Dina Boluarte

[La columna deca(n)dente] ¿Dina Boluarte decidió esto? Bueno, digamos que alguien ha considerado que al Perú le hace falta un pequeño retoque armamentístico. No estamos hablando de hospitales mejor equipados, ni de escuelas donde los niños no tengan que rezar para que el techo no se les caiga encima. No, estamos hablando de algo mucho más urgente para el país: 24 aviones de guerra, ni más ni menos, por la módica suma de 15 mil millones de soles. ¡15 mil millones de soles!

Como dice la canción: «Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena». Qué dolor y qué pena que no hayamos visto antes esta gran oportunidad para «protegernos». ¿De quién? Buena pregunta, porque no está muy claro quién es ese enemigo tan temible y poderoso que justifique semejante inversión. Pero no importa, el hecho es que Mambrú (o Dina, en este caso) ya está en camino, y su partida cuesta lo que un país con un sistema de salud en condiciones óptimas podría valer. Pero… qué dolor, qué pena que no tengamos uno así.

«Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá». O, en este caso, no sé cuándo llegarán esos hospitales mejorados, esas escuelas públicas con agua y desagüe, o esas carreteras asfaltadas. Ni hablar de poder trabajar sin el miedo constante de ser asesinado por los extorsionadores de turno. Pero lo que sí sabemos con certeza es que los aviones vendrán. Y cuando lleguen, ¡por fin podremos dormir tranquilos! Porque, claro, ahuyentarán a los extorsionadores y espantarán a las organizaciones criminales.

«Si vendrá para la Pascua, o para la Trinidad…». Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que este gobierno de Boluarte tendrá la dicha de ser recordado por algo tan significativo como llenar el cielo peruano de aviones de guerra. De paso, el viento de las turbinas podrá barrer las ilusiones de los ciudadanos que esperaban soluciones a problemas más mundanos, como el acceso a agua potable o la reducción de la pobreza o la mejora de la educación pública. Pero claro, esas cosas no vuelan, ni hacen ruido, y mucho menos brindan una foto impresionante durante un desfile militar.

«Mambrú murió en la guerra, lo llevan a enterrar…». Esperemos que no sea la esperanza de los ciudadanos la que esté siendo enterrada en esta operación millonaria. En un país donde cada céntimo cuenta y las necesidades básicas parecen un lujo, alguien decidió apostar por un gasto digno de cualquier potencia militar. Con suerte, cuando entremos en la inevitable fase de austeridad y recortes en sectores como salud o educación, al menos podremos mirar al cielo y ver esos 24 aviones de guerra, cortesía de Dina Boluarte, recordándonos que, aunque no tengamos medicinas ni escuelas, al menos tenemos aviones.

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[Agenda País] Pocas veces se ha sentido tanto desconcierto en el país como en los tiempos que estamos viviendo. Y no es solamente culpa de quienes nos gobiernan.

Nosotros, los ciudadanos, nos hemos acostumbrado a celebrar la pendejada, a cambiar los programas de entretenimiento o culturales por cojudeces faranduleras y a mostrar un desinterés en participar activamente en política, pero valgan verdades, también miramos a la política como farándula. 

El escándalo de Andrés Hurtado “Chibolín” se veía venir. Decenas de políticos y personalidades pasaron por su programa, de ostentosa huachafería, y se sentaron en los tronos de la indiferencia siendo partícipes del desdén hacia los más pobres. Pero como nadie habla o habla poco, y con tanto poderoso metido en la cochinada, quizá todo quede allí, con Chibolín haciéndose el desmemoriado y la fiscalía peleándose con el poder judicial. 

Ya de Mauricio Fernandini no escuchamos ni pío, pero aún tenemos a nuestro “Bebito fiú fiú” que nos entretiene con su cinismo y si nos falta más morbo, Magaly sigue rompiendo ratings.

Mientras el país entra en caos permanente, el gobierno sigue despilfarrando centenas de millones de dólares en la quebrada PetroPerú y deja a la Policía Nacional del Perú sin recursos para luchar efectivamente contra la delincuencia y el sicariato que cada día aumentan con más insania en todo nuestro país.

El anunciado paro de transportistas para protestar, justificadamente, ante el incremento de la extorsión que no solamente se ensaña contra ellos sino contra todos los comerciantes que honradamente se ganan el pan de cada día, ha demostrado que el gobierno no actúa planificadamente.

