Estado de Derecho

[PIE DERECHO] Por lo general, la temperatura política en los meses del verano, marcha al revés que los grados Celsius ambientales: se enfría a la par del receso legislativo, las vacaciones ciudadanas y la sensación de reseteo psicológico que alberga el inicio de un nuevo año.

Momento feliz para que los gobiernos, mas aún los precarios como el de Dina Boluarte, ensayen un periodo de revisión de lo actuado, además de reflexión sobre las mejoras que cabría efectuar.

En esta columna somos muy críticos de la gestión gubernativa, pero hoy debemos saludar que haya vuelto a convocar al Consejo para la reforma del sistema de justicia, estrenado el 2019, pero suspendido por la administración nefasta de Pedro Castillo, quien no entendía nada de políticas públicas y de administración del Estado.

Este Consejo llegó a proponer nueve metas estructurales de cambios: Gobernanza de datos e interoperabilidad; Acceso a la justicia; Modernización de los procesos no penales; Modernización de los procesos penales y sistema penitenciario; Recursos humanos; Ejercicio y formación para la abogacía; Políticas anticorrupción, control ético y disciplinario; Combatir la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar; Predictibilidad de las decisiones judiciales y adecuación normativa. Inclusive, presupuestó su implementación en cuatro mil millones de soles.

Esta propuesta, para alcanzar mayor consenso, podría ser trabajada también, al alimón, con el Legislativo, y producir cambios en un sector clave del quehacer cívico peruano, sobre todo en los últimos tiempos de abundancia de acusaciones penales contra la clase política.

Lo que un sistema de justicia eficaz debe cautelar, es la vigencia del Estado de derecho, y sin éste es imposible que prospere una economía de mercado competitiva, como se aspira a instalar en el país. Ambas tareas siguen siendo parte del déficit republicano que arrastramos desde la Independencia.

Este año, que se conmemora la real fecha de nuestro proceso independentista -con las victorias en las batallas de Junín y Ayacucho-, debería ser uno dado a este tipo de reformas estructurales, no sólo en el ámbito económico sino también el institucional, siendo parte esencial de estas, la reforma judicial.

Tags:

Desarrollo cívico, Estado de Derecho, independencia, Reforma judicial

[PIE DERECHO] La sensación ciudadana respecto de las estrategias del gobierno para combatir a la delincuencia es de absoluta desafección y rechazo. La última encuesta de Datum, publicada hoy en El Comercio, así lo constata.

El 94% considera que no hay ningún cambio luego de que el Ejecutivo decretara estados de emergencia en varios distritos del país; el 83% desaprueba la labor de Dina Boluarte en la lucha contra la inseguridad; el 58% de la población no confía en el trabajo de la Policía Nacional; el 43% señala que él o algún familiar ha sido víctima de algún acto delincuencial en los últimos tres meses; y, lo que es abrumador, si el 67% consideraba que el inoperante Castillo no tenía una estrategia para garantizar la seguridad ciudadana, ahora, un superlativo 78% estima que el gobierno de Dina Boluarte no la tiene.

Estamos perdiendo la batalla contra el crimen organizado. El Perú se está pareciendo cada vez más a países donde las bandas criminales ya gobiernan las calles impunemente. Y la ciudadanía es consciente de ello, es un problema que genera un estado de ánimo corrosivo y destructivo de la confianza social.

Allí radica, tal vez, lo más peligroso del problema, en las consecuencias psicosociales y políticas que esta sensación produce. La “mano dura” represiva gana terreno en los discursos políticos, el populismo penal crece, y la búsqueda de un salvador fuera del establishment se acrecienta.

La delincuencia pone en entredicho la vigencia del Estado de derecho, las bases del propio contrato social y alimenta la narrativa antisistema que ya por otras razones (crisis económica, desprestigio de la clase política) se refuerza en el país.

El gobierno de Dina Boluarte, con su probada mediocridad para resolver los principales problemas del país (recesión e inseguridad ciudadana), es el mejor aliado de los disruptivos radicales que se asoman en el horizonte electoral. Una razón de peso para justificar la salida política de un recorte de su mandato y un adelanto de las elecciones. Mientras más tiempo pase sentada en Palacio va a ser más difícil revertir esa narrativa.

La del estribo: notable la obra de teatro dirigida por Mariana de Althaus, La vida en otros planetas, que retrata el drama que es la educación pública en el Perú. Con las formidables actuaciones de Alaín Salinas, Conny Betzabé, Godo Lozano, Herbert Corimanya, Marisol Mamani y Muriel García, va hasta el 17 de diciembre en el ICPNA de Miraflores. Imprescindible documental que no se puede perder. Entradas en Joinnus.

Tags:

Desafección Ciudadana, Dina Boluarte, Encuesta Datum, Estado de Derecho
x