Informes

Hace más de tres años, Percy Carrillo Viera denunció públicamente a la empresa Mambrino SAC por retenerle las propinas y, en ocasiones, sacar parte de esa retención de su sueldo como mesero. En ese momento trabajaba en la Trattoria di Mambrino, uno de los exclusivos restaurantes que pertenece a dicha razón social, que también es dueña de Lucio Café, Oliver y la Bodega de la Trattoria. 

Al poco tiempo, Carrillo fue despedido. Y, a pesar de sus 15 años de experiencia en el rubro, le fue imposible encontrar otro restaurante que estuviera dispuesto a contratarlo. “En un local me dijeron: ‘Sabemos el problema que hay y no puedes trabajar así’. En otro, donde estuve a prueba, me señalaron: ‘Ya saben del problema que tienes y, pucha, no vas a poder seguir’”, cuenta a Sudaca. Tuvo que aferrarse a cachuelos en otro tipo de negocios.

Hace siete meses, un juzgado determinó que había sido despedido “en represalia” por sus quejas ante las autoridades laborales. El juez ordenó que sea repuesto, pero Mambrino SAC todavía no ha cumplido ese mandato. Por si fuera poco, la compañía aún vinculada a los esposos Hugo y Sandra Plevisani le ha puesto una demanda por más de S/6 millones alegando un supuesto daño de imagen. 

“Es evidente que esa demanda fue interpuesta como respuesta al reclamo laboral de Percy. Se pide S/6 millones como indemnización por daños y perjuicios basándose solamente en un informe pericial de parte y nada más. Es una demanda que claramente busca disuadir a Percy de continuar luchando por sus derechos laborales”, dice Juan Diego Elías, abogado del mesero.

 

HISTORIA DE UN INDESEADO

Percy Carrillo empezó a trabajar en la Trattoria di Mambrino en febrero del 2018. Firmó un contrato de seis meses con el grupo Mambrino, del que hoy figuran como gerentes los reconocidos chefs Hugo y Sandra Plevisani; y como director ejecutivo, Carlos Mulanovich Pinillos, según registros de la Sunat. En agosto, el mesero volvió a firmar otro contrato hasta febrero del 2019.

Tres meses antes de que acabara ese último acuerdo, Carrillo decidió participar de un informe para el programa Beto a Saber -entonces transmitido por ATV- que indagaba en presuntos maltratos al interior de los restaurantes más exclusivos de Lima. Allí contó que sus empleadores le retenían las propinas. La Trattoria di Mambrino alegó que lo hacía para repartir entre otros trabajadores, como bartenders o cocineros, pero Carrillo sostiene que estos tienen un sueldo mayor.

PLEVISANI-GERENCIA
Sandra y Hugo Plevisani, representantes del boom gastronómico, figuran como gerentes del grupo Mambrino SAC. (La foto de la pareja es de El Comercio).

Además, el mesero había firmado un documento que señala que, “en caso de que el mozo no disponga de efectivo al tiempo de liquidar su servido, podrá solicitar adelanto a cuenta de sus ingresos”. La defensa de Carrillo interpreta eso como una puerta abierta para que la retención de propinas sea pagada, en muchas ocasiones, del propio sueldo del trabajador.

Carrillo explica el mecanismo: “Ellos te cobran el 2,9% de tu venta total, recibas o no propina. Si tú tienes una mesa que te consume S/1.000 y esa mesa no te deja propina, ahí ya estás sumando S/29 que tú tienes que pagarles a ellos. Si dejaban S/20, tú mismo tenías que completarlo [con S/9]”, apunta.

El 22 de noviembre de aquel 2018, Percy Carrillo presentó una queja ante la Sunafil. La inspección de la superintendencia se llevó a cabo una semana después. Carrillo estaba a la espera de las conclusiones de la autoridad laboral cuando, el 14 de diciembre, le aplicaron la suspensión perfecta por 15 días. El 4 de enero del 2019, luego de un proceso interno por supuestas faltas al código de conducta, fue despedido. Le tocaría pelear sus derechos en la vía judicial.

El 22 de enero del 2019, la Sunafil finalmente levantó un acta de infracción contra Mambrino. Los inspectores señalaron que no podían manifestarse sobre el tema de las propinas, porque no había marco legal que lo regulara, pero sí hallaron otras irregularidades. Por ejemplo, que la empresa había realizado descuentos a 45 trabajadores en setiembre, octubre y noviembre del 2018 por perder insumos de cocina o romper la cristalería y el menaje. No habían suscrito con los empleados un documento válido para hacerlo.

“Los trabajadores no pueden ni deben asumir los riesgos ni las pérdidas que sufra su empleador o la empresa para la que trabajan. En efecto, cuando se inicia una empresa son muchos los riesgos que se corren, y en caso de que la empresa sufra una pérdida, no puede hacer partícipe a sus trabajadores de ella”, se lee en el acta.

Los inspectores también encontraron que 60 trabajadores no estaban en planilla porque, según los contratos, trabajaban a medio tiempo. Pero los registros de la empresa desmentían eso: los empleados cumplían jornadas de ocho horas diarias.

La Sunafil, entonces, concluyó que dichos contratos estaban “desnaturalizados”. En otras palabras, que les correspondía firmar un documento a plazo indeterminado -y no uno de seis meses- por la naturaleza del negocio. Fue el caso de Percy Carrillo.

“Cuando uno tiene un contrato indeterminado, las causales para finalizar este vínculo están establecidas en la norma. No es que de la noche a la mañana se pueda dejar sin efecto, sino que esto tiene que estar debidamente sustentado. Pero en un contrato con plazo establecido, en cambio, se puede dar por finalizado el vínculo laboral solo teniendo en cuenta el plazo”, explica Juan Diego Elías, abogado de Carrillo Viera.

El acta de la Sunafil terminó en un proceso que sancionó a Mambrino con una multa de S/102.060 en julio del 2020. En paralelo, Percy Carrillo batallaba en los tribunales por su despido injustificado.

 

JUICIO GANADO Y CONTRAATAQUE ABUSIVO

El 9 de julio del 2021, un juzgado emitió una primera resolución que concluía lo mismo que había señalado Sunafil sobre los abusos de Mambrino. Pero, además, el fallo señalaba que el despido de Carrillo fue “en esencia, una represalia frente a la denuncia efectuada por el demandante” ante la autoridad laboral.

Posición del juzgado laboral sobre las causas que motivaron el despido de Carrillo: “se evidencia que el despido constituye en esencia una represalia”.

El juez estableció que Mambrino debía pagarle todos los beneficios sociales al mesero desde que empezó a trabajar con ellos y una indemnización de más de S/15.000. Además, ordenó que debían reponerlo en su puesto. La resolución fue notificada en julio del año pasado, pero hasta hoy no se ha hecho efectiva.

La excusa es el examen médico. “Ellos indican que están conversando con el laboratorio médico que tiene que evaluarme. Pero dicen que no están sacando citas ahorita. Eso es lo que me comentaron hasta la semana pasada, cuando me llamaron”, dice Carrillo.

“Yo ya debería estar reincorporado desde el 23 de diciembre del año pasado. Desde ese día hasta el 31 me han debido de hacer el pago. Lo mismo por estos días de enero. En una carta notarial me dicen que a más tardar me estarían pagando a fin de mes. Solo eso me pusieron”, explica.

Pero aquí viene lo más grave. Mientras espera que se cumpla lo que ordenó el juzgado, Carrillo tiene que enfrentar una nueva arremetida de sus empleadores. Y es que a fines del 2019, Mambrino decidió clavarle una demanda por daños y perjuicios en la que pide una cifra irreal: S/6.696.332. Más de cuatro millones corresponden a las supuestas pérdidas que les generó la denuncia pública; y dos millones, al “daño moral”. 

El cálculo fue realizado por Guillermo Vega Ingenieros, una firma que se especializa en hacer peritajes de oficio no en temas laborales, sino “de ingeniería y construcción de obras públicas y privadas”. No obstante, el grupo Mambrino ha seguido creciendo. Entre el 2019 y el 2020 -los años posteriores a la denuncia de Carrillo- la compañía aumentó su capital social en S/2.685.240. En los últimos cinco años, esa cifra sube a casi S/7,5 millones.

“Me sacó un poco de cuadro ver esa demanda por esa cifra. No me lo imaginaba y no tengo esa cantidad”, dice un preocupado Percy Carrillo, que está a la espera de la decisión del juez sobre este caso.

¿Por qué entonces volver a Mambrino, una compañía que lo sigue hostilizando?, le preguntamos. “En realidad, es más que nada por demostrarle a las demás personas que sí se puede hacer justicia, que se le puede ganar a empresas grandes y que no deben quedarse callados”, responde el mesero.

Buscamos la versión de Mambrino por distintos canales de comunicación, pero al cierre de esta edición no fue posible.

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Antes de protagonizar el derrame petrolero que ha afectado más de 7 millones de metros cuadrados de mar, dos reservas naturales y 21 playas en Lima y Callao, Repsol se ufanaba de ser la primera compañía de su sector en plantearse llegar a las cero emisiones netas de dióxido de carbono para el año 2050. Esto como muestra de su compromiso con las metas medioambientales planteadas por el Acuerdo de París del 2015.

Lo mismo hizo en julio del año pasado, cuando conmemoró los 10 años desde que firmaron los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos, una guía propuesta por las Naciones Unidas para que las matrices de las multinacionales se sujeten a las consecuencias legales de los países en donde operan sus subsidiarias.

“Desde entonces, hemos ido avanzando, empezando por nuestros propios empleados […] Y no menos importante con nuestros vecinos, de los lugares que operamos, gestionando los riesgos con la debida diligencia desde el inicio de los proyectos, estableciendo relaciones constructivas y de confianza con todos ellos”, indicó con mucha pompa Josu Jon Imaz, Consejero Delegado de Repsol. Apenas un mes antes de esa presentación, un grupo de activistas medioambientales había bloqueado el ingreso a una de sus instalaciones en Madrid, luego de conocer un informe que colocaba a la petrolera como una de las que más gases de efecto invernadero emite.

Presentación de Josu Jon Imaz, Consejero Delegado de Repsol para la iniciativa voluntaria Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Según su portal oficial, no controlan el comportamiento de las empresas. Están diseñados para estimular el cambio. 

