Dina Boluarte

[La columna deca(n)dente] En el país, la expresión coloquial «hablando huevadas» se utiliza para describir la práctica de decir tonterías, mentiras o cosas sin sentido. En el contexto político, esta expresión adquiere una connotación crítica, refiriéndose a discursos o declaraciones de políticos y autoridades que son percibidos como vacíos, engañosos o carente de fundamento. Es una forma de señalar la falta de sinceridad o la manipulación de la información por parte de figuras públicas, sugiriendo que lo que se dice no es creíble ni tiene valor real.

Los discursos políticos en Perú, al igual que en muchos otros países, están a menudo plagados de expresiones sin sentido, promesas vacías y frases hechas que buscan tranquilizar a la ciudadanía sin comprometer realmente a nadie. ¿Cuántas veces hemos escuchado a un funcionario asegurar que «se están tomando las medidas necesarias» o que «el pueblo es su prioridad», mientras los problemas persisten o incluso empeoran? Este tipo de retórica es, lamentablemente, el pan de cada día en nuestro país.

Por ejemplo, en medio del auge de la extorsión, el sicariato y los asaltos, el Ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, afirmó que «los que viven en mi condominio perciben que salen más tranquilos a la calle». Por su parte, la presidenta Dina Boluarte declaró que “el Tren de Aragua está prácticamente desbaratado”. Estas declaraciones, que parecen desconectadas de la realidad que viven muchos ciudadanos y ciudadanas, son un claro ejemplo de «hablando huevadas» en la política. Hablar sin decir nada es una estrategia que permite a los políticos mantenerse en el poder sin rendir cuentas.

El «hablando huevadas» político puede manifestarse de varias maneras. Está el discurso salamero o sobón, como el del Ministro de Cultura, Fabricio Valencia, quien sostuvo que “en 14 mil años de presencia de la especie humana en esta parte del mundo, es la primera vez que una dama dirige el destino de los peruanos», o cuando la presidenta Boluarte afirmó que tenemos “un excelente Ministro del Interior” refiriéndose a Juan José Santivañez. También encontramos la retórica cínica, como la afirmación del Congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, quien justificó su voto a favor de la eliminación de la detención preliminar diciendo que “mi error fue no leer las letras pequeñas”.

Además, está la retórica emocional, donde se apela a la unidad sin ofrecer soluciones concretas. “Nos corresponde a todos promover el diálogo y la unidad para consolidar el crecimiento económico del Perú”, declaró la presidenta al inicio del año. ¿Cuántas veces hemos escuchado «el Perú primero» o «vamos a salir adelante» mientras la corrupción sigue campante?

En tiempos de crisis, esta forma de comunicación se multiplica. Los políticos no hablan para resolver problemas, sino para evitar que la población exija soluciones. Un ejemplo claro es la declaración del Alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien afirmó: “estoy buscando la verdad de cómo se le ha robado al pueblo peruano los fondos que eran para ayuda social. Por ejemplo, Manuela Ramos, un caso concreto, le roba al pueblo más de 1 millón de dólares de los 1.4 millones que recibió”.

El problema no es solo de los políticos. Los ciudadanos también nos hemos acostumbrado a aceptar estas frases sin exigir contenido. Nos conformamos con discursos huecos y seguimos votando por quienes dominan este idioma de la evasión. ¿Cuántas veces hemos escuchado «esta vez será diferente» o «el cambio ya empezó» solo para encontrarnos con más de lo mismo?

A fin de cuentas, si la política sigue siendo un espacio donde se premia el «hablando huevadas», la democracia seguirá siendo un espectáculo vacío. Los ciudadanos, cansados de esta retórica, exigen más transparencia y responsabilidad de sus líderes, políticos y autoridades. Es hora de que los discursos políticos sean más que simples «huevadas» y reflejen un compromiso genuino con la solución de los problemas reales del país. Es hora de dejar de premiar a quienes solo saben decir “huevadas”.

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Nueva crisis en el Ministerio de la Producción. En los últimos meses se ha producido la llegada de funcionarios con un historial que despierta dudas sobre los criterios empleados en el proceso de selección.

