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Contrataciones de excandidatos, favoritismos, trabajadores sin experiencia y hasta un involucrado en ascensos ilegales en la Policía son parte de la renovación laboral en la Municipalidad de La Victoria. Sudaca revisó los documentos que exponen una táctica que se repite en los distritos bajo la administración del alcaldes de Renovación Popular.

El partido Renovación Popular se ha visto inmerso en polémicas casi desde su nacimiento y sus representantes, como el alcalde López Aliaga y quienes llegaron al Congreso de la mano de esta agrupación, han acaparado portadas en más de una oportunidad por su cuestionable accionar. Pero estos no serían los únicos funcionarios celestes cuyo trabajo despierta sospechas.

Junto con la popularidad de Rafael López Aliaga en las elecciones municipales del 2022, muchos representantes de su movimiento político salieron victoriosos. Entre ellos se encontró Rubén Cano Altez, quien postuló y ganó la alcaldía del distrito de La Victoria.  Sudaca revisó documentos correspondientes a las designaciones hechas desde su llegada al cargo y encontró una lista de personajes que ponen en duda el criterio y filtros usados antes de abrirles las puertas de esta municipalidad.

UN ACTO DE SOLIDARIDAD

Si bien es indiscutible que en Renovación Popular recuerdan con nostalgia las épocas pintadas de amarillo junto al exalcalde Luis Castañeda Lossio, tal como lo demostró el propio Rafael López Aliaga cuando develó una estatua en honor del exburgomaestre limeño, para el presidente de este partido resultó inevitable cambiar el nombre y los colores de su partido tras el estrepitoso fracaso en las elecciones parlamentarias del 2020.

Sin embargo, pese a que el partido intentó mostrarle al electorado que los aires de renovación habían llegado, la historia de Solidaridad Nacional no quedó en el olvido y un ejemplo de ello se puede encontrar en La Victoria. Por ejemplo, se puede encontrar que, entre las designaciones hechas por la actual gestión, se incluyeron a personas que fueron candidatos de Renovación Popular en la época que todavía usaban el nombre de Solidaridad Nacional.

Uno de los beneficiados fue Álvaro Maguiña Ballón. Como se recuerda, el exconductor del histórico noticiero “24 Horas” intentó, sin éxito, llegar al Congreso en 2020 de la mano de Solidaridad Nacional. Pese a que el partido cambió de nombre, Maguiña no habría dejado de ser alguien de interés para la agrupación política ahora conocida como Renovación Popular y, en junio de este año, la gestión del alcalde Cano lo eligió para ocupar el puesto de jefe de la Oficina de comunicaciones e imagen institucional. 

Cristian Rebosio 

Otro de los antiguos candidatos del partido amarillo devenido en celeste fue Derliz Factor Guzmán Tejada. El político que, representando al partido de López Aliaga, intentó convertirse en alcalde del distrito de Santiago de Surco en 2018 tampoco quedó en el olvido y fue designado, el pasado mes de abril, como gerente de desarrollo humano en la Municipalidad de La Victoria. 

Cristian Rebosio

ROTACIÓN MUNICIPAL

Entre las designaciones que revisó Sudaca, otro de los aspectos que llaman la atención fue la lista de personajes que han ido rotando por diversas municipalidades que, casualmente, están bajo la administración de alcaldes de Renovación Popular. Entre estos personajes afortunados se encuentra Hugo Fernando Valderrama Chávez.

En menos de un año, Valderrama Chávez ha sido subgerente de Ejecución Coactiva del Servicio de Parques de Lima (organismo de la Municipalidad de Lima), gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de La Victoria y subgerente de Fiscalización y Coactiva Administrativa en la Municipalidad de Barranco.

Cristian Rebosio

Aunque lo más cuestionable sobre Hugo Valderrama se descubrió durante su paso por la Municipalidad de Lima cuando ocupó el cargo de gerente de Fiscalización y Control y, acorde a lo expuesto por Diario Uno, no contaba con especializaciones relacionadas a sus funciones del cargo y ello derivó en un informe de Contraloría el cual señaló que el alcalde contrataba funcionarios sin experiencia. 

Otra de estas rotaciones se observó por partida doble entre las municipalidades de La Molina, en donde el alcalde es Diego Uceda y también integra las filas de Renovación Popular, y La Victoria. Tal como se puede observar en la siguiente imagen, el mismo día que la Municipalidad de La Molina acepta la renuncia de Janet Tatiana Piérola Robles, el 6 de octubre del 2023, la Municipalidad de La Victoria la nombra  gerente de Servicios de Administración Tributaria.

Cristian Rebosio 

En el caso de Jesús Vladimir Zaragoza Velezmoro, además de su cambio laboral entre dos distritos bajo el manejo de Renovación Popular, se puede ver un cambio radical de funciones de un distrito a otro. Mientras que en La Molina era gerente de Comunicaciones e Imagen Institucional, su llegada a La Victoria fue para que ocupe el cargo de subgerente de Programas Sociales y Salud.

Cristian Rebosio

CASTILLISMO PRESENTE

Aunque Renovación Popular se intenta mostrar como un partido radicalmente opuesto a lo que representa el expresidente Pedro Castillo, la situación parecer cambiar al momento de realizar designaciones. Increíblemente, la administración de Rubén Cano en La Victoria ha incluido a varios personajes ligados de diferentes formas al actualmente detenido exmandatario.

En esta lista aparece el nombre de Eginardo Diego Pérez Chávez, quien fue designado para desempeñarse como subgerente de operaciones de fiscalización en mayo de este año. No obstante, su nombre había adquirido notoriedad mucho antes cuando se supo que Pérez Chávez estaba entre los involucrados en el caso de los ascensos ilegales en la Policía ocurridos durante el gobierno de Castillo Terrores. 

Cristian Rebosio

Acorde al Ministerio Público fueron diez los beneficiados por con promociones indebidas en la Policía y en dicha lista figura el nombre de Eginardo Diego Pérez Chávez. La denuncia constitucional contra el entonces ministro de Defensa, Walter Ayala, indicaba que los involucrados “habrían realizado donativos económicos a favor del entonces presidente de la República, Pedro Castillo, tanto de manera directa como a través de terceros, por sumas que oscilarían entre veinte mil y cuarenta mil dólares”. En diciembre el año pasado estos generales pasaron al retiro.

La historia de Manuel Tafur Torres, quien hace unos días fue nombrado subgerente de operaciones de fiscalización, también se relaciona con el entorno del expresidente, más precisamente con quien ejerció su defensa legal, Luis Medrano Girón. Acorde a información publicada por el medio Infobae, Medrano Girón había sido incluido por la Fiscalía en el esquema de una presunta organización criminal denominada “Los Terribles de la Impunidad”.

Cristian Rebosio

Pero lo relatado en esta tesis fiscal involucra a Manuel Tafur Torres al señalar que este ofreció dar una coima al juez Emiliano Ramos Álvarez para que emita una resolución de sus conveniencia y este ofrecimiento habría tenido como intermediario a Luis Walter Medrano Girón. 

