Sheyla Cóndor tenía 26 años y una vida por delante. Desapareció un miércoles de noviembre y dejó tras de sí un vacío que su madre intentó llenar con preguntas. Preguntas que chocaron contra una pared de indiferencia en la comisaría de Santa Anita. «Seguro está con un noviecito», le dijeron, palabras que hoy resuenan como sentencia. No era la primera vez que el sistema le daba la espalda a una mujer; tampoco será la última, si seguimos permitiendo que esto ocurra.
La madre insistió, porque las madres siempre saben. Porque los silencios de sus hijas son gritos que las desvelan. Y aunque encontró pistas —mensajes, un nombre, una dirección—, el reloj seguía corriendo, y con cada minuto que pasaba, la posibilidad de un final diferente se desvanecía. Para la Policía, era solo otro caso más que esquivar. Para Elsa Torres, era su hija, su Sheyla, que no volvía a casa.
El hallazgo del cuerpo, días después, fue un golpe seco, brutal, que nadie debería experimentar. Encontrarla no fue un alivio; fue confirmar los peores miedos. Sheyla fue asesinada por Darwin Condori, un suboficial de la Policía Nacional del Perú, alguien que debía proteger, pero que en cambio se convirtió en verdugo. El detalle macabro de cómo se ocultaron sus restos no es lo más indignante, aunque es insoportable. Lo peor es todo lo que pudo evitarse.
Condori no era un desconocido para las autoridades. Tres denuncias de abuso sexual ya pesaban sobre él. Tres mujeres que hablaron, que gritaron su dolor, y no fueron escuchadas. ¿Qué se necesita para que alguien así sea apartado de un uniforme? ¿Cuántos gritos ignorados, cuántas señales pasadas por alto? La respuesta está en el silencio cómplice de quienes prefirieron mirar hacia otro lado.
No fue solo un feminicidio; fue una cadena de traiciones. Una institución que debía proteger y falló. Un sistema que dejó a Sheyla sola. Una sociedad que aún permite que ser mujer sea una condición de riesgo. El destino de Sheyla estaba marcado desde el momento en que quienes tenían el poder de actuar eligieron no hacerlo.
Y cuando todo parecía insostenible, la tragedia se volvió aún más oscura. Darwin Condori apareció muerto en un hostal, con una carta cuyo contenido aún no conocemos. Un cierre que no es cierre, una verdad que parece querer ocultarse. Las imágenes de policías manipulando la escena, de nuevo, dejan más preguntas que respuestas. ¿Fue suicidio? ¿Fue un encubrimiento? ¿Quién más está detrás de todo esto? Porque no nos engañemos: este no es un crimen aislado. Es un reflejo de un sistema corrupto que no solo protege a los culpables, sino que perpetúa la violencia.
Sheyla ya no está. Su madre no podrá abrazarla de nuevo, ni verla cumplir sus sueños. Pero su nombre sigue resonando, convertido en bandera de indignación y lucha. En las calles de Comas, las marchas claman por justicia, no solo para Sheyla, sino para todas las mujeres que han sido olvidadas por un sistema que las desampara.
Esta historia no debe ser un cierre, sino un comienzo. El Perú no puede seguir siendo un país donde las denuncias son desestimadas, donde los feminicidas llevan uniforme, donde las madres lloran solas. Sheyla merece justicia, sí, pero también merece memoria. Porque su muerte no puede ser en vano. Porque ella, como tantas otras, debe ser el grito que despierte a un país que no puede seguir dormido.
Luego de recibir un duro castigo que le impedía contratar con el Estado, la empresa Telefónica del Perú intentó lograr una reducción. Sin embargo, el Tribunal de Contrataciones del Estado no le dio la razón a la multinacional y deberá cumplir los 36 meses de sanción.
En agosto del año pasado, una noticia causó gran impacto debido a que involucraba sanción a una de las empresas más importantes y con mayor presencia en el país desde hace varias décadas que había recibido una muy dura sanción. Según se pudo conocer por aquellas fechas, Telefónica del Perú había quedado impedida de contratar con el Estado por un periodo de tres años.
Sin embargo, la poderosa multinacional no se quedó de brazos cruzados e intentó librarse de esta penalidad. Pero, a finales del mes pasado, el Tribunal de Contrataciones del Estado cerró esa puerta para Telefónica. Sudaca tuvo acceso a resolución que detalla los argumentos de la empresa de telecomunicaciones que han sido descartados y la obligan a continuar cumpliendo la sanción original.
DIPLOMA FANTASMA
Esta considerable sanción llegó como resultado de una irregularidad detectada enlos documentos que fueron parte de la “contratación de servicio telefónico de cobro revertido automático 0800”, un servicio que Telefónica le brindó al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y, por el cual, la empresa multinacional recibió el monto de aproximadamente cien mil soles en un proceso que data del año 2021.
En ese mismo año, la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares se comunicó con la Universidad Nacional del Callao para verificar que Jorge Luis Quispe Cruz, uno de los trabajadores involucrados en el proyecto, contaba con el “Diploma de Grado de Bachiller en Ingeniería Electrónica” que, supuestamente, había recibido en octubre de 1995.
Sorprendentemente, a los pocos días, la Universidad Nacional del Callao se pronunció y avisó que dicho diploma con esa fecha no existía y que, en los documentos correspondientes al año 1995, no figuraba ningún diploma a nombre de Jorge Luis Quispe Cruz, quien había sido presentado como personal clave dentro de la propuesta de Telefónica. Pero, además, Quispe Cruz ni siquiera había tenido un paso por esta casa de estudios.
Ante esta insólita revelación, Telefónica había solicitado un periodo de cinco días para llevar a cabo una revisión interna y presentar los descargos. No obstante, luego de ese periodo no existió ninguna respuesta ante lo que fue considerado como una “vulneración al Principio de Presunción de Veracidad por parte del Contratista, por presentación de documentación falsa”.
Como consecuencia, y sumado a que existían antecedentes de sanciones administrativas, el Tribunal de Contrataciones del Estado determinó que correspondía sancionar a la empresa Telefónica del Perú, en agosto del año 2023, impidiéndole contratar con el Estado por un periodo de treinta y seis meses.
