Dina Boluarte

Aunque las encuestas demuestran que el gobierno de Dina Boluarte merece una nota desaprobatoria, el despacho de la mandataria ha decidido premiar esos resultados contratándole una nutricionista, un exclusivo servicio de lavado para sus autos y hasta la renovación de los salones de Palacio de Gobierno.

“No trabajamos para las encuestas, para que nos pongan un veinte. No tenemos presupuesto para pagar ello”, fueron las palabras de la presidenta Dina Boluarte, durante una actividad oficial, en lo que representó un nuevo intento de poner en duda la validez de las encuestas que exponen el rotundo descontento que existe por parte del ciudadano de a pie con respecto al gobierno actual.

Pero en el Ejecutivo no sólo existe un discurso empecinado en negar que existe esta desaprobación. Aparentemente, en el gobierno están tan convencidos de estar llevando a cabo un buen trabajo que habrían decidido premiarse a ellos mismos con ciertos privilegios que, por supuesto, serán pagados con el dinero de todos los peruanos.

Sudaca pudo acceder a la extensa lista de gastos del Despacho Presidencial y encontró numerosos y elevados contratos que tienen como objetivo asegurarle a la presidenta Dina Boluarte, y a quienes la rodean, los mejores banquetes  y otras excentricidades hasta los últimos días de su mandato en 2026. 

PRESIDENCIA FITNESS

“Con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y postre” fue una de las expresiones de la presidenta Dina Boluarte que más enfurecieron a la población durante el año pasado. Sin embargo, este intento de apelar a la creatividad de los peruanos en la cocina para minimizar los problemas económicos no estaría acompañado de una política de austeridad en el gobierno a la hora de comer.

En los últimos días, una investigación periodística realizada por el programa “Ocurre Ahora” de ATV expuso que Inversiones Jeanbe, una empresa que fue contratada por el Despacho Presidencial para abastecer a la  Unidad Funcional de Alimentación, tenía registrado un domicilio que, sospechosamente, ningún vecino de la zona relacionaba con el nombre de dicho proveedor.

Pero esto no impidió que, en los últimos meses, Inversiones Jeanbe registre millonarios contratos con el Despacho Presidencial, como el que se puede apreciar en la siguiente imagen que les paga cien mil soles por suministrarle fruta a la oficina de la presidenta. Aunque el monto total de los contratos con esta empresa entre enero y abril es de casi seiscientos mil soles.

Cristian Rebosio

Sin embargo, en el Despacho Presidencial no sólo se han preocupado por estas millonarias compras de alimentos. Según pudo detectar Sudaca, la presidenta Boluarte, que con el escándalo de las cirugías demostró que le da una especial importancia a la apariencia, también cuenta con una nutricionista trabajando para su oficina. 

La siguiente imagen corresponde a una orden de servicio emitida por el Despacho Presidencial en marzo del año pasado a nombre de la nutricionista Sujeilly Lisseth Loo Palomarez por el monto de quince mil soles.

Dina Boluarte, Palacio de gobierno  

Estas órdenes de servicio han continuado a lo largo del presente año. En el mes de febrero, la oficina de Dina Boluarte le pagó a Loo Palomarez una suma de casi diez mil soles por el “servicio especializado de nutrición” y, durante el pasado mes de abril, la nutricionista de la mandataria obtuvo un nuevo contrato por quince mil soles.

Dina Boluarte, Palacio de gobierno

UN GOBIERNO DE LUJO

Pero, además, el gobierno de Dina Boluarte parece haber tomado la decisión de convertirse en un verdadero gobierno de lujo. Aunque, lamentablemente para los peruanos, ello no sería debido a la eficiencia de sus funcionarios sino a los lujos materiales que han decidido adquirir durante los últimos meses. 

En el mes de noviembre del año pasado, el despacho de la presidenta Boluarte consideró necesario adquirir nuevas cortinas para Palacio de Gobierno y, para ello, se emitió una orden de servicio por casi veintitrés mil soles. Pero, no conformes con ello, el mes pasado volvieron a comprar cortinas para renovar, una vez más, los salones protocolares de Palacio.

cristian Rebosio

Pero, no conformes con los gastos realizados en una nutricionista y renovación de los salones presidenciales, el despacho de la presidenta tampoco escatimó gastos al momento de ocuparse de los automóviles que acompañan a Dina Boluarte. Por ello, en el mes de abril han destinado dieciocho mil soles del erario público para que sus vehículos reciban un lavado ecológico. 