Si bien la llegada de una nueva administración a una municipalidad supone una serie de cambios, lo que se observa en estos distritos que se encuentran en manos de Renovación Popular parece indicar que en esta renovación laboral estarían primando los favoritismos y se estarían descuidando los filtros al momento de elegir a los nuevos funcionarios. Paradójicamente, cuando Cano Altez asumió la alcaldía, y antes de realizar estas contrataciones, había dicho “yo recibo una municipalidad endeudada, en crisis. Recibo un distrito en rojo, quebrado».

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La victoria, Renovación popular, Rubén Cano

Durante la Baja Edad Media, periodo que comienza en el año 476 tras el derrumbe del Imperio Romano de Occidente y termina diez siglos después con el descubrimiento de América, la invención de la imprenta y la caída de Constantinopla, el mundo sufre enormes transformaciones económicas, las cuales dan origen al Renacimiento y al comercio fluido entre el Extremo Oriente y las ciudades mediterráneas y flamencas.

El transporte del oro, de la seda y del marfil, entre otras riquezas requeridas por las clases adineradas de Europa Occidental, fomentaron la navegación, el ejército y la marinería profesionales y la industria de los seguros de bienes y transportes.

Siglos más tarde, cuando la China realiza su tránsito del feudalismo al capitalismo burocrático, los jerarcas de esa enorme nación deciden re construir la ruta de la seda, como se le llamó en la Baja Edad Media a la ruta elegida por los mercaderes de esos tiempos para intercambiar las riquezas de Oriente y de Occidente, con beneficios tangibles para los mercaderes, los transportistas, los militares y los dirigentes políticos.

Luego de varios años de crecer a un ritmo vertiginoso, la economía china -convertida por los capitales europeos y norteamericanos en la gran fábrica de manufacturas para el mundo- comenzó un proceso de decrecimiento de ese modelo de capitalización, basado fundamentalmente en la inversión de las compañías occidentales en una economía con una buena infraestructura, una seguridad jurídica a prueba de balas y, principalmente, una extensa e inacabable fuente de mano de obra barata. Además, por cierto, de un mercado de más de mil millones de personas.

Pero como nada dura para siempre, el idilio entre la vieja China y el joven e impetuoso capitalismo occidental ha sucumbido a la guerra comercial entre el gigante asiático y los Estados Unidos, que ya son rivales sistémicos y han ido levantado a lo largo de los últimos años numerosas barreras a los intercambios de bienes, servicios, personas y capitales entre ambos países.

Así las cosas, China cada vez invierte menos en el resto del mundo y el resto del mundo no es que invierta menos en China, sino que directamente está repatriando capitales desde el gigante asiático. A eso se suman la postergación del proyecto del nuevo Canal de Panamá a través de Nicaragua y la cancelación de la carretera transoceánica que uniría el Mar Pacífico y el Caribe colombianos.

Dejando de lado los proyectos que demandan inversiones enormes y dudosas rentabilidades, los jerarcas chinos -conocidos como los ancianos de Pekín- han decidido invertir en los países amigos y vecinos, como Vietnam y los demás integrantes de la comunidad indochina de naciones.

En relación con ese último comentario, la Unión Europea adoptó en 2019 una regulación para restringir la inversión extranjera directa cuando esta ponga en riesgo la seguridad o el orden público, en un intento de poner coto a las acciones de terceros gobiernos para desestabilizar el continente.

Como resultado de estas políticas, basadas en la creciente desconfianza entre Occidente y China, la eficiencia ha quedado relegada frente a la geopolítica como motor de las decisiones, y términos como resiliencia y autonomía estratégica ya definen el nuevo paradigma. Palabras al margen, lo cierto es que la segunda economía del mundo está empezando a aislarse de Europa y de los Estados Unidos… y estos de ella.

Viviana Rodríguez
«Ya lo dijo Napoleón hace 200 años; cuando China despierte, temblará el mundo. Es la economía que más está creciendo dentro de los países emergentes“.

En Perú

China invierte en varios sectores en Perú, destacándose principalmente en finanzas, minería y construcción. En 2020, la inversión china en el sector financiero fue de $370 millones, cifra que casi se triplicó para alcanzar $942 millones al cierre de 2022. En el sector minero, la inversión de China asciende a $157,8 millones.

A pesar de que la mayor inversión se da en finanzas y minería, la presencia de China en el sector de la construcción es muy notable, especialmente debido a su participación en grandes proyectos como el Megapuerto de Chancay. En este sector, China ha invertido $7,2 millones y ha participado en otras obras importantes como las minas Río Blanco y Pampa de Pongo, así como en la Hidrovía Amazónica.

El creciente control de China sobre la infraestructura crítica de Perú ha generado preocupación. Según un informe de The Financial Times, el gobierno peruano no está prestando suficiente atención a los beneficios y amenazas que conlleva la entrega de estos negocios fundamentales al régimen de Beijing. Michael Stott y Joe Daniels informaron que incluso una fuente cercana al gobierno peruano confirmó estas preocupaciones, las cuales fueron comunicadas por Estados Unidos. «El principal problema es que el capital chino ha adquirido electricidad, minería y otras compañías. Geopolíticamente hablando, las inquietudes de EE.UU. estarían justificadas», señaló la fuente.

Alianza Perú-China

En agosto de 2023, el embajador peruano en China, Marco Balarezo, destacó la sólida relación bilateral entre Perú y China, subrayando los fuertes lazos comerciales y de inversión. El embajador de China en Perú, Song Yang, afirmó que China espera que el puerto de Chancay se convierta en el «Shanghái de Perú».

La alianza comercial entre China y Perú ha generado preocupaciones en Estados Unidos, especialmente debido a la construcción de puertos de “doble uso” por parte de China, los cuales pueden servir tanto para el tráfico de carga como para reabastecer buques de guerra de la marina de Beijing.

El tratado de libre comercio (TLC) entre Perú y China, vigente desde hace diez años, ha facilitado el desarrollo económico mutuo. No obstante, Estados Unidos, competidor global de China, observa con inquietud el creciente protagonismo chino en Perú y Latinoamérica. Según Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es natural que EE.UU. se preocupe por esta situación.

Como decía el gran historiador británico Arnold J. Toynbee, “todos los imperios nacen, crecen, se desarrollan y, finalmente, mueren como consecuencia de sus contradicciones internas y de los acosos externos”. En esa lógica, habría que ver en qué momento de su ciclo vital se encuentran la vieja China, la relativamente madura Europa y Estados Unidos, que nació en una fecha tan cercana como julio de 1776.

Como esos ciclos son diferentes entre sí, y han llegado a niveles de desarrollo similares partiendo de tiempos distintos, es preciso esperar con cautela qué llegará primero: la desintegración de Europa y los Estados Unidos o la autodestrucción de la China milenaria.

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China, Economía, inversiones, Perú

Santiago Guardamino Gonzales, presidente de la Comunidad Campesina de Quipan, fue asesinado el 3 de abril de 2024 a las puertas de su hogar. Este crimen ha conmocionado a la comunidad y plantea serias preguntas sobre los motivos y las personas detrás del homicidio.