NO SE RINDEN
La respuesta de la empresa de telecomunicaciones fue inmediata y presentaron un recurso de reconsideración en el mismo mes de agosto del 2023. No obstante, un mes después fue declarado infundado y, por lo tanto, la sanción entro en vigencia el día 20 de septiembre del año pasado.
Pero esta no fue la única vez que la poderosa trasnacional buscó evadir los tres años de sanción determinados por el Tribunal de Contrataciones del Estado. A finales del mes julio del presente 2024, Telefónica del Perú realizó un nuevo intento para librarse de la sanción que se impuso en su contra.
Alegando que la Ley General de Contrataciones Públicas aprobada recientemente indicaba que el periodo mínimo de sanción ya no era de treinta y seis meses, como estaba estipulado en el momento que se cometió la infracción, sino que sólo corresponderían veinticuatro meses, Telefónica pretendía un cambio en la penalidad que recaía sobre ellos. No obstante, la nueva resolución, amparándose en que dicha ley se encontraba en vigencia mas no en aplicabilidad, declaró no ha lugar esta nueva solicitud presentada por la empresa.
Pero este no fue el punto final de la historia. En un nuevo intento de librarse de la sanción que se les impuso inicialmente, la empresa Telefónica del Perú volvió a la carga el 30 de septiembre, cuando interpuso un recurso de reconsideración contra la resolución anteriormente mencionada teniendo como principal argumento que bastaba que la nueva ley esté vigente para que se pueda aplicar y, con ello, su tiempo de castigo se vea reducido.
Sin embargo, el resultado ha sido, nuevamente, adverso a los intereses de Telefónica. En esta nueva resolución, el Tribunal de Contrataciones del Estado le ha indicado a Telefónica del Perú no han aportado nuevos elementos que conduzcan a un desenlace distinto a los que habían obtenido anteriormente, como en la resolución del pasado mes de septiembre.
A ello se le ha sumado que la Ley General de Contrataciones Públicas, en la cual se pretendía amparar la multinacional de comunicaciones, le da la razón a la postura del Tribunal de Contrataciones del Estado y, con ello, sería imposible que la sanción de treinta y seis meses se modifique y se reduzca a veinticuatro meses sin poder contratar con el Estado.
El resultado de este nuevo intento de Telefónica de evitar cumplir con los tres años de sanción se pudo conocer el 18 de noviembre cuando la Resolución Nº 4552-2024-TCE-S6 del Tribunal de Contrataciones del Estado declaró infundado el recurso de reconsideración y dio por agotada la vía administrativa.
De esta manera, la historia parece haber concluido con una derrota para Telefónica que, increíblemente, a lo largo del caso intentó minimizar la gravedad de haber tenido a un trabajador sin la formación académicas que decía ostentar y al que, además, incluía como parte del personal clave, según se ha podido leer en los documentos de este caso que terminó con una poderosa empresa recibiendo una importante sanción.
El discriminador proyecto de ley con el cual Renovación Popular y el sector ultraconservador del Congreso pretende evitar que se apruebe la unión civil y busca que se siga negando la existencia de parejas del mismo sexo.
La última semana, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso fue protagonista de una de las noticias más inesperadas. Con doce votos a favor, los integrantes de esta comisión le dieron luz verde al proyecto de ley presentado por los parlamentarios Alejandro Cavero (Avanza País) y Martha Moyano (Fuerza Popular) con el cual la unión civil de parejas del mismo sexo estaría más cerca que nunca de concretarse.
Acorde a la ruta que se sigue en el Congreso, esta iniciativa legislativa deberá pasar a debate en el pleno y, en caso obtenga el respaldo mayoritario, se convertiría en una realidad que beneficiaría a un importante sector de la población que se encuentra desprotegido de una serie de derechos, como los derechos sucesorios y patrimoniales, la pensión de sobrevivencia y la posibilidad de administrar de forma conjunta bienes adquiridos durante la convivencia.
Aunque el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es una realidad en cerca de cuarenta países, incluyendo varios de Sudamérica, este proyecto de ley que no cumple con las mismas expectativas del matrimonio igualitario pero brinda una serie de derechos importantes ha generado un fuerte rechazo de los sectores más conservadores y discriminadores de la sociedad peruana. Incluso Fuerza Popular, la agrupación de una de las impulsoras de la iniciativa, ha manifestado que la mayoría de sus integrantes están en contra.
Sin embargo, entre lo más sorprendente de las reacciones que se han visto en estos días se encuentra el proyecto de ley con el cual el bloque ultraconservador del parlamento pretende responder a la unión civil y que incluye una indiscutible necesidad de ocultar la existencia de parejas del mismo género.
LA ALTERNATIVA
El pasado martes, la bancada de Renovación Popular presentó el proyecto de ley N° 9324/2024-CR. Con el título de “Acuerdo Patrimonial Solidario”, la iniciativa que tiene como autor al congresista Alejandro Muñante y cuenta con las firmas de otros cinco parlamentarios (Cheryl Trigozo, Miguel Ciccia, Jorge Zeballos, María Jaúregui y Noelia Herrera) propone una extraña alternativa con la que busca disuadir a sus colegas de ver a la unión civil como una necesidad.
El autor de esta polémica iniciativa ha señalado en su presentación que tiene como objeto“crear un régimen especial patrimonial mediante el cual dos personas puedan ejercer derechos y obligaciones de carácter patrimonial y asistencial” y lo describe como un “acuerdo de voluntades entre dos personas”.
En estos primeros puntos se puede observar una considerable diferencia entre este proyecto y el que presentó el congresista Cavero en el año 2022. Tal como se observa en la siguiente imagen que corresponde al proyecto del congresista de Avanza País, la iniciativa de la unión civil la reconoce como una institución constituida por dos personas que tienen el fin de compartir un proyecto de vida.
