Opinión

La derecha política, y en particular la derecha liberal, debería marcar claro distingo de los grupos extremistas, reaccionarios y violentos, que empiezan a prosperar en sus cercanías.

Plagados de libertarios conservadores o abiertamente fascistas (basta ver su simbología para darse cuenta de ello), estos grupos se dedican a hostilizar a cuanto personaje o entidad consideren ellos caviar o izquierdista, recurriendo a métodos coercitivos que colisionan con los criterios mínimos de un Estado de Derecho.

Su última víctima ha sido Francisco Sagasti, pero seguramente serán otros, si no se les pone pronto atajo. Y los primeros que deberían empezar a hacerlo son los representantes políticos (congresales o no) de la derecha política realmente existente.

La Carta sobre la tolerancia de John Locke, publicada en 1690, hace más de tres siglos, es el texto fundacional del liberalismo, y en aquel, el filósofo inglés trazó los límites que el ejercicio del poder debe tener, en cualquiera de sus formas, respecto de las creencias y valores ajenos. Harían bien los llamados liberales peruanos en releerlo, o leerlo, porque parece que algunos nunca lo han hecho.

¿Es verdad que los mismos que hoy se indignan por lo ocurrido hace unos días, aplaudieron entusiastas el puñete al congresista Ricardo Burga, el conazo a Carlos Tubino, la asonada en la vivienda de Beto Ortíz o el apaleo a Luis Alva Castro en los exteriores de la residencia del embajador de Uruguay? Sí, es cierto. Hay que admitirlo porque es menester corregir conductas de ambos lados del espectro ideológico nacional.

Ni el filofascismo criollo ni el supremacismo moral caviar pueden dictar la agenda pública. Se requiere construir, ahora más que nunca, que llegamos a un tiempo donde la transición democrática ha sido dilapidada por gobernantes mediocres y corruptos, a la revalorización de criterios de convivencia ciudadana.

La mediocridad rampante del gobierno de Castillo, y esa extraña coexistencia de magros resultados y excesivo ruido político, exacerbarán aún más los ánimos de sectores que ya se polarizaron durante la campaña. En ese ambiente crecientemente hostil, es imperativo llamar al orden democrático y defender la tolerancia como valor supremo de las libertades. Se juega mucho, en términos del futuro nacional, si miramos de soslayo estas muestras crecientes de fanatismo agresivo y violentista.

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derecha liberal, derecha política, filofascismo, Francisco Sagasti, gobierno de Castillo, supremacismo moral

Tenemos nuestra propia versión de Juego de Tronos de la popular serie de novelas Canción de Hielo y Fuego del escritor estadounidense George R.R. Martin en nuestra igualmente épica, pero no tan mágica política peruana. El presidente Pedro Castillo, Perú Libre (PL), los aliados (JPP/NP) y la derecha juegan por el poder, moviendo sus piezas, creando caos, y usando las oportunidades que se presentan para posicionarse mejor y sacar del juego a sus rivales más peligrosos. Como dice Lord Baelish “el caos no es un pozo, el caos es una escalera”. 

“Un hombre sin motivo es un hombre del que nadie sospecha”— Lord Baelish

Al finalizar la primera vuelta electoral, un profesor rural casi desconocido para la élite política nacional, Pedro Castillo, emerge en las encuestas con un partido de origen provinciano que hasta entonces tenía solo un alcance regional, Perú Libre (PL) de V. Cerrón. Esa arremetida se da en buena parte por la identificación cultural con el “hijo del campesino” y un programa político que levanta el entusiasmo de la población excluida por el modelo neoliberal y traicionada por los gobiernos anteriores.

Inmediatamente JPP/NP, que se arrogaba la representación progresista de la élite política criolla, se apresuró en demandar la renuncia de Castillo a favor de la candidatura de Mendoza. Ante la negativa de Castillo, los ataques en las redes sociales y otros medios expusieron el carácter elitista de los “progres» de creerse la única opción de izquierda capaz de gobernar.

El invierno viene

Cuando Mendoza intenta “radicalizarse”, ya su suerte está echada. Obtiene un 6% de los votos a nivel nacional con su mejor resultado en las clases acomodadas: un honroso tercer lugar en Miraflores y Jesús María, pero sexto a nivel nacional. 

El triunfo de PL es categórico en los sectores populares. Obtiene el 19% a nivel nacional con alta votación en la clase trabajadora y campesinado en el sur y centro del país, y gana en casi todas las provincias de Lima región llevando la delantera a JPP en los distritos populosos limeños. Para las clases dominantes, incluida la élite «progre», los del “otro lado de la muralla” arremeten en la cancha política para cuestionar el orden establecido. 

