, el producto llega a Lima, donde es utilizado para hacer muebles. Los puestos de control [situados en la carretera] están comprados y algunos policías metidos en este tema, eso es innegable”, explica el coronel Jorge Gonzáles, jefe de la Diviac.

Con audios interceptados en los últimos cuatro años y el seguimiento a los investigados, la Policía y la Fiscalía Anticorrupción establecieron un organigrama de la mafia: 45 personas, 23 de las cuales eran funcionarios públicos. En agosto del 2020 montaron un primer operativo, que tuvo un éxito parcial. El segundo golpe ocurrió hace apenas una semana, el pasado 21 de abril.

“En el último operativo los ciudadanos del sector querían evitar la captura de dos financistas de la organización. Creen que ellos les están haciendo un bien, que les dan trabajo [al comprarles madera], pero los están explotando”, dice Gonzáles, quien detalla que Huaricancha revendía la madera que les compraba, al menos, a 10 veces su valor.

Pero ese ha sido apenas un problema menor entre los tantos que ha atravesado el caso. La primera parte de la investigación estuvo marcada por la filtración de información a los presuntos criminales y un Poder Judicial que jugó en pared con la organización.

Un día antes de la primera redada, el 24 de agosto del año pasado, el programa matutino de Radio Selva que dirige el periodista Julio Blanco anunció que la Diviac se encontraba en la región y que iban a “canear a siete u ocho” efectivos policiales. No se refirió, sin embargo, a los otros funcionarios públicos ni a los comerciantes, quienes se habrían enterado cuando el operativo ya estaba en marcha.

Edith Huaricancha fue capturada la madrugada del 25 de agosto. No pudo escapar a tiempo a pesar de que un agente de la policía de Madre de Dios, el teniente Gianfranco Lavado Yllescas, le avisó en mensajes de WhatsApp que se estaban haciendo varias detenciones y que entre los objetivos también había civiles.

Lavado: Han detenido a Pérez [hace referencia a un policía]

Edith: Pero ¿por qué?

Lavado: Diviac.

Edith: Borra los mensajes, ¿a quién más?

Lavado: Ya lo hice. A Zegarra de Forestal, Ambiente.

Edith: ¿A quién más?

Lavado: Sólo ellos.

Edit: ¿Y qué les están diciendo?

Lavado: A Figueroa también. Dicen que una investigación que tiene del año pasado (…) Van a intervenir civiles. Se van a quedar varios días.

interceptación whatsapp
Izquierda: Transcripción de los mensajes de WhatsApp con los que el teniente Gianfranco Lavado alertó a la presunta líder de la mafia de que la Diviac llevaba a cabo un operativo la madrugada del 25 de agosto pasado. Derecha: Lavado, hoy libre.

Lavado era el agente de apoyo designado por la Región Policial de Madre de Dios para colaborar con el megaoperativo. En teoría, el teniente se había enterado pocas horas antes de que este se iba a llevar a cabo, pero se dio el tiempo de avisarle a Huaricancha. Finalmente, la Diviac, que tenía como objetivo a 29 personas, pudo capturar a 19.

A pesar de todas las pruebas −concretamente las llamadas interceptadas que reseñaremos a lo largo de este reportaje−, Huaricancha fue liberada pocos días después por una Sala de Apelaciones de Madre de Dios. La Fiscalía tampoco pudo conseguir que el Poder Judicial admita su pedido de prisión contra el teniente Lavado a pesar de las flagrantes conversaciones.

En breve comunicación con Sudaca, el teniente no negó la veracidad de los mensajes y se limitó a decir: “No hay nada contundente, no hay la intención de nada ahí [en los mensajes]. Es un tema de investigación, yo no sabría nada más, ya se esclarecerán los hechos”.

El manto de impunidad alcanzó a las fiscales Zoila Rodulfo Castillo y Nelly Colque Valdivia, capturadas en setiembre pasado. De acuerdo con las interceptaciones, ambas habrían recibido juegos de muebles, whisky y dinero a cambio de ayudar en los casos penales que la mafia tenía en el Ministerio Público. Un juez decidió darles libertad en primera instancia. Cuando el fiscal a cargo del caso logró que admitan su apelación, Rodulfo y Colque ya habían desaparecido. Hoy son prófugas de la justicia.

Los policías

A pesar de los ‘topos’ y la sospechosa benevolencia del Poder Judicial, decenas de capturados permanecieron en prisión. Luego de revisar sus celulares, convencer a algunos de que entren a un proceso de colaboración eficaz y cotejar una y otra vez las interceptaciones telefónicas que se tenían, los investigadores volvieron a dar un golpe el pasado 21 de abril. Esta vez el objetivo eran 14 personas, nueve fueron capturadas, cinco no pudieron ser ubicados.