El Ministerio de la Producción sería la nueva víctima del gobierno de Dina Boluarte y sus deficientes criterios para designar funcionarios. Bajo la gestión del ministro Sergio González Guerrero, el sector a su cargo le abrió las puertas a más de un personaje que no cuenta con el mejor historial.

Sudaca pudo revisar las designaciones realizadas en el ministerio y se encontraron nombramientos que llaman la atención. Desde un exgerente  municipal cuestionado por su deficiente trabajo hasta un antiguo integrante del despacho presidencial de Dina Boluarte han obtenido puestos importantes en un hecho que, una vez más, genera desconfianza hacia un gobierno que no parece tener interés en rodearse de los funcionarios más capacitados.

¿PREMIO A LA INEFICIENCIA?

El viernes 27 de diciembre del año pasado, mientras la mayoría de peruanos se distraía disfrutando las fiestas de fin de año, el Ministerio de la Producción emitió la resolución ministerial n° 000503. Con este documento daban a conocer que, desde el 2 de enero del presente año, el cargo de asesor de la secretaría general del Ministerio de la Producción sería el señor Luis Alberto Andrade Olazo.

Cristian Rebosio

En su trayectoria laboral, Andrade Olazo contaba con un paso por la Municipalidad Provincial San Román, en donde se había desempeñado en el cargo de gerente municipal desde julio del 2023 hasta agosto del 2024. No obstante, su paso por esta municipalidad no habría estado plagado de elogios ni buenos recuerdos.

Cristian Rebosio

Sudaca pudo conocer la información, o más precisamente cuestionamientos, que presentaron medios regionales durante el paso de Luis Alberto Andrade Olazo por la gerencia municipal de San Román. La principal crítica con respecto el trabajo del recientemente designado asesor del Ministerio de la Producción  se centra en el mal uso del presupuesto que tenía disponible.

Para enero del año pasado, cuando Andrade Olazo llevaba varios meses en la gerencia municipal, la ejecución presupuestal en San Román apenas alcanzaba el 50.8% y, acorde a lo informado por el portal El Objetivo, el municipio había quedado en los últimos lugares en lo que respecta a ejecución del presupuesto disponible en comparación de las trece provincias de la región.

Estos resultados mediocres llevaron a que se ponga mayor atención en el trabajo de Andrade Olazo y su idoneidad para el puesto que ostentaba. Entre estas críticas se señalaba que el gerente municipal desconocía los problemas de la zona debido a que era un funcionario que había sido traído desde Cusco. “El alcalde trajo a gerentes de otros lugares que no conocen la realidad de la provincia”, fue una de las críticas de Orlando Fernández, expresidente de la Central de Barrios de la ciudad de Juliaca, al gerente municipal en declaraciones que brindó a Pachamama Radio.

Pero, además, este descontento incrementó cuando se conoció el cuantioso salario que recibía Andrade Olazo y que superaba los diecinueve mil soles mensuales y que, para cuando se produjeron las críticas, ya había acumulado un total de S/ 115,872.00. Claro que esto no impidió que sea premiado con un cargo en el Ministerio de la Producción.

LA CUOTA BOLUARTE

Tal como lo ha puesto en evidencia Sudaca y diversos medios de comunicación, el gobierno de Dina Boluarte se ha caracterizado por entregar ministerios y otros cargos importantes a personajes ligados a diversas agrupaciones políticas que, casualmente, tienen una importante presencia en el Congreso y son el soporte para que la presidenta pueda continuar en el poder.

Sin embargo, no sólo estos movimientos políticos y sus allegados han sido los beneficiados por lo que parece ser una política de gobierno. Sudaca ha encontrado que uno de los extrabajadores del despacho presidencial logró un puesto en el Ministerio de la Producción luego de aprobar una cuantiosa cantidad para la defensa de Dina Boluarte.

Esta persona es Rafael Enrique Velásquez Soriano, quien tuvo la oportunidad de desempeñarse en el cargo de director general de administración del despacho presidencial entre enero del 2023 y agosto del 2024.

