Informes

El 1 de enero del 2018, seis internos armados del penal de Huacariz, en Cajamarca, intentaron fugar a bordo de una camioneta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Aunque lograron burlar la seguridad interna del penal, fueron intervenidos por personal policial que se encontraba en el exterior. Entonces se produjo un enfrentamiento a balazos, y un policía y un interno resultaron heridos. 

¿Cómo es que los reclusos obtuvieron armas dentro del penal y se hicieron con una camioneta? “No se descartaba la complicidad de algún agente del INPE”, decía proféticamente uno de los tantos periodistas que presentó la noticia en aquella oportunidad. Los agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ministerio del Interior se preguntaron lo mismo y empezaron a investigar.

Sus detectives determinaron que Luis Álvarez Rojas, Edwin Ortiz Marreros, César Carrasco Montoya y Hugo Blas Leyva, entre otros -todos agentes del INPE-, fueron los que planificaron y coordinaron el intento de fuga. Pero esa revelación era apenas la punta del iceberg.

El fiscal provincial de Cajamarca, Marco Terán Arribasplata, a cargo de las pesquisas, encontró que en este penal funcionaba una organización criminal integrada por directivos y trabajadores del INPE. La bautizó como “Los Piaras de Huacariz”. Las autoridades no solo exigían cupos a los presos a cambio de una variedad de servicios. Increíblemente, también los coaccionaban para que -a través de celulares brindados por los mismos agentes- realicen extorsiones a los ciudadanos de Cajamarca. Parte del dinero recaudado iba a los bolsillos de estos malos funcionarios públicos.

“Les cobraban por todo a los presos: por usar los teléfonos celulares que ellos mismos metían, por traficar con drogas, incluso hasta para utilizar los baños les cobraban. Todo tenía precio en este penal. Era muy corrupto. Es decir, los presos [también] estaban siendo extorsionados por funcionarios del INPE”, asegura el coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado Jorge Chávez Cotrina. Él participó del megaoperativo que se realizó el martes pasado, para arrestar a 21 miembros de esta presunta organización criminal. Solo 13 de ellos cayeron en aquella redada, de acuerdo a Chávez.

 

Hablan los testigos

La corrupción en [el penal de] Cajamarca es total, todos los alcaides [jefes de seguridad del penal] y supervisores entran a cobrar por la tenencia de celulares […] Ellos pasan y no sucede nada [no confiscan los celulares], pues todo ya está arreglado”, contó un testigo protegido a la Fiscalía sobre los cupos en el penal de Huacariz. Su relato está consignado en la resolución judicial que ordena las detenciones y a la que Sudaca tuvo acceso.

INPE
Declaración de testigo protegido sobre los cupos en el penal de Huacariz

Pero esta organización no solo estaba integrada por supervisores, alcaides o agentes de seguridad en general, como menciona el testigo, sino que todo ocurría con la venia de los mismos directores y subdirectores del penal, quienes obtenían una buena tajada de las coimas. 

“Para que un interno tenga equipo celular, al Supervisor se le pagaba S/5 [diarios], el Alcaide recibía S/10 por cada servicio, el Jefe de Seguridad recibía S/1.000 semanales, al igual que el Subdirector y el Director de dicho recinto penitenciario”, detalló otro testigo protegido.

La resolución también señala que los funcionarios usaban “medios coactivos, intimidatorios o violentos” para exigir a los internos que cometan “actos de extorsión [y estafa] en agravio de la ciudadanía”, y así obtener dinero para pagar los cupos a sus custodios. “Tú ponte las pilas, ya cómprate tu huaco [se refiere al celular], aquí tienes que pagar diario y semanal”, les decían los agentes del INPE a los internos, de acuerdo a la documentación judicial.

Según la tesis del fiscal Marco Terán, esta organización operaba al menos desde 2016, cuando Ismael Montenegro Álvarez ostentaba el cargo de director del penal de Huacariz. Luego lo sucedieron en el cargo Pedro Fernando Lazo Moreno y Percy Hugo Blas Leyva, quienes continuaron con el mecanismo delictivo. En el 2019, Edwin Ortiz Marreros, alias ‘Marrano’ según la Policía, asumió la dirección del penal y siguió cobrando las coimas. Para todos ellos se ordenó la detención preliminar.

De derecha a izquierda, los directores del penal entre 2016-2020: Ismael Montenegro Álvarez, Pedro Lazo Moreno, Hugo Blas Leyva y Edwin Ortiz Marreros. El último es sindicado como el líder según la Fiscalía.

La fiscalía descubrió, además, que esto no era nuevo para ‘Marrano’, sino que lo venía haciendo desde hace años, cuando fue subdirector del centro penitenciario entre 2016 y 2018. De acuerdo a la resolución que ordenó su captura, en esos mismos años también era el encargado de vender droga, la cual ingresaba al penal a través de ambulancias para luego comercializarla al interior de la cárcel.

Según la documentación, Ortiz cobraba en una semana normal S/100 a cada preso por la posesión de celulares, pero en Fiestas Patrias o Navidad, cobraba con ‘aguinaldo’ incluido y recibía unos S/500. 

Los testigos protegidos cuentan que, aprovechándose de su poder, una noche ingresó mareado al pabellón de mujeres para seguir tomando con las internas, a quienes acostumbraba tocarle las nalgas y hacerles propuestas indecentes o actos de connotación sexual.

 

Cobros crueles

Los agentes del INPE eran muy duros con quienes se negaban a pagar los cupos. A quienes no lo hacían, los agentes les “caían” de sorpresa mientras usaban los equipos celulares e informaban a la Fiscalía para que sean procesados por posesión indebida. Otra forma de intimidarlos era amenazarlos con llevarlos a las zonas de castigo -una de ellas conocida como “El Hueco”- o con sanciones injustificadas.

Los que sí accedían a pagar los cupos, en cambio, podían hacer “lo que les venga en gana, como estafar, extorsionar, etc.”.

En el Establecimiento Penitenciario Huacariz también se podían comprar celdas. Elegir una podía costar entre S/400 y S/1.000. El 2018, por ejemplo, la encargada de cobrar ese dinero para el director Hugo Blas Leyva, de acuerdo a la resolución judicial, era la Dra. Carmen Esther Guzmán Torres, jefa del Órgano Técnico de Tratamiento.

También se pagaba por el uso de sus derechos recreacionales, como poder participar de las festividades por el Día del Interno o Día de la Canción Criolla, o por vender comestibles en dichas festividades. Así mismo, por mantener ‘economatos’ (puestos de ventas), “Los Piaras de Huacariz” cobraban la “módica” suma de S/600 o S/700 mensuales. Y por abrir uno de estos puestos, S/7.000.

Para tener acceso a la visita de su familia y otras personas en días que no les correspondía, los agentes también pedían cupos. Y lo más cruel, sin dudas, era cobrarles a los reclusos por permitirles el acceso al tópico, por atenciones médicas o por ser evacuados al hospital.

Edgar Burgos Bobadilla, el ‘llavero’ del penal, era quien cobraba entre S/5 o S/10 soles “por llevarte al tópico, a la panadería, a la juguería”. “Cobraba de acuerdo a como le caías”, señala la resolución. Según declaraciones de los testigos, lo llamaban ‘fumón’ porque se drogaba dentro del centro penitenciario.

El martes 20 de junio se detuvo a 13 de los 21 presuntos miembros de “Los Piaras de Huacariz” en el megaoperativo desarrollado en las ciudades de Cajamarca, Chiclayo, Trujillo y Yurimaguas.

“Con el pasar del tiempo, estos malos funcionarios del INPE han sido cambiados, rotados, a diferentes penales del país, pero la investigación continuaba. Entonces hemos tenido que ir a buscarlos a donde estaban trabajando. Afortunadamente, esta organización llegó a su fin con la intervención [del martes 20]”, sentenció el fiscal superior Chávez Cotrina. En los próximos días se llevará a cabo la audiencia de prisión preventiva contra esta mafia. Esperemos que el Poder Judicial esté a la altura.

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Cajamarca, corrupción, Fiscalía, INPE

Luego de la elección de la Mesa Directiva para la primera legislatura del Congreso -que liderará María del Carmen Alva de Acción Popular (AP),  junto a representantes de Alianza Para el Progreso (APP), Podemos Perú (PP) y Avanza País (AP)-, la bancada oficialista de Perú Libre (PL) quedó en el aire. 

La derrota no solo se debió a que registraron su lista fuera de hora, sino a que en las negociaciones PL mostró obstinación en presidir la Mesa y no cedió en la idea de impulsar una Asamblea Constituyente desde el Parlamento. El presidente Pedro Castillo, incluso, insistió en esta idea en su mensaje presidencial.

Hoy el nuevo objetivo de la bancada perulibrista es hacerse de las principales comisiones del Parlamento. Y si bien los congresistas de la oposición dicen que no hay ánimos de hacerle la vida imposible al oficialismo, a quien le corresponde presidir siete de esos grupos de trabajo, la mayoría de bancadas coincide en que hay varias demandas antes de ceder y cada una tiene, además, sus propias ambiciones.

“Estamos en ese proceso de iniciar las gestiones. […] Las comisiones más importantes [para el partido] son Educación, Trabajo, Salud, Defensa, Presupuesto y Constitución”, dice el congresista Edgar Tello, de Perú Libre.

Tello sabe, como su colega de bancada José Balcázar, que desistir de sus pretensiones de impulsar una Asamblea Constituyente va a ser puesto sobre la mesa por la oposición a cambio de comisiones clave. Pero no están dispuestos a ceder, así sea -en palabras de Balcázar- una intención “suicida”. 

