Nota de edición: días después de la publicación de la nota, Sudaca pudo acceder a la mencionada carta enviada por la gestión de Muñoz. A continuación, la adjuntamos.
El silencio a medias de la Municipalidad
Intentamos obtener los descargos de la Municipalidad de Lima y la explicación sobre esta carta de enero de 2019. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje, los responsables de comunicaciones de la MML no respondieron nuestras consultas.
La información que la comuna sí llegó a brindar es sobre el precio real que le pagan a Innova Ambiental por el servicio. Como se recuerda en la primera nota sacada sobre el tema, la Sociedad Nacional de Residuos Sólidos estimaba que el monto excedía los 300 soles por tonelada para el servicio de recojo y transporte de basura. Innova Ambiental, por su lado, sostenía que en verdad era “la suma de S/221.09 incluyendo el IGV por tonelada”. Finalmente, en septiembre, la Municipalidad de Lima le remitió al regidor Jorge Valdez la información exacta sobre dichos pagos, el cual consiste en 274.31 soles por tonelada (contando la recolección y transporte, así como la operación de planta de transferencia y relleno sanitario).
Como advirtió Sudaca, Innova Ambiental recibió 481 millones de la Municipalidad de Lima desde enero de 2016 (que comenzó la última e indefinida extensión) hasta abril de 2022. Con un concurso suspendido por el Poder Judicial, el otro cancelado por una supuesta falta de recursos financieros de la comuna y ninguno nuevo a la vista, este monto seguirá aumentando.
Entre los tres distritos visitados, San Martín de Porres es el que tiene una situación menos crítica. Sin embargo, no se salva de deficiencias y carencias dentro de los PARMETs, pese a que en aquel distrito ocurren el 5% de los robos en Lima Metropolitana, de acuerdo con un informe de la Fiscalía y la PNP.
En los cuatro módulos ubicados en San Martín de Porres, sí se pueden encontrar las computadoras, los televisores y los grabadores de video entregados por la comuna de Lima, pero en la práctica es como si no estuvieran. Según la visita de inspección que hizo la Municipalidad de Lima, en todos estos puestos los equipos están inoperativos. Sudaca pudo acceder al segundo piso de uno de estos y constató que ninguno se encontraba conectado.
Al igual que en San Juan de Miraflores, los puestos de este distrito también tienen problemas con las puertas. Por ejemplo, en el que está ubicado en el cruce de las avenidas Carlos Izaguirre con Daniel Alcides Carrión (en la zona conocida como Puente Camote), un pedazo de plástico blanco suple la función de la puerta de vidrio, que se encuentra suelta y tirada en una pared del primer piso del módulo. En el PARMET del cruce de las avenidas Canta Callao con Naranjal, por su lado, ni siquiera se han dado el trabajo de buscar un precario reemplazo para la puerta perdida.
Las deficiencias no acaban ahí: en el puesto en la avenida Habich, la silla para esperar en el primer piso está rota y no cuenta con respaldar. Además, es el único de los 9 puestos visitados cuya placa de entrega del PARMET ha sido quitada o robada de la fachada.
Solicitamos los descargos por el correo de la comuna distrital, pero hasta el cierre, no han respondido.
No son los únicos
Los casos que hemos mencionado en este reportaje no son los únicos. Una nota de prensa de la MML de noviembre de 2021 daba cuenta que los dos módulos de San Luis se encontraban sin equipamiento y no funcionaban hasta hace pocos meses. Y, según la Defensoría del Pueblo, al menos 54 PARMETs en toda la ciudad presentaban deficiencias y carencias similares en enero de 2022.
Adjuntamos la tabla que presenta a detalle la situación de cada puesto.
¿Y le han comentado quiénes son los candidatos que hacen eso?
No. En líneas generales, los que más lo hacen son los de APP. Plata como cancha.
¿Qué otros ofrecimientos está haciéndole APP a Alto Trujillo en esta campaña?
El alcalde provincial de Trujillo [N. de R.: Rojas se refiere a José Ruiz, que se está postulando para ocupar nuevamente el cargo de alcalde] está subiendo por acá y lo ven todos los vecinos. Que sube a ofrecer la titulación o a ofrecer los proyectos de agua y desagüe. ¿Por qué no lo hicieron antes? Él es alcalde de Trujillo, se quedó en el puesto cuando Daniel Marcelo se fugó y hasta la fecha no lo pueden capturar. Si él hubiera trabajado acá, habría tenido mucho tiempo para que hagan esos proyectos. Pero en su desesperación de ganar votos está haciendo eso. En la pandemia, mucha gente de Alto Trujillo ha muerto por no tener agua ni para lavarse las manos, ni para tomar.