Recién el mismo día del paro, el Minedu saca un comunicado a las 6:50 a.m. diciendo que las clases pasan a virtual cuando a esa hora, la mayoría de los estudiantes ya están camino a sus centros escolares, aumentando la sensación de caos y poniendo en peligro la integridad física de profesores, estudiantes, administrativos y padres de familia.

También, el mismo día hacia principios de la tarde, el gobierno declara en emergencia a varios distritos de la capital, ¡Nunca es tarde! dirán los optimistas, ¡Demasiado tarde! los realistas, ¡Ya para qué! expresarán los pesimistas. 

Da la sensación que el Premier Adrianzén cree que su rol es ser reactivo con los problemas, como en el tema de los incendios forestales que ya venían empezando hace semanas, pero que recién con el infortunio de compatriotas fallecidos, se empieza a reaccionar. Y es tal la soberbia que ni ayuda internacional pedimos mientras se quema medio país, se culpa a la tradición de quemar para sembrar y a algunos malos peruanos. Bueno, ya lloverá y crecerá algo… 

Otra impresión es que no se coordina entre ministerios, que es uno de los roles principales de la PCM. Ante el extemporáneo comunicado del Minedu y la tardía declaración de emergencia, se suma que el MTC no tuvo un plan de contingencia para movilizar a la población. Tarde, muy tarde, la PNP puso unos buses a disposición. “Control de daños” es la frasecita que más se usa cuando la incompetencia arrecia.

El gobierno de la presidenta Dina Boluarte tiene que reaccionar de manera radical. Ella tiene que reaccionar.

Que su gobierno llegue al 2026 es un objetivo que muchos peruanos, como yo, deseamos. Pero si la sensación de caos e indiferencia sigue aumentando, las voces de vacancia volverán al ruedo, como ya se empiezan a escuchar.

Aún es tiempo de corregir y comienza, primero, con un cambio de chip en la presidenta para que asuma que lo que queda de su gobierno es asegurar la transición democrática y poner un mínimo de orden en el país. 

Lo segundo, recomponiendo su gabinete con un premier con voz propia, que ejerza liderazgo y una efectiva coordinación transversal, así como designar ministros competentes que prioricen el trabajo en equipo.

No podemos seguir viviendo de la farándula y la indiferencia. 

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[La columna deca(n)dente] En el ejercicio del poder, las autoridades políticas enfrentan no solo la toma de decisiones estratégicas, sino también el manejo cotidiano de las percepciones públicas. En contextos de crisis, como la actual en el país, recurren a diversas estrategias discursivas para defenderse de las acusaciones, mantener su legitimidad y desviar la atención de problemas públicos como la inseguridad ciudadana o los incendios forestales. El caso de la presidenta Dina Boluarte, quien ha sido acusada de ayudar al prófugo y excompañero de partido Vladimir Cerrón a escapar en un vehículo presidencial, denominado “cofre”, ilustra el uso del humor y las metáforas del cine de terror como medios para desviar la atención.

Cuando Boluarte declara que quienes formulan tales acusaciones parecen ‘Chucky y su novia’ y fabrican ‘historias de terror’, utiliza una estrategia retórica: la ridiculización de sus críticos para deslegitimar sus acusaciones. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, la realidad es que casi nadie le cree. Los intentos de la presidenta de desviar la atención no han dado resultados, y su referencia a personajes de cine de terror se percibe más como un acto de desesperación que como una defensa efectiva. Este tipo de comparación, que busca trivializar las acusaciones, no logra ocultar la gravedad de las situaciones que enfrenta su administración.

La metáfora del «terror» refuerza esta idea, sugiriendo que las acusaciones carecen de fundamento y buscan causar miedo y desconcierto. Al presentarlas como parte de una «historia de terror», Boluarte comunica que son inventos para sembrar caos en su gestión. Sin embargo, esta estrategia es contraproducente, ya que al ignorar las preocupaciones legítimas de la ciudadanía y, en lugar de abordar los problemas, Boluarte corre el riesgo de quedar atrapada en su propio juego retórico. La frivolidad en el discurso puede tener un costo a largo plazo. Aunque es efectiva para desviar la atención y desacreditar rápidamente a los opositores, puede ser vista como una absoluta falta de seriedad ante temas importantes.