Cristian Rebosio

En abril del año pasado, Velásquez Soriano avaló la contratación de un abogado defensor para Dina Boluarte por la cifra de 180 mil soles. El letrado iba a tener como responsabilidad la representación de la presidenta en las investigaciones con respecto a su participación en las protestas que tuvieron lugar entre diciembre del 2022 y enero del 2023 en las que varios peruanos perdieron la vida producto de la represión.

Sorprendentemente, pese a que el último día de funciones de Rafael Velásquez Soriano en el despacho presidencial era el 4 de agosto del 2024, tal como pueden observar en la imagen anterior, para el 2 de agosto ya estaba firmada la resolución ministerial que lo designaba como secretario general en el Ministerio de la Producción.

Cristian Rebosio

 

¿FUNCIONARIOS TODO TERRENO?

Pero el Ministerio de la Producción también parece abrirle la puerta  a aquellos funcionarios que provienen de puestos que tienen poco o nada que ver con las nuevas funciones que se les encargará. Este sería el caso de Haydeé Victoria Rosas Chávez, quien en el mes de julio llegó a este ministerio para ser la nueva directora general de la dirección general de políticas y análisis regulatorio en pesca y acuicultura.

Cristian Rebosio

Lo extraño con respecto a esta designación es la procedencia de Rosas Chávez es que, hasta unos meses antes de llegar al Ministerio de la Producción, su trabajo no tenía mayor relación con la pesca y la acuicultura. Entre 2023 y 2024, Haydee Rosas Chávez estuvo trabajando en el Ministerio de Cultura durante la gestión de la cuestionada ministra Leslie Urteaga.

Cristian Rebosio

Durante su paso por el Ministerio de Cultura, Haydee Rosas ocupó el cargo de viceministra de patrimonio cultural e industrias culturales así como el de viceministra de interculturalidad. Su salida de este ministerio se produjo en junio, un mes antes de su llegada al Ministerio de la Producción.

Este paso por el Ministerio de Cultura no estuvo libre de críticas. En su momento, el Colegio de Arqueólogos exigió la renuncia de Rosas debido a una modificación en la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación que permitiría alterar bienes culturales y para lo cual el ministerio en cuestión no solicitó la opinión de especialistas para conocer el impacto que tendrá el cambio que se pretendía realizar.

Cristian Rebosio

En las últimas semanas del pasado mes de enero, el Ministerio de la Producción fue noticia debido a que se conocieron pruebas sobre las influencias del congresista Darwin Espinoza en este ministerio y el presunto cobro de sobornos. Sin embargo, como se ha podido ver en las pruebas presentadas en este informe, el Ministerio de la Producción parece ser otro ministerio a la deriva desde mucho antes.

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Dina Boluarte, Ministerio de la Producción

Si la presidenta Boluarte no se percata de la urgencia de efectuar cambios ministeriales -varios-, su nivel de aprobación efectivamente, más allá de su bravata contra las encuestas, va a llegar a cero por ciento, a pesar del evidente repunte económico que se aprecia.

Hay varios ministros que deben salir. Arista del MEF, Demartini del Midis, Santiváñez del Interior, Quero de Educación, son, para empezar, ministros que no han demostrado estar a la talla del encargo recibido y por un mínimo de decencia administrativa deberían dejarle su puesto a otros con mayor capacidad.

En el esquema habitual del poder político, tal como funciona en el Perú desde hace décadas, un gabinete ministerial es la primera barrera de contención de un gobierno y contiene un número suficiente de fusibles para impedir que cualquier avatar crítico afecte la imagen presidencial. Cuando esa barrera se resquebraja, el daño llega inevitablemente a Palacio de Gobierno.
Así sea solo por esa razón -porque Boluarte no puede gobernar efectivamente con tan bajo respaldo ciudadano-, la presidenta debería evaluar seria y rápidamente realizar un cambio ministerial urgente, que refresque el ambiente y le restituya la protección política que necesita.

Con mayor razón aún si la otra pata del poder presidencial, el Congreso de la República, adolece de su propia e inmensa cuota de descrédito y sobre eso ella nada puede hacer. La sociedad Ejecutivo-Legislativo drena la popularidad presidencial por sí sola, pero es claro que sin ella, la primera mandataria ya hace rato no estaría sentada en el solar de Pizarro, así que sobre el tema hay poco que decir. Boluarte depende del Congreso por más devaluado que esté.