Dina Boluarte, Palacio de gobierno

La cereza del pastel en esta lista de excentricidades  por parte del gobierno se encuentra en el área de lavandería. En esta oportunidad, la oficina que atiende las necesidades de la presidenta parece haber pensado que no bastaba con los millonarios contratos por alimentos y una nutricionista sino se contaba con un comedor de lujo.

Por ello, durante el mes de abril, el despacho de Boluarte ha gastado un cifra de casi veinticinco mil soles en un servicio de lavandería. Pero cabe señalar que este monto no es para todos los gastos de lavandería que podrían requerir en Palacio de Gobierno sino que se limita al “lavado y planchado de manteles y prendas para el área de alimentación”.

Dina Boluarte, Palacio de gobierno  

Mientras el Ejecutivo en sus discursos apela a la victimización y fomentar todo tipo de teorías conspirativas para explicar los resultados de las encuestas, los números del propio despacho de la mandataria demuestran que no existe un interés real por convertirse en un gobierno que entiende las prioridades de un país en crisis sino que existe una necesidad de aprovechar cada privilegio que el cargo les otorga.

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Dina Boluarte, Palacio de Gobierno

[INFORME] ¿UN EXMINISTRO A PRISIÓN?

Jorge Luis Chávez Cresta, quien fue ministro de Defensa durante el gobierno de Dina Boluarte, podría ser condenado luego de la acusación por violencia que le realizó su expareja. Sudaca accedió en exclusiva a los documentos que detallan este caso.

El gobierno de Dina Boluarte ha estado marcado por una interminable lista de funcionarios cuyo desempeño en sus respectivos cargos ha sido motivo de críticas razonables. Sin embargo, no sólo han sido cuestionables por su accionar en sus respectivos puestos sino que tampoco han faltado aquellos casos en los cuales sus vidas personales son motivo de escándalo.

Este ha sido el caso de Jorge Luis Chávez Cresta, quien entre 2022 y 2024 estuvo al frente del Ministerio de Defensa. Durante el 2024, el exministro se vio involucrado en un turbulento episodio con su expareja que derivó en una denuncia por ejercer violencia en su contra e incluso llegó a un intento de desalojo.

Sudaca ha accedido en exclusiva a los documentos que exponen la continuación de esta denuncia, los testimonios de ambas partes y la posible condena que podría recibir el exministro de Defensa.

EL EXMINISTRO DENUNCIADO

Las imágenes que Sudaca expondrá en este informe corresponden a la acusación fiscal que se realizó contra Jorge Luis Chávez Cresta en lo que ha sido catalogado como un caso de agresión en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar tras los episodios que el exminsitro vivió con Tamara Alexandra Gutiérrez Mendoza.

CRISTIAN REBOSIO

Según se relata, Gutiérrez Mendoza inició su relación con Chávez Cresta durante el año 2017 mientras ambos se encontraban en Arequipa. No obstante, desde el inicio de la relación, el exministro habría mostrado episodios de celos tanto con sus colegas del fuero militar como con el entorno laboral de su entonces pareja.

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La versión de Tamara Gutiérrez explica que el quiebre de este vínculo ocurre en el año 2024, pero los cambios en la relación empezaron en 2023. Las consecuencias de estos cambios habrían impactado en la salud mental de Tamara, quien pese a solicitar ayuda no la recibió ante la negativa del ministro. Además, Gutiérrez detalla que dejó su puesto de trabajo para acompañarlo durante su nuevo puesto en el Ministerio de Defensa. 

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Gutiérrez Mendoza también detalla que no sólo dejó su trabajo y estudios para continuar con su relación con Chávez Cresta sino que también debió modificar su forma de vestir debido a que el exministro de Defensa le decía qué tipo de ropa no podía usar, los colores que debían predominar en sus prendas y hasta el tipo de peinado que debía llevar.

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Pero el episodio que dio lugar a esta denuncia ocurrió en mayo del 2024. En aquella fecha, Chávez Cresta ingresó a la propiedad que la pareja compartía en el distrito de Chorrillos para retirar algunos objetos. Ante esta situación, Tamara se habría acercado al vehículo de su expareja para revisar si se estaba llevando alguno de sus objetos personales y fue en ese momento que el exministro le habría producido lesiones al subir la ventana de su auto mientras ella se encontraba apoyada en esta parte.

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Acorde a la declaración indagatoria de Gutiérrez, durante el episodio en cuestión, el exministro no sólo se negó a mostrar los objetos que estaba retirando de la vivienda sino que incluso se habría burlado de quien fue su pareja luego que esta tropezara y cayera al piso durante este incidente.