Sudaca contactó unos días antes de su nombramiento al ahora premier Guido Bellido para consultarle sobre esta posición. “Todo es dialogable […] ¿Por qué les preocupa tanto la Asamblea? Están desesperados”, dijo y dejó de contestar.

Las negociaciones por las comisiones entonces se pondrán cuesta arriba para el oficialismo. Por ejemplo, Alejandro Cavero, de Avanza País, dice que a la fecha han tenido dos reuniones con Perú Libre [ninguna sobre las comisiones], luego de las cuales la única conclusión de su partido fue que no apoyarán la Asamblea Constituyente, aunque sí cambios constitucionales.

“A título personal pienso que, bajo ninguna circunstancia, deberían presidir Constitución, pero hay otras que son importantes para el oficialismo, como Presupuesto. Habrá que sentarnos a conversar, pero si no desisten de la bandera de la Constituyente, será difícil llegar a un acuerdo”, agrega.

Avanza País, a la que le corresponde presidir una comisión, también tiene su lista de deseos. “Tenemos varias comisiones en mente, pero es parte de la negociación con los otros grupos políticos. Está Energía y Minas, aunque también estamos apuntando a Educación, Trabajo o Producción. Calculo que, a partir de la próxima semana, estaríamos negociando”, dice Cavero.

Por su lado, en Fuerza Popular -la segunda bancada con más congresistas (24)- también quieren Constitución. De acuerdo al vocero alterno de Fuerza Popular, Eduardo Castillo, competirán por este codiciado grupo de trabajo con la bancada oficialista. 

“Son cinco las comisiones para FP. En la segunda vuelta hemos ido con la defensa de la Constitución del 93, por lo que sería una de las comisiones por las cuales podríamos estar detrás”, apunta. Pese a ello, reconoce que recién luego del mensaje presidencial se reunirán como bancada para definir estos temas y que aún no tiene las coordinaciones avanzadas. 

Luego de la elección de la Mesa Directiva, José Arriola, vocero de Acción Popular, señala que no han tenido mayor acercamiento a Perú Libre. Sin embargo, señala que hay predisposición para apoyar a dicho partido en algunas comisiones. Educación, por ejemplo, sería una carta para negociar. Incluso, en la órbita está Presupuesto, una de las más codiciadas.

¿Qué pediría Acción Popular para no negarle al oficialismo la presidencia de estos grupos de trabajo? “Un primer gesto sería poner coto a este tipo de declaraciones de Cerrón y el congresista Guillermo Bermejo. A partir de ahí, podríamos conversar, pero todavía no hemos empezado a negociar las comisiones con ellos”, dice Arriola.

Arriola se refiere, por ejemplo, a las recientes declaraciones de Bermejo luego de que el Pleno votó por no dejar participar a la lista que integraba Perú Libre con miras a la Mesa Directiva. “El fujimorismo y la derecha quieren vetar a la lista 3 […] El plan de vacancia contra Pedro Castillo ha empezado”, escribió en Twitter el parlamentario investigado por sus vínculos con los narcoterroristas del Vraem. 

Por otro lado, Eduardo Salhuana, congresista por APP, señala que, más allá de que Perú Libre no tenga ningún representante en la Mesa Directiva, eso no significa que se vaya a actuar a sus espaldas. “Se coordinará también con ellos el tema de las comisiones para que algunas, como Presupuesto y otras importantes, sean asumidas por Perú Libre. Sería una mezquindad apoderarse de todas las comisiones”, afirmó. 

Ahora que se ha juntado con el Partido Morado, Somos Perú tendrá mayor ventaja para negociar, pues a esta alianza le corresponden dos presidencias de comisiones. Así, buscarán tener Descentralización y Ciencia y Tecnología, aunque todavía no se oficializa la creación de este Grupo Parlamentario más allá de las declaraciones de sus integrantes. 

Fuentes cercanas a esta coalición señalaron que también se están conversando con otros congresistas para que se incorporen a la misma. “Hay incomodidades en el Parlamento y algunos ven con bastante agrado las posiciones de Somos Perú. Esperamos que las incorporaciones se den a la brevedad. Uno de ellos es Héctor Valer, que es no agrupado (y estuvo en Renovación Popular)”, refirió una fuente.

Las claves

De acuerdo al exjefe de gabinete de la Mesa Directiva, Alejandro Rospigliosi, las comisiones más importantes a presidir son Presupuesto, Constitución, Economía, Energía y Minas, y Fiscalización. Esto, debido a que las principales decisiones de Estado, como fiscalizar al Ejecutivo y aprobar normas con gran impacto, pasan por estas.

Cabe recordar que, según el reglamento del Congreso, es el Pleno el que aprueba el cuadro de conformación de las comisiones. Para ello, debe haber un acuerdo previo del Consejo Directivo del Parlamento, el cual incluye a la Mesa Directiva y los portavoces de los grupos parlamentarios que llevan las propuestas. 

Todo indica que las negociaciones se darán a contrarreloj y que o Perú Libre aprende a ceder, o podría seguir perdiendo espacios clave en el Parlamento. 

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Asamblea Constituyente, Bicentenario, Congreso, guido bellido, Pedro Castillo, Perú Libre

La novela del nuevo gabinete ministerial está en su momento más incierto. Luego de que se anunciara que el día de ayer se conocerían los nombres de los ministros del Bicentenario, la ceremonia se postergó al 30 de julio, dejando al país, dos días más, en zozobra.

A horas de la mañana, Sudaca fue el primero en informar por redes sociales que la juramentación de los ministros fue cancelada la noche de antes de ayer, de acuerdo a fuentes que estaban encargadas de organizar el evento y de Cancillería.


La ceremonia, que recién se empezó a gestionar el pasado lunes 26 por la noche, iba a albergar a 150 personas. Sin embargo, antes de las ocho de la mañana de ayer los organizadores recibieron la orden de que el evento no iba más. El anuncio interno lo dio José Corbera, jefe de la Oficina General de Administración de la Cancillería. 

Una hora después de la información que lanzó este medio, Presidencia emitió un comunicado donde señalaba que la juramentación del primer ministro se haría el día de mañana en Ayacucho y que la ceremonia de juramentación del gabinete se llevará a cabo el 30 de julio en el Centro de Convenciones de Lima y no en Palacio de Gobierno, como se suele hacer.

La razón radica en que aún no está terminada la lista de los ministros que estarán a cargo. Más allá de los nombres que han circulado, varios indicios demuestran las indecisiones del presidente Pedro Castillo, y las presiones que está recibiendo.

El confeccionista Dante Grados -a quien tradicionalmente los gobiernos de turno le han pedido la elaboración de las bandas ministeriales y presidenciales-, aseguró a Sudaca que hasta las seis de la tarde del martes se habían entregado solo 12 fajines, de los cuales diez son para hombres y dos para mujeres.


Al ser 19 los ministerios aún vigentes extraña que para entonces no se hayan mandado a hacer más. Adicionalmente, este medio pudo conocer que Julián Palacín, integrante del equipo técnico de Perú Libre, le compró al confeccionista uno de los fajines para un ministro. Contactado, el abogado negó que sea para él o su hijo. Pero no quiso dar más detalles.

Asimismo, a las cinco de la tarde del mismo día, 27 de julio, llegó al taller una camioneta de la cual bajó una mujer para comprarle un fajín adicional a Grados. Sudaca pudo comprobar mediante la placa que el vehículo es propiedad de la PCM. 

Hasta la noche del martes, Róger Nájar permanecía como la principal carta para ser primer ministro. Fuentes aliadas de Castillo -y otras cercanas al partido con las que pudo hablar Sudaca-, sin embargo, señalaron que hasta ayer existían serias dudas sobre su nombramiento, basadas principalmente en que tuvo una hija con una adolescente de 14 años cuando él tenía 30, como informó el diario La República. Es por ello que todavía no se termina de definir al 100% si es que asumiría el premierato, y Nájar venía perdiendo peso a la interna. 

A eso se le suma que ayer por la noche un grupo de cerca de 20 congresistas mujeres de distintas bancadas del nuevo Parlamento firmaron una misiva donde se exhorta a Castillo a que “no incluya en su gabinete ministerial a personas involucradas en actos de violencia contra las mujeres, niñas y niños peruanos”. Era una clara alusión a Nájar. Entre las firmantes están la fujimorista Ronsagella Barbarán, Norma Yarrow por Renovación Popular, la acciopopulista Marleny Portero, Rosio Torres por Alianza Para el Progreso, Rosselli Amuruz de Avanza País, entre otras. 

Lo más concreto es que Hernando Cevallos asumiría la cartera de Salud; Pedro Francke, el MEF; y la vicepresidenta Dina Boluarte, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Otro voceado para ocupar es Héctor Béjar en Cancillería. Fuentes de esta cartera confirman que se trata del nombre que tiene mayor peso para ocupar dicho ministerio. Ayer llamó la atención su presencia en una de las primeras reuniones bilaterales lideradas por Castillo con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.

Castillo, Béjar, el rey de España Felipe VI y Lasso almorzaron ayer en Torre Tagle. El electo presidente cerró con un brindis y la frase “seco y sin gota, al estilo de Chota”, lo que causó risas en los presentes.

Sudaca también conoció que el Frente Magisterial, organización de la cual ha sido activo integrante Castillo, propuso una terna para la cartera de Educación: los profesores Mario Guanilo de La Libertad, Segundo Vásquez de Cajamarca y Roger Apolinar de Lima Provincias. Sin embargo, el principal voceado para dicho ministerio sigue siendo Juan Cadillo, según ha trascendido.