Boluarte no puede seguir gobernando con relativo éxito mientras no despliegue políticas públicas dinámicas y vigentes, en particular, las vinculadas a la inseguridad ciudadana y la reactivación económica. Esos dos factores, sumados al tema de la lucha anticorrupción, son el trípode de preocupaciones esenciales de la ciudadanía y no solo el actual sino el gobierno futuro que entre el 2026 tiene que tenerlas en la primera hoja de la agenda gubernativa.

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[Agenda País] La perspectiva mundial y la peruana son, ahora, diferentes a las que teníamos un año atrás.

En el contexto internacional, Rusia continuaba su avance en tierras ucranianas, Joe Biden se perfilaba como el candidato demócrata a la reelección presidencial, Emmanuel Macron lucía fuerte y real en la siempre convulsionada Francia e Israel era vapuleado por una gran parte del planeta, incluida la misma ONU, por su respuesta estratégica y militar frente a los terroristas que perpetraron la vil masacre del fatídico 7 de octubre de 2023.

También, Bashar al-Assad dictador de Siria, se veía muy seguro en su puesto que contaba con el apoyo ruso, mientras que Xi Jinpingcontinuaba la expansión china consolidándose como la mayor fuente de manufactura del mundo.

Un año después, errores y aciertos de los políticos que lideran las principales potencias mundiales han hecho cambiar el panorama casi en 180 grados.

El primero en cometer un gran error fue Emmanuel Macron, que, con un pecado de soberbia, disolvió el parlamento francés ante la estrepitosa derrota de su partido en las elecciones del parlamento europeo y el sideral triunfo de la derechista Marine Le Pen. ¿Qué tenía que ver una cosa con la otra? Un exceso de confianza que ha llevado a Francia a tener dos nuevos primeros ministros en 5 meses y con la posibilidad que el nuevo parlamento no avale el reciente gobierno formado por François Bayrou, un viejo conocido de la centro-derecha. Incluso, un Macron nervioso pidiendo, entre líneas, disculpas por tan arriesgada apuesta al disolver el parlamento, podría no terminar su segundo mandato ante tanta inestabilidad política.

Alemania le ha seguido los pasos y a fines de febrero, nuevas elecciones parlamentarias podrían poner un gobierno de derecha de nuevo en el poder del país germánico. Si le agregamos a Italia y a otros países que han optado un giro a la derecha, Europa entra pues, a un período de reconfiguración política.

La Rusia neoimperial con Putin como nuevo Zar, ha entrado en dificultades en su incursión en Ucrania y perdido el control de Siria dejando en el abandono a Bassar al-Assad quien ha tenido que salir corriendo para asilarse en Moscú. Siria va rumbo al desmembramiento e Israel ha aprovechado para invadir la franjaterritorial neutral que la separaba de Siria y ha bombardeado objetivos militares sirios. Una victoria israelí que debilita indirectamente a Irán y sus afanes por desaparecer del mapa a Israel.

Con un Biden senil y desconcertado en el debate presidencial con Trump, los demócratas optaron por la vicepresidenta Harris como sucesora en la carrera por la oficina oval de la Casa Blanca, pero vanos fueron las risas forzadas o los discursos woke de la candidata porque el pueblo americano lo que quería era mayor seguridad y mejor economía, así como dejar los temas de género para los estados. Trump se los dio y barrió, tanto así que controla ambas cámaras, la de representantes y la de senadores.

Trump ha marcado ya varias líneas de gobierno. Le dice a Ucrania que acepte pérdida de territorio mientras que le reducirá el apoyo militar y a Rusia que pare la mano, por lo que no va a quedar otra cosa que un acuerdo entre ambos rivales, probablemente este mismo 2025.

A China y a México, los grandes proveedores manufactureros de USA, los tiene en la mira, pero sobre todo el primero, con quien no quiere una guerra comercial, pero tampoco, que lo invada con productos baratos que afecten la propia manufactura norteamericana. Europa también se está alineando en ese sentido.