Fuentes de la Fiscalía apuntan que en esta ocasión no hay evidencia de que alguien haya lanzado la alerta, pero sí hay sospechas de filtración de información desde un juzgado. “Parece que hay algunos abogados que han estado pulseando por esa información”, apuntan.

Lo único cierto es que la mafia logró meterse hasta el cuello entre los funcionarios públicos de Madre de Dios.

Para este nuevo operativo, los detectives ya habían revisado el celular de Huaricancha. Allí encontraron mensajes de WhatsApp con el suboficial Pablo Caviedes Neya, del Departamento de Protección de Carreteras de Madre de Dios. Entre el 22 de julio y el 8 de agosto del 2020, el policía estuvo coordinando con la mujer el pase de varios camiones que trasladaban madera ilegal para que estos no tengan mayores problemas.

El 29 de julio se dio la siguiente conversación:

Edith: Buenas noches, papi, ¿pasarán mis carritos?, ¿cómo hacemos?, ¿arreglamos por aquí?

Caviedes: Ya, ¿a qué hora pasan y de dónde salen?

Edith: De La Novia, a las 11 más o menos.

Caviedes: Ya, que se paren acá en Shiringayoc para disimular, revisar las guías.

Caviedes, según el registro de llamadas, pertenecía a la organización desde el 2019. Su nombre figura en unos apuntes de “gastos” que le fueron incautados a Huaricancha. Fue detenido el pasado 21 de abril.

Pero antes de él, la mafia ya había captado al comandante Dante Gallardo Carreño, jefe de la Policía de Medio Ambiente, a cargo de operativos contra la minería ilegal y el tráfico de madera.

En 2017 y 2018, este oficial alertó a la mafia de varios operativos que iban a realizarse en la zona. Un ejemplo es la comunicación del 23 de abril del 2018, en la que uno de los presuntos criminales (alias ‘Pubi’) llama a Gallardo para preguntarle sobre un operativo contra los mineros:

Pubi: Este… me acaban de llamar de arriba ahorita y me dicen que mañana van a bombardear, ¿sabes algo?

Gallardo: No, nada.

Pubi: No hay nada, ¿no?

Gallardo: No.

Pubi: No vaya a ser, carajo, que nos revienten la máquina.

Gallardo: No, no… a ver, espérate. Voy a confirmar y te llamo.

Pubi: Me avisas, porque si hay algo, para irme en la noche a esconder los motores.

Gallardo no pudo ser ubicado en el operativo de la semana pasada.

La Sunat

Otro de los que logró escapar a tiempo fue Albert Curi Urbina, agente de la Sunat a cargo del control de vehículos en el puesto Unión Progreso. No estaba en su casa cuando la Policía llegó con una orden de captura en su contra. El 2 de febrero del 2020, la Policía registró la siguiente conversación entre Edith Huaricancha y Curi, en donde la primera promete hacer una “bolsa” de dinero mensual para él.

Edith: Más tarde te llamo, me llamas por WhatsApp, ya he hablado con los chicos.

Curi: Ya.

Edith: Ya, y vamos a hacer una pequeña bolsa mensual mejor, para estar tranqui, para chambear tranqui.

Curi: Ya, chévere, gracias, se agradece.

transcripción audio mafia
Izquierda: La transcripción del audio en el que Edith Huaricancha acuerda entregarle una bolsa de dinero mensual a un funcionario de la Sunat. Derecha: la impune Huaricancha.

Tres semanas después, la noche del 23 de febrero, Albert Curi y Edith Huaricancha se vuelven a comunicar para coordinar el pase de un vehículo que cargaba madera ilegal. Curi le dice que está con tres personas más en el puesto de control, pero que apenas se vayan le timbrará.

Media hora más tarde, el agente aduanero cumple con su palabra y llama a la líder de la organización avisándole que ya puede pasar el vehículo. Entonces Edith se comunica inmediatamente con el chofer del camión que lleva la madera:

Edith: Ya, maestro, pasa, pasa.

Chofer: Ya, señito, ya. Directo paso, ¿no?, ¿me van a pedir algo?

Edith: No, no, entra. Ahí hay un flaquito a la vista. Le entregas los documentos a él, para disimular te va (ininteligible) y pa que pases.

Chofer: Ya, ya, ya.

Edith: Un flaquito de la Sunat.

