Informes

El Ministerio Público, a través de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Magdalena del Mar, San Miguel y Pueblo Libre, ha iniciado una investigación preliminar en torno a los presuntos delitos relacionados con el incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos en el marco del controvertido Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi. Este proyecto, vinculado a la disposición final de residuos sólidos, ha generado una serie de cuestionamientos legales sobre la competencia de las entidades que otorgaron las autorizaciones correspondientes.

El presunto incumplimiento de las normativas ambientales involucra a funcionarios del Ministerio del Ambiente (MINAM) y de la Dirección Regional de Salud de Lima (DIRESA-Lima). La denuncia fue presentada por Santiago Edgar Guardamino Gonzales, presidente de la Directiva Comunal de la Comunidad Campesina de Quispán, contra varios funcionarios, incluyendo a:

  • Nancy Chauca Vásquez, Directora General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental del MINAM.
  • Elizabeth Doris Ochoa Torres, Especialista en Valoración de Impactos Ambientales del MINAM.
  • Ana Sofía Zegarra Ancajima, Coordinadora del Sistema Nacional de Gestión Ambiental del MINAM.
  • Albino Eduardo Olivares Huapaya, Director Ejecutivo de Salud Ambiental de DIRESA-Lima, entre otros.

La denuncia alega que estos funcionarios actuaron en contubernio para desviar el procedimiento administrativo de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto. En particular, la acusación sostiene que el Gobierno Regional de Lima habría emitido la Resolución Administrativa N° 002-2019-DIRESA LIMA-DESA el 7 de noviembre de 2019 sin la competencia correspondiente, lo que afectó la correcta tramitación del EIA.

Según los documentos presentados en el proceso, la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental del Distrito Fiscal de Lima Norte recibió la denuncia y, en consecuencia, remitió copias al órgano encargado de la investigación. A través del Oficio N° 327-2024-MP-FN-FEMA-DF-LIMA NORTE, se procedió a iniciar una Investigación Preliminar por la posible comisión del delito de incumplimiento de las normas ambientales, previsto y sancionado en el Artículo 306 del Código Penal. La denuncia también incluye la acusación de Responsabilidad de Funcionarios Públicos por Otorgamiento Ilegal de Derechos (Artículo 314° del Código Penal).

Benjamín ZevallosEste último delito establece que los funcionarios públicos que, sin observar leyes, reglamentos ni estándares ambientales vigentes, autorizan el otorgamiento, renovación o cancelación de permisos, concesiones o licencias para actividades o proyectos sin la debida competencia, incurren en una falta grave, pudiendo ser sancionados con penas privativas de libertad.

En el transcurso de la investigación, se ha requerido al denunciante que presente el original o copia certificada de todos los anexos relacionados con la denuncia, así como también al Gobierno Regional de Lima y al Ministerio del Ambiente para que remitan los expedientes administrativos pertinentes. Entre estos documentos se encuentran:

  • Resolución Administrativa N° 002-2019-DIRESA LIMA-DESA, emitida por la Dirección Regional de Salud de Lima el 7 de noviembre de 2019.
  • Informe N° 105-2019-MINAM/VMGA/DGPIGA, emitido por el Ministerio del Ambiente el 14 de febrero de 2019, en relación al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi.

La fiscalía continúa la recolección de pruebas y la evaluación de los documentos requeridos, mientras que el proceso judicial sigue su curso con el objetivo de determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados y su posible infracción a las normativas ambientales.

El Artículo 314° del Código Penal establece claramente la responsabilidad de los funcionarios públicos en casos de otorgamiento ilegal de derechos, subrayando la importancia de que las autorizaciones y evaluaciones ambientales se realicen de acuerdo con las leyes y normativas vigentes. Este principio busca garantizar que las actividades humanas no solo respeten los derechos de las personas, sino también la sostenibilidad del entorno natural.

El proceso judicial en torno al Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi pone en evidencia la complejidad de la gestión ambiental y la necesidad de una actuación transparente y legal por parte de las autoridades competentes. El Ministerio Público continúa con la investigación para determinar las responsabilidades de los funcionarios públicos y el cumplimiento de las normativas ambientales. La transparencia, la correcta aplicación de la ley y la protección del medio ambiente son pilares fundamentales para el desarrollo sostenible del país, y el Ministerio Público se mantiene firme en la defensa de estos principios.

Entre las investigaciones que se ha venido realizando a la concesionaria Innova Ambiental, la Municipalidad de Lima ha tenido diferentes observaciones con respecto a su trabajo en medio de esta problemática. Entre ellas, la Gerencia de Servicios a la Ciudad se ha visto señalada por atrasar el proceso de investigación y entrega de documentación. 

Esta misma oficina liderada por Paredes Ramos se vio envuelta en una denuncia que recayó en diferentes funcionarios, como:

  • Ana del Carmen Mendoza Chirichigno: A pesar de estar inhabilitada para ser contratada por el Estado, supuestamente actúa como asesora de hecho, influyendo en decisiones y dirigiendo a otros funcionarios para favorecer a proveedores de su círculo cercano.
  • María Carolina Salas Bermejo: Jefa de la Oficina de Logística de la MML, implicada en el proceso de adquisiciones.
  • Lidia Carmen Burgos Rodríguez: Administradora de la Oficina General de Administración, acusada de coordinar acciones que fomentan la contratación directa de proveedores.
  • Liz Díaz Becerra: Jefa de la Oficina de Adquisiciones, bajo la mira por su papel en el proceso de compra.
  • Karina Jeniffer Blaz Correa y Giuliana Grisel Haggenmiler Gutiérrez: Especialistas de Logística, también subordinadas a Paredes Ramos.

