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La impactante historia de una prisión preventiva injustificada que le costará dos millones a la justicia peruana y deja inconcluso un caso de asesinato.

En la legislación peruana, la prisión preventiva aparece como la medida de mayor magnitud que pretende, mediante la privación de la libertad del imputado, garantizar que esté presente en el proceso y evitar que este pueda convertirse en un obstáculo en la investigación en marcha. 

Al restringir la libertad personal, para que se dicten este tipo de medidas se requieren sustentos sólidos que justifiquen su necesidad. Sin embargo, en más de una oportunidad, los criterios para solicitar y dictar la prisión preventiva han pasado por alto detalles claves que finalmente han derivado en que personas inocentes vean esfumarse varios meses y hasta años de sus vidas detrás de las rejas.

LAS CONTRADICCIONES DETRÁS DEL ENCIERRO

En diciembre del 2016, Heráclides Antonio Arenas Delgado recibió una de las peores noticias que había recibido en sus sesenta y cinco años de vida al escuchar que el Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Chiclayo había dispuesto que permanecería en prisión un año y medio.

cristian rebosio 

A Arenas Delgado  se le acusaba de ser presunto integrante de una organización criminal y corrupción de funcionarios en un caso que había tenido como desenlace fatal al asesinato de Luis Roberto Cieza Herrera, quien se venía desempeñando como funcionario de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), en diciembre del 2015.

Heráclides Arenas había terminado involucrado en este caso porque había sido señalado como el contador de los hermanos Samuel y Carlos Roncal, quienes supuestamente tenían una investigación pendiente en SUNAT por defraudación la cual  se encontraba a cargo de Cieza Herrera.  

Acorde a la hipótesis del fiscal, Arenas había tenido la tarea de convencer a Cieza de modificar el informe que tenía a cargo ofreciéndole una considerable cantidad de dinero y, como el funcionario de SUNAT no aceptó la oferta que Roncal le hizo mediante su contador, se dio la orden de asesinar a Luis Cieza.

Para justificar la prisión preventiva de  Heráclides se había usado la declaración de Liliana Arenas Abanto, la viuda de Luis Cieza Herrera, quien había indicado que conocía a Arenas porque era padre de uno de los compañeros de aula de su hijo y, además, agregó que “trabajaba como contador para una empresa que no sé exactamente cuál es, pero mi referido esposo le había hecho una auditoría a dicha empresa”.

A ello se le sumó lo dicho por un testigo cuya identidad no fue expuesta pero que acusó a Arenas Delgado de ofrecer un soborno  al funcionario. “Un aproximado de 500 mil dólares para dejar de investigar a sus jefes de Agropucalá”, indicó quien fue identificado como el testigo con clave N° 04-2016.

Si bien estas declaraciones parecen comprometedoras, no tardaron en evidenciarse grandes contradicciones. La primera fue que la viuda de Cieza había declarado inicialmente desconocer dónde trabajaba y luego mencionó que lo hacía para Agropucalá. Aunque lo más llamativo al respecto fue que, tal como lo informó el propio Departamento de Personal de la azucarera en el Oficio N° 63-2017/DP, Arenas nunca prestó servicios para Agropucalá.

Aunque Heráclides Arenas no había sido trabajador de Agropucalá, sí trabajó para Samuel Roncal, uno de los sindicados como autores intelectuales del asesinato de Cieza. Pero el trabajo que realizó Arenas para uno de los hermanos Roncal como parte de un proceso de fiscalización había culminado para 2013 con la cancelación del impuesto y multa correspondiente.

Además, en diciembre del 2013, el propio Cieza Herrera había tramitado el Memorando N° 1102-2013-SUNAT-210200 con el cual se disponía el traslado de Samuel Roncal como contribuyente a Lima, por lo que tanto Cieza como la Sunat Lambayeque dejaron de estar facultados para la revisión de sus estados tributarios.

En el caso de Carlos, el otro hermano Roncal Miñano, se le había realizado una fiscalización por presunto delito tributario, aunque esta había concluido en junio del 2015 y, para julio del mismo año, Carlos Roncal ya había pagado el impuesto omitido que ascendía a los 250 mil soles.

Estos hechos llevaron a que la tesis del fiscal Germán Montero Ugaz, con la cual se había justificado la prisión preventiva de Heráclides Arenas, sea fuertemente cuestionada debido a que no parecía existir una razón para que los hermanos Roncal ofrezcan un soborno a Cieza Herrera y menos para que estos ordenen sus asesinato. 

Claro que esta información no llegó a evitar que Heráclides Arenas pase más de un año tras las rejas. Si bien abandonó la prisión sin ninguna sentencia en su contra, los meses que pasó privado de su libertad por un caso en el que no parecían existir argumentos sólidos representan una indiscutible injusticia.

Cabe resaltar que el fiscal Montero Ugaz se desempeñaba como fiscal adjunto del fiscal Juan Carrasco Millones, quien ha estado involucrado en varios casos de un mal uso de la prisión preventiva y que han sido relatados en informes periodísticos de Sudaca. Además, fue el propio Carrasco Millones quien estuvo presente en el relato del testigo clave 04-2016 cuyas declaraciones fueron usadas para solicitar la prisión preventiva de Arenas.

TIEMPO DE REPARACIONES

Si bien nadie podrá devolverle a Heráclides los meses de su vida que pasó detenido, la justicia contempla la posibilidad de exigir una indemnización por el daño sufrido. Es por ello que Arenas Delgado ha presentado recientemente una demanda por daños y perjuicios.

Arenas Delgado exigen la suma de dos millones de soles por concepto de lucro cesante, daño emergente o patrimonial, daño moral y daño a la persona, aspectos que se habrían visto afectados por su ingreso a prisión como consecuencia de la prisión preventiva que se dispuso años atrás.

cristian rebosio 

Además del dinero que el Estado tendría que pagar ante una demanda que Heráclides Arenas tiene grandes chances de ganar, lo que esta insólita historia expone es el uso que se le está dando al recurso de la prisión preventiva que le puede costar al país varios millones y, como consecuencia más grave, le puede costar a personas inocentes varios meses y años de una vida que no podrán recuperar.