Si a todo ello le agregamos los vientos liberales que ya sonaron en Argentina con Milei, que se vienen en Venezuela con el triunfo de Edmundo Gonzáles y Maria Corina Machado, el fracaso del cambio de constitución chileno y el evidente deterioro de lo que queda de Bolivia, está claro que el mundo está virando hacia la sensatez y hacia un reacomodo de las fuerzas políticas con preponderancia de la derecha, tanto liberal como conservadora.

El Perú no escapa a esta realidad, más aún que en el 2025 entramos a un año preelectoral donde sabremos, hacia finales del mismo, quienes serán los candidatos para presidente, diputados y senadores. También sabremos si “Dios es peruano” como reza el dicho popular, y alumbra a los políticos para que consoliden alianzas, y podamos tener una competencia de menos de 15 partidos y no la sábana electoral de más de 50 si es que los egos se sobreponen a la búsqueda del bien común.

El 2025 puede ser un muy buen año para el Perú. Los precios de las materias primas siguen altos, el contexto internacional va a favorecer el comercio y el turismo, las inversiones mineras comienzan con más fuerza en el país, el puerto de Chancay ya está en operaciones y el ampliado aeropuerto internacional Jorge Chavez estrenará pronto el nuevo terminal y las dos pistas.

En todo este contexto, la presidenta Boluarte debería ya simplificar las líneas estratégicas de su gobierno con miras a la transición democrática del 2026, y concentrarse en devolver la seguridad a los ciudadanos (indispensable para un clima de paz en las elecciones generales) y a reforzar la lucha contra la pobreza teniendo como objetivo la reducción del índice de la pobreza multidimensional.

Seguir enfrascados en la pelea diminuta, en la palabra mal dicha o en el peinado fuera de moda, solo nos hunde en la política farandulera y no nos permite darle la importancia y el foco en lo sustancial, que es llegar a la transición presidencial del 2026 con una mejora de la economía y con mayor seguridad ciudadana. Depende también de nosotros.

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[La columna deca(n)dente] En el actual escenario político, la expresión “viejo oeste” encuentra un paralelismo inquietante. En este entorno, las instituciones estatales han sido subordinadas a los intereses particulares de una coalición congresal, conocida también como la “coalición del mal”, que ha capturado el poder legislativo, moldeándolo a su conveniencia y destruyendo cualquier vestigio de equilibrio democrático.

El gobierno de la presidenta Dina Boluarte ilustra esta dinámica. Su administración, lejos de liderar con independencia y visión de Estado, opera como una extensión de una coalición parlamentaria cuyas prioridades no son las demandas ciudadanas, sino los beneficios particulares de sus integrantes. El Ejecutivo se encuentra atrapado en una relación de subordinación, actuando como un títere funcional a los intereses de un Congreso que legisla sin pudor para grupos de poder, incluidas organizaciones criminales que encuentran en este sistema político un refugio perfecto.

El Congreso se ha convertido en un cártel de poder. Sus integrantes no solo están desvinculados de los principios democráticos que deberían guiar sus acciones, sino que han llevado al extremo la instrumentalización de las leyes. Las reformas constitucionales, que deberían ser un acto soberano de diálogo y consenso, han sido secuestradas para adaptarse a las necesidades de esta élitepolítica, consolidando su dominio y garantizando su impunidad.

En medio de este desolador panorama, a la manera de los viejos alguaciles o sheriffs, los que resisten los embates de la “coalición del mal” son la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, que operan como el último bastión de defensa ante el desmantelamiento institucional. Sin embargo, su capacidad para frenar este avance autoritario está constantemente bajo amenaza, enfrentando presiones, intentos de captura y deslegitimación.

Este vaciamiento de la democracia ha generado un entorno de anarquía normativa. Las instituciones encargadas de fiscalizar, regular y sancionar están paralizadas o capturadas, lo que deja el campo libre para la arbitrariedad y la corrupción. El cártel que nos gobierna no se dejará quitar el poder democráticamente; resistirá incluso, como en el viejo oeste, “a balazos”, para garantizar que no se les arrebate su control del sistema.