Recordemos, además, que durante el periodo de Paredes se estaba solucionando el tema de Innova Ambiental y la clausura del Relleno Sanitario “Portillo Grande” cuya clausura la realizo la Municipalidad de Lurín después de un proceso de fiscalización. A pesar de estas diligencias, la Gerencia de Servicios a la Ciudad, tenia otras prioridades. 

Además, como se ha venido advirtiendo durante los meses de su gestión, no se ha visto interés por parte de la MML para acelerar los procesos e investigación de la concesionaria. Mas bien, se ha visto un interés por mantener a la concesionaria dentro de Lima, pero ¿Con que fin? 

Parece que los funcionarios que trabajan con Lopez Aliaga son fichas que trabajan bajo ordenes y segundas personas. Como anteriormente se menciono, Paredes fue denunciado junto a otros funcionarios en medio de la reestructuración interna de la MML, específicamente después de que Pablo Armando Paredes asumió la gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental. Desde su llegada, se han registrado múltiples irregularidades que parecen sugerir un patrón de corrupción. Según la denuncia, Paredes Ramos ha utilizado su influencia para establecer un entorno de trabajo donde las decisiones de contratación se toman de manera opaca y con un marcado favoritismo hacia ciertos proveedores.

Continuando con la denuncia, la misma detalla que Lidia Carmen Burgos, bajo las instrucciones directas de Paredes Ramos, ha coaccionado a los empleados logísticos para que elaboren requerimientos de bienes y servicios bajo la modalidad de «contratación directa». Se alega que estos empleados han sido amenazados con despidos si no cumplen con las demandas de crear requerimientos específicos, facilitando así un sistema que favorece la corrupción.

La concentración de poder en la figura de Paredes Ramos es notable, ya que simultáneamente dirige la Gerencia de Servicios a la Ciudad y también supervisa el área de logística, encargada de controlar las contrataciones. Este cruce de responsabilidades plantea serias dudas sobre la posibilidad de que se realicen auditorías internas efectivas y objetivas, lo que podría facilitar el encubrimiento de irregularidades.

Ana del Carmen Mendoza Chirichigno ha sido descrita como la «asesora personal» de Paredes Ramos. A pesar de su inhabilitación, su papel como figura influyente en la toma de decisiones pone en evidencia la falta de control en el proceso de contratación de la MML. Su presunta participación en la creación de requerimientos que benefician a proveedores de su círculo cercano añade una capa adicional de complejidad y preocupación a esta situación.

Uno de los aspectos más controvertidos es la práctica de utilizar «contratación directa» para adjudicar contratos a proveedores específicos, lo que en muchos casos ha sido interpretado como un acuerdo clandestino entre funcionarios de la MML y ciertos contratistas. Esta modalidad, que debería ser utilizada en circunstancias excepcionales, ha sido denunciada como un vehículo para favorecer intereses particulares, socavando la integridad de los procesos de adquisición pública.

La presentación de esta denuncia penal subraya la urgente necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas dentro de la MML. Los ciudadanos de Lima tienen derecho a exigir que sus autoridades actúen con integridad y que los recursos públicos sean utilizados de manera responsable y eficiente.

La corrupción no solo perjudica la confianza en las instituciones públicas, sino que también tiene un impacto directo en la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. Las implicaciones de este escándalo podrían ser profundas, desde sanciones penales para los involucrados hasta una revisión completa de los procesos de contratación de la MML.

 

Benjamín Zevallos
SE EVIDENCIA ÓRDEN DE ANA MENDOZA CHIRICHIGNO, PERSONA INHABILITADA PARA CONTRATADAR Y GESTIONAR CON EL ESTADO

Una de las situaciones más inquietantes que refuerzan la denuncia penal en curso está relacionada con el posicionamiento de dos funcionarias: Giuliana Grisel Haggenmiler Gutiérrez y Karina Jeniffer Blaz Correa. Ambas, especialistas en logística, fueron reubicadas en la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental después de la llegada de Pablo Armando Paredes Ramos a su cargo. Anteriormente, estas funcionarias trabajaban en la Oficina de Logística.

El traslado de Haggenmiler y Blaz Correa a la nueva gerencia no parece ser una mera coincidencia. Según la denuncia, su colocación en estas posiciones estratégicas tenía como único propósito «elaborar y adecuar» requerimientos de servicios bajo la modalidad de «contratación directa». Esta práctica es cuestionable, dado que permite eludir los procedimientos de contratación más transparentes y competitivos.

Benjamin Zevallos
SE EVIDENCIA LOS MANDATOS DISPUESTO POR ANA MENDOZA, FUERON DE CONOCIMIENTO DEL GERENTE ENCARGADO DE LA GSCGA, PABLO ARMANDO PAREDES RAMOS

Los requerimientos que estas funcionarias preparan son luego enviados a través de correo electrónico o WhatsApp al personal logístico de las divisiones correspondientes. Este personal, a su vez, inserta los requerimientos en el Sistema de Gestión Documentario (SGD) de la MML. Posteriormente, deben obtener las firmas digitales de los jefes de división para continuar con el proceso.

Una vez que los requerimientos son firmados, son enviados a la Subgerencia de Servicios a la Ciudad, que los deriva a la Oficina de Logística. Aquí, la jefa de dicha oficina, María Carolina Salas Bermejo, junto a Liz Díaz Becerra, gestionan la suscripción y emisión de los contratos correspondientes, como órdenes de servicio u órdenes de compra.

 

Benjamin Zevallos
ANA MENDOZA CHIRICHIGNO, TENÍA INJERENCIA SOBRE LOS “PEDIDOS” O TAMBIEN CONOCIDOS, REQUERIMIENTOS DE DIVERSOS SERVICIOS, EN DONDE ESTA ÚLTIMA TOMABA LA DECISIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA PODER “DIRECCIONAR” LA CONTRATACION.