Además, el presidente de la Confederación Nacional de Rondas Campesinas, Urbanas y Nativas (Conarc), Víctor Vallejos, fue propuesto por esta organización a Pedro Castillo para ocupar el ministerio del Interior. Vallejos no es visto con simpatía por otras organizaciones de rondas, como la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc-P) 

Pero no todos se acercan a Castillo a proponer. Cerca de las siete de la noche del 26 de julio pasado, dos días antes de la fecha pactada para la presentación de los ministros, unos 50 militantes de Perú Libre llegaron a la base de Breña donde despacha Pedro Castillo. Querían presionar para que ningún “caviar” llegue al gobierno y exigir que, si hacía falta algún profesional para estar en el Ejecutivo, los elegidos debían estar entre quienes apoyaron la causa perulibrista desde el inicio.

“Castillo y Cerrón, un solo corazón” o “(George) Forsyth y (Daniel) Salaverry, la misma porquería”, coreaban luego de que terminase la visita de Vladimir Cerrón, líder del partido, a la base de Breña. Además, exigían a Roger Nájar como primer ministro. Los militantes también cantaban: “si Pedro se equivoca, el pueblo lo corrige”. 

Emerson López, secretario de profesionales del Comité Ejecutivo Regional de Lima, y vocero de dicho incidente,  sin embargo, no ha visto que el reclamo haya sido fructífero.  En comunicación con Sudaca, indica que todavía no les han comentado quiénes serán los que finalmente asumirán los ministerios y que recién el lunes sostendrán una reunión con el presidente Castillo.

Para la abogada constitucionalista Ana Neyra, al no contar con ministros, formalmente, ningún acto del presidente tiene validez ya que no tiene refrendo alguno, de acuerdo al artículo 120 de la Constitución. “Cualquier acto que suscriba, como un proyecto de ley, no podría hacerlo, aunque también es cierto que en los días 28 y 29 no se hacen muchas cosas”, explica.

“Esperemos que por lo menos haya un primer ministro, porque es esta persona quien propone el gabinete al presidente. Me parece que algo así nunca ha sucedido, los cambios de gobierno siempre empiezan con el cambio de ministros”, agrega la exministra de Justicia.

Por ahora, habrá dos días en los cuales el país no tendrá ministros, hecho sin precedentes en la historia reciente del país. A 200 años de la independencia del país, la incertidumbre política sigue siendo nuestro sello distintivo. 

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Bicentenario, Cancillería, juramentacion de ministros, Pedro Castillo, Perú Libre, Roger Nájar, Vladimir Cerrón

Una tarjeta de crédito del BBVA, otra estafa más bajo la modalidad del “falso courier y una carta del banco con un cuestionable intento de cobranza. Son los ingredientes de una pesadilla y así, tal cual, lo vivió hace tres meses Marilyn Cáceres, de 29 años. 

Cáceres cuenta que las llamadas del BBVA empezaron en enero pero que se hicieron más frecuentes en abril. ¿El objetivo? Venderle una tarjeta de crédito. “Un día me encontraron ‘haciendo hora’. Estaba esperando a una persona, estaba con tiempo, sentada, y presté atención a lo que me ofrecían [vía telefónica]”. Era una tarjeta Visa Cero y una línea de crédito de S/ 3.600. Aceptó.

La operadora le indicó que llegaría un courier a su casa a entregar la tarjeta en un sobre sellado, y así fue. En los siguientes días empezaría otro round de llamadas, pero esta vez para saber si ya había cambiado la clave provisional que venía con la tarjeta, si ya la había utilizado y cómo había sido su experiencia. Marilyn no lo sabía, pero en esta ocasión se trataba de una falsa operadora.

2 de diciembre de 2020. Platón organizado por usuarios del BBVA Perú afectados por estafas. Foto: Luisa García.

“Yo le dije que no había podido salir de casa por falta de tiempo, porque tengo tres niños pequeños”, relata Marilyn. La falsa operadora buscaría entonces darle un motivo para que decidiera anular y devolver la tarjeta. “Recuerde que usted tiene que utilizarla al menos una vez al mes y si no, tendrá que pagar un monto […] ¿Le dijeron que tiene que pagar una membresía?”, recuerda que le preguntaron y que preocupada precisó que no. “Parece que a usted no le han informado bien. En todo caso, ¿desearía anular la tarjeta?”. Ella respondió positivamente.

Luego de aquello, la indicación fue que debía acercarse al banco a regresar la tarjeta en un plazo de 24 horas o de lo contrario se le iba a cobrar una penalidad. La otra opción era que un courier pasara a recogerlo a su domicilio. ¿Le suena conocido? En diciembre, Sudaca informó cómo cada vez más clientes del banco eran estafados bajo la misma modalidad: una falsa teleoperadora con conocimiento de información sensible y un falso courier.

Marilyn eligió el recojo de la tarjeta vía courier sin saber que acababa de caer en las redes de estafadores. El 13 de abril entregó el sobre con la tarjeta al mensajero; no había cambiado la clave secreta que venía en el sobre, por lo que los delincuentes la tenían fácil. Ese mismo día realizaron el pago de un servicio por S/ 1.722 y extrajeron S/1.800 del cajero. 

¿Por qué la clienta del BBVA creyó que efectivamente estaba hablando con alguien del banco? Marilyn afirma que su interlocutora conocía una cantidad de datos sobre ella que le dieron confianza: el tipo de tarjeta contratada y cuál era su línea de crédito, además de su dirección y DNI.

Hoy tiene una deuda que supera los S/ 4.000, y un banco que no cesa en exigir el pago a través de llamadas y correos. Ha recibido más de 30 correos de cobranza, pero el último causó en ella mayor preocupación: además de informarle que de no pagar iniciarían un proceso judicial, la carta incluía este párrafo:

“Paralelamente, también se procederá a reportar la morosidad de su crédito ante la Superintendencia de Banca y Seguros. Dicha central de riesgo es consultada por empresas, tiendas comerciales, cajas municipales y otras entidades del Sistema Financiero, de esta manera estando registrado su nombre en ella, usted no podrá acceder a nuevos créditos”.

Requerimiento de pago de parte del BBVA por las cuotas adeudadas.

“Esa es una frase que induce al error al usuario, porque no es verdad”, asevera Paul Castro, abogado especialista en derechos del consumidor. Tener un retraso en el pago de una deuda no cierra automáticamente la puerta para acceder a otros créditos, como afirma el BBVA en su carta. “El análisis que hacen las entidades financieras es un análisis individual, persona por persona”, explica.

El especialista en regulación financiera Carlos Martínez coincide. “Que una entidad financiera privada, regulada, nos indique que definitivamente no se va a poder acceder al crédito es claramente una amenaza. Una amenaza que en esta coyuntura [la pandemia] es mil veces más grave que si estuviéramos hablando de años anteriores”, explica.

”[Brindar] esta información falsa es cargar de preocupación al cliente y tendría que ser considerado como un agravante por cualquier autoridad que vaya a dirimir sobre este caso”, agrega Martínez.

“Hay un antecedente inclusive, la resolución 119-2016/CC3 del Indecopi”, agrega Paul Castro. Allí, la evaluación del Indecopi respecto de la Caja Metropolitana fue la siguiente: “(…) se pudo verificar que la CAJA MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DE LIMA S.A. habría empleado métodos abusivos de cobranza, al remitir a sus clientes cartas que contienen información inexacta y que induce a error al afirmar que un eventual reporte ante las centrales de riesgo, les impediría solicitar y acceder a créditos en cualquier entidad del sistema financiero”. Una evaluación que fue corroborada e implicó una multa de 8 UIT en segunda instancia por “emplear métodos abusivos de cobranza”.

¿Qué dice el BBVA? 

Reconoce la veracidad de la carta (ver respuesta) y luego arguye una salida que cuestiona la comprensión lectora de cualquiera. Sostiene que en su carta solo se refiere a “nuevos créditos” otorgados por el mismo BBVA:

“Efectivamente, un cliente que está en una central de riesgo puede solicitar financiamiento en cualquier entidad financiera, que la evaluará de acuerdo a sus criterios y políticas comerciales.

Debemos aclarar que el tenor de dicha carta expresa la posición de BBVA frente a la cliente. Es decir, de contar con esta clasificación, no podrá recibir nuevos créditos de nuestra entidad. No representa ni corresponde a una postura o comentario a nombre del sistema financiero en general, puesto que la carta se refiere a la especial relación de crédito entre nuestra entidad y el cliente”.

Ello aun cuando en su carta dirigida a Marilyn Cáceres, el banco enlista una serie de entidades en referencia: “empresas, tiendas comerciales, cajas municipales y otras entidades del Sistema Financiero”. Y agregan, como ya hemos citado: “de esta manera estando registrado su nombre en ella [la central de riesgo], usted no podrá acceder a nuevos créditos”.

“Van a aludir quizá [en un eventual proceso ante Indecopi] que es una falla del lenguaje, pero no, no lo es. Es clara la intención”, apunta Martínez. En su opinión, “el hecho más relevante a determinar es si estas cartas están siendo enviadas de forma masiva en ese formato”, dado que sea directamente o a través de una empresa tercerizada, las entidades financieras cuentan con modelos preestablecidos de sus comunicaciones con los clientes. Sostiene que de haber llegado a más personas, el Indecopi podría iniciar una denuncia de oficio o las asociaciones de consumidores podrían hacerlo de una manera colectiva.

Sede central del BBVA en San Isidro. Crédito: Giovanni Alarcón.

¿Qué posibilidad hay de que el BBVA haya incurrido en la afirmación errónea de manera masiva?, preguntó Sudaca a la entidad financiera. 