Cuando, desde la ciudadanía, se demanda transparencia y asunción de responsabilidades, la excesiva trivialización de las acusaciones puede minar la confianza en su liderazgo. Al depender demasiado de estas tácticas, Dina Boluarte no solo erosiona la credibilidad de su gestión, sino que también profundiza la percepción de que el poder se ejerce sin rendir cuentas adecuadamente. El uso del humor y de referencias al cine de terror puede parecer una salida ingeniosa para su círculo de confianza, pero, a medida que la crisis persiste y se agrava, la falta de respuestas concretas resulta en un desgaste irreversible de su autoridad.

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En las últimas semanas, los ciudadanos peruanos hemos estado esperando el anuncio presidencial de cuáles serían los ministerios a fusionarse olvidándonos un poco de los verdaderos problemas del país.

Si bien una reforma del ejecutivo es un tema altamente deseable, para un gobierno que se enfila a los últimos meses de su mandato, ésta no pareciera que debería ser una de sus prioridades.

Un reciente estudio de la FAO indica que el 51.7% de los peruanos se encuentra en situación de inseguridad alimentaria grave o moderada. Por otro lado, los niveles de anemia ascienden a 42.8% para la población menor a 36 meses de edad, según el propio MINSA. La primera prioridad de cualquier gobierno debe ser que ningún peruano pase hambre, estar subalimentado o sufrir de anemia.

El país continúa con niveles de inseguridad sin precedentes. Quizá lo más cercano para que los que pintamos algunas canas es la violencia terrorista que se vivió a fines de los 80’s y principios de los 90’s, pero era otro tipo de inseguridad. Estábamos bajo un ataque armado de subversivos que atentaban, sin miramientos y sin escrúpulos, la vida de pacíficos ciudadanos. 

Ahora, son los empresarios, grandes y pequeños, y el ciudadano común, los que son objeto constante de amenazas de bandas de extorsionadores, amenazas que se concretan a través de sicarios, terminando con la vida de quienes, con su sudor, dan empleo a muchos peruanos. La lucha contra la inseguridad ciudadana es otra prioridad, la segunda de la lista.

Sacar una cita para atenderse en algún hospital del estado es casi un imposible y si por mala suerte tienes un accidente, como una rotura de cadera que muchas mujeres adultas mayores sufren con frecuencia, te expones a esperar sentada por horas una cama, sí, sentada con fractura de cadera, y una vez en la cama de emergencia, rogar a que se libere una cama de cuarto, lo cual puede durar varios días. Tercera prioridad.

En marzo pasado, la Contraloría, luego de realizar inspecciones, alertó que en las instituciones educativas públicas (IIEE) existen “deficiencias de infraestructura, carencia de servicios básicos y necesidad de docentes lo que pone en riesgo la salud integridad de los estudiantes y la prestación del servicio educativo” . Si queremos elevar la calidad de la educación de forma integral, esta debería ser la cuarta prioridad.

Una manera de atacar sin piedad la subalimentación y la anemia es contando con un programa que podría llamarse Combo 365 donde a todo niño y niña en edad escolar se le ofrezca desayuno y almuerzo en sus locales escolares TODOS los días del año, incluyendo fines de semana y feriados. Esto implicaría que en paralelo el gobierno se concentre en mejorar de inmediato la infraestructura básica de los colegios.

Tenemos que ser implacables contra la extorsión y el sicariato dotando a la PNP de unidades motorizadas, personal y tecnología de punta, y decidir en conjunto, la mejor estrategia para que los delincuentes, una vez detenidos, no puedan ser fácilmente liberados. Queremos ver un Ministerio del Interior, Poder Judicial Fiscalía y PNP unidos y no en disputas que solo benefician a los malhechores. 

La reforma del nivel de atención de la salud pública lleva años dándole la espalda a los ciudadanos con evidente desidia y desinterés. Es prioritario que se implementen al 100% todos los centros y hospitales a la par que se profesionaliza la administración de los centros de salud para que los médicos se dediquen enteramente a su profesión.