Guardamino había asumido la presidencia en un momento crítico para la comunidad, que se encontraba sumida en una crisis tras la venta fraudulenta de 10,000 hectáreas de terreno a la empresa Industrias Arguelles, Servicios Generales S.A.C. Esta venta se realizó durante la gestión de su predecesor, Abel Cruz Mosquera Ortiz, quien falsificó documentos y vendió las tierras a un precio irrisorio, mucho menor al valor real del terreno.

Frente a esta situación, Santiago Guardamino tomó medidas legales, presentando una demanda de nulidad del contrato ante el 4to Juzgado de Lima Norte y denunciando penalmente a la dirigencia saliente. Como resultado, Mosquera Ortiz fue condenado a cinco años de prisión efectiva en primera instancia, pena que fue reducida a cuatro años de prisión suspendida en segunda instancia. Este caso llegó hasta la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema (expediente N° 7399-2023), que debía resolverse después de la declaración de Guardamino programada para el 3 de abril de 2024.

La complejidad del caso se incrementa con la implicación de la empresa Industrias Arguelles en el proyecto del relleno sanitario “Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi”, que se desarrollaría en los terrenos adquiridos fraudulentamente. La declaración de Guardamino ante la Corte Suprema era crucial, ya que podía resultar en la anulación del contrato y la restitución de las tierras a la comunidad de Quipan. Sin embargo, su asesinato, perpetrado con nueve disparos, impidió que pudiera dar su testimonio.

Además del proceso penal, Guardamino había iniciado un proceso civil para anular la compraventa del terreno, estrechamente vinculado al resultado del caso en la Corte Suprema. La comunidad ahora enfrenta un futuro incierto, con la pérdida de su líder y defensor en un momento crucial de su lucha por la justicia y la recuperación de sus tierras.

La muerte de Santiago Guardamino no solo es una pérdida personal para su familia y comunidad, sino que también representa un golpe a la integridad de los procesos judiciales y la defensa de los derechos comunales. La pregunta que queda es: ¿quiénes se benefician realmente de este crimen y cómo se garantizará la justicia para Quipan?

Los rollos del problema

La empresa Industrias Arguelles y Servicios Generales S.A.C ha estado operando un botadero de basura llamado «Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi» en los terrenos adquiridos fraudulentamente de la Comunidad Campesina de Quipan. Este proyecto ha generado una serie de denuncias por parte del presidente de la comunidad, Santiago Guardamino, debido al daño ambiental y a la salud de los comuneros. Guardamino luchó incansablemente contra estas irregularidades, lo que finalmente le costó la vida.

Quipan

Para evitar que la comunidad recupere los terrenos como resultado del juicio de nulidad de acto jurídico, Industrias Arguelles simuló la transferencia de la propiedad como pago por un supuesto contrato impago a la empresa Constructora y Servicios ALYM S.A.C. Esta empresa es gerenciada por Gerson Guillen Arguelles, sobrino de Aniceto Elvis Arguelles Loayza, el principal socio de Industrias Arguelles.

El asesinato de Guardamino se produjo un día antes de que este acudiera al Ministerio Público para responder sobre su denuncia contra Industrias Arguelles por la nulidad del acto jurídico. La urgencia de su asesinato sugiere un intento de silenciarlo antes de que pudiera declarar y aportar pruebas cruciales en contra de los implicados. ¿Por qué Industrias Arguelles temía tanto su testimonio?

Guardamino había iniciado varios procesos legales contra Industrias Arguelles. Entre ellos, una denuncia penal por lavado de activos dentro de una organización criminal. Esta denuncia iba dirigida contra:

  • Aniceto Elvis Arguelles Loayza, socio principal de Industrias Arguelles
  • Karen Marianella Pasco Flores, gerente general de Industrias Arguelles
  • Abel Mosquera Ortiz, ex presidente de la Comunidad Campesina de Quipan
  • Gerson Guillen Arguelles, gerente general de la empresa Constructora y Servicios ALYM S.A.C.

En su denuncia, Guardamino afirmó que Karen Marianella Pasco Flores, bajo las órdenes de Aniceto Elvis Arguelles Loayza, adquirió fraudulentamente las 10,000 hectáreas de tierras de la comunidad por 600,000 soles el 12 de diciembre de 2016, cuando el valor real de las tierras era de aproximadamente 5,533,708.31 soles. Esta operación se realizó con documentación falsificada y en complicidad con Abel Cruz Mosquera Ortiz, el anterior presidente de la comunidad.

La documentación presentada por Guardamino revelaba que los 600,000 soles se pagaron mediante un cheque de gerencia, lo que, según él, formaba parte de una estrategia para ocultar el verdadero valor de las tierras y beneficiarse ilegalmente a costa de la comunidad.

La muerte de Santiago Guardamino no solo representa una pérdida trágica para su familia y comunidad, sino también un golpe significativo a la lucha por la justicia y la transparencia en Quipan. Este asesinato plantea graves preguntas sobre la integridad de los procesos judiciales y la capacidad de las comunidades para defender sus derechos frente a la corrupción y el poder corporativo.

Lo que se vino encima de la empresa y la justicia con los vecinos de Quipan

El 6 de mayo, la Sala Penal Transitoria de Lima Norte revisó y denegó un recurso de nulidad interpuesto por Abel Contreras, ex presidente de la Comunidad de Quipan, ratificando su condena por el delito contra la fe pública. Esta decisión, originalmente emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, fue en respuesta a las acciones ilícitas cometidas durante la gestión de Contreras, denunciadas por el fallecido Santiago Guardamino.

El asesinato de Guardamino, ocurrido un día antes de su declaración crucial ante el Ministerio Público, subraya la gravedad de su lucha contra la corrupción. Su testimonio tenía el potencial de invalidar el contrato fraudulento y devolver los terrenos a la comunidad, afectando directamente los intereses de Industrias Arguelles y su proyecto «Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi».

Quipan 

La comunidad de Quipan confiaba en Guardamino para enfrentar las irregularidades y recuperar la integridad de sus tierras. A pesar de su trágica muerte, la ratificación de la sentencia contra Contreras es un paso hacia la justicia, aunque queda mucho por hacer para proteger a los defensores de los derechos comunales y asegurar que sus sacrificios no sean en vano.

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Arguelles, Perú, Sala Penal

La historia detrás del impresionante ascenso en la carrera de Juan Carrasco Millones y las irregularidades y polémicas que lo acompañaron. 

La sorpresiva llegada de Pedro Castillo a la presidencia tras las elecciones del año 2021 también significó la llegada de nuevos personajes a la escena política nacional y entre ellos se encontraba el ministro Juan Manuel Carrasco Millones, quien estuvo al frente de los ministerios del Interior y Defensa.

Este abogado oriundo de Lambayeque había adquirido notoriedad en 2014 cuando estuvo al frente de un caso que terminó con la detención del entonces alcalde de Chiclayo y cerca de treinta funcionarios de su gestión que eran acusados de estar involucrados en lavado de activos.