La reciente encargatura de Pablo Armando Paredes Ramos ha desatado una serie de irregularidades que han llamado la atención de las autoridades y la ciudadanía. El 7 de junio de 2024, a las 7:00 a.m., Paredes citó a todo el personal de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, así como de las subgerencias de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, en la Base Setame, ubicada en el Rímac. El propósito de esta reunión era presentar públicamente a Ana del Carmen Mendoza Chirichigno como su «asesora de hecho», una figura que, según la denuncia, representa un conflicto significativo debido a su inhabilitación para ser contratada por el Estado.

Mendoza Chirichigno no solo está inhabilitada, sino que también tiene un historial complicado, con múltiples procesos penales en curso por corrupción de funcionarios. A pesar de estas serias restricciones, ha estado ejerciendo una influencia notable dentro de la MML, dando órdenes y directrices a los jefes de las divisiones de la Subgerencia de Servicios a la Ciudad.

El papel de Mendoza en esta estructura parece estar alineado con intereses particulares, ya que se alega que su objetivo es crear «necesidades» que justifiquen contrataciones con proveedores cercanos a su círculo de amistad. Esto plantea serias preocupaciones sobre la integridad del proceso de contratación pública y la posibilidad de corrupción dentro de la MML.

Tags:

Funcionarios, Lima, MML, Municipalidad de Lima

El informe N.º 006-2024-2-0835-SCE revela que el comité de selección otorgó la buena pro a un postor que claramente no cumplía con los requisitos mínimos de admisión y calificación. Al revisar la documentación presentada, se encontró que la oferta carecía de una estructura de costos adecuada y que el certificado de vigencia del postor contenía datos incorrectos. Este certificado, al ser verificado, mostró evidencias de una posible alteración en su fecha de emisión, lo que pone en entredicho la integridad del proceso de selección.

Aún más alarmante es el hecho de que el postor no estaba debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), un requisito esencial que asegura que solo las empresas capacitadas y autorizadas puedan participar en la ejecución de obras públicas. Este incumplimiento es una clara violación de las normativas que rigen las contrataciones estatales y plantea interrogantes sobre la supervisión que realiza la Dirección Regional de Apurímac I, encargada de gestionar esta inversión.

Ejecución deficiente y falta de supervisión

La ejecución de la obra ha estado plagada de irregularidades. En la documentación presentada, se incluyó a un ingeniero residente que no contaba con la experiencia mínima requerida para supervisar adecuadamente los trabajos. Además, sorprendentemente, se ha constatado que la residente nunca participó en la ejecución de la obra, aunque su firma fue utilizada en varios documentos críticos, como las actas de entrega de terreno, inicio, culminación y conformidad de los servicios.

Este uso indebido de la firma de la residente es especialmente preocupante, ya que indica una falta de transparencia y ética en la gestión del contrato. Las actas firmadas por la residente no reflejan la realidad de los trabajos ejecutados, lo que plantea serias dudas sobre la veracidad de la información presentada por el contratista. Además, el director de infraestructura validó la conformidad de trabajos que, a todas luces, no cumplían con los estándares establecidos, lo que evidencia una grave falta de control y supervisión.

En el proceso de ejecución, la Contraloría identificó valorizaciones por más de S/ 28 mil por trabajos que no fueron realizados, lo que representa un desfalco significativo a los recursos públicos. Adicionalmente, se constató que se utilizaron materiales no contemplados en las especificaciones técnicas del proyecto original, y que estos cambios se realizaron sin el debido sustento o autorización.

El uso de materiales inadecuados no solo compromete la calidad de las plantas generadoras de oxígeno, sino que también afecta su funcionamiento y su vida útil, poniendo en riesgo la salud de la población que depende de estos servicios esenciales. Estos hallazgos resaltan la necesidad de establecer mecanismos de control más rigurosos en la ejecución de obras públicas, especialmente aquellas relacionadas con la salud.

A raíz de estas graves irregularidades, la entidad ha declarado la nulidad de la contratación y ha señalado la existencia de presunta responsabilidad penal en cinco funcionarios involucrados en el proceso. Este tipo de irregularidades no solo daña la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, sino que también retrasa el acceso a servicios de salud vitales, especialmente en un contexto donde el acceso a oxígeno medicinal es crucial para salvar vidas.

Es fundamental que la ciudadanía exija mayor transparencia en la gestión pública y que se tomen acciones concretas para evitar que estas irregularidades se repitan. La inversión en infraestructura de salud debe ser tratada con la seriedad que merece, asegurando que cada sol destinado a mejorar la calidad de vida de los peruanos se use de manera adecuada y responsable.

Igual ha sucedido en Tacna

La vicecontralora de Control Sectorial y Territorial, Susana Haji Shironoshita, informó ha emitido más de 25 informes sobre el proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipólito Unanue, el cual cuenta con una inversión total de S/ 633,486,450 hasta junio de 2024. Estos informes han alertado sobre diversos riesgos y situaciones adversas, además de identificar presuntas responsabilidades administrativas y penales en funcionarios públicos.

Las áreas de consulta externa y quimioterapia son fundamentales para la atención de pacientes, especialmente en un contexto donde la demanda de servicios de salud es cada vez mayor. Sin embargo, la falta de equipamiento básico pone en riesgo no solo la calidad de la atención, sino también la seguridad de los pacientes que dependen de estos servicios.

Se identificó responsabilidades penales y administrativas en ocho funcionarios del Gobierno Regional de Tacna. Estos funcionarios fueron hallados culpables de beneficiar al contratista de la obra con un pago que supera los S/ 17,441,317 por equipamiento médico que nunca fue entregado al hospital. 

Además, se detectó un pago injustificado de S/ 11,345,921 entre julio de 2019 y febrero de 2020, destinado a la adquisición de más de 2,200 equipos médicos especializados que debían haber sido implementados en el hospital. Esta falta de justificación en los pagos pone en evidencia un uso inadecuado de los recursos públicos y plantea serias dudas sobre la gestión financiera del proyecto.