“Los miedos cortan más profundo que una espada” — Arya Stark

Desde el triunfo en primera vuelta Castillo fue terruqueado y discriminado, cuestionando su origen y capacidad para gobernar. La derecha implementó la campaña más difamatoria y millonaria en la historia del país utilizando paneles luminosos, medios de prensa y operadores en redes sociales que encienden el miedo al comunismo, chavismo y retorno del terrorismo. Ni la siniestra Cersei Lannister hubiera sido capaz de hacer tan burda campaña.

Paralelamente se ejecuta una estrategia para separar a Castillo de PL y su líder V. Cerrón, acusando a éste de “sectario” y “abominable”, a la que se suma una persecución judicial para apresarlo y desaparecer a PL de la escena política. 

En medio de esos miedos, la segunda vuelta cumple su función como mecanismo creado para moderar programas de izquierda y garantizar el sistema dominante. El 6% presiona a Castillo para “acomodar” su programa de gobierno y exige la separación de Cerrón. 

“El poder reside donde la gente cree que reside— Lord Varys

A pesar de las visibles tensiones, se piensa que el primer gabinete abre la posibilidad de una coalición unida, multicultural y plurinacional para enfrentarse a la derecha golpista, pero los ministros que representan la izquierda popular van cayendo. La unidad es una ilusión.

En este juego político se le ha hecho creer al pueblo que no tiene poder ni capacidad para gobernar, y que mas bien, el poder reside en una élite “educada”. 

La larga noche

Poco a poco el pueblo es excluido y algunas promesas electorales se sacan de la agenda. Francke, el “blanco salvador”, calma a las élites enardecidas con un discurso moderado oponiéndose a una nueva constitución y manteniendo a Velarde en el Banco Central de Reserva.

V. Cerrón sigue denunciando un viraje, pero es apanado mediáticamente por los sectores elitistas y “progres”. Salen Bellido, Maraví y Galvéz, el odiado ministro por la “Lima culturosa”. Dina Boluarte y Betssy Chávez se alinean con la narrativa moderada y los aliados suben en la escalera del poder copando el gobierno. La acción de JPP/NP acelera la tensión con Cerrón y los ministros que salieron, pero irónicamente hacen un llamado de unidad. El ‘hermanón” Belmont entra en escena para enredar más este juego.

El Norte Recuerda

El pueblo sabe que el juego de tronos no es más que la lucha de clases. Mientras la izquierda esté dividida, será la derecha quien suba primero en la escalera del poder. 

Tal vez estamos aún esperando “el príncipe o princesa prometida” como en la serie, un Jon Snow, o una lideresa que unifique las fuerzas campesinas y obreras para romper la dinámica dominante dentro de la izquierda, esa que subordina un programa popular a uno moderado y elitista, y que desde las organizaciones sociales desmonte el poder de la derecha. No más escaleras de poder ni tronos para ninguna élite.

 

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Canción de Hielo y Fuego, Pedro Castillo, Perú Libre

UNO

El mes pasado necesitaba urgente ir al peluquero, tenía cita con un cliente y no podía presentarte con mi desastroso pelo largo. Estaba por el centro y hallé una peluquería, que me salvó de la situación. No me cobró tan caro (estaba misio, bueno siempre lo estoy). La pelu tenía nombre de una ciudad española. Al entrar, me di cuenta que parecía un lugar congelado en el tiempo. El que atendía era un viejito caucásico, edad indescifrable, pelo blanco y boina gallega. Me miró de reojo y al oído me contestó, cuando le pregunte por el precio. 

“Para vos baratito nomas”.

Me senté en una de las dos sillas de peluquería de los años cincuenta. Su mobiliario estaba repleto de cachivaches y revistas. El piso tenia restos de aserrín y pelos en menor medida. El abuelito me preguntó, con ojos traviesos, que tipo de corte quería.

Rebájame las puntas nada más, le contesté. 

Me miró sin comprender y procedió con una maquinita de antaño a trasquilarme el pelo. Le importó tres carajos mi pedido y me lo dejó cortito, como cuando tenía 8 años.

 

DOS

A finales de marzo del 74, mi viejo nos llevó -mis 2 hermanos y yo- a la peluquería de Machaguay que quedaba en frente de nuestra casa. Aquellos años, estaba de moda los hippies. Así que lo que más queríamos nosotros, era seguir con el pelo larguísimo. Pero empezaban las clases, por lo que teníamos que cortárnoslo. Entonces, fuimos mansamente a la vereda de enfrente.