Además, mientras que la unión civil contempla la posibilidad de tomar decisiones médicas con respecto a su conviviente, el derecho a realizar visitas íntimas a centros penitenciarios, la posibilidad de asegurar a su pareja en un régimen de seguridad social con las mismas condiciones que conyugues o convivientes y muchos derechos más, la alternativa propuesta por Renovación Popular apenas les concede la chance de otorgarse herencia y el acceso a la pensión.
DE LO QUE NO SE HABLA, NO EXISTE
En el proyecto de ley presentado por Alejandro Muñante y que Sudaca ha podido revisar, apenas en el artículo 6, el cual se muestra en la imagen anterior, se hace mención a los derechos que tendrían quienes formen parte de este acuerdo patrimonial solidario, mientras que en cuatro de las nueve páginas se puede leer sobre los “peligros” de la unión civil.
Entre las insólitas advertencias que realizan los congresistas de Renovación Popular, una de ellas se enfoca en señalar que la aprobación de la unión civil llevaría a que ocurran cambios en las normas sociales y, por esta razón, se le puede considerar una amenaza a la estabilidad social.
Pese a que la intención detrás de este proyecto de ley sería ofrecer una alternativa para la comunidad LGTBI, los congresistas del partido celeste parecen no haberse podido contener y han dejado claro en estas páginas quela posibilidad de hablar de diversidad sexual y reconocer la existencia de parejas del mismo sexo es un tema que ellos ven como algo que “genera preocupación”.
Aunque agrupaciones políticas como Renovación Popular suelen tratar los reclamos de la comunidad LGTBI como la exigencia de privilegios y no de igualdad, entre los párrafos de la iniciativa legislativa propuesta parecen dejar muy claro que sólo las uniones entre personas heterosexuales tienen importancia en la sociedad peruana.
Cabe señalar que esta propuesta presenta como antecedentes a proyectos que, años atrás, fueron presentados por dos pastores evangélicos, como es el caso de Julio Rosas y Humberto Lay, y Martha Chávez, la excongresista fujimorista militante de las posturas más conservadoras de la iglesia católica.
“De lo que no se habla, no existe. Y lo que no existe, se margina”, dice el personaje de Valeria Vegas en una de sus líneas más recordadas en la popular serie ‘Veneno’, la cual relata la trágica historia de una mujer trans en la España de los años noventa. Lamentablemente, en pleno 2024, la respuesta de un sector del Congreso a la unión civil parece decir que parejas del mismo sexo es un tema prohibido, una realidad que se debe fingir que no existe yalgo que se debe marginar con leyes que parecen para ciudadanos de segunda.
Una serie de extrañas coincidencias despiertan sospechas en la Biblioteca Nacional por la contratación de un arquitecto que costará más de veinte mil soles.
Que en la Biblioteca Nacional del Perú se ha perdido el rumbo no es una novedad. En el último mes, Sudaca ha informado sobre la inexplicable decisión de nombrar como jefa institucional a Ana Peña Cardoza, una persona ajena al trabajo relacionado con el manejo de una institución de este calibre.
Pero el futuro de la histórica biblioteca parece ser más sombrío de lo que muchos podían prever. Sudaca ha accedido a nuevos documentos que no sólo relatan una sucesión de improvisaciones producto de la inexperiencia e ignorancia de quienes ocupan los principales cargos sino que estas personas incluso han empezado a utilizar el poder para beneficiar a sus conocidos.
UNA AMISTAD DE 22 MIL SOLES
Se suele decir que la amistad no tiene precio, pero, en algunas oportunidades, existen amistades que pueden llevarte a conseguir cuantiosos contratos de varias cifras. Esto es lo que parece haber ocurrido en la Biblioteca Nacional con el arquitecto Guillermo Pressiani, quien tiene una orden de servicio a su nombre por la cifra de veintidós mil soles.
Según la descripción del servicio por el cual Pressiani cobrará esta elevada cifra, la Biblioteca Nacional pagará los veintidós mil soles por un servicio de análisis y elaboración de lineamientos arquitectónicos para la mejora de la infraestructura, un trabajo que podrá llevar a cabo a distancia y con reuniones virtuales.
Sin embargo, lo más llamativo de la llegada de Pressiani a la Biblioteca Nacional es su sospechosa cercanía con los altos cargos como la jefa institucional, Ana Peña Cardoza, y el gerente general, Agustín Rodolfo Saldaña Murrugarra. En la siguiente imagen se puede observar que Pressiani tiene como amigos en la red social Facebook a Peña Cardoza y Saldaña Murrugarra.
A este dato se le sumó otra extraña coincidencia que se encuentra en la experiencia laboral del arquitecto. Al igual que Peña Cardozo y Salgaña Murrugarra, Guillermo Pressiani tuvo un breve paso por el cargo de asesor del despacho ministerial durante la gestión de Leslie Urteaga en el Ministerio de Cultura. Pero, además, Pressiani comparte con la jefa institucional un pasado en la Universidad de Piura.
A esto se le ha sumado que, acorde a fuentes consultadas por Sudaca, en las últimas semanas se han registrado, por lo menos, quince renuncias que incluyen principalmente a directores y jefes con experiencia en el sector que parecen no tener lugar con la gestión que ha tomado el mando.
¿UN CRIMEN EN LA BIBLIOTECA?
Pero en la Biblioteca Nacional también hay una novela de misterio y no nos estamos refiriendo a una de las que se pueden encontrar entre las obras literarias que albergan en el local de San Borja. Esta novela de misterio empieza con la inexplicable decisión de la jefa institucional al elegir a su nueva asesorade la Jefatura de la Biblioteca Nacional del Perú.
En nuestro país, numerosos funcionarios públicos de distintos sectores cuentan con la posibilidad de designar a personas en cargos de confianza. “Aquel que desempeña cargo de confianza técnico o político distinto al del funcionario público quien se encuentra en el entorno de quien lo designa o remueve libremente” es la definición más precisa que podemos encontrar con respecto a lo que viene a ser considerado un empleado de confianza.
Pero, lamentablemente, esta posibilidad ha sido utilizada de la forma incorrecta en más de una oportunidad y ,lejos de sumar a sus equipos de trabajo a personas que permitan llevar a cabo una tarea de forma eficiente, son muchos los casos de funcionarios que prefieren utilizar este poder para regalar puestos de trabajo a sus amigos y hasta para devolver favores.