Por último, si bien es plausible el énfasis en desarrollar colegios emblemáticos como las Escuelas Bicentenario, es urgente que TODOS nuestros escolares cuenten con baños con agua limpia, con desagües que encuentren al menos silos bien hechos y mantenidos, con todas las carpetas sillas e implementos para estudiar, y con un local noble donde nuestros escolares puedan soñar con un mañana mejor y tener las herramientas para lograr esos sueños.

Si el gobierno de la presidenta Boluarte se enfoca en estas 4 prioridades, asumiendo que los sectores productivos generadores de ingresos dinamizan la interacción con los respectivos ministerios, podríamos estar viendo no solamente resultados tangibles en cada una de ellas al final de este mandato presidencial, sino también, una mejora en el índice de pobreza multidimensional que toma en cuenta estos factores.

Faltan 23 meses para el cambio de gobierno y menos de 18 meses para la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2026. Siempre se puede repensar en las prioridades y actuar en consecuencia.

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Hay quienes piensan que es posible que el 2025, en un afán de tomar distancia del gobierno, las bancadas que hoy lo sostienen, se le voltearán y podrán llegar, inclusive, a la vacancia.

Es un escenario improbable. ¿Imaginan ustedes si cualquier régimen que surja de las entrañas de un Parlamento tan desprestigiado podrá sostenerse en el poder o sufriría el mismo fenómeno que se tumbó a Merino? Esto es lo más probable que ocurra. Nadie de la oposición en su sano juicio se va arriesgar a semejante traspiés ad portas de un proceso electoral. No es por allí que podría venir un fenómeno político que recorte el mandato de una presidenta tan impopular como Dina Boluarte.

Es solo la ocurrencia de un fenómeno de masas callejeras el que podría hacer que Dina Boluarte se vea obligada a renunciar. Hoy se ha logrado, a pesar del inmenso malestar que el régimen produce, una relativa paz social, pero ya hay una sucesión de síntomas, que aislados no significan mucho, pero que reunidos pueden estar mostrando que la paciencia popular ya está en su límite.

Hemos sido testigos en las últimas semanas de múltiples muestras de irritación popular, algunas con desenlace indeseablemente violento, pero que dicen mucho del telón de fondo que signa a la ciudadanía del Perú, harta de sus políticos, de todos en general (muy pocos se salvan), y que hoy empieza a manifestarse por el momento inorgánicamente.

Basta un detonante, que puede ser cualquier medida administrativa irritante, para que se incendie la pradera. Y si eso ocurre este gobierno no aguanta ni tres días en Palacio.

Por allí veo la única manera de que este gobierno no dure hasta el 2026. Desde el escenario político del Congreso no va a surgir ninguna iniciativa que lo promueva porque no le conviene a nadie. Prefieren a Boluarte como monigote en Palacio y ellos seguir gobernando desde la comodidad impune de sus curules.

El régimen chicha, mercantilista y lindante con la criminalidad que hoy nos rige, ha encontrado su punto de equilibrio y no lo va a deshacer por más que las encuestas lo descalifiquen.

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Dina Boluarte, elecciones 2026

[La columna deca(n)dente] La política peruana es un campo fértil para la controversia y, en ocasiones, la comedia involuntaria. Dos incidentes recientes ilustran cómo algunas autoridades públicas reaccionan a las críticas con falta de profesionalismo, rozando lo caricaturesco.

El primero involucra a la presidenta Dina Boluarte, quien al ser confrontada por un ciudadano que la llama «corrupta», responde con un insulto infantil: «¡Tu mamá!». Sería de esperar una respuesta más digna y madura de la máxima autoridad del país. Sin embargo, Boluarte parece haberse quedado anclada en sus años de secundaria. La situación es absurda, recordándonos a una comedia de situación. Aunque la respuesta provoca risas por su vulgaridad inesperada, es un triste recordatorio de cómo algunos líderes se rebajan a niveles básicos de comunicación y demuestra falta de respeto hacia el cargo que ostenta.

Otro incidente digno de un episodio de «Políticos al borde de un ataque de nervios» sucede en el bar La Noche, donde la congresista Patricia Chirinos es abordada de manera espontánea por los presentes, quienes le gritan «¡fuera rata! ¡fuera corrupta!» y le piden que se retire junto a su acompañante, un poco conocido parlamentario de Acción Popular. La tensión es tal que una persona les lanza un vaso de vidrio con cerveza, hecho absolutamente condenable. Ante esto, Chirinos se retira con un gesto: el dedo medio de su mano derecha y llamándolos «imbéciles», como si fuera un acto de comedia.