La peluquería no tenía cartel, no lo necesitaba, todos en el barrio lo conocían. El que atendía era un tipo enorme con rostro cobrizo, ciertas arrugas, ojos negrísimos y unos pliegues que se le formaban en el rostro. De edad, entre cuarenta y cincuenta, adusto y pelo engominado. Tenía una gran bata blanca y unos mocasines negros que brillaban. Conocía a mi viejo de tiempo, luego del saludo amical, nos señaló a nosotros.

“Te los traigo para que les cortes el pelo”

Él nos miró sin ver, mientras le cortaba el pelo a un joven, dirigiéndose a mi viejo.

“En un rato les atiendo”

Entretanto, lo esperamos sentados y calladitos, desde su radio portátil emanaban los versos inconfundibles.

“Si tú me odias quedaré yo convencido, 

de que me amaste mujer con insistencia, 

pero ten presente de acuerdo a la experiencia, 

que tan solo se odia lo querido” 

Nos miramos los tres y por un instante pensamos lo mismo

“La misma huevada que escucha nuestro viejo”

Primero paso Thedy, el mayor. En tanto, Jhonny y yo esperábamos –aburridos- nuestro turno de ser rapados. Mi viejo feliz y despreocupado leía el diario. En esos tiempos no se estilaba tener tele en los negocios; aparte a esa hora, solo daban telenovelas mexicanas. Todo en blanco y negro. 

Mientras, mis 2 hermanos veían, en el espejo, su cruda realidad. Me llamó. Avancé y me senté en la silla enorme, en donde mi trasero se perdía. Machaguay, sin pérdida de tiempo, comenzó a cortarme el pelo, usando la maquinita. En el ínterin, mi pelo caía inmisericorde. 

Años atrás, cuando a Machaguay no lo llamaban así, vino de Chincha a probar suerte. Allá había trabajado en un camal (destripando cuadrúpedos). Luego se enlistó en el ejército (en esos tiempos, cuando no tenías nada, ir al ejercito era una tabla de salvación) y aprendió el oficio de peluquero. Al regresar a sus pagos, ninguno de sus conocidos quería que le cortara el pelo.

“Tas cojudo, que va a saber éste de cortar pelos, si trabajó en un camal”

Hizo tripas corazón y enrumbó, de nuevo, hacia Lima. Ahí encontró su lugar en el mundo. Vivía en la Urbanización Palomino. A raíz de su apego a la canción “El mambo del Machaguay”, o a que era un eximio bailarín, es que adoptó el célebre mote. 

“Ni respires carajo, que te corto”

Mientras ahogaba la respiración, Machaguay me pasaba la navaja con mucho cuidado. Más tarde, todo finalizaba cuando me sacaba el mandil y lo sacudía. Con la mirada me decía.

“Baja huevón”

Salíamos de la peluquería, trasquilados y con el cuello irritado.

 

TRES

Recuerdo claramente que, en marzo del 78, me armé de valor, y antes de empezar dije bajito.

“Rebájeme un poco nomas”

Me miró incrédulo, y por toda respuesta obtuve un pedo. 

Siempre nos cortaba como se la daba la gana: el típico corte alemán, el cual, insólitamente, ha vuelto la moda.

Todo eso vino a mi memoria cuando el gallego con boina me trasquilaba, feliz de la vida, y yo volvía, por un instante, a los años setenta.

 

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Machaguay

Un apreciado profesor de San Marcos solía decirnos en clase que en el Congreso hay tres tipos de parlamentarios: los que hablan, los que no hablan y hacen lobby, y los que hablan tonterías. En cada nuevo periodo legislativo, nuestro Congreso nos sorprende con la «calidad» de parlamentarios que diversos partidos decidieron poner como sus «mejores alfiles políticos», pero que, cuando abren la boca, incluso para defender a su partido o a sus aliados, nos generan la desoladora idea que nuestros impuestos sirven para pagarles un sueldo mensual que no merecen.

En este irónico escenario, ningún partido se salva. Todos y cada uno ha contribuido para que el Congreso reciba el apelativo de «circo». El problema e ironía de la situación es cuando el típico doble rasero se apodera de esa facción política que siempre está viendo la piedra en el ojo ajeno, pero no quiere analizar la roca que tienen en el suyo.

Los únicos responsables de la baja calidad de parlamentarios son los partidos políticos, los mismos que nos han impuesto a personajes como Esther Saavedra, Bienvenido Ramirez, Tamar Arimborgo, Karina Beteta, todos de Fuerza Popular; María Elena Foronda, del Frente Amplio; Luciana Leon, Apra; Maria Cabrera Vega, de Podemos Perú y, por último, la presentación de la figura más reciente de Juntos por el Perú, la congresista Isabel Cortez, conocida como «Chabelita».

