Entre las investigaciones que se ha venido realizando a la concesionaria Innova Ambiental, la Municipalidad de Lima ha tenido diferentes observaciones con respecto a su trabajo en medio de esta problemática. Entre ellas, la Gerencia de Servicios a la Ciudad se ha visto señalada por atrasar el proceso de investigación y entrega de documentación.
Esta misma oficina liderada por Paredes Ramos se vio envuelta en una denuncia que recayó en diferentes funcionarios, como:
- Ana del Carmen Mendoza Chirichigno: A pesar de estar inhabilitada para ser contratada por el Estado, supuestamente actúa como asesora de hecho, influyendo en decisiones y dirigiendo a otros funcionarios para favorecer a proveedores de su círculo cercano.
- María Carolina Salas Bermejo: Jefa de la Oficina de Logística de la MML, implicada en el proceso de adquisiciones.
- Lidia Carmen Burgos Rodríguez: Administradora de la Oficina General de Administración, acusada de coordinar acciones que fomentan la contratación directa de proveedores.
- Liz Díaz Becerra: Jefa de la Oficina de Adquisiciones, bajo la mira por su papel en el proceso de compra.
- Karina Jeniffer Blaz Correa y Giuliana Grisel Haggenmiler Gutiérrez: Especialistas de Logística, también subordinadas a Paredes Ramos.
Recordemos, además, que durante el periodo de Paredes se estaba solucionando el tema de Innova Ambiental y la clausura del Relleno Sanitario “Portillo Grande” cuya clausura la realizo la Municipalidad de Lurín después de un proceso de fiscalización. A pesar de estas diligencias, la Gerencia de Servicios a la Ciudad, tenia otras prioridades.
Además, como se ha venido advirtiendo durante los meses de su gestión, no se ha visto interés por parte de la MML para acelerar los procesos e investigación de la concesionaria. Mas bien, se ha visto un interés por mantener a la concesionaria dentro de Lima, pero ¿Con que fin?
Parece que los funcionarios que trabajan con Lopez Aliaga son fichas que trabajan bajo ordenes y segundas personas. Como anteriormente se menciono, Paredes fue denunciado junto a otros funcionarios en medio de la reestructuración interna de la MML, específicamente después de que Pablo Armando Paredes asumió la gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental. Desde su llegada, se han registrado múltiples irregularidades que parecen sugerir un patrón de corrupción. Según la denuncia, Paredes Ramos ha utilizado su influencia para establecer un entorno de trabajo donde las decisiones de contratación se toman de manera opaca y con un marcado favoritismo hacia ciertos proveedores.
Continuando con la denuncia, la misma detalla que Lidia Carmen Burgos, bajo las instrucciones directas de Paredes Ramos, ha coaccionado a los empleados logísticos para que elaboren requerimientos de bienes y servicios bajo la modalidad de «contratación directa». Se alega que estos empleados han sido amenazados con despidos si no cumplen con las demandas de crear requerimientos específicos, facilitando así un sistema que favorece la corrupción.
La concentración de poder en la figura de Paredes Ramos es notable, ya que simultáneamente dirige la Gerencia de Servicios a la Ciudad y también supervisa el área de logística, encargada de controlar las contrataciones. Este cruce de responsabilidades plantea serias dudas sobre la posibilidad de que se realicen auditorías internas efectivas y objetivas, lo que podría facilitar el encubrimiento de irregularidades.
Ana del Carmen Mendoza Chirichigno ha sido descrita como la «asesora personal» de Paredes Ramos. A pesar de su inhabilitación, su papel como figura influyente en la toma de decisiones pone en evidencia la falta de control en el proceso de contratación de la MML. Su presunta participación en la creación de requerimientos que benefician a proveedores de su círculo cercano añade una capa adicional de complejidad y preocupación a esta situación.
Uno de los aspectos más controvertidos es la práctica de utilizar «contratación directa» para adjudicar contratos a proveedores específicos, lo que en muchos casos ha sido interpretado como un acuerdo clandestino entre funcionarios de la MML y ciertos contratistas. Esta modalidad, que debería ser utilizada en circunstancias excepcionales, ha sido denunciada como un vehículo para favorecer intereses particulares, socavando la integridad de los procesos de adquisición pública.
La presentación de esta denuncia penal subraya la urgente necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas dentro de la MML. Los ciudadanos de Lima tienen derecho a exigir que sus autoridades actúen con integridad y que los recursos públicos sean utilizados de manera responsable y eficiente.
La corrupción no solo perjudica la confianza en las instituciones públicas, sino que también tiene un impacto directo en la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. Las implicaciones de este escándalo podrían ser profundas, desde sanciones penales para los involucrados hasta una revisión completa de los procesos de contratación de la MML.
Una de las situaciones más inquietantes que refuerzan la denuncia penal en curso está relacionada con el posicionamiento de dos funcionarias: Giuliana Grisel Haggenmiler Gutiérrez y Karina Jeniffer Blaz Correa. Ambas, especialistas en logística, fueron reubicadas en la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental después de la llegada de Pablo Armando Paredes Ramos a su cargo. Anteriormente, estas funcionarias trabajaban en la Oficina de Logística.
El traslado de Haggenmiler y Blaz Correa a la nueva gerencia no parece ser una mera coincidencia. Según la denuncia, su colocación en estas posiciones estratégicas tenía como único propósito «elaborar y adecuar» requerimientos de servicios bajo la modalidad de «contratación directa». Esta práctica es cuestionable, dado que permite eludir los procedimientos de contratación más transparentes y competitivos.
Los requerimientos que estas funcionarias preparan son luego enviados a través de correo electrónico o WhatsApp al personal logístico de las divisiones correspondientes. Este personal, a su vez, inserta los requerimientos en el Sistema de Gestión Documentario (SGD) de la MML. Posteriormente, deben obtener las firmas digitales de los jefes de división para continuar con el proceso.
Una vez que los requerimientos son firmados, son enviados a la Subgerencia de Servicios a la Ciudad, que los deriva a la Oficina de Logística. Aquí, la jefa de dicha oficina, María Carolina Salas Bermejo, junto a Liz Díaz Becerra, gestionan la suscripción y emisión de los contratos correspondientes, como órdenes de servicio u órdenes de compra.
La reciente encargatura de Pablo Armando Paredes Ramos ha desatado una serie de irregularidades que han llamado la atención de las autoridades y la ciudadanía. El 7 de junio de 2024, a las 7:00 a.m., Paredes citó a todo el personal de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, así como de las subgerencias de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, en la Base Setame, ubicada en el Rímac. El propósito de esta reunión era presentar públicamente a Ana del Carmen Mendoza Chirichigno como su «asesora de hecho», una figura que, según la denuncia, representa un conflicto significativo debido a su inhabilitación para ser contratada por el Estado.
Mendoza Chirichigno no solo está inhabilitada, sino que también tiene un historial complicado, con múltiples procesos penales en curso por corrupción de funcionarios. A pesar de estas serias restricciones, ha estado ejerciendo una influencia notable dentro de la MML, dando órdenes y directrices a los jefes de las divisiones de la Subgerencia de Servicios a la Ciudad.
El papel de Mendoza en esta estructura parece estar alineado con intereses particulares, ya que se alega que su objetivo es crear «necesidades» que justifiquen contrataciones con proveedores cercanos a su círculo de amistad. Esto plantea serias preocupaciones sobre la integridad del proceso de contratación pública y la posibilidad de corrupción dentro de la MML.