La debilidad del sistema de contrapesos y la fragmentación de la sociedad civil agravan esta situación. La ciudadanía, carente de un liderazgo colectivo y enfrentando constantes intentos de deslegitimación de la protesta, así como una brutal represión estatal, observa cómo los actores políticos actúan con total impunidad, incluso jactándose de ello. La captura del Estado y la corrupción se han normalizado hasta el punto de convertirse en una parte estructural del sistema político.

El país transita un camino que no solo erosiona sus instituciones democráticas, sino que también profundiza su crisis de representación. En este “viejo oeste”, el interés colectivo ha sido desplazado por un sistema donde los actores políticos se sirven del poder público para garantizar su supervivencia. El resultado es un vacío de liderazgo y un Estado de derecho debilitado, que amenaza con desencadenar una crisis aún mayor.

Frente a este panorama, la ciudadanía y los partidos políticos democráticos, que no forman parte de la “coalición del mal”, se enfrentan a un desafío histórico: reconstruir un sistema donde las instituciones sean verdaderos guardianes del interés público y donde la democracia recupere su esencia como gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

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[La columna deca(n)dente] En el Perú, la política se ha convertido en un espectáculo grotesco, donde los límites de la decencia y la ética parecen haber sido abolidos. La obscenidad del poder no reside únicamente en la corrupción desenfrenada o en la legislación hecha a medida para favorecer a las organizaciones criminales; su verdadera raíz está en la falta de vergüenza con la que el Ejecutivo y el Legislativo ejercen y abusan del poder, evidenciando un desprecio absoluto por el bienestar común.

El concepto de obscenidad en política no se limita a lo sexual o vulgar. Es un exceso, una transgresión que desborda las normas democráticas y éticas que deberían guiar el ejercicio del poder. En el país, este exceso se evidencia en el abuso sistemático de las instituciones: un Congreso que legisla sin pudor alguno a favor de las economías ilegales, un Ejecutivo que navega sin rumbo, y autoridades públicas que priorizan su supervivencia política sobre cualquier agenda de desarrollo.

El poder se ejerce sin contención ni moderación. Cuando los intereses particulares superan cualquier consideración por el bien común, se traspasa una frontera moral que deja a la ciudadanía expuesta a los caprichos de las cabezas visibles de la “coalición del mal”: Keiko Fujimori, César Acuña, Rafael López, Vladimir Cerrón y José Luna, quienes gobiernan en beneficio propio y de sus allegados.

El Congreso peruano es el epítome de esta obscenidad. En lugar de legislar para atender las necesidades del país, los parlamentarios priorizan sus propios intereses y los de aquellos a quienes sirven (como mineros ilegales y organizaciones criminales, por ejemplo). Los intentos de censurar ministros o la amenaza de una eventual vacancia presidencial no buscan resolver problemas estructurales, sino negociar mayores cuotas de poder.

Lo más obsceno no es que estas prácticas existan –ningún sistema político está libre de intereses particulares–, sino la normalización de las mismas. Los escándalos ya no generan indignación, sino resignación. La ciudadanía ha sido condicionada a aceptar que la política es intrínsecamente corrupta y que no hay alternativa.

La obscenidad del poder también se manifiesta en la indiferencia hacia el sufrimiento de los más vulnerables. Mientras los partidos, integrantes de la “coalición del mal”, disputan parcelas de poder, miles de conciudadanos enfrentan una crisis económica, social y de derechos humanos sin precedentes. Las protestas de finales de 2022 y principios de 2023 dejaron claro que la distancia entre los ciudadanos y quienes gobiernan es abismal. En lugar de diálogo, la respuesta fue represión. La obscenidad del poder radica en la capacidad de ignorar este sufrimiento con total impunidad.

La política no debería ser un escenario para el espectáculo vulgar ni un vehículo para el abuso desmedido. Necesitamos líderes con sentido de responsabilidad y moderación, comprometidos a anteponer el bien común a los intereses personales o de grupo.

El país está atrapado en un discurso y práctica de poder obsceno, en el que los integrantes de la “coalición del mal” parecen competir por ver quién puede llegar más lejos en el abuso y la transgresión. Sin embargo, esta no es una condena inevitable. La ciudadanía tiene el poder de exigir un cambio, de demandar transparencia, decencia y compromiso.