Las sobrevalorizaciones en el proyecto podrían causar una afectación económica de aproximadamente S/ 2,145,318.47, en caso de que el Gobierno Regional de Tacna proceda con la selección para la ejecución del expediente técnico del saldo de obra. Estas sobrevalorizaciones son un indicativo de una posible mala gestión que podría repercutir negativamente en la financiación de futuros proyectos de salud.

La situación del Hospital Hipólito Unanue plantea un llamado urgente a la acción para garantizar que se corrijan las deficiencias y que se rinda cuentas a los responsables de estas irregularidades. 

La vigilancia y el escrutinio público son esenciales para asegurar que las inversiones en infraestructura de salud se traduzcan en mejoras reales en la atención a los ciudadanos. La Contraloría continuará monitoreando de cerca este caso y exhorta a los funcionarios a actuar con la transparencia y la ética que la ciudadanía merece.

La rendición de cuentas y la transparencia son pilares fundamentales para fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y asegurar que los recursos destinados a la salud pública se utilicen de manera eficiente y responsable.

Tags:

Abancay, contraloria, salud, Tacna

A pocas semanas de las elecciones en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el clima de tensión aumenta tras las sorprendentes tachas contra algunos candidatos. Sudaca conversó con uno de los docentes afectados y con el presidente de la Federación Universitaria de San Marcos que niega las arbitrariedades.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también conocida como la Decana de América, ha sido, por mucho tiempo, motivo de orgullo nacional por ser una de las universidades públicas más prestigiosas del continente. Sin embargo, las noticias que involucran a dicha casa de estudios en el último tiempo no parecen estar contribuyendo a esta buena reputación sino evidenciando un panorama crítico dentro de esta histórica universidad y, en esta oportunidad, las elecciones son el centro de la crisis.

ELECCIONES BAJO LA LUPA

La gestión de la rectora Jeri Ramón al frente de esta universidad ha estado marcada por un sinnúmero de polémicas, como su cercanía a agrupaciones políticas que han realizado constantes ataques a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

Durante el 2023, Sudaca informó que los constantes conciertos que se realizan en el estadio ubicado dentro del campus universitario no sólo dificultaban el desarrollo de las clases sino que el dinero que dejaba la realización de estos eventos no se utilizaba para beneficio de los alumnos. Además, Jeri Ramón fue señalada por avalar los cambios en los estatutos para que existan docentes eternos en lugar de incentivar el ingreso de nuevos talentos.

Sin embargo, en esta oportunidad los cuestionamientos se deben a situaciones que han ocurrido en las últimas semanas en el marco de las elecciones en las cuales docentes y alumnos votarán para elegir a los decanos y representantes para la Asamblea Universitaria, Consejo Universitario y Consejos de Facultad.

Una de las razones por las cuales este proceso electoral ha generado polémica se debe a los cambios hechos en el reglamento general del elecciones. Como se puede observar en la siguiente imagen, el Comité Electoral Universitario resolvió suspender la aplicación de algunos requerimientos para poder postular a ciertos cargos.

Cristian Rebosio

En el artículo 25° se señalaban los requisitos que debían cumplir quienes pretendían postular al cargo de decano y, tras lo que resolvió el Comité Electoral Universitario, se eliminó el acápite g, el cual les pedía tener una trayectoria académica y de investigación reconocida así como un determinado periodo en el cual se hayan realizado publicaciones.

Cristian Rebosio

También se registraron cambios en el artículo 26° que determinaba los criterios que debían cumplir quienes pretendían postular como representantes docentes ante los órganos de gobierno de la universidad. En este caso se eliminó el acápite que exigía haber ejercido la docencia por un tiempo no menor de tres años y, además, también fue removido el acápite relacionado con las actividades de investigación.
UNMSM
Lo más insólito de estos cambios fue que se produjeron el 10 de septiembre, apenas un día antes del 11 de septiembre, la fecha estipulada para la presentación de solicitudes de inscripción de candidaturas para los cargos que iban a estar en disputa en el proceso electoral que tendrá lugar el próximo mes de octubre.
Universidad San Marcos

Pero esta no ha sido la única situación extraña que ha generado una profunda desconfianza sobre la integridad de estas elecciones. Marcel Velázquez, quien es principal ydoctor en literatura latinoamericana, postulaba al decanato de la facultad de letras con la agrupación Letras en Movimiento y, para su sorpresa, el Comité Electoral aceptó una tacha a su candidatura por razones que Velázquez encuentra incomprensibles.

“La razón es que yo sigo ostentando el cargo de director de escuela. Cuando uno postula a la función de decano no puedes tener un cargo administrativo en la universidad y todos los que querían postular tenían que presentar una licencia”, explicó el docente universitario en declaraciones a Sudaca con respecto a la razón de la tacha a su candidatura.

Sin embargo, en la resolución que data del 9 de septiembre se puede leer que a Velázquez sí se le había otorgado la licencia necesaria para que su candidatura proceda sin mayor contratiempo alguno. “Me parece increíble que se haya presentado una tacha cuando el Comité Electoral podía verificar que sí cumplía con el requisito”, explica el docente universitario.
UNMSM

Para Velázquez, estos errores no son involuntarios sino que responderían a una estrategia por parte de quienes hoy manejan esta casa de estudios. “Siempre los procesos electorales en San Marcos han sido complicados. Lo que sorprende ahora es que haya una gran cantidad de tachas contra profesores que abiertamente formamos parte de la oposición”, expresó.

Además de Velázquez, otros de los afectados por estas tachas han sido Ricardo Cuenca, exministro de Educación, y la antropóloga y arqueóloga peruana Ruth Shady. “Quienes están en el gobierno de la universidad no están interesados en la calidad de la educación. Eso está probado por su actuación política en alianza con los congresistas para destruir la reforma universitaria y convertir a Suneduen un ente inútil”, denuncia Marcel Velázquez.

