pie derecho

En el Perú, de cara a las elecciones del 2026, es imperativo que la centroderecha se una. La fragmentación de fuerzas en el espectro político derecho ha sido la causa de continuos fracasos en las últimas contiendas. La historia del país, marcada por el colapso de gobiernos que no lograron consolidar un proyecto de nación, exige que las fuerzas democráticas de centroderecha se agrupen, dejando atrás disputas internas que solo benefician a los radicalismos.

La amenaza populista, esa sombra que avanza con promesas de soluciones fáciles a los problemas complejos, es el principal reto. En los últimos años, la izquierda radical ha logrado capitalizar el descontento popular, imponiendo un discurso que apela a los sentimientos y no a la razón. Solo una centroderecha sólida, cohesionada y capaz de articular una visión de futuro clara, podrá ofrecer una alternativa viable frente a esa marea de demagogia.

Lo mismo sucede respecto del fujimorismo y la derecha radical, dos fuerzas que abrevan del miedo a la inseguridad ciudadana y que apelarán, qué duda cabe, al populismo punitivo como herramienta de convicción ciudadana.

Ya la fragmentación en las elecciones pasadas permitió que los más extremistas se beneficien de un sistema electoral que favorece la dispersión de votos. Y eran cuatro agrupaciones de derecha, ahora que serán más de treinta el fenómeno se multiplicará. La centroderecha tiene la responsabilidad histórica de evitar que el país siga siendo presa de esta dinámica. El Perú necesita un proyecto que garantice estabilidad política y económica.

El desafío es grande, pero no insuperable. La unidad en la centroderecha es la única manera de frenar el avance de los populismos, de defender los valores democráticos y de ofrecerle al Perú un horizonte de progreso real, sin caer en los cantos de sirena de los que proponen recetas sin fundamento. Una centroderecha unificada es la clave para evitar que el país se deslice hacia la polarización y el caos.

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La centroderecha, Opinión, pie derecho

La economía le puede jugar una buena pasada al gobierno de Dina Boluarte. Según la última encuesta de Datum, 80% de la ciudadanía considera que su situación este año será mejor y ya los indicadores macroeconómicos apuntalan ese optimismo, sumados al nombramiento de un ministro capaz como Salardi que asegura confianza del sector inversor.

Lo que políticamente no logra, por su falta de capacidad, por la ausencia de políticas públicas, por su fracaso en la lucha contra la delincuencia, por los remanentes de las muertes por las protestas al inicio de su gestión (que enconan al sur andino de modo permanente), por las sombras de corrupción que se ciernen sobre varios sectores de su gobierno (baste ver lo de Qali Warma), la buena marcha económica se lo puede dar.

Hay varias consecuencias políticas de semejante hecho. Primero, se diluirían las posibilidades de que Dina Boluarte sea vacada por el Congreso. No es lo mismo tirarse abajo a una gobernante con 3% de aprobación que a una que tenga 10% por ejemplo (puede crecer a esa tasa si la economía sigue mejorando). Sin necesidad de pagarle a los canales de televisión, como sibilinamente acaba de declarar, Boluarte puede hacerse más visible para la gente de a pie y mejorar sus rangos de aprobación.

Segundo, puede arrastrar en esa mejora aprobatoria al Congreso, su socio político permanente, que hoy se halla enfrascado en escándalo tras escándalo (no pasa un día sin que no aparezca un nuevo motivo de primeras planas contra el Legislativo).

Tercero, mejoraría la performance electoral de los partidos que la soportan, particularmente del fujimorismo y el acuñismo, que ya no cargarían con un lastre tan grande. Ello amplía el margen de opciones electorales para el 2026.

Cuarto, disminuiría el factor de la irritación ciudadana como elemento disruptivo de la jornada electoral venidera, y que alimenta las opciones antisistema, particularmente las radicales de izquierda, que abrevan de la insatisfacción generalizada contra el gobierno y el “pacto de derechas” que la ciudadanía percibe como vigente.

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Encuesta Datum, opinión de Juan Carlos Tafur, pie derecho

La vida política en el país no vive uno de sus mejores momentos. La mediocridad y simplonería del gobierno y la deleznable conducta del Congreso, reducen los márgenes de discusión de políticas públicas o de iniciar debates intensos sobre el quehacer cotidiano.