Los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de la ONU brindan un marco legal a los gobiernos de cada país por el que es posible responsabilizar a las multinacionales cuando sus actividades comerciales en territorios ajenos vulneran los derechos humanos o las normas internacionales para la protección del medio ambiente.

Para aplicarlo, los países necesitan elaborar un Plan Nacional que adapte estos estándares internacionales a la realidad de cada uno. Este debe hacerse con participación de la sociedad civil y todas las partes interesadas.

En España, ese plan se aprobó el 2017. En el Perú, se hizo en junio de 2021, mediante el Decreto Supremo 009-2021-JUS. Uno de los cinco lineamientos estratégicos del plan peruano tiene como objetivo asegurar las reparaciones a los afectados. “Diseño y fortalecimiento de mecanismos para garantizar a los afectados por las vulneraciones a derechos humanos vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo para que puedan acceder a una reparación”, indica el decreto.

En diciembre del año pasado, la Comisión Europea también se lanzó a discutir la actualización de una directiva que plantea que las empresas culpables de delitos ambientales reciban multas de hasta 5% del volumen de sus negocios a nivel mundial. La iniciativa también abriría la posibilidad de quitarle a las compañías el acceso a la financiación y la contratación pública.

“Al final, las decisiones recaerán en los tribunales nacionales, pero este texto les ofrecerá claridad”, explicó Virginijus Sinkevicius, comisario europeo de Medio Ambiente a la Agencia AFP.

ACUERDOS ROTOS

Hay otros acuerdos firmados por Repsol que no son vinculantes. El de París, por ejemplo, que mencionamos al inicio. O el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. La compañía española tiene, además, alianzas poco útiles con nueve organizaciones vinculadas a temas de responsabilidad social. Estas solo se limitan a compartir información sobre el impacto de las compañías en el medio ambiente.

Es el caso de IPIECA, la Asociación Mundial del Sector del Petróleo y el Gas para cuestiones medioambientales y sociales, que difunde entre sus agremiados las mejores prácticas que encuentran en la industria para reducir su impacto. “Estas plataformas o asociaciones vinculadas a buenas prácticas en responsabilidad social son más una declaración de intenciones y, salvo que la empresa tenga una sentencia firme por alguna falta ética o negligencia dolosa, no suele tener mayor trascendencia”, explica Natalia Manso, profesora de Pacífico Business School.

Para Manso, la responsabilidad social tiene un “componente de maquillaje importante” en muchas empresas. Aún con todo eso, considera que hay algunos avances y que los accionistas tienen el toro por las astas. 

“Los accionistas cada vez tienen más poder incluso para decidir a favor o en contra de cómo se remunera a los altos ejecutivos, o si se les debe cambiar. Desde luego, aquí [en el caso de Repsol] debería haber una respuesta de los líderes de la organización que están demostrando estar muy ausentes”, dice Manso, que también es docente de responsabilidad social empresarial.

De acuerdo a la última Memoria Anual publicada por Repsol, sus principales accionistas con derecho a voto son la española Sacyr S.A. (8.03%), la firma financiera JP Morgan (6.85%), la gestora de fondos de inversión BlackRock (4.99%) y la francesa Amundi Asset Management (4.50%). Todas son adherentes al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y aseguran promover las finanzas que sean responsables con el medio ambiente. Como informó Sudaca, en una nota anterior, BlackRock tiene un historial de inversiones en empresas que violan los derechos humanos y tienen sanciones por infracciones contra el medio ambiente.

Más del 70% de las acciones de la empresa española son de “libre flotación” y se negocian constamente en el mercado bursátil. Después de esas acciones, la empresa Sacyr es la que tiene mayor participación con derecho a voto y dos asientos en el Consejo de Administración.

Repsol reporta a estas empresas cada una de sus acciones. El 2020, por ejemplo, publicó un informe de gestión donde da cuenta de las medidas de seguridad con las que cuentan sus operaciones. En la página 98 precisan: 

“Si, a pesar de toda la actividad preventiva, se produce un derrame, es prioritaria la detección temprana y la minimización del impacto a las personas y al medioambiente. Para ello, la compañía dispone de los medios humanos y técnicos necesarios”.

Agregan que, en caso de derrames marinos, Repsol mantiene contratos con empresas que garantizan la actuación rápida de especialistas y equipamientos externos como Oil Spills Response Limited – OSRL (empresa británica que atiende a todo el sector), el Global Dispersants Stockpile (reserva mundial para acceder a productos dispersantes) y Wild Well Control (compañía estadounidense con sede en Houston, Texas).

Pero ninguna de estas firmas está actuando sobre el reciente desastre en las costas peruanas. A través de su portal web, Repsol Perú indicó que las labores de remediación vienen siendo atendidas por las empresas ERM (Environmental Resources Management), para el asesoramiento y control de la emergencia; y por Aiuká Consultoría Ambiental, para el rescate de fauna marina.

Al cierre de esta nota, la información del derrame producido en Ventanilla todavía no era publicada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España. Mediante una carta, la Superintendencia del Mercado de Valores en Perú le preguntó directamente a la empresa por qué no se había informado de estos eventos como Hecho de Importancia. La respuesta, como parece ser costumbre, no deja nada claro.

“Teniendo en cuenta la complejidad del tema, la valoración de la magnitud e impacto del acontecimiento no pudo ser inmediata. Además de ello debe considerarse que, de momento, este acontecimiento no ha afectado la continuidad de nuestras operaciones ni la capacidad de atención al mercado”, respondieron desde Repsol.

Respuesta de Repsol a las consultas de la Superintendencia del Mercado de Valores en Perú, enviadas al cierre de la sesión del jueves 20 de enero.

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Por Alba Ñaupas y Julio Rospigliosi

 

“¡Avancen, carajo!”, gritó el hombre después de lanzar un disparo al aire con un arma de largo alcance. Estaba montado en la tolva de una camioneta de la empresa RVR Agro, dueña del fundo Luzmila, en Ica. Al frente tenía a un centenar de obreros agrícolas que habían bloqueado una trocha de ingreso a la finca como protesta por las precarias condiciones en las que trabajan.

El hombre de pelo canoso fue identificado por el Frente de Trabajadores Agrícolas de Ica (Frentagri) como Carlos Manuel Villacorta Pineda, el gerente de RVR Agro. Así lo dice a Sudaca Julio Carbajal, presidente de ese gremio. Y los datos del empresario en el Reniec no lo dejan mentir. 

En los videos se observa que, mientras los trabajadores desarmados pedían a Villacorta no disparar, el hombre seguía amenazándolos con su arma. “Sin armamento, por favor. Nosotros no somos animales”, gritó una de las mujeres que grabó el hecho. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) está investigando, pero todavía no emite informe sobre lo sucedido.

villacorta gamonal
Carlos Villacorta Pinedo, identificado como el hombre que salió a amedrentar a los trabajadores con un arma.

 

LAS DEMANDAS

Según un reporte policial al que Sudaca accedió, las protestas empezaron la mañana del lunes 17. Fue el mismo Villacorta Pineda quien llamó a la comisaría local para pedir apoyo. Pero cuando los efectivos policiales se acercaron, a las 8:30 am, la entrada del fundo Luzmila estaba bloqueada con cables, palos y cilindros.

Quienes impedían el paso eran alrededor de 100 trabajadores que reclamaban -entre otros- por la “alimentación de baja calidad que reciben”. Los obreros también denunciaron que los obligan a realizar labores de limpieza sin recibir pago alguno. En los videos se puede escuchar a uno de los manifestantes explicándole a la Policía que los tenían “una hora, dos horas ahí atrapados, limpiando, y no nos pagan nada”.

Marco Vacilo López, extrabajador de la empresa agrícola y sindicalista del Frentagri, cuenta a Sudaca que, cuando él estuvo en Luzmila hace dos años, la comida era “como para chancho” y ni siquiera les daban agua.

Otras demandas de los obreros son que les aumenten el pago por cada jaba de uva que completan y mayor salubridad en los baños. La precariedad de las condiciones laborales que deben aguantar los trabajadores en la compañía de Villacorta ya había sido registrada por inspectores de Sunafil en años anteriores, como veremos más adelante. 

Aquel lunes 17, luego de un diálogo con los manifestantes, los efectivos lograron que se les permitiera el ingreso. Dice el documento de la Policía que se dirigieron al área de recursos humanos, y tuvieron una reunión con representantes de los trabajadores y de la empresa. Ambas partes, según los agentes, llegaron a un acuerdo “mediante un diálogo calmado”.

Carlos Villacorta Rath
Carlos Villacorta Rath (34), hijo del dueño. Estuvo en la hacienda al momento de las amenazas.

Sin embargo, de la amenaza que quedó grabada en varios videos, los cuales se viralizaron en redes sociales, no se dejó constancia en el reporte policial.  “¡Los que no quieren trabajar, se pueden ir por la puerta!”, repetía Carlos Villacorta Pinedo, escopeta en mano. Además, en uno de los videos se ve que, al costado del gerente de RVR Agro, otro hombre de polo negro también porta un arma.

De acuerdo al presidente del Frentagri. Julio Carbajal, ese segundo hombre sería familiar de Villacorta. Los apoderados de la empresa agrícola son Carlos Villacorta Rath y Rosa Villacorta Rath, hijos de Villacorta Pinedo. El primero es, según el acta policial, gerente de planta en el fundo Luzmila.

Carbajal detalla que los hechos violentos ocurrieron aproximadamente a las 10 de la mañana. Según el parte policial, los agentes se retiraron al menos una hora y media después. ¿Por qué omitieron las amenazas del dueño del fundo? Pedimos insistentemente una entrevista con el jefe policial de Ica, el General Adolfo Valverde Arcos, pero el área de prensa de la institución no quiso que le hagamos preguntas.

Russell Nina, secretario de juventudes de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), considera que el parte policial “es inconsistente porque es evidente que hay diferentes tomas, en diferentes ángulos, de que los dueños del fundo estaban con armas de largo alcance. Es cuestionable que la policía no haya consignado dentro del acta policial ese incidente”.

parte policial
El parte policial de los hechos omite las amenazas del pistolero.

