Tal interpretación de los hechos niega a los manifestantes la capacidad de pensar por cuenta propia, de decidir y de actuar en consecuencia para alcanzar las metas que se han propuesto de manera individual y colectiva. Además, no los reconoce como iguales, como sujetos con los mismos derechos. Y, por último, no los considera como adversarios sino como enemigos. En lugar de adversarios con los cuales se disiente, pero se dialoga; existen “terroristas”, “infiltrados”, “delincuentes”, “salvajes”, “resentidos”, “indios”, etc. Es decir, seres despreciables y prescindibles a los que no se les considera interlocutores válidos para lograr acuerdos. Menos aún para plantear alguna propuesta política viable.
Si esta imagen de quienes se movilizan sigue prevaleciendo y el Ejecutivo y el Legislativo no tienen la voluntad y decisión para para resolver políticamente la crisis; ésta se profundizará y la respuesta gubernamental no será otra que imponer el orden mediante la multiplicación de estados de emergencia y suspensión de derechos constitucionales con lo cual el país seguirá incendiándose sin lugar a dudas con un alto costo en vidas humanas.
*Fotografía perteneciente a terceros
