Dina Boluarte

Es inmensa la tarea pública que le corresponderá desplegar al gobierno que asuma las riendas desde el 2026. La magnitud del encargo supondrá la reedición de actos refundacionales, como los que emprendieron en su momento los regímenes de Velasco y Fujimori, con un desafío mayor, porque será imperativo hacerlo dentro de los cánones democráticos.

Refundar las instituciones de administración de justicia (Ministerio Público, Poder Judicial y Junta Nacional de Justicia), hacer en serio una profunda reforma político-electoral, revertir las groseras fallas del proceso de regionalización, volver a colocar el país en la senda del crecimiento económico robusto que teníamos antes de que Humala decidiera desmontar el modelo estrenado en los 90, desterrar la corrupción enquistada en todos los estamentos de la administración pública, mejorar radicalmente los índices de inseguridad ciudadana que azotan el país y que tanto impacto generan en la buena marcha económica (se calcula que por lo menos nos cuesta el 3% del PBI).

¿Es posible lograrlo? Por cierto, el carácter ciclópeo de semejantes desafíos hace imposible que una administración temporal de cinco años logre su cometido triunfal, pero mucho habremos avanzado si se acometieran desde el primer día de gobierno los pasos necesarios y pertinentes para lograr tales objetivos.

Lo que sí queda claro es que ello no va a ser posible si reeditamos el 2026 la elección de un gobierno improvisado o antisistema radical. Por el contrario, tales problemas se agravarían en gran extremo. Además, será necesario contar con suficiente representación parlamentaria para que el gobierno entrante no esté sometido a las veleidades inestables que han sufrido los gobiernos nacionales del 2016 en adelante.

No se ve otra manera de lograr ello, que no pase por la confluencia de fuerzas de centroderecha, creyentes en las bondades del capitalismo democrático, única garantía de desarrollo económico y político en el mundo y, por cierto, en nuestro país.

Consolidar un gran frente implicaría no solo la garantía de contar con fuerza parlamentaria suficiente para emprender las grandes reformas que se necesita sino, además, la convocatoria rápida a los más de dos mil tecnócratas que se requieren en el Estado para sobrellevar con éxito las políticas públicas reseñadas.

Si ello no se logra, entraremos a la espiral del azar y muy probablemente seguiremos el camino descendente de profundo deterioro en el que ha caído la sociedad peruana.

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El régimen de Dina Boluarte, incapaz de resolver los dos más graves problemas que afrontamos: inseguridad ciudadana y crisis económica, va a dejar como herencia un estado de ánimo ciudadano proclive a fórmulas que prometan patear el tablero.

La mayor pobreza que dejará el paupérrimocrecimiento que se estima para este año -y queseguramente será igual en los próximos- más la sensación de desesperación que produce la inseguridad y la consecuente búsqueda de caudillos autoritarios -a lo Bukele, harán que el peruano de a pie se acerque a las urnas el 2026 con el mismo ánimo disidente que lo condujo a votar por Castillo el 2021, producto de la terrible pandemia que nos asoló, en gran medida, por culpa del taimado Vizcarra.

Ya hay un espíritu antiestablishment presente en el ánimo popular. Lo revelan, a su manera, diversas encuestas. A la rabia producto de la pobreza imprevista o la victimización cotidiana, se le suman factores sociopolíticos como la ruptura irreductible del sur andino o el desprestigio profundo de la clase política identificada con el statu quo, básicamente asentada en el Congreso de la República. Tendría que ocurrir algo extraordinario para que el 2026 se produzca un voto normal, centrado.

Las encuestas de Ipsos y el IEP, que son las únicas que miden la identificación ideológica de la población, ratifican que, en ese sentido, la mayoría se sigue identificando con el centro, en segundo término, con la derecha y, rezagadamente, con la izquierda. Pero esa frágil identidad ideológica (no está arraigada en la ciudadanía y ello ya se vio el 2021 cuando un grueso número de votantes de López Aliaga en la primera vuelta lo hizo, en la segunda, por Castillo) será desbordada por el referido torrente antisistema que ya se detecta en los ánimos populares.

Si a ello le sumamos la infranqueable frivolidad política de la derecha y del centro, que van a presentar una veintena de candidatos, tugurizando el espectro y favoreciendo que con porcentajes bajos pasen a la segunda, eventualmente ya no solo uno sino dos candidatos disruptivos radicales, podríamos casi afirmar que la mesa se le está sirviendo en bandeja a los antisistema. Ojalá ocurra algo extraordinario de acá al 2026 para evitar que nos hundamos en un hoyo más profundo que el que cavó el inefable y corrupto régimen de Pedro Castillo.

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[LA COLUMNA DECA(N)DENTE]  En un intento por reforzar su imagen de liderazgo, los ministros y ministras del gabinete Otárola, en cada oportunidad que se les presenta, enfatizan que sus acciones son por decisión expresa de la presidenta Boluarte. Esta insistencia podría interpretarse como un intento de Boluarte de reafirmar su autoridad frente a la opinión pública.

Hace unos días, el primer ministro Otárola, ante el señalamiento de que es él quien se encuentra detrás de todas las decisiones gubernamentales, afirmó que solo es “el portavoz del gobierno” y que todos los ministros están bajo “el liderazgo de la mandataria”. “Parece una broma [lo que sostienen], pero no es así. Aquí estamos bajo el liderazgo de la presidenta de la República, quien no solo toma las decisiones y ve las orientaciones fundamentales del gobierno, sino que también impulsa las reformas políticas y públicas que requiere el país”, sostuvo enfático. Esta defensa de la presidenta Boluarte podría indicar que se encuentra en una situación vulnerable.

La percepción de la opinión pública de que Otárola es quien manda, y no Boluarte, tiene un impacto negativo en la figura presidencial porque merma la legitimidad de la presidenta. La legitimidad es la aceptación de un gobierno por parte de los ciudadanos y ciudadanas. Cuando la población percibe que el primer ministro es quien manda, se cuestiona la legitimidad de la presidenta como máxima autoridad del país. Esto se debe a que la legitimidad no se basa únicamente en el cargo que se ocupa, sino también en la capacidad para ejercer ese cargo.