 

HISTORIAL DE ABUSOS Y DEUDAS

La reciente actuación de Villacorta Pinedo no debería sorprender. De acuerdo a varios partes policiales que Sudaca revisó, el sujeto tiene un arsenal de armas, entre pistolas y escopetas. Del 2013 al 2017, por ejemplo, denunció la pérdida de seis licencias para portar estas. Todas se perdieron, coincidentemente, cuando Villacorta se encontraba “transitando en la calle”. Además, el 2014 denunció que le robaron dos escopetas. 

El descuidado empresario tampoco es muy diligente con sus cuentas. Y es que Wet Field EIRL, otra de sus empresas, ha registrado deudas en cobranza coactiva con el Tesoro público que suman S/297.414, correspondientes al 2003 y 2007, de acuerdo a la Sunat. 

Sudaca se comunicó con Villacorta Pinedo para preguntarle por su versión, pero este solo se limitó a decir “que la policía ya está haciendo las investigaciones” y luego colgó la llamada. Le dejamos un cuestionario de preguntas por mensajes de WhatsApp, pero al cierre de este informe no respondió.

Lo que sí se evidencia en el registro policial es la parsimonia de la Sunafil. Los efectivos se comunicaron con esta entidad solicitando su presencia en el lugar, pero hasta las 11:30 am, dice el documento de la PNP, los fiscalizadores no habían llegado al fundo. 

Esta no es la primera vez que la empresa de Villacorta es acusada de maltrato laboral. En agosto del año pasado, alertados por la denuncia de un obrero, inspectores de Sunafil se hicieron pasar como trabajadores para ingresar a Luzmila. En esa ocasión, pudieron comprobar que no se cumplían los protocolos para prevenir los contagios de Covid-19 y que se ponía en riesgo la vida de los trabajadores.

wet field
La deuda registrada en la Sunat de otra de las empresas de Villacorta: S/297.414.

La inspección concluyó con la paralización de las actividades dentro del fundo, porque se constató que se ponía “en riesgo grave e inminente la vida de once trabajadores agrarios, quienes pudieron sufrir accidentes o incluso perder la vida, mientras desarrollaban sus labores cotidianas”. Ejemplo de ello es que los obreros “podían quedar atrapados en la faja del equipo de la compresora” o hasta “perder la vida por ahogamiento”. 

Otro de los abusos que observaron es que se le pedía a los empleados que se retiren si no cumplían las metas fijadas, pero no se les daba movilidad para que regresen a Ica. Incluso, les retenían sus documentos hasta la hora de salida. “Si te pedían que te vayas, tenías que ir caminando 30 o 40 minutos hasta la Panamericana y recién ahí tomabas un colectivo hasta el centro”, explica a Sudaca el extrabajador Marco Vacilo, que estuvo por aquellas fechas en el fundo. 

También se evidenció la falta de un comedor. “[Los inspectores] comprobaron que la empresa no tiene acondicionado un comedor, pues [los obreros] ingieren sus alimentos en el campo, de forma inadecuada”, se lee en la nota de prensa de la Sunafil.

La superintendencia ya había puesto una multa de S/30.052 a la empresa en marzo de aquel 2021. En los últimos dos años, el fundo Luzmila fue fiscalizado 25 veces, según información de la Sunafil. De este total, siete inspecciones concluyeron con sendas actas de infracción y 12 en informes. “Un acta de infracción es lo que da inicio a un posterior procedimiento sancionador donde eventualmente se aplica una multa, es un indicio de que se han detectado infracciones”, explica a Sudaca Christian Sánchez, exministro de Trabajo.

Consultamos con el área de prensa de la Sunafil sobre las multas y sanciones contra el fundo Luzmila, pero hasta el cierre de este informe no respondieron. Luego de que los videos de Villacorta con su arma se hicieran virales, emitieron una nota de prensa. Allí informan que están fiscalizando al fundo Luzmila por “presunta vulneración a la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”.

Lo que se está inspeccionando son las “condiciones de seguridad, identificación de peligros y evaluación de riesgos, equipos de protección personal, registro de trabajadores en la planilla, incumplimiento de jornadas y horarios de trabajo”. Hasta el momento no se ha emitido un informe sobre los resultados de dicha inspección.

Diversos gremios e instituciones ya se han pronunciado rechazando los actos de violencia, abuso y amedrentamiento de parte de RVR Agro. Por ejemplo, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica pidió que estas acciones sean investigadas por las autoridades y recalcó que el fundo Luzmila no es parte de las 28 empresas agroexportadoras afiliadas a la Cámara.

“Todas estas empresas son miembros del Comité de Derechos Humanos, donde son unos convencidos de que la única manera en que se puede solucionar los problemas entre el trabajador y el empleador es mediante una mesa de diálogo”, explica Eduardo Ojeda Dávila, presidente de la Cámara. 

El miércoles 19 la ministra de trabajo Betssy Chávez y el superintendente de Sunafil, Jesús Baldeón, se reunieron con los representantes del Frentagri y la CTP. Una de las medidas que adoptaron fue que el Ministerio del Interior realice una inspección adecuada. También se pidieron más inspectores de Sunafil.

“Si es que el Ejecutivo no actúa de manera objetiva, nosotros como CTP [coordinadora sindical a la que está afiliado Frentagri] vamos a presentar una denuncia a la Fiscalía con todas las evidencias [se refiere a los videos], porque tampoco podemos permitir que un empresario actúe de esa manera en pleno siglo XXI”, concluye Russell Nina, secretario de juventudes de la CTP. Y es cierto: el gamonalismo tendría que haberse erradicado hace 50 años.

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Repsol y la Marina de Guerra se contradicen sobre el derrame de 6.000 barriles de petróleo que ha contaminado 21 playas de la costa peruana. Mientras que la empresa española dice en un reporte interno que el 15 de enero, día en que se desencadenó el desastre, ocurrió un “oleaje violento”; la Dirección de Hidrografía y Navegación del instituto armado reportó “oleajes anómalos de ligera y moderada intensidad”. Es por esta sutil diferencia que la Marina afirma que no fue el oleaje lo que provocó el vertido del crudo, tal como adelantó la primera ministra Mirtha Vásquez en conferencia de prensa.

Los marinos apuntan a fallas en los protocolos para contener el desastre de parte del buque “Mare Doricum”, que llegó con 985.696 barriles de petróleo a la Refinería La Pampilla, de Repsol. Así lo dice a Sudaca una fuente cercana a la institución castrense. 

Derrame- Repsol-Andina
Imagen de tres trabajadores contratados por Repsol para limpiar un sector de la playa Cavero, en Ventanilla, Callao. Fuente: Andina.

Repsol, por su parte, ha achacado su accionar a las comunicaciones que tuvo con la Marina el día del desastre. Pero resulta que en sus memorias presentadas en Perú y en España alardeaba de tener todo bajo control y de poder manejarse con solvencia en casos de derrame.

Por ejemplo, en la memoria del 2017 que emitió en Perú, la compañía informó que había invertido US$109 millones para “superar los crecientes eventos de cierre de terminales marítimos por oleaje anómalo”. Y en el 2019, en una auditoría que presentó ante la Comisión Nacional de Mercado de Valores de España, la firma declaró lo siguiente: “Si a pesar de toda la actividad preventiva eventualmente se produjera algún derrame, la compañía dispone de mecanismos internos y externos de respuesta a emergencias y cuenta con equipos especializados y entrenados que utilizan las herramientas más avanzadas de detección y siguen protocolos de gestión y formación específicos”.

Repsol informe
2019. Informe financiero anual presentado por Repsol ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, en el que asegura tener todo bajo control en caso de un derrame.

Lo cierto es que la Marina también actuó diferente antes, en casos similares. El 25 de agosto y el 3 de septiembre del año pasado, por ejemplo, dispuso el cierre de los terminales multiboyas de La Pampilla 1, 2 y 3 por presentarse “oleajes anómalos de intensidad moderada”. Así lo dicen dos resoluciones de capitanía a las que tuvo acceso Sudaca. 

Agosto, 2021. Resolución de Capitanía de la Marina en donde se da cuenta del cierre temporal de los terminales multiboyas de La Pampilla por “oleajes anómalos”. Un criterio distinto al de hace una semana.

En el desastre de la semana pasada no hubo rastro de esa precavida actitud. Aún así, ¿podría un oleaje moderado causar un derrame petrolero de grandes proporciones? “No. El mar del norte tiene un oleaje más violento y los buques no se andan cayendo”, dice el experto en temas pesqueros Juan Carlos Sueiro, de la ONG Oceana.

 

LA HISTORIA AL DETALLE

Sudaca ha podido reconstruir los hechos que componen esta cadena de negligencias. La historia empieza el 14 de enero pasado cuando, a las cuatro de la mañana, el Centro Nacional de Alertas de Tsunami de la Marina minimizó el riesgo de la erupción de un volcán de la isla de Tonga y reportó que “no genera tsunami en el litoral peruano”. Esto a pesar de que países vecinos como Chile y Ecuador sí lanzaron sus respectivas alertas.

Horas después, a las 2:30 de la tarde, el buque italiano “Mare Doricum” ancló en el terminal multiboyas Nro. 2 de la refinería La Pampilla, en el distrito de Ventanilla, en el Callao, para descargar crudo. Esta imponente nave tiene 274 metros de longitud y llegó tras hacer una escala en Uruguay.

24 horas después, a las 2:46 de la tarde del sábado 15, y ante la hemorragia de información por la erupción del volcán en Tonga, Repsol dice haberse comunicado con el Servicio de Control de Tráfico Marítimo (Tramar) para saber si había alerta de tsunami. Según la empresa española, la Marina le respondió que no y decidieron continuar con la descarga. Sudaca consultó con la institución naval sobre la veracidad de esa versión, pero al cierre de edición no hubo respuesta. 

Hasta las 5:18 de la tarde del sábado 15, el buque “Mare Doricum” había descargado el equivalente a 628.956 barriles a tanques de tierra. En ese momento, de acuerdo a un reporte interno de Repsol que Sudaca revisó, “se rompen cabos de popa estribor y se produce un movimiento brusco del buque ante oleaje violento”.

La compañía italiana Fratelli D’ Amico, que administra “Mare Doricum” y que fue contratada por Repsol, informó a este medio que el derrame ocurrió por una “ruptura inesperada de la tubería submarina”, aunque no especificaron si esto fue a consecuencia del oleaje.