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Chiclayo, Heráclides Arenas, Juan Carrasco

En un contexto donde la transparencia y la equidad en los procesos de contratación pública son fundamentales para garantizar el uso adecuado de los recursos del Estado, recientes eventos han sacudido la confianza en el sistema en el distrito de Santiago de Surco. 

La contratación del servicio de alquiler de unidades vehiculares para el transporte y disposición final de los residuos sólidos municipales ha sido el epicentro de una serie de irregularidades que han dejado al descubierto un patrón de conducta tendenciosa por parte de las autoridades locales.

El proceso comenzó con el Concurso Público N° 19-2023-CS-MSS-1, convocado el 31 de agosto de 2023. Sin embargo, desde el inicio, se evidenciaron indicios de favoritismo hacia la empresa INDUSTRIAS ARGUELLES Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA. 

Cabe resaltar que de esta primera empresa hablamos en nuestro informe anterior vinculando a Industrias Arguelles con la muerte del presidente de la comunidad de Quipan, Santiago Guardamino.

Diversas empresas participantes levantaron consultas y observaciones sobre las bases administrativas, señalando múltiples irregularidades destinadas a restringir la participación de competidores y favorecer a la mencionada empresa.

A pesar de las alertas planteadas, la Municipalidad de Santiago de Surco optó por hacer caso omiso de las observaciones y continuó con el proceso sin realizar modificaciones significativas. Esto generó un clima de desconfianza entre las empresas participantes y la comunidad en general. La exclusión de ofertas de compañías como PETRAMAS SAC y CONSORCIO SURCO LIMPIO, bajo argumentos dudosos, y la posterior adjudicación de la buena pro a INDUSTRIAS ARGUELLES Y SERVICIOS GENERALES SAC por montos considerablemente mayores, aumentaron las sospechas sobre la imparcialidad del proceso.

Ante estas irregularidades evidentes, tanto el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) como el Tribunal de Contrataciones del Estado intervinieron, emitiendo pronunciamientos y recomendaciones claras. El OSCE instó a la Municipalidad a corregir los vicios del proceso y garantizar la transparencia en futuras contrataciones, mientras que el Tribunal declaró fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por una de las empresas afectadas, revocando la adjudicación de la buena pro a INDUSTRIAS ARGUELLES Y SERVICIOS GENERALES SAC.

Sin embargo, lejos de corregir sus prácticas, la Municipalidad de Santiago de Surco persistió en su actitud de desacato. Decidió realizar una nueva convocatoria, la Adjudicación Simplificada N° 03-2024-CS-MSS-1, con condiciones aún más favorables para la empresa previamente beneficiada. Esta decisión generó una nueva ola de cuestionamientos y denuncias por parte de las empresas participantes y organismos de control.

A pesar de las advertencias y recomendaciones de los entes reguladores, la Municipalidad de Santiago de Surco continuó con su actitud desafiante. Ignorando las disposiciones del OSCE, procedió a adjudicar la buena pro a INDUSTRIAS ARGUELLES en un acto de total desacato.

Sudaca accedió a un documento donde la comunicación dirigida al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco expone de manera clara y precisa las discrepancias encontradas en el proceso de contratación del servicio de alquiler de unidades vehiculares para el transporte y disposición final de los residuos sólidos municipales. Sin embargo, se observan ciertas deficiencias en la gestión del proceso por parte de la entidad convocante, lo cual merece ser resaltado y analizado críticamente.

Benjamín Zevallos  

En primer lugar, cabe destacar que, a pesar de la existencia de normativa clara que establece la notificación de los actos emitidos por el OSCE a través del SEACE, la Municipalidad de Santiago de Surco no actuó conforme a dicha normativa. Aunque se emitió un dictamen instando a declarar la nulidad del procedimiento de selección, la entidad continuó con el desarrollo del proceso y adjudicó la buena pro sin tener en cuenta las recomendaciones del OSCE. Esta falta de atención a las disposiciones legales y técnicas por parte de la entidad convocante pone en entredicho la transparencia y la legalidad del proceso de contratación.

Benjamín Zevallos 

Además, resulta preocupante que la Municipalidad de Santiago de Surco haya procedido con el consentimiento de la buena pro a pesar de las advertencias y recomendaciones emitidas por el OSCE. Sobre todo, la persistencia de seguir con el proceso en medio de las advertencias.

Benjamín Zevallos

 

 Parte del contrato con Industrias Arguelles

La comunicación emitida por el OSCE pone de manifiesto importantes fallas en el proceso de contratación llevado a cabo por la Municipalidad de Santiago de Surco. Estos hechos evidencian la urgente necesidad de reformar los procesos de contratación pública en el distrito de Santiago de Surco. Es imperativo que las autoridades competentes garanticen la transparencia y la equidad en todos los procesos de contratación, evitando así la repetición de prácticas tendenciosas que perjudican el interés público y socavan la confianza en las instituciones gubernamentales. Sobre todo, por ejemplo, que casos como los dados en Innova Ambiental (la famosa adenda), San Isidro Verde, y, finalmente, el caso de Industrias Arguelles no sean pan de cada día.

Al cierre de este informe invocamos a las autoridades municipales dar una respuesta sensata y transparente sobre el caso, ya que al momento de cerrar esta nota periodística no se nos dio una respuesta oportuna.

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contrataciones públicas, irregularidades, Surco

En las próximas semanas, con el consentimiento de varias bancadas parlamentarias y la financiación del dinero del fondo del control concurrente, el contralor Nelson Shack y una serie de funcionarios de la Contraloria pretenden extender el periodo del contralor, violando leyes, reglamentos y todos los mecanismos que aseguren el normal desarrollo de este ente. 