Cuando se trata de Fuerza Popular, del APRA o de cualquier otro partido cuyos congresistas demuestran sus limitaciones argumentativas, el doble discurso, defensa de lo indefendible y el doble rasero; cuando mienten o realizan cualquier acción que genere una mínima indignación colectiva, los primeros que están alistando las mejores burlas y críticas son ese sector de izquierda «posera» que se cree la reserva moral del país. Pero esconden la cabeza y la piedra cuando son sus amigos los que generan la tendencia de vergüenza ajena.

Primer acto. Esa misma izquierda nos ha presentado a Isabel Cortez, una parlamentaria que hasta ahora ha basado su posición política y discurso en símbolos y narrativas básicas para alegrar y entretener a su elector. Hasta el momento no se ve ninguna acción concreta, ningún proyecto de ley que tenga una base realista de la situación actual del país. Los proyectos que ha presentado han sido calificados como inconstitucionales o mamarrachos, como el proyecto de «Ley de muerte cruzada», que sólo ayudó a conocer las evidentes deficiencias y limitaciones de esta congresista, que ni siquiera pudo explicar ni defender su proyecto ante los medios. ¿Cómo es posible que una congresista no pueda argumentar la defensa de su propio proyecto de ley?

Segundo acto. Más de veinte congresistas de Lima y Callao cobraron los jugosos S/15,600 para gastos de instalación. Entre esos parlamentarios estaba Isabel Cortez, que usó el dinero para, según ella, amoblar la «casa del trabajador»; pero resulta que esa casa es para ella y, efectivamente, compró una serie artefactos y muebles para el mencionado lugar. Si esto lo hubiese hecho cualquier congresista del lado «oscuro», la izquierda posera que logró el 6,6% de la votación nacional ya habría pedido una investigación en la Comisión de Ética y habrían llenado las redes de insultos y memes contra ese congresista. Pero como se trata de Isabel Cortez, ka amiga «luchadora», las ganas de criticar y hacer memes se esfuman hasta nuevo aviso.

Tercer acto. No es culpa de Isabel Cortez verse en el Congreso y no tener idea de dónde está parada. Lo siento, congresista: esa es la imagen que está proyectando y creo que hasta ahora no se da cuenta. La culpa de esta deficiente presentación es de su partido, Juntos por el Perú, por no capacitar a sus candidatos o a sus «mejores» cuadros. No es culpa de Isabel Cortez; es culpa de Juntos por el Perú por no entender que al Congreso no se ingresa a jugar a la política anodina. Y lo que es peor, no sentir la mínima preocupación y vergüenza por no saber exponer claramente tus ideas.

En el Congreso, según mi apreciado profesor, hay tres tipos de congresistas: los que hablan, los que no hablan y hacen lobby, y los que hablan tonterías. Le pregunto a la Congresista Isabel Cortez, ¿en qué grupo desea estar?

Y no me responda «el grupo de los que luchan por el pueblo». Dejemos la demagogia y seamos serios.

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Comisión de Ética, congresistas

Cuando los filósofos liberales modernos imaginaron el Estado muchos de ellos lo hicieron usando la metáfora de un monstruo de tres cabezas tratando de devorarse entre ellas. Precisamente lo que subyace a la teoría de la división de poderes es que estas tres voraces cabezas no puedan tragarse la una a la otra, sino que sean capaces de mantener un frágil equilibrio sin el cuál ellas mismas desaparecerían. En otros términos, si alguna de ellas llega a devorar a alguna otra el monstruo moriría irremediablemente, de ahí que, aunque se repelan se necesiten. Sin embargo, esa necesidad implica también un constante enfrentamiento, pero dentro del juego democrático del respeto a la Constitución que es la que coloca las reglas de ese juego.

Lo sucedido esta semana con la aprobación de una ley de “desarrollo constitucional” (que inevitablemente nos remite a la de “interpretación auténtica” del inefable Carlos Torres Lara) que limita las posibilidades del poder ejecutivo para plantear la cuestión de confianza, deja a ese poder del estado en total desprotección frente al embate de un congreso que ve fortalecido su poder rompiendo de esta manera el ya frágil equilibrio. Los fujimoristas que controlan la Comisión de Constitución han hecho malabares para pasar de un plumazo de una Constitución presidencialista pensada en el delincuente que tienen como jefe a una parlamentarista pensada en la acusada que tienen como líder.