“Los modelos de carta tienen pautas generales, de acuerdo a cada una de las tipologías de comunicación, pero cada caso se analiza individualmente. En este caso, la respuesta de BBVA se refiere a la situación puntual del cliente frente a nuestra entidad”, sostiene el banco.

Mientras tanto, Marilyn continúa con la deuda a cuestas y con más correos de cobranza en su bandeja de entrada. Mediante un reclamo, explicó al banco que ella no realizó los consumos sino que fue víctima de una estafa, pero el BBVA declaró su reclamo “No procedente”. “Es obligación del titular de la tarjeta utilizarla de manera exclusiva y mantener en secreto su clave”, adujo la entidad en su respuesta.

El banco confirmó a Sudaca que los operadores de telemarketing continúan trabajando desde sus casas, tanto aquellos que pertenecen al banco directamente como a terceras empresas contratadas. Al menos hasta diciembre último, las medidas de seguridad para esta modalidad de trabajo eran un software que no permite la entrada de un USB para descargar información de la computadora y la grabación de las llamadas. Pero no mucho más. 

¿Cómo evitar, por ejemplo, una intervención externa como una fotografía a los datos? “Trabajamos con la buena fe de las empresas que representan al BBVA”, aseveró en aquel entonces el banco (ver entrevista). Al parecer, no ha sido suficiente.

Fotocomposición de portada por Leyla López.

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BBVA, datos personales, Estafas, métodos abusivos de cobranza, Tarjetas de crédito

El ya retirado general del Ejército Peruano Wilson Barrantes es uno de los responsables del equipo de transferencia del sector Defensa, de acuerdo a la lista que entregó la vicepresidenta electa, Dina Boluarte, a la Contraloría. Sudaca pudo conocer, además, que es uno de los voceados al interior de Perú Libre para ocupar el ministerio, aunque él niega que se lo hayan ofrecido todavía.

Lo cierto es que Barrantes es un viejo conocido del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso y, a su vez, está metido en la transferencia de mando de un sector clave para el combate a los remanentes de esta organización. En entrevista con este medio, admite haber participado en varios encuentros con representantes del Movadef desde el 2010. 

Las últimas cuatro reuniones que ha sostenido con representantes de esa organización, que reivindica el ‘Pensamiento Gonzalo’ de Abimael Guzmán,  datan del 24 de febrero de 2017. El conversatorio fue titulado ‘Amnistía General y Reconciliación Nacional’. Allí criticó el informe de la Comisión de la Verdad y a los llamados “caviares”. Señaló que el juicio a los militares por la supuesta violación de derechos humanos era “un negocio” que les da mucha plata y pidió que se ponga fin a la persecusión porque en los próximos años podrían ser acusados de lo mismo miles de miembros de las Fuerzas Armadas.

 

El representante del Movadef en Bolivia, el peruano Álex Chamán, organizó un conversatorio, el 1 de agosto de 2020, con el general Wilson Barrantes y el dirigente del Movadef en Perú, Alfredo Crespo.

 

Barrantes también participó el 17 de abril de ese mismo año, por el “día del preso político internacional”, en la mesa redonda ‘Perú reconciliado hacia el Bicentenario’. Allí calificó a la guerra interna de Sendero Luminoso con las Fuerzas Armadas como “una guerra revolucionaria”.

De la misma forma, criticó nuevamente a los ‘caviares’ por haberse convertido, según él, en árbitros del fin del conflicto entre Sendero y las FFAA. “¿Quién miércoles les ha dado la capacidad para que sean árbitros? Nadie”, dijo al auditorio.

El 10 de enero de 2018, en la mesa de trabajo ‘Hacia una verdadera reconciliación nacional, Barrantes señaló que existe la necesidad de poner fin a la desconfianza entre los actores de lo que él llama ‘guerra interna’: las Fuerzas Armadas y Sendero. “Hay que plantear las medidas de confianza. Así como hay medidas de confianza en las relaciones Perú-Chile, Perú-Ecuador y países vecinos. ¿Por qué cuándo habla un fujimorista, todo es malo, y cuando hablan del otro lado, son terroristas? Eso se tiene que acabar porque creo que, en este momento, no hay terroristas, hay patriotas”. Y añadió: “Me parece que Benedicto XVI dijo: ‘Solo se alcanzará la paz con un perdón generoso”, en referencia a un indulto para todos.

Y el 1 de agosto de 2020, un representante del Movadef en Bolivia, el peruano Álex Chamán, organizó una entrevista a Barrantes a la que tituló ‘Neoliberalismo, Soberanía y Reconciliación Nacional de cara al Bicentenario’. Allí, el general en retiro criticó a la prensa peruana afín al expresidente Martín Vizcarra, la llamó “guaripolera”, pidió la renuncia del entonces mandatario y propuso una Nueva Constitución como una salida a los principales problemas del país.

A pesar de su activa participación en estos eventos, Barrantes explica a Sudaca que no es marxista, leninista, maoísta, comunista o parte del Movadef. Y añade: “Para mí, no es una amenaza el Movadef, y tampoco es una amenaza para el Estado. Dígame, si en algún lugar del Estado peruano dice que el Movadef es una amenaza”. 

 

El general Wilson Barrantes postuló al Congreso por Perú Libertario -hoy Perú Libre- en el 2016. Desde ese año, conoce a Vladimir Cerrón. Sobre su convocatoria para ser parte del equipo de transferencia con el Ministerio de Defensa, no dio el nombre de la persona que lo llamó.

 

Barrantes rechaza, por ejemplo, que la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la PNP califique al Movadef como organizaicón terrorista. “Para mí es una organización que está buscando su inserción en la vida política. Si usted me dice que en el Perú hay un acto terrorista de sabotaje, guerra de guerrillas y paro armado, hecho por alguna organización, entonces allí le digo: ‘Todos esos hechos configuran una estructura de organización terrorista’”, señala.

Y luego agrega: “Hasta donde sé, por información pública, del año 2000 a la fecha, no hay ese tipo de organizaciones. Lo que hay en el VRAEM es violencia de lo más extrema hecha por el narcotráfico”.

¿Sendero es una amenaza actualmente?, le preguntamos. “No. El Estado peruano no lo considera como una amenaza. Mire usted la directiva de planeamiento del Comando Conjunto de 2018. La primera amenaza para el Perú es el narcotráfico, allí le sigue el crimen organizado nacional y la inseguridad ciudadana”, responde.

 

La lista del equipo de transferencia para el Ministerio de Defensa fue enviada a la Contraloría, el pasado viernes, con once integrantes, pero al final fueron retirados dos. Uno de los que quedó fuera de ese grupo es el sobrino del presidente electo, Fray Vásquez Castillo. 

 

Al ser consultado sobre si el Movadef podría participar en la vida política del país, apenas responde: “No sé, eso lo dirá la sociedad peruana y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)”. Y sobre un posible indulto a los presos terroristas, entre ellos a Abimael Guzmán, contesta: “Prefiero no opinar porque es imposible, es como hacer cosquillas al muerto. Eso no tiene lógica, no tiene sentido, porque el país está tan quebrado en estas circunstancias… De aquí tenemos para 10 años más, pero en 10 años ya están muertos [los presos terroristas]. Nadie vive más de 100 años”.

 

Pugnas y cambios de última hora en la nómina

El último sábado, en la sede de la Escuela de la Contraloría, en Lince, se realizó la capacitación a los encargados de los equipos de transferencia. La ausencia de Barrantes llamó la atención, porque es uno de los que figura como responsable del grupo de trabajo con el Ministerio de Defensa. En su lugar, apareció el general de Brigada del Ejército en retiro, Jorge Bustamante, quien también figura en la misma nómina.

Barrantes dice que su colega fue en su representación. Pero en conversación con Sudaca, el general Bustamante dice que asistió a la capacitación porque le llamaron por teléfono y le comunicaron que él era el “coordinador” del equipo.

 

Fray Vásquez, sobrino del profesor Pedro Castillo, dijo a Sudaca que no sabía que su nombre había sido colocado en la lista del equipo de transferencia para el Ministerio de Defensa.

 

De hecho, este grupo de trabajo estaba conformado en un primer momento por 11 personas, pero ayer sábado la lista se recortó a nueve. Barrantes se mantiene, pero ya no figura el nombre del sobrino de Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo, quien es parte de su círculo más íntimo, tal como lo informó Sudaca en su informe del pasado 24 de junio. Todo apunta a que hay desencuentros de última hora en la transferencia de mando o movidas políticas para sacar de la transferencia a nombres  que puedan generar contingencias.

 

(*) Fotocomposición de portada: Leyla López

Imágenes: El Comercio y La República

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Ministerio de Defensa, Ministro de defensa, Pedro Castillo, Wilson Barrantes

Desde octubre del año pasado hasta el cierre de este informe, son 28 los pedidos de viajes al exterior hechos por congresistas de Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Unión por el Perú, Fuerza Popular, Podemos Perú y Somos Perú. De ellos, 18 fueron solicitados en los meses de junio y julio. El mismo número de solicitudes tenía como destino Estados Unidos. 

Sudaca accedió a documentación del Congreso que detalla todos estos pedidos. Nos centraremos en las solicitudes que tenían como intención que los viáticos sean pagados con la plata de todos los peruanos. En mayo de este año, por ejemplo, el congresista Carlos Almerí Veramendi (PP), cabeza de la Comisión Especial Investigadora Multipartidaria, solicitó a la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, que autorice el viaje de Felicita Tocto Guerrero (SP), Ricardo Burga Chuquipiondo (AP) y él mismo para asistir, todos ellos como parte de sus funciones, al interrogatorio del expresidente Alejandro Toledo en California, EE.UU.