Asimismo, lleva a cuestionarnos «¿quién manda a quién?». Esta pregunta cuestiona la capacidad de la presidenta para ejercer el poder. Si los ciudadanos y ciudadanas perciben que el primer ministro es quien toma las decisiones, es menos probable que perciban a la presidenta como Jefe de Estado y responsable de dirigir la política general del gobierno; y capaz de garantizar la estabilidad política, social y económica del país.

Esta percepción se ha visto reforzada por dos factores: las declaraciones públicas del primer ministro, que han dado la impresión de que es quien toma las decisiones importantes del gobierno; y la falta de presencia pública de la presidenta en espacios no controlados por su gobierno. ¿Podrá la presidenta Boluarte contrarrestar esta percepción? ¿Tiene las habilidades y capacidades necesarias para recuperar la legitimidad de su figura, demostrar liderazgo y ganar la confianza de la ciudadanía? Solo el tiempo dirá si la presidenta Boluarte podrá demostrar que las tiene para asumir un liderazgo presidencial democrático.

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[INFORMES] Meses atrás, cuando la migración del lumpen venezolano había logrado quitarle a los delincuentes nacionales el tráfico minorista de las drogas fuertes y la trata de blancas en las regiones norteñas de nuestro territorio, el sociólogo Fernando Rospigliosi, ex ministro del interior y ex jefe del Sistema de Inteligencia Nacional, vaticinó que las mafias venezolanas vendrían por más, sobre todo por el tráfico de drogas al extranjero o por el control de la acumulación y de la exportación del oro obtenido de manera ilegal, sea por robo o por explotación en forma contaminante. Leamos qué nos dice sobre el futuro inmediato de esos flagelos.

Congresista Rospigliosi, la situación política peruana se deteriora a pasos agigantados y las principales autoridades del país no pueden ocultar ni superar sus rencillas internas. Lo increíble es que la Presidenta de la República no puede romper la coalición política que blinda al Presidente del Consejo de Ministros, mientras este no quiere ni puede aconsejar a la primera mandataria, ¿usted cree que debería haber cambios ministeriales?

  • Sin duda, siempre en una situación de crisis como la que vive el país, es importante dado que es evidente que el actual gabinete no ha sido capaz de resolver varios… sin embargo, al parecer la señora Boluarte no tiene la decisión o no tiene el valor de hacer los cambios y sigue en una situación de pasividad ante los acontecimientos que es muy peligrosa para el país y para ella misma.

¿Por qué cree que la Presidenta no percibe la peligrosidad de la actual situación política?

  • Está en una burbuja, vive en una burbuja; usualmente a algunos políticos les gusta rodearse de gente adulona, servil y sobona, y ese parece ser el caso de la señora Boluarte, además de ser clarísimo que ella no estaba ni está capacitada para ocupar el cargo ejecutivo más alto del país, ella en lugar de reaccionar y conseguir gente adecuada para renovar su gabinete, se mantiene en una situación como si estuviera flotando en un mar tranquilo, pero esa es sólo una ilusión porque en cualquier momento puede desatarse una tormenta y con una tripulación sin capacidad ni reflejos, la nave puede zozobrar.

¿Si en algún momento la Presidenta decidiera cambiar al PCM Otárola, qué cualidades debería tener la persona que asumiera el segundo cargo más importante del país?

  • Básicamente debería tener habilidad política, que es muy importante para un Gobierno que no tiene bancada partidaria, no tiene partido, no tiene popularidad ni liderazgo, naturalmente y mucha honestidad, esa son las cualidades que debería tener un jefe de gabinete

¿Cree que la presidenta Boluarte llegue a terminar su mandato?

  • Creo que sus posibilidades se van reduciendo cada día que pasa porque su situación política es muy precaria, y ella no está reaccionando con la celeridad y con la urgencia que el país y el gobierno necesitan.

Todos los días escuchamos noticias sobre robos, secuestros, extorsiones y cobros de cupos, y esta semana hemos asistido al hecho inédito de ver el acto casi farsesco del robo de las armas de un capitán y de un suboficial de la custodia de altos funcionarios adscritos a la familia de la señora Boluarte, ¿hemos normalizado la criminalidad?

  • Sí, esa es una cosa que casi sin darnos cuenta se va normalizando día tras día, mes tras mes, año tras año; vemos cómo crece la delincuencia, pero sobre todo la violencia, que es uno de los componentes básicos de los delincuentes que han llegado al Perú en los últimos años, los cuales son más violentos de lo que ya eran los delincuentes nativos. Además del incremento de la violencia introducida por los delincuentes extranjeros, asistimos a un proceso de normalización de la violencia importada, olvidándonos poco a poco de cómo era el país hace diez o quince años. Al olvidarnos cómo éramos, percibimos como normales las conductas aprendidas.

¿Qué intereses oscuros protegen a los mineros ilegales que se esconden tras la careta de la informalidad? ¿Y quiénes son los que cuidan a los narcotraficantes para que ese mega grupo criminal se constituya en una fuente inagotable de recursos para los ilegales?

  • Mira, esos dos negocios mencionados líneas arriba producen miles de millones de dólares de utilidades al año, y gran parte de ese dinero es destinado por los delincuentes para sobornar a las autoridades, sobre todo a las policiales y judiciales. Y, también, por cierto, en armar campañas para introducir cada vez más antisociales a la política. Si ellos, me refiero a los criminales, actúan más rápido que nosotros, entonces, tarde o temprano, estaremos en camino a convertirnos en estados fallidos, como Honduras, Nicaragua y, en estos momentos, el Ecuador.

Meses atrás, usted advirtió el peligro que corría nuestro país de convertirse en un nuevo Ecuador, con más músculo, es decir, con una infraestructura vial y portuaria para la exportación de opio y de cocaína a los mercados centroamericanos, asiáticos y de Europa del Este. ¿Debemos mirarnos en el espejo ecuatoriano?

