Próximos a cumplirse cuatro meses del asesinato de Santiago Guardamino, hemos seguido de cerca cada una de las diligencias que llevó a cabo en vida contra la empresa Arguelles. La justicia que buscaba Guardamino ha empezado a materializarse. Entre los logros más significativos, se ha conseguido rectificar la sentencia contra Abel Mosquera, ex presidente de la Comunidad Campesina de Quipán.
Guardamino dedicó su vida a luchar contra las irregularidades y abusos perpetrados por Industrias Arguelles y su red de colaboradores. Sus investigaciones revelaron una serie de actos fraudulentos que comprometían no solo la integridad del medio ambiente, sino también la salud y bienestar de los comuneros. La rectificación de la sentencia contra Mosquera es un paso importante hacia la justicia, reconociendo el daño causado a la comunidad y la valentía de Guardamino.
Los rollos del problema
La empresa Industrias Arguelles y Servicios Generales S.A.C ha operado un vertedero de residuos conocido como «Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi» en terrenos obtenidos de manera fraudulenta de la Comunidad Campesina de Quipán. Este proyecto ha generado múltiples denuncias de parte del presidente de la comunidad, Santiago Guardamino, debido a los daños ambientales y a la salud de los residentes. Guardamino luchó incansablemente contra estas irregularidades, lo que eventualmente le costó la vida.
Quipán
Para evitar que la comunidad recuperara los terrenos mediante un juicio de nulidad del acto jurídico, Industrias Arguelles simuló la transferencia de la propiedad como pago de un supuesto contrato impago a la empresa Constructora y Servicios ALYM S.A.C., gerenciada por Gerson Guillen Arguelles, sobrino de Aniceto Elvis Arguelles Loayza, el principal socio de Industrias Arguelles.
El asesinato de Guardamino ocurrió un día antes de que acudiera al Ministerio Público para declarar sobre su denuncia contra Industrias Arguelles por la nulidad del acto jurídico. La urgencia de su muerte sugiere un intento de silenciarlo antes de que pudiera presentar pruebas cruciales en contra de los implicados. ¿Por qué Industrias Arguelles temía tanto su testimonio?
Guardamino había iniciado varios procesos legales contra Industrias Arguelles, incluyendo una denuncia penal por lavado de activos dentro de una organización criminal. Esta denuncia estaba dirigida contra:
- Aniceto Elvis Arguelles Loayza, socio principal de Industrias Arguelles
- Karen Marianella Pasco Flores, gerente general de Industrias Arguelles
- Abel Mosquera Ortiz, ex presidente de la Comunidad Campesina de Quipán
- Gerson Guillen Arguelles, gerente general de la empresa Constructora y Servicios ALYM S.A.C.
Sobre los investigados en el caso de la comunidad de Quipan
En su denuncia, Guardamino afirmó que Karen Marianella Pasco Flores, bajo las órdenes de Aniceto Elvis Arguelles Loayza, adquirió fraudulentamente 10,000 hectáreas de tierras de la comunidad por 600,000 soles el 12 de diciembre de 2016, cuando el valor real de las tierras era aproximadamente 5,533,708.31 soles. Esta operación se realizó con documentación falsificada y en complicidad con Abel Cruz Mosquera Ortiz, el anterior presidente de la comunidad.
La documentación presentada por Guardamino mostraba que los 600,000 soles se pagaron mediante un cheque de gerencia, lo cual, según él, formaba parte de una estrategia para ocultar el verdadero valor de las tierras y beneficiarse ilegalmente a expensas de la comunidad.
La muerte de Santiago Guardamino no solo representa una pérdida trágica para su familia y comunidad, sino también un golpe significativo a la lucha por la justicia y la transparencia en Quipán. Este asesinato plantea serias dudas sobre la integridad de los procesos judiciales y la capacidad de las comunidades para defender sus derechos frente a la corrupción y el poder corporativo.