¿Tantos parlamentarios se necesitaban para seguir un interrogatorio? Parece que en la Mesa Directiva se hicieron la misma pregunta, así que el viaje se autorizó, pero solo viajaron Almerí y Tocto. Una fuente de alto nivel en el Congreso cuenta que, indignado ante la negativa de dejarlo viajar, el congresista Ricardo Burga le dijo a la presidenta del Congreso que se había ganado un enemigo. Este episodio -aunque sin revelar nombres- fue contado por la misma Vásquez en una reciente entrevista para radio Santa Rosa, donde señaló que muchos parlamentarios le habían presentado solicitudes para viajar a Estados Unidos sin una justificación adecuada.

La presidenta del Congreso denunció que varios congresistas solicitaron viajar a EE.UU. sin justificación. Foto: El Comercio

Burga responde, sin embargo, que fue él quien pidió no ir porque Vásquez argumentaba que no había presupuesto para enviar a tres congresistas. Además, niega enfáticamente que la haya amenazado y lamenta que el Congreso “haya caído en manos de ella”.

“Ante la mezquindad de la presidenta del Congreso, yo no voy a mendigar un pasaje que yo mismo puedo pagar. Este era un tema de trabajo, no era un viaje de placer, como la señora viene pregonando en diferentes canales, porque lo único que hace es mentir descaradamente”, apunta Burga. Y luego responde -no sabemos si en serio o con ironía- acerca de la supuesta amenaza: “Es falso, ¿qué enemigo puedo ser cuando yo le envié flores por su cumpleaños y por el día de la madre?”.

Otro caso es el de los congresistas Guillermo Aliaga Pajares (SP) y Edward Zárate Antón (FP), quienes fueron invitados por el senador estatal Doug Ericksen con la finalidad de “intercambiar experiencias con los parlamentarios en cuanto a funciones de representación, elaboración de leyes, temas de control político, desarrollo sostenible y tecnologías de la información”, entre los días 11 y 15 junio. El destino: la ciudad de Olympia, en Washington, EE.UU.

¿Qué beneficio para el Estado tendría viajar para adquirir experiencia a un mes de dejar el cargo? Sudaca quiso saberlo pero no obtuvo respuesta de ninguno de los congresistas.

Sin embargo, lo curioso es que el segundo vicepresidente del Congreso, Luis Roel Alva, sí aprobó aquel viaje porque consideró importante “la participación del congresista Aliaga quien desempeñará actividades propias de su función parlamentaria”. Incluso el presupuesto del viaje para Aliaga y Zárate ya estaba calculado, y no era barato: S/17.553 y S/20.326, respectivamente.

 

El congresista fujimorista Edward Zárate solicitó viajar a EE.UU. Su pedido ya hasta había sido presupuestado con dinero del Estado, pero al final no viajó.

En abril, la congresista Yessy Fabián Díaz (AP) fue invitada a North Miami Beach por el alcalde Anthony F. DeFillipo con el fin de participar como coordinadora del evento del Bicentenario entre el 29 de abril y el 3 de mayo o del 3 al 7 de mayo. Sin embargo, según un informe de la Oficina de Protocolo del Congreso, se le negó el permiso -así como los pasajes y viáticos- porque se encontraron inconsistencias en las fechas en las cartas enviadas por la alcaldía de Miami al Congreso. 

Al respecto, Fabián afirma que lamenta que la presidenta del Congreso Mirtha Vásquez “actúe de esa forma [que le negase el viaje]” y recalca que, finalmente, sí llegó a ir a Miami con sus propios recursos porque “estaba designada como coordinadora del evento para festejar nuestro Bicentenario a través de la Comisión de Turismo”.

Sobre las sospechas de que algunos congresistas quisieron viajar a vacunarse, la accionpopulista respondió: “Esa hipótesis es una bajeza de ella. Yo soy personal de salud y tuve la oportunidad de viajar a Miami y no me vacuné porque soy respetuosa de mis funciones y de mis hermanos peruanos”.

Otro congresista que tentó suerte fue Rolando Ruiz (AP), quien solicitó “licencia, pasajes, viáticos y autorización” para ir a Miami, entre el 11 y 13 de junio, a participar del III Encuentro de Emprendedores. La invitación se la hizo el presidente de la San Ignacio University, filial de la USIL, que es propiedad del accionpopulista Raúl Diez Canseco. ¿Justificación del viaje? Dar una conferencia el 12 de junio titulada “Cómo emprender y desarrollar en la Amazonía”. Sin embargo, al día siguiente de presentar el pedido, solicitó que se retire la documentación y que no se realice ningún trámite al respecto.

En su calidad de presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, el fujimorista Edward Zárate también fue invitado por el alcalde de North Miami Beach, Anthony F. DeFillipo, para participar en las actividades relacionadas al Bicentenario, programadas entre el 27 y 30 de abril o el 3 y 5 de mayo. Pero se le negó el permiso “dado que no es un evento internacional enmarcado en las funciones parlamentarias” y porque la actividades del itinerario de viaje no se ajustaban al motivo de la visita.

En la entrevista a radio Santa Rosa, Mirtha Vásquez apuntó que no encontraba justificación para los pedidos que reseñamos en este informe. “Decía: ‘a ver, estamos a menos de un mes de irnos; si el Estado invierte en ustedes para mandarlos de viaje a Estados Unidos es porque esa inversión se tiene que retribuir’. Pero, ¿cómo se justifica si ya se van en un mes, cuál es la utilidad de mandarlo a un intercambio de cómo se hace la labor de fiscalización en Estados Unidos?”, señaló. En Sudaca nos preguntamos lo mismo.

Uno de los pedidos que sí fue aprobado, sin embargo, es el realizado por el congresista Marco Verde Heidinger (APP). Él, sin embargo, tuvo como destinos Valencia y Madrid entre el 9 y 18 de julio.  Fue a cumplir con la importantísima labor de “conocer los Parques Científicos de la Comunidad Valenciana e intercambiar experiencias en el desarrollo e implementación” de estos parques.

Consultado por su viaje, el congresista de Alianza para el Progreso responde que lo invitaron por ser el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Señala, además, que su viaje retribuye al Estado “dado que nuestra comisión ha declarado como leyes la implementación de parques científicos tecnológicos en varios departamentos del país”.

Otros cinco congresistas que arribaron a Estados Unidos fueron Mónica Saavedra, quien pidió ir al país norteamericano como observadora internacional de las elecciones de ese país; y cuatro representantes de Acción Popular, dizque para estrechar lazos con el estado de Utah. Imaginamos entonces que el Perú ya debería tener excelentísimas relaciones con el país norteamericano.

*Fotoportada: Leyla López

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Congreso, Mirtha Vasquez

“Hay 500 pacientes esperando por entubado, la lista de espera es grandísima, muchos no llegan. Bueno, prácticamente ya está ubicada la cama, la entubación y todo para poder hacerlo en el transcurso de las horas, pero tú sabes cómo es, esto no se maneja si no se adelanta. Si no se paga, tú sabes cómo es esta situación”.

Este es uno de los audios que tiene la fiscalía anticorrupción. Lo atribuye a la exvoleibolista Ana Cecilia Aróstegui Girano, que el pasado 11 de marzo le habría ofrecido al hermano de un paciente grave de Covid-19 saltarse la cola de quienes necesitaban ser atendidos en una cama de la unidad de cuidados intensivos (UCI) o de cuidados especiales (UCE).

ana cecilia voz
En una conversación atribuida a Ana Cecilia Aróstegui y el denunciante, esta le dice: “Si no se paga, tú sabes cómo es esta situación”.

El hombre, al que llamaremos Rodrigo, aceptó creyendo que por fin su hermano sería conectado a un ventilador mecánico. Pagó, en dos tandas, los S/82.000 requeridos por Aróstegui a una cuenta que ella le había proporcionado y que estaba a nombre de su hijo. Y lo hizo por gusto: la familia del paciente luego tuvo que reclamarle a la inescrupulosa mujer el haber pagado por un ventilador mecánico que no llegó sino hasta que fue demasiado tarde.

Con su hermano ya muerto, Rodrigo denunció por los canales administrativos de EsSalud. Y en mayo pasado, el caso llegó a la fiscalía. El hombre entregó audios de las conversaciones y pantallazos de los chats. Luego de dos meses de investigación, un equipo de fiscales liderados por Reynaldo Abia y la policía especializada lograron rastrear adónde había ido a parar el dinero y descubrieron que los involucrados usaban como testaferros a sus familiares para recibirlo.

Entre los nueve detenidos esta madrugada hay dos funcionarios de EsSalud que, a inicios de este año, fueron nombrados en cargos de confianza por la gerencia general de la entidad. En la mañana de hoy, la presidenta ejecutiva del seguro social, Fiorella Molinelli, señaló que apenas tomaron conocimiento de la denuncia, los habían separado del cargo.

transferencia 35 mil
La primera transferencia (S/35.000) que hace el hermano del paciente al hijo de Ana Cecilia Aróstegui.

Miserables cupos

La historia empezó seis meses atrás. El pasado 1 de marzo, J.F.C.C. fue ingresado al área de emergencias del Hospital Guillermo Almenara con un severo cuadro de Covid-19. Allí, un médico de turno le dijo al hermano del paciente -’Rodrigo’- que requería de una cánula de alto flujo o, directamente, ser internado en UCI. Agregó, sin embargo, que en el establecimiento ya no había una.