Mare Doricum
Imagen del buque italiano “Mare Doricum”, que contrató Repsol para la descarga de 985,696 barriles de petróleo. El 15 de enero pasado esa nave derramó 6 mil barriles del crudo, ocasionando una verdadera catástrofe ambiental. Fuente: Marine Traffic.

“Al momento de la observación, aproximadamente a las 5:25, el personal de turno informó rápidamente al oficial a cargo, quien de inmediato detuvo todas las operaciones y se aseguró de que las maniobras de descarga y las válvulas de los colectores estuvieran firmemente aseguradas”, dice la empresa que administra el buque italiano en un comunicado. Hasta ahí todo parecía mantenerse bajo control.

En diálogo con el portal Convoca, Roberto Texeira, capitán de navío del puerto del Callao, dijo que, cinco minutos después del inicio del derrame, lo llamaron de “Mare Doricum” para reportar lo sucedido. Texeira señaló a ese medio que “un incidente a bordo del buque provocó el derrame”. No mencionó el oleaje, pero anunció una investigación interna.

Fuentes cercanas a la Marina alegan a Sudaca que el buque habría incumplido protocolos internos, como demorarse en parar el bombeo, que no hubo suficiente atención del personal de guardia y de los maniobristas, y que  no dispusieron inmediatamente de skimmers (aspiradores utilizados para recoger el petróleo).

Los españoles han señalado que colocaron barreras de contención y usaron tanques flotantes para recoger parte del petróleo derramado. Después -según el gobierno- informaron al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) que el daño era mínimo, del “tamaño de un jardín”. La evidencia hoy los aplasta: 1,7 millones de m2 de tierra y 1,2 millones de m2 en el mar han sido afectados.

Aquel 15 de enero por la tarde, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina emitió un nuevo reporte poniendo, otra vez, paños fríos al asunto de la erupción y diciendo que “el evento no genera tsunami en el litoral peruano”. El oleaje, sin embargo, arrastró una camioneta con dos mujeres a bordo en la playa Naylamp, en Lambayeque. Ambas murieron.

“La empresa es la principal responsable del derrame y, sin duda, hay responsabilidad de la Marina. Lo que me parece inaceptable es lo que se hizo posteriormente a los hechos. Se supone que hay un plan de contingencia, en métodos, procedimientos. Hay herramientas, instrumentos y remediación. Dicen tener diversas cosas y a la hora de actuar lo hacen con un recogedor de basura. Hay que ver auditorías, procedimientos, bitácoras. Los dichos son especulaciones”, dice el especialista Juan Carlos Sueiro. 

Al momento, “Mare Doricum” permanece anclada en el terminal donde opera la refinería La Pampilla. El buque italiano, si quiere zarpar, tendrá que pagar una fianza de S/150 millones. Mientras tanto, el efecto devastador del derrame en la flora y fauna de nuestro país avanza incontenible.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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La semana pasada, un grupo de influencers peruanos hizo noticia tras lanzar sendos videos en Instagram recomendando a sus seguidores (muchos de ellos, menores de edad) invertir en apuestas deportivas. Lo que Josi Martínez (17) y las ‘hermanas Klug’, Sam Lobatón (20) y Gianella Marquina (22), no especificaron es que se trataba de publicidad.

En los videos, los tres parecen seguir un solo guión. Abren una caja de preguntas y, convenientemente, reciben la misma: ¿cómo han incrementado sus ganancias? También al unísono, responden que los consejos de “expertos” apostadores los han ayudado. Luego, recomiendan entrar a un grupo de Telegram. Allí -en teoría- estarían los consejos milagrosos para ganar apuestas en deportes como fútbol y básquet.

“Estoy en un grupo de Telegram donde profesionales envían pronósticos, yo solo los copio y gano dinero”. “Yo empecé con 50 y en una semana he ganado 600”. Esos son algunos de los mensajes que repetían Martínez, Lobatón y Marquina a sus seguidores, que solo en Instagram suman casi tres millones.

El grupo de Telegram es administrado por la cuenta Bets Analistas, una marca que ‘pronostica’ resultados deportivos. Según el mismo grupo y la página web de la firma, esta pertenece a una sociedad que dirigen los hermanos españoles Carlos y Daniel Ramos. Ambos se promocionan a sí mismos como dueños de “una de las empresas más grandes de pronósticos deportivos” de su país.

Según Augusto Medina, técnico electrónico que trabaja en el rubro de las apuestas, a los hermanos Ramos -y demás personajes que hacen lo mismo- se les conoce como tipsters. “Se llaman así y se reconocen como expertos en la materia. Así como ellos, hay colombianos, peruanos y otros que se dedican al 100% a hacer análisis estadísticos”, apunta.

 

Carlos y Daniel Ramos
Los hermanos Carlos y Daniel Ramos, los “gurús” de las apuestas españoles detrás de Bets Analistas.

Bets Analistas aconseja apostar en casas de apuestas de España, México y Colombia. En Perú, recomienda las empresas BetWarrior, Betfair y CampeonBet. Un informe de elDiario.es, de España, cuenta que las ganancias de los tipsters suelen venir “de las propias casas de juego por traer nuevos clientes”, pero también reciben dinero a través de los grupos de Telegram.

La comunidad de Bets Analistas en esa aplicación de mensajería tiene más de 235.000 miembros. En el chat se comparte diariamente un pronóstico de los hermanos Ramos, como una pequeña prueba de su aparente éxito. Si aciertan, promocionan su victoria. Pero el verdadero negocio lo hacen después: ambos ofrecen cupos en otros grupos cerrados donde brindan recomendaciones para apuestas más fuertes. “Solo para los más rápidos, para gente seria, gente amante del dinero”, advierten.

Para acceder a estos, hay que pagar montos que van desde los 19,99 hasta los 49,99 euros. Al pagar aparece como responsable del servicio la empresa Global Gaming Marketing Services, domiciliada en Ceuta, España. En las bases de datos de ese país no se menciona quiénes están detrás de dicha firma.

Telegram - Besta Analistas
El mensaje de convocatoria de Bets Analistas para sus grupos privados en Telegram.

 

“No hay nadie infalible en este rubro. Ningún tipster del mundo lo es, ni se puede vender como eso”, critica Augusto Medina. 

Para el psicoanalista Leopoldo Caravedo, los pronósticos de Bets Analistas no son tan fiables como se venden y, además, son riesgosos. “Es similar a lo que pasa con las estafas piramidales. En este caso, te dicen que todo estará bien sí o sí, como si uno pudiese controlar el azar que permite infinitas posibilidades. En un partido de fútbol las chances de ganar son bajísimas, salvo un golpe de suerte. Es una ilusión: ganas una apuesta y uno piensa que eso va a repetirse. Buscar de nuevo esa sensación de satisfacción es lo que hace que uno siga apostando y se vea entrampado en el juego”, asegura.

La ilusión de la que habla Caravedo se sostiene gracias a lo que en el mundo de las apuestas se conoce como ‘stakes’: la probabilidad de éxito que tiene un pronóstico. Esto, a su vez, define la cantidad de dinero a invertir en él. Los tipsters pueden ofrecen ‘stakes’ con una supuesta seguridad de ganancia por encima del 90%. “Lo que te quieren vender es que habrá más ganancia que pérdida. Eso es relativo. No existe seguridad al 100% de ganar, ni entrando a sus grupos privados. El tipster no te puede garantizar eso”, explica el técnico Medina. 

Historia-Instagram
Una de las historias de Instagram modelo que subían los influencers para promocionar a Bets Analistas.

 

“La idea en el fondo es anular la desconfianza en sus pronósticos, que la persona no reflexione. Si fallan, pueden decir que otros usuarios sí ganaron, pero que el error fue del apostador y no de ellos, que son los influyentes”, agrega Caravedo, que ha tratado a personas con adicción a los juegos de azar. 

 

Vacíos legales

Indecopi anunció que ha iniciado investigaciones preliminares sobre este caso. En nuestro país existe, desde el 2019, la Guía para Publicidad de Influencers. Este documento busca asegurar que los anunciantes en espacios digitales cumplan las exigencias de la Ley de Represión de la Competencia Desleal.

La principal recomendación de la guía es que los influencers coloquen el hashtag #publicidad o #publicidadcontratada en un lugar visible dentro de sus publicaciones, para que sus seguidores no duden de que se trata de contenido pagado. Caso contrario, dice el documento, podrían recibir una sanción de hasta 700 UIT, lo que equivale a S/3. 220.000.

Los tres influencers promotores de Bets Analistas no pusieron el hashtag en sus stories de Instagram. Por ende, la sanción de Indecopi tendría que ser tanto para los influencers como para los hermanos Ramos, como empleadores. Sin embargo, según Carlos Guerrero, abogado especializado en entornos digitales, que Bets Analistas esté domiciliada en España ataría de manos al organismo estatal.

“Si las personas a las cuales está vinculado el servicio ni siquiera están domiciliadas en el Perú, va a haber un problema de aplicación. Va a ser un poco difícil sancionar a infractores que no están en el territorio”, explica. 

“Nuestra ley sí es aplicable. Otra cosa es si efectivamente Indecopi tendrá los recursos para perseguir a estos empresarios españoles que no están domiciliados en el Perú. Es un problema más de cómo aplicar la ley”, agrega Alex Sosa, abogado especialista en derecho publicitario y competencial.

Desde el 2020, Indecopi inició 180 investigaciones a influencers: 112 fueron archivadas, 65 siguen en trámite y se abrieron tres procedimientos administrativos de oficio, informaron recientemente en una nota de prensa. Sin embargo, hasta ahora solo se ha sancionado a un influencer con 1 UIT por realizar publicidad de un servicio de taxi en moto “sin evidenciar de manera clara que se trataba de publicidad e induciendo a cometer actos ilegales porque dicho servicio estaba prohibido según el Ministerio de Transportes”, asegura el área de prensa de la entidad a Sudaca.

Indecopi también reconoce a este medio que, si bien la guía es útil, solo es un documento orientativo y no una ley.

En el Perú tampoco existe una regulación, como tal, de las apuestas online. En el Congreso anterior, la bancada de Somos Perú presentó un proyecto que cubriría este hueco. La iniciativa destaca específicamente las apuestas deportivas y los daños a menores de edad. A la fecha, sigue en la Comisión de Economía, de acuerdo al portal del Legislativo. 

