[ENTRE BRUJAS] En las últimas semanas, se han visibilizado varios casos de niñas menores de 12 años, violentadas sexualmente, que han accedidó a la interrupción del embarazo mediante la aplicación del protocolo del aborto terapéutico; procedimiento que es el legal desde 1924. Estas niñas que están padeciendo embarazo forzados para lograr acceder a este derecho han pasado por una serie de sufrimientos, estigmatización y trámites burocráticos que las ha re victimizado. Sus familias han sido acosadas, hostilizadas y señaladas por quienes dicen defender la vida, sin pensar en la salud, dolor y futuro de estas pequeñas.
En el Perú, cada año miles de niñas son forzadas a ser madres. Las estadísticas señalan que solamente en el 2023, 946 niñas menores de 14 años, tuvieron partos producto de una violación sexual. En los últimos meses, este tema ha sido recurrente en mis columnas, ello debido a la indignación y preocupación por los retrocesos y oposiciones persistentes al ejercicio de los derechos reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres. Al parecer en nuestro país hay que reiterar todos los días que la vida de las niñas importa y que es un inhumano obligarlas a continuar con gestaciones producto de un crimen horrendo.
La violencia sexual es una de las grandes tragedias del país y lamentablemente su abordaje no es un tema priorizado en las políticas públicas. Son miles los casos que quedan en la impunidad. Garantizar la despenalización del aborto en casos de violación sexual es un pendiente que tiene el Estado para evitar que las sobrevivientes de violencia perpetúen su sufrimiento y sean sometidas a tortura. El Comité contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como otros Comités de Derechos Humanos, han señalado que obligar a las niñas a continuar con embarazos forzados es tortura.
Hay quienes señalan que garantizar el derecho al aborto terapéutico no es una solución al problema de fondo. De esta manera, no se reconocen que el Estado tiene una obligación integral en el abordaje de los casos, lo que incluye el deber de protección de la dignidad, salud y vida de las víctimas.
El avance de discursos opuestos a los derechos humanos es una realidad en América Latina. Existen coaliciones políticas que están impulsado narrativas retrogradas y están destruyendo el avance en materia de igualdad que se tuvo en las últimas dos décadas, quienes están padeciendo las consecuencias de estos, son las poblaciones más vulnerables y precarizadas. Entre ellas, las niñas sobrevivientes de violencia sexual.
En el actual contexto nada se le puede pedir al ejecutivo ni al legislativo. Es la ciudadanía organizada e indignada la que tiene que mostrar su rechazo frente a discursos y prácticas que vulneran los derechos y dignidad de las niñas. Ponerse en el lugar de estas pequeñas, sus familias y pensar en su sufrimiento es una obligación ética que deberíamos asumir responsablemente. Por el momento, la interrupción del embarazo en casos de violación sexual está penalizada. Sin embargo, los casos de niñas víctimas de embarazos forzados vienen siendo atendidas en el marco del protocolo del aborto terapéutico ya que está comprobado científicamente que una gestación o un parto en una niña menor de 15 años, es una situación de riesgo extremo. Es decir, puede llevarla a la muerte o dejar secuelas sobre su salud física y mental.
Hace algunas semanas una niña de 13 años en Junín, falleció mientras era sometida a un parto forzado. Y este es solo un ejemplo de la realidad que viven miles de niñas. Frente a la cual muchos permanecen indolentes. Es tiempo de oponerse a estas injusticias, exigiendo que se apliquen adecuadamente las normas vigentes y se despenalice el aborto en casos de violación sexual. ¡Las niñas no deben ser madres!