Albert Curi no era el único funcionario de aduanas involucrado. Durante el primer operativo cayó Óscar Espinoza Chávez, quien en junio del 2018 proporcionó un USB a la mafia con información de cargamentos registrados en una base de datos de la Sunat. De acuerdo a las escuchas, Espinoza recibió S/5.000 por sus servicios.

Los directores forestales y los periodistas

Edith Huaricancha y sus cómplices tenían un negocio redondo, de acuerdo a la documentación fiscal. No sólo revendían la madera a más de 10 veces su valor. También hacían negocio con las guías de transporte.

Los funcionarios de Madre de Dios eran los que proveían las guías fraguadas que luego Edith Huaricancha revendía a otros comerciantes de madera. Una interceptación telefónica del 24 de noviembre del 2019 da cuenta de cómo negociaba esta con una mujer llamada Emiliana Luna Huamán, también capturada la semana pasada.

Edith: Ya, mami, en ese caso, en el precio de las guías, ¿a cuánto me vas a dar?

Emiliana: No sé, ¿a cuánto estás vendiendo, pe?

Edith: Yo he estado vendiendo siempre a 0.17 [17 centavos de sol]. Mire, a la señora Constanza a 23 [centavos].

Emiliana: Y a mí 20 será pues.

Edith: A 22 pe, porque no me va a salir [a cuenta] 20.

Emilia: A 20… mira, hasta las coimas han subido, mami.

Para hacerse de las guías y pasar sin problemas los puestos de control en la carretera, la mafia tenía más funcionarios en su nómica. Los jefes de la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre, el organismo a cargo del control y fiscalización de la extracción de madera en la zona, adscrito al Gobierno Regional de Madre de Dios, también habrían sido comprados. En el operativo del pasado 21 de abril dos de ellos, Ernesto Vargas Guevara y Jorge Dueñas Salas, fueron capturados debido a que tenían decenas de llamadas con los miembros de la organización.

Y Edith Huaricancha no estaba acostumbrada a que le dijeran que no. Por eso, cuando vio que el ingeniero Harry Pinchi −a cargo de esa dirección durante un período del 2019 y repuesto en julio del 2020− no iba a trabajar para ella, recurrió a la prensa local para embarralo. Así lo revelan mensajes de WhatsApp del 3 de agosto entre Huaricancha y Alan Vizcarra Econema, uno de sus presuntos cómplices. Un día antes, ella le había asegurado que saldría una “nota” periodística para generar la remoción de Pinchi. “Ojalá sea efectivo y de una vez saquen a esa mierda”, había dicho él.

Alan: No dicen nada de Pinchi en las noticias.

[…]

Edith: Cómo dices que no dijo nada, el Puclla [Luis Puclla] le sacó la mugre.

Alan: ¿Tienes el video? Porque yo no lo vi.

Edith: No. Hansel me llamó y dijeron que mañana mostrarán los documentos.

Pinchi recuerda que la mafia de Huaricancha quiso acercarse a él en 2019. “Tenía colegas que me decían que Edith quería conversar conmigo. Pero yo sabía de los antecedentes de la señora y nunca le di espacio”, cuenta a Sudaca.

El funcionario recuerda varios ataques mediáticos en el período de las llamadas interceptadas y dice que las denuncias periodísticas en su contra no tenían sustento.

Luis Puclla, periodista aludido, también niega que sus críticas hayan sido pagadas por la mafia. “No, para nada, yo cuestiono y critico si veo que están actuando mal. Ni siquiera conozco en persona [a Edith], yo más bien rajé de ella en mi programa”, asegura el comunicador.

Nos comunicamos con Rómulo Ochoa Segura, abogado de Edith Huaricancha, para obtener sus descargos. Ochoa no desmiente la veracidad de las interceptaciones telefónicas que acompañan este informe. “Más que la veracidad, cuestionamos la legalidad de los audios. Consideramos que una investigación que data de septiembre del 2017 ya debería tener mayor sustento. Mi patrocinada es empresaria, no es líder de ninguna organización criminal”, apunta.

Este viernes se llevarán a cabo las audiencias de algunos de los detenidos. Incluida la que verá si Edith Huaricancha sigue en libertad. En la Fiscalía Anticorrupción no descartan que sigan cayendo funcionarios ligados a esta mafia. Periodistas y residentes de Madre de Dios creen también que hay mucho pan por rebanar. Mientras tanto, ningún candidato ha puesto sobre la mesa propuestas claras para luchar contra la minería ilegal, ni la tala indiscriminada.

diviac
Coronel Jorge Gonzáles, jefe de la Diviac, muestra el complejo organigrama de esta mafia de tráfico de madera.
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