[ENTRE BRUJAS] Según los registros del Ministerio de la Mujer, se han perpetrado 122 feminicidios y 192 tentativas de este crimen en lo que va del año.
Este es un crimen específico que insta al Estado a evaluar el contexto de violencia de género que prevalece en nuestro país.
No se trata de cualquier crimen, como algunos sectores intentan sugerir tendenciosamente para deslegitimar esta lucha. El Feminicidio es el asesinato de una mujer movilizado por un contexto de violencia de género, donde subyacen la afirmación de roles sexistas y el deseo de control de las decisiones, la sexualidad, la autonomía y vida de la víctima.
Este tipo penal fue incorporado en nuestro marco jurídico en 2013 como delito autónomo y ha experimentado varias modificaciones para definir adecuadamente el delito y operacionalizar lo que significa «un contexto de violencia de género.»
Aunque la mayoría de casos en nuestro país son feminicidios íntimos, es decir, donde el agresor es pareja o expareja de la víctima, existen otros tipos de feminicidio en los que el criminal no necesariamente mantiene una relación.
Por ejemplo, los casos de acoso y hostigamiento sexual, incluso perpetrados por desconocidos hacia las víctimas.
Hoy, un Tribunal Simbólico Contra el Feminicidio, organizado por «Familias Unidas por Justicia,» ha dado voz a madres y padres de víctimas; como un mecanismo para dar voz a quienes ya no la tienen.
En este espacio, ha quedado claro que la impunidad es un lamentable denominador común. Los familiares, que según los estándares de derechos humanos también son víctimas, reviven el dolor cuando sienten el olvido y la indiferencia de las autoridade.
Este Tribunal simbólico ha determinado que el feminicidio es un crimen pluriofensivo, ya que no solo vulnera el derecho a la vida, sino que también atenta contra el principio de igualdad y no discriminación.
Además, se ha evidenciado que el Estado no actúa con la debida diligencia reforzada, un estándar fundamental en materia de violencia de género, vinculante y desarrollado en el marco del Sistema Interamericano de derechos humanos.
Esto significa que, en los casos de violencia contra las mujeres, las autoridades deben actuar con mayor prontitud y celeridad en la atención e investigación, incorporando el análisis de contexto y rechazando la influencia de estereotipos de género en los procesos.
La indiferencia judicial en los casos de violencia hacia las mujeres incrementa el sufrimiento de las víctimas que han logrado sobrevivir a las agresiones y de los familiares que buscan justicia.
Entre 2018 y julio de 2023, el Poder Judicial (PJ) evaluó 808,483 casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, enmarcados en la Ley N° 30364. En ese mismo periodo, apenas el 0.044% (354) obtuvo una sentencia
Hoy luego de escuchar a las madres, me quedó con su clamor de justicia y su dolor por la impunidad. Tal como ellas lo señalaron, «Ojalá que esto no fuera solo simbólico» «Queremos justicia”.
