Durante el gobierno de Alberto Fujimori, el 12 de setiembre de 1992, el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la policía nacional detuvo a Abimael Guzmán. La captura del líder indiscutible de Sendero Luminoso fue el corolario de una serie de derrotas de sus seguidores a manos de cientos campesinos de Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, entre otras regiones, organizados de manera autónoma o con el apoyo de las Fuerzas Armadas en rondas o comités de autodefensa.
Treinta años después de aquella derrota y ante el desconcierto gubernamental por las movilizaciones y protestas de miles de ciudadanos que demandan la renuncia de la presidenta Boluarte y la convocatoria de elecciones generales, desde el Ejecutivo, se afirma que Sendero y otras organizaciones como la boliviana «Ponchos Rojos” juegan un rol importante en la organización de las mismas. En pocos días, hemos sido testigos de cómo el gobierno las percibe y cómo actúa para contrarrestarlas.
En ese sentido, se señala que los senderistas son los grandes titiriteros de miles de ciudadanos movilizados en Junín, Apurímac, Ayacucho, Madre de Dios, Cusco y Puno. Ellos son los que los azuzan, los que los manipulan, los que los lanzan al ataque y destrucción de la propiedad pública y privada. Y que no contentos con ello, son los que los incitan al asesinato de perros y caballos. “¿Qué culpa tienen (…)? ¿Acaso estamos volviendo a los años de la violencia terrorista?”, se interroga la presidenta en su último mensaje a la nación y quien, sin rubor alguno, declara que no entiende por qué “se levantan” en su contra. Al gobierno, le resulta mucho más sencillo encontrar a un culpable de las movilizaciones, a un “enemigo interno”, que entender la naturaleza y el sentido de las protestas ciudadanas.
Si el “enemigo interno” no es suficiente para responsabilizarlo de lo que ocurre en el país, se apela a la “infiltración boliviana” en Puno. Se denuncia la presencia y participación de ciudadanos bolivianos, integrantes de “Ponchos Rojos”, organización que, se dice, lucha por hacer realidad el “socialismo aymara del siglo XXI” y cuyo máximo representantes es Evo Morales. A ellos, se les acusa de contrabandear municiones para ser usadas en las movilizaciones contra el gobierno de Boluarte. Además, de incentivar la formación de una confederación Puno-Boliviana luego de la “independencia” de la región puneña.
Así, se entiende y se explica las movilizaciones de miles de personas en buena parte del territorio nacional. Esta “lectura” gubernamental es compartida, en líneas generales, por los partidos políticos Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País y Somos Perú cuyos congresistas, en su momento, votaron a favor del gabinete del primer ministro Otárola.
Tal interpretación de los hechos niega a los manifestantes la capacidad de pensar por cuenta propia, de decidir y de actuar en consecuencia para alcanzar las metas que se han propuesto de manera individual y colectiva. Además, no los reconoce como iguales, como sujetos con los mismos derechos. Y, por último, no los considera como adversarios sino como enemigos. En lugar de adversarios con los cuales se disiente, pero se dialoga; existen “terroristas”, “infiltrados”, “delincuentes”, “salvajes”, “resentidos”, “indios”, etc. Es decir, seres despreciables y prescindibles a los que no se les considera interlocutores válidos para lograr acuerdos. Menos aún para plantear alguna propuesta política viable.
Si esta imagen de quienes se movilizan sigue prevaleciendo y el Ejecutivo y el Legislativo no tienen la voluntad y decisión para para resolver políticamente la crisis; ésta se profundizará y la respuesta gubernamental no será otra que imponer el orden mediante la multiplicación de estados de emergencia y suspensión de derechos constitucionales con lo cual el país seguirá incendiándose sin lugar a dudas con un alto costo en vidas humanas.
*Fotografía perteneciente a terceros
