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Se suspendió la huelga nacional indefinida que desde hoy iba a realizar el Sutep, paralizando toda la actividad escolar del país y colocando al gobierno en un disparadero político de imprevisibles consecuencias.

Hay que felicitarse de lo ocurrido. La flexibilidad del gobierno y el lúcido pragmatismo de la dirigencia del Sutep, acordaron avalar los justos reclamos del magisterio en su inmensa mayoría, por lo cual se decidió la suspensión de la medida de lucha.

Lucio Castro, secretario general del Sutep, ha demostrado capacidad para reflotar un gremio sindical venido a menos, desbordado por los radicales del senderismo reciclado, y esta vez ha logrado un triunfo resonante que lo fortalecerá.

Castro es precandidato presidencial del partido de los trabajadores y emprendedores y esta victoria sindical, sin duda lo catapulta a niveles políticos de primer orden. La sapiencia con la que ha sabido manejar el conflicto y la mesura firme de sus decisiones ha llevado a buen puerto lo que amenazaba con convertirse en un parteaguas político para un régimen absolutamente débil como el de Dina Boluarte.

Es hora de que la izquierda renueve sus liderazgos y los reemplace por apuestas democráticas. La de Lucio Castro se inscribe en ese talante y lo ha demostrado con creces con la inteligente manera en que ha conducido las jornadas de protesta que galvanizaron al magisterio nacional de una manera que no se veía hace años.

Hay que estar vigilante, por supuesto, respecto de que el gobierno cumpla su palabra y no termine por tirar por la borda el feliz acuerdo. La dirigencia nacional del Sutep es la primera que debe exigirlo, a cuenta de una vuelta al conflicto que a nadie beneficia y que felizmente se ha interrumpido momentáneamente a la espera de que el régimen no incumpla lo acordado.

Al final del día, una buena noticia, pragmatismo puesto a prueba, flexibilidad de ambas partes y renovados liderazgos, es el balance de lo sucedido.

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Lo sucedido recientemente en Bolivia debe ser una clarinada de alerta en la región respecto de los riesgos de un retorno del militarismo golpista. La insatisfacción con la democracia es tan alta, que una cúpula militar irresponsable puede pergeñar la idea de que una toma violenta del poder podría ser bien recibida por la ciudadanía.

En 1978 marcamos un récord, había catorce dictaduras simultáneas en la región. En Cuba (Fidel Castro), Nicaragua (Somoza), Paraguay (Stroessner), Guatemala (Lucas García), Argentina (Videla), Chile (Pinochet), Honduras (Junta Militar), Brasil (Junta Militar), Bolivia (Bánzer), Haití (Duvalier), Panamá (Torrijos), Uruguay (Aparicio Méndez), Ecuador (Junta Militar) y Perú (Morales Bermúdez). 

El siglo XXI nos agarró en medio de una primavera democrática, solo rota por Cuba y Nicaragua, pero las democracias le han fallado a las expectativas de la ciudadanía de una manera terrible. En el caso del Perú, cuando en 1980 salimos de la dictadura militar de Velasco y Morales Bermúdez, el país respiraba optimismo y se mostraba exultante respecto del futuro. Fue, sin embargo, esa década, la peor de la historia peruana reciente, en cuanto a crisis económica y desplome del Estado por la violencia terrorista.

En los 90, llega al poder Alberto Fujimori, como síntoma de la crisis y él mismo rompe la continuidad democrática al perpetrar el autogolpe de 1992, con una enorme cuota de popularidad. Hoy las encuestas ratifican que Alberto Fujimori sigue gozando de simpatías y que mucha gente vería con solaz que se produzca un golpe militar que ponga orden en la casa democrática alborotada, consecuencia de una transición fallida en reformas estructurales necesarias.

Abortó felizmente lo de Bolivia, pero ya la semilla está plantada y no faltará algún engalonado local que crea que es su momento de gloria y que puede imponer el peso de las armas sobre los votos y el sistema de contrapeso de poderes de la democracia, ya encima muy dañado por un Congreso abusivo y mediocre que está destruyendo la endeble institucionalidad democrática del país, reconstruida a trompicones desde principios de siglo.