Según la Constitución General de la República, el Contralor General es nombrado por el Congreso de la República por un periodo de 7 años. A decir de los críticos de su actual administración, el contralor Nelson Shack Yalta ha venido creando nuevas plazas en la Contraloría a partir de la reasignación de grandes sumas de dinero correspondientes al control concurrente, y, en forma paralela, se ha reunido con los líderes de todos los partidos con representación congresal para lograr la ampliación inconstitucional del mandato del Contralor General. Es decir, está negociando la ampliación de su mandato mediante la creación de puestos de trabajo a miles de funcionarios, comprometiendo ilegalmente dinero del control concurrente, que se transforma en pago de sueldos y salarios.

Con fines netamente políticos, en el Dictamen emitido y aprobado por la Comisión de Constitución y Reglamento se ha propuesto ampliar el periodo del actual Contralor General, quien finaliza su mandato el 19 de julio de 2024, de acuerdo con lo señalado en la Constitución Política del Perú.

Finalizado el periodo de siete años, el Contralor General de la República continuará en funciones hasta que el Congreso designe al nuevo Contralor. (…); es decir, en la práctica se estaría ampliando el plazo de ejercicio constitucionalmente señalado para el ejercicio del cargo de Contralor General, por una norma de menor rango, lo cual constituye una vulneración a la Carta Magna.

Cómo debe designarse al nuevo Contralor

Dentro de los tres meses previos al término del período de la designación del Contralor General de la República, el Presidente de la República remite al Congreso su propuesta para la nueva designación. Es decir, más o menos las próximas dos semanas, el proceso de designación del sucesor del actual Contralor debe iniciarse para concluir la semana anterior a las Fiestas Patrias.

“El proyecto de ley que ha presentado la bancada de Fuerza Popular sólo quiere cambiar un artículo de la ley orgánica del sistema nacional de control de la Contraloría General de la República, sin embargo, el periodo de duración que había ahí se desprende de lo que dice la Constitución que establece el mandato del contralor, quién lo propone, quién lo elige y cuáles son los requisitos que ese alto funcionario tiene que cumplir. El 19 de junio de este año está culminando el mandato del actual contralor Nelson Shack, y la meta de este funcionario era lógicamente extender su periodo, por eso salió este proyecto de ley que presentaron el año pasado que está a la espera de la votación”, nos explica el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Contraloría General de la República – SINTRA CGR.

Hace unos años, los legisladores modificaron la ley orgánica de la Contraloría, y, en esa modificación, el vicecontralor, que era el funcionario que quedaba como responsable de la Contraloría, se crearon dos vicecontralorías, una del sector territorial y otra de control e identidad, y también se especificó que el de mayor antigüedad es quien asumiría la encargatura cuando Shack estuviera ausente del país o de vacaciones. A esto se suma el tuit de Keiko Fujimori en una capacitación de Shack, lo cual es un despropósito porque la agenda del contralor es pública y tiene prohibida la afinidad con partido político alguno.

Las limitaciones para el ingreso a la Contraloría General de la República 

El año pasado, pensando en el proceso sucesorio, el Contralor presentó el proyecto de ley 3331, que es que garantiza la autonomía y la profesionalización del auditor gubernamental. Nosotros estamos ante ese proyecto porque debilita la lucha anticorrupción, ya que contiene una serie de medidas contra los auditores gubernamentales. Por ejemplo, si el postulante tiene más de 30 años está vetada de postular porque según el proyecto de ley hay un programa de jóvenes talentos, entonces estamos hablando de que un auditor por lo general tiene que ser una persona con amplia experiencia en gestión, por lo que colisionaría con el proyecto que se encuentra en la Comisión de Fiscalización y Contraloría.

¿Cómo piensa financiar la Contraloría las nuevas plazas creadas a la luz del proyecto de ley 3331? La Contraloría respondió que tenía dinero del control concurrente, alrededor de 800 millones de soles. Como sabemos, el dinero del control concurrente sale de todas las instituciones públicas o mixtas que manejan capital del Estado, cuyas obras, servicios o proyectos superen los 5 millones de soles. A fines del año pasado, el presidente del Consejo de Ministros dijo que el dinero del control concurrente ascendía a mil 600 millones de soles. En otras palabras, todo el dinero que la Contraloría no usaba iba a regresar a las arcas del Tesoro Público.

El SINTRA CGR detalla que, de esos mil 600 millones, todo el dinero que al cierre del año 2023 no haya sido utilizado en el argot contable se llama o presupuestal comprometido, o sea, que no responde a algún compromiso que tenga la contraloría por pagar, todo ese dinero que esté libre, que forma el saldo de balance, iba a pasar a ser revertido. En otras palabras, todo el dinero que la contraloría no ha usado iba a regresar a las arcas del Tesoro Público. 

“El contralor pretendía implementar este proyecto de ley utilizando esos fondos. En ese momento, así como está la cosa, eso sería una razón más para que este proyecto de ley sea inviable, porque ya no tendría el financiamiento.

Este año, en este momento, hay una convocatoria donde van a concursarse 4 050 plazas. Y se supone que esas planillas se cubrirán con los fondos del control concurrente, en realidad, el año pasado ingresaron 7 000 personas para puestos de todo tipo y todos subvencionados con el dinero del fondo del control concurrente cuando el Congreso lo otorgó fue para realizaciones de control, para que la administración pueda realizar sus procesos de la manera más adecuada evitando los temas de corrupción, el mal uso de los recursos públicos y que el Estado sea más eficiente y eficaz Eso es el ideal y eso tiene el control concurrente, estos nuevos trabajadores están ingresando al régimen laboral correspondiente al Decreto Legislativo 728 pero a plazo determinado, no todos los que han ingresado son para puestos de auditor o de control han ingresado secretarías han ingresado choferes, comunicadores, asistentes sociales, abogados para la procuraduría a pesar de que con el control concurrente no se identifican responsabilidades. 