  • Sin duda, debemos mirarnos en el espejo de Ecuador. Ecuador es un país de tránsito de la droga y eso es lo que ha convertido la violencia y la delincuencia en Ecuador en lo que hoy día es, bueno después han ido creciendo otros negocios ilegales, pero es el narcotráfico el origen de todo eso y el Perú es el segundo productor de cocaína del mundo, ya no solamente somos un país de tránsito sino un país de producción y eso está trayendo a mafias y delincuentes de otros países como las terribles mafias brasileras que ya están en la frontera con nuestro país con Ecuador con Colombia y los venezolanos que ya están acá y es peligrosísimo, y hay que mirarnos en el espejo de Ecuador que hace unos pocos años era un país muy tranquilo.

¿Se debió haber cerrado la frontera con Ecuador para evitar que ingresen o neutralizar a los integrantes de estas bandas criminales?

  • Ha habido un declaratoria de emergencia, pero lo importante ahí es cerrar las vías de tránsito ilegal que son muchísimas en la frontera norte porque hay una larga tradición de contrabando de un lado hacía otro, entonces eso es lo que es más importante cerrar porque la frontera legal digamos puede ser controlada pero el real problema es los pasos ilegales, y yo espero qué el Gobierno haya estado priorizando el cierre de esos pasos ilegales porque de lo contrario si es que hay mucha presión sobre los delincuentes ecuatorianos en su país sin duda se van a trasladar al Perú donde la situación para ellos sería mucho más cómoda porque acá uno de los grandes problemas que tenemos es el sistema judicial peruano que garantiza y protege a los delincuentes y persigue y penaliza a policías y militares, entonces esa situación hace que Perú sea un país ideal para todo tipo de delincuentes.

 El Perú debería dar amnistía a la Policía

  • Sin duda, ya hemos visto que Ecuador está planteando eso una amnistía para policías y militares y yo creo que acá en el Perú debería ver exactamente lo mismo y no solamente eso sino una protección que ya está en la ley, el problema no es la ley porque la ley protege a policías y militares el problema es la aplicación de la ley y es el sistema policial el que persigue a policías y militares y favorece a delincuentes ahí está el problema, entonces por eso cuando se habla de reforma del sistema judicial estamos hablando a un problema que atañe a todos los peruanos y, que es indispensable solucionar o de lo contrario la delincuencia va a tomar el control del país.

Se ha hablado sobre que el armamento de los criminales ecuatorianos habría pasado de contrabando desde Perú y que pertenecería a las Fuerzas Armadas.

  • Sí, hay algo de eso o sea se hablado de granadas, de municiones, explosivos, sí desgraciadamente esa frontera es completamente porosa y por ahí pasa contrabando de Perú hacía Ecuador y viceversa, y en el caso de las cosas que van a Ecuador esta lo que usted ha mencionado. Eso se sabe desde hace tiempo y ya hemos tenido problemas internacionales con ese asunto desde por lo menos el año pasado se sabía que eso era un tema muy grave. El problema es cómo salen municiones, grandas de los almacenes de las Fuerzas Armadas hay tenemos un problema que es una falta de control sin duda.

¿Qué acciones debería tomar el Gobierno peruano?

  • Inmediatamente debería tomar las acciones que no ha tomado antes como tener un control estricto sobre pasos ilegales en la frontera y también, tener un control estricto de armas y municiones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional

Hace poco el abogado de la fiscal suprema suspendida Patricia Benavides ha presentado un peritaje de los chats del asesor conocido como El Filósofo, donde se demostraría que esos chats habrían sido adulterados. Si eso es así, ¿le parece a usted que la suspensión y el proceso judicial a la doctora Benavides es legal?

  • No, para nada. Ha sido un proceso totalmente politizado de parte de la Junta Nacional de Justicia, lo que ha dicho el abogado Jorge Del Castillo me parece que es algo evidente y que cualquiera podía percibir, desde el comienzo se exhibieron chats que eran lo que tenían ellos o las supuestas pruebas que exhibían pero que solamente tenían una parte o sea el funcionario de la fiscalía, pero no se le conoce cuál era la respuesta o cuál era el dialogo con la otra parte, ni se conoce quién era la otra parte, entonces todo se basaba y se sigue basando en suposiciones que han sido creadas por los esbirros del poder que son los que crean esta falsa acusación en mi opinión contra la fiscal Benavides.

¿Se podría comparar con lo ocurrido al fiscal Pedro Chávarri?

  • Sin ninguna duda es el mismo esquema, la misma plantilla y casi todos son los mismos operadores, es muy parecido a lo que ocurrió con Chávarry.

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[ENTREVISTAS] Ha pasado un año de la salida de Pedro Castillo de la presidencia y el final de un ciclo marcado por decisiones cuestionables, ¿por qué Dina Boluarte hasta ahora no ha podido sacar al país de ese camino de incertidumbre y constantes crisis?

Lo único que demuestra el gobierno de Dina Boluarte es que es algo que se preveía desde el gobierno de Castillo. No fue una elección en la cual el ganador reflejaba un equipo de trabajo con ambiciones de ganar. Lo que tenemos es la consecuencia de eso y, además, a través de la vicepresidencia  no hubo esfuerzos previos por armar un plan sólido. Boluarte sólo quiere ser presidenta y se respalda en un operador político que es Otárola. Sumado a eso, es difícil conseguir ministros que puedan darle solidez al gobierno. Qué persona competente en su sector va a aceptar quemarse en un gobierno que no tiene idea de lo que está haciendo. En el fondo, quien está gobernando es el Congreso y el de Boluarte es un gobierno de piloto automático y muy autoritario.

Sin embargo, en los últimos años, los gobiernos de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti lograron un considerable respaldo por parte de la población pese a llegar al poder de forma inesperada, ¿por qué el de Dina Boluarte no pudo ser un caso similar?

Hay que diferenciar los procesos. Sagasti entró y dijo que era un gobierno bisagra que se quedaría un año en el que se enfocarían en tres puntos fundamentales. Además, Sagasti tenía experiencia como gestor público y eso le permitió dar la sensación de durar poco y hacer cosas básicas. El caso de Vizcarra es muy parecido al de Boluarte en términos de proceso. Si bien no dinamitó el gobierno de Kuczynski,  se puso de lado y cuando las papas quemaron dijo aquí estoy yo. Pero Vizcarra tenía la experiencia como gobernador regional de Moquegua, una experiencia bastante positiva por lo que pudimos conocer. En el momento en que Vizcarra asume, sí se puede sentir que por lo menos había participado de un proceso en que sí había una lógica detrás. Boluarte venía de ser funcionaria pública de un rango bastante menor, una militancia política relativa y el único cargo de gestión que tuvo fue conducir un club departamental que no se asemeja a un gobierno regional ni a una alcaldía distrital.