En la Biblioteca Nacional, en lugar de optar por una persona vinculada con la bibliotecología o, por lo menos, alguien que cuente con experiencia en el sector cultura, Ana Peña Cardoza le ha entregado este puesto a una criminóloga, una persona que se dedica a investigar y estudiar la delincuencia para prevenirla y reducirla.
Fue el pasado jueves 7 de noviembre cuando esta polémica designación se hizo oficial tras su publicación en el Diario El Peruano y Keila Miroslava Garrido Gonzales entró a la Biblioteca Nacional para ocupar el puesto de asesora II de la jefatura que lidera la señora Ana Peña Cardoza.
Además, la trayectoria laboral de Garrido Gonzales demuestra que no se trata de una persona multifacética que ha combinado sus labores en el campo de la criminología con actividades que la hagan ver como una persona idónea para desempeñarse como asesora en la Biblioteca Nacional del Perú.
Acorde a la información sobre sus últimos trabajos, Keila Miroslava Garrido Gonzales se ha desempeñado estrictamente en un campo cercano con la criminología. Tal como se puede ver en su perfil de la red social LinkedIn, la recientemente designada asesora ha pasado sus años recientes en el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú.
Recién en octubre de este año, casi un mes antes de su designación como asesora, Keila Garrido tuvo su primer acercamiento con la Biblioteca Nacional. En esa oportunidad, se registró una orden de servicio por doce mil soles bajo el concepto de un servicio para la sistematización, análisis y gestión de proyectos para el despacho de la jefatura.
Los antecedentes de la actual administración de la Biblioteca Nacional del Perú y los casos detallados en este informe invitan a creer que no sólo existe un desconocimiento de la dimensión de la institución que representan sino que existe cierta impunidad para entregar cargos y contratos importantes a sus conocidos.
En Trujillo, dentro del área protegida que abarca el sitio arqueológico de Chan Chan, se desarrolló una alarmante situación: la construcción de una urbanización que amenazaba gravemente este patrimonio cultural de la humanidad. Esta intervención ilegal incluyó la delimitación de cientos de lotes, la instalación de postes eléctricos, la construcción de parques y hasta la habilitación de canchas deportivas, transformando un espacio intangible en un área habitada. Según los registros, estas actividades comenzaron alrededor del 2021, cuando se levantaron cercos perimétricos y se trazaron las primeras estructuras.
La urbanización, conocida como Pampas de Santa María y situada en el distrito de Huanchaco, se encuentra a escasos 560 metros de la huaca El Obispo, una imponente estructura piramidal que forma parte del Complejo Arqueológico de Chan Chan. Pese a su valor histórico y arqueológico, esta huaca no ha sido objeto de investigaciones profundas, lo que aumenta la gravedad del impacto de las construcciones cercanas.
Detrás de este proyecto se encontraba la Asociación de Vivienda Praderas de San Isidro, que promovió la venta de terrenos en la zona, a pesar de las advertencias del Ministerio de Cultura y de las acciones legales emprendidas. En julio de 2021, las autoridades habían solicitado un Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) para nueve hectáreas dentro de la zona protegida, con el objetivo de detener las actividades. Sin embargo, la asociación ignoró las restricciones y continuó avanzando con las construcciones.
Ante esta situación, la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público, lo que dio inicio a dos procesos administrativos sancionadores. Según declaraciones de Sandra Barrantes, directora del área de Defensa Legal de la DDC, la demolición de las estructuras ilegales dependería de los plazos establecidos para las ejecuciones coactivas, lo que podría extender el tiempo necesario para restaurar la legalidad en la zona.
El Ministerio de Cultura, por su parte, reforzó sus medidas para proteger el patrimonio arqueológico de la región. David Calderón De Los Ríos, director de la DDC La Libertad, anunció una serie de acciones, entre ellas el desalojo de ocupantes ilegales y el inicio de procesos penales y administrativos contra los responsables. Calderón también resaltó la importancia de la colaboración ciudadana, instando a la población a denunciar cualquier tipo de atentado contra los sitios arqueológicos mediante un formulario habilitado por el Ministerio.
Además de abordar las invasiones en Chan Chan, el Ministerio de Cultura destinó un presupuesto significativo para mejorar las condiciones de otro monumento clave del Complejo Arqueológico: la huaca Takaynamo. Con una inversión de más de dos millones de soles, se dio inicio a la construcción de infraestructura turística, como almacenes, laboratorios, servicios higiénicos, casetas de seguridad y un cerco perimétrico, todo con el objetivo de preservar el sitio y abrirlo al público en condiciones óptimas.
Entrada de la Zona Arqueológica de Chan Chan: Foto: Defensoría del Pueblo
Esta situación no solo puso en evidencia los constantes riesgos que enfrenta el patrimonio cultural del país, sino también la necesidad urgente de medidas más eficaces para proteger estos espacios únicos. Mientras se aguarda la resolución de las denuncias y los procesos judiciales, las autoridades continúan trabajando para garantizar que la historia y la herencia cultural de Chan Chan no sean destruidas por actos de negligencia e ilegalidad.
Urteaga invocó a no comprar terrenos ilegales
En su momento, Leslie Urteaga Peña, entonces ministra de Cultura, denunció las invasiones que afectan zonas arqueológicas protegidas como Chan Chan, en Trujillo. Durante su gestión, se reportaron 64 procesos administrativos y denuncias penales contra personas que se habían apropiado ilegalmente de terrenos dentro de áreas intangibles. Estas invasiones, impulsadas mayoritariamente por traficantes de tierras, generaron lotizaciones que fueron vendidas a compradores desprevenidos, pese a la imposibilidad de acceder a servicios básicos en estos espacios.
La Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad (DDCLL), en conjunto con la Policía Nacional, llevó a cabo múltiples desalojos de estas áreas invadidas, incluyendo Chan Chan y otros sitios arqueológicos importantes. Urteaga había subrayado que tanto el Ministerio de Cultura como la Procuraduría estaban comprometidos en sancionar a los responsables y detener estas prácticas que ponían en riesgo el patrimonio cultural.