Otra de las cosas por la cual el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Contraloría General de la República se encuentra muy preocupado es porque: “El área de comunicación de la Contraloría en estos 7 años se ha expandido de manera exponencial, por ejemplo; en la última asistencia de Contralor a la Comisión de Fiscalización y Contraloría que es la comisión más fuerte que hay dentro del congreso, él ya no va con los vicecontralores, no va con su asesor jurídico, no va con el secretario general que sería su personal de apoyo, ahora va con el gerente de comunicaciones, va con el subgerente de prensa, va con el supervisor de imagen, va con su asesor personal de prensa que es el señor Armando Canchanya.

Armando Canchanya que es el asesor del despacho en temas de comunicaciones y con el coordinador parlamentario pero que tampoco es personal netamente técnico de las materias que se tratan en las comisiones”.

Lo más raro es que es en el último año de gestión el contralor está contratando o va a contratar más de 11 000 personas porque la meta del año pasado era llegar a 8 000 nuevas personas, con toda la carga social que eso significa, el SINTRA SGR, ha hecho un mapeo de la cantidad de personas que han ingresado por concursos públicos desde el año 2017. Y eso promueve entre 200 a 300 personas en el máximo esplendor de los concursos de la institución, pero jamás 3 000 a 5 000 personas que vemos que está ingresando y tampoco tenemos infraestructura.

Es no perder los recursos del control concurrente, pero lo están gastando en aumentar la planilla. ¿Y cuál es el riesgo adicional? con esta ley del auditor.

De acuerdo a esta ley y de acuerdo a la promesa que ha hecho el Contralor y toda la alta dirección y las áreas de recursos humanos, todas las personas no interesan que hayan ingresado por concurso o no concurso público, sean 728 o CAS, a plazo indeterminado o plazo determinado, o sea, las 7 000 personas que han ingresado más las  4 000 personas que van a ingresar, pasarían a este nuevo régimen que es de carácter permanente, con lo cual los contratos temporales de estas personas pasarían a ser contratos definitivos. En un año de 4 500 personas que éramos, vamos a pasar a ser 12 000.

Así, en un año y medio, de la noche a la mañana, ninguna entidad pública, por más necesitada que esté, ni siquiera el sector de educación crece de esa manera exponencial y menos en el último año de gestión.

Hemos crecido, más del 80%, Y con estas nuevas personas que van a ingresar, somos 12 000 trabajadores y las instalaciones no han crecido y es una de las razones por las cuales seguimos en teletrabajo. En un mismo escritorio se sientan, tres abogados. Y lo mismo sucede en otras áreas, cuando van al campo, a las entidades a hacer auditoría, se liberan esos sitios, y esos los ocupan otras personas, que también cuando van al campo los ocupan otras personas. Es el juego de las sillas, y todo el mundo llega temprano, porque si no encuentras tu silla, tienes que ingeniártelas.

Para que tengan una idea, llegó un momento donde el tercer piso del comedor de la sede central se utilizaba de oficinas. Aunque no estaba preparado para eso, pero como se necesitaba, se utilizó como oficina. Estaban en un sector de comidas, en el último piso del edificio que está en la Avenida Arenales, y también se utiliza de oficina, porque no hay espacio. Ya han alquilado, dos inmuebles, pero que no tienen certificado de defensa civil, por lo menos no lo tenían hasta principios del mes de marzo. Pero no, no hay certificado, y esa es información oficial que hemos obtenido vía acceso a la información pública, que al principio, al 4 de marzo de este año, ninguna de las sedes que tiene la Contraloría en Lima, cuenta con certificado de defensa civil, ninguna, finalizó SINTRA CGR.

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Congreso, contraloria, Nelson Shack

Las incongruencias y contradicciones en las investigaciones de uno de los casos de corrupción más importantes del último tiempo.

En el informe titulado EL INFILTRADO INESPERADO, Sudaca relató los extraños movimientos en el desarrollo de la investigación del caso que involucraba al exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, y varios funcionarios que su confianza. En este informe se relataba que uno de los detenidos contó que el alcalde contaba con la complicidad de un policía que le avisaba sobre los operativos que se iban a realizar en la municipalidad.

Extrañamente, luego de revelar la identidad de este policía, el funcionario cambió sus declaraciones en dos oportunidades con la intención de negar que conocía la identidad del policía señalado inicialmente y que, además, había estado involucrado con otras situaciones irregulares en el pasado.

Sin embargo, estos no fueron los únicos cambios sospechosos en esta historia. Sudaca accedió a nuevos documentos que exponen incongruencias en una investigación que ha dejado más dudas que certezas. 

IDENTIDAD CONFIRMADA

Aunque Nilton Monje fue el funcionario que mencionó por primera vez el nombre de Romel Díaz como el policía encargado de beneficiar al alcalde Cornejo Chinguel con información, este no fue el único que identificó a este policía como el informante que el alcalde presumía ante otros funcionarios de confianza como el aliado que les advertía sobre los operativos en desarrollo.

Susana Culqui Pacaya, quien ocupaba el cargo de subgerente de coordinación de alcaldía, también tuvo una declaración en la que expuso a Romel Díaz como el policía que actuaba en complicidad con el alcalde Cornejo. En las declaraciones que brindó el 28 de enero del 2019, Culqui relató que el alcalde le comentó que el comandante Díaz la conocía y había estudiado con ella.

Cristian Rebosio

 

Acorde a un documento emitido por la propia Universidad Señor de Sipán se pudo comprobar que Culqui Pacaya y el policía Díaz Paz coincidieron en su etapa universitaria como estudiantes de la carrera de Derecho en dicha casa de estudios con lo que se podría corroborar las afirmaciones del propio alcalde.