Y Juan Antonio Carranza, el candidato distrital de APP para El Porvenir [Alto Trujillo sigue siendo parte de dicho distrito], ¿también ha aparecido por la zona recientemente?
Sí. Él también ha sido regidor distrital como en 2 o 3 periodos y por Alto Trujillo no ha aparecido mucho. Como regidor, no ha hecho nada por beneficiar a los vecinos de la zona. El año pasado, se comprometió con un proyecto de pistas y veredas, en el barrio 3 del centro poblado. Se comprometió a ayudar a gestionar las pistas. Tenemos el acta firmada. Dijo que si no cumplía su palabra, renunciaba del cargo, pero no ha pasado nada.
¿Y le han increpado esta falta de su promesa cuando ha vuelto en campaña?
Ya no lo hemos increpado porque hemos llamado muchas veces al alcalde por teléfono y no ha contestado. Igual al señor Juan Carranza: lo hemos llamado un montón de veces, pero no ha contestado. Ellos no han cumplido con su promesa de pistas y veredas. Y ya se acaba el periodo de APP. Ojalá que el pueblo elija a otro alcalde que nos ayude con este tema de las pistas y veredas, hasta que Alto Trujillo sea distrito. Ahí recién nos independizaremos de El Porvenir y dejaremos de recibir migajas del presupuesto. Eso se necesita.
En 2018, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura abrió una investigación contra Castillo Venegas, luego de que se difundieran grabaciones de 2015 en donde él estaba involucrado y que configuraban un presunto delito. Por entonces Castillo era Decano de la mencionada facultad y miembro de una comisión para un concurso público de contratación de docentes. En la conversación grabada –por un profesor de la facultad–, Castillo Venegas hablaba de un manejo político de este concurso.
Castillo: De cuatro vacantes, que César me pida una, bueno, sí es factible darle. Pero, de una, que me pida una, ni fregando [risas]. Eso es imposible, eso no lo vamos a practicar ni fregando, si sabe que es la perpetuidad del grupo, aquí interno ¿cierto?, ese es el tema. Por eso, mira tú, dile a Armando, todo mi cariño para él, pero que se está analizando, tanto las fortalezas como las debilidades. Eso le tienes que decir hermano, lo mismo que yo le he dicho. Yo precisamente estoy esperando reunirme con Alberto Chumacero, para ver, y también políticamente…
Profesor: ¿Él también conforma la comisión?
Castillo: Si es su departamento, pues.
Castillo: Para ver, políticamente compadre, tomar una decisión hermano y por ahí transitar, definitivamente esos tres profesores van a ser nombrados, sí o sí, pero para ver quién va primero, tenemos que esperar, ese es el tema.
Cuando le consultamos sobre este tema, el abogado respondió que el caso fiscal ya se había archivado, que en varios campos de la vida –incluyendo los concursos públicos– se “hace política” y que quería “escoger a los mejores”. “No nos rasguemos las vestiduras con un simple decano, con la elección de un profesor”, agregó.
Pero ahí no acaban las controversias de Castillo Venegas. Como asesor legal de la universidad, ha defendido la prolongación del mandato del rector Santos Montaño, pese a que la Sunedu ha reportado indicios de fraude en su elección, lo que debería derivar en una convocatoria a nuevas elecciones. El argumento de Castillo en este caso ya es conocido: la “autonomía universitaria”.
Mientras fue Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Castillo también fue investigado por la Contraloría debido a un presunto mal manejo de la caja chica para adquirir servicios de impresión, librerías y candados, durante su gestión y la de su sucesor. Según el informe de la Contraloría, los propietarios y encargados de los negocios en cuestión mostraron una boleta de venta distinta a la que declaraba la universidad. Esto la llevó a concluir que las boletas “fueron emitidas por operaciones no reales y/o inexistentes” y que se trataría de “comprobantes de pago presuntamente falsos, cuyo monto asciende a S/ 2,410.00”.