LA FEDERACIÓN DA EL OK

Pero en medio de estas denuncias de irregularidades ha llamado la atención la postura de la Federación Universitaria de San Marcos. Sudaca conversó con Hugo Pimentel, presidente de la FUSM, sobre la situación que vienen exponiendo docentes y alumnos de esta universidad sobre las próximas elecciones.

Pimentel ha valorado el rol que viene cumpliendo el Comité Electoral y ha señaló lo siguiente: “No he visto ninguna anomalía con respecto a las tachas”. “A veces, por  tal vez una forma de incapacidad, utilizan esto para atacar a la gestión de turno. Pero no he visto que se haya hecho una tacha arbitraria. No he sido testigo de eso”, declaró a este medio intentado refutar a quienes afirman que existe una campaña contra quienes son oposición de la gestión de Jeri Ramón.

El presidente de la FUSM sostiene que este tipo de afirmaciones podría deberse a elecciones que se llevarán a cabo más adelante. “Las elecciones decanales son un preámbulo para lo que son las elecciones rectorales y sabemos que los decanos que van a entrar van a jugar un papel fundamental. Se están utilizando diversas herramientas y dicen que existe una arbitrariedad y hay, supuestamente, un monopolio del poder y solamente hay una lista única”, afirmó Pimentel.

Hugo Pimentel también explica que “cuando se eligen a los comités es de forma aleatoria, no es que sean designados por amiguismo” por lo que no puede afirmar que estén en dichos cargos por orden de las autoridades actuales y enfatiza que “no ha habido ninguna anomalía. Si algunos pueden utilizarlo como persecución política es un arma para atacar a la actual gestión”.

Según el cronograma, la jornada electoral se llevará a cabo el próximo viernes 18 de octubre, pero las semanas previas parecen mostrar una clara fractura en la Decana de América que, sin lugar a dudas, está siendo considerablemente más grave a lo que se ha podido ver en años anteriores.

Tags:

Jeri Ramon, SUNEDU, UNMSM

Nuevamente el Ministerio de Salud parece haber cometido un error en las compras que perjudica la salud de los peruanos. En esta oportunidad, los afectados son aquellos que reciben tratamiento para el VIH y  ahora se encuentran bajo un riesgo innecesario.

La gestión de César Vásquez en el Ministerio de Salud sigue escribiendo lamentables capítulos caracterizados por errores tan insólitos que hasta parecen a propósito. En esta oportunidad, Sudaca pudo conocer el alarmante presente que están atravesando las personas que son VIH positivos y dependen de este ministerio para recibir tratamiento.

Cabe señalar que, tal como está establecido en la norma técnica de salud de atención integral del adulto con infección por el VIH, tanto el diagnóstico como tratamiento para las personas con VIH debe ser gratuito en los establecimientos de salud de todo el país y el Estado es el responsable de garantizar este derecho.

Cristian RebosioSi bien esto ha ocurrido sin grandes inconvenientes durante muchos años y ha mejorado a calidad de vida de quienes reciben el tratamiento, en los últimos meses se ha registrado una situación que pone en riesgo a quienes son VIH positivos debido a un nuevo error del Ministerio de Salud al momento de realizar compras.

CAMBIO POR INCOMPETENCIA

Según la norma técnica vigente, los medicamentos que se entregan como parte del esquema de primera línea son Tenofovir, Lamivudina y Dolutegravir, y que se combinan en una sola pastilla. Tras la realización de una prueba rápida y exámenes preliminares, los cuales constan de hemogramas y estudios que buscan conocer los niveles de linfocitos, hemoglobina, leucocitos y plaquetas, el Ministerio de Salud se debería encargar de entregar el tratamiento correspondiente para el periodo de tres meses.

Cristian RebosioSin embargo, durante los últimos meses, las personas VIH positivos advirtieron un cambio que encendió las alarmas. “Desde febrero hubo un desabastecimiento desde Essalud. Ellos tampoco hicieron una compra debida para abastecer a los pacientes asegurados y habían muchos reportes que estaban cambiando el esquema a los pacientes sin avisarles”, comentó Joel Aranibar Castillo, quien se ha encargado de exponer la situación que están atravesando quienes requieren de dicho tratamiento.

“En paralelo había algunos registros que en los hospitales Loayza e Hipólito Unanue se registraban cambios de esquemas. Sin avisarle al paciente”, relata Aranibar en declaraciones para Sudaca con respecto a esta situación que se empezó a replicar en diversos centros de salud que entregaban el tratamiento mencionado.

El cambio que se estaba realizando consistía en el uso de Abacavir, un nucleósido inhibidor de la transcriptasa inversa, en reemplazo del fármaco Tenofovir. Si bien una lectura superficial podría invitar a creer que sólo es un cambio que sigue teniendo como objetivo brindar un tratamiento eficiente, el uso de Abacavir no sólo representaría un retroceso sino un riesgo innecesario para quienes lo consumen.

Para ello se debe tener en cuenta que, si bien en la norma técnica se contempla el uso de Abacavir, esto recién ocurre cuando el Tenofovir está contraindicado. Esta precisión se debe a que los efectos secundarios del uso de Abacavir puede generar en el paciente una reacción de hipersensibilidad y causarle nauseas, dolor abdominal, fiebre e incluso la muerte, tal como se advierte en la norma técnica sobre el tratamiento para personas con VIH.

Cristian RebosioA ello se le suma que en este documento se especifica queel uso de Abacavir requiere que la persona tenga una cara viral determinada. “Se recomienda contar con resultados de pruebas para saber si el fármaco no va a ser tan invasivo y el número de defensas va a poder sobrellevar esto”, explica Joel Aranibar al respecto.