¿No marca una diferencia importante que Dina Boluarte tiene al Congreso a su favor?

Discrepo en que ella tenga a favor al Congreso. Ella está en favor del Congreso y eso la hace parecer, ante la opinión pública, como una persona incompetente. Si sigues los discursos de Boluarte, sólo sabe decir dos o tres cosas. La primera es quiere un gobierno de paz y unión nacional, lo que es una respuesta de concurso de belleza; la segunda es que son estrictamente respetuosos de la institucionalidad y de los derechos humanos, no hace falta hacer un  fact-checking para saber que eso es una burla, y lo tercero es esta victimización al decir atacada por ser mujer. Este gobierno puede sobrevivir, pero de ahí a representar un proyecto es bastante difícil.

Algunos sectores políticos, como el fujimorismo, tienen presente a Martín Vizcarra en sus discursos, ¿se le podría considerar como un actor político vigente que podría tener chances de volver a la presidencia?

Ha sido el último presidente que se acercó al registro histórico de aprobación en el Perú. Fue alguien que pudo capitalizar una demanda y tuvo una coyuntura, la pandemia, que le permitió hacer eso. Antes del vacunagate había llevado un manejo de gobierno que parecía eficaz y eso es una amenaza para el proyecto fujimorista. Lo que vimos con Vizcarra es nada parecido a lo que vimos en los últimos treinta años, porque lo logró desde el gobierno con una gestión de crisis con la pandemia que, pese a lo que significó el vacunagate, los muertos y las decisiones ridículas, la gente apoyaba. La conferencias que daba los miércoles tenían rating. Supo cambiar el estilo de comunicación y llegada con la gente desde un lugar de poder y eso es algo peligroso para sus enemigos políticos. Si tuviéramos que hacer una elección hoy, no tengo ninguna duda que Vizcarra pasa a segunda vuelta.

Según la última encuesta de Datum, el Congreso tiene una aprobación de 7% y Dina Boluarte apenas llega al 9%, ¿por qué pese a un marcado descontento no hay movilizaciones grandes?

Tengo tres hipótesis. En 2020 tuvimos una gran manifestación contra Manuel Merino. Se salió a las calles y se logró el objetivo que era sacar a Merino. Pero luego de Sagasti vinieron otros como Castillo y Boluarte. Entonces el tema es que se logra sacar a un presidente y luego viene más de lo mismo. La gente se pregunta, cuál es el costo beneficio si luego viene la misma masa de siempre a complicarme la existencia. La segunda hipótesis tiene que ver más allá de la ineficacia de la acción, tiene que ver con la oferta política. No hay una relación entre el sentimiento antisistema y la apuesta por quien lo puede resolver. No se quieren adherir a ninguno porque todos parecen lo mismo. Una tercera es que cada vez es más evidente que más gente siente que lo que pasa en política no los afecta y se preguntan por qué comprometerse en una pelea de blancos, por llamarlo de una manera. Somos un país que ha perdido la fe en lo colectivo.

¿Por qué no se ve unión entre las manifestaciones de Lima con las del resto del Perú?

Ocurre que no hay referentes que puedan albergar un estado de ánimo colectivo. Dentro del mismo movimiento de protesta no existe una posición mayoritaria. Están los castillistas con los institucionalistas y están los que es consideraron más importante que se vaya Boluarte y los que recién ahora reaccionan. Mientras no haya una cohesión en dos o tres ideas claras, esa oposición va a ser un chiste. En el fondo lo que terminan transmitiendo ante la opinión pública es que no vale la pena.

¿Puede deberse a que la oposición de otras regiones no se siente representada por la limeña?

Lo que he podido ver es que fuera de Lima tampoco hay un movimiento tan cohesionado con una plataforma clara. Hay movimientos regionales que tienen demandas, la parte del agro y también los de la minería . Hay una serie de elementos que no necesariamente se concatenan como para decir que hay un movimiento fuera de Lima tan homogéneo. Además aunque son más nutridos que en Lima e involucran más compromiso, no termina de ser masivo ni generar un espacio sino que termina siendo uno que pone en jaque por dos o tres días una ciudad y luego se diluye. No creo que fuera de Lima haya un solo movimiento. Lo que sí creo es que no hay posibilidad de conciliar a Lima con el interior porque el tema es muy emocional.

Acorde a las últimas encuestas, el Congreso parece incapaz de levantar su porcentaje de aprobación, ¿por qué a los parlamentarios parece no importarles la desaprobación si esto podría repercutir en los votos que obtengan sus partido en una próxima elección?

El objetivo de un congresista no es ser popular sino promover una agenda. La mayoría de partidos que lleva gente al congreso no son partidos que históricamente tengan una proceso de construcción de ideología y a partir de eso un plan que suma militantes. Normalmente son construcciones en torno a personas. La lógica de un congresista no está tanto en pensar en un proceso de largo plazo sino en cómo acomodar las cosas que le permite generar leyes a favor de ellos. Por otro lado, la inmovilidad de la calle les permite seguir en eso.

Tras el triunfo del libertario Javier Milei en las elecciones de Argentina, varios políticos peruanos, como Patricia Chirinos y Alejandro Cavero, han empezado a imitar su discurso anti casta, ¿observa a alguna figura de la política nacional capaz de capitalizar el descontento de los peruanos con la clase política?

No. Todos van a ser grandes caricaturas. A Milei le reconozco una dosis de autenticidad y eso el electorado lo percibe. Acá no siento que algo así vaya a pasar. Yo tengo la hipótesis que la candidatura de Keiko Fujimori terminó de morir cuando dio el debate frente al penal de mujeres, apareció su hermano Kenji y se abrazaron. En ese momento que Keiko iba subiendo en las encuestas cae de nuevo y pierde las elecciones. Porque la gente vio eso y pensó que era una candidata que no tiene ningún problema en vendernos una telenovela que no es cierta. Con el fenómeno Milei, todos quieren copiarse un estilo que en el Perú no tiene mucho sentido. Además, creen que copiar sus estilo es ser más grosero, pero se distingue muy rápido cuando una actitud es forzada. Jaime Bayly representaba un poco eso del loco pero autentico. El problema es que acá sí tienes el sesgo de pituco y Bayly jamás hubiera sido presidente.