Estos incidentes cuestionan la legitimidad de la representación política en el país. Los políticos representan al pueblo, pero en estos casos, no demuestran respeto por las opiniones y preocupaciones de los ciudadanos y de las ciudadanas. La respuesta de Boluarte y Chirinos a las críticas es defensiva y agresiva. Esto sugiere una desconexión entre ellas y la ciudadanía, y una falta de rendición de cuentas hacia aquellos a quienes representan. Parece que ambas olvidan que los representantes deben actuar en nombre y por el bien de los representados. 

La política no debe ser un escenario de comedia involuntaria, sino un espacio para el diálogo constructivo, el disenso y el consenso. Por eso mismo, es crucial que nuestros políticos reflexionen sobre su papel como representantes del pueblo que los eligió. No es mucho demandarles que demuestren respeto y empatía hacia las opiniones de ciudadanos y ciudadanas; actúen con transparencia y rindan cuentas de sus actos en el ejercicio del poder conferido por los electores.

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Según los más recientes rankings internacionales, el Perú se encuentra entre los últimos puestos de los ‘Países con los Mejores Sistemas de Atención Sanitaria’. El informe de la revista CEO World resalta en rojo aspectos críticos como la infraestructura, la competencia profesional, la poca gestión y la escasez de medicamentos. Si le sumamos que entre enero y septiembre de 2023, la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) registró más de 50.000 denuncias de pacientes que denunciaron vulneraciones a sus derechos en establecimientos de salud estatales. 

Y el desabastecimiento de aproximadamente 30,700 medicamentos esenciales en hospitales y centros de salud a nivel nacional agrava aún más la situación y el ministro César Vásquez la ha venido negando. Además, se reportan pérdidas millonarias debido a medicamentos vencidos, cobros indebidos e irregularidades en construcciones y mejoras de establecimientos médicos. Estos problemas evidencian una profunda incapacidad y corrupción en todos los niveles.

Durante el mensaje ante el Congreso de la República del pasado 28 de julio, la jefa de Estado le dijo a la ciudadanía que en abril el gobierno lanzó el ambicioso Plan Hospitales Solidarios, que busca construir once modernos centros de salud especializados a nivel nacional, a saber, el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Hospital Nacional Dos de Mayo, Hospital Nacional Sergio Bernales y Hospital Nacional Víctor Larco Herrera; también el Hospital Nacional Cayetano Heredia, Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, y, finalmente, Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, Hospital Goyeneche de Arequipa, Hospital Belén de Trujillo y Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo. A decir de la presidenta, todos esos proyectos se encuentran en formulación o en etapa de expediente técnico. Contraria a la opinión de la primera mandataria, los periodistas especializados y los políticos de oposición opinan que el listado presentado este 28 de julio es una copia exacta de los ofrecimientos realizados en julio pasado, no habiendo avance alguno en ninguno de los centros de salud prometidos.

En medio de las voces de protesta por las promesas no cumplidas, muchas de las cuales se repiten en el mismo tono y con la misma intensidad que el año pasado, pocos son los críticos que se atreven a ponerle su firma a las protestas de ayer y de hoy.

Uno de esos pocos es el ex ministro de Salud Víctor Zamora Mesía, quien en su momento fue uno de los funcionarios más repudiados de la administración del expresidente Martín Vizcarra.

 “Como consecuencia de la escasísima inversión durante los gobiernos del expresidente Pedro Castillo y del suyo propio, no hubo durante los años anteriores dinero suficiente para la construcción de hospitales. Por tal razón, debemos saber que la mayor parte de los hospitales anunciados durante el mensaje al Congreso de la República el pasado 28 de julio ya están presupuestados y casi todos financiados”, nos dijo en entrevista telefónica el ex ministro de Salud Víctor Zamora Mesía. 