El primer paso para erradicar la obscenidad del poder es devolverle su dignidad. Esto implica no solo renovar los liderazgos, sino también transformar las estructuras y prácticas que han perpetuado esta dinámica. Solo entonces podremos imaginar una política que no avergüence, sino que inspire.

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[Agenda País] La semana pasada, la presidenta Dina Boluarte se vio obligada a dar un mensaje a la nación junto a sus uniformados ministros, para dar, finalmente, su versión de la ya famosa cirugía y del fin de semana en las playas de sur de Lima.

El incomprensible silencio presidencial en estos dos temas ha permitido que se tejan innumerables teorías, unas probablemente cercanas a la verdad, otros dignas de Agatha Christie, afamada escritora de novelas detectivescas que nos cautivaron en nuestra adolescencia.

Era más sencillo y transparente, informar a la población, de manera oportuna, que la presidenta se iba a someter a una operación ambulatoria de la nariz, algo muy común que se hace tanto por temas respiratorios como estéticos. Nada malo en ello.

Que, si fue Mykonos o Asia del Mar el condominio donde pernoctó en casa de una amiga es también un tema menor, pero yerra el equipo de comunicación presidencial en dilatar una respuesta de la mandataria azuzando el fuego mediático y dándole pie a la fiscalía de hacer lo que más le gusta, un show mediático con poco impacto investigativo.  

A todo este entrevero del cual Corin Tellado, de estar aún con nosotros, podría inspirarse para una novela pintoresca y con seguridad, de alto volumen de ventas, se suma la reciente encuesta que publicó el diario El Comercio el domingo pasado donde la mandataria obtiene un 95% de rechazo a su gestión y solamente un 3% de aprobación. Siendo el margen de error de esta encuesta un +- 2.8%, podemos inferir que Dina Boluarte no cuenta con ninguna confianza de la ciudadanía.

Ya no hay margen de error para la presidenta.

Es imprescindible que cuente con un mejor equipo de comunicación y de manejo de crisis, así como un media training constante a los ministros para que no se les escape respuestas inadecuadas o “malentendidas” que al final, debilitan a los propios ministros, pero más aún, al liderazgo de la mandataria.

Ese liderazgo que a veces ella misma vulnera al insistir en mantener al ministro Demartini en la cartera del Midis a pesar de los graves cuestionamientos al fenecido programa Qali Warma.

Demartini parece ser una buena persona y probablemente competente, pero ya tiene 2 años en el Midis y muchos más como funcionario en ese ministerio, por lo que su responsabilidad política es ineludible. La ausencia de congresistas en la votación que permitió que su censura no prosperara no es excusa para que la presidenta no tome la decisión de separarlo.

Ahora se suma en esta investigación el vocero presidencial Fredy Hinojosa, que fue también funcionario del Midis dirigiendo Qali Warma. Si bien su involucramiento en la carpeta fiscal es reciente, ha quedado fuera de juego para continuar en su función de vocero.

Pero si la presidenta insiste en rodearse de ministros y funcionarios cuestionados, sin estrategia de comunicación oportuna y sin tomar decisiones que afirmen su liderazgo, está cruzando el lindero del margen de error, y como escribió Carlos Meléndez en su columna en El Comercio, el “máximo nivel de inestabilidad en el próximo otoño, (será) un día entre abril y julio”.

De usted depende presidenta Boluarte.

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[La columna deca(n)dente] En un acto de flagrante desvergüenza, el ministro de Educación, Morgan Quero, pronunció una declaración que atenta contra los principios fundamentales de un Estado democrático y refleja la naturaleza autoritaria del gobierno de Dina Boluarte: “Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”. Con estas palabras, Quero intentó justificar la ejecución extrajudicial de 49 ciudadanos a manos de las fuerzas del orden, despojándolos de su dignidad y presentándolos como enemigos a eliminar.