Castillo Venegas se defiende de este caso basándose en la falta de acciones posteriores por parte de la entidad supervisora: “la Contraloría se quedó satisfecha porque no planteó ninguna denuncia ni investigación fiscal. Hay cuestiones más importantes que encargarse de las boletas que estaban cuestionadas, por un importe de 150 soles. Además, la que realiza el importe es una secretaria”, sostuvo.
El abogado y profesor que ha sido elegido por los rebeldes rectores también mantiene tres deudas coactivas de la SUNAT, que suman casi 40 mil soles. “En el Perú, todos tenemos alguna deuda pendiente. Yo reconozco mi deuda y en su momento se va a pagar”, respondió al respecto, pese a que dos de estas deudas son de 2014 y 2015. “Eso está en la esfera de lo personal, amigo: si pago o si no pago. No debería ser cuestionado por eso”, agregó.
Dentro de los cargos que ha ostentado Castillo Venegas se encuentran el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el Decanato en el Colegio de Abogados de Piura y la Junta Nacional de Decanos del Colegio de Abogados del Perú. También dirige ‘Castillo Venegas abogados consultores’, que brinda asesorías en entidades como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, Indecopi, entre otros.
Ahora, en sus palabras, va a estar en un “apéndice del Ministerio de Educación”, donde Castillo Venegas asegura que mantendrá su independencia respecto a los rectores que lo eligieron. Para él, la Sunedu ha funcionado, pero debe mejorar con estos polémicos cambios propuestos por el congresista Esdras Medina. Por el momento, se encuentra esperanzado por la apelación que el Congreso presentó contra la decisión de declarar fundada la demanda de amparo.
“Yo creo que el superior de jerarquía, que es la Sala Superior Constitucional, va a resolver. Toca esperar nomás”, afirma. Cuando le preguntamos si no consideraba prudente, entonces, esperar a la decisión en segunda instancia para aceptar el cargo en la Sunedu, dio una peculiar respuesta: “Lo prudente es otra cosa, nosotros nos manejamos por el tema de legalidad”.
Hay una contradicción más en esta historia, y tiene que ver con el destino de los antiguos vehículos, los 18 que fueron adquiridos en 2005 cuando se renovó el contrato. “Actualmente estos vehículos están a disposición de la MML en el predio donde se ubica la planta de transferencia ‘Huayna Capac’”, señala Innova Ambiental en la respuesta que dio por escrito.
Sin embargo, esto no concuerda con la versión de la MML, la cual dice que estos “aún no pasan a la comuna limeña debido a que dicho contrato de concesión aún no finaliza”.
En lo que sí coinciden ambas partes es en que decidieron dar respuestas puntuales por escrito y no accedieron a brindar una entrevista para brindar más detalles. En el caso de la comuna de Lima, arguyeron que es porque no tienen un vocero para explicar la totalidad del tema. Innova Ambiental optó, más bien, por no responder el correo donde se solicitaba hablar con algún miembro de la empresa.
A este estancamiento se le suma la reciente Ley 31254, que en julio de 2021 prohibió la tercerización en los servicios de limpieza pública, lo que obliga a los gobiernos locales a cambiar a la modalidad de contratación directa del personal. Por más que la ley daba un año para que las entidades se adecúen, la comuna de Lima ha cumplido el mandato a medias hasta el momento: en abril de este año, se aprobó el pase a planilla de la municipalidad solo de trabajadores de zonas específicas. El resto, según la gerencia de servicios a la ciudad, sigue en proceso de adecuación.
Innova Ambiental se ha mostrado disconforme con esta ley y ha insistido a la MML que se oponga mediante medidas como acciones de inconstitucionalidad. Ante la negativa de la entidad de optar por esa vía, ellos mismos presentaron un proceso de amparo en marzo pasado. Según la empresa, la ley no debería aplicarse en el caso de servicios de limpieza pública, por más que el Ministerio de Justicia manifestó lo contrario cuando la municipalidad le consultó.
Innova Ambiental no es una empresa desconocida en la capital. Cuando aún se llamaba Relima dicha empresa se vio involucrada en 2009 en el caso Comunicore, en el cual se pagó irregularmente y de forma poco transparente la deuda que la Municipalidad mantenía con ella. Esta deuda, precisamente, se generó durante la ejecución del servicio de limpieza y recojo de basura que hoy sigue en curso.