Cristian Rebosio

Aranibar también advierte con respecto a estos cambios basados en desabastecimiento que “no se puede cambiar a cada rato los esquemas, porque va a pasar que la personas se van a volver resistentes al tratamiento. Entonces,cuando quieras volver al tratamiento anterior, quizá tu cuerpo ya no sea adherente”.

No obstante, el cambio en el tratamiento se llevó a cabo sin tener en cuenta esta información y estuvo motivada porque, una vez más, el Ministerio de Salud no realizó una compra adecuada de medicamentos. Esto ha sido reconocido por Carlos Benites, Director Ejecutivo de Prevención y Control de VIH-SIDA, quien declaró a la prensa que el uso del tratamiento “está excediendo lo programado”.

¿CUÁL ES LA VERDAD?

Ante este panorama, diversas organizaciones convocaron a una manifestación en los exteriores del Ministerio de Salud para exigir que no se hagan estos cambios. Según la información que brindó el ministerio tras este plantón que tuvo lugar durante los últimos días de agosto, se iban a realizar las compras necesarias para que, desde septiembre, vuelva a estar disponible el tratamiento que corresponde según la norma técnica.

“Ese mismo día dicen que van a hacer las compra de dos millones para abastecerse y que al siguiente mes van a llegar los cinco millones restantes para completar el tratamiento de este año”, relata Joel Aranibar sobre los compromisos a los que el Minsa habría llegado tras la mesa de diálogo luego del plantón del 27 de agosto.

Sin embargo, tan sólo algunos días después, los centros de salud recibieron un correo en el cual anunciaban que se cambiaría el esquema del tratamiento antiretroviral y que para el cuarto trimestre se entregaría el tratamiento que contiene Abacavir pese a que el propio Ministerio de Salud había señalado que iban a abastecerse para completar el tratamiento que incluía al último trimestre del 2024.

Cristian Rebosio
“También dijeron que se hizo el pedido de compra para el próximo año”, comenta Joel preocupado y desconfiadoante la posibilidad que ese anuncio sobre las compras que les dijeron en agosto también sea incumplido y queden obligados a continuar con un tratamiento que no es el idóneo.

Sudaca conversó con  el médico e investigador Antonio Quispe Gutiérrez, quien ha cuestionado severamente la decisión del Ministerio de Salud con respecto al tratamiento para el VIH. “Están retrocediendo casi veinte años en terapia. Están dando el tratamiento con mayor cantidad de efectos adversos”, señaló.

Quispe Gutiérrez explica que el Minsa está utilizando fármacos que “habían caído en desuso” y agrega que “no hay ninguna ley o normal que permita el retroceso en el avance de las vías del tratamiento de los pacientes” por lo que califica como criminal la decisión que ha tomado el ministerio encabezado por César Vásquez.

Es importante señalar que quienes son VIH positivos no deben abandonar el tratamiento. No obstante, que el Ministerio de Salud no esté en capacidad de adquirir los fármacos más avanzados pese a que no existe una situación de escasez en su producción y venta a nivel mundial debería llevar a una revisión de un sector que, una vez más, falla en la compra de medicamentos y termina improvisando con la salud.

Tags:

Minsa, salud, vih

El 21 de junio de 2024, la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada dio inicio a una investigación que podría destapar una compleja red criminal. En el centro de este proceso se encuentra Pedro Guardamino Campos, padre de Santiago Guardamino, dirigente y presidente de la Comunidad Campesina de Quipan, quien presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra varios individuos, incluyendo empresarios, funcionarios públicos y especialistas del Ministerio de Ambiente. Los acusados, entre los que figuran Aniceto Elvis Arguelles Loayza y Karen Marianella Pasco Flores, están implicados en delitos de extrema gravedad como homicidio calificado, falsificación de documentos, usurpación agravada y otros.

Guardamino Campos señala como principal acusado a Aniceto Arguelles, socio de la empresa Industrias Arguelles y Servicios Generales SAC, y a Karen Pasco Flores, gerente general de la misma. Junto a ellos, otras figuras clave como Abel Cruz Mosquera Ortiz, ex presidente de la Comunidad Campesina de Quipán, y Elizabeth Ochoa Torres, ex especialista en impacto ambiental del Ministerio de Ambiente, se suman a una extensa lista de implicados. El abogado Miguel Facundo Chinguel, quien representa a Industrias Arguelles, también figura entre los denunciados.

Este entramado vincula a varias instituciones públicas y privadas, incluyendo organismos clave como la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos y el Ministerio de Salud. La denuncia sugiere una colaboración ilícita entre estos actores para cometer delitos graves, configurando así una organización criminal de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 30077 – Ley Contra el Crimen Organizado.

La Fiscalía, tras evaluar la denuncia, subrayó la importancia de abordar este caso bajo los lineamientos establecidos en la Ley Contra el Crimen Organizado. Dicha norma define como organización criminal a cualquier grupo de tres o más personas que, de manera concertada y coordinada, cometen delitos graves, tales como los denunciados por Guardamino Campos.

El Reglamento de las Fiscalías Especializadas establece que esta investigación, debido a su complejidad y gravedad, cae dentro de la competencia de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa, que se encargará de los casos que implican repercusión nacional y/o internacional, como el presente. La investigación abarca la posible vinculación de los acusados con delitos que impactan no solo en Lima, sino en otros distritos fiscales.

Este proceso judicial ha generado gran interés debido a la magnitud de los delitos denunciados y el perfil de los involucrados. Según la Ley Contra el Crimen Organizado, los delitos como el homicidio calificado y la falsificación de documentos son particularmente graves, ya que afectan de manera directa a la integridad de la ciudadanía y a la confianza en las instituciones públicas.