Cristian Rebosio

Pese a que estas declaraciones parecen contundentes con respecto a la identidad del infiltrado que ayudaba a Cornejo Chinguel, el 27 de febrero del 2019, la fiscal Ninaquispe Gil declaró que no procedía formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra el policía Romel Díaz Paz.

Cristian Rebosio

Sin embargo, esta decisión no sería vista como razonable para José Hernán Neciosup Chancafé, procurador público anticorrupción descentralizado de Lambayeque, quien consideró que no existía justificación para que Nilton Monje y Susana Culqui mientan en sus declaraciones sobre el policía Díaz y calificó a la investigación como incompleta.

Cristian Rebosio

Por ello, la Fiscalía Superior Penal de Liquidación con competencia en delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso, en agosto del 2019, darle la razón al reclamo del procurador y revocó la disposición fiscal de Karim Ninaquispe en la cual declaraba que no procedía continuar con la investigación preparatoria contra el policía Romel Díaz Paz.

Cristian Rebosio

No obstante, por más contradictorio que parezca, la persona a cargo de abrir nuevamente la investigación preliminar fue la fiscal Ninaquispe, la misma persona que previamente había realizado la investigación que fue calificada como incompleta y que, en octubre del 2020, volvió a declarar que no procedía formalizar ni continuar con la investigación contra Romel Díaz Paz.

Cristian Rebosio

 

OTRA VEZ CARRASCO MILLONES

Pero esta historia también tendría un capítulo reservado para el fiscal Juan Carrasco Millones. Como se detalló en el informe anterior, cuando Carrasco tuvo a su cargo la investigación con respecto al accionar del policía Romel Díaz Paz, el ahora exministro tuvo un accionar cuanto menos sospechoso.

Una nueva prueba de ello es la siguiente imagen en la cual se puede observar que Carrasco Millones solicitó que se genere la carpeta fiscal vinculada con la investigación a Romel Díaz Paz. En este oficio dirigido a mesa de partes se puede ver que la fecha que puso Carrasco indica 28 de enero, pero también hace referencia a una disposición recién se iba a conocer el 4 de febrero.

Cristian Rebosio

Estas extrañas inexactitudes con respecto a las fechas despiertan suspicacias al tener en cuenta que Carrasco Millones y Díaz Paz han estado involucrados previamente en casos cuestionados como el de “Los Limpios de la Corrupción” por el manejo de las colaboraciones eficaces y los informes de inteligencia para las prisiones preventivas.

Aunque las capturas de autoridades con tanto poder, como es el caso de un alcalde, invitaban a creer en que se trataba de un golpe contundente contra la corrupción, estas irregularidades en las investigaciones terminan por generar un sentimiento de mayor desconfianza de la población hacia los que deberían velar por una justicia implacable.

Se filtra un nuevo audio que compromete a la Municipalidad de La Molina en lo que parecería ser un caso de cobro de “donaciones” a cambio de una licencia de funcionamiento.

Nuevamente la municipalidad bajo el mando de Diego Uceda se vuelve a ver involucrada en un escándalo. Luego de los numerosos escándalos de maltratos y usurpación de cargo por parte de la esposa del burgomaestre, una nueva grabación pone al descubierto los extraños manejos que se vienen produciendo en este distrito.

En esta oportunidad, Sudaca accedió en exclusiva a un audio que expone las extrañas negociaciones que existían detrás del trámite para obtener la licencia de funcionamiento para comercios y las donaciones que se exigían en medio de estos trámites.

“POR ESO ESTAMOS PIDIENDO TU DONACIÓN”

En este audio que obtuvo Sudaca de manera exclusiva, se puede escuchar a Milagros del Rocío Boggiano Ybarburu, quien ha estado al frente de varias gerencias y subgerencias de la Municipalidad de La Molina desde la llegada del alcalde de Renovación Popular al cargo en enero del 2023.

Durante el año y tres meses que Boggiano ha prestado servicios a la municipalidad de este distrito ha ocupado los cargos de subgerente de promoción empresarial y autorizaciones, gerente de desarrollo económico e inversión privad y subgerente de fiscalización administrativa.

En el momento que se registró este audio, Boggiano habría estado ocupando el cargo de subgerente de desarrollo económico e inversión privada. En esta grabación se le puede escuchar durante una reunión con un comerciante que buscaba una licencia de funcionamiento y al que le decía “por eso te estamos pidiendo tu donación”.

En este mismo audio, Boggiano le indica este comerciante en qué se utilizarían las donaciones que le está exigiendo y le explica “porque se necesita, por ejemplo, para cumplir con show infantil. Para cubrir el tema del almuerzo para el equipo que estamos en cuenta. Bueno, yo no, pero los que van a estar en la organización”.

En la parte final de la reunión, Milagros Boggiano y el comerciante conversan sobre un expediente que tendrían observaciones pendientes por lo que la propia Boggiano le indica que “está bien complicada” y como sugerencia para que se pueda solucionar le dice “arréglalo”.

¿CASTIGO O ENCUBRIMIENTO?

Sudaca se comunicó con una fuente confiable de la Municipalidad de La Molina que ha señalado que, tal como figura en una resolución de gerencia municipal del 15 de marzo de este año, Milagros Boggiano presentó su renuncia.

Cristian Rebosio

Sin embargo, esto se debería a que las autoridades de La Molina se enteraron de la existencia del audio que podría exponer estas negociaciones a la opinión pública. Por ello, tal como se observa en la imagen, Boggiano no fue despedida sino que presentó su renuncia voluntaria a la subgerencia de promoción empresarial y autorizaciones.

Además, esta fuente ha señalado que, pese a la gravedad del caso y que en la Municipalidad de La Molina estaban al tanto de este cobro de coimas disfrazadas de donaciones, no se realizó ningún tipo de investigación ni denuncia al respecto y que el órgano de control interno ha permanecido indiferente a esta situación. 