Esta afirmación no solo refleja un profundo desprecio por la vida humana, sino que también busca legitimar el uso de la violencia por parte del Estado, un patrón característico de los regímenes autoritarios. En un país que aspira a respetar los derechos humanos, un alto funcionario público debería ser un defensor inquebrantable de la dignidad y el respeto hacia todos los ciudadanos sin distinción. Sin embargo, al recurrir a un lenguaje deshumanizador, Quero se posiciona como un apologista del abuso de poder, alimentando un discurso que justifica la impunidad y perpetúa la violencia institucionalizada.

La historia ha demostrado que las palabras tienen consecuencias, especialmente cuando provienen de quienes ejercen el poder. Al calificar de “ratas” a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, Quero recurre a una retórica que despoja a las personas de su humanidad, creando un contexto en el que la eliminación de “los otros” parece legítima. Este tipo de discurso desvía la atención de las responsabilidades legales y morales del Estado, presentando las víctimas como prescindibles y, por ende, justificando su exterminio. Esta estrategia de deshumanización tiene un paralelismo directo con la utilizada por regímenes totalitarios del siglo XX, como los de Pinochet y Videla, quienes emplearon discursos similares para trivializar masacres, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Las palabras de Quero no deben quedar impunes. Es imperativo que la sociedad civil, los medios de comunicación, las instituciones y los partidos políticos democráticos condenen enérgicamente estas declaraciones. Asimismo, es necesario que los organismos internacionales de derechos humanos presten atención a este caso, el cual refleja una alarmante deriva autoritaria del gobierno de Boluarte. En este sentido, deben activarse mecanismos de rendición de cuentas, incluyendo la exigencia de disculpas públicas por parte de Quero y la implementación de sanciones por las instituciones correspondientes.

Los derechos humanos son universales, sin excepciones ni condicionamientos. Cuando un ministro de Educación justifica la exclusión de ciertos grupos de estos derechos, no solo atenta contra las víctimas de hoy, sino que pone en peligro los principios democráticos que deberían protegernos a todos en el futuro. Si dejamos que este tipo de discursos se normalicen, estaremos abriendo la puerta a un futuro en el que la violencia estatal sea vista como una herramienta legítima de control social.

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El escándalo de los Rolex y el más reciente de la cirugía plástica emprendida por la pretenciosa mandataria, no escalan al punto de promover una vacancia, como pretende la izquierda, pero sí constituye, por lo menos la segunda, una infracción constitucional que, como bien ha dicho el constitucionalista Aníbal Quiroga, supondrá una pena para la presidenta Boluarte una vez que acabe su mandato.

Pero lo relevante en términos políticos es el síntoma de carácter o de falta de él que estos hechos reflejan en nuestra gobernante. La vanidad, elevada a la n potencia, refleja un narcisismo patológico. El narcisismo en su justa medida es saludable porque ayuda a superar las adversidades cotidianas. Pero cuando se desborda -como claramente lo ha hecho en los dos casos citados- es síntoma de una personalidad frágil y endeble.

Personalmente, no entiendo la obsesión enfermiza en ciertos sectores sociales por los relojes y los vehículos de alta gama. Me parece una obscenidad sin fundamento utilitario. Pero, en fin, con el dinero producto de su trabajo uno puede hacer lo que quiera y el lujo también moviliza la economía de una manera impresionante (su cadena de valor es enorme). Lo que llama a escándalo es que ello se pretenda con dinero mal habido o sin justificación patrimonial, como es el caso de la primera mandataria.

El poder es la peor droga, la más adictiva, la que más marea a las personas que lo tienen. La circulina, ya lo hemos dicho, es peor que la cocaína. Su dependencia es letal cuando no se tienen los pies bien puestos sobre la tierra.

Y ese parece ser el caso de Dina Boluarte, que anda más pendiente de ostentar riquezas que no le corresponden, cuando lo que cabe a la investidura presidencial debería ser, más bien, la mayor de las austeridades.

Se confirman las razones del mal camino por el que andamos. Con una presidenta más pendiente de sobrevivir a como dé lugar hasta julio del 2026 -a costa de concesiones inaceptables- y de adquirir signos de riqueza inapropiados, se explica por qué el país anda a la deriva, sin el liderazgo de una gobernante sin empaque.

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