La denuncia también destaca la participación de funcionarios que, aprovechando sus cargos, habrían facilitado la realización de actividades ilegales. La inclusión de personal del Ministerio de Ambiente y de la Dirección Regional de Salud de Lima en la lista de acusados revela posibles actos de corrupción y abuso de poder.

Aunque la investigación está en sus primeras etapas, el Ministerio Público ha dejado en claro que este proceso será largo y meticuloso. La envergadura del caso demanda una atención especial para asegurar que se identifique y sancione a todos los responsables. A medida que avanza la investigación, se espera que salgan a la luz nuevos detalles que podrían profundizar las conexiones entre los acusados y otros actores tanto nacionales como internacionales.

Este caso ilustra, una vez más, la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado y la corrupción en el país. La labor de la Fiscalía será fundamental para esclarecer los hechos y garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia.

Tags:

Arguelles, Quipan, Santiago Guardamino

Jennifer Ludeña, la fiscal a cargo del caso de Edwin Oviedo y “Los Wachiturros de Tumán” se pronunció sobre las críticas que recibió por parte del exfiscalJuan Carrasco Millones y expuso lo que realmente ocurrió con el caso que le encargaron.

Días después de conocerse la ratificación de Edwin Oviedo y otros implicados en el recordado caso “Los Wachiturros de Tumán”, Jennifer Ludeña Meléndez, la fiscal que estuvo encargada de sustentar la acusación contra el empresario azucarero como presunto autor de los asesinatos de Percy Farro Witte y Manuel RimarachínCascos, se pronunció para defenderse de los cuestionamientos a su trabajo.

Durante el mes pasado, el Poder Judicial decidió absolver a Edwin Oviedo alegando que la Fiscalía no corroboró las declaraciones de los testigos que señalaban al expresidentede la Federación Peruana de Fútbol como el autor intelectual de los asesinatos de dos sindicalistas que ocurrieron en 2012 y 2015.

Sin embargo, las críticas a raíz de esta absolución se centraron en el trabajo de Ludeña Meléndez pese a que la investigación del caso había estado a cargo del exministroJuan Carrasco Millones. Por esta razón, la fiscal Ludeñaoptó por declarar a los medios y explicar en qué consistió su labor así como las falencias que encontró en la investigación que recibió.

“He emitido dos o tres informes porque advertí situaciones insalvables”, indicó Jennifer Ludeña con respecto a la investigación que recibió y explicó que “las carpetas que han llegado acá, ninguna ha llegado para que hagamos investigación”. Además, la fiscal dijo que “he tenido que desvincularme de sobreseimientos del fiscal que sí conocía el caso”, en referencia a las irregularidades y deficiencias en el trabajo hecho previamente por Carrasco Millones.

Previamente, Juan Carrasco se había pronunciado culpando a Ludeña por no haber defendido adecuadamente el caso y, ante ello, la fiscal de Trujillo dijo lo siguiente: “Toda mi actividad ha sido prolija, todos mis casos han terminado con sentencia condenatoria con mis propias investigaciones. No he tenido ninguna sentencia absolutoria, salvo en este caso, lamentablemente, y es porque no estuve a cargo de la investigación”.

Ludeña rechazó lo señalado por Carrasco y se refirió a otra de las versiones que se usaron para descalificar su trabajo. “Rechazo totalmente las afirmaciones que pueda hacer el doctor. Incluso ha hecho referencia a que yo tendría problemas con fiscales de Chiclayo, lo que es totalmente falso”, aclaró.

Con respecto a los pasos a seguir en el caso de Edwin Oviedo, Jennifer Ludeña anunció que apelará la absolución. “De que vamos a apelar, vamos a apelar. Porque tenemos que analizar cada punto de la sentencia”, dijo la fiscal y detalló que esta decisión se debe a que “conociendo toda la información que se ha incorporado a juicio he terminado convencida que sí tenía que emitirse una sentencia condenatoria”.

Tags:

Edwin Oviedo, Fiscalía, Juan Carrasco

A finales del pasado mes de agosto, la noticia sobre la absolución del empresario azucarero Edwin Oviedo de los asesinatos de dos sindicalistas que tuvieron lugar en 2012 y 2015 sigue dando que hablar por las groseras irregularidades que han rodeado este proceso  y que hoy ponen en el centro de la escena al exfiscal Juan Carrasco Millones tras la decisión en favor de Edwin Oviedo, que había sido vinculado con el recordado caso “Los Wachiturros de Tumán”.

El último jueves, el Poder Judicial ha ratificado la sentencia de absolución a Edwin Oviedo, quien había sido señalado como autor mediato de dos asesinatos. Junto con el empresario azucarero fueron absueltas otras cinco personas debido a que el Ministerio Público no pudo probar lo que señalaron en la acusación. 

LA ABSOLUCIÓN DE OVIEDO

Como se recuerda, la Fiscalía, con Carrasco Millones a la cabeza, acusó a Oviedo de liderar una red criminal y ser el autor intelectual de los asesinatos de Manuel Rimarachín Cascos y Percy Farro Witte, dos trabajadores de una empresa azucarera administrada por el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol.

La tesis de la Fiscalía, por la cual pedían cincuenta y dos años de cárcel, señalaba que Oviedo había ordenado estos asesinatos como venganza debido a que Rimarachín y Farro, en su rol de sindicalistas, habían coordinado protestas de su administración de la empresa azucarera Tumán. Fue por esta acusación que Oviedo terminó por dejar la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol a finales del año 2018 y pasó tres años cumpliendo prisión preventiva y arresto domiciliario.

Sin embargo, el mes pasado, el Poder Judicial decidió absolver a Edwin Oviedo alegando que la Fiscalía no corroboró las declaraciones de los testigos que señalaban al empresario azucarero como el responsable de dichos asesinatos y en las cuales Carrasco Millones se había apoyado para fundamentar la acusación. 