Sin embargo, lo que ocurrió en los meses posteriores con este caso y muchos otros que involucraban directamente al fiscal Juan Carrasco Millones terminaron por sembrar un manto de dudas sobre las verdaderas intenciones del exministro castillista al ordenar las detenciones y coordinar operativos de gran impacto mediático.

INTERMIABLES IRREGULARIDADES

Si bien la detención de Roberto Torres, alcalde de Chiclayo, y los que habían sido involucrados con el caso “Los Limpios de la Corrupción” había sido tomada por la opinión pública como un golpe a la corrupción y hasta había logrado que la imagen de Carrasco Millones tome relevancia a nivel nacional al punto de pasar de ser un fiscal adjunto a un invitado de diversos programas de televisión, la realidad de este célebre caso escondía un sinnúmero de irregularidades que llevaron a que, años después, se ponga en duda lo que realmente se escondía detrás del operativo.

Uno de los primeros indicios de las irregularidades que habían ocurrido lo dio un funcionario cuyas declaraciones no sólo habían sido tomadas como las de un colaborador eficaz sino que, además, habían sido manipuladas. Jorge Matallana Peralta, quien trabajaba en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, relató que, usando como amenaza la posibilidad de terminar en prisión, fue forzado a firmar documentos con preguntas que no se le habían formulado.

Juan Carrasco Millones

Pero este no fue un caso aislado. Juan Manuel Valdivia Goycochea fue otro de los funcionarios acusados de pertenecer a la organización criminal y, como a muchos otros, pasó un largo periodo con prisión preventiva. Sin embargo, casi una décadas después, Juan Valdivia no ha sido acusado, aunque eso no cambia que debió pasar cerca de tres años de su vida tras las rejas.

Cuando el propio Valdivia decidió investigar lo que había ocurrido con este caso que le costó su libertad sin estar involucrado encontró una serie de situaciones extrañas en los informes de inteligencia que habían sustentado las detenciones de funcionarios. “Nos llegó la información que quienes estaban haciendo las escuchas legales estaban de vacaciones y no podían hacerlas”, cuenta Juan Valdivia.

El mayor Romel Agustín Díaz Paz y el teniente Víctor Javier Chafloque Oliden habían sido, supuestamente, los responsables de dichas escuchas. Pero, acorde a la información que brindó la propia OFINTERPOL de Chiclayo, el día que emiten el oficio dirigido al fiscal adjunto Carrasco Millones que permitió gestionar la detención preliminar, Díaz y Chafloque no figuraban en la lista de personas que estaban de servicio.

Cristian Rebosio

A ello se le suma una declaración que data del año 2019 y corresponde a Luis Enrique Farfán Silva, quien en 2014 se desempeñaba como jefe de la OFINTERPOL.  Farfán dijo desconocer el trámite del cuestionado informe de Chafloque y Díaz, y agregó que ellos no se encontraban bajo su mando. 

Cristian Rebosio

No obstante, el informe en cuestión incluía el sello y forma de Farfán Silva. Aunque el detalle que ha llamado la atención es la innegable diferencia entre las firmas del entonces coronel Farfán Silva en otros documentos del mismo año 2014 y aquel que afirma desconocer. El sello usado aquel 29 de septiembre también muestra diferencias de aquel que había usado en otros documentos debido a que omite su segundo nombre y agrega un “JEFE OFINTERPOL – CHICLAYO”.

Cristian Rebosio

OTRO CASO EMBLEMÁTICO BAJO SOSPECHA

Otra de las irregularidades en las que se vio involucrado Carrasco Millones se encontró en el caso que derivó con la detención del  exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, y un gran número de funcionarios de su gestión. Uno de estos funcionario era Nilton César Monje Sampen, quien se había desempeñado en varios cargos de confianza en la Municipalidad Provincial de Chiclayo tras la llegada de Cornejo a la alcaldía.

Tras su detención, Monje Sampen brindó una declaración que pocos esperaban. El 22 de diciembre del 2018, el exfuncionario reveló que, en una visita a la casa del alcalde, el propio Cornejo Chinguel le había contado que tenía un amigo en la policía que le advertía de los operativos hacia la municipalidad.

Cristian Rebosio

Pero , Monje no sólo expuso la existencia de este infiltrado sino que lo identificó como el comandante Romel Díaz y hasta que este aliado del alcalde incluso le había advertido que se estaban monitoreando sus llamadas y se jactaban, como de un gran logro, de haber frustrado un operativo a la Gerencia de Transportes gracias a la colaboración de este policía.

Cristian Rebosio

Este caso daría un giro inesperado el 28 de enero, cuando Nilton Monje Sampen realizó una extraña ampliación de declaración en la cual negó que Romel Díaz haya sido el nombre del policía que filtraba información. Monje alegaba que, debido a un cuadro de diabetes emotiva, se refirió a Romel Díaz sólo porque fue un nombre que había surgido en comentarios y, además, afirmó que no conoció a Díaz en persona e ignoraba el rango que ostentaba.

Cristian Rebosio

Si bien estos fueron los casos que llevaron a que la carrera de Carrasco Millones como fiscal tome mayor relevancia, los pormenores que salieron a la luz con el paso de los años demostraron que no sólo ocurrieron irregularidades sino que estas trataron de ser escondidas y que la motivación detrás de estos operativos no habría sido la lucha contra la corrupción.

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Fiscalía, Juan Carrasco

Hablar de la isla Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas en la región de Loreto, se ha convertido en el foco de tensiones diplomáticas y denuncias de abandono por parte del gobierno peruano. Según los datos obtenidos, estamos refiriéndonos a una población de aproximadamente 3 mil habitantes, este centro poblado enfrenta desafíos significativos en áreas críticas como educación, salud e infraestructura. Una situación caótica que se extiende por todo el país.

Los residentes de la isla, situada a ocho horas de viaje fluvial de la provincia Mariscal Ramón Castilla y a tres días de la capital más cercana, expresan un profundo sentimiento de abandono. Un pescador local destacó la necesidad de mayor firmeza por parte del gobierno peruano ante las humillaciones por parte de autoridades colombianas, subrayando el orgullo de ser peruanos y la urgencia de recibir apoyo para el crecimiento de su comunidad.

Ahora bien, en esta localidad solo existe una escuela, llamada República del Perú, cuya institución carece de suficientes vacantes y material didáctico, obligando a muchos a enviar a sus hijos a estudiar en Leticia, Colombia, o Tabatinga, Brasil. En términos de salud, la situación es crítica, ya que en emergencias los habitantes deben buscar atención en Brasil debido a la falta de personal médico y las constantes inundaciones que afectan el centro de salud local.