Si bien el alcalde Uceda ha señalado que los anteriores casos en los que se difundieron audios que comprometían a su gestión eran un intento de desestabilizarlo y hasta negó que los audios fuesen verdaderos, el Ministerio Público sí tomó en serio estas denuncias periodísticas y dispuso el inicio de una investigación preliminar por el delito de usurpación de funciones.

Cristian Rebosio

Aunque son varias las municipalidades con alcaldes que integran las filas de Renovación Popular y que se han visto involucradas en situaciones irregulares, la Municipalidad de La Molina con Diego Uceda como su máxima autoridad ha logrado, en menos de un año y medio en el cargo, consolidarse como la gestión más cuestionada.

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Diego Uceda, La Molina, Renovación popular

Tras 50 años y 5 meses de dedicación al Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP), Gustavo Palacios (70) compartió un desgarrador relato sobre su experiencia en el trato que el IRTP acostumbra tener con sus trabajadores.

«Quiero compartir con ustedes el café más amargo que he recibido en toda mi vida (…), después de haber dedicado más tiempo diariamente a la institución que a mi hogar«, mencionó Gustavo en un mensaje que se publicó con el fin de advertir sobre las formas que se utilizaron para entregarle su carta de cese.

Palacios ha tenido una larga trayectoria dentro del IRTP, sin embargo, la pandemia de la COVID-19 no fue mezquino con él, ya que padeció de esta terrible enfermedad en más de una ocasión. Esto ocasionó que Palacios sufriera de diferentes secuelas que llegaron gravemente hasta el corazón. 

Opresiones en el pecho. Falta de aire. Cansancios frecuentes. Es solo el inicio de los problemas de salud y del giro que tomaría su vida y su situación laboral. Entre todas las revisiones médicas detectaron que tenía, del 100% de funcionalidad del corazón, un 21% que no estaba funcionando adecuadamente. 

Le detectaron angina e isquemia por los problemas cardíacos que venía sufriendo y que una de las arterias se encontraba obstruida. Por lo que, después de tantas intervenciones y encontrándose en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) decidieron reunirse en una junta médica para que deliberaran y finalmente llegar a la conclusión que Gustavo debía ser intervenido en una cirugía abierta de bypass coronario.

“Me encontraba internado en el Hospital Edgardo Rebagliati desde el 26 de marzo hasta el 8 de abril, pasaron 14 días sin que ninguna persona de bienestar social (del IRTP) se preocupara”, mencionó Gustavo recordando la falta de interés de la oficina. 

Sin embargo, la gota que colmó el vaso de su decepción fue el trato recibido el 5 de abril, fecha en la que cumplió 70 años. En lugar de recibir muestras de apoyo o consideración por su estado de salud, la oficina de bienestar social se adelantó a entregarle, a la velocidad de la luz, la carta de cese por jubilación en su domicilio. “(El IRTP) me tenía un «presente», que resultó ser la notificación de mi cese”, mencionó. 

«Lo que no estoy de acuerdo es la forma. No se preocupan por el trabajador pero sí por otras cosas», lamentó Gustavo señalando que la oficina de bienestar social dentro del IRTP debería tener otro nombre, ya que parece más preocupada por organizar ferias de antojitos y productos comerciales que atender los problemas reales de los trabajadores.

Y es que no cabe duda de su afirmación, recordemos la denuncia realizada por la colega Maria de Jesus Gonzales sobre el trato que recibió cuando no le permitieron el ingreso al canal por un tema de feriado y respeto a su contrato y la estabilidad laboral.

«No es que desconozca la ley, es automáticamente«, expresó con amargura.

La respuesta del IRTP

Cuando conversamos con Gustavo nos mencionó que mandó su malestar por medio de un correo electrónico a la Sra. Ninoska Chandia, presidenta del Instituto Nacional de Radio y Televisión, así como también, al gerente general de quien recibió respuesta.

Benjamín Zevallos

Respuesta de Luis Vivanco Aldon, Gerente General del IRTP

Gustavo concluyó su mensaje con un llamado al sindicato para que tome en cuenta lo expuesto y tome acciones al respecto por aquellos trabajadores que aún siguen en funciones y aquellos que están próximos a la jubilación. 

Este testimonio arroja luz sobre las deficiencias en el sistema de bienestar laboral dentro del IRTP y plantea interrogantes sobre la verdadera preocupación de la institución hacia sus empleados. Al cierre de este informe, el caso de Maria de Jesus Gonzales y de otros compañeros siguen en pie de lucha por ser reconocidos para beneficio de su integridad como colaboradores del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú.

La impactante historia sobre uno de los policías que pasó de ser uno de los protagonistas en operativos contra la corrupción a ser señalado como el que alertaba a los investigados.

La madrugada del jueves 29 de noviembre del 2018, la gente de Chiclayo volvía a presenciar que, al igual que había pasado años atrás con Roberto Torres, un alcalde en funciones era detenido por presuntamente liderar una organización criminal. Ese día, el burgomaestre David Cornejo Chinguel terminaría arrestado y, días después, ocurriría lo mismo con otros funcionarios de su confianza. 

Si bien la caída del líder suele representar el golpe definitivo para  las organizaciones criminales, en este caso parecía que apenas estaban abriendo la puerta de un escándalo todavía mayor que no sólo había involucrado a funcionarios municipales sino que también incluía a un informante disfrazado con uniforme policial. Sudaca accedió a documentos de este insólito caso que, además, ha evidenciado una serie de irregularidades en las investigaciones posteriores.

EL INFORMANTE

Cuando se realizó el operativo en el cual se capturó al alcalde Cornejo Chinguel también fueron arrestados doce funcionarios y, como corresponde, se les tomó declaraciones para conocer su participación en la organización criminal. Uno de estos funcionario era Nilton César Monje Sampen, quien se había desempeñado en varios cargos de confianza en la Municipalidad Provincial de Chiclayo tras la llegada de Cornejo Chinguel a la alcaldía.