Los familiares hicieron un esfuerzo y consiguieron la cánula unos días después.  No era suficiente. Otro doctor de turno había hecho la interconsulta para trasladar al paciente a la Unidad de Cuidados Especiales (UCE), que tiene un número menor de ventiladores mecánicos y donde trabajan médicos que no son intensivistas. Para ambas áreas, según la fiscalía, había que estar en una lista de pacientes con prioridad. De hecho, desde el 11 de marzo, J.F.C.C. estaba en el puesto 20 de esa nómina de espera para acceder a una cama UCI.

Desesperado, ese mismo día Rodrigo contactó a una conocida de la familia, Iraida Muñoz Arróspide, quien le dijo por WhatsApp que podría ponerlos en contacto con una persona “muy amiga de la gente de gerencia del directorio”. “Creo que a ellas les cobran, no lo sé. Pero si me dice que sí hay, si me dice: ‘sí, Vane, sí te puedo ayudar, que no sé qué’, ya yo te paso su número de contacto”, le dijo la mujer, de acuerdo a un audio de WhatsApp entregado a la fiscalía.

En ese momento entró a tallar Ana Cecilia Aróstegui Girano, que sigue figurando en registros públicos como tesorera de la ONG Donantes de Esperanza, “una asociación sin fines de lucro, que se encarga de brindar ayuda a niños y adolescentes con cáncer de bajos recursos”, según sus redes sociales. Vaya forma de hacer el bien.

En una primera comunicación con el hermano del paciente, según el requerimiento de detención preliminar de la fiscalía, “le habría indicado que perteneció a una ONG que tenía mucha influencia en el Hospital Almenara y que conocía a todo el aparato administrativo”. Fue en esa conversación que le habría pedido S/85.000, que luego fueron rebajados, por intermediación de Iraida Muñoz, a S/82.000.

La ruta del dinero

La familia del paciente no perdió más tiempo. Ese mismo 11 de marzo, Rodrigo realizó una primera transferencia, por S/35.000, a una cuenta que figura a nombre del hijo de Ana Cecilia Aróstegui, Sebastián Bazalar Aróstegui. No pasaron muchas horas para que el paciente lograra ingresar a la Unidad de Cuidados Especiales.

 

conversaciones de marzo
Ya habiendo internado a su pariente en la UCE, Aróstegui le escribe: “Ahora con fe y pendiente de él, mañana en la mañana te paso informes de él”.

Pero el dinero siguió fluyendo. De acuerdo a los reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitados por el fiscal Reynaldo Abia, de la cuenta de Bazalar salieron S/3.000 para su madre, Ana Cecilia; S/1.011 fueron a la cuenta de la pareja de Iraida Muñoz; y S/400 a la de la ciudadana Chris Gafo Alméstar.

Los investigadores también descubrieron que una cifra mayor -S/24.000- fue transferida a favor de Piero Pino Carmona, hijo de uno de los coordinadores de Extensión y Cobertura I de la Oficina de Atención de Hospitalización de la Red Prestacional Almenara. El funcionario se llama Pedro Pino Gonzáles, y tenía injerencia en los procesos para la evaluación y asignación de camas.

Pino había sido nombrado en ese puesto de confianza por el gerente general de EsSalud, Alfredo Barredo Moyano, en enero de este año. Al igual que Nery Ochoa Menacho, otra de las coordinadoras del área. Cuando al día siguiente el hermano del paciente depositó los otros S/47.000 que quedaron pendientes, hubo otra serie de transferencias entre los involucrados. Y de las cuentas del hijo de Pino, por ejemplo, salieron S/27.000 para la hija de Nery Ochoa. Todo quedaba entre familia y entre colegas.

 

transferencia entre pino y nery
La fiscalía estableció que hubo una transferencia de S/27.000 entre los funcionarios de EsSalud Pedro Pino y Nery Ochoa.

 

Coima en vano

La repartija continuó, a decir de los movimientos financieros, pero la familia no estaba contenta. El hermano del paciente recibía constantes mensajes de este en los que le indicaba que estaba mal. Además, se habían enterado de que ni siquiera estaba conectado a un ventilador mecánico, sino que seguía con una cánula de alto flujo. Según la denuncia, el ofrecimiento que le había hecho Ana Cecilia Aróstegui era que estaría conectado a un ventilador.

El 12 de marzo, por ejemplo, Iraida Muñoz le dice al hermano del paciente, en una comunicación por WhatsApp: “Cecilia [se refiere a Ana Cecilia Aróstegui] me ha escrito, sé que estás preocupado por tu familiar. Créeme que era casi imposible conseguir cama, pero ella la consiguió en horas”.

Tres días después, ante la presión de Rodrigo, la tensión crecía. “Ya no me vuelvas a decir que ‘no cumpliste’, ya no hables de una manera de negocio o algo [sic], háblalo de cariño, porque yo la verdad estoy muy pegada a tu hermano, mi mayor alegría sería que tu hermano salga”, le dijo la misma Ana Cecilia Aróstegui el pasado 15 de marzo, según el registro de comunicaciones que tiene la fiscalía.

Ese mismo día, por la noche, Rodrigo le escribió a Iraida Muñoz, la mujer que había servido como enlace, para quejarse del supuesto incumplimiento del acuerdo: “Yo confié sin conocerte a ti y a Ana Cecilia [Aróstegui]. Mi hermano me escribe y me pide que lo ayude, hice que mi familia junte 82 mil soles por cama UCI. Desde el jueves venimos esperando. Si no vas a cumplir, devuélvenos el dinero para buscar otro lado”.

Muñoz solo atinó a recriminarle: “¿Me estás diciendo que me quedé con tu dinero?, ¿que no te he ayudado en nada?, ¿que te he estafado? Tu hermano ha entrado donde hasta esta hora no puedo meter a mi tía, que ruega por un minuto más de vida, porque si tuviera tu dinero, ya la hubiera metido ahí”.

chats con iradia
Iraida Muñoz, el enlace con la presunta mafia, responde ante los reclamos de la familia: “¿Me estás diciendo que me quedé con tu dinero?, ¿que no te he ayudado en nada?, ¿que te he estafado?”.

 

Los reclamos no parecían resolver nada. El 17 de marzo, sin embargo, una doctora comunicó a la familia del paciente, luego de una tercera tomografía, que el diagnóstico era grave, que el hombre tenía una sobreinfección y que sus pulmones estaban afectados en un 90%. Solo después de eso, Ana Cecilia Aróstegui -según declaró ella misma a la fiscalía- entregó un ventilador mecánico a la unidad donde estaba internado el paciente. Supuestamente, lo había comprado.

Minutos después, una asustada Iraida Muñoz llamó a la esposa del paciente y le dijo: “Yo vuelvo a repetir, te lo subrayo y en negritas: yo no recibí ni un sol y puedes abrir todas mis cuentas y puedes hacerme seguimiento y reglaje y buscarme (…) Lo que sí es que cuando me has pedido ayuda, me he puesto a moverme. Entonces ya se dejó el ventilador, ya está ahí, hasta aquí llegamos”.

La oscura trama a la que se había metido la familia del paciente no pudo salvar su vida. El 18 de marzo, apenas un día después de la llegada del ventilador, el hombre falleció. Y una semana después, el hermano de este ingresó una denuncia al sistema de EsSalud, que luego inició un proceso administrativo contra los funcionarios Pedro Pino Gonzáles y Nery Ochoa Menacho.

Entonces Iraida Muñoz le escribió a Rodrigo para rogarle que retirase la denuncia y hasta lo acusó de haberse quedado con el ventilador: “Te lo suplico, devuelvan el ventilador y recupera tu dinero, que al final quede en nada todo esto, te lo suplico de rodillas”. Ana Cecilia Aróstegui hizo lo mismo en otro mensaje: “No sé por qué dicen que soy parte de una red, yo no entiendo por qué me están acusando. Solo por recomendar, no puedo ir presa por ello”.

La fiscalía anticorrupción se hizo cargo del caso en mayo. Aróstegui y los demás involucrados fueron detenidos por un plazo de siete días. Pero si deciden cantar, podría ser el inicio de un caso más complejo. “Este hecho ya está determinado y lo que ahora tratamos de verificar es si están involucradas otras personas, como el personal médico que se había encargado del diagnóstico y la ubicación y hospitalización en cuidados intensivos”, dijo a la prensa el fiscal Reynaldo Abia durante el operativo.

reclamos de hermano
Reclamos del hermano del paciente a Ana Aróstegui: “Mi familia hizo un gran esfuerzo para juntar los S/82.000”

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camas uci, Covid-19, hospital almenara

“Es como si tuvieras una pareja y te dijera: ‘no voy a terminar contigo hasta que me devuelvas todas mis cosas o hasta que me pidas perdón’. ¡Es un absurdo!”. Así describe Andrés Calderón lo que considera que fue una relación tóxica con la Tarjeta Oh!, el producto estrella de la financiera que lleva el mismo nombre, uno de los tentáculos del grupo Intercorp. Anular su tarjeta le costó poco más de 30 meses de sufrimiento innecesario, que acabaron hace apenas unos días. 

El vínculo del abogado con Oh! comenzó a inicios del 2018 y terminó el lunes de la semana pasada. Como muchos otros usuarios, se dejó seducir por las jugosas promociones que ofrecía la tarjeta en establecimientos como Plaza Vea, Oeschle, Promart, etc. Todos propiedad del conglomerado que dirige Carlos Rodríguez-Pastor. Los problemas de Calderón comenzaron hacia mediados de su primer año como cliente de Oh!.

“Aparentemente había hecho una compra por S/159,20 soles, pero según la Financiera Oh! la había pedido a 24 cuotas. Casi S/160 en 24 cuotas. ¿Quién puede ser tan ilógico para partir en tantas cuotas algo que saldría menos de S/10 por mes?”, pregunta Calderón. 