En los últimos meses se ha visto que personajes como Roque Benavides, Carlos Neuhaus y Carlos Añaños han mostrado interés por involucrarse en política, ¿la imagen del presidente empresario puede ser atractiva para el electorado nacional?

El votante no es estático. Esa idea del presidente empresario tenía más correlato hace unos cinco o seis años. Eso creo que es lo que finalmente termina llevando a Pedro Pablo Kuczynski, como persona y partido político, al poder. Pero hoy día estamos ante otros retos. La exigencia para un candidato hoy no pasa por el lado del éxito empresarial sino por alguien con el norte claro con respecto a seguridad, relaciones internacionales, cierta lógica de mano firme y cómo se va a comportar con otros poderes del Estado. Los grandes temas que movilizan son la inseguridad ciudadana y como frenar la recesión.

Se ha visto que en las elecciones de países considerados progresistas, como es el caso de Argentina, ha existido un fuerte cuestionamiento a los derechos humanos, ¿también será un tema central en un país conservador como Perú?

El tema va a pasar más por mostrar a los derechos humanos como el monstruo progresista y que el día que no existan vas a poder salir a trabajar tranquilo, sacar la pistola y matar al ladrón. Si logran generar ese vínculo, estamos muertos a nivel de garantía. Si logran relativizar la defensa de los derechos humanos y ubicarlo como el enemigo a vencer versus seguridad y economía, entonces hay una oportunidad para eso movimientos. Pero si siguen viéndolos como algo de caviares va a ser un discurso con el que alguna gente podrá empatizar pero que no tiene ningún sustento.

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[REPORTAFUR] Un oscuro bloqueo que promovió el gobierno de Pedro Castillo y que ahora continúan la presidenta Dina Boluarte y el premier Otárola con una observación a la medida de intereses económicos privados.

Esta devolución están parando y postergando indefinidamente la masificación del gas y su verdadero sentido social para convertirlo en un gran negocio para los concesionarios.

Eso es jugar abiertamente contra los peruanos humildes.

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[ENTREVISTAS]  El 5 de abril de 1993, a un año exacto del auto golpe de Alberto Fujimori, un grupo importante de políticos “jubilados” antes de tiempo por el régimen autocrático y jóvenes contestatarios formaron el llamado Foro Democrático del Perú, que le dio batalla política e ideológica durante el resto de la década al fujimorato. Entre los jóvenes integrantes del colectivo estuvo desde 1996 el ingeniero Juan Sheput Moore, quien posteriormente fue consejero presidencial de Alejandro Toledo y ministro de Trabajo del gobierno de este último. Invitado permanente a paneles de radio y televisión, columnista en diarios y semanarios, Sheput nos dice aquí cómo ve al país en estas horas difíciles.

Ingeniero Sheput, usted siempre ha estado pendiente de los zigzagueos del poder, de sus idas y venidas, ¿por qué cree que el poder político nacido hace un año es puramente reactivo, no acierta una, no la achunta, como dicen los chilenos?

Porque hay tres componentes fundamentales. En primer lugar, ha asumido protagonismo nacional una generación que está más preocupada por sus seguidores en las redes que de los problemas del país; en segundo lugar, es gente sin experiencia, independientemente de la edad que tiene y que ha encontrado en la política una vocación tardía, me refiero precisamente a los generales y almirantes que no tienen la menor idea de lo que es la política; y, en tercer lugar, el grave error de algunos políticos de bajar a ligas inferiores, como Rafael López Aliaga y César Acuña, dejando al país sin oposición, por lo tanto sin liderazgo en el antagonismo que siempre se necesita en política.

Usted que es un viajero constante a Colombia, un país de enorme potencial económico y con varios polos de desarrollo además de Bogotá, ¿por qué cree que sus ciudadanos eligieron a Gustavo Petro, un marxista de ideas trasnochadas?

Bueno, porque simplemente ahí hay una fuerte institucionalidad; eso me recuerda a un chiste británico que dice: “¿qué pasaría si una manada de monos toma la totalidad de los ministerios, y, obviamente, uno de ellos asume la responsabilidad de ser Primer Ministro?”. Y los británicos contestaron: “¡nada!”. “¿Por qué?, les repreguntan”. “Pues porque hay instituciones, y eso es independiente de las personas”. En el caso colombiano hay una serie de posiciones, algunas muy fuertes en el ámbito ecológico, en la igualdad de género, en respeto a las minorías, y, sobre todo, a las etnias, a las más vulnerables, que han calado muy fuerte en la juventud; y en ese sentido, la izquierda, independientemente de las ideas trasnochadas que puede tener en materia económica, tiene mucha llegada con la juventud que es mayoritaria en el país, y de ahí es que cada cierto tiempo, sobre todo en Bogotá, ganen la alcaldía y otros puestos de elección popular personas muy vinculadas a la izquierda. No nos olvidemos que el propio Petro fue alcalde de Bogotá, la capital colombiana. En esa ciudad de características muy especiales, en los últimos 23 años ha habido un predominio de alcaldes de izquierda, entonces eso irradia al resto de la República. Es más, la presidencia de Gustavo Petro está controlada por un Senado opositor, por los representantes -que es como llaman a los diputados- y por la Corte Suprema. Hay oposición, una muy fuerte oposición, y, sobre todo, una institución presidencial compuesta por los expresidentes que son la conciencia crítica del mandatario y todos han sido formados en las mejores escuelas de gobierno de Estados Unidos y Europa. Acá no, acá todos nuestros expresidentes están presos, han pasado una temporada en la cárcel o esperan sentencia para ingresar a una celda. Entonces no hay un alter ego, no hay una conciencia crítica. En ese sentido, Colombia es muy diferente al Perú.

¿Cuál es su opinión sobre la excarcelación del expresidente Fujimori, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sentado una posición contraria sobre ello, pareciera que no le perdonan al expresidente haber casi erradicado el terrorismo de nuestro país?