Relima también fue la empresa que brindó el servicio de limpieza pública en Miraflores entre 2008 y 2018, según se puede constatar en un acuerdo del Concejo de aquel último año. Durante gran parte de este tiempo (2011-2018), el distrito fue liderado por Jorge Muñoz, quien luego daría el salto al sillón municipal de Lima. Durante su interrumpido mandato en la ciudad, como se ha detallado en este reportaje, no logró concretar el fin de la concesión con esta misma empresa.
Sudaca buscó comunicarse con la Municipalidad de Lima para obtener sus descargos sobre esta concesión eterna, la extraña razón por la que cancelaron uno de los concursos públicos y el efecto que esto tiene en la ciudad. Sin embargo, al cierre de esta edición, no han respondido.
“Creemos que dichos funcionarios carecen de la catadura moral y la capacidad de seguir dirigiendo nuestra universidad (…). Dejamos constancia que, de no alcanzar justicia, la población de Jaén se reserva el derecho universal a la legítima protesta pacífica”, concluye el oficio mandado al Minedu y al Congreso, luego de mencionar los puntos explicados en este informe y otros más, como presuntas acciones represivas, malos tratos a los profesores y falta de transparencia sobre los recursos que recauda la universidad.
De pasada por Jaén
Otra queja que recogió Sudaca en sus entrevistas tiene que ver con que los integrantes de las comisiones organizadoras pueden venir de cualquier parte del país. “Como son de otros lugares, se regresan después de asumir sus funciones y nadie los juzga después”, considera Nicanor Alvarado, docente y exdefensor universitario en la UNJ.
Es el caso de los vicepresidentes de la comisión actual. El domicilio legal de Víctor Carril se encuentra en Ascope, La Libertad. Sin embargo, él ha forjado gran parte de su carrera en la Universidad Nacional de Tumbes, donde llegó a ser decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, según un documento de la institución del 2010. Incluso, el 2017 participó en la elaboración de un informe de impacto ambiental para un distrito de esa región.
Por su parte, Abner Barzola tiene domicilio legal en Tarapoto, San Martín. Barzola, graduado como ingeniero mecánico, se quedó en su región para ejercer como docente en la Universidad Nacional de San Martín desde 1984 hasta, al menos, 2016 (según su declaración en Concytec). Por lo demás, Barzola ha sido imputado en tres casos fiscales bajo los delitos de usurpación (destrucción o alteración de límites), usurpación de funciones y peculado. Dos de ellos se encuentran archivados y el otro –el de peculado– se encuentra en sobreseimiento. Todas estas investigaciones fueron seguidas por fiscalías de San Martín.
“Lo peor es que en Jaén sí hay docentes principales que tienen el perfil para integrar la comisión, docentes de algunas facultades de la Universidad de Cajamarca que tiene su filial en nuestra provincia”, añade Nicanor Alvarado.
Cabe resaltar que los problemas de las universidades con comisiones organizadoras no son exclusivos de la UNJ. Según Teodomiro Santos, de la Fendup, también se ha tomado conocimiento de denuncias similares en la Universidad Nacional de Quillabamba y en la Universidad Nacional Diego Quispe Tito. “Yo le pedí personalmente a Juan Malpartida ,director de la Digesu [Dirección General de Educación Superior Universitaria], que revise qué está pasando en estas universidades. Esas dos son las que están en problemas más graves. Ahí, por ejemplo, las autoridades han puesto a sus familiares a trabajar en la institución. Pero no hay respuesta: en el caso de una de estas universidades, el director de la Digesu le recomendó a los colegas que reclamaban que ‘volteen la página’ y ‘trabajen juntos’”, detalla Santos.
Intentamos comunicarnos con los vicepresidentes Carril y Barzola, para que puedan dar sus descargos sobre estas acusaciones, pero hasta el cierre de este reportaje no han respondido.
Nota de edición: Después de ser publicado este reportaje, el vicepresidente Abner Barzola respondió, adjuntando un documento enviado al Congreso, refutando al oficio donde se le acusa de irregularidades. En esta respuesta, Barzola asegura que en julio de este año se cerró la compra de 300 carpetas (lo cual es una cantidad baja respecto a la población estudiantil) y casi 300 cortinas (las cuales no se han podido ver instaladas en las fotos de esta semana a las que accedió Sudaca). Sobre la falta de agua, afirma que desde junio de este año se cerró el trato con el contratista y que, pese a que han atravesado algunas dificultades, a día de hoy la UNJ cuenta con servicio de agua permanente.
Adjuntamos el oficio enviado por el vicepresidente Barzola:
“Cuando intentan cubrