El Ministerio Público, a través de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Magdalena del Mar, San Miguel y Pueblo Libre, ha iniciado una investigación preliminar en torno a los presuntos delitos relacionados con el incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos en el marco del controvertido Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi. Este proyecto, vinculado a la disposición final de residuos sólidos, ha generado una serie de cuestionamientos legales sobre la competencia de las entidades que otorgaron las autorizaciones correspondientes.
El presunto incumplimiento de las normativas ambientales involucra a funcionarios del Ministerio del Ambiente (MINAM) y de la Dirección Regional de Salud de Lima (DIRESA-Lima). La denuncia fue presentada por Santiago Edgar Guardamino Gonzales, presidente de la Directiva Comunal de la Comunidad Campesina de Quispán, contra varios funcionarios, incluyendo a:
- Nancy Chauca Vásquez, Directora General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental del MINAM.
- Elizabeth Doris Ochoa Torres, Especialista en Valoración de Impactos Ambientales del MINAM.
- Ana Sofía Zegarra Ancajima, Coordinadora del Sistema Nacional de Gestión Ambiental del MINAM.
- Albino Eduardo Olivares Huapaya, Director Ejecutivo de Salud Ambiental de DIRESA-Lima, entre otros.
La denuncia alega que estos funcionarios actuaron en contubernio para desviar el procedimiento administrativo de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto. En particular, la acusación sostiene que el Gobierno Regional de Lima habría emitido la Resolución Administrativa N° 002-2019-DIRESA LIMA-DESA el 7 de noviembre de 2019 sin la competencia correspondiente, lo que afectó la correcta tramitación del EIA.
Según los documentos presentados en el proceso, la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental del Distrito Fiscal de Lima Norte recibió la denuncia y, en consecuencia, remitió copias al órgano encargado de la investigación. A través del Oficio N° 327-2024-MP-FN-FEMA-DF-LIMA NORTE, se procedió a iniciar una Investigación Preliminar por la posible comisión del delito de incumplimiento de las normas ambientales, previsto y sancionado en el Artículo 306 del Código Penal. La denuncia también incluye la acusación de Responsabilidad de Funcionarios Públicos por Otorgamiento Ilegal de Derechos (Artículo 314° del Código Penal).
Este último delito establece que los funcionarios públicos que, sin observar leyes, reglamentos ni estándares ambientales vigentes, autorizan el otorgamiento, renovación o cancelación de permisos, concesiones o licencias para actividades o proyectos sin la debida competencia, incurren en una falta grave, pudiendo ser sancionados con penas privativas de libertad.
En el transcurso de la investigación, se ha requerido al denunciante que presente el original o copia certificada de todos los anexos relacionados con la denuncia, así como también al Gobierno Regional de Lima y al Ministerio del Ambiente para que remitan los expedientes administrativos pertinentes. Entre estos documentos se encuentran:
- Resolución Administrativa N° 002-2019-DIRESA LIMA-DESA, emitida por la Dirección Regional de Salud de Lima el 7 de noviembre de 2019.
- Informe N° 105-2019-MINAM/VMGA/DGPIGA, emitido por el Ministerio del Ambiente el 14 de febrero de 2019, en relación al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi.
La fiscalía continúa la recolección de pruebas y la evaluación de los documentos requeridos, mientras que el proceso judicial sigue su curso con el objetivo de determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados y su posible infracción a las normativas ambientales.
El Artículo 314° del Código Penal establece claramente la responsabilidad de los funcionarios públicos en casos de otorgamiento ilegal de derechos, subrayando la importancia de que las autorizaciones y evaluaciones ambientales se realicen de acuerdo con las leyes y normativas vigentes. Este principio busca garantizar que las actividades humanas no solo respeten los derechos de las personas, sino también la sostenibilidad del entorno natural.
El proceso judicial en torno al Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi pone en evidencia la complejidad de la gestión ambiental y la necesidad de una actuación transparente y legal por parte de las autoridades competentes. El Ministerio Público continúa con la investigación para determinar las responsabilidades de los funcionarios públicos y el cumplimiento de las normativas ambientales. La transparencia, la correcta aplicación de la ley y la protección del medio ambiente son pilares fundamentales para el desarrollo sostenible del país, y el Ministerio Público se mantiene firme en la defensa de estos principios.
Si bien esto ha ocurrido sin grandes inconvenientes durante muchos años y ha mejorado a calidad de vida de quienes reciben el tratamiento, en los últimos meses se ha registrado una situación que pone en riesgo a quienes son VIH positivos debido a un nuevo error del Ministerio de Salud al momento de realizar compras.
Sin embargo, durante los últimos meses, las personas VIH positivos advirtieron un cambio que encendió las alarmas. “Desde febrero hubo un desabastecimiento desde Essalud. Ellos tampoco hicieron una compra debida para abastecer a los pacientes asegurados y habían muchos reportes que estaban cambiando el esquema a los pacientes sin avisarles”, comentó Joel Aranibar Castillo, quien se ha encargado de exponer la situación que están atravesando quienes requieren de dicho tratamiento.
A ello se le suma que en este documento se especifica queel uso de Abacavir requiere que la persona tenga una cara viral determinada. “Se recomienda contar con resultados de pruebas para saber si el fármaco no va a ser tan invasivo y el número de defensas va a poder sobrellevar esto”, explica Joel Aranibar al respecto.