Por su cercanía con el alcalde arrestado se esperaba que Monje Sampen pueda aportar una declaración valiosa. Sin embargo, lo que terminó relatando fue una situación que pocos podían imaginar. En su primera declaración del 22 de diciembre del 2018, el exfuncionario reveló que, en una visita a la casa del alcalde, el propio Cornejo Chinguel le había contado que tenía un amigo en la policía que le advertía de los operativos hacia la municipalidad.

Cristian Rebosio

Tal como se puede apreciar en estos documentos, Monje no sólo expuso la existencia de este infiltrado sino que lo identificó como el comandante Romel Díaz y, en otra parte de la declaración, señala que este aliado del alcalde incluso le había advertido que se estaban monitoreando sus llamadas y hasta se jactaban de haber frustrado un operativo a la Gerencia de Transportes gracias a la colaboración de este policía.

Cristian Rebosio

Como era de esperarse, esta impactante revelación no tardó en llegar a los medios de comunicación y fue el diario Correo el que expuso a la opinión pública que el detenido alcalde de Chiclayo contaba con un policía como infiltrado para estar al tanto de cualquier operativo que lo pudiese perjudicar. Además, en dicha publicación se mencionaba que esta protección que recibía el alcalde era a cambio de diez mil soles mensuales.

Cristian Rebosio

Pero lejos de tomar el camino de la transparencia, este caso empezó a tomar uno que generó un sinnúmero de sospechas y el 28 de enero se produjo uno de movimientos más llamativos de esta historia cuando Nilton Monje Sampen realizó una extraña ampliación de declaración en la cual negó que Romel Díaz haya sido el policía que filtraba información. Monje alegó que, debido a un cuadro de diabetes emotiva, se refirió a Romel Díaz sólo porque fue un nombre que surgió en comentarios y, además, afirmó no conocer a Díaz en persona y que ignoraba el rango que ostentaba.

Cristian Rebosio

Pero esta no sería su única ampliación de declaración. En diciembre del 2019, Monje Sampen volvió a declarar y en esta oportunidad señaló que esta persona, a quien decía conocer sólo por el apellido Díaz, era un técnico de la policía que pertenecía a la religión evangélica. El exfuncionario municipal indicó que esta información la conoció por el propio alcalde Cornejo.

Cristian Rebosio

 

EL EXPEDIENTE DÍAZ

Pero esta no es la primera vez que el policía Romel Díaz es noticia. En el pasado, tal como informó Sudaca en el informe titulado Informes fantasmas y castigos reales, Díaz estuvo involucrado con la elaboración de un informe que presentaba muchas irregularidades y fue usado para conseguir la detención preventiva de varios funcionarios que fueron involucrados con el caso “Los Limpios de la Corrupción”  pese a que el tiempo demostraría que esta medida era innecesaria y que no existían pruebas en su contra.

Es por esta razón que también resulta sospechoso el accionar del fiscal Juan Carrasco Millones, quien trabajó con Díaz en el caso “Los Limpios de la Corrupción”. Cuando este caso del posible infiltrado que proporcionaba datos de los operativos al alcalde cae en manos de la Fiscalía Especializada en delito de Corrupción de Funcionarios, la fiscal provincial Karim Ninaquispe le solicitó a su colega Carrasco Millones la información al respecto.

Cristian Rebosio

Es a partir de este punto se empiezan a evidenciar algunas decisiones extrañas en el accionar de Carrasco Millones. Por ejemplo, en el documento correspondiente a la apertura de investigación preliminar, se observa que la fecha indica 28 de enero y, al mismo tiempo, se programa una ampliación de declaratoria para el mismo 28 de enero pese a que deberían avisarse con 72 horas de anticipación.

Cristian Rebosio

Además, como parte de otro movimiento extraño por parte de Carrasco Millones previamente, decide citar a declarar a los policías que sólo habían sido testigos de la declaración que brindó Nilton Monjes en la cual inculpaba a Romel Díaz.

Cristian Rebosio

Si bien la captura del alcalde Cornejo Chinguel parecía representar el fin de una organización criminal, lo expuesto por Nilton Monjes revela un problema incluso mayor, como lo es la filtración de información de operativos. Sin embargo, pareciera que por tratarse de un infiltrado inesperado la investigación de este caso ha terminado plagada de cambios inexplicables.

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Chiclayo, Juan Carrasco, Romel Díaz

Se presume que el asesinato fue para callar sus declaraciones en la Corte Suprema. Santiago Guardamino Gonzales ocupaba el cargo de presidente de la Directiva Comunal de la Comunidad Campesina de Quipan cuando a manos de sicarios se silenció su vida con 9 balas en el cuerpo. El dirigente fue asesinado a pocos metros de su casa. A pesar de ello, ¿Que hay detrás de la muerte de Guardamino?

El dirigente asume el cargo de presidente mientras la comunidad padecía una grave crisis producto de irregularidades de su antecesor. Y es que la comunidad vende un total de 10,000 hectáreas fraudulentamente por 600,000 soles a favor de la empresa Industrias Arguelles, Servicios Generales S.A.C, esto se hizo en complicidad con el entonces presidente de la comunidad, el señor Abel Cruz Mosquera Ortiz, falsificando documentación (Acta de Asamblea General y estudios topográficos y catastrales) y a un precio irrisorio que ni siquiera el cuerpo de tasadores del Ministerio de Vivienda lo hubiera calculado a sesenta soles la hectárea.   

Por estos hechos Santiago Guardamino, plantea ante el 4to Juzgado de Lima Norte la NULIDAD DEL CONTRATO y realiza una denuncia penal contra la dirigencia saliente de Mosquera Ortiz. Siendo este último condenado -en primera instancia- con 5 años de prisión efectiva y -en segunda instancia- se redujo a 4 años de prisión suspendida, lo que fue motivo que en dicho proceso penal sea arribado a la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema (expediente N° 7399-2023) el cual tenia que ser resuelto el día 03 de abril de 2024 después de la declaración de Santiago Guardamino.