Hay que estar alertas. Con todos sus inmensos defectos, la democracia representativa es la mejor compañera de un sistema capitalista competitivo. Su divorcio es siempre causa de males mayores que los que su difícil convivencia puede albergar.

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Una buena noticia es que la centroderecha se está moviendo. Fernando Cillóniz, Carlos Añaños (sorpresivas, en el buen sentido, sus últimas apariciones mediáticas), Keiko Fujimori, Roberto Chiabra, Rafael Belaunde, Hernando de Soto, etc., empiezan a calentar la campaña.

Falta aún mucho trecho por recorrer y se espera que se consoliden alianzas, pero ya de por sí es alentador que veamos un panorama preelectoral en el que no se le deja la iniciativa monopólica a la izquierda radical (ojo con Bellido, que no solo Antauro es el peligroso).

El Perú tiene que ir por la ruta de la derecha, por lo menos un par de gobiernos sucesivos para aspirar a que, si lo hacen bien, encontremos una salida definitiva a la crisis económica, volvamos a los niveles de crecimiento que permitieron la reducción de la pobreza, y que esta vez se haya aprendido de los errores de la transición post Fujimori, que dejó en el abandono reformas cruciales, como las de la seguridad ciudadana, la salud y la educación públicas, la regionalización , la reforma profunda del Estado.

Si eso se logra, el país será otro, seremos nuevamente un ejemplo mundial de crecimiento y fortaleza macroeconómica, pero le habremos agregado pasos para constituirnos en nación al borde de ser desarrollada. Con diez años de dos buenos gobiernos derechistas se habrá logrado asentar las bases para que nunca más el riesgo de un candidato antisistémico reaparezca.

Eso pudo haber ocurrido cuando ganó PPK, quien, si lo hacía bien, apoyado por el keikismo, habría provocado que Keiko Fujimori le hubiera sucedido el siguiente periodo y habíamos tenido esa década sostenida de políticas promercado. Pero la mezquindad de Keiko y la frivolidad de Kuczynski tiraron por la borda lo que hubiera sido un logro histórico.

Tenemos el 2026 una nueva oportunidad, esta vez apremiante, de que así ocurra. Apremiante porque los fracasos políticos de la transición han anidado un sentimiento antiestablishment poderoso, que llevó a Castillo al poder el 2021 y podría volver a llevar a otro semejante el 2026, si la derecha y el centro no logran sumar esfuerzos y evitar la corrosiva fragmentación que hasta hoy se aprecia, pero que, al parecer, empieza a dar paso a esfuerzos de conjunción.

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El economista ultraliberal, presidente de Argentina, Javier Milei, ha conseguido un triunfo importante al lograr que el Parlamento le apruebe la Ley Base, que le permitiría acometer una buena parte de sus propuestas de campaña (algunas las tuvo que retirar para evitar su denegatoria).

Lo cierto es que viene avanzando el proyecto liberal más ambicioso de la región en un país maniatado por la demagogia populista del peronismo, que había llevado a la Argentina a la ruina absoluta y a la pérdida de confianza en el futuro.

Hay discrepancias, por cierto, respecto de la velocidad que le está imprimiendo Milei a los cambios. Algunos hubieran querido mayor celeridad y radicalidad en algunos temas como el cambiario, pero en líneas generales, el país sigue viendo con expectativa la promesa de ir de a pocos desmontando el monstruo peronista que contaminaba todos los aspectos de la sociedad argentina.

Personalmente, discrepo de su actitud hostil a las subvenciones culturales, que como la salud y la educación públicas, deben ser un pilar inclusivo de una sociedad liberal. El radicalismo de Milei le impide ver eso.

Es muy importante, geopolíticamente hablando, que a Milei le vaya bien. Renovará el impulso liberal en una región que nuevamente estaba retomando los cánones populistas y que en el Perú en particular amenazan con conquistar las urnas el 2026.

Si de acá a un año, Argentina empieza a mostrar signos de un robusto crecimiento de la economía y, por ende, de reducción de la pobreza, ello va a tener eco en el Perú y en otros países de la región.