Durante su mandato, también se enfocó en la conservación del patrimonio arqueológico. En Chan Chan, se implementaron medidas preventivas para proteger los muros más afectados de posibles lluvias y se realizaron acciones de restauración en diversas estructuras. Asimismo, se abordó la problemática de las casonas históricas deterioradas, aunque su intervención se veía limitada por el hecho de no ser de propiedad estatal.
En cuanto al turismo, la exministra impulsó proyectos en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para mejorar los servicios públicos en Chan Chan, único conjunto amurallado abierto al público. Estas iniciativas buscaban garantizar la preservación del sitio y promover su uso social, beneficiando tanto a los visitantes como a la comunidad local.
En la provincia de Sánchez Carrión, Urteaga también supervisó avances en la delimitación del Complejo Arqueológico Marcahuamachuco. Sin embargo, al finalizar su gestión, aún quedaba pendiente el saneamiento físico legal de aproximadamente el 45,5% del área.
Antes de dejar el cargo, Urteaga hizo un llamado contundente a la ciudadanía para que no adquiriera terrenos en zonas protegidas, recordando que estas acciones no solo eran ilegales, sino que también amenazaban el legado cultural del país.
El Ministerio del Interior pretendía comprar chalecos antibalas sin tener la seguridad que estos cumplían con los requerimientos de seguridad establecidos. Sudaca accedió a los documentos de esta polémica adquisición que iba a costar más de setecientos mil soles.
1732 es el número de homicidios que se han registrado en 2024 y también es el número que refleja el momento de terror que están padeciendo los millones de peruanos como producto de una crisis de inseguridad que, pese a los esfuerzos del gobierno para negarla, es una realidad ante la cual no parece existir una respuesta eficiente que le pueda poner un alto.
Si bien la lista de responsables ante esta escalada criminal es larga, resulta lógico que los reflectores apunten, principalmente, al Ministerio del Interior y a su titular, Juan José Santiváñez Antúnez. Sin embargo, el ministro, que cuenta con un 76% de desaprobación acorde a la encuesta realizada por Datum Internacional el mes pasado, parece estar más lejos que nunca de encontrar la solución a la ola de inseguridad que está golpeando al país y su ministerio se muestra, cada vez, más perdido.
Sudaca pudo acceder a una resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado que ha sido emitida en los últimos días y que pone al descubierto que el Ministerio del Interior, en un momento tan crítico como el actual, comete errores insólitos en asuntos claves como la adquisición de chalecos antibalas.
¿INDIFERENCIA O INCAPACIDAD?
El pasado 3 de junio, el Ministerio del Interior convocó a una licitación pública que tenía como objetivo adquirir chalecos antibalas y, para ello, se había estimado un valor de poco más de setecientos mil soles. Para el 9 de septiembre se presentaron las ofertas y el 24 de este mismo mes se anunció a quien había obtenido la buena pro.
Consorcio Sourcing Group Perú S.A.C. y Sourcing Group Corp habían sido los elegidos por el comité de selección para obtener la buena pro con su oferta de S/ 708 000.00 por los más de tres mil chalecos antibalas requeridos y que, según los documentos del proceso en cuestión, iban a estar destinados a las comisarías.
Sin embargo, en los primeros días de octubre, este proceso dio un giro inesperado al conocerse que existían falencias en la oferta presentada por Consorcio Sourcing Group Perú S.A.C. y Sourcing Group Corp. En los documentos que Sudaca pudo revisar, no fue el propio Ministerio del Interior quien se percató de esto sino Caddin S.A.C., otro de los postores, el cual presentó un recurso de apelación y solicitó que se declare no admitida la oferta que había recibido la buena pro por parte del comité de selección.
La razón por la cual se solicitaba que se tome esta medida resultó ser muy grave. Según la apelación presentada, las ofertas, para ser admitidas, debían incluir un “certificado de cumplimiento del estándar de resistencia balística NIJ 0101 06, emitido por el Instituto Nacional de Justicia de EEUU y Reporte de Pruebas completo que dio lugar a la certificación en mención, emitido por un laboratorio autorizado por el Instituto Nacional de Justicia de EEUU”.
Este certificado no es una simple formalidad sino que garantiza el nivel de protección que brindarán los chalecos antibalas y cuenta con un prestigio ganado a nivel mundial desde hace varias décadas. Increíblemente, el postor que ganó la licitación no lo tenía y el comité de selección no tomó en cuenta que no cumplían con este requisito.
Tal como se puede leer en la siguiente imagen, en la resolución se explica que el postor presentó un certificado que correspondía a un producto distinto al que el Ministerio del Interior estaba solicitando.“La certificación es por el modelo P3MM-GC y, no por el modelo AXIIIA-1 que requiere la Entidad”, se lee en el documento.
En esta apelación, además, se pone atención en la responsabilidad del comité de selección ante el no cumplimiento de los criterios establecidos para la presentación de ofertas en este proceso de licitación.
Por su lado, el Ministerio del Interior, a través de su director de la Oficina de Abastecimiento, responde a estos cuestionamientos intenta minimizar la ausencia del certificado de los chalecos antibalas señalando que, si se declara fundada la apelación, el costo de la contratación aumentaría en cuarenta mil soles. Además, agregan que los aspectos cuestionados “exceden la evaluación que realiza el comité de selección”.
Pero, en la Resolución Nº 4502-2024-TCE-S6, la sala que atendió este caso señaló que, efectivamente, el modelo ofertado por el postor al que le habían otorgado la buena pro no contaba con la certificación NIJ 010106 que era una de las exigencias señaladas en las bases del proceso.
En la referida resolución, el Tribunal de Contrataciones del Estado no exime de responsabilidades al Ministerio del Interior. Según explica, el comité de selección sí tenía la obligación de verificar la vigencia de la certificación debido a que las propias bases indicaban que debía ser de esa manera.