Lo sorprendente de esto es la inoperancia que ha mostrado el ejecutivo al respecto. Mientras le asestaban el golpe más fuerte en lo que va de su gobierno el presidente sólo atinaba a celebrar su cumpleaños, mostrarse como un hombre enamorado y dejar el país a la deriva. El juego de la oposición es claro. Ha aprobado la ley que allana el camino a la vacancia, en diciembre nombrarán a sus magistrados del Tribunal Constitucional para que la avalen y de ahí en adelante la espada de Damocles penderá sobre la cabeza de Castillo.

En lugar de advertir estos peligros que pueden dar fin a su gobierno el presidente ha optado por brindarle toda la protección posible a los líderes de su partido sindicado como una organización criminal. El nombramiento del abogado del los “Dinámicos del Centro” como ministro del interior, es decir, el jefe político de la policía encargada de la captura de los prófugos partidarios del presidente, de los seguimientos y probables capturas de los que aún están siendo investigados tiene un objetivo claro garantizar la impunidad de los que vayan a resultar culpables.

En esa misma línea se inscribe el insólito nombramiento de Richard Rojas, hombre de confianza del secretario general de Perú libre, como embajador en Venezuela. Un hombre que ya fue rechazado por Panamá cuando fue propuesto para el mismo cargo, ahora se cobija bajo el manto del dictador caribeño Nicolás Maduro. Tenemos que pasar por la indignidad de tener como embajador a un investigado por lavado de activos sobre quien pesa un pedido de impedimento de salida del país. Por qué arriesgar tanto si no es con el objetivo de ir allanando un posible asilo político tal como ya lo anunciaron antes los abogados de Vladimir Cerrón.

Lo peor de todo esto es que a nadie parece importarle la gravedad del asunto. Es como si ambos poderes jugaran su propio juego y por cuerdas separadas. Los miembros de la coalición de gobierno, la prensa, tiros y troyanos se escandalizan por el nombramiento nefasto del cómico Ricardo Belmont como asesor presidencial y no dicen nada sobre el fondo del problema en el que estamos. Lo que se juega aquí es la gobernabilidad y la viabilidad del país. 

Nuevamente los políticos decepcionan por no ser capaces de dar la talla suficiente. El Perú es un páramo de estadistas. Todos ocupados como están en sus pequeñeces y mezquindades parecen no ver cómo nos dirigimos al precipicio mientras ellos siguen bailando como los pasajeros el Titanic cuando estaba a punto de hundirse.

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Perú Libre, poderes del estado

El nombramiento de Ricardo Belmont como consejero presidencial pone de manifiesto la rampante mediocridad con la que este gobierno viene manejando el Estado y desplegando políticas públicas.

Salvo pliegos en los cuales sus titulares son gente competente -que son los menos- hay sectores completos del Estado entregados a la medianía y torpezas más asombrosas. Lo que comentan agentes privados -sean empresarios, tecnócratas o exfuncionarios públicos- respecto de lo que está sucediendo en Indecopi, Energía y Minas, Interior, Educación o Transportes y Comunicaciones, por citar algunos ejemplos, es de espanto. En algunos casos, inclusive, la mediocridad se combina ya precozmente con rampantes indicios de corrupción.

De alguna manera, en los 90 se lograron crear islas de excelencia en el Estado peruano. La tecnocracia liberal fue capaz de generar espacios donde el Estado sí funcionaba, era eficaz y expeditivo respecto de sus obligaciones esenciales. Mal que bien, esa tecnocracia y burocracia fueron sostenidas en el tiempo e, inclusive, mejoradas en algunos sectores por los gobiernos sucesivos de la transición democrática.

Pero ese camino de mejora, a veces lenta, pero inexorable, de la administración pública, parece haber llegado a su fin con la llegada al poder de un Presidente limitado e improvisado como es Pedro Castillo, a cuya imagen y semejanza parecen actuar muchos de sus subalternos, ejecutando una política de “tierra arrasada” respecto de la calidad burocrática que mínimamente un Estado requiere para funcionar a cabalidad.

Parecemos condenados a ello. Aun cuando el presidente Castillo enmiende rumbos políticos gruesos y, por ejemplo, se desprenda del ala Movadef y deseche la absurda idea de la Asamblea Constituyente, completando un camino positivo que ha comenzado con el apartamiento de Vladimir Cerrón, no parece que nos vayamos a librar de decisiones disparatadas recurrentes o de la baja calidad funcional en amplios sectores de la administración pública.

En ese sentido, van a ser cinco años perdidos. Ojalá al menos, Castillo logre iniciar reformas importantes en Salud y Educación, y tal vez generar la ruptura de algunos circuitos de privilegios mercantilistas en la economía. Es inaudito que nos conformemos con pedirle tan poco a un gobierno, pero es, lamentablemente, lo que hay. La mediocridad política del Presidente está irradiando hacia todo el Estado y las consecuencias de ese paulatino deterioro las vamos a pagar todos los ciudadanos.