Sobre la situación fronteriza

El Ministerio del Interior ha intensificado el control en la frontera entre Perú, Brasil y Colombia para reforzar la seguridad en esta zona estratégica para el movimiento migratorio. Esta medida responde a recientes eventos que han resaltado la necesidad de una mayor presencia estatal en Santa Rosa. Los pobladores dependen en gran medida de la pesca y la agricultura, enfrentando dificultades para comercializar sus productos. La ausencia de un mercado local obliga a los residentes a consumir productos importados de Brasil y Colombia. La comunidad solicita la construcción de un mercado que permita el comercio en moneda peruana y mejore las condiciones económicas de la isla.

Como en varias partes del Perú, durante la temporada de crecidas del río Amazonas, gran parte de la isla puede quedar inundada. Los residentes necesitan apoyo para mejorar sus viviendas y enfrentar estos problemas recurrentes. Además, a pesar de la proximidad con Leticia y Tabatinga, áreas con alto comercio y turismo, Santa Rosa enfrenta un abandono que afecta su desarrollo potencial.

El personal de la Marina de Guerra del Perú realizó una acción cívica en la isla, brindando respaldo a la población en medio del impasse diplomático. Esta presencia es crucial para que los residentes se sientan respaldados por su país y puedan enfrentar los desafíos diarios con mayor seguridad y apoyo.

Sobre la problemática

El director de Soberanía Territorial de la Cancillería colombiana afirmó que la isla de Santa Rosa no pertenecía al Perú. Por ello, el gobierno emitió una nota de prensa a Colombia en respuesta a estas declaraciones. Las manifestaciones del funcionario colombiano no tienen ni respaldo ni fundamentos, y es que esta isla (situada en Perú) se encuentra también en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, ha sido un punto de fricción diplomática. La Cancillería peruana informó que, durante una reunión en Leticia, un funcionario colombiano afirmó que la isla «no pertenecería al Perú y que estaría ocupada irregularmente».

Benjamín Zevallos
Comunicado del Congreso de la República

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú convocó al encargado de negocios de Colombia para entregar la nota de protesta, reafirmando los derechos de soberanía y jurisdicción sobre la isla. Además, expresó su total respaldo a las autoridades democráticamente elegidas de Santa Rosa.

Iván Yovera, alcalde de Santa Rosa, declaró que las afirmaciones del funcionario colombiano fueron sorprendentes e indignantes, especialmente durante una reunión técnica en Leticia. Las relaciones diplomáticas entre Perú y Colombia han estado tensas desde que el Perú retiró a su embajador en Bogotá hace más de un año, en protesta por declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, consideradas como injerencia política.

El Congreso de la República también se pronunció, rechazando categóricamente las declaraciones del funcionario colombiano y clasificándolas como una «pretendida usurpación del territorio peruano». El congresista Guido Bellido solicitó acciones de supervisión en la frontera y el desplazamiento de las Fuerzas Armadas para defender la soberanía nacional.

Benjamín Zevallos
Acción del congresista Guido Bellido sobre la problemática

Al cierre de este informe se sabe que los dos gobiernos ya se encuentran solucionando esta problemática. Además, se sabe que desde el gobierno se extendieron las disculpas respectivas y, el gobierno peruano se ha visto satisfecho. Sin embargo, esta situación con Santa Rosa abre una serie de problemáticas que llaman la atención del Gobierno sobre sus prioridades

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Cancillería, Colombia, fronteras, Perú

En los mismos territorios donde hoy se matan diariamente sirios, iraquís e iraníes, hace más de cuarenta siglos, los babilonios y los mesopotamios que habitaban dichos territorios durante es época idearon un sistema que beneficiaría a los mercaderes de aquellos tiempos. Dicho sistema, que en nuestro tiempo se conoce como préstamo y aseguramiento, consistía en financiar a las caravanas que transportaban granos y especies de un lado y sedas y joyas del otro.

Según los historiadores, los financistas de tales operaciones entregaban sumas de dinero a los mercaderes, y estos dejaban terrenos, cabezas de ganado y edificios como garantía de la cancelación del crédito. Paralelamente, otros empresarios con iguales pretensiones y similares pedidos de garantías, avalaban las mercaderías, ejecutando las garantías en caso de pérdida de la mercadería, sea por robo, por naufragio o por cualquier fenómeno natural.

El sistema duró en su forma original hasta el Renacimiento, época en la cual las ciudades situadas en el norte de Italia y en los Países Bajos enriquecieron de tal manera que pudieron destinar enormes capitales a la tarea de financiar las caravanas de riquezas procedentes del Este, y protegerlas de pérdidas y de mermas mediante los seguros creados ad hoc.

A partir de entonces, dichas prácticas comerciales se transformaron en industrias dedicas a prestar dinero, a cuidarlo y a transformarlo en nuevo capital de trabajo. De esa forma, las jóvenes industrias se pusieron en la cola de los grandes conglomerados lanzados a la conquista del mundo.

 

Préstamos y seguros: dos industrias seguras

Con la llegada de la Revolución Industrial, el transporte de bienes manufacturados y de combustible sólido y líquido, léase carbón y petróleo, se convirtió en un flujo diario y constante en todos los mares, constituyéndose en un negocio en crecimiento exponencial. Así, mientras los productores de petróleo se consorciaron en un club llamado “Las siete hermanas”, que dominó nuestras economías hasta bien entrados los años setenta, las compañías aseguradoras se dedicaron a expandir sus negocios desde la protección de los navíos y de sus cargas hasta la creación de los seguros de salud, de asistencia médica, de curación y de hospitalización, los cuales convirtieron a ese rubro económico en el más rentable de todos, sobre todo cuando los directorios de los bancos y los de las compañías aseguradoras se entremezclaron, organizándose en verdaderos oligopolios de todos los servicios que tienen que ver con el dinero.

Hace unos días, Mariana Alegre, la periodista especializada en temas urbanísticos dijo en un diario local que, a los dos años de descubrir que una parte de su cuerpo estaba ocupada por un tumor canceroso muy maligno, las medicinas que lo atacaron y salvaron su vida están a punto de ser excluidas de la lista de medicamentos oncológicos, porque las compañías aseguradoras que se comprometieron por contrato a ayudarla a combatir cualquier enfermedad oncológica habían obtenido un fallo judicial que las exoneraba de tal obligación.

“Enfrentarse al cáncer o a cualquier otra enfermedad catastrófica ya es lo suficientemente difícil como para tener que lidiar, además, con obstáculos económicos”, dijo Mariana Alegre en un tuit donde reseña su lucha contra el cáncer y los poderes económicos que impiden que las grandes compañías aseguradoras cumplan con sus contratos.

(Un caso de la vida real)

La salud de don Carlos (60 años) se deterioraba con rapidez. Era cuestión de tiempo para que el cáncer de próstata que lo aqueja tomara rumbos insospechados. Se debía actuar ya, pero tenía un serio obstáculo: el medicamento Olaparib, ordenado por su oncólogo, no estaba disponible para él. ¿La razón? El seguro privado le negaba el producto porque alegaba que “no está incluido en la cobertura de su póliza. 