Por ello, el pasado 12 de noviembre, el Tribunal de Contrataciones del Estado se pronunció y determinó que correspondía “No admitir la oferta del Consorcio Sourcing Group Perú S.A.C. y Sourcing Group Corp” y, por consiguiente, se les revocaría la buena pro obtenida algunos meses atrás.
El desenlace de esta adquisición de chalecos antibalas no sólo expone la falta de rigurosidad en las compras de instrumentos de trabajo que, en tiempos tan violentos como los que está atravesando el Perú, son un elemento indispensable para policías que trabajan en las comisarías sino que también evidencia que quienes están a cargo de estas compras desconocen el trabajo que deben realizar.
Personajes cercanos al Sodalicio, un investigado financista del fujimorismo y hasta un dirigente vinculado con “Chibolín” aparecen en la lista de personas que integran la junta directiva y diversas comisiones de la Federación Peruana de Fútbol que estaba bajo la conducción de Agustín Lozano.
“Es imperioso que todo este inconveniente se resuelva lo antes posible y se respete el debido proceso, por el bien de todos, principalmente de las familias involucradas”, dicen las líneas del pronunciamiento de Paolo Guerrero, delantero del seleccionado nacional, con respecto a la situación de Agustín Lozano y otros miembros de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) detenidos en la última semana.
Sin embargo, pese a este tipo de publicaciones que parecía buscar, sin aparente éxito, que la opinión pública desarrolle algún tipo de empatía con estos dirigentes deportivos, el presente del máximo ente del fútbol peruano bajo la conducción de Lozano no invita a creer que la FPF esté en las manos adecuadas.
Sudaca revisó la lista de integrantes de la junta directiva así como de las comisiones y encontró grandes sorpresas en el historial de las personas que actualmente las integran y acompañan a Lozano en la conducción del fútbol peruano.
DIME CON QUIEN ANDAS…
Uno de los nombres que llama la atención en la junta directiva es el de Osías Ramírez Gamarra, quien es presidente del club cajamarquino UTC. Lo polémico con respecto a este personaje se encuentra en su incursión en la política. En el año 2016, Osías Ramírez integró la bancada de Fuerza Popular y su hermano, Joaquín Ramírez, ocupaba el cargo de secretario general de la agrupación liderada por Keiko Fujimori.
Osías Ramírez, que además de parlamentario fue financista del partido fujimorista, fue señalado como parte de un mecanismo de presunto lavado de activos que su hermano, Joaquín Ramírez, habría utilizado para blanquear el dinero que ingresaba al partido de Keiko Fujimori.
¿UN CONOCIDO DE CHIBOLÍN?
Otro de los personajes que integran esta junta directiva es Raúl Alexander Lozano Peralta, presidente del cuabro trujillano Carlos Mannucci e hijo de Yolanda Peralta, rectora de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO), y del exrector, Víctor Raúl Lozano Ibáñez. El nombre de este dirigente deportivo ha sido noticia en las últimas semanas y no por alguna victoria de su equipo sino porque ha sido involucrado con el caso de Andrés Hurtado.
Según un informe emitido por el programa “Beto a saber”, Raúl Alexander Lozano Peralta figura como dueño de la empresa Geoland Tours S.A.C. junto con César Gerardo Mercado Alvarado. La investigación hecha por este programa relata que esta empresa pagó 190 mil dólares por un terreno en Huanchaco que, tiempo antes, ese mismo terreno había sido adquirido por apenas diez mil soles.
Este extraño movimiento despertó más sospechas al tener en cuenta que César Mercado, socio del integrante de la junta directiva de la FPF, constituyó una empresa con el conductor de televisión Andrés Hurtado para la cual, extrañamente, sólo aportó doscientos cincuenta soles.
UN HISTORIAL QUE DEJA MUCHO QUE DESEAR
Reynaldo Lima Barrena, quien ocupa el cargo de vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Académico, cuenta en su historial con una grave acusación que data del año 2019. En aquella oportunidad, Lima Barrena era señalado de presentar, en su condición de presidente de la Departamental de Huancavelica, documentación de un partido de Copa Perú que nunca se jugó y que definía al primer y segundo lugar de la etapa departamental.
A esto se le suma un antecedente que data del mes de octubre, cuando se registraron protestas en Huancavelica en contra de Lima Barrena. El Club Unión Deportivo Calvario acusaba al presidente de la Liga Departamental de Huancavelica, quien lleva cerca de tres décadas en el cargo, de excluirlos de la Copa Perú de forma ilícita y, además, señalaban que Reynaldo Lima se quedaba con el 70% de la taquilla de los partidos.
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HASTA EL SODALICIO ESTÁ PRESENTE
El Sodalitium Christianae Vítae, más conocido como Sodalicio, es el nombre de una comunidad perteneciente a la Iglesia católica con tendencia ultraconservadora, pero también es un nombre que trae a la memoria un caso siniestro que incluye abusos físicos y psicológicos de menores de edad que hasta la fecha siguen luchando por obtener justicia.
Si bien esta historial parece no tener relación con el fútbol peruano, al revisar la lista de integrantes de la Comisión Electoral de la federación que Agustín Lozano encabeza, uno de los nombres que figuran es el de Claudio Cajina Samamé. Sudaca buscó el historial de este personaje y pudo encontrar que, en una publicación del Diario Expreso que corresponde al año 2017, Cajina Samamé ejerció como abogado del Sodalicio.
Pero una historia mucho más turbia sería la de Jesús Ary Alcántara Valdivia, quien es el presidente de la Comisión de Ética. En una investigación realizada por las periodistas Paola Ugaz y Raiza Arroyo, el abogado Alcántara Valdivia se ve involucrado en un caso de controversiales movimientos económicos hechos por el Sodalicio para sacar su dinero del país y no tener que pagar la reparación a sus víctimas.
Según esta extensa investigación, Jaime Manuel Baertl Gómez, uno de los pesos pesados del Sodalicio y recientemente expulsado por orden del Vaticano, tenía a Alcántara Valdivia como uno de sus abogados. Ugaz y Arroyo relatan que Baertl era acusado de idear “un sistema para defraudar al fisco para enriquecerse con su círculo más cercano”.