El abogado asegura que esa compra la hizo a una sola cuota, como suele hacer con sus tarjetas de crédito, justamente para evitar inconvenientes (y también los intereses). Y así lo hizo saber en su reclamo, donde también pidió cancelar su relación con Oh!. Lo que no esperaba era la escueta respuesta de la financiera.

RespuestaOh!Calderón
La escueta respuesta que la Financiera Oh! le dio a Calderón.

El 17 de octubre del 2018, la empresa le contestó “que los cobros son correctos de acuerdo a los pagos y consumos realizados, lamentablemente la devolución no ha sido aprobada”. Esto indignó a Calderón. “Es una respuesta de un párrafo. No me muestran el voucher de compra donde aparezca que yo había firmado por 24 meses y ni siquiera me dicen algo sobre que no me dejaban cancelar la tarjeta”, reclama el abogado. 

Luego de eso, Calderón no usó más su tarjeta de crédito. En el medio, visitó en reiteradas oportunidades Oechsle de Real Plaza Salaverry para anularla. La respuesta siempre era la misma: primero cancele su deuda, luego vuelva en 48 horas si aún quiere deshacerse de ella. Calderón tuvo que pagar las cuotas. 

Pero el año pasado, a inicios de la pandemia, le notificaron que tenía otro pendiente, esta vez por la membresía. Ofuscado, Calderón volvió a pedir que cancelen su tarjeta. Nuevamente le dieron la misma orden: cancele y vuelva a intentarlo en dos días. Hace una semana le volvieron a cobrar. 

“Fui a pagar la cuota de membresía el viernes de la semana pasada. Este ha sido el tercer intento en tres años para cancelar mi tarjeta. Ahora felizmente ya admiten hacerlo por teléfono”, dice el abogado, harto de visitar Real Plaza Salaverry para sus gestiones. 

Recién este último lunes 12 de julio recibió el correo que tanto esperaba: la Financiera Oh! le comunicaba que su relación -al fin- había terminado. Pero su calvario es muy parecido a otros que pudo recopilar Sudaca. Según el abogado, en todos ellos aplican lo que se conoce en derecho del consumidor como métodos comerciales coercitivos.

“La voluntad del cliente es doblegada. Esto se puede hacer para forzarte a contratar algo que no querías o mantener una relación que no quieres tener. Por eso hacía alusión a una relación tóxica. Si una persona quiere cancelar un servicio, debería poder hacerlo de manera inmediata”, afirma.

“Lo más evidente en este caso es que te den un plazo. 48 horas después de que has hecho la primera gestión del pago de la deuda, recién vas a poder cancelar [tu tarjeta]. Eso no tiene ningún soporte legal”, agrega Calderón, amparándose en el artículo 56 del Código de Protección y Defensa del Consumidor de Indecopi. Pero parece que estas técnicas están tan normalizadas en el sistema financiero que pasan por agua tibia. 

 

Un calvario por “20 centavos” 

“La historia es tan surreal que todavía la recuerdo”, comenta Álvaro Ledgard, periodista financiero de 31 años. En mayo del 2017 sacó su Tarjeta Oh! para adquirir unas zapatillas en Oechsle del Parque Kennedy. Él no lo sabía en ese momento, pero tendría que volver a esa tienda para reclamar por algo que ahora le parece broma: no le dejaron cerrar su cuenta por una deuda estrafalaria de apenas 20 céntimos.

El problema empezó cuando, a mediados del 2018, le cobraron la comisión de mantenimiento de la tarjeta. “Yo no entendí por qué. Revisé mis estados de cuenta y sí había hecho un consumo todos los meses, pero igual me cobraban esa comisión”, asegura Ledgard. 

Cuando se asoció a Oh!, al experiodista de Semana Económica le habían garantizado que podía librarse del mantenimiento si compraba todos los meses, lo que lo incentivaba a visitar Oeschle con regularidad. De hecho, llegó a comprar un televisor por el que debía S/2.000 al momento en que le cobraron indebidamente la comisión.

Ledgard envió un correo quejándose y lo pasearon como a Calderón. Le dijeron que debía reclamar en tienda. Volvió al Parque Kennedy solo para llenar el formulario. Ahí el empleado que lo atendió corroboró que había consumido todos los meses. “Me dijo ‘tu reclamo debería proceder, incluso has hecho un par de compras grandes. No hay ningún motivo para que te cobren esta comisión”, afirma el periodista. Pero la relación tóxica con la financiera de Intercorp no se corta así nomás. 

Financiera Oh! tenía un mes para responder. El 3 de julio del 2018 contestaron que “lamentablemente no es posible realizar el extorno, ya que el cobro se realizó de manera correcta al encontrarse tu tarjeta activa en el mes de cargo”. En cristiano que, como su cuenta estaba habilitada, podían cobrarle lo que les pareciera conveniente.

RespuestaOh!Ledgard
La respuesta de Financiera Oh! a Ledgard. En sencillo le dijeron que le cobraron porque su “tarjeta estaba activa”.

Molesto, imprimió ese correo y volvió al Kennedy a reclamar otra vez. Le dijeron que nada se podía hacer, porque el reclamo ya había sido resuelto. Pidió cancelar su tarjeta, pero le explicaron que primero debía pagar la ‘tele’ y llamar por teléfono al día siguiente. Sólo así podía desvincularse de Oh!

Aunque estaba fastidiado, Ledgard hizo caso. Sacó los S/2.000 y esperó 24 horas para cancelar sus pendientes. Le reiteró al empleado que lo atendió que, por favor, verificara si con eso ya podía anular su tarjeta. Solo cuando se lo garantizaron regresó a su casa.

Pero cuando llamó al día siguiente para cancelarla, asegura que le dijeron: “lo siento, pero acá figura una deuda de 20 centavos”. No lo podía creer. El empleado le explicó que esa ínfima cantidad era un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) generado por la transferencia de S/2.000 para pagar su ‘tele’ el día anterior. 

“Ese es el truco. Yo le insistí múltiples veces al empleado que yo pagaba mi deuda con la intención de anular mi tarjeta. Él sabía que ese era mi propósito y probablemente también que se iba a generar un ITF, pero no me lo dijo. Me lo ocultaron”, afirma el periodista. 

Aún así, Ledgard dice que se acercó al día siguiente con su moneda de 20 céntimos y, aliviado, por fin pudo terminar con Oh!. Pero la experiencia lo marcó. “Me trataron de ignorante cuando intenté cerrar la cuenta con esa deuda. Y no fue hasta el final que trataron de voltear la situación, pero ya era demasiado tarde”, explica. 

 

Protegida sin saberlo

Ledgard no es el único cliente de la financiera que fue sorprendido por omisiones clamorosas de información. A Káterin Infante no le cobraron una deuda irrisoria, pero sí le hicieron pagar un seguro que nunca aceptó. La psicóloga de 31 años se asoció a Oh! en marzo del 2017. 

Todo estuvo bien hasta mayo de ese año cuando, al recibir su estado de cuenta, se enteró que, además de su consumo mensual, tenía que pagar un seguro de protección. Ella había aceptado el servicio -asegura- porque el empleado que le ofreció la tarjeta en Plaza Vea de La Rambla descartó que haría pagos adicionales. “Por simpatía accedí, pensando que era como las tres tarjetas que hasta ese momento tenía. Dije ‘una más no hay problema’”, explica. 

Con la noticia, Infante fue al Real Plaza Salaverry para cancelar el servicio. Como a Calderón y Ledgard, le dijeron que debía cancelar su deuda primero y volver 24 horas después. Esto incluía pagar S/25,08 por su consumo del mes, pero también asumir el costo de S/59,90 del “Interseguro” que no pidió. En total: S/84,90. 

“Me hizo pasar un mal momento. Unos pueden decir que S/84 no es para tanto, pero para otros si lo puede ser. La indignación fue porque me mintieron. Cuando le pregunté a la persona que me ofreció la tarjeta si había algún pago adicional me dijo que no”, recalca Infante.

Infante pagó y solo así pudo desafiliarse de Oh!. Lo anecdótico es que tres meses después de cerrar su cuenta, en agosto de aquel 2017, le llegó al buzón el seguro que nunca aceptó. “En agosto fui nuevamente extrañada [por] ese correo, pero me dijeron que mi cuenta estaba anulada y que tampoco sabían por qué me llegó eso”, explica la psicóloga.

KaterinCorreo
Los correos de Oh! a Infante. El “aviso” del seguro llegó 3 meses después que ella se desvinculó de la financiera.

La pandemia no fue pretexto para mejorar sus mecanismos de atención al cliente. Como señala un informe previo de Sudaca, la Financiera Oh! lidera el ranking de sanciones en Indecopi de todos los sectores para el periodo 2017-2021. Solo desde el inicio de la pandemia hasta mayo de este año eran 431 sus sanciones firmes. ¡Hoy la cifra ha subido a 540! Los testimonios aquí recogidos explican por qué el número sigue creciendo. 

Para el abogado Andrés Calderón, en todos ellos existe un patrón similar. “Hay una estrategia detrás que es super maliciosa. Se demoran y juegan a que la persona se olvide o se canse para que no pueda cancelar la tarjeta. No te dejan hacerlo en una sola acción”.

Sudaca solicitó descargos a la Financiera Oh! a través del área de prensa del grupo Intercorp. Nos aseguraron que nos confirmarían su participación. Sin embargo, al cierre de esta edición, nos dejaron en visto.

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Crédito, Financiera Oh, tarjeta de crédito, Tarjeta Oh!