Lo que sí tenemos es una ley que prohibe las apuestas y juegos de azar dirigidos a menores de edad, sin tratar específicamente el entorno digital, aprobada en el segundo gobierno aprista. Este grupo etario abarca gran parte de los seguidores que tienen Josi (1 millón), Sam (979 mil) y Gianella (960 mil) en sus cuentas de Instagram, sin contar los que tienen en TikTok. El organismo encargado de velar por su cumplimiento es el Ministerio de Turismo, a través de su Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas. 

“Si son su público principal, no solo Indecopi debería ver el asunto. También el ministerio deberá precisar si hay una infracción a esta normativa, no solo en Instagram sino también en estos grupos [de Telegram] donde no hay ningún filtro para ingresar”, afirma el letrado Guerrero, recordando que el chat de Bets Analistas no impide que un menor de edad se una. 

El equipo de Josi Martínez –el único de los tres influencers que es, él mismo, menor de edad– publicó un comunicado el último jueves pidiendo disculpas por omitir el hashtag #publicidad en sus historias sobre Bets Analistas y prometiendo “tener más cautela” para elaborar su contenido futuro. Sudaca buscó los descargos de las otras dos influencers, pero al cierre de edición no contestaron por correo ni por Instagram.

Mientras Indecopi investiga, quedará en los usuarios buscar otro tipo de sanciones. “Las redes sociales tienen sus normas comunitarias y pueden solucionar el problema en pocas horas a través de una denuncia a las publicaciones”, sostiene Alex Sosa.

Lo que determine la entidad en este caso será fundamental para otras controversias. Pero nada augura un castigo ejemplar. “La normativa peruana está difícilmente preparada para enfrentar casos de este tipo. Veremos otros muy parecidos en el futuro”, pronostica el abogado Guerrero.

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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Apuestas, Indecopi, Influencers

El presidente y los miembros de su gabinete ministerial han duplicado innecesariamente su gasto de comida. En los primeros días de diciembre, el despacho presidencial contrató los servicios de la empresa Edenred Perú para proveer de alimentos a las sesiones del Consejo de Ministros. El contrato es por S/125.644 y dura un año. El problema es que Palacio ya tiene asignado un presupuesto de más de S/2 millones para alimentos y bebidas. Este gasto redundante lo instauró el gobierno de Martín Vizcarra y ha ido creciendo desde entonces.

El acuerdo implica la entrega de dos tarjetas electrónicas para que la Oficina de Abastecimiento de Palacio pueda comprar alimentos en supermercados, grifos, minimarkets y restaurantes afiliados a Edenred cuando sesione el Gabinete. Entre estos establecimientos están Amaz, Rafael, La Mar, San Antonio, Starbucks, Chilis, Pizza Hut, Norkys, Tambo, Plaza Vea, Tottus, Metro, entre otros. Según las bases del contrato, firmado el 2 de diciembre, la finalidad es “el abastecimiento de manera oportuna de una variedad de productos que permita la atención de las diferentes reuniones y sesiones propias de la agenda del Consejo de Ministros”.  Pueden comprar “verduras, frutas, carnes, pescados y mariscos, embutidos, lácteos, panadería, especerías, infusiones bebidas no alcohólicas, entre otros productos alimenticios”, según el acuerdo. 

Contrato banquete
2 de diciembre, 2021. Contrato firmado entre el Despacho Presidencial y la empresa Edenred Perú para proveer alimentos a los Consejos de Ministros. El monto del acuerdo es de S/.125,664.

Una tarjeta electrónica de Edenred, de matriz francesa, sirve como un vale de comida. En las bases del contrato, Palacio exige a la compañía que sus tarjetas tengan validez en “al menos” cien establecimientos comerciales en Lima, que atiendan de lunes a domingo, incluso feriados. La compañía está especializada en tarjetas de servicios prepago y tickets para la despensa de servicios de alimentos y gasolina. 

El monto máximo de recarga mensual entre las dos tarjetas de Edenred que adquirió Palacio es de S/.10.000, sin intereses. Si hay cuatro sesiones de Consejo al mes, en promedio, Palacio podría gastar hasta S/2.500 en cada una de ellas para que el presidente y sus 19 ministros piquen lo que se les antoje mientras sesionan. Las autoridades pueden decidir no consumir nada, pero ni las bases ni el contrato contemplan devoluciones. 

Gabinete último
Imagen de la sesión del Consejo de Ministros del 12 de enero pasado. Fuente: Presidencia.

Todo ello no toma en cuenta el presupuesto para los alimentos que ya tienen a disposición en la cocina de Palacio. “Por un tema de austeridad no necesitan esto. No lo veo como un gasto necesario, más aún en época de pandemia. Lo ideal sería que sesionen de manera virtual. En mis tiempos nos servíamos cafés, jugos o la comida que preparaban en Palacio si la sesión del Consejo de Ministros era muy larga”, dice a Sudaca la exprimera ministra Ana Jara. 

Este tipo de contratos empezó en el gobierno de Martín Vizcarra. El primero se firmó el 27 de agosto del 2020, también con la compañía Edenred Perú. Aquel era por S/96 mil; el de ahora es por  más de S/125 mil. Además de servir piqueos a sus ministros, el gobierno de Vizcarra también adquirió una tarjeta electrónica de Edenred para que el expresidente y su familia compren lo que quieran. Ese contrato fue por un año (se firmó en el 2019) y por S/83.870.

DOS VECES LO MISMO

El gobierno de Pedro Castillo sigue duplicando innecesariamente el gasto. Por poner solo un ejemplo: las bases del contrato con Edenred dicen que la tarjeta para amenizar las sesiones del Gabinete sirve para comprar -entre otros- embutidos. Pero resulta que, en octubre del 2021, el despacho presidencial ya compró 2.822 kilos de embutidos para un año, por S/61.244, a la compañía Inversiones Jeanbe. La finalidad, de acuerdo a las bases del contrato con Jeanbe, es dar una atención “oportuna y saludable al personal del Despacho Presidencial y que permita una mejor y eficiente atención a las autoridades”. Palacio tiene aproximadamente 200 trabajadores.

La adquisición incluye 240 kilos de chorizo ahumado, 240 kilos de hot dog de pavita, 240 kilos de hot dog de ternera, 480 kilos de jamón inglés, 240 kilos de jamonada de pavo, 240 kilos de jamonada de pollo, 240 kilos de mortadela, 122 kilos de pastel de jamón de cerdo, 360 kilos de salchicha huachana y 180 kilos de tocino ahumado.

Compra embutidos
Octubre, 2021. Contrato por un año firmado entre Palacio e Inversiones Jeanbe para la compra de 2,822 kilos de embutidos. Costó S/.61,244.

Como se menciona líneas arriba, Palacio ya tiene previsto gastar en alimentos y bebidas S/2’087.542 en el 2022, aparte de lo que consuman en las sesiones del Gabinete con Edenred, de acuerdo al portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía (MEF). En el 2021 el gasto por este concepto fue de S/1’342.438,00, según las cifras del MEF.

“Las sesiones de los consejos de ministros de ahora no duran tanto como  en mis tiempos. Son reuniones más ejecutivas. Por eso tampoco se justifica este catering. Nunca he visto algo tan ostentoso”, dice Ana Jara. 

Sudaca buscó la versión de Edenred Perú, a través de su gerente Gissela Campos Mujica, pero al cierre de la edición no hubo respuesta. También le enviamos un mensaje a la dirección de comunicaciones de Presidencia con igual resultado.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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Alimentos, Consejos de Ministros, Palacio, Pedro Castillo

Los primeros días de la tercera ola han estado marcados por la búsqueda masiva de pruebas Covid-19. A pesar de que el Ministerio de Salud implementó 222 puntos de detección gratuita en Lima y Callao, la demanda fue más alta y el resultado ha sido el caos. En las colas se juntaron personas con síntomas, los que necesitaban un resultado para justificar su inasistencia al trabajo y quienes no tenían los S/ 250 que, en promedio, están cobrando los laboratorios y las clínicas privadas.

De los dos tipos de pruebas a disposición, las moleculares son las más confiables porque detectan el material genético del virus. Sin embargo, requieren de un laboratorio para obtener el resultado, lo que hoy puede tardar varios días. Las pruebas antigénicas, en cambio, dan resultados en menos de 30 minutos. No requieren ningún laboratorio, pero su precisión es menor porque no detectan el material genético, sino las proteínas generadas en la parte externa del virus.

LA CAPACIDAD DEL SECTOR PÚBLICO

Por la alta demanda, los resultados de las pruebas moleculares que el INS procesa -que antes tomaban máximo 48 horas- empezaron a demorar más de cinco días con el arranque de la tercera ola. Según Óscar Escalante, director ejecutivo de Enfermedades Transmisibles, hasta la última semana de diciembre el instituto recibía unas 3.500 a 4.000 muestras diarias. Sin embargo, la variante ómicron superó cualquier cálculo previo. 

“La primera semana de enero hemos tenido picos de 15.000 y eso ha provocado estos retrasos en los primeros días”, indicó a Canal N, respecto a las muestras que reciben únicamente los laboratorios del INS. A nivel nacional -si se le agregan los laboratorios de regiones, de EsSalud y las FFAA- la capacidad de procesamiento total alcanza las 20.000. 

“Los laboratorios públicos, es decir, los laboratorios de las regiones más el INS, pueden llegar a procesar 20.000 pruebas moleculares; mientras que los laboratorios privados han reportado tener una capacidad para procesar hasta 50.000”, detalla el INS a Sudaca.

Precisamente, el jueves 13 de enero se inauguró en Lima Este un nuevo laboratorio del INS para procesar estas pruebas. Es el número 123 de los autorizados a la fecha. De ellos, 63 laboratorios son públicos y 60 privados.

El INS también comunicó para este informe que se está coordinando la habilitación de ambientes adicionales y el incremento de recurso humano para que la capacidad de procesamiento de muestras crezca. “Sin embargo, es importante tener en cuenta que se aplican diversas estrategias […], como principalmente pruebas antigénicas para los sintomáticos y las moleculares para asintomáticos con factor de riesgo”, indicaron.