Yo creo que acá uno de los grandes errores del Perú es que el debate se ha vuelto casi totalmente jurídico y no político, vemos en diversas instancias que los que pelean en los medios de comunicación son los abogados y no los políticos como corresponde. Los abogados creen que la realidad se puede cambiar a punta de leyes, y si no está en la ley no se puede cambiar; los políticos muchas veces tienen que actuar en favor de su responsabilidad y en un marco legal mucho más amplio y se olvidan por eso que acá la institución del indulto es política, es una decisión del presidente de la República indultar a alguien, es una institución ciento por ciento política y por lo tanto en ese contexto se tiene que ver sí Pedro Pablo lo otorgó y el Tribunal Constitucional lo ratificó no tiene que haber pedidos ni de disculpas, ni resarciones económicas porque eso es mirar el reglamento y la ley y no mirar el contexto político que acompañó la decisión de Kuczynski.  Y además como bien se ha señalado y siguiendo en lo político hay decisiones en otros países de gente que ha preferido la gobernabilidad antes que la sugerencia o mandato de la Corte, un caso específico es Chile con el presidente Lagos que cuando le exigían que metiera presos a los militares incluyendo Pinochet, él dijo: “Primero está la gobernabilidad de Chile”, y no les hizo caso esas son decisiones políticas otra cosa que acá en el Perú no haya temperamento político ni calidad en los políticos  ni convicción para poder hacer eso.

¿Y sobre la posición de la Corte IDH, respecto a la excarcelación del expresidente Fujimori que abre una polémica con el Perú?

Las discusiones a nivel de la Corte IDH son discusiones de Estado, vale decir, el individuo no es la persona sino la entidad jurídica llamada Estado, es decir allí el individuo, no es la persona sino la entidad jurídica llamada Estado, por lo tanto, nuestro representante fundamental es el canciller en este caso el señor Javier Gonzáles Olaechea que es el que debe dar las explicaciones de la decisión del gobierno peruano ante la Corte, inclusive se ha solicitado un informe que tiene que elaborar el Ministerio de Justicia que se ha canalizado a través de la cancillería, un elemento que podría utilizar el señor canciller es el de complementar la posición peruana con representante de la sociedad civil o de partidos políticos, es una decisión que él podrá tomar, pues así, como los sectores opuestos al indulto viajan permanentemente a Washington para hablar de su incomodidad respecto a esa posibilidad ahora ya ejecutada, igualmente podría ir la parte peruana o la parte interesada a justificar  el indulto de Alberto Fujimori, es una cuestión de cómo se enfrenta y creo yo que tiene que ser colectivamente.

¿Con ese tema pendiente con la Corte IDH, existe la probabilidad de que el expresidente Fujimori regrese a la cárcel?

Siempre existe esa posibilidad, no solamente con la CIDH sino lo que pueda dictaminar la Corte Suprema, por eso yo no creo en elementos victoriosos, la lucha recién empieza, por eso señalaba que el problema no es tanto el indulto sino el día después, ya el 18 de diciembre el presidente tiene que acudir a un juicio oral en el cual se va a ver el caso Pativilca, entonces la situación de tensión permanece, por eso vuelvo a indicar, el tema es estrictamente político no es un tema jurídico y de la forma cómo se comporte el Gobierno y el fujimorismo y aquellos aliados o personas que han complementado el trabajo del fujimorismo en este proceso de indulto de eso dependerá la libertad de Alberto Fujimori, es evidente que la víctimas las ONGs y los partidos de izquierda van hacer lo imposible para que se revierte la situación de Alberto Fujimori.

¿De presentarse Keiko Fujimori a las próximas elecciones, cree usted que tenga alguna posibilidad de ganar?

Sí, yo mantengo mi posición que en política no hay imposibles y también creo que la cantidad de veces que alguien postula no dice absolutamente nada en relación a un eventual triunfo electoral, si no habría que preguntarle a Lula o a Pepe Mujica cómo a pesar de sus debacles políticas obtuvieron finalmente sus triunfos electorales. Todo depende básicamente del contexto, la decisión de postular no se da 2 años antes sino en el momento y dependiendo del contexto, yo no estoy dentro de aquellos que dicen que ya Keiko se tiene que mantener al margen de cualquier proceso electoral yo no creo en eso con ningún actor político, para mí no existen muertos ni jubilados en política. En estos momentos el fujimorismo es la fuerza más ordenada y disciplinada de este Parlamento de eso no hay ninguna duda, y además abona en favor de Keiko Fujimori el declive de César Acuña y de Rafael López Aliaga, ambos decidieron jugar en líneas menores, en lugar de constituirse en líderes de la oposición se convirtieron en toca puertas de la Presidenta para terminar pidiendo presupuesto. La historia dice que ningún alcalde se convierte en presidente y Rafael López Aliaga lo sabía porque como alcalde se convierte en subordinado del presupuesto nacional, no se puede pelear con el presidente no puedes y ahora vemos que ni siquiera puede conformar un buen equipo, entonces no solamente hay limitaciones políticas sino también limitaciones en la gestión; no es lo mismo ser un gran empresario o un buen empresario que un gestor público son lógicas distintas, así de simple.

¿Como entiende usted lo que está pasando en la Junta Nacional de Justicia (JNJ); estamos hablando quizá de una lucha de posiciones ideológicas a través de unas instituciones tambaleantes?

Es un poder en declive que esta enquistado en la Junta Nacional de Justicia que se niega a perder el poco poder que le queda, ellos saben perfectamente que no tienen la fuerza que antes tenían que venía básicamente del apoyo que le daba el sector progresista y obviamente lo que hay ahí es una guerra por permanecer en esa hegemonía, y como es un tema complejo detrás de ellos hay ONGs, estudios de abogados, sectores políticos, sindicatos, que no sólo están en la JNJ, sino en otros estamentos como el Poder Judicial por ejemplo, es una forma de consolidar posiciones, de tener poder de tener influencia de lograr fallos a favor, entonces definitivamente están perdiendo esa hegemonía y eso los obliga a hacer este tipo de ataques para permanecer ahí y sacar a quienes le sean incómodos.