Es crucial que en el Perú se retomen las ideas de la libertad económica y se emprendan las reformas que quedaron inconclusas desde principios de siglo, por culpa de la inercia de los gobernantes de la transición democrática. Un país querido y referencial, como lo es Argentina para el Perú, sería un extraordinario acicate para que esas ideas arraiguen y se expandan entre la ciudadanía, la misma que podría empezar a mirar con mejores ojos algunas propuestas que ya empiezan a cuajar en partidos en esta coyuntura.

La del estribo: notable la puesta en escena de Ricardo III o el sueño del jabalí, de William Shakespeare, gracias a la extraordinaria dramaturgia y dirección de Laura Silva. Las actuaciones, todas ellas sobresalientes. Confirma la maduración de Emanuel Soriano, que está muy bien acompañado de Anaí Padilla, Vera Castaño, Irene Eyzaguirre y Sebastián Rubio. Va en el teatro Británico hasta el 21 de julio. Entradas en Joinnus.

Nota: esta columna se tomará unos días de vacaciones.

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Javier Milei, Juan Carlos Tafur, Milei., tafur

Hacen bien los gremios empresariales en pronunciarse en contra de las tropelías del Congreso. Hoy es por temas políticos, pero mañana, sin duda, tendrán que hacerlo por temas económicos que les incumbirán directamente.

Es previsible que conforme se acentúe la desaprobación del Congreso y se aproximen las elecciones, desde los escaños surjan propuestas presuntamente de buena acogida popular. Ya ha habido algunas, como la rebaja del IGV a las peluquerías y el control de las comisiones por transferencias interbancarias. Con seguridad, van a venir más.

Y el problema es que asistiremos a una escalada de propuestas intervencionistas o sobreregulatorias provenientes no solo del sector de la centroderecha congresal, que al menos garantiza cierto acotamiento, sino que las mismas provendrán de la izquierda radical, con posibilidades de éxito en su aprobación en el Pleno.

Se ha instaurado un trueque mafioso entre las diversas bancadas del Congreso, que implica un trasiego de votos: yo te doy mis votos para tu proyecto a cambio de que tú me des los tuyos para el mío. Y sin importar qué tan bueno o malo sea el proyecto de marras termina aprobándose.

Si esto ocurre, además, en una situación en la que el MEF ha perdido toda capacidad de influencia o veto preliminar a tales iniciativas, y que el Ejecutivo en general se termina por allanar a lo aprobado en el Congreso, el panorama que se avecina es preocupante.

Nos esperan dos años de populismo económico desembozado. Las bancadas que van a buscar ser reelegidas para el Senado o Diputados, buscarán a toda costa subir sus índices de popularidad y echarán mano al recurso más manido: aprobar normas demagógicas, sin que les importe un pepino el daño que puedan ocasionar. Simplemente buscarán el supuesto contento del pueblo bajo la falaz idea de que eso les va a subir los bonos para el 2026.

Se espera que entonces, los gremios empresariales y la comunidad académica económica, sepan alzar la voz e impedir el desmadre populista que se avecina. Ya suficiente ha hecho el Parlamento con golpear severamente la institucionalidad democrática para que ahora la emprendan contra el modelo económico que, a pesar de todo, sigue funcionando y sosteniendo al país.

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El 2015, El Salvador se convirtió en el país con la mayor tasa de homicidios del mundo (106.3 homicidios por cada cien mil habitantes por año) y esa tasa se redujo hasta 7.8 el 2022. Pero la misma comienza a descender el 2016, ya el 2018 se había reducido a 53.1 y la tendencia declinante continuó hasta mediados del 2019. Bukele recién llega al poder en junio de ese año.

En cuanto a la tasa de homicidios, el 2022 hubo cuando menos cuatro países con mejores resultados: Surinam, Paraguay, Nicaragua y Chile, y probablemente Argentina, pero no fue medida. En cuanto a la victimización, El Salvador no tiene la tasa más baja, es más, ha subido durante el gobierno de Bukele, de 8.9% a 11.3% el 2022.

Los cultores de la pena de muerte la ensalzan como la panacea de la lucha contra la delincuencia, en la lógica de aplicar castigos más severos. No es verdad que funcione. En Canadá, el 2023, 27 años después de haberse abolido, la tasa de homicidios se había reducido en 44%. El 2004, en los Estados Unidos, la tasa de homicidios en los estados con pena de muerte era de 5.71 por cada cien mil habitantes, mientras que en los estados que no la tenían o la habían abolido, era de 4.02. El Salvador, por cierto, no la aplica. En 1945 solo ocho países habían abolido la pena de muerte. En el 2014 eran 140. Durante ese periodo, la tasa global de homicidios se redujo.