“Un altísimo porcentaje de ellos tiene problemas de ejecución, pues una vez que se aprueba el presupuesto, se tienen que ejecutar los fondos. De hecho, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte este año solamente ha ejecutado una cifra cercana al 40% del dinero destinado para inversiones en salud; entonces, en realidad lo que la mandataria anunció en materia de salud pública en el acto oficial más importante de nuestras Fiestas Patrias, fue la construcción de hospitales cuyos proyectos ya son viejos, y se está buscando nuevas modalidades para su ejecución a través de alianzas con otros países. Y, en realidad, lo que no se ha dicho es que la ejecución es muy baja y la velocidad de su implementación es muy lenta, excesivamente lenta. ¿Bueno, entonces porqué se demoran tanto tiempo en ejecutar esas obras? Porque tenemos un enorme problema de gestión. Como usted sabe, no solamente hay un problema en la ejecución de las obras, sino que además estamos ante una gigantesca crisis de desabastecimiento de medicamentos: hay un retraso en la ejecución de los programas presupuestarios; ese es un problema de la des capitalización masiva que ha tenido el Ministerio de Salud durante la gestión del actual ministro (César Vásquez), quien prácticamente ha rifado los puestos de alta gerencia pública a partidarios de la alianza con sus correligionarios, con el fujimorismo y con los compadres y amigos que se suman a cada nueva gestión ministerial. Actualmente estamos pagando la mencionada des capitalización, porque la falta de experiencia y de conocimiento se terminan reflejando en una baja ejecución del gasto, problema que estamos viviendo, por ejemplo, en la compra tardía y extemporánea de medicamentos”.

 ¿La des capitalización que usted menciona empieza con el gobierno de la señora Boluarte o tiene sus orígenes en gobiernos anteriores?

La primera fase fue durante el régimen de Pedro Castillo, quien presionado por la organización de Perú Libre retiró al ministro Hernando Cevallos y puso en su reemplazo a Hernán Condori, el cual fue reemplazado por Jorge López y este, a su vez, por Kelly Portalatino. Estos últimos duraron tan poco tiempo que no pudieron hacer cambios significativos en el sector. César Vásquez ha estado como titular del portafolio durante poco más de un año, y lo ha aprovechado para realizar cambios significativos en su gestión, muchos de ellos -sobre todo- en el centro nacional de recursos estratégicos del Ministerio de Salud, donde se decide qué comprar, cuándo comprar y a quién comprar. Esa es la razón que explica, en gran medida, la altísima rotación de sus funcionarios, a tal punto que en la dirección encargada de esas compras ha habido cinco funcionarios distintos en menos de un año.

 A eso se debe, también, la dejadez o la poca eficiencia del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), el cual demora más tiempo del estimado en realizar los expedientes técnicos para la construcción de los hospitales del MINSA. 

Bueno, en realidad hacer infraestructura sanitaria en nuestro país es un tema muy complejo, toda vez que no solamente hay que identificar la magnitud de la obra y hacer el expediente técnico, sino también enfrentar las presiones de carácter político que se ejercen sobre los funcionarios del Ministerio: todos los gobernadores regionales quieren tener hospitales de 80 camas en todos los distritos de su región, todos quieren equipamiento de alta tecnología para poblaciones pequeñas. Entonces, para comenzar, esa negociación ya es compleja desde antes de poner los cimientos de los hospitales. A partir de ahí hay que iniciar una serie de trámites burocráticos sobre las dimensiones del proyecto, a continuación hay que hacer el expediente técnico, cuando se tiene ese expediente hay que tener la habilitación del terreno, cuando todo eso está saneado, recién se pone a disposición del sector correspondiente para hacer la licitación. En esa licitación también hay problemas, porque el ejecutor de la obra es una empresa privada que subcontrata privados, los cuales, además, tienen que honrar los contratos que tienen entre ellos. Por ejemplo, tomemos el caso del Hospital de Chincha, que está paralizado por un lío entre privados: uno no le cumple a otro, y se van al Poder Judicial y se estanca la obra. PRONIS fue creado para acelerar los procesos, pero también en el PRONIS ha habido más de media docena de directores en el último año. 

Derechos y obligaciones de un Estado 

Desde la creación del Estado Moderno, los gobernantes de turno de ese Estado tienen una serie de obligaciones, que van desde el cuidado de las fronteras nacionales y el monopolio del uso de la fuerza hasta la provisión de educación y de salud de todos los ciudadanos o súbditos. Para conseguir los recursos necesarios para cumplir con dichas obligaciones, los gobernantes de turno establecieron un conjunto de impuestos con la finalidad de financiar todas las tareas suscritas en las normas y en las leyes por los gobernantes y los gobernados.