Es en este punto de la historia cuando Jesús Ary Alcántara Valdivia se ve involucrado debido a que había sido nombrado como único representante de Provindential Group Inc., una de las offshore adquiridas por el Sodalicio. La publicación de Paola Ugaz y Raiza Arroyo revela que, casualmente, a pocos meses de la publicación de un libro que relataba los terribles abusos que padecieron las víctimas, la offshore que tenía como representante a Alcántara absorbe el 59% de acciones y propiedades de la holding Inversiones San José, compañía en la cual se concentraba el patrimonio y pasaba el flujo de dinero del grupo cercano a Baertl Gómez.
CHOQUE Y EXCUSA
Hugo Virgilio Oré Morales figura entre los miembros suplentes en la Comisión Electoral de la Federación Peruana de Fútbol y, en noviembre del año pasado, se vio involucrado en un incidente que ocurrió en el distrito de San Borja y del cual trató de escapar con una burda excusa que, para su mala suerte, fue rápidamente descartada.
Según un documento que pudo revisar Sudaca y que corresponde a la municipalidad de este distrito, mientras Oré Morales conducía su vehículo Mercedes Benz habría incurrido en lo que fue calificado como “daños a los parques, jardines y bienes públicos”. Por ello, se había dispuesto queHugo Oré deba pagar S/. 2,475.00 de multa.
Lejos de asumir su responsabilidad y pagar el monto que le correspondía, el miembro suplente de la Comisión Electoral apeló alegando una serie de excusas. Según Oré, no había sido notificado, el que conducía su vehículo era un chofer y el árbol dañado no estaba correctamente protegido. Sin embargo, en agosto del presente año, su apelación fue declarada infundada debido a que excusas, como que no era él quien conducía, habían sido fácilmente desmentidas con pruebas.
Lejos de los puestos de clasificación al próximo Mundial, un rendimiento muy inferior a otros seleccionados en torneos de menores y participaciones olvidables en competencias de clubes como la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Sin duda alguna, el fútbol peruano atraviesa uno de sus peores momentos y, aunque los jugadores de la bicolor tengan una posición tibia y hasta de respaldo, la gestión de Agustín Lozano y quienes ocupan cargos en la FPF difícilmente darle un rumbo distinto al balompié peruano cuando pesan tantos cuestionamientos sobre sus historias.
En uno de los años más caóticos para la capital, el alcalde Rafael López Aliaga ha registrado, por lo menos, veinticuatro ausencias a su cargo sin brindar una justificación clara. Además, el teniente alcalde estaría siguiendo su ejemplo e incluso se ausentaría de sus responsabilidades los mismos días que el burgomaestre limeño dejando la Municipalidad de Lima en manos de una regidora.
“Lima, potencia mundial” se convirtió, allá por el año 2022, en uno de los eslóganes de campaña más ambiciosos en la lucha por el sillón municipal. Rafael López Aliaga y Renovación Popular fueron quienes se postularon como la opción capaz de cumplir con esta promesa que, incluso en época de elecciones, parecía muy difícil de llevar a cabo y más si se tenía en cuenta el pobre desempeño del candidato del partido celeste tanto en el debate como en diversas entrevistas.
A tan sólo dos meses de iniciar el tercer año de gestión de López Aliaga al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el compromiso de convertir a la capital en una potencia mundial no sólo parece un objetivo muy distante sino que el trabajo del alcalde y sus aliados de Renovación Popular en el Palacio Municipal han llevado a que Lima se convierta potencia en aspectos que están lejos de despertar orgullo.
Sudaca ha revisado documentos emitidos a lo largo de un 2024 que está por terminar y se ha podido observar que las palabras que más predominan en estos documentos son “licencia”, “encargar el despacho de la alcaldía” y “el alcalde se ausentará”. En este informe, Sudaca detallará las numerosas licencias pedidas por Rafael López Aliaga y las verdaderas razones detrás de las ausencias que lo alejaron de sus responsabilidades.
AUSENCIAS Y MENTIRAS
La primera de las ausencias del alcalde López Aliaga en 2024 se anunció para el 31 de enero y, tal como se puede ver en la siguiente imagen, el líder de Renovación Popular justificaba su inasistencia a la Sesión de Concejo Extraordinaria alegando “tener que atender actividades inherentes a su cargo”. No obstante,en las notas de prensa de la propia Municipalidad de Lima no se encuentra ninguna actividad que incluya la participación del alcalde en el 31 de enero.
Tan sólo un día después, Rafael López Aliaga vuelve a ausentarse de la sesión de concejo extraordinaria y, como es estipulado en la resolución N° 034, Renzo Reggiardo Barreto, el teniente alcalde, es designado para conducir dicha sesión.
Estas ausencias del alcalde López Aliaga en las sesiones de concejo se siguieron repitiendo a lo largo de todo el 2024 y siempre recurriendo a la excusa de tener “actividades inherentes a su cargo” pese a que, al buscar noticias sobre actividades en esas fechas, no figuraba nada relacionado.
Pero lo que sí figuran son entrevistas y conferencias de prensa en las cuales Rafael López Aliaga dedicaba su tiempo a enfrascarse en discusiones con sus enemigos políticos y que tenían lugar un día anteso hasta en el mismo día de las sesiones a las cuales el alcalde de Lima no podía asistir por, supuestamente, estar ocupado realizando actividades inherentes a su cargo.
Acorde a las resoluciones que ha podido revisar Sudaca, en lo que va del presente año, el alcalde Rafael López Aliaga se ha ausentado de su puesto en la alcaldía, por lo menos, en veinticuatro oportunidades alegando que tenía “actividades inherentes a su cargo”, “descanso físico”, un viaje a España y motivos personales.
En la resolución de alcaldía N° 106 fue una de las pocas veces que el titular de la Municipalidad de Lima brindó explicaciones con respecto a su ausencia. En aquella oportunidad, el alcalde limeño solicitó licencia para acompañar la candidatura de Lima como sede de los Juegos Panamericanos 2027.