Claramente, querían desconocer lo que dice la Ley Nacional del Cáncer y su reglamento, especialmente el artículo 7 y el numeral 7.2, que precisa: “Las Iafas (Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud) privadas deben asegurar la integridad de la cobertura oncológica en las pólizas de seguros de salud, incluyendo los tratamientos reconocidos en las guías de prácticas clínicas internacionales, sin perjuicio de la condición del estudio clínico”.

Don Carlos buscó apoyo legal y logró que la aseguradora lo escuche. Luego de unos días, esta le ofreció financiar parcialmente el producto, con lo que seguía incumpliendo la ley. El paciente insistió y recién después de amenazar con hacer público el caso, la entidad aceptó comprar el producto, que le permite enfrentar de la mejor manera la enfermedad.

Como don Carlos, hay decenas de pacientes abandonados a su suerte, y podrían convertirse en miles y decenas de miles si no hacemos algo pronto. Muy pronto.

Al menos 21 medicamentos oncológicos aprobados por agencias sanitarias internacionales no están cubiertos por las aseguradoras que venden pólizas de salud en el país. A pesar de que las aseguradoras ofrecen seguros oncológicos integrales, muchos contratos incluyen excepciones que resultan en gastos adicionales de bolsillo para los pacientes y sus familias. Aquí se enumeran algunos de los medicamentos contra el cáncer que actualmente no están cubiertos:

Viviana Rodriguez

En las dos últimas décadas, se han desarrollado innovadoras medicinas contra el cáncer, como terapias biológicas, inmunoterapias y terapias celulares. Esto ha llevado a que los sistemas sanitarios de muchos países evalúen su costo y beneficio para incorporarlas en sus protocolos terapéuticos y compras públicas. Sin embargo, la mayoría de estos fármacos tienen altos precios debido a que son producidos por uno o pocos laboratorios y están protegidos por patentes. Por ejemplo, el costo de cada ampolla de trastuzumab, usada en terapias de cáncer de mama, oscila entre 1.800 y 5000 soles; una ampolla de bevacizumab, prescrita para el cáncer de colon, varía entre 700 y 3300 soles; y la unidad de ibrutinib, usada en tratamientos para leucemia, cuesta entre 500 y 800 soles.

En 2020, el Ministerio de Salud del Perú reconoció en un informe que el país tenía un retraso de 20 años en la actualización de las guías terapéuticas contra el cáncer. Recién en 2023, el Seguro Integral de Salud comenzó a cubrir algunos medicamentos oncológicos innovadores, como el ribociclib, usado contra el cáncer de mama.

El cáncer es una de las principales causas de muerte en Perú, con tasas de incidencia en aumento tanto en hombres como en mujeres. En 2023, se diagnosticaron más de 70 mil nuevos casos, y se estima que para 2025 más de 81 mil peruanos necesitarán tratamiento y cuidados paliativos.

El costo de una terapia oncológica en Perú sin seguro puede variar entre 200 mil y 450 mil soles, dependiendo del tipo y la etapa del cáncer, una cifra difícil de afrontar para la mayoría de las familias peruanas.

Víctor Palacios Dongo, exdirector de Prevención y Control de Cáncer del Ministerio de Salud, señala que el interés económico del sector privado es la razón por la que algunas aseguradoras no cubren ciertos medicamentos oncológicos innovadores, a pesar de que estos han demostrado su eficacia y cuentan con la aprobación de agencias regulatorias internacionales como la FDA, EMA, y Digemid.

Palacios Dongo se muestra sorprendido de la actitud de las aseguradoras, ya que en otros países sí cumplen con la ley y cubren estos medicamentos. Por su parte, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeps) afirma estar a favor de financiar tratamientos oncológicos, siempre que estos sean certificados.

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El Ministerio de Salud no sólo atraviesa su peor momento en términos de eficiencia sino que, además, la gestión del ministro César Vásquez parece estar decidida a tener como funcionarios a personajes sancionados, amigos de Boluarte y conocidos del partido de César Acuña.

Desde que Dina Boluarte asumió la presidencia del Perú en diciembre del 2022, para la mayoría resultaba evidente que su tiempo en el poder iba a depender de su habilidad para forjar una buena relación con el Legislativo, en el cual incluso había perdido el respaldo del partido con el que ganó las elecciones del 2021 junto a Pedro Castillo.

Pese a que un importante sector de la población reclamaba un adelanto de elecciones, Boluarte entendió que ese pedido carecía de popularidad en el hemiciclo y, además, notó que, ella y los parlamentarios, tenían un objetivo común que era quedarse en el poder hasta el año 2026. Claro que ese pacto tendría algunas condiciones, las cuales implicaban un Ejecutivo sumiso al Legislativo.

No observar las leyes aprobadas por el Congreso por más cuestionamientos legales que existan y el respaldo a la liberación de Alberto Fujimori ignorando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido algunos de los ejemplos de ofrendas de Boluarte al Congreso a cambio de su continuidad. Sin embargo, estos no serían los únicos métodos con los que la presidenta trata de ganarse el respaldo de los congresistas.

Desde hace un largo tiempo, para muchos ha sido evidente que Dina Boluarte no sólo ha tomado posturas favorables a Fuerza Popular o Renovación Popular, sino que también se ha mostrado cercana a Alianza Para el Progreso, la agrupación política de César Acuña. Esto quedó más expuesto al ver la cercanía entre ambos en eventos como en el cual Boluarte llamó “papá de La Libertad” a Acuña Peralta o cuando este último se mostró en contra de las investigaciones a Boluarte alegando que «investigar a la presidenta Boluarte genera inestabilidad».

Aunque, sin duda alguna, el momento en el cual quedó en evidencia la alianza entre Boluarte y Acuña ocurrió en junio del 2023, fecha en la cual César Vásquez, integrante de Alianza Para el Progreso, fue nombrado ministro del sector salud y, desde ese momento hasta la fecha, el Ministerio de Salud parece haber sido copado por designaciones cuestionables.

ANTECEDENTES OBLIGATORIOS

Encontrar designaciones cuestionadas en los ministerios ha dejado de ser, lamentablemente, como buscar una aguja en un pajar para convertirse en una noticia cotidiana. Pero en el Ministerio de Salud parecen estar determinados a superar a los otros ministerios en el número de contrataciones polémicas.

Con poco más de un año en el cargo, el ministro César Vásquez ha puesto su firma en numerosas designaciones que invitan a desconfiar de los filtros que usan en el Minsa al momento de contratar o, todavía peor, creer que están usando dicho ministerio como una especie de oficina de empleos para sus aliados y conocidos.

Uno de ellos sería Yosip Mejía Díaz. En el año 2023, su nombre apareció en los medios de región La Libertad debido a que César Acuña, gobernador regional, lo había nombrado como gerente regional de contrataciones pese a que no cumplía con todos los requisitos para este puesto. 

“Recursos Humanos estuvo evaluando bastantes expedientes”, fue la justificación que dieron para justificar este nombramiento. Pero esta excusa fue tomada con cierta cautela debido a que, casualmente, Mejía Díaz había sido hombre de confianza de Humberto Acuña Peralta, hermano del líder de APP.