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Asamblea Constituyente, Pedro Castillo, Ricardo Belmont, Vladimir Cerrón

En el Perú estamos en crisis porque hay un claro enfrentamiento que no resolvió el proceso electoral y que impide la consolidación de un equipo de trabajo que pueda enfocarse en el gobierno mismo. Pasan los días y la derecha no acepta renunciar al conjunto de privilegios acumulados desde el fujimorismo y la izquierda regional, para demostrar que el gobierno es suyo, continúa desafiando a los demás partidos con los personajes de poca seriedad ética y profesional que consigue colocar en el gabinete ministerial y el entorno presidencial. Pronto serán tres meses y no nos permiten redireccionar las acciones de ambas facciones hacia un trabajo conjunto para poder salir de la crisis actual sin tener que dejar que la informalidad se multiplique, asegurando nuestros derechos y compromisos para una vida digna.  Mientras tanto, la derecha se ha extremado en la persecución comunista, de tal forma que hasta los derechistas sensibles ante la necesidad social, han sido sentenciados públicamente como terroristas por algún tipo de vínculo imaginado con “algo” de Abimael Guzmán. Mientras tanto, la izquierda regional continúa apelando al discurso castrista que ya ha perdido autoridad en América Latina. Es tan claro que Cuba es su modelo, que Vladimir Cerrón y su enclave familiar y amical parecieran seguir hasta la pauta de la dinastía cubana, tal como aparece en los reportajes sobre Perú Libre, los Dinámicos del centro y otras malversaciones por las que es investigado. 

Este enfrentamiento se juega en distintos ámbitos. Uno de ellos es el espacio público. La toma de las calles como campo de confrontación física y violenta ha sido la estrategia principal de la derecha desde hace algunos años atrás y se ha fortalecido en las últimas elecciones. Atinadamente, la izquierda regional no aceptó las bravuconadas y luego de los resultados finales quienes llegaron a Lima retornaron a sus tierras. Dado que no es un enfrentamiento consentido por ambas partes, no podemos referirnos a una pelea, sino a un violento y constante hostigamiento político, físico y verbal. Los ataques son protagonizados por simpatizantes fujimoristas o de Renovación popular que responden a campañas para cercar y perseguir periodistas, funcionarios del estado y demás personajes públicos que cuestionan la corrupción del fujimorismo y de los principales grupos económicos. La agrupación principal es La Resistencia, la cual lidera a otras más pequeñas que también se definen como fervientes anticomunistas y gustan de la utilería fascista. Mes a mes continúan acumulándose las denuncias contra sus dirigentes pero ninguna sanción los ha detenido e intervienen violentamente hasta en la presentación del libro del expresidente Francisco Sagasti. 

Otro enfrentamiento, incluso más desigual e injusto es el que se observa hasta ahora en los medios de comunicación. El control que tienen grandes grupos económicos como El Comercio o RPP sobre los principales medios escritos, de la radio y de la televisión ha llegado a extremos insospechados. El hito principal ocurrió cuando la directora periodística de América Televisión, Clara Elvira Ospina, fue reemplazada por Gilberto Hume. Si bien él había sido el primer director de Canal N hasta el año 2002, unos años después fundó Willax Televisión canal que siempre ha emitido información falsa e imprecisa sobre temas de política e incluso, en plena pandemia, sobre temas de salud pública, como la desinformación que realizaron sobre la vacuna Sinopharm. La salida de muchos periodistas dejó en claro con sus reemplazos que los principales canales de señal abierta, junto con las cadenas de noticias y la prensa de mayor prestigio, hoy se dedica a remarcar el imaginado vínculo con el terrorismo de todos y cada uno de los funcionarios del nuevo gobierno de Castillo, desprestigiando toda propuesta política del Poder Ejecutivo. Los medios de comunicación alternativos no cuentan con el poder necesario para contrarrestarlos. 