En los países exportadores netos de petróleo y de otras materias primas, donde los superávit superan largamente a los déficit, los presupuestos nacionales están financiados con largueza y los ciudadanos viven sin sobresaltos. Caso contrario, los gobiernos tienen que acudir a los mercados de capitales para conseguir cómo financiar los presupuestos. Cuando ese ejercicio tiene que repetirse año tras año, es necesario tomar medidas correctivas, ya sea en la recaudación de impuestos, en el control del gasto público o en una combinación de ambos.

Por esa razón, prometerle a sus conciudadanos la construcción de uno o varios hospitales de alta complejidad, no solamente es demagógico e imprudentes, sino que roza con la mentira.

Cuando además de las tareas urgentes en salud, los gobiernos tienen la obligación de atender las demandas de seguridad pública y de proveer una educación de calidad, nos encontramos en una situación complicadísima. Situación que ya hemos enfrentado en varios momentos del pasado reciente, en los cuales sufrimos inflación, recesión o una mezcla de ambos males.

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Desde su llegada al poder, Dina Boluarte ha ofrecido discursos que carecen de profundidad y contenido sustancial. Sus intervenciones suelen percibirse como vagas y generales, sin abordar los problemas reales y urgentes que enfrenta el país. El discurso del 28 de julio no fue la excepción: resultó ser un mensaje frívolo, cínico y engañoso.

La frivolidad se hizo evidente en la extensión del discurso, que duró un récord de cinco horas. Su lectura, cansina y monótona, careció de la profundidad y la concisión que se esperarían de un mensaje presidencial. Muchos asistentes, incluidos congresistas y ministros, se durmieron o bostezaban sin ningún rubor, lo que refleja una desconexión con los problemas reales que enfrentan los ciudadanos cotidianamente.

A lo largo de su alocución, Boluarte evitó reconocer los errores y fracasos de su gobierno. Esta incapacidad para admitir problemas o fallos pone de manifiesto una preocupante falta de seriedad y responsabilidad. Además, su atención desmedida a temas y datos irrelevantes parecía ser un recurso para distraer a la audiencia de los asuntos verdaderamente importantes, intentando sumergirla en un mar de cifras que desdibujaban la realidad. De igual manera, la repetición de promesas, como la creación de hospitales, se presentaba como un intento de desviar la atención de la ausencia de resultados concretos. 

Asimismo, hizo anuncios superficiales, como el cambio de nombre del Ministerio del Interior, la creación de un Ministerio de Infraestructura y “la fusión de dos pares de ministerios”. Estas medidas son poco probables que tengan un impacto real en la mejora de la prestación de los servicios públicos, en la lucha contra la corrupción y la inseguridad ciudadana. 

Las contradicciones en el discurso presidencial son motivo de seria preocupación. Existen discrepancias entre su postura durante el proceso electoral, en la que se oponía al proyecto Tía María e incluso estampó su firma en señal de compromiso, y su actual promoción de dicho proyecto. Este cambio drástico en su posición política puede interpretarse como oportunista, evidenciando una falta de coherencia y transparencia en su liderazgo.

Además, la ausencia de explicaciones sobre las acusaciones de corrupción que la involucran a ella y a su entorno más cercano refuerza la percepción de falta de sinceridad en su compromiso con la lucha contra la corrupción. Esta falta de transparencia no solo mina la confianza pública, sino que también sugiere una gestión marcada por la hipocresía y la deshonestidad.

En conclusión, el discurso presidencial de Dina Boluarte no solo refleja una falta de profundidad y contenido sustancial, sino que también exhibe una desconexión preocupante con las realidades y urgencias del país. La incapacidad para reconocer los errores y fracasos de su gobierno, sumada a la atención desmedida a temas irrelevantes y a la repetición de promesas vacías, subraya una gestión caracterizada por la frivolidad y el cinismo.

La ausencia de transparencia respecto a las acusaciones de corrupción, junto con las mentiras y contradicciones, deteriora aún más la confianza pública y revela un liderazgo carente de seriedad y responsabilidad. En lugar de proporcionar soluciones concretas dentro de un marco claramente definido, el discurso presidencial se percibe como un intento fallido de desviar la atención de los problemas reales, debilitando así la credibilidad del gobierno y su capacidad para enfrentar los desafíos nacionales.