Pero la suerte le volvió a sonreír a Mejía Díaz y fue, otra vez, de la mano de una persona cercana a Acuña. En octubre del 2023, con César Vásquez como ministro, Yosip Mejía fue designado ejecutivo adjunto en el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES), un cargo que dejó en febrero de este año para convertirse en ejecutivo adjunto de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa).

Cristian Rebosio

Otro de estos nombramientos extraños fue el de Percy Reátegui Picón, quien se convirtió en director ejecutivo de la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de Administración del Ministerio de Salud el 3 de octubre del 2023. 

Cristian Rebosio

Si bien es un nombre que a la mayoría no le resulta conocido, Reátegui Picón se vio involucrado en un escándalo el año pasado cuando se descubrió que Nelly Paredes, quien entonces era ministra de Agricultura, lo había contratado en un cargo por el cual llegó a ganar más de veinte mil soles y, para agravar esta historia, tanto Reátegui como Paredes omitieron el vínculo de consanguinidad en sus declaraciones juradas, según expuso un informe del canal Willax.

En esta lista de los elegidos por la gestión de César Vásquez también figura un involucrado en el escandaloso caso de Richard Cisneros, quien es más conocido como Richard Swing, y sus costosas contrataciones. Por aquel entonces, Lincoln Martín Matos Parodi ocupaba el cargo de Director General de la Oficina General de Administración del Ministerio de Cultura, cargo al que había llegado en agosto del 2019 y fue sometido a un procedimiento administrativo disciplinario luego que se dieran a conocer los onerosos contratos que había conseguido Richard Cisneros.

A Lincoln Martín Matos Parodi se le cuestionaba el no haber cumplido con ciertas exigencias que se debían de pedir para que procedan las órdenes de servicio y que, el no haber sido tomadas en cuenta, facilitaron el camino para Cisneros.

Cristian Rebosio

Producto de este proceso disciplinario, Matos Parodi recibió una suspensión por siete días y se dispuso que la sanción sea inscrita en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles por caso de Richard Swing, quien había conseguido el monto de S/ 175.400 en órdenes de servicio.

Cristian Rebosio

Claro que esto no fue un problema para que la actual gestión del Ministerio de Salud lo coloque en el puesto de ejecutivo adjunto en la secretaría general del Ministerio de Salud, cargo que ostenta desde junio de este año.

Cristian Rebosio

El caso de José Antonio Monzón Mendoza también agrava el perfil de contrataciones hechas por el Minsa. Una publicación de la ONG OANNES expuso que Monzón Mendoza había conseguido el puesto de  Director Regional de la Producción luego de mentir con respecto a su experiencia laboral. Según esta denuncia, Monzón Mendoza había colocado en su currículum que había sido jefe de Laboratorio de Control de Calidad de la Fábrica de Conservas y Harina Residual “Don Fernando SAC” pese a que no sólo nunca ocupó dicho cargo sino que nunca había trabajado en esa empresa.

Pero, en marzo del 2024, Monzón Mendoza fue designado por César Vásquez como director ejecutivo de la Dirección de Fiscalización y Sanción de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria.

Cristian Rebosio

NO ES LA PRIMERA VEZ

El historial de la gestión Vásquez en el Ministerio de Salud había sido cuestionada previamente por estas contrataciones de personajes con un historial que no era el idóneo. Meses atrás, el programa Panorama expuso que Juan Enrique Alcántara Medrano, la persona elegida para ocupar el cargo de secretario general del Minsa, era un amigo de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta.

A ello se le sumó que previamente había pasado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social cuando Dina Boluarte fue ministra y llegó a convertirse en subsecretario general de Palacio de Gobierno cuando la exvicepresidenta asumió la conducción del país.

Cristian Rebosio

Héctor Villavicencio Muñoz fue protagonista de otra de las designaciones que más indignación causaron en los últimos meses cuando una investigación realizada por Latina Noticias reveló que Villavicencio era un militante de APP que era investigado en Cusco por la compra de un lote en el Cementerio de La Almudena realizada por la familia del presidente del Congreso, Alejandro Soto, a un precio menor del establecido por la Beneficencia del Cusco, quienes tienen bajo su administración dicho cementerio.

Villavicencio Muñoz, quien era presidente de la Beneficencia del Cusco y se vio involucrado en este caso, fue designado el 14 de septiembre del año pasado como director general de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria con la anuencia de otro militante de Alianza Para el Progreso, como es el caso del ministro Vásquez.

Cristian Rebosio

El último domingo, Sudaca publicó el informe titulado El nuevo vacunagate en el cual se relataba la crisis en la vacunación desatada por la mala gestión del Ministerio de Salud y, si a ello se le suman estas designaciones controversiales, resulta innegable que la cuota de poder que el gobierno le ha cedido a César Acuña y APP está resultando muy costosa y poniendo en grave riesgo la eficiencia del ministerio encargado de velar por la salud de los peruanos.

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Una nueva y alarmante crisis con las vacunas pone bajo la lupa al Ministerio de Salud que, además, ha acumulado una serie de designaciones cuestionables durante la gestión de César Vásquez.

La salud de los peruanos se encuentra, nuevamente, bajo amenaza. En esta oportunidad, no es un virus con capacidad de escalar en una pandemia lo que despierta el temor de expertos y ciudadanos de a pie sino la indiscutida incompetencia de las personas que tienen en sus manos el destino del sector salud en el Perú.

Sudaca ha podido comprobar que la cobertura de vacunación contra diversas enfermedades presenta cifras alarmantes e inéditas. Además, a esto se le ha sumado que el Ministerio de Salud ha realizado una serie de designaciones en puestos importantes que han contribuido a la crisis de este sector.

JERINGAS VACÍAS

Aunque en los últimos años la palabra vacuna ha sido relacionada casi exclusivamente con el Coronavirus, la lista de enfermedades que se pueden prevenir o transitar con menor severidad gracias a las vacunas es larga. Para ello, se esperaría que el Ministerio de Salud incluya las compras de vacunas en su presupuesto anual y realice los trámites necesarios con la anticipación apropiada.

Sin embargo, la crisis del sector salud en el país parece haber llegado a un nivel de gravedad tan alto que hasta las decisiones más lógicas se han vuelto algo difícil de encontrar. Por ello, contra todo pronóstico, y pese a que desde hace un largo tiempo se anunciaba un invierno con muy bajas temperaturas que podía repercutir en las enfermedades respiratorias, el Ministerio de Salud no ha podido garantizar una cobertura de vacunación decente.

Esto se puede observar, por ejemplo, con la vacuna contra la influenza pediátrica dirigida a niños de seis meses en adelante. La cobertura en junio de este año se muestra considerablemente inferior a lo reportado en junio del 2023. Al separarlo por departamentos, los números son todavía más dramáticos y se puede encontrar que en Huánuco el porcentaje de vacunación no llega ni al 2%.

