El voto de confianza obtenido ayer por el gabinete Adrianzén no representa el respaldo político que usualmente acompaña estas decisiones. No le otorga fuerza política alguna, porque claramente está basado en una coalición negociada previamente, con concesiones ministeriales, con el ala quebrada por la aún inexplicada situación de los Rolex del escándalo.
Mientras no se explique claramente al país el origen y fundamento de las costosas joyas obtenidas por la presidenta Boluarte, este gobierno sufre de un menoscabo de legitimidad que irá creciendo con el pasar de los días en que esa explicación no llegue.
Ya antes del escándalo, la aprobación del gobierno era de 9%, según Ipsos. Hoy debe estar en una cifra aún menor porque los relojes de alta gama que han escandalizado al país tocan la fibra más sensible de la opinión pública, que ya veía en la corrupción el problema mayor del país, por encima, inclusive, del tema de la inseguridad ciudadana, lo que ya es bastante decir.
La frivolidad palaciega pasa factura. Recordemos cómo el gobierno de Ollanta Humala empezó su declive cuando la primera dama, Nadine Heredia, cayó, presa de sus aspiraciones sociales, en la trampa de la ostentación y los lujos inexplicados.
Los pobres del Perú, que son cada vez más por culpa de la crisis económica y el mal manejo de los programas sociales, que se sienten abandonados a su suerte por una salud pública indigna e inexistente, por una educación pública en estado de abandono, que ven sus escasos ahorros sustraídos impunemente por la delincuencia, observan con tremenda irritación y cólera las muestras de riqueza mal habida, sin duda, de una presidenta que llegó al poder por una casualidad del destino, en representación de una laboriosa clase media, sin capacidad de adornarse con lujos como los denunciados.
Resulta inexplicable que la derecha congresal no se dé cuenta del desprestigio inmenso que ello le ocasiona a sí misma. Entregarle un cheque en blanco a un régimen sobre cuya cabeza pesan fundadas sospechas de corrupción, que tranquilamente podrían poner sobre la mesa del debate una vacancia por incapacidad moral, es un suicidio compartido que va a pasarle factura política en los próximos comicios electorales. Lo que la derecha congresal ha hecho con el gabinete Adrianzén no ha sido extenderle un tamiz de legitimidad sino un manto de impunidad.