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28 de julio, Dina Boluarte, Discurso presidencial

Pronto se cumplirán 200 años de haber conseguido la independencia del Perú y del continente americano. Por razones limeñas celebramos nuestra independencia el 28 de julio de 1821, cuando se intentó tener un estado autónomo, con su propia constitución. Pero hoy sabemos que tuvo muy poca vigencia, pues los ejércitos libertadores y sus líderes, el argentino José de San Martín y el venezolano Simón Bolívar fueron quienes nos gobernaron hasta conseguir la emancipación. 

Si triunfamos sobre los realistas, tampoco fue debido solamente a los militares. Todos recordamos la astucia con la que el norteño Andrés Rázuri y el argentino Isidoro Suárez (bisabuelo de Jorge Luis Borges), desafiaron las órdenes y se lanzaron contra las fuerzas de Canterac, aunque en realidad no hubiera sido posible el triunfo si no hubiéramos contado con la fuerza de la población local, recordada como “montoneros”: fueron esos hombres y mujeres armados rudimentariamente, quienes bajando desde las alturas hasta la pampa de Junín apoyaron a los húsares y vencieron a una tropa realista numerosa y desconcertada. 

Ante la encrucijada de si debemos celebrar como fecha central la proclamación del 28 de julio de 1821 o la derrota del ejército realista el 6 de agosto o la rendición de la corona el 9 de diciembre de 1824, el Perú optó por celebrar cuatro años de independencia. La primera celebración ocurrió durante los gobiernos de Augusto Leguía. Cuando celebró el centenario de 1921 ante sus invitados nos describió como un país hijo de España, que había madurado lo suficiente como para gobernarse solo, discurso hegemónico que los españoles habían construido para aceptar su derrota. En ese momento, Leguía aún mantenía un discurso contra la oligarquía civilista y se había abierto hacia las posturas indigenistas de aquel momento. Pero es justo el año 1924 cuando se impone en las elecciones como único candidato y empieza su propuesta de la Patria Nueva, proyecto político de una dictadura que culminaría violentamente en 1930. 

Dadas las fechas, para la dictadura de Leguía la más grande celebración con invitados internacionales, se centró en el triunfo de Ayacucho, poco tiempo después de haber empezado su nuevo gobierno. Orgulloso del boato, para festejar y festejarse culminó la Plaza San Martín y el Hotel Bolívar, levantó monumentos en Junín y Ayacucho, creó la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia y levantó el Palacio Arzobispal. Fue el momento cumbre de su dictadura. 

100 años después, el año 2021, cuando Pedro Castillo fue elegido Presidente de la República, parecía que por fin tendríamos a un Presidente que representara a la población más relegada del país. Pero un año después vimos su incapacidad para controlar las redes de clientelaje y corrupción que hoy nos gobiernan. Encarcelado, fue reemplazado por Dina Boluarte, quién empezó su gobierno con terribles masacres. Hoy, cuando le toca celebrar el año más importante, cuando culmina un proceso emancipatorio que comenzó el siglo XVIII con rebeliones como la de Túpac Amaru II, nos encontramos con una dictadora que está al sometida al Congreso de la República y sus cohortes de corrupción, con un gabinete que sólo se dedica a defenderla y que le da la espalda a la población. El Bicentenario no parece importarle. Entrar a la Conmemoración histórica de la página web de la celebración del Estado nos dice todo, la última publicación es del año 2023, cuando ella prometía una gran celebración que convocaría a los países vecinos para festejar los doscientos años de la liberación de América del Sur. Hasta ahora no sabemos si ocurrirá. Nuestro gobierno no tiene buenas relaciones ni con nosotros, ni con los países vecinos. 

De dictadura en dictadura, tener a una persona sin ningún proyecto político salvo el de verse plena de joyas y producida por la cirugía plástica, ha traído abajo el entusiasmo con el que pocos años atrás pensamos que el país podía empezar una nueva ruta, de reconocimiento a las poblaciones más relegadas del país. Ojalá este sea un año de inflexión y que el próximo nos espere con el empeño de una nueva generación de jóvenes políticos, con una mirada clara de cómo acabar con las brechas que tanto nos dañan. No nos rindamos, se lo debemos a la juventud peruana. Que sea un 28 sin perder la esperanza.  

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