En primer lugar, en este portal no nos hemos sumado a una supuesta campaña promovida por Gianfranco Paredes, exbrazo derecho de Walter Ríos, expresidente de la Corte del Callao. El informe se centraba en el nulo o poco interés de los fiscales del equipo Cuellos Blancos en investigar al remitente de la carta, personaje que hoy ha alcanzado notoriedad por los millonarios contratos que ha ganado en este gobierno.
Si bien inicialmente se le atribuyó al fiscal del caso Cuellos Blancos,Jesús Fernández, la frase “nos va a complicar”, esta fue quitada de inmediato de la publicación. No obstante, la corrección de aquel dato no alteró la esencia del reportaje: que los fiscales no se muestran interesados en investigar al empresario Samir Abudayeh. El informe no se basa únicamente en el audio.
En ningún momento se ha dicho, como señala la carta notarial, que el señor Abudayeh tenga procesos en el Callao, que el señor Sandro Herrera sea su abogado o socio ni que tenga terrenos o empresas en El Agustino. Lo que sí se recogió fue la declaración de Gianfranco Paredes en la que acusa al señor Abudayeh de otra cosa: agasajar a Ríos para que lo ayude en “procesos judiciales a futuro”.
Este testimonio debe ser motivo –precisamente– para que los fiscales del caso Cuellos Blancos inicien una investigación que llegue al fondo del asunto. Por estos hechos, además, el señor Abudayeh ya había sentado posición y dejado claro su descargo en un comunicado publicado meses atrás, el cual citamos en el informe escrupulosamente. Es lo mismo que reitera en esta carta.
Respecto a la veracidad de las comunicaciones entre el remitente y Walter Ríos, una de ellos es dada por válida por la fiscal Magaly Quiroz, en una resolución del 22 de febrero. En el documento la fiscal dice: “[…] Walter Ríos se comunica con Samir Abudayeh [en marzo del 2018] con la finalidad de indicarle que estaban almorzando con Sandro Herrera y que está a disposición y a sus órdenes Y, en respuesta, Samir le dice que ‘para hacer algo la otra semanita, pues’; respondiéndole Walter Ríos: ‘lo que tú me digas’”.
Llama la atención, en ese sentido, que la fiscal Quiroz no abra investigación a Abudayeh o lo cite como testigo, en el documento del 22 de febrero pasado, en el caso sobre la supuesta coima pagada por el empresario Sandro Herrera a Walter Ríos.
Luego de la publicación, el pasado 5 de febrero, del artículo “Una dudosa contratación en la UNI”, el empresario Carlos Anchate, gerente general de Seidor Technologies Perú, nos envió la siguiente carta que reproducimos en su totalidad.
Consideramos, sin embargo, que no existe motivo alguno para rectificarnos respecto al contenido del informe en cuestión. Sobre los señalamientos tenemos que manifestar lo siguiente:
Seidor dice que Sudaca sugiere que la empresa ha realizado conductas antiéticas al colocar en la bajada: “Luego de extrañas movidas en el proceso de selección, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ha escogido a Seidor para que supervise…”. Habría que precisar al respecto que quien realizó el proceso es la UNI. Y a eso nos referimos a lo largo del informe. En ningún momento afirmamos que Seidor -como empresa concursante- ejecutó alguna de las irregularidades que se señalan, simplemente que fueron los beneficiarios de las mismas.
Por otro lado, también afirman que Sudaca desconoce el proceso en su totalidad, debido a que no nos comunicamos con Seidor para tener precisiones al respecto.
De manera categórica lo rechazamos. Sudaca recibió respuestas -vía correo electrónico- de Francisco Ñato, gerente de la línea eLearning de la empresa. Además de eso, llamamos en más de cinco oportunidades al número de la empresa registrado en el Osce. Y no conformes con ello, hicimos lo mismo con Mayra Díaz, Key Account Manager de Seidor, que nunca atendió nuestras llamadas y mensajes de WhatsApp.
También dicen que es un error indicar que la UNMSM utilizó el sistema Smowl -de Seidor- en su examen de admisión que acabó con denuncias de plagio. Esto porque también utilizaron otras plataformas como Google Meet.
Sin duda, esto es cierto. Pero la afirmación de que en el examen de admisión cuestionado se utilizó el sistema Smowl no deja de ser verdadera. Además, como acotamos en la nota, nos basamos, entre otras cosas, en un comunicado oficial de la universidad donde se hace alusión directa y exclusiva al servicio Smowl. “Se tuvo la participación del representante de la empresa del sistema Smowl, quien explicó las modalidades de detección e identificación de alguna irregularidad que tenga indicios de hechos ilícitos o delitos”, dice el documento.
Es correcto, por lo tanto, que la compañía que nos escribe fue parte de todo este caótico proceso de admisión.
Seidor también señala que no se les solicitó descargo alguno sobre las “quejas” que describen los alumnos citados en el informe (acusaciones de plagio y requisitos del sistema difíciles de lograr). Sobre este punto, hay dos cosas que Sudaca quiere precisar.
Primero, que sí se preguntó al señor Ñato lo siguiente: “¿Consideran que las acusaciones de plagio en ese proceso pudieron ser evitadas con su sistema de seguridad o qué fue lo que falló?”. A lo cual respondió literalmente que su sistema no falló en ningún momento. De ello, se entiende que cualquier acusación es descartada por Seidor. Dicha frase y descargo están consignadas dentro del informe.
Segundo, hay que precisar que la razón de buscar voces de estudiantes sanmarquinos que postularon en el proceso de admisión cuestionado fue, antes que nada, para conocer de primera mano lo que verdaderamente ocurrió en ese examen. Ese fue el caso especialmente de las citas de Esteban Godofredo y Alejandra Vela, quienes tuvieron una pésima experiencia por diferentes motivos. La carta que nos envía Seidor dice que este programa nunca falló. Esa versión está consignada en el texto.
En otra parte de la carta la empresa dice que “si se hubiera conversado con ambas partes” se tendría un panorama más claro de la situación, en referencia a ellos y a la UNI. Nuevamente, rechazamos tal afirmación. La versión d. la UNI también está consignada en la nota.
Más adelante mencionan que les parece tendencioso y negativo decir que el proceso de concurso público y adjudicación simplificada fueron “extraños”. Al respecto tenemos que recalcar que hay cuestiones –sobre todo, el cambio en los valores referenciales entre ambas etapas– que no lograron ser explicadas satisfactoriamente por la propia universidad cuando Sudaca le pidió explicaciones.
Y, otra vez, no hay frase en todo el informe que atribuya responsabilidad directa en las irregularidades a la empresa, solo a la UNI. Una lectura de dicha sección demuestra claramente que lo se hace es describir cómo la universidad llegó a otorgar la buena pro a Seidor para la supervisión de sus exámenes remotos. Se indican tanto las irregularidades, como las subsanaciones que se dieron sobre la marcha.
Para finalizar, quisiéramos señalar que el pasado 8 de febrero la misma UNI ha revelado mediante un comunicado que el proceso de contratación queda suspendido a raíz, precisamente, de las sospechas que ha generado. Además informaron que han alertado a la Contraloría para que investigue al respecto.