A fines del 2020, DHL Express fue elegida como el segundo mejor lugar para trabajar a nivel mundial. La empresa incluso se jactó de que en el Perú no paró operaciones, además de mantener a su personal y no recortar sus salarios. Pero hace dos semanas explotó un caso de maltrato laboral que desencadenó en una serie de denuncias por despidos disfrazados de “mutuo disenso”. Sudaca pudo recoger varios de estos testimonios.

El pasado 16 de julio, Scarlett Loyola, hija del ahora extrabajador Luis Loyola, denunció públicamente que su padre había sido retenido en las oficinas de DHL y que fue obligado a renunciar. Luis tenía cerca de 10 años trabajando como mensajero en DHL y, desde que empezó la pandemia, le habían asignado tareas que podía cumplir en su casa. Es, además, una persona que padece hipertensión arterial.

Según el relato, el señor Loyola se encontraba con descanso médico por un infarto ocular del que fue dado de alta a inicios de este mes. El pasado 14 de julio fue citado a las oficinas de la empresa con la excusa de una capacitación.

El martes entregó su alta y lo llamaron para que vaya el miércoles 14/7 a la oficina en el Callao a una capacitación. Mi papá fue y lo llevaron a un cuarto con el jefe y la gerente de operaciones, Mireya Martin. Le dijeron que debía firmar su renuncia por mutuo acuerdo. Pero él nunca firmó suspensión perfecta de labores y encima tenía descanso médico. Mi papá dijo que no firmaría y no lo dejaban salir”, se lee en la publicación de su hija.

Contactada por Sudaca, Scarlett Loyola se ratifica y cuenta que ella estuvo en comunicación con su padre por el celular durante este penoso episodio.  Asegura, incluso, que le escuchó decir que se sentía mal de la presión, pero el personal de DHL apenas atinó a que una agente de seguridad le tome el pulso. Según la hija del trabajador, a pesar de la urgencia, no lo dejaron salir de la oficina. Hasta que, finalmente, firmó el documento.

La mujer, que hoy sufre injustificadamente una serie de insultos en Twitter por destapar este hecho (aunque también muestras de apoyo), asegura que, cuando llegó a ayudar a su padre, el director de Recursos Humanos, Mauricio Martínez, la maltrató y le negó la opción de grabar una conversación que mantuvieron afuera de la empresa, en la vía pública. Según ella, le dijo que la denunciaría si hacía lo contrario. Mauricio Martinez  ha desactivado su perfil de LinkedIn.

Cuando Scarlett pidió explicaciones del despido disfrazado de “mutuo acuerdo”, Matínez habría puesto como excusa que su padre, a pesar de estar contagiado de Covid-19, se fue a almorzar con un trabajador de la empresa y, por lo tanto, lo había puesto en peligro. Lo que le llamó la atención es que su padre había estado infectado desde fines de febrero hasta el 7 de marzo pasado, en que lo dieron de alta. La supuesta comida ocurrió en mayo, asegura: dos meses antes de su despido.

“Se puso déspota y me dijo que si quería que denunciase en las redes, en Sunafil, donde sea, pero que tenían la firma de mi papá y eso los iba a avalar, dijo que tenían un staff de buenos abogados”, afirma Scarlett Loyola.

Horas después de que el caso de Loyola saliera a la luz, la empresa publicó un comunicado. En este decía que no iban a discutir casos individuales de excolaboradores por consideraciones legales y de privacidad, pero que rechazaban rotundamente cualquier acusación relacionada a algún maltrato o violación de derechos. 

Además, apuntaron: “Para aquellos considerados como grupo vulnerable, pero cuyos trabajos requieren operaciones en centros de servicio, también hemos hecho arreglos para que puedan quedarse en casa sin afectar sus ingresos ni su situación laboral”. No todos opinan lo mismo, como veremos a continuación. 

Más pretextos

Jair Yataco sufre de dislipidemia, una concentración elevada de lípidos (colesterol, triglicéridos), y también de hipertensión arterial. Según Bryan Medina, médico del hospital Rebagliati, estas condiciones, en el contexto de pandemia, hacen que sea población vulnerable. 

Yataco asegura que la empresa conoce de su condición. A pesar de eso, señala que él siguió operando en la calle hasta poco tiempo antes de ser despedido, cuando se le dijo que haga trabajo remoto.

El pasado 15 de julio, sin embargo, tras 15 años trabajando como mensajero en la empresa, fue llamado a una “capacitación” por uno de los líderes de su área. Ahí le dijeron, para su desagradable sorpresa, que debía firmar un mutuo disenso. Según su relato, si no aceptaba, la empresa utilizaría como excusa un incidente que había ocurrido el 20 de noviembre del 2019, por el cual se le retuvo su brevete.

“Sabía que me iban a agarrar por eso, porque otros amigos ya estaban hablando de despidos, pero es algo que yo había comunicado en su momento. Me dijeron que si no firmaba, sólo me iba a ir con la CTS, en plena pandemia. Tácitamente estaba obligado a firmar”, recuerda.

Otro caso similar es el de Yanira Hermoza (28), quien había dedicado siete años en el área de Aduanas y fue retirada hacia fines de 2020. Según su testimonio, fue convocada de un momento a otro a la compañía tras un descanso médico y fue llevada a una oficina en el área de recursos humanos, supuestamente, para comunicarle que querían cambiar sus funciones.

Una vez ahí, le dijeron que ahora buscaban a gente de otro nivel y que no cumplía con las expectativas de la empresa. “Yo tenía hasta felicitaciones de DHL y había estado siete años. Me tenían a veces trabajando sábados o domingos y jamás me pagaron horas extras. Eran conscientes que era mamá soltera, pero igual me hicieron sentir muy mal y lloré. Me pareció raro que me dijeran que firme lo de mutuo disenso, pero para no pelearme, terminé firmando”, narra.

“Firmé por ignorancia, me dijeron que era la mejor opción para ambas partes, para que puedan dar buenas referencias mías. Llegué a casa y me dijeron que debí negociar de otra forma. Luego caí en cuenta de que, primero me dijeron que me sacaban por ser mala en el trabajo y luego me decían que me recomendarían en otro. Después de tanto esfuerzo, te dicen ‘chau’. Fueron injustos conmigo”, se lamenta.

María, nombre ficticio de una extrabajadora de casi 10 años, aún tiene una materia pendiente con la empresa y por ello pide anonimato. Ella también fue convocada para ver “un tema laboral” a inicios de enero de este año -según dice, para conocer cómo iba a ser el plan de trabajo-. Al llegar, estaba su jefa y la directora del área, con un sobre manila. Ella sabía, o algo le decía, de qué se trataba: el mutuo disenso.

“Sabía que no había ido a trabajar. Me dijeron que intentaron colocarme en otro lado pero que no se pudo, que estaban desvinculando a varios empleados y que necesitaban otro tipo de profesional para el puesto que dejaba. Incluso, me dijeron que me habían armado un pack que me convenía firmar [se refiere a una ‘buena’ liquidación]”, cuenta.

María cuenta que se contactó con su abogado y este le dijo que podía pelearla, pero que iba a demorar. Entonces pidió que la dejen sola y, al rato -dice- vinieron con una propuesta de liquidación mayor.

“Me advirtieron que tenía 10 minutos y que el director de Recursos Humanos, Mauricio Martínez, decía que pasado ese tiempo, la oferta vencía. Me estaban presionando y respondí que necesitaba pensar en mi futuro. Estamos en pandemia y tengo una hija. Ni siquiera había tenido una sola amonestación en mi carrera. Luego me dijeron que si íbamos por el lado legal, iba a salir mal de la empresa y que, si renunciaba, iba a salir por la puerta grande”, afirma. Asegura que el jefe de Recursos Humanos también se jactó de contar con un staff muy fuerte de abogados.

Y luego añade: “Al final de la tarde, me enteré que hicieron una reunión y que dijeron que me habían sacado por mi desempeño, que me habían avisado incluso, pero es totalmente falso. En las evaluaciones tenía una puntuación de cuatro, donde cinco es lo máximo y el promedio era tres. Fue un golpe muy duro, lo peor fue cómo dejaron mi imagen”, señala.

Guillermo Boza, abogado laboralista y profesor principal de Derecho en la PUCP, señala que estos casos son comunes y muchas veces se convoca a un trabajador y se le presenta un documento de manera sorpresiva donde se le dice que si no firma, no se le pagan sus beneficios.

“Cuando alguien cuestiona o judicializa estos casos, va a tener que acreditar los hechos que alega, como el que haya sido coaccionado. Hay jurisprudencia, como un caso de Telefónica, que con los hechos se demostró que una persona fue encerrada en una oficina negándose a firmar. Fue una suerte de secuestro temporal. Se acreditó y se declaró nulo el acto de mutuo disenso”, explica.

Sudaca envió un cuestionario sobre estos casos a DHL, que se limitó a señalar que los despidos “se derivan de razones netamente relacionadas a temas de desempeño y cumplimiento de nuestro código de conducta interno, siempre en el marco de la ley”.

Mientras tanto, este medio conoció que para el caso de Loyola, Sunafil sostendrá en los próximos días una diligencia donde participará el afectado y DHL. De acuerdo a la entidad fiscalizadora, desde el 16 de marzo, DHL registra seis denuncias virtuales, de las cuales dos son por despidos arbitrarios. Además, desde que empezó la pandemia, se han impuesto 62 multas contra 55 empresas por este tipo de abuso. Este es un caso más de una empresa que dice se ampara en la ley, pero cuyos trabajadores apuntan lo contrario.

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Despido arbitrario, dhl, great place to work
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