Esto último tiene que ver con un anuncio del Minsa del 10 de enero. Para hacer más eficiente el diagnóstico, se ha dispuesto priorizar la toma de pruebas moleculares para personas con comorbilidades y adultos mayores de 60 años, mientras que las pruebas antigénicas se aplicarán al resto de personas con síntomas de Covid-19, quienes también deberán pasar por consulta médica. De esta manera se busca afrontar la alta demanda, mientras se amplía la capacidad de procesamiento.

LOS PRECIOS POR LAS NUBES DEL SECTOR PRIVADO

Según los últimos reportes de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), a diciembre más de 100 establecimientos ofrecían el servicio de toma de muestras para pruebas moleculares en Lima. Estas luego son enviadas a los laboratorios para su procesamiento. Los precios van desde S/90 hasta S/467. El promedio se sitúa en S/250, pero varía conforme se incrementa la demanda. Este sistema también ha colapsado y los resultados están demorando más de 48 horas. 

Por ejemplo, Luis Dasso, un joven abogado, estuvo recorriendo varios laboratorios de Miraflores el día lunes y muchos ya tenían las citas copadas. Pero en uno de estos, Expertta Salud, lo recibieron y le prometieron darle los resultados entre 12 y 24 horas. Pagó S/210. “Pasaron 48 horas y no me atendían el teléfono, ni el WhatsApp, ni correos. El miércoles tuve que ir hasta el mismo local, ya con algunos síntomas, para que me den mis resultados y ahí recién me los entregaron”, comentó. 

El caso de su novia, Carla Vega, fue más complicado. Desde el miércoles que se enteraron de los resultados, ella solicitó un descarte a domicilio con Rímac, un seguro privado que tiene a través de su empleador. Al día siguiente le pidieron que haga el pago por el servicio (un deducible de S/ 50) y, por más que insistió, nunca fueron a tomarle la muestra. Con la aparición de los primeros síntomas, volvió a llamar para pedir un médico a domicilio. Lo único que obtuvo es que distintas personas la llamaran para repreguntarle los síntomas una y otra vez, sin asegurarle fecha y hora para su atención.

“La última vez que el médico se comunicó conmigo quedaron en venir sábado en la mañana, pero no vino nadie. Llamé al médico, al seguro y me cortaban la llamada. Por redes también me quejé, dejé mis datos y nada”, asegura. Al cierre de esta nota, un cuarto médico le había ofrecido cumplir con la consulta a domicilio, a tres días de reportado el caso. 

Sobre los altos costos de las pruebas, Guillermo Alva, gerente de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP), dice que en los costos se incluye los insumos que se utilizan, el personal capacitado que se moviliza para realizar la toma de muestra, la implementación de laboratorios de análisis, y el soporte administrativo y logístico necesario para la compra de los insumos. 

“Se necesita contar con más proveedores [de insumos]. Esto pasa también por los permisos de importación que tienen las droguerías. Para los mismos hospitales públicos, para que puedan conseguir sus insumos, también sería importante. No es lo mismo tener una sola marca que veinte”, comenta.

Actualmente, solo las droguerías que se encuentran en el Registro Nacional de Establecimientos Farmacéuticos de Digemid tienen permiso para comercializar insumos para pruebas Covid-19, y únicamente pueden venderlos a los establecimientos y laboratorios autorizados.

Alva dice que la causa de los altos precios es la demanda global. “Los proveedores de los insumos también tienen que salir a comprar al exterior, importar y se tiene que considerar el incremento de los fletes. Son factores externos que los laboratorios no manejan”, agrega. En su último reporte de inflación de diciembre, el Banco Central de Reserva (BCR) da cuenta de un aumento persistente en el precio del transporte de productos entre países.

“El costo de transporte de productos plásticos, textiles, químicos y papeles se ha más que duplicado en el tercer trimestre frente al mismo periodo del año anterior [2020]”, anotan. En el caso de productos químicos, el incremento ha sido de 116,5% en el tercer trimestre.

Mientras, hay pacientes que han preferido buscar los autotest para hacerse ellos mismos las pruebas antigénicas, mediante el método del hisopado. El Minsa autorizó desde noviembre la importación de estas pruebas para su venta al público. Según pudimos comprobar, en los catálogos virtuales de las principales cadenas de farmacias el producto “SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal” de Roche aparece en situación de agotado hace varios días. El producto comprende un kit de cinco pruebas a un precio de S/215.

 

¿Y LOS BIÓLOGOS?

En la toma de la muestra, la cadena de custodia, el procesamiento y la interpretación de los resultados, los biólogos tienen un importante papel. Tanto en el sector público como en el privado.

Según Gardenia Jiménez, decana nacional del Colegio de Biólogos del Perú, en el sector público son más de 4.000 biólogos que están trabajando en laboratorios al diagnóstico de Covid-19. En el sector privado, se cuentan entre 2.500 y 3.000.

Si bien la contratación de estos profesionales debería ser mayor ante la tercera ola, Jiménez advierte que el año pasado, con la Ley 31125 que declaró en emergencia el sistema nacional de salud y plantea su reforma al 2024, se establecieron beneficios que no alcanzan a los biólogos.

La ley dispone que el Ejecutivo brinde un seguro de vida a los profesionales de la salud de diferentes regímenes laborales (incluyendo al régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios-CAS) y prohíbe la contratación de técnicos o auxiliares bajo locación de servicios. Sin embargo, se exceptúa a algunas especialidades que sí podrían contratarse bajo servicio de terceros, sin incluir a los biólogos.

“Esperemos que esto se supere y se trabaje desde ese enfoque si queremos lograr resultados favorables en nuestra población que es lo más importante. Ya se ha presentado el Proyecto de Ley 921-2021, en la Comisión de Salud del Congreso, para corregir este error. No solo pedimos por los biólogos, sino por los químico-farmacéuticos, psicólogos, trabajadores sociales que han sido excluidos de esta norma”, precisa.

Para el decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, el déficit de profesionales de salud es a todo nivel y por ello habían planteado que puedan trabajar en dos instituciones a la vez. “El ministro de Salud ha hablado con el Parlamento, pero solamente para Covid-19 y el problema no es solo Covid”, asegura.

A todo ello se agrega que las contrataciones CAS-Covid -que son las contrataciones temporales que se habilitaron para atender la emergencia sanitaria- se renuevan por dos o tres meses. Eso desincentiva el trabajo en el sector público, que es donde se atiende la mayoría de la población. 

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Desde hace doce años, Esteban Uceda Guerra-García no paga la pensión alimenticia de su hijo. Oficialmente adeuda S/48.500, según calculó un perito judicial solo hasta el 2019. “Él nunca se ha hecho cargo de su hijo. Ni siquiera le hizo una llamada telefónica”, se queja Diana Arias Stella Diez, que terminó demandando a Uceda. Hace 25 años que tuvo un hijo con este político. Durante gran parte de su vida, el joven no ha recibido el dinero que le corresponde de parte de su padre.

Las deudas de Uceda podrían crecer. En las últimas elecciones generales, tentó suerte al Congreso. Lo hizo de la mano de Hernando de Soto, en las filas de Avanza País. Y aunque afirma a Sudaca que es un “respetuoso de la ley”, no cumplió con presentar los informes de gastos e ingresos de su campaña. Por ello, la ONPE podría sancionarlo con hasta S/138.000.

Esta es la historia del precandidato a la alcaldía de La Molina por “el único partido en defensa de la vida y la familia”.

 

MAL PADRE

Antes de continuar, una precisión: Esteban Uceda no usa su nombre de pila. Prefiere hacerse llamar Diego y promocionarse como tal. “Todo el mundo me conoce como Diego porque en mi certificado de bautismo me pusieron Esteban Diego”, explica.

Desde que el hijo que tuvo con Diana Arias Stella nació, en 1997, “Diego” se desentendió. El político no había pagado ni un solo centavo entre mayo de ese año y abril de 2010, lapso en el que le tocaba abonar S/450 mensuales. Así lo señala una resolución judicial de setiembre de aquel 2010. En total, debía S/53.587 por los cerca de 13 años que no pagó.

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Resolución del juzgado de paz que en 2010 declara deudor alimentario moroso a Diego Uceda.

En ese momento, el juzgado de paz que lleva el proceso ordenó que Uceda sea declarado deudor alimentario moroso. El 2011 un medio publicó la historia de la deuda del entonces vocero de Solidaridad Nacional. “Él pagó en el 2011 y de ahí no volvió a pagar nunca más”, dice Arias Stella.

En efecto, desde mayo del 2010 hasta el mismo mes del 2019, el juzgado calculó que Uceda había dejado de pagar S/48.500. Esto a pesar de que sus ingresos de hace tres años fueron de S/186.000, según su hoja de vida. Incluso, ese mismo año, el 2019, hizo “un fiestón de rompe y raja” por su onomástico número 60, donde asistieron alrededor de 500 invitados, como el expremier Ántero Flores Aráoz, la excongresista Martha Chávez y hasta la conductora de televisión Magaly Medina. Prioridades, le dicen.

A inicios de diciembre del 2021, hace poco más de un mes, el mismo juzgado de paz ordenó que Uceda pague su deuda; de lo contrario, sería declarado deudor alimentario moroso. Lo curioso es que, hasta la fecha, el flamante precandidato a la alcaldía de La Molina no figura como tal en la web del Poder Judicial. “Yo volví a solicitar desde diciembre del año pasado que lo pongan en el registro de deudores alimentarios [porque no ha pagado], pero todavía no lo han puesto. Justo estoy reclamando porque se están demorando mucho”, dice Arias Stella.

Uceda no parece muy interesado en el asunto. En varias partes de la entrevista con Sudaca deja ver que no sabe cuál es la edad de su hijo. Y responde –al mismo estilo que López Aliaga cuando se le pregunta por sus deudas con la Sunat– que no pagó porque no fue “notificado en ningún momento”.

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A la izquierda, la resolución de diciembre de 2021 que ordena a Uceda pagar su deuda por alimentos. A la derecha, la solicitud de Arias Stella donde detalla el periodo y monto de la deuda.

Uceda también recalca que “desde hace 21 años tengo un hogar bien constituido con mis hijos universitarios, con los que tengo una buena relación”. Por supuesto, entre esos hijos no cuenta al que tuvo con Arias Stella. Asegura que, si tiene que pagar la deuda, lo hará porque “es un hombre de bien”.