Pero la pelea principal, la cual no puede ser distorsionada por darse en el ámbito constitucional y tener impacto directo en el equilibrio de poderes del Estado, es la que se ha presentado entre el Congreso de la República y el Ejecutivo respecto de la vacancia presidencial y el voto de confianza. Mucho ya se ha escrito sobre la indefinición de incapacidad moral, razón por la cual se ha decidido omitirla, y mucho también sobre el voto de confianza, que permite retrasar las labores sectoriales al censurar a los gabinetes ministeriales, pero que también otorga al Presidente de la República el poder de cerrar el Congreso. Estas reformas constitucionales tienen que ser entendidas también en el marco de la lucha contra la corrupción en la que está comprometido el país entero. Las propuestas ya han sido estudiadas por especialistas como Fernando Tuesta, quien ha dejado claro que no son intercambiables. Urge pues que la primera ministra y el Congreso lleguen a un acuerdo, pero para ello es sin duda necesario que esta pelea electoral llegue a su fin y que se toma la estabilidad del país como el primer paso fundamental para un gobierno que piense en el futuro del país y no en viejas contiendas que solo aumentan conflictos y pobreza. 

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Fujimorismo, gabinete ministerial, Izquierda, Presidente Castillo, voto de confianza

En su libro «La banalidad del mal», Hannah Arendt —una judía que vivió el holocausto— narró su experiencia durante su estadía en un campo de concentración en Francia. Así, en su condición de filósofa realizó un análisis al juicio de Adolf Eichmann, uno de los principales responsables del genocidio judío. Luego de analizar la personalidad de Adolf Eichmann llegó a la conclusión que cualquier persona podría cometer los más terribles crímenes y que sólo hacía falta eximirle de responsabilidad para poder ejecutar estas atrocidades.

Ha sido de conocimiento público la información propalada por el portal digital Sudaca, el 16 de setiembre de 2021, sobre que el fiscal supremo Óscar Fernández Alarcón, encargado de la investigación del caso “Cuellos Blancos”, solicitó sin motivación alguna la interceptación de las comunicaciones de diferentes números telefónicos cuya titularidad no fue establecida, adicionales a investigados que sí fueron debidamente identificados. Entre estos últimos, se encontraban los números telefónicos de dos jueces supremos y de, incluso, el efectivo policial de la DIVIAC encargado del análisis de comunicaciones del propio caso investigado por el citado fiscal supremo. Dicho requerimiento fue presentado el 13 de mayo de 2019 y, luego, el 23 de mayo del mismo año se emitió la decisión judicial que lo declaró fundado; sin embargo, en esta resolución tampoco se realizó análisis alguno sobre la interceptación telefónica solicitada respecto a los 20 números telefónicos cuya titularidad no fue establecida. Simplemente, en la parte resolutiva, sin justificación alguna, se autorizó su interceptación. 

Sucede que, el 20 de agosto de 2021, el fiscal supremo Oscar Fernández Alarcón solicitó que se deje sin efecto, “vía aclaración”, el levantamiento de secreto a las comunicaciones de 19 de los 20 números telefónicos interceptados. Es de advertirse que, durante más de dos años, el fiscal supremo en lo penal ha interceptado, sin motivación, las comunicaciones de jueces supremos y del propio equipo policial que coadyuva a la investigación del caso Cuellos Blancos. 

Esta práctica se está volviendo recurrente en el ámbito fiscal, que no solo es el órgano persecutor del delito, sino también defensor de la legalidad. Incluso, cabe destacar que, si bien podría ser cierto que no se conocía la titularidad de los números telefónicos, lo relevante es que ello podía ser verificable, previo al requerimiento fiscal, solicitando información a las empresas de telefonía. Y es que estas acciones tutelan, de una mejor manera, el no afectar el derecho fundamental al secreto de comunicaciones de ciudadanos que no sean objeto de investigación. Recuérdese pues, que el Ministerio Público, aun cuando organismo constitucional autónomo, está obligado a tutelar los derechos fundamentales de los ciudadanos e investigados cuya presunción de inocencia les asiste, hasta que su culpabilidad no sea declarada mediante sentencia firme. Debe relievarse que todos los estamentos públicos —incluido el Ministerio Público— están vinculados por la fuerza normativa transversal de la Constitución Política del Perú y, en tal sentido, están impedidos de realizar acciones que menoscaben los derechos fundamentales de los ciudadanos y obligados a emprender acciones que los tutelen y efectivicen.

Esta mala praxis fiscal genera la obtención de prueba ilícita que no podrá ser utilizada en el marco del proceso penal, dado que la consecuencia de su obtención en detrimento de derechos fundamentales conlleva su exclusión e inutilización. Qué duda cabe que el caso Cuellos Blanco requiere de una amplia investigación, pero en un Estado democrático y constitucional de derecho no es admisible una actuación fiscal contraria a la Constitución y a la ley, que en lugar de coadyuvar a la pronta culminación de los procesos penales, generaría la absolución de diferentes procesados al no existir prueba lícita y debidamente obtenida que los incrimine. 

