En Lima, el problema de la basura no es solo sanitario. Es político. En los márgenes de la ciudad, entre vertederos clausurados y olores persistentes, se teje una historia donde las bolsas negras esconden más que residuos: delatan un modelo de gestión que, entre silencios oficiales y maniobras administrativas, ha beneficiado a unos pocos y dejado expuesta a toda una ciudad.
El caso de la concesionaria Innova Ambiental, responsable de operar los principales rellenos sanitarios de Lima, revela una estructura de favores, contratos directos y omisiones institucionales que compromete a la actual gestión municipal y al Ministerio del Ambiente (MINAM). Aunque su contrato culminó en mayo de 2024, las huellas de su paso siguen latentes. No solo en los paisajes contaminados, sino también en la cadena de funcionarios que permitieron –o promovieron– su permanencia en el sistema más allá de los límites formales.
Una salida sin cierre
Innova Ambiental oficializó la devolución de los rellenos sanitarios Portillo Grande y El Zapallal mediante una carta dirigida al MINAM, solicitando ser retirada del Registro Autoritativo de Empresas Operadoras. Sin embargo, casi un año después, la cartera ambiental no ha respondido de forma definitiva, mientras las comunidades cercanas siguen exigiendo una solución a los daños no remediados: napas freáticas afectadas, vectores proliferando, y un sistema de vigilancia casi inexistente.
Esta falta de pronunciamiento ha generado incertidumbre sobre quién opera realmente estas infraestructuras y bajo qué condiciones. Algunos especialistas lo califican como una estrategia de desresponsabilización compartida: Innova evita asumir obligaciones ambientales pendientes, mientras el Estado posterga decisiones que podrían abrir nuevas investigaciones o generar conflictos políticos.
Una red entre sombras
Paralelamente, la Gerencia de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad de Lima, bajo el mando de Pablo Armando Paredes Ramos, ha sido señalada por facilitar un sistema de contratación directa para servicios vinculados a la limpieza pública. Paredes Ramos concentra dos cargos clave en la gestión edil: lidera la Oficina General de Administración y es gerente encargado del área ambiental. Según denuncias, desde esa posición ha desplazado a funcionarios incómodos y consolidado un equipo operativo con vínculos estratégicos.
Funcionarias como Ana Mendoza Chirichigno, María Carolina Salas y Liz Díaz Becerra han sido señaladas por diseñar y ejecutar procesos de contratación con proveedores cercanos, utilizando mecanismos como requerimientos enviados por WhatsApp, presiones internas y registros en sistemas documentarios con trámites express.
El resultado: contratos otorgados sin competencia abierta, recursos públicos manejados con opacidad y una cadena de decisiones que parece responder más a intereses internos que a las urgencias ambientales de la ciudad.
Una empresa blindada
Durante sus 29 años de operaciones, Innova Ambiental acumuló quejas, denuncias vecinales y hallazgos administrativos sobre incumplimientos en el manejo de residuos. La clausura del relleno sanitario Portillo Grande en mayo de 2024 por razones de insalubridad confirmó años de advertencias ciudadanas.
Pese a ello, la empresa ha mantenido una notable presencia en decisiones municipales incluso tras el término de su contrato. La remoción de Mariana Jiménez Jara, entonces gerente de Servicios a la Ciudad y firme opositora a la continuidad de Innova, alimentó las sospechas de un aparato estatal dispuesto a silenciar resistencias internas para sostener relaciones cuestionables.
Más allá de los residuos
Lo que está en juego no es solo la limpieza pública, sino la forma en que se administra lo común en una ciudad que genera más de ocho mil toneladas de basura cada día. La falta de fiscalización efectiva, el traslado estratégico de funcionarias clave, y el mutismo del MINAM frente a pedidos formales, dibujan un patrón de negligencia estructural.
Colectivos ciudadanos han comenzado a organizarse para exigir transparencia, justicia ambiental y espacios reales de participación en la toma de decisiones. La basura, dicen, no se borra con maquinaria: requiere voluntad política, memoria institucional y una ciudadanía vigilante.
Porque en Lima, cada bolsa de basura puede contar más que lo que esconde. Y hoy, la ciudad pide que alguien la escuche.