Contradictoriamente, luego dice que apelará la resolución y hasta que se hará una prueba de paternidad. Pero durante todo el proceso judicial que le dio la razón a Arias eso nunca fue puesto en duda. “Una persona no necesita que un juez le diga que pague por su hijo. Congresistas o alcaldes así no necesitamos […] espero que pague o lo pongan de una vez en la lista de deudores”, dice Diana Arias Stella.

 

DESVENTURAS POLÍTICAS

Diego Uceda no solo ha dado qué hablar por su vida familiar, sino también por su perfil camaleónico en la política. Al mismo estilo de César Combina, el hombre de las mil camisetas, Uceda ha pasado de un bando a otro “de acuerdo a sus intereses personales”, como menciona una excongresista fujimorista que lo conoció.

Uceda inició su vida política en Acción Popular, donde permaneció 18 años. Sin embargo, en 1992 se fue del partido porque “pertenecía a una corriente que quería reconocer los logros del gobierno de Alberto Fujimori”, como él mismo contó hace años en una entrevista para La República. Incluso, apoyó el autogolpe de Fujimori. 

Su carrera política no terminó ahí. Como era de esperar, no tardó en unirse a las filas del fujimorismo. Fue uno de los fundadores del movimiento “Vamos Vecino”, posteriormente llamado “Sí Cumple”, donde fue vocero y subsecretario general. Este movimiento conformó la alianza que lanzó a Alberto Fujimori a la re-reelección. En el 2006, Uceda renunció, según él, “de manera voluntaria por discrepancias con dirigentes como Jaime Yoshiyama”. Sin embargo, en ese entonces Carlos Raffo declaró que Uceda había sido “expectorado del partido por dudoso proceder”.

Luego de salir del fujimorismo, se unió a Solidaridad Nacional. Esto a pesar de que el 2002 fue candidato para la alcaldía de Lima y le tocó competir contra Luis Castañeda Lossio.

Años después, en el 2015, Uceda renunció al partido. Su más reciente aventura política fue junto al economista Hernando de Soto. Mientras este aspiraba a ser el nuevo presidente del Perú, Uceda candidateó con el número 12 para ser congresista. No logró alcanzar un escaño, pero sí llamó la atención de la ONPE.

El 5 de enero de este año, el organismo electoral le abrió un proceso sancionador por no cumplir con presentar los informes de los gastos e ingresos de su campaña. Según la ley de financiamiento de partidos políticos, los candidatos deben entregar dos informes. El primero se presenta hasta 30 días antes de las elecciones; el segundo, hasta 15 días luego del proceso electoral. Uceda no presentó ninguno. 

Diego Uceda volvió a cambiar de camiseta política y ahora acompaña, paradójicamente, al partido profamilia de Rafael López Aliaga. La foto corresponde a una entrevista que brindó durante el lanzamiento de su candidatura con Renovación Nacional.

Según Heber Campos Bernal, abogado experto en derecho electoral, presentar estos informes es importante por “un tema de transparencia”. “Los candidatos deben tener la capacidad de decirle a sus electores y al país quiénes han sido sus aportantes […] La idea es que, a través de estas supervisiones, se garantice que los candidatos financien su campaña de forma leal, de acuerdo a lo que el marco jurídico establece”, explica.

Uceda dice que no presentó los informes porque no hizo campaña política. “Yo no hice campaña y me negué a ser congresista. A mí el señor Hernando de Soto me ofreció ser candidato al Parlamento Andino con el N° 1, pero luego los personajes nefastos, por los cuales Hernando se fue de Avanza País, no me inscribieron al partido y desconocieron que debía ser candidato al Parlamento Andino. Por eso yo dije que no iba a hacer campaña. Y no lo hice. Usted no va a ver ningún cartel mío”, sostiene Uceda, que finalmente fue colocado en la lista del partido al Congreso.

Sin embargo,  durante el periodo electoral, Diego Uceda asistió a varias entrevistas y debates donde exponía sus propuestas. Lucía el número 12 y el tren de Avanza País en el pecho. Por no presentar los informes, a Uceda le corresponde una multa que va entre los S/46.000 y S/138.000, según la ley de financiamiento.

“Parece poco creíble que no se haga campaña porque, cuando uno postula a un cargo, para ganar necesita difundir sus propuestas, necesita hacer campaña para convencer a sus posibles electores. Pero en el supuesto de que no se haya gastado nada, igual tiene que haber una declaración donde se señale eso”, dice Heber Campos.

A puertas de las elecciones municipales, Uceda ha regresado a Solidaridad Nacional, ahora convertido en Renovación Popular y dirigido por Rafael López Aliaga. ¿Qué dirá el excandidato presidencial que suele hablar de la importancia de la familia?

 

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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Rafael Lopez Aliaga

 

Por Julio Rospigliosi y Alessandro Azurín

La carrera política de César Combina ha estado marcada por un verbo: abandonar. Forzadamente, a veces, como cuando lo ‘desfederaron’ en la PUCP; o por voluntad propia, como la vez que dejó el proyecto de APP con el que se pensaba que llegaría a ser gobernador regional. “No hay un caso como el de César Combina, por el que se haga tanto trabajo para que después termine en otro lugar”, dice José Miguel Álvarez, quien fue parte de esa última aventura en Junín.

Su paso por la política se caracteriza por el cambio de camisetas a granel: primero fue el PPC, luego el fujimorismo y más tarde un movimiento regional que llevaba su apellido. El 2020 llegó al Parlamento con Alianza para el Progreso (APP) y ahora ha vuelto a recalar en tienda naranja. A todo eso habría que agregarle la fundación de un partido de derecha en su época estudiantil y, según documentos y testigos, su incursión en un movimiento universitario llamado Falange Reformista.

Para este perfil Sudaca entrevistó a excompañeros y rivales políticos de Combina, quienes en los últimos 19 años han sido testigos de ese sistemático tránsito entre agrupaciones, de las que casi siempre sale peleado. El hoy precandidato de Fuerza Popular para Lima Metropolitana también responde.

 

LA VERDAD DE LA RENUNCIA

Combina ha dicho recientemente que la primera vez que dejó el fujimorismo lo hizo por su rechazo a Joaquín Ramírez. “Yo fui uno de los más duros que se enfrentó a él [Ramírez] a la interna y, por lo tanto, tomé la decisión de no afiliarme a Fuerza Popular, pese a la invitación de esta agrupación”, declaró sobre su salida de Fuerza Popular de hace 7 años. Había llegado como invitado. En esa época, Ramírez, embarrado por investigaciones fiscales y periodísticas, era secretario general del partido.

Los archivos y los testimonios apuntan, sin embargo, en otra dirección: Combina era mal visto por varios dirigentes fujimoristas de Junín. “Lo conocían apenas en la selva de esa región, donde tiene una casa, pero no en la capital, Huancayo”, cuenta César Merea, exalcalde fujimorista de la provincia de Satipo. “Él no vivía en Junín, venía esporádicamente”, aclara José Miguel Álvarez, actual consejero regional. 

Cuando César Combina llegó allí, en el 2014, faltaba poco para las elecciones municipales. Él era la ficha para ganar el cargo de gobernador, pero quedó cuarto. “Nosotros teníamos un candidato regional y, de la noche a la mañana, el comité ejecutivo decidió que el señor Combina sea quien vaya a la gobernación. Hasta cierto punto lo veíamos con desconfianza y una actitud que yo no compartí”, dice Merea.

Luego de los comicios, quedó como coordinador regional del partido. Pero no pasó mucho tiempo para que su relación con los militantes se rompiera definitivamente. El 19 de junio del 2015, el diario ‘Primicia’ sacó una nota titulada “César Combina llamó ‘regordeta y retardada’ a Keiko Fujimori”. La nota decía: “Indignación se vive en un sector del fujimorismo en Junín tras conocerse que el excandidato a la presidencia regional calificó de regordeta y retardada a Keiko Fujimori, además de otros calificativos y cuestionamientos que aparecieron publicados en su blog de internet ‘La Combi de Combina’”.

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Nota del diario Primicia del 2015, que da cuenta de las acusaciones contra César Combina de parte de un sector del fujimorismo.

“Se puede leer por ejemplo: ‘¿por qué no a la regordeta? Pues porque no está preparada y la gente que la acompaña es de la peor calaña. Imaginen a una retardada de presidente, que lo único que sabe decir es besho abasho, con un séquito de chupasangres’”, reseña el informe periodístico.

La nota cita también a Augusto Lara Pérez, entonces secretario del comité provincial de FP en Huancayo, quien detalló que los calificativos fueron publicados seis años antes, en el 2009. Dijo que la verdadera intención de Combina era “infiltrarse en el fujimorismo para promover la división y el caos partidario”.

El blog había nacido en medio de una crispada situación al interior de la Universidad Católica (PUCP), donde César Combina hizo sus pininos políticos. Y un excompañero de aulas, cuya identidad mantendremos en reserva, comenta acerca del antifujimorismo de Combina como estudiante. “Cuando inició su carrera política, tenía una postura bastante crítica al fujimorismo, lo que era natural en la universidad. Además, en esa época militaba en el PPC, que por aquellos años confrontaba al fujimorismo”, cuenta.

César Combina niega haberse referido a su lideresa en esos términos y dice que nunca se identificó como “antifujimorista”. La nota periodística ocasionó, de todos modos, que los secretarios provinciales exijan la inmediata destitución de Combina como coordinador regional.

Esa semana de junio del 2015, Correo informó de una carta firmada por el secretario provincial de Chanchamayo, Marino Aroni Calderón. “Respaldan la solicitud 5.289 firmas recolectadas en Chanchamayo. Según el documento Combina viene ‘fomentando el divisionismo y la anarquía conformando coordinaciones provinciales y distritales paralelas a las ya existentes’”, se lee en la nota del diario.

César Combina dice que detrás de aquellos esfuerzos por castigarlo estaba Joaquín Ramírez. “Las pugnas empiezan con un sector de la región Junín vinculado a Joaquín Ramírez y Alas Peruanas, que funcionaba en Huancayo. Pensaban que yo iba a ser precandidato al Congreso. Pero yo había decidido no lanzarme para permitir que los dirigentes participen en ese proceso”, se defiende Combina.