Cabe destacar, que la norma procesal que faculta la interceptación telefónica establece que la orden judicial se dicta en mérito de datos objetivos determinados y, además, que se identificará, de ser el caso, al afectado y se especificará la forma de interceptación, su alcance y duración. A ello se añade que, como toda medida limitativa que afecta un derecho fundamental, debe ser debidamente motivada y estrictamente proporcional a los fines perseguidos. En tal sentido, si no se cumplen dichas exigencias de justificación y proporcionalidad, la medida resultará inexorablemente inconstitucional y, por tanto, los datos obtenidos a partir de ello no podrán ser utilizados en el marco de un debido proceso penal, el cual también garantiza el respeto por garantías mínimas y que en su tramitación no se afecten derechos de corte constitucional.

Pese a todo ello, la actuación irregular del fiscal supremo Fernández Alarcón no ha merecido ninguna respuesta por parte del Ministerio Público ni de la Junta Nacional de Justicia. Tampoco se ha pronunciado sobre la materia la presidencia del Poder Judicial ni el titular del Ministerio del Interior, aun cuando han sido interceptados ilegalmente jueces supremos y personal de la DIVIAC. Ello revela que la actitud fiscal ha sido banalizada y tomada como una circunstancia anecdótica, pese que se ha revelado una flagrante actuación ilegal e inconstitucional, máxime si no se tiene conocimiento alguno del resultado de dichas interceptaciones ni cuál ha sido el destino de los mismos, las cuales podrían ser instrumentalizadas en perjuicio de los interceptados al margen de la ley. 

Es evidente que el caso Cuellos Blancos es emblemático y pretende ser un símbolo de la lucha contra la corrupción judicial, pero ello no debe avalar excesos, arbitrariedades y constantes vulneraciones de los derechos fundamentales. Por tal razón, los organismos vinculados a la administración de justicia deben tomar las acciones necesarias para proteger las libertades y derechos fundamentales de todos los ciudadanos (incluso de los investigados), como el secreto a las comunicaciones, vinculado al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar.   

 

Disclaimer:  El autor del presente artículo es docente, abogado penalista y defensor de algunos ciudadanos investigados por el fiscal supremo Oscar Fernández Alarcón. 

 

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banalidad, chuponeo, ilegal

¿Qué le puede aportar el inefable Ricardo Belmont al presidente Castillo, para que lo haya nombrado consejero presidencial? ¿Conocimientos especializados en economía, en política exterior, en resolución de conflictos, en asuntos constitucionales, en análisis político? Obviamente, ninguna de las mencionadas.

Al presidente Castillo se le sale la cadena, sin lugar a dudas. Es un personaje muy básico, no es bruto, es inteligente, pero desconoce por completo el funcionamiento del gobierno y del Estado y en esa medida no parece calibrar la dimensión de algunas de sus decisiones.

Y ello parece que no tendrá remedio pronto, así que deberemos acostumbrarnos a acciones bizarras con inesperada recurrencia. Desde declaraciones altisonantes e inapropiadas hasta designación de funcionarios absolutamente sin sentido (es el caso de Belmont, como también lo fue el de Julián Palacín en Indecopi, o lo es el de los ministros del Interior y de Educación, por citar los más notorios).

Belmont es un reaccionario consumado, machista, xenófobo (basó su última campaña edil en mensajes antimigración venezolana), pésimo administrador (lo demostró en la Municipalidad y en su canal de televisión). Cuando el gobierno parecía haber empezado a enmendar rumbos políticos en el buen sentido (con la salida de Bellido y el alejamiento de Cerrón), vuelve a meter la pata con un nombramiento que va a generarle ruido mediático innecesario y distractor.

Castillo se dispara al pie. Tiene vocación por el autosabotaje. Es, en ese sentido, irremediable y habrá, al parecer, que resignarse a ello. Un gobierno que tendrá pocas nueces, pero mucho ruido, generado la mayor parte del mismo por acciones y decires presidenciales impertinentes o absurdos.

Parece que más temprano que tarde, el Presidente decidirá alejarse también del ala Movadef del magisterio y entenderá, leyendo la realidad social y política (encuestas y composición del Congreso), que el tema de la Constituyente es un pie forzado innecesario. En ese sentido, su perspectiva de gobernabilidad mejorará.

Pero lo que parece que se mantendrá incólume e inamovible será su vocación por el dislate, por el autoboicot, por generar zozobra política innecesaria y perturbadora, que afecta, sin duda, lo que de bueno pueda estrenar en asuntos propios del quehacer gubernativo. El nombramiento de Belmont es una cabal demostración de ello.

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Movadef, Presidente Castillo, Ricardo Belmont, Vladimir Cerrón