En El Salvador se aplicó una política de mano dura entre el 2003 y el 2004, a cargo del presidente Elías Antonio Saca. Como no fue suficiente, entre el 2004 y el 2009 aplicó una política de “super mano dura”. Se aplicaron sanciones más severas y se sacó a las fuerzas armadas a las calles. El 2015, El Salvador terminó con la mayor tasa de homicidios del mundo.

México también vio reducir su tasa de homicidios desde 1940, pero volvió a crecer cuando decidió emplear a las fuerzas armadas. El 2006, el presidente Felipe Calderón decidió emplearlas contra el narcotráfico. Entre el 2007 y el 2018 los homicidios crecieron de 8 a 30 por cada cien mil habitantes.

Lo mismo ocurrió en Ecuador. Guillermo Lasso declaró 17 estados de excepción que permiten el empleo de las FFAA. La tasa de homicidios creció de 7.7 el 2020 (el año previo a la llegada de Lasso al poder) a 14.02 el 2021, a 25.9 el 2022 y llegaría a 40 a fines del 2023.

Estas cifras y textos son todos tomados del reciente libro Contra la amenaza fantasma, de Farid Kahhat. Sería bueno que los candidatos de la “mano dura”, quienes proliferarán en la campaña venidera, lo lean con detenimiento.

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Hay más de treinta ciudadanos peruanos pretendiendo acceder al poder presidencial el 2026. Aquí algunas preguntas que habrá que exigir que el postulante responda:

-¿Cómo va a solucionar el problema de la inseguridad ciudadana? Que se diga con lujo de detalles. ¿Va a cambiar la política penitenciaria, el código penal, va a reorganizar a la policía? Que nos lo explique sin palabreos ni generalidades.

-¿Cómo va recuperar la senda de la inversión privada y el crecimiento económico? ¿Qué señales piensa dar? ¿Va a privatizar Petroperú y Sedapal? ¿Va a sacar adelante los proyectos mineros de Conga y Tía María?

-¿Cómo piensa desterrar la corrupción pública, un cáncer nacional? Desde la cúspide hasta la sima del poder está contaminada por la corrupción. ¿Mayores penas? ¿Más capacidad disuasiva o preventiva a la Contraloría? ¿Cambio en las contrataciones del sector público? ¿Reducción del Estado y sus “peajes”?

-¿Qué piensa hacer con el desastre de la regionalización? ¿Va a recentralizar algunas funciones? ¿Cuáles? ¿Va a ahondar el proceso, acaso federalizando el país? ¿Cómo piensa mejorar la eficiencia del gasto público en los gobiernos regionales y locales? ¿Piensa cambiar el manejo de las regalías y canon minero?

-¿Qué va a hacer para instaurar un sistema de salud pública mínimamente digno? ¿Unificará el Minsa con EsSalud? ¿Aumentará el presupuesto del sector y en cuánto? ¿Cómo piensa derrotar a las mafias sindicales del sector? ¿Qué piensa del denunciado oligopolio farmacéutico, de seguros y clínicas? ¿Lo va dejar tal como está? ¿Va a aumentar las alianzas público-privadas en el sector?

-¿Cómo planea recuperar el nivel de la educación pública, hoy tan venida a menos, y no por culpa del Sutep, como la derecha radical esgrime, sino por malas políticas educativas? ¿Retomaría las reformas iniciadas por el exministro Jaime Saavedra? ¿Lo convocaría de ministro?

-¿Cómo piensa manejar el rol del Perú en el creciente conflicto chino-estadounidense? ¿Mantendrá una postura no alineada o cederá a las presiones de Washington? ¿Impondrá alguna restricción a la inversión china?

No podemos elegir nuevamente a improvisados para que ocupen Palacio. El país ha perdido un lustro producto de la incompetencia y la medianía de quienes, por albur, llegaron al poder. No nos puede volver a pasar lo mismo y eso depende mucho de una ciudadanía activa y una prensa inquisidora.

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