“Aroni, que era gerente municipal de Chanchamayo, presentó firmas. Pero los firmantes no eran representantes de Fuerza Popular, era un padrón de beneficiarios de la municipalidad [donde Aroni trabajaba]”, añade.

En agosto, la cúpula fujimorista le bajó el dedo y lo removió de su cargo de coordinador. Sin protagonismo y enfrascado en peleas internas, un mes después Combina anunció que no seguiría el partido. Dijo que Joaquín Ramírez había “empoderado a personajes nefastos en cargos dirigenciales en Junín”.

-¿No sabía que ya, desde el 2014, la Procuraduría tenía en la mira a Joaquín Ramírez?- le preguntamos.

-Yo acepté [ser invitado a FP] porque en la provincia de Chanchamayo, mi provincia, tres alcaldes eran de Fuerza Popular. Fueron ellos los que me invitaron. Durante toda la campaña [del 2014 al gobierno regional] no tuve contacto con Joaquín Ramírez. Sí lo tuvo el candidato de Pasco, por ejemplo.

-Pero usted no necesitaba mayor contacto para saber que Joaquín Ramírez era de la cúpula de Fujimori.

-Sí, pero no tenía mayor información sobre él. Fue recién el 2015, cuando fui coordinador, que empecé a tener reuniones orgánicas y tuvimos roces con él sobre su visión.

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Combina le echa la culpa a Joaquín Ramírez de los pedidos para que lo destituyan. (Foto: Congreso de la República)

 

LA COMBI Y LA FALANGE

La carrera política de César Combina empezó el 2006 en la PUCP, cuando asumió la presidencia del Centro Federado de la Facultad de Letras. Iba a Antropología, estaba becado y era militante del Partido Popular Cristiano (PPC), que aquel año lanzaba como candidata presidencial a Lourdes Flores.

Quienes lo recuerdan, señalan que se ausentó de las labores del cargo por su compromiso con el partido. Entonces, fue removido por su propia mesa directiva.

En el 2007, fundó -junto a un grupo de amigos, algunos de las filas del PPC-, Unión Estudiantil (UNES), un movimiento de derecha que aún existe en la universidad. Aquel año llegó a ser Representante Estudiantil ante la Asamblea Universitaria (REA), cargo que le permite al alumnado tener voz en la máxima instancia de gobierno de la casa de estudios.

De la REA, sus opositores recuerdan a un Combina también ausente. “Ahí tu única obligación es ir a la asamblea. Yo me maté yendo un año ahí, pero él desapareció por completo. A mitad del mandato, se va de intercambio a otro país y entonces, es el segundo cargo sobre el que podría decirse que sale ‘vacado’. Primero ocurrió en Letras”, cuenta Ricardo Sifuentes, que también fue miembro de la REA. Los excompañeros de Combina en UNES, en cambio, dicen que la presión de otros grupos les impedía participar de las comisiones activamente.

De UNES, sin embargo, Combina también se alejó tras discrepancias internas. Cuando en 2009 quiso lanzarse a la presidencia de la Federación de Estudiantes (Fepuc), sus compañeros de partido se manifestaron en contra. “No era el momento y queríamos concentrarnos en otras cosas. Además, ya había diferencias sobre su forma de hacer campaña. Él tenía un estilo mucho más populista, que apelaba a la imagen de las personas más que a las protestas”, recuerda uno de ellos sobre su salida.

Combina se lanzó con una lista de “independientes”, pero perdió. Luego se dedicó a lanzar ácidas críticas a la gestión ganadora. En medio del boom de los blogs, el entonces militante del PPC tenía el que ya hemos mencionado: La Combi de Combina. “El sacó su blog y nos insultaba. Dos, tres veces a la semana. Inventaba mil situaciones estúpidas y así fue durante un año”, dice Sifuentes, quien le ganó las elecciones a la Fepuc.

Sus ataques llegaron demasiado lejos y eso le costó la expulsión del gremio estudiantil. Combina realizó falsas acusaciones sobre el proceso electoral que venía preparando la universidad a fines del 2009 y fue ‘desfederado’. “La Fepuc quiere más delegados allegados para copar la Asamblea y bloquear denuncias, acusaciones y censuras. Todo un verdadero mecanismo de defensa, al fiel estilo fujimontesinista”, escribió en su blog. Hoy no tiene problemas en posar junto a Keiko.

Combina nunca se retractó, como él mismo confirma a Sudaca. “Mi proceso de ‘desfederación’ [que le impidió asumir más cargos de gremio estudiantil] se da justamente por posiciones que tuve contra el copamiento que desarrolló el ala que luego se convirtió en Fuerza Social, de Susana Villarán”, asegura.

En medio del proceso disciplinario, su nombre apareció en una lista para la Fepuc llamada Falange Reformista Universitaria, un término que hace referencia al partido fascista español que mantuvo en el poder Francisco Franco (RAE dixit). De acuerdo al portal La Mula, en el Facebook de esta agrupación se incluían mensajes como “¡Brazo en Alto Falangistas! ¡Por una PUCP sin rojos!”, “¡Camaradas, a quemar la San Marcos, el mejor comunista es el que está boca abajo!”, entre otras.

Combina niega su afiliación a Falange Reformista y dice que “fue una creación difamatoria”. “Prueba de ello es que no tenemos un certificado de inscripción. Esta es una situación que yo aguanté muchos años, una situación bastante cruel que revive cada vez que me lanzo [a algún cargo]”, agrega.

Pero Sudaca habló con dos miembros de aquella lista, quienes recuerdan el rótulo de Falange Reformista. De hecho, el arquitecto Andrés Rieckhof, amigo universitario de Combina, envió ese año una carta a la Fepuc indicando que lo habían colocado sin su autorización.

“En ese momento César era mi amigo. Era muy payasín, muy risueño, todo lo tomaba a broma, pero [la inclusión en Falange] no era así. Yo le dije que no pertenecería y que no podía estar en algo que probablemente podía explotar a la larga”, explica Rieckhof a Sudaca.

Otro examigo de Combina que integró la lista admite el nombre, pero lo matiza: “La postulación era un bluf, no era seria, nunca tuvo intención de postular realmente”. Falange Reformista no llegó a participar de los comicios. 

Entre dimes y diretes, Combina terminó la universidad en el 2010. Ese año, se postuló como regidor por Lima en la lista de Lourdes Flores. Compañeros de esa época dicen que el partido no le abrió más espacios de representación, por lo que empezó a saltar de bando en bando.

pruebas falange
Izquierda: En la lista de Falange Reformista Universitaria aparece el nombre de César Combina como “Presidente”. Derecha: el pedido de uno de los integrantes de esa lista para que lo retiren de ahí, porque no dio su autorización. Esta persona corroboró la veracidad del documento.

 

DESLEALTADES EN JUNÍN

Luego de su paso por la universidad y de dejar su militancia en el PPC, César Combina se concentró en Junín, donde tiene familia. Encontró en el fujimorismo, al que había criticado en sus años universitarios, una vitrina importante. Y, como hemos visto, salió de ahí en medio de acusaciones de ida y vuelta el 2015. Dos años después, fundó un movimiento personalista. El nombre: ‘Combina Junín’.

Para las elecciones regionales del 2018, movimientos incipientes como el suyo debían buscar aliados. “Ese año se acerca el joven César Combina, cuyo movimiento estaba en proceso de formación. Como era joven, podía ser un buen político, una buena promesa. Así que él fue parte de Caminamos Juntos [el partido por el que postuló el 2018]”, cuenta Dimas Aliaga, quien ese año postuló a la provincia de Huancayo con el mismo partido.

Aliaga no tiene el mejor recuerdo de Combina, que encabezó la lista al gobierno regional. “Le diré que se portó extremadamente mal. Muy mal a pesar de que lo invitamos. Por ejemplo, él puso de candidatos a consejeros y al vicegobernador a su antojo, lo que no representaba el consenso del partido”, apunta.

Combina replica: “Deberían ser un poco más agradecidos con nuestro movimiento, que nos sumamos, que lo reflotamos. Yo pagué todos los gastos de ese reflote y me da pena recibir este tipo de maltratos a cambio”

Combina logró el segundo lugar, por debajo de Perú Libre. Consiguieron, además, meter a tres consejeros que siguen hasta hoy. Uno de ellos es José Miguel Álvarez, quien tampoco tiene un grato recuerdo del hoy nuevamente fujimorista.

José Miguel Álvarez (izquierda) y Dimas Aliaga. Ambos tienen pésimos recuerdos de Combina en las alianzas que hicieron con él.

“Había buenas referencias, todo indicaba que el próximo gobernador sería él”, cuenta Álvarez, que el año 2020 pasó a inscribirse en APP, ya con miras a las elecciones del 2022. Combina también se pasó al bando de los Acuña, como invitado. “El objetivo de la alianza con APP era tener la oportunidad de postular y no depender de movimientos regionales, porque siempre había problemas ahí. La intención era que Combina aguardase a postular a la región”, cuenta Álvarez.

Pero Combina se mandó por la libre. “Cuando salió [vacado] Vizcarra, le dijimos que no postulara, porque eso iba a ser un gran error e iba a poner en peligro su candidatura regional”, asegura Álvarez. Combina no escuchó. “Vimos que no tenía intención de retornar, que quería quedarse en Lima. Parece que Junín solo era una pantalla, un trampolín. La gente que lo acompañó siente que los ha utilizado como vitrina”, agrega Álvarez.

Combina niega que haya habido un acuerdo con ellos. “Si bien ellos pensaban que yo sería candidato una tercera vez, no era algo que yo había confirmado. Y él [Álvarez] tiene aspiración a gobernador regional. Así que acá no hay ninguna traición”, apunta.

-¿Cómo explica usted su salto de partido a partido, este cambio compulsivo de camisetas políticas? – le preguntamos.

-Se me puede acusar de tener cambios de camiseta, pero lo que existe es una misma línea. Yo nunca seré de izquierda. Me parece que el camino está en el centro y para mí hay puntos innegociables: si en el camino uno tiene que dejar una tienda política para mantener los principios mínimos de no ceder ante las mafias y de luchar contra la izquierda, ese ha tenido que ser mi devenir.

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