Pero hay temas sobre los cuales cabe pronunciarse y la centroderecha liberal guarda silencio sepulcral sobre los mismos, salvo muy escasas excepciones. La corrupción en Qali Warma, la presunta red de prostitución en el Congreso, la impunidad de la que gozan los congresistas, el distractor tema de la pena de muerte lanzado por el gobierno, los recientes cambios ministeriales, la permanencia del cuestionado ministro del Interior, la ola delincuencial, las denuncias de pederastia que comprometen a quien fuera la máxima autoridad de la iglesia peruana, la disolución del Sodalicio, las políticas migratorias y comerciales de Trump, las relaciones con China bajo esa perspectiva, etc., son, por ejemplo, temas sobre los que cabría esperar un pronunciamiento político de un sector que debiera ser decisorio en la próxima contienda electoral.

Pero el silencio es sepulcral. No se pronuncian sobre ninguno de esos temas y le dejan la cancha libre a alguien como Rafael López Aliaga, el político más ducho hasta el momento para pronunciarse sobre todo y a toda hora. Por eso crece en las encuestas. Ha pasado de un 33 a un 46% de aprobación, según la última encuesta de Datum y su desaprobación ha caído de 62 a 50%. Es el único líder que hace política y se prodiga en hacerlo aprovechando su tribuna edil.

Se sabe que hay un trabajo interno de la centroderecha por armar planes de gobierno, equipos técnicos, listas congresales y posibles alianzas, pero ninguno de esos factores justifica el silencio político en el que andan sumidos.

Si van a esperar a diciembre para recién empezar a hacer política van muertos, reducidos a varias minicandidaturas sin ninguna posibilidad de alcanzar el protagonismo que ya tienen asegurados el fujimorismo, la izquierda radical y la derecha ultra. La centroderecha liberal arranca de cero y debe construir su camino con antelación si quiere aparecer con expectativas reales de protagonizar la lid definitoria, es decir, pasar a la segunda vuelta. El silencio y el vacío en política son fatales, porque ese espacio lo llena otro y después es casi imposible arrebatarle el terreno conquistado.

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opinión de Juan Carlos Tafur, pie derecho

Keiko Fujimori ha recibido un claro impulso a su candidatura con la muerte de su padre y la imagen de reconciliación familiar que conllevó la buena relación entre ambos al final de la vida del exmandatario.

Según Ipsos, el recuerdo de Alberto Fujimori es altamente positivo. Un 44% siente pena por su muerte; 6% alegría. Preguntada la ciudadanía sobre el impacto de Fujimori en la historia, 61% dice que será más positivo y 31% más negativo. Un 56% se muestra de acuerdo con la rendición de honores, un 39% en desacuerdo.

Dependerá obviamente de Keiko Fujimori sacar partido de ese activo, porque, en principio, la mayoría estima que disminuirá la fuerza del fujimorismo, pero la lideresa de Fuerza Popular ya demostró saber sacarle manteca al albertismo en las elecciones del 2021. Probablemente haga lo propio para las del 2026.

Todo ello altera un poco la perspectiva electoral que de antemano existía (que dos candidatos de la izquierda radical pasen a la segunda vuelta) y recoloca a Keiko Fujimori en el partidor (ya las encuestas la colocan con alrededor de 10% de intención de voto, con lo cual pasa probablemente a la vuelta definitoria).

A ver si con eso, los candidatos de la centroderecha entienden que el rival a derrotar no es, en la primera vuelta, la izquierda, sino Keiko Fujimori. El antifujimorismo, habitualmente identificado con la izquierda, tendrá que pasar a ser una parte del arsenal político de la centroderecha.

Material de sobra tienen. El autoritarismo y corrupción de los 90 deberán ser traídos al presente. La irresponsabilidad macroeconómica del segundo mandato de Alberto Fujimori. La violación constitucional de querer una segunda reelección. Su postulación al Senado japonés. Su encubrimiento al grupo Colina. Etcétera, etcétera.

Una derecha liberal antifujimorista deberá ser el signo político que adquiera cualquier candidatura que pretenda encaramarse por encima de Keiko Fujimori y evitar que sea ella la que pase a la segunda vuelta y seguramente pierda la elección contra quien se le ponga al frente. Normalmente, el antifujimorismo se activa en la segunda vuelta. Será responsabilidad de la centroderecha (porque a la izquierda le conviene que su rival sea Keiko Fujimori), quien se encargue de ello.

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derecha peruana, Keiko Fujimori, pie derecho

[PIE DERECHO] El gobierno ha lanzado un plan rimbombante para combatir la inseguridad ciudadana. No va a funcionar. De estados de emergencia, patrullaje militar y demás parafernalia ya estamos cansados en el Perú. Se han hecho antes y no han resuelto nada.

El ministro del Interior, Juan José Santivañez ha dicho que si su plan no funciona dará un paso al costado. Que se vaya preparando para hacerlo porque de hecho lo que propone no va a funcionar.