Sobre la suspensión de la Fiscal de la Nación Patricia Benavides

En el caso de la Fiscal de la Nación ya no me asombra el doble estándar de la Junta Nacional de Justicia quienes se indignan si el Parlamento empieza una investigación sumaria contra ellos o contra la señora Zoraida Ávalos, por la cual inclusive salieron al frente y, por otro lado, empiezan un proceso sumarísimo súbito contra la fiscal Patricia Benavides, es por eso que no tienen credibilidad, por la forma distinta cómo se comportan ante hechos similares. En el caso de Zoraida Ávalos, avalan y asumen su defensa, en el caso de Patricia Benavides la condenan de antemano en el caso de ellos mismos argumentan que el Congreso no los puede investigar que no pueden avalar un proceso sumario y en el caso de Patricia Benavides empiezan un proceso sumarísimo y en 72 horas sobre la base de unos pantallazos suspenden a toda una Fiscal de la Nación, es por eso que creo yo que se tiene que reorganizar la Junta Nacional de Justicia y el Congreso por otro lados está demostrando su ingenuidad una vez más, en política la debilidad nunca termina de pagarse, el Congreso pone la otra mejilla en el caso de la Junta Nacional de Justicia y esta les responde suspendiendo a Patricia Benavides, es parte de la ingenuidad que reina que habita en los parlamentarios actuales.

Podría reflexionar sobre el porqué de la salida de Pedro Castillo antes de cumplir año y medio en el poder, si tenía 44 votos que impedían su destitución en el Congreso y contaba con una altísima aprobación en el sur del país.

En el caso de Pedro castillo lo que sucede es que empezó a cometer actos de corrupción en un contexto de deterioro económico que los convertía en un personaje insalvable. La corrupción hace que la persona piense más en su supervivencia que en los problemas de la gente. La corrupción, por ejemplo, desatada en el año 2000 era la que impulsaba al régimen fujimorista a ir por una re-reelección, la corrupción es la que obligaba a Vizcarra a mantenerse en el cargo y hacer un golpe interno, y en este caso la corrupción de este señor el temor de que su familia empiece a ir presa, lo llevó hacer un golpe que lo convirtió en indefendible, y, por otro lado, como los 44 parlamentarios de Pedro Castillo más la diferencia tienen como objetivo fundamental sobrevivir al año 2026, entonces la lealtad era a su curul  y a su quincena más que a Pedro castillo, es la más volátil de las lealtades, entonces cuando vieron peligrar su remuneración  y su beneficio entonces no dudaron en traicionarlo.

Como ve las próximas semanas y meses en nuestra política nacional, ¿cree que Dina Boluarte podrá llegar por lo menos en cuidados intensivos al relevo constitucional de 2026?

No, Dina Boluarte es tan poca cosa en política, que no se da cuenta que su principal escollo es el señor Alberto Otárola su principal lastre, yo nunca he visto tanta inexperiencia política como la que encarna Dina Boluarte, creer que una persona que tiene menos popularidad que ella le va a servir de soporte hasta el año 2026 es realmente algo ingenuo. El señor Otárola no tiene dimensión ni respeto político, y él es el que debería abrir esta oportunidad para el Gobierno, cada vez que declara el señor Otárola su declaración sale en la página 10 del periódico en una pequeña esquina, esa es su dimensión política inclusive la presidenta de la República puede dar un mensaje a la nación hoy y mañana no tiene ninguna importancia y no le mueve un dedo a la gente, la señora Boluarte no se da cuenta que la única manera de reflotar es poniendo un gabinete de primer nivel y si ella quiere que se vaya dos años de viaje y que deje al gabinete que conduzca los problemas del país hasta el año 2026, pero como no piensa hacer eso sus posibilidades de sobrevivencia van a ser mínimas, el Congreso no la va a sacar, ella va a tener que renunciar porque el Perú en un contexto de crisis institucional, económica y delictiva pues simplemente se va a convertir en inmanejable, dos años y medio es demasiado para seguir con el mismo orden de cosas.

¿Esta crisis institucional de la que me habla cree usted que genere en la próxima campaña electoral un fenómeno Milei como el que vimos en Argentina?

No, no creo yo que la derecha se convierte en opción porque la gran mayoría de peruanos cree que la derecha está gobernando, y eso es un error de la derecha torpe que en estos momentos está en el Parlamento. Yo tengo oportunidad de conversar con muchos medios de provincias en forma diaria y el sentimiento en el interior del país en buena parte inclusive del sector limeño cree que gobierna la derecha, porque la derecha es la que soporta a Dina Boluarte, la derecha es la que tolera gente como Otárola o el Ministro de Defensa que es otro incompetente y la derecha es la que sale en su defensa, basta con ver las declaraciones de Rafael López Aliaga para ver cómo blinda permanente tanto a Otárola como a la señora Boluarte, entonces en el péndulo electoral mayores posibilidades va a tener la izquierda sin ninguna duda y va a venir acompañada esa opción de izquierda con la convocatoria a Asamblea Constituyente, ese es el gran error histórico que está cometiendo la derecha en estos momento por su poca capacidad intelectual y política.

Usted ha sido congresista, ¿cuál es su opinión sobre el Congreso actual?

Yo no podría catalogarlo como el peor Congreso porque esa etiqueta se les da a todos los congresos y eso es mundial, pero yo sí creo que es el Congreso más despreciado, tanto se le desprecia que a la gente le ha dejado de importar, actúan con una desfachatez impresionante priorizando beneficios económicos por encima de los intereses de la patria y se han convertido no en transformadores de la realidad que le corresponde a un Parlamento, es un Congreso formado por 130 opinólogos que no tienen ninguna fuerza política para transformar el rumbo de los acontecimientos. No será el peor Congreso porque eso se les atribuye a todos, pero si será el más despreciado sin ninguna duda de este siglo.

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César Acuña, CIDH, Dina Boluarte, Fujimori, JNJ, Juan Sheput, Rafael Lopez Aliaga

[AGENDA PAÍS] Hoy, 7 de diciembre de 2023, celebramos, sí, celebramos, le gesta ciudadana que impidió que el entonces presidente Pedro Castillo, ejecute el golpe de estado anunciado en su mensaje a la nación. Esa emocionante y espontánea proeza impidió que el golpista y su familia se asilen en la Embajada de México, lugar al cual se dirigía la hasta entonces, comitiva presidencial; acción que finalmente llevó a su destitución y apresamiento.