“Las solas declaraciones vertidas por estos testigos no pueden ni tienen la capacidad suficiente para enervar la presunción de inocencia”, ha sido lo que se señala en la resolución del juzgado y agrega que  “de las pruebas actuadas se tiene que tan solo se circunscriben a dichos sin una verificación objetiva de índole periférica que pueda dar certeza a los testimonios de los antes (colaboradores eficaces) indicados”.

Tras conocerse esta decisión, Sudaca conversó con César Nakazaki, abogado de Edwin Oviedo, quien señaló que el trabajo de Juan Carrasco “coincide plenamente con los intereses de estos malos empresarios” y que “ellos amenazaron a Edwin Oviedo que si intentaba ingresar a Tumán iba a pagar las consecuencias y esta fue la investigación que inventó el fiscal Carrasco”.

CARRASCO, EL REINCIDENTE

Pero, además, Nakazaki apuntó contra Juan Carrasco. “Se sabe sobre el trabajo poco prolijo del fiscal Juan Carrasco Millones y las colaboraciones eficaces porque fabrica pruebas. Él hace que una persona declare como colaborador eficaz y, sin ninguna corroboración, utiliza las declaraciones”, declaró el letrado a Sudaca.

Estas declaraciones no serían una simple opinión si se tiene en cuenta el historial del exfical Carrasco Millones que Sudaca ha expuesto en más de una oportunidad y que relatan numerosos casos en los cuales se ha hecho un uso indebido de las prisiones preventivas y los colaboradores eficaces.

Uno de los más recordados fue el de Juan Miguel Valdivia Goycochea, quien debió pasar cerca de tres años en prisión preventiva por, supuestamente, estar involucrado en lavado de activos y ser parte de una organización criminal. No obstante, casi una década después y con una investigación que terminó en 2018, Valdivia no fue acusado y lo más resaltante de dicho caso fue que Carrasco Millones habría utilizado informes con serias irregularidades para sustentar numerosas prisiones preventivas.

Miguel Ángel Nureña Sanguinetti fue otro de los que vivió un episodio de terror que involucraba a Juan Carrasco cuando, a finales del 2018, fue detenido porque, según le dijo el entonces fiscal, un colaborador eficaz  lo señaló como el testaferro del congresista Javier Velásquez Quesquén. Posteriormente, Nureña recuperaría su libertad, aunque la experiencia detenido lo marcaría tanto a él como a su familia debido a las irregularidades que existieron en el medio y la ausencia de un sustento razonable.

Tags:

Edwin Oviedo, Juan Carrasco, Poder Judicial

El Ministerio del Ambiente (MINAM), a través de la Dirección de Evaluación Ambiental y Autorizaciones en Residuos Sólidos (DEAA), ha emitido una carta dirigida al Gerente General de Innova Ambiental, el señor Marcelo Socoowski Azevedo. Esta tiene como objetivo solicitar un pronunciamiento oficial de la empresa con relación a la finalización del contrato de concesión del servicio de limpieza pública en el Cercado de Lima, declarado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

La comunicación de la DEAA está fundamentada en el Oficio Circular N° D000001-2024-MML-GSCGA (Registro MINAM N° 2024071131), mediante el cual la Municipalidad Metropolitana de Lima notificó la conclusión del contrato de concesión del servicio de limpieza pública que había sido gestionado por Innova Ambiental S.A. Este contrato fue esencial para la operación y manejo de residuos en el área del Cercado de Lima, incluyendo la gestión del Relleno Mixto Portillo Grande, una infraestructura clave en la disposición de residuos sólidos.

Para la Dirección de Evaluación Ambiental y Autorizaciones en Residuos Sólidos, es crucial obtener información detallada sobre las medidas y acciones adoptadas por Innova Ambiental S.A. ante la finalización de este contrato.

La razón de esta solicitud radica en la necesidad de evaluar adecuadamente el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental del Relleno Mixto Portillo Grande, el cual ha sido presentado por la empresa. Este programa es vital para garantizar que las operaciones de disposición de residuos sólidos cumplan con las normativas ambientales vigentes y minimicen cualquier impacto negativo en el entorno.

La finalización del contrato de concesión ya ha tenido graves consecuencias entre la acumulación de basura y la mala administración de la MUNILIMA con respecto a este caso. Innova Ambiental S.A. está llamada a proporcionar un reporte exhaustivo que detalle los pasos a seguir para asegurar una transición adecuada y un cumplimiento continuo de las normativas ambientales.

Los requerimientos del MINAM

En la carta dirigida a Marcelo Socoowski Azevedo, la Directora de la DEAA, Karina Patricia Takahashi Santos, enfatiza la importancia de una respuesta pronta y detallada por parte de Innova Ambiental. La información solicitada es fundamental para que el MINAM pueda cumplir con sus funciones de supervisión y control ambiental, garantizando así que las operaciones de gestión de residuos sólidos continúen desarrollándose de manera efectiva y conforme a la ley.

Innova Ambiental 

La Municipalidad de Lima no esta acelerando este proceso y el tan anhelado concurso publico prometido por el alcalde López Aliaga se encuentra mas lejos de nuestra realidad. Los vecinos exigen respuestas inmediatas. Sobre todo, porque preocupa la confusión de información que se esta propagando en los medios. Durante todo este proceso de investigación se ha tomado en cuenta las graves denuncias de contaminación que ha venido sacudiendo la salud de los vecinos de Lomas de Carabayllo.

A pesar de esto, y, ante el cierre y cambio de zonificación del relleno sanitario “El Zapallal” se ha venido denunciando y exigiendo la apertura de este para que se pueda recoger la basura. Sin embargo, nuestros lectores han podido seguir esta historia y ver la problemática que surgió por el funcionamiento de este lugar.

Tags:

INNOVA, Lima, Lomas de Carabayllo
x