No sorprende, en todo caso, que el gobierno revele que no tiene la más remota idea de qué hacer frente al problema más grave que hoy nos afecta. Ya es resabido el nivel de inopia que el régimen demuestra frente a los principales problemas nacionales.

Lo que sorprende más es el silencio absoluto de la oposición o los partidos que aspiran a suceder a Dina Boluarte en el poder. Salvo algunas iniciativas congresales para considerar terrorismo urbano a la delincuencia organizada, no se escucha absolutamente ningún plan al respecto.

Solo Antauro Humala y Carlos Álvarez hacen del tema de la seguridad ciudadana el eje de sus narrativas políticas. ¿Han escuchado algo de Keiko Fujimori? ¿De César Acuña? ¿De Rafael Belaunde? ¿De Alfredo Barnechea? ¿De Hernando de Soto? ¿De Guido Bellido?

El silencio es ostentoso, porque pone de manifiesto de que no hay planes al respecto. Lo terrible es que si toca en suerte que alguno de ellos llegue al poder, recién entonces pergeñarán alguna idea al respecto, con los enorme costos de la improvisación frente a un tema que ya amerita un esfuerzo de concertación nacional.

La delincuencia no solo tiene inmensos costos económicos sino que golpea la línea de flotación de la gobernabilidad democrática. En un país donde el 87% de los ciudadanos se siente inseguro cuando transita por las calles de noche, no es dable exigir civismo democrático y lo más probable es que ese ciudadano opte por alternativas autoritarias o populistas que mellarán aún más el ya raído tejido democrático del país.

La del estribo: gran expectativa por María Estuardo, de Dacia Maraini, bajo la dirección de Alberto Isola y las actuaciones principalísimas de dos grandes del teatro actual, Alejandra Guerra y Jimena Lindo. Va en el ICPNA de Miraflores desde esta semana hasta el 8 de diciembre. Entradas en Joinnus.

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pie derecho, Saavedra

El 2015, El Salvador se convirtió en el país con la mayor tasa de homicidios del mundo (106.3 homicidios por cada cien mil habitantes por año) y esa tasa se redujo hasta 7.8 el 2022. Pero la misma comienza a descender el 2016, ya el 2018 se había reducido a 53.1 y la tendencia declinante continuó hasta mediados del 2019. Bukele recién llega al poder en junio de ese año.

En cuanto a la tasa de homicidios, el 2022 hubo cuando menos cuatro países con mejores resultados: Surinam, Paraguay, Nicaragua y Chile, y probablemente Argentina, pero no fue medida. En cuanto a la victimización, El Salvador no tiene la tasa más baja, es más, ha subido durante el gobierno de Bukele, de 8.9% a 11.3% el 2022.

Los cultores de la pena de muerte la ensalzan como la panacea de la lucha contra la delincuencia, en la lógica de aplicar castigos más severos. No es verdad que funcione. En Canadá, el 2023, 27 años después de haberse abolido, la tasa de homicidios se había reducido en 44%. El 2004, en los Estados Unidos, la tasa de homicidios en los estados con pena de muerte era de 5.71 por cada cien mil habitantes, mientras que en los estados que no la tenían o la habían abolido, era de 4.02. El Salvador, por cierto, no la aplica. En 1945 solo ocho países habían abolido la pena de muerte. En el 2014 eran 140. Durante ese periodo, la tasa global de homicidios se redujo.

En El Salvador se aplicó una política de mano dura entre el 2003 y el 2004, a cargo del presidente Elías Antonio Saca. Como no fue suficiente, entre el 2004 y el 2009 aplicó una política de “super mano dura”. Se aplicaron sanciones más severas y se sacó a las fuerzas armadas a las calles. El 2015, El Salvador terminó con la mayor tasa de homicidios del mundo.

México también vio reducir su tasa de homicidios desde 1940, pero volvió a crecer cuando decidió emplear a las fuerzas armadas. El 2006, el presidente Felipe Calderón decidió emplearlas contra el narcotráfico. Entre el 2007 y el 2018 los homicidios crecieron de 8 a 30 por cada cien mil habitantes.

Lo mismo ocurrió en Ecuador. Guillermo Lasso declaró 17 estados de excepción que permiten el empleo de las FFAA. La tasa de homicidios creció de 7.7 el 2020 (el año previo a la llegada de Lasso al poder) a 14.02 el 2021, a 25.9 el 2022 y llegaría a 40 a fines del 2023.

Estas cifras y textos son todos tomados del reciente libro Contra la amenaza fantasma, de Farid Kahhat. Sería bueno que los candidatos de la “mano dura”, quienes proliferarán en la campaña venidera, lo lean con detenimiento.

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mano dura, pie derecho, tafur
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