Si bien la vicepresidenta Dina Boluarte formaba la plancha presidencial con Pedro Castillo, esta asunción constitucional al poder de la flamante presidenta Dina Boluarte fue tomada como una nueva luz en el oscuro horizonte que el país divisaba.

Pero pronto, las fuerzas radicales azuzadas por mensajes de subversión del círculo más cercano de Castillo y otros que se adelantaron a este acontecimiento, como Aníbal Torres y su ya famoso “correrán ríos de sangre” ante una eventual destitución presidencial, condujeron a violentas protestas ciudadanas que terminaron con un trágico saldo de más de 60 compatriotas muertos incluyendo miembros de las fuerzas del orden.

Así empezaba el gobierno de Boluarte, con un gabinete integrado por profesionales de calidad, pero con una mochila pesada de llevar.

Los primeros meses transcurrieron en relativa calma, poco a poco se vio a la presidenta Boluarte con más seguridad y aplomo, sin embargo (en paralelo) un aire de desconfianza, no solamente al gobierno, sino a las instituciones en general, comenzaba a germinar.

Actualmente la inversión privada está en sus niveles más bajos, el PBI alrededor del 0% cuando países vecinos están entre 2% y 3%, y todo esto aunado a un deterioro de las principales instituciones del estado como el Congreso (8% de aprobación), un Poder Judicial siempre cuestionado por corrupción, la JNJ y su eterno conflicto de interés y ahora, el último eslabón que sostenía la cadena de la institucionalidad, el Ministerio Público.

Los peruanos nos estamos autodestruyendo. No estamos viendo el bien común sino los intereses particulares de grupos afines (económicos o políticos) e incluso intereses individuales en detrimento de la población.

Así, enfrentados los unos a los otros, en lo que más parece una guerra entre mafias, ¿Es posible tener una visión de país?

La situación que vive el Perú es tan enredada, que muchos congresistas consideran que no tienen legitimidad para hacer reformas y así llegar a las comicios del 2026 con reglas que nos permitan una mejor elección de nuestras autoridades como por ejemplo: bicameralidad, distritos uninominales en la cámara de diputados, renovación por tercios de congresistas, implementar las PASO o algún sistema que filtre el número de partidos políticos en las elecciones generales y que resguarde a la ciudadanía de candidaturas de delincuentes, etc.

En estos tiempos se vuelve a tocar la alarma del adelanto de elecciones, ya sea por iniciativa del Congreso o por una desprendida renuncia de la presidenta. Pero esto, en vez de arreglar el problema, lo agrava, porque seguimos con los mismos vicios de siempre y peor aún, con una reforma política obtusa que desincentiva las candidaturas congresales al proponer listas rígidas, olvidar los distritos uninominales y fomentar la discriminación al forzar la paridad en vez de privilegiar el voto popular.

Este congreso es el que todos hemos elegido, nos guste o no. Le corresponde hacer las reformas políticas necesarias para llegar al 2026 con una mejor base que nos permita una elección decorosa y representantes no solamente con capacidades, sino también, con probidad.

Es momento de que los distintos movimientos ciudadanos democráticos insistamos en las reformas políticas necesarias para que esta nación en formación llamada Perú no sucumba ante la tentación de liderazgos populistas, de izquierda o de derecha, que nos hundirían aún más en el caos y la desesperanza.

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Crisis política, Dina Boluarte, gestión de gobierno, Visión de país

[PIE DERECHO]  Hoy se cumple un año de la gestión del peor gobierno -después del de Pedro Castillo- desde que volvimos a la democracia el año 2000. Dina Boluarte ha hecho méritos propios para colocarse en ese escalafón por su medianía y falta de perspectivas.

Primero, porque no albergó siquiera el anhelo de emprender alguna gran reforma. En su defensa muchos señalan que no tiene capital político, al no contar con bancada congresal, pero la verdad de los hechos es que cuenta con el respaldo incondicional de la coalición derechista parlamentaria, así que bien pudo coordinar para desplegar, junto a aquella, alguna reforma estructural, de las tantas que se necesitan en el país. Pero de ello nada.

Y si nos retrotraemos a la gestión menuda, propia del quehacer gubernativo de cualquier gestión que asuma el poder en el país, allí tampoco el balance arroja cifras positivas para Boluarte. Eran tres las tareas primordiales que Palacio debía acometer: la crisis económica, la inseguridad ciudadana y la prevención del Niño. Y en las tres sale desaprobada.

En materia económica la inversión privada y la confianza empresarial se han ido al hoyo, y el titular del MEF, de peso político mediano, aparenta no saber qué hacer, creyendo, al parecer, que un shock de inversión pública es capaz de revertir los malos resultados.

En los asuntos vinculados a la seguridad ciudadana, la cosa no solo no ha mejorado un ápice desde que Boluarte asumió el poder hace un año, sino que ha ido para abajo, llegándose a niveles de inseguridad y anarquía estatal nunca antes vistas en nuestra historia republicana. Y al respecto -lo mismo que en materia económica- el gobierno da muestras claras de no tener la menor idea de qué hacer.

En el caso de la prevención del Niño, la única buena noticia es que algunos indicios científicos parecen arrojar la perspectiva de que no será tan fuerte como se temía. Pero sería una gracia divina que ello pueda ocurrir porque lo cierto es que la estrategia del gobierno es una coladera presupuestal que anticipaba ineficacia (apenas un porcentaje mínimo de los dineros destinados a ello han sido efectivamente invertidos).

Lo peor de todo -disculparán la terca insistencia en el tema- es que esta mala gestión le abre las puertas a la izquierda radical para el 2026, como ya algunas encuestan pronostican, con la complicidad de un centro y una derecha pusilánimes que, por lo pronto, no saben tomar distancia del descalabro gubernativo vigente.

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Dina Boluarte, Panorama Político, Pedro Castillo, Prevención del Niño, seguridad ciudadana
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