Cristian Rebosio

Una situación no muy diferente se puede apreciar con respecto al porcentaje de vacunación contra el rotavirus. Esta vacuna, que se suele dar en los primeros meses de vida y brinda inmunidad contra infecciones gastrointestinales, también registra números muy distintosa los que se habían logrado en 2023.

Cristian Rebosio

Incluso en el caso de las vacunas contra la polio y el sarampión, las cuales son claves en el calendario infantil de vacunación, se puede observar que del año pasado al actual existe una llamativa reducción en la aplicación de vacunas, un problema que aparentemente estaría relacionado a las escasez de estas como resultado de las malas decisiones del Ministerio de Salud.

Sudaca ha conversado con el médico epidemiólogo Antonio Quispe para conocer el origen de esta crisis que empieza a generar alarma. “No hubo vacunas contra influenza pediátrica en marzo ni abril. Llegó un lote pequeño en mayo y junio. En dos meses no hubo vacunas en todo el país”, explica Quispe.

Para el epidemiólogo, “la situación de programa de vacunaciones es crítica” y señala que el problema se debe a la mala planificación por parte del Ministerio de Saludcon respecto a las compras oportunas de vacunas. “La política que se ha implementado es volver a las compras por regiones. El ministerio de salud está jugando irresponsablemente con la salud de las personas”, agrega.

Antonio Quispe expone que las consecuencias de los malos manejos por parte del sector liderado por César Vásquez ya se empiezan a notar. “La consecuencia es que la gente muere. Está aumentando la tasa de mortalidad en personas de cuarenta a sesenta años a niveles que no se habían visto años anteriores”, comentó el especialista en declaraciones a este medio.

LOS RESPONSABLES DE LA CRISIS

Entre las razones que brindó el epidemiólogo Antonio Quispe se encontraba el complicado presente que viene atravesando el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES). Pese a que el ministro Vásquez lleva apenas poco más de un año en el cargo, el CENARES ha experimentado constantes cambios de director general.

Uno de los más sorprendentes se produjo el año pasado, cuando la gestión de César Vásquez nombró a César Edmundo Gálvez Pardave como director general el 21 de julio y, menos de dos meses después, el Minsa decidió cambiarlo por Jorge Grimaldo Ramírez Castillo el 6 de septiembre.


Los cambios en el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud no cesaron para este 2024 e incluso a los pocos días de la llegada del nuevo año, más precisamente el 5 de enero, se designó a Moisés Iván Guillén Cárdenas como nuevo director general. El último cambio en este puesto clave en la compra de medicamentos y vacunas se registró el 17 de mayo con el nombramiento de Juan Carlos Martín Castillo Díaz en reemplazo de Guillén Cárdenas.

En pocos años, Perú dejó de ser el país que pudo conseguir las vacunas necesarias para afrontar la pandemia en la época de mayor demanda para convertirse en uno que no ha podido realizar un trabajo de inmunización decente con vacunas que sí están disponibles para quienes las deseen comprar. Aunque un cambio de ministro no parece ser una posibilidad para el gobierno de Dina Boluarte en el corto plazo, el ministerio bajo la dirección de César Vásquez vuelve a encontrarse ante una crisis que amenaza la salud de los peruanos y fue generada por ellos mismos.

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Entre los años 3000 y 2850 antes de Cristo, el astrólogo y astrónomo egipcio Imhotep creó las bases de la Medicina, basando sus conocimientos en viejos estudios mesopotámicos y dejando una huella que llegaría hasta Hipocrates, tres milenios después. Pero no sería hasta la época del persa Avicena que la Medicina pasó de la simple elucubración al descubrimiento de la circulación de la sangre, la limpieza de los intestinos y la anatomía de los ojos.

Pero no fue hasta los inicios de la revolución industrial que la Medicina se convirtió en una ciencia con todos sus argumentos, descubriendo los anestésicos, los productos antisépticos y los antibióticos, los cuales permitieron eliminar los dolores y evitar las infecciones durante las intervenciones quirúrgicas.

A mediados del siglo pasado, los profesionales de la salud ya tenían acceso a una batería de productos que no solamente hacían más tolerables los procesos pos operatorios, sino la vida en general.

Por eso resulta increíble que el estado nacional no haya previsto “la crisis de medicamentos” que los gremios médicos anuncian desde hace varios meses. Más alarmante es el hecho que los medicamentos más escasos son los fármacos esenciales para los pacientes oncológicos, para los que sufren de tuberculosis y para quienes son portadores del virus que ataca a los inmunodeficientes.

El Colegio Médico Peruano responsabiliza al Ministerio de Salud y al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) por la alta rotación de sus funcionarios. Sin embargo, “el director de Cenares afirmó que ya está garantizado el abastecimiento para todo 2024, y que ya comenzaron los procesos de selección para las compras de 2025. Por su parte, el decano del Colegio Médico Peruano alertó que el país podría enfrentar una crisis debido a la falta de medicamentos esenciales en el corto plazo”. Informó a la ciudadanía que el nivel de abastecimiento a nivel nacional es de 85%.

Cenares participa únicamente en la compra del 20% de los medicamentos para hospitales nacionales, mientras que el 80% restante corresponde a adquisiciones a cargo de cada institución hospitalaria.

Viviana Rodriguez
El decano del Colegio Médico del Perú, aseguró que el sistema sanitario del país ha empeorado durante la gestión de César Vásquez, actual ministro de Salud.

Las carencias conocidas

Cuatro hospitales de EsSalud en Lima y Trujillo están enfrentando desabastecimientos de medicamentos cruciales para el VIH, según ha alertado el colectivo GIVAR, defensor de los derechos de las personas con VIH. Entre los medicamentos faltantes se encuentran cuatro esenciales, dos de primera línea y dos de “rescate”.

A pesar de las declaraciones del director general de Cenares, quien sostuvo que no hay desabastecimiento de Lopinavir+Ritonavir para el VIH, el Sistema Integrado de Suministro de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (Simed) del Ministerio de Salud ha desmentido esta afirmación, destacando una situación crítica en la disponibilidad de estos medicamentos.

“La escasez de estos fármacos afecta directamente a los pacientes que dependen de ellos para mantener su carga viral controlada y evitar el progreso de la infección. Los hospitales que se ven afectados por esta situación son puntos estratégicos de atención en la capital y en el norte del país, generando preocupación entre usuarios y defensores de la salud pública”, sostuvo el portavoz.

Según advirtió previamente Colegio Médico del Perú, habría una falta de insulina en cerca del 48% de nosocomios, así como también una ausencia de aminofilina en el 69% de los mismos.

El decano del Colegio Médico del Perú, lamentó situación que atraviesa el sistema sanitario que ha empeorado durante la gestión de César Vásquez, actual ministro de Salud.

Ello debido a carencias mostradas en materia administrativa que, finalmente, desencadenan en repercusiones a la salud de los peruanos. «Nuestro problema en el sistema sanitario tiene un problema crónico, ahora estamos peor porque esto se agudiza con problemas de gestión que finalmente repercuten en la salud de la población de todo el Perú».

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