MUNICIPALIDAD ABANDONADA
Pero el alcalde López Aliaga no ha sido el único que se ha permitido ausentarse y dejar de lado sus responsabilidades en numerosas oportunidades. El ejemplo del alcalde ha sido seguido por otra figura de mucho peso dentro de la Municipalidad de Lima, el actual teniente alcalde Renzo Reggiardo Barreto.
Acorde a los estipulado en la Ley Orgánica de Municipalidades, Reggiardo Barreto, por ser el teniente alcalde, es el designado para reemplazar al burgomaestre cuando este no se encuentre disponible para cumplir sus obligaciones. Sin embargo, Sudaca ha encontrado que, en varias oportunidades, Renzo Reggiardo se ausentaba de su cargo al mismo tiempo que el líder de Renovación Popular y, por esta razón, el manejo de la Municipalidad de Lima quedaba en manos de una regidora.
¿ALCALDE O CANDIDATO?
Este abandono del cargo por parte del alcalde se produce, además, en un año en el cual Rafael López Aliaga ha destinado una importante cantidad de su tiempo a retomar lo que sería su campaña presidencial con miras al año 2026. En los últimos meses, el político conservador ha sido visto en diversas regiones participando de mítines e incluso formando alianzas, como la que anunció el pasado mes de julio con Pedro Spadaro, actual alcalde del Callao, y su agrupación política.
Además, el alcalde de Lima ha aprovechado las oportunidades para ausentarse del despacho municipal para viajar a otros países, aunque durante estas excursiones, que lo han llevado a Europa y Estados Unidos, se le ha visto más interesado en acercarse a políticos con los que comparte ideología política, como con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,que en anunciar algún proyecto relevante para Lima.
Durante el mes de octubre, uno de los más críticos para el Perú y la ciudad de Lima por la crisis de inseguridad, López Aliaga fue visto en Miami y, aunque el alcalde sostuvo que este viaje fue para “solicitar apoyo al gobierno americano para el funcionamiento del tren de pasajeros de Chosica a Desamparados” y que su estancia en tierras norteamericanas fue por un breve lapso de horas, una imagen que subió a redes el cineasta Eduardo Verástegui mostraba al alcalde recorriendo una iglesia en Miami.
Se menciona últimamente el sensacionalismo cuando intentamos informar una noticia o un hecho que impacta nuestra sociedad. Lamentablemente no podemos ser mezquinos a la terrible realidad que afrontamos desde que asumimos nuestro rol de periodista y, no obstante, todos aquellos que de alguna manera salen adelante y que se ven intimidados o vulnerados por la inseguridad y el constante golpe a nuestra integridad.
Guardamino no mato, no robó y mucho menos realizó acciones negativas contra la comunidad de Quipan. Al contrario, defendió los derechos de sus representados con arduo trabajo e investigaciones que, al día de hoy, siguen siendo inconclusas.
Y no, no es una noticia sensacionalista poner en la palestra a una persona que no debió morir como pasó con Santiago Guardamino. Un hombre que es padre y deja huérfanos a sus hijos y una viuda que busca respuestas. Todo recae en un solo responsable que desde la comunidad de Quipan, los familiares y las investigaciones lo testifican.
¿Por qué matar a una persona justo un día antes que fuera a declarar al Ministerio Público?
Las cosas en la comunidad de Quipan ya no estaban bien, el mismo Guardamino lo advirtió. Se lo advirtió a su padre y a su esposa, pero el compromiso con su gente seguía intacto.
En ese fatal día ya venían amenazando a Guardamino que cesara las investigaciones contra la empresa Argüelles, sin embargo, continuó hasta esa noche que silenciaron su voz, pero su trabajo quedó en manos del Ministerio Público.
El 21 de junio de 2024, la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada abrió una investigación que colocó en el centro de la polémica a Pedro Guardamino Campos, padre del dirigente asesinado. Pedro presentó una denuncia contra empresarios, exfuncionarios públicos y especialistas del Ministerio de Ambiente, a quienes acusó de delitos como homicidio calificado, falsificación de documentos y usurpación agravada.
Entre los principales señalados figuran:
Aniceto Elvis Arguelles Loayza, socio de Industrias Arguelles y Servicios Generales SAC.
Karen Marianella Pasco Flores, gerente general de la misma empresa.
Abel Cruz Mosquera Ortiz, expresidente de la Comunidad Campesina de Quipán.
Elizabeth Ochoa Torres, ex especialista en impacto ambiental del Ministerio de Ambiente.
Gerson Guillen Arguelles, gerente general de la empresa Constructora y Servicios ALYM S.A.C.
La denuncia sostiene que estos actores se coludieron para apropiarse ilegalmente de 10,000 hectáreas de tierras comunales mediante la falsificación de documentos, simulación de ventas y sobornos a funcionarios públicos.
Uno de los puntos más críticos del caso es la adquisición fraudulenta de tierras comunales. Según la denuncia, el 12 de diciembre de 2016, Karen Pasco Flores compró 10,000 hectáreas por un precio irrisorio de 600,000 soles, a pesar de que su valor real ascendía a más de 5.5 millones de soles. Esta transacción se habría realizado con documentos falsificados y la complicidad de Abel Cruz Mosquera, quien entonces presidía la comunidad.
El objetivo era desarrollar el Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi, un vertedero de residuos sólidos que desde su construcción ha generado severos daños ambientales y afectado la salud de los residentes. Guardamino lideró múltiples denuncias contra Industrias Arguelles, acusándola de operar sin cumplir con los estándares legales y de haber causado contaminación en las fuentes de agua de la comunidad.
El asesinato: Silenciar a un líder incómodo
El 20 de marzo de 2024, Santiago Guardamino fue asesinado a pocas horas de presentar su testimonio ante el Ministerio Público. Este testimonio, clave para su denuncia de nulidad del acto jurídico que permitió la apropiación fraudulenta de las tierras, podría haber comprometido gravemente a Industrias Arguelles y sus socios.
La Fiscalía considera que el asesinato fue premeditado y directamente relacionado con su activismo. El hecho resalta las amenazas que enfrentan los líderes comunales en su lucha por defender sus territorios frente a intereses económicos y políticos.