Sin embargo, esta complicidad de Mosquera Ortiz y la empresa Industria Arguelles y Servicios Generales S.A.C tenía como propósito crear sobre el terreno vendido fraudulentamente, el relleno sanitario Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi. Entonces, por miedo a que el Contrato se anule y la propiedad retome a la Comunidad de Quipan al acreditarse el delito en la Corte Suprema fue asesinado.

Así mismo el asesinado en forma paralela inicia un proceso civil para anular la compra venta, el cual está directamente vinculado al resultado que emitirá la Corte Suprema luego de escuchar a Santiago Guardamino el día 03 de abril del 2024, lo cual ya no ocurrió debido a que fue asesinado.

bejamin zevallos

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Arguelles, Industria Arguelles, Quipan

Como se sabe las empresas de mayor crecimiento en la actividad dedicada a otorgar acreditaciones para productos alimenticios y empresas, actúan como facilitador para el operador, para el productor. Y, buscan que (con la certificación) este operador o productor puede comercializar tanto a nivel local como internacional sus productos.

Las empresas representadas ante el Instituto Nacional de Calidad (INACAL), que se encargada de dar las acreditaciones como laboratorio, como organismo de inspección, como certificadora, digamos son las condiciones, una vez que las empresas están acreditadas pasan a ser autorizadas si es que los alcances de la acreditación lo permiten como autorizadas para hacer labores en favor de la certificación sanitaria oficial pesquera: el Organismo Nacional de Sanidad (SANIPES), que pertenece al Ministerio de la Producción en el área de pesca; entonces, por ejemplo, si un laboratorio hace cosas para ambientales, para alimentos y, también, para la pesca. 

Entonces, una vez que obtenida la acreditación que otorga INACAL en ejercicio de sus facultades que le confieren la Ley N° 30224 y el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Calidad, la empresa inetresada se acerca a SANIPES para solicitarle la autorización porque ya estaría en condiciones de hacer la labor, es decir, tener los apoyo que son la inspección, el muestreo y el laboratorio de sales, entonces SANIPES hace toda una evaluación profunda, inclusive más pesada que la del mismo INACAL y autoriza con una resolución ahí se está sujeto a una serie de controles y evaluaciones, y la empresa pierde la condición de acreditado o la suspenden ya sea por ene razones, también pierden la condición de autorizado en SANIPES, y ya no podría trabajar como entidad de apoyo de SANIPES hasta que no se resuelva la situación, pero, ojo, que no es tan fácil que INACAL te levante la suspensión y después se levante en SANIPES no es así, ellos te vuelven a evaluar. Este es el caso de la empresa Bureau Veritas (Inspectorate Services Perú S.A.C.) que le ha sido suspendida la acreditación  y tendría que estar suspendida en la autorización y con una resolución, el hecho concreto es que INACAL los ha suspendido y por lo tanto ellos tienen en este momento la obligación de cancelarle la autorización o suspenderle la autorización y sin embargo, siguen trabajando prestando servicios de inspección y muestreo de productos pesqueros para la exportación a las empresas pesqueras. 

informe Viviana Rodriguez

Leyenda: En la página web de la Dirección de Acreditación del INACAL, se puede confirmar la suspención de Inspectorate Services Peru S.A.C. 

Entonces, si INACAL le ha suspendido la acreditación Inspectorate Services ha debido informar inmediatamente a SANIPES para que en conocimiento de ello mediante una resolución se suspenda la autorización, y, luego de acuerdo con las razones de la suspensión evaluar si siguen o no siguen autorizados cosa que ya es un tema de profundo análisis que tienen que hacer ellos, pero la condición en este momento es que tienen que estar suspendido de SANIPES, sin embargo, parece ser que siguen trabajando tramitando los expedientes y seguramente le han dicho a sus clientes que no se preocupen porque SANIPES no le ha emitido ninguna suspensión y eso es totalmente irregular,  pero SANIPËS debe tomar acción inmediata y explicar porque razón no los ha suspendido. 

informe Viviana Rodriguez

Leyenda: En la relación de laboratorios autorizados como entidades de ensayo de SANIPES se sigue encontrando vigente Inspectorate Services a pesar de estar suspendida por INACAL.  

INACAL explica que, como parte de las obligaciones, las empresas que están acreditadas por INACAL y también son organismos autorizados por el SANIPES, entonces INACAL sí le solicita a la empresa que comuniquen este tipo de sanciones, por ejemplo, y toman conocimiento o toman alguna acción respecto a ello, pero sí sería bueno que fuera el laboratorio el que comunique a SANIPES de esa acción o algún tipo de situación que afecte su acreditación y también su funcionamiento.

Es rarísimo lo que ha pasado, SANIPES ya debería de haber tomado conocimiento porque no podría Bureau Veritas (Inspectorate Services Perú S.A.C.) estar vigentes en un registro oficial ya que se encuentran suspendidos en el INACAL y eso si es grave porque están incumpliendo la normativa relacionada a la certificación de exportación de productos pesqueros que dice los siguiente en el artículo 5: “Cuando la acreditación de las entidades de inspección y/o ensayo o el alcance de inspección y/o método de ensayo se encuentre suspendida o cancelada, no pueden realizar las actividades y/o servicios involucrados mientras dure dicha condición.” 

 

SANIPES al tomar conocimiento que el INACAL ha suspendido tendría que tomar acción inmediata y suspenderlos también y además investigar porque los han suspendido, digamos que podría pasar que la Municipalidad Provincial del Callao le quite haya quitado la licencia y por eso INACAL también puede suspender la acreditación, la empresa no puede atemperar y decir que la municipalidad ha sido muy drástica y les quitó la licencia, para operar como organismo acreditado se necesita licencia, sino tienes licencia no estas acreditado, sino estas acreditado no lo pueden tener autorizado así de simple.

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