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Gutiérrez justifica su interés por revisar los objetos que quien fue su pareja retiró de la vivienda en aquel episodio alegando que, previamente, había desparecido su pasaporte, joyas y hasta su ropa. A ello, en la ampliación de declaración, agregó que, cuando se acercó al vehículo, Chávez Cresta enciende el motor y avanza en lo que ella interpreta como que “quería pasarme el carro encima”.

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En la pericia psicológica, Tamara Gutiérrez cuenta que, durante su relación, Jorge Luis Chávez Cresta mostraba actitudes que se podrían interpretar como controladoras. En su relato señala que el exfuncionario cuestionaba su forma de vestir, le hacía video llamadas para supervisar sus actividades y se refería a ella con calificativos ofensivos con respecto a su cuerpo.

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En su declaración, Chávez negó haber tenido el accionar violento que su expareja describe y, por el contrario, describe el episodio en cuestión de forma muy distinta. “Después que conversamos se retiró si ningún percance”, relata el extitular del sector Defensa.

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En la nueva actualización de este caso, se ha conocido que el fiscal adjunto Juan Miguel Saavedra Ríos ha formulado la acusación contra Jorge Luis Chávez Cresta por este episodio de violencia y por el cual se ha solicitado que le impongan un año de pena privativa de la libertad efectiva.

 

EL ANTECEDENTE

Durante los primeros día del mes de enero de este año, Sudaca publicó un informe titulado CHAVEZ CRESTA: EXMINISTRO DE DINA BOLUARTE DESALOJA AGRESIVAMENTE A SU EXPAREJA, TAMARA GUTIERREZ EN OJOS DE LA POLICÍA NACIONAL en el cual se dan más detalles de esta relación y se exponen videos reveladores.

En este informe, Tamara Gutiérrez brinda alarmantes detalles que incluyen desde el asesinato de sus mascotas hasta mensajes con amenazas de números desconocidos. Aunque lo que más llama la atención es que Gutiérrez revela que padeció agresiones delante de miembros de la policía y que “la policía estuvo presente y no hizo nada”.

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Con las pruebas aportadas por ambas partes, el caso ahora está en manos de la justicia. Pero resulta innegable que tanto el gobierno de Dina Boluarte como el de Pedro Castillo, que tuvieron a Chávez Cresta como ministro, no tomaron las previsiones necesarias al revisar el perfil de funcionarios que elegían para que los acompañen. 

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Dina Boluarte, Jorge Chávez Cresta, Ministerio de Defensa, Pedro Castillo

[La columna deca(n)dente] En la provincia de Pataz, región La Libertad, la muerte se ha vuelto rutina. Mineros son asesinados uno tras otro: 39 trabajadores ejecutados, según reporta la minera La Poderosa, sin justicia, sin paz y, sobre todo, sin respuestas. La declaración del estado de emergencia, vigente por más de un año, se ha reducido a un ritual burocrático sin efecto real. Las fuerzas armadas y policiales, desplegadas en la zona, no han logrado frenar la expansión de las organizaciones criminales.

El epicentro de esta violencia no es un conflicto político ni una insurrección armada: es el oro. Oro extraído con sangre. La minería ilegal —a menudo encubierta por concesiones irregulares y empresas fachada— ha instaurado un orden criminal paralelo. En las galerías subterráneas no rige la ley de la República, sino la ley de las mafias. Amenazas, extorsión y asesinatos marcan el día a día de quienes trabajan allí.

La respuesta estatal ha oscilado entre la torpeza y la negligencia. La militarización, sin inteligencia estratégica ni coordinación multisectorial, ha demostrado ser ineficaz. Peor aún: la impunidad que impera en Pataz no solo es consecuencia de la inacción, sino también de decisiones políticas y leyes que favorecen al crimen. Un ejemplo fue la aprobación de la ley que amplió el plazo del proceso de formalización minera para la pequeña minería y la minería artesanal, conocida como Ley Reinfo. Esta norma fue aprobada con un inusual consenso: 87 votos a favor de todas las bancadas parlamentarias, sin excepción. Fuerza Popular, Podemos, Renovación Popular, Somos Perú y Avanza País votaron a favor de manera unánime, mientras que bancadas como Perú Libre y Alianza para el Progreso, entre otras, también la respaldaron, aunque con algunos votos en contra. La ley fue promulgada de manera expeditiva por la presidenta Dina Boluarte.

El problema de fondo excede las fronteras de Pataz. El oro ilegal no solo financia mafias locales, sino que se inserta en circuitos globales de comercio y en redes de poder político. La minería ilegal, que habría generado alrededor de 10 mil millones de dólares el año pasado, se ha convertido en una fuente de riqueza incontrolada, protegida por intereses de alto nivel. En este contexto, el Estado no solo pierde soberanía: la entrega.

Lo que ocurre en Pataz no es una excepción, sino el reflejo de un país fragmentado, donde los territorios ricos en recursos naturales son también los más desprotegidos en derechos. En lugar de más policías y más militares, lo que se necesita es estatizar Pataz. No en el sentido económico de expropiar empresas, sino en el sentido político más urgente: recuperar el control efectivo del territorio.

Estatizar Pataz significa restituir el monopolio legítimo del uso de la fuerza, hoy disputado o perdido frente a organizaciones criminales. Implica reconstruir la institucionalidad: garantizar servicios de salud y educación de calidad, justicia oportuna, y fiscalización ambiental y laboral efectiva. En suma, desmantelar el Estado paralelo del crimen e instaurar un Estado democrático que funcione.

O se recupera el territorio para el Estado de derecho, o se normaliza su abandono. Porque cada asesinato en Pataz lanza un mensaje brutal: el oro vale más que la vida. Mientras ese mensaje no reciba una respuesta firme, con decisiones públicas y resultados visibles, la barbarie seguirá brillando más que la justicia.

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[El Minedu y su realidad virtual] Con varios contratos a personas dedicadas a las redes y hasta el uso del exfotógrafo del despacho presidencial, el Ministerio de Educación utilizó aproximadamente doscientos mil soles para intentar maquillar su imagen en las redes sociales.

En lo que podría interpretarse como una actitud desafiante, diversos ministerios, e incluso la propia Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), parecen haber decidido ignorar el descontento que tiene la mayoría de peruanos con el manejo de sus respectivos sectores y despilfarrar el presupuesto asignado para el 2025 en privilegios y otros gastos innecesarios.

Durante las últimas semanas, Sudaca y otros medios han informado sobre los elevados montos que la propia PCM y el Ministerio del Interior han destinado para contratar a personas que retoquen las fotografías de sus eventos, expertos en manejar sus redes sociales y hasta un entrenador para el personal administrativo. En los informes titulados LOS INFLUENCERS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR y EL GOBIERNO DE LA VANIDAD se han detallado en profundidad estos casos.

Pero, lamentablemente para los intereses del Perú, no son los únicos. El Ministerio de Educación, cuya cabeza es uno de los ministros más cercanos a la presidenta Boluarte, tampoco ha desaprovechado la oportunidad de destinar grandes cantidades a áreas que, indiscutiblemente, no se podrían calificar como las prioridades del sector educación.

¿A DÓNDE SE VA EL PRESUPUESTO?

Mientras diversas problemáticas como la deserción escolar y los más de cuarenta y seis mil niños que no van al colegio, cifra que reportó la Defensoría del Pueblo en 2024, demuestran que el sector educación no atraviesa su mejor momento, para el ministro Morgan Quero y quienes acompañan su gestión pareciera que existen otros temas por atender primero.

Al igual que ha ocurrido con la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio del Interior, Sudaca ha podido encontrar que en el Minedu se emiten generosas órdenes por servicios que se enfocan en reflejar una eficiencia que realmente no caracteriza a la actual gestión del Ministerio de Educación.

Uno de estos casos se puede observar en dos órdenes emitidas este año 2025 por un servicio de asistencia técnica para la gestión digital y coordinación de redes sociales. Por este trabajo, el Ministerio de Educación ha desembolsado un total de treinta y dos mil soles en lo que va del año. Aunque si se cuentan dos órdenes de servicio del año pasado, este montó alcanza los setenta y siete mil soles. 

Cristian Rebosio  

Pero en el Minedu esta cifra no parecía suficiente. El pasado mes de febrero, este ministerio emitió otra orden de servicio a nombre de Nelly Janett Moquillaza Bolaños por el concepto de un servicio de asistencia técnica comunicacional en las estrategias de contenido y publicación en las redes sociales. Por este encargo, el monto a pagar fue de trece mil soles, con lo que se acumula un total de veintiséis mil soles durante este 2025.

El Minedu y su realidad virtual 

Desde la llegada del ministro Morgan Quero, en abril del año pasado, el Minedu le ha pagado a Moquillaza más sesenta y nueve mil soles por estos servicios relacionados con las redes sociales del Ministerio. Pero, si se contabiliza desde el inicio del gobierno de Dina Boluarte, la suma de dinero llega a casi cien mil soles, lo que incluye los periodos de Magnet Márquez y Miriam Ponce a cargo de la cartera de Educación.

Cristian Rebosio 

FOTOS PRESIDENCIALES

Semanas atrás, Sudaca reveló que la Presidencia del Consejo de Ministros destinaba varios miles de soles en pagos por las fotografías de los eventos y conferencias. Sin embargo, no son los únicos en darle una buena parte de su presupuesto a este fin. En el Ministerio de Educación, no escatimaron a la hora de conseguir buenas fotos de sus actividades públicas.

Según pudo revisar Sudaca, desde que Morgan Quero está a cargo, el Minedu ha invertido poco más de ochenta y siete mil soles en órdenes de servicio para el fotógrafo profesional Luis Alfonso Elías Alfageme, quien casualmente venía de trabajar en el despacho de la presidenta Dina Boluarte.

Cristian Rebosio

NI ASÍ SE SALVA

No obstante, esta considerable inversión que busca mejorar la cuestionada imagen del ministro Morgan Quero y del propio Ministerio de Educación en las redes sociales está lejos de ser un objetivo cumplido. Paradójicamente, ha sido el propio titular del sector quien se ha encargado de destacar en Tiktok y X por sus desafortunadas declaraciones. 

Un ejemplo de ello es lo ocurrido a inicios de abril, cuando Morgan Quero se convirtió en noticia cuando visitó un centro de educación básica especial y no tuvo mejor idea que finalizar su discurso al grito de “¡Que viva el autismo!”.

Meses atrás, Quero Gaime también fue tendencia en las redes sociales, donde pretende destacar, por los motivos equivocados. En aquella oportunidad, una periodista le hizo una pregunta con respecto al Día de los Derechos Humanos y las víctimas de la represión durante el gobierno actual, ante lo que el ministro sólo atinó a responder que estos derechos “son para las personas, no para las ratas”. 

 Las redes sociales se han convertido en una herramienta que los ministerios no pueden dejar de lado en su estrategia de comunicación. Sin embargo, los elevados montos que se pagan y que distan tanto de la calidad del trabajo que se ha entregado al país lleva a pensar que hoy las prioridades están en fabricar una realidad virtual y no en mejorar el presente del sector educación.

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Dina Boluarte, Educación, Minedu, Morgan Quero

Nombrar al inefable exministro del Interior, Juan José Santiváñez, como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental, es una decisión política absurda, que roza lo tragicómico. Revela el nivel de degradación institucional que es responsable de la corrosión del Perú.

Este nombramiento no sólo es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos, sino que también socava aún más la autoridad ya desgastada del primer ministro, Gustavo Adrianzén, quien hasta ahora había ocupado un puesto de tecnocratismo racional almidonado.

¿Qué experiencia podría tener Santiváñez para un trabajo tan sensible y estratégico como articular niveles de gobierno? ¿No es ese un trabajo que cae bajo el ámbito de la PCM y está directamente debajo del primer ministro? La mera existencia de esta oficina muestra la lógica clientelista del poder político más que una preocupación real por la gestión del Estado. En un entorno donde el diálogo, la coordinación y la visión estratégica son cruciales, designar a Santiváñez para tal oficina es como poner a un pirómano a cargo de un bosque.

Y esta decisión demuestra que el gobierno no tiene reparos en sacrificar su propia credibilidad en el altar de la política. Adrianzén, quien caminaba una línea fina entre la politiquería y la tecnocracia, ahora sufre las consecuencias de una sombra que lo acecha. No se puede simplemente decir que «el cargo es técnico», cuando el personaje ha mostrado una torpeza desalentadora frente al desafío más acuciante que enfrenta el país en este momento: el crimen.

El Perú no necesita más oficinas ni más burócratas manipuladores de papeles. Necesita una reforma profunda, honestidad y valentía. Y con cada uno de estos nombramientos, nos alejamos aún más de la República con la que soñamos. Duele que en un país que tuvo otras páginas memorables de valentía y decencia, los ineptos sean recompensados como si fueran merecedores de honores.

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Dina Boluarte, santivañez

[La columna deca(n)dente] Por momentos, el Congreso parece un programa de humor. Hace unos días, el congresista José Cueto, exmilitante de Renovación Popular, nos dejó una perla difícil de superar:

“Y a los amigos transportistas, que los están matando, pónganse láminas antibalas”.

Así, sin rubor ni pausa. El mensaje es claro: el Estado no puede (o no quiere) protegerte, así que hazte cargo tú. La violencia no se combate, se blinda. Y si las balas aumentan, no hay problema: a más balas, más láminas antibalas.

No estamos ante una propuesta de política pública, sino ante una política del sálvese quien pueda. ¿Qué sigue? ¿Cursos de defensa personal en la currícula escolar? ¿Subsidios para chalecos antibalas? ¿Talleres de instalación exprés de láminas antibalas en las combis? ¿Una app del Ministerio de Transportes para ubicar el taller de blindaje más cercano?

Pero Cueto no está solo en esta nueva escuela de la autodefensa ciudadana con responsabilidad compartida. Desde palacio de gobierno, Dina Boluarte se sumó al festival de exoneraciones con otra frase de grueso calibre:

“En dos años y meses del gobierno de la presidenta Boluarte no vamos a poder solucionar lo que no se ha solucionado en más de 20, 30, 40 años. No es responsabilidad de la presidenta Boluarte. No es la responsabilidad solamente de este Ejecutivo”.

Por cierto, hablar en tercera persona debe ser su nueva forma de meditación: “la presidenta Boluarte” por aquí, “la presidenta Boluarte” por allá, como si al repetir su nombre lograra convencernos de que es otra persona, una especie de holograma institucional que flota por encima del país, ajena a las decisiones de su propio gobierno.

Y claro, las culpas, esas sí que tienen pasaporte diplomático. Viajan tranquilamente hacia el pasado: 20, 30, 40 años atrás, donde habita ese ente difuso y siempre útil llamado “los de antes”. Es el culpable universal, anónimo, inatrapable… y muy conveniente.

Traduzcamos libremente su declaración: “El país está mal, pero no es mi culpa. Yo acabo de llegar (hace más de dos años) y vine a mirar, no a resolver”. O sea, no se pongan exigentes: si nadie pudo en décadas, ¿por qué esperar algo de este gobierno? A lo mucho —muy a lo mucho— puede prometer que no lo empeorará. Pero, para desgracia de todos, en los hechos lo ha empeorado… y de forma mortal.

Así se cierra el círculo: el Congreso te sugiere láminas antibalas; el Ejecutivo te dice que no puede hacer milagros; y tú, ciudadano, que apenas intentas ganarte la vida, tienes que invertir en acero, rezar o huir. Porque en este país, si te matan, es problema tuyo. Y si sobrevives, es gracias a tu emprendimiento blindado.

Mientras tanto, los extorsionadores y los sicarios innovan, los ministros declaran y los congresistas “filosofan”. El crimen evoluciona, pero la respuesta oficial es la misma de siempre: el problema viene de atrás. Es decir, ellos están para la foto y las declaraciones sin sentido, no para la solución.

Todo esto no sería tan grave si no fuera tan habitual. Se ha vuelto costumbre escuchar a las autoridades deslindar responsabilidades mientras el crimen organizado se institucionaliza, la impunidad se normaliza y la política se reduce a frases de evasión y cinismo colosal.

Pero no perdamos la esperanza. Algún día, algún día, algún día, otra política de seguridad ciudadana será posible. Por ahora, solo tenemos un consejo: Ponte láminas antibalas. Y, por si acaso, doble capa.

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Congreso, crimen organizado, Dina Boluarte, inseguridad

[La columna deca(n)dente] La reciente movilización del 21 de marzo en Lima, que congregó entre 20 000 y 25 000 personas, se configura como un episodio paradigmático del «poder en movimiento» descrito por el politólogo Sidney Tarrow. Si bien su éxito inmediato se materializó en la inusual censura del Ministro del Interior, este resultado no puede simplificarse como una concesión autocrítica del Congreso. Más bien, la marcha actuó como un catalizador, visibilizando y amplificando la creciente indignación ciudadana ante la inacción gubernamental frente a la epidemia de extorsión y sicariato, una indignación que ya venía gestándose en la sociedad.

El hartazgo social, motor fundamental de la acción colectiva, ha escalado en paralelo al avance del crimen organizado, elevando la seguridad ciudadana a una prioridad nacional ineludible. Sin embargo, como Tarrow señala, los movimientos sociales no operan en un vacío. Esta crisis de seguridad no es meramente una falla en la implementación de estrategias, sino que se asienta sobre un marco normativo permisivo con las organizaciones criminales. En los últimos meses, hemos presenciado la aprobación de leyes que, lejos de fortalecer la institucionalidad, debilitan la lucha contra el crimen organizado: restricciones a la colaboración eficaz, limitaciones a la labor fiscal en allanamientos y eliminación de sanciones por la opacidad en el financiamiento de campañas, facilitando la infiltración de capitales ilícitos en la política, un fenómeno que mina la legitimidad democrática desde sus cimientos como bien se señala en un informe de Ojo Público. 

La pasividad del gobierno, lejos de actuar como contrapeso, ha facilitado la imposición de estas normas, favoreciendo, parafraseando a la presidenta Boluarte, a «fuerzas oscuras» cuyos intereses se contraponen al bienestar ciudadano. En este contexto, la marcha del 21 de marzo se convierte en una «ruptura de la rutina», un evento disruptivo que sacude la complacencia del poder institucional y evidencia la desconexión entre los partidos políticos y las demandas ciudadanas.

Los partidos liderados por figuras como Keiko Fujimori, César Acuña, Vladimir Cerrón, José Luna y Rafael López Aliaga, aliados legislativos del gobierno, han intentado escenificar un «distanciamiento táctico», una maniobra calculada para proteger su imagen ante el creciente descontento. Su repentina crítica al Ministro del Interior, a quien previamente “blindaban”, no responde a una genuina preocupación por la gestión, sino a un cálculo político pragmático. Son conscientes de que mantener su apoyo incondicional a una figura desgastada y clave en la maquinaria gubernamental se ha vuelto insostenible. Este «repliegue estratégico» busca ocultar su complicidad previa y simular una independencia inexistente, intentando navegar la ola de indignación sin renunciar a los beneficios que les reporta su alianza con el régimen.

Sin embargo, esta maniobra, lejos de marcar un quiebre sustancial, se inscribe en una lógica de «oportunidad política». Buscan seguir siendo funcionales al gobierno, preservando sus privilegios, sin pagar el costo político de respaldar explícitamente a un ministro incompetente. Su lealtad a Boluarte y la defensa de sus propios intereses permanecen intactas.

La movilización ciudadana ha demostrado que la presión desde abajo puede alterar el tablero político. La lucha no termina con la remoción de una figura. El Congreso ha sentado las bases para un marco normativo que favorece a las organizaciones criminales, y el gobierno ha permitido su avance. Ante esta realidad, la ciudadanía debe mantenerse vigilante y organizada, exigiendo no solo la salida de figuras cuestionadas, sino también la derogación de las leyes que facilitan la impunidad y el crimen organizado. Solo a través de una presión sostenida y consciente, articulando un repertorio de acción colectiva diverso y estratégico, será posible enfrentar el deterioro institucional y revertir el avance de las mafias en el país.

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Congreso, crimen organizado, Dina Boluarte, ministro del Interior

[La columna deca(n)dente] La presidenta Dina Boluarte ha vuelto a sorprender con una declaración que roza lo inverosímil. Durante la inauguración del año escolar, afirmó que está «pensando seriamente en la pena de muerte” frente a niños, niñas y adolescentes. La frase, que parece un error de expresión, refleja mucho más que una simple equivocación: evidencia una preocupante inclinación autoritaria en su discurso y un grave problema de comunicación política.

El debate sobre la pena de muerte en el país suele resurgir en contextos de crisis y es frecuentemente utilizado por figuras políticas con el afán de aparentar dureza ante el crimen. La propuesta de Boluarte, aunque torpemente enunciada, se inscribe en esta lógica. El endurecimiento de penas y la apelación al castigo extremo han sido estrategias recurrentes de regímenes con inclinaciones autoritarias que buscan encubrir su incapacidad para ofrecer soluciones reales a la inseguridad.

Sin embargo, la pena de muerte no solo es inviable en el actual marco legal (ya que el país es signatario de tratados internacionales que la prohíben), sino que también ha demostrado ser ineficaz como medida disuasoria del crimen. Pero su mención permite a Boluarte conectar con ciertos sectores que demandan «mano dura», en ausencia de propuestas estructurales para abordar la crisis de seguridad ciudadana.

Más allá de la controversia ideológica, la declaración también pone en evidencia las serias deficiencias en la comunicación presidencial. Un desliz de tal magnitud en un evento público demuestra falta de preparación, precariedad discursiva y ausencia de filtros en el aparato comunicacional del gobierno. No es la primera vez que Boluarte incurre en errores de esta naturaleza, lo que contribuye a su desgaste político y a la percepción de improvisación en su gestión.

El lenguaje en política es fundamental. En un contexto de desconfianza hacia las instituciones, en particular hacia el Congreso, al que la ciudadanía percibe como servil a los intereses de organizaciones criminales debido a las leyes que las favorecen, un lapsus puede marcar la diferencia entre mantener apoyo o erosionarlo por completo. Si la presidenta realmente pretende gobernar con algún grado de estabilidad, debe reformar con urgencia su estrategia comunicacional y abandonar la tentación de discursos efectistas que, lejos de fortalecer su posición, la debilitan aún más ante la opinión pública.

En definitiva, el desliz de Boluarte no es solo una anécdota más en la política nacional, sino también un síntoma del desorden discursivo y la deriva autoritaria que caracterizan su gobierno. Si su intención era proyectar liderazgo, ha logrado lo contrario: ha dejado en evidencia una vez más su falta de rumbo y el ocaso de su gestión.

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Dina Boluarte, Pena de muerte, Populismo, seguridad ciudadana

[La columna deca(n)dente] En el país, la expresión coloquial «hablando huevadas» se utiliza para describir la práctica de decir tonterías, mentiras o cosas sin sentido. En el contexto político, esta expresión adquiere una connotación crítica, refiriéndose a discursos o declaraciones de políticos y autoridades que son percibidos como vacíos, engañosos o carente de fundamento. Es una forma de señalar la falta de sinceridad o la manipulación de la información por parte de figuras públicas, sugiriendo que lo que se dice no es creíble ni tiene valor real.

Los discursos políticos en Perú, al igual que en muchos otros países, están a menudo plagados de expresiones sin sentido, promesas vacías y frases hechas que buscan tranquilizar a la ciudadanía sin comprometer realmente a nadie. ¿Cuántas veces hemos escuchado a un funcionario asegurar que «se están tomando las medidas necesarias» o que «el pueblo es su prioridad», mientras los problemas persisten o incluso empeoran? Este tipo de retórica es, lamentablemente, el pan de cada día en nuestro país.

Por ejemplo, en medio del auge de la extorsión, el sicariato y los asaltos, el Ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, afirmó que «los que viven en mi condominio perciben que salen más tranquilos a la calle». Por su parte, la presidenta Dina Boluarte declaró que “el Tren de Aragua está prácticamente desbaratado”. Estas declaraciones, que parecen desconectadas de la realidad que viven muchos ciudadanos y ciudadanas, son un claro ejemplo de «hablando huevadas» en la política. Hablar sin decir nada es una estrategia que permite a los políticos mantenerse en el poder sin rendir cuentas.

El «hablando huevadas» político puede manifestarse de varias maneras. Está el discurso salamero o sobón, como el del Ministro de Cultura, Fabricio Valencia, quien sostuvo que “en 14 mil años de presencia de la especie humana en esta parte del mundo, es la primera vez que una dama dirige el destino de los peruanos», o cuando la presidenta Boluarte afirmó que tenemos “un excelente Ministro del Interior” refiriéndose a Juan José Santivañez. También encontramos la retórica cínica, como la afirmación del Congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, quien justificó su voto a favor de la eliminación de la detención preliminar diciendo que “mi error fue no leer las letras pequeñas”.

Además, está la retórica emocional, donde se apela a la unidad sin ofrecer soluciones concretas. “Nos corresponde a todos promover el diálogo y la unidad para consolidar el crecimiento económico del Perú”, declaró la presidenta al inicio del año. ¿Cuántas veces hemos escuchado «el Perú primero» o «vamos a salir adelante» mientras la corrupción sigue campante?

En tiempos de crisis, esta forma de comunicación se multiplica. Los políticos no hablan para resolver problemas, sino para evitar que la población exija soluciones. Un ejemplo claro es la declaración del Alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien afirmó: “estoy buscando la verdad de cómo se le ha robado al pueblo peruano los fondos que eran para ayuda social. Por ejemplo, Manuela Ramos, un caso concreto, le roba al pueblo más de 1 millón de dólares de los 1.4 millones que recibió”.

El problema no es solo de los políticos. Los ciudadanos también nos hemos acostumbrado a aceptar estas frases sin exigir contenido. Nos conformamos con discursos huecos y seguimos votando por quienes dominan este idioma de la evasión. ¿Cuántas veces hemos escuchado «esta vez será diferente» o «el cambio ya empezó» solo para encontrarnos con más de lo mismo?

A fin de cuentas, si la política sigue siendo un espacio donde se premia el «hablando huevadas», la democracia seguirá siendo un espectáculo vacío. Los ciudadanos, cansados de esta retórica, exigen más transparencia y responsabilidad de sus líderes, políticos y autoridades. Es hora de que los discursos políticos sean más que simples «huevadas» y reflejen un compromiso genuino con la solución de los problemas reales del país. Es hora de dejar de premiar a quienes solo saben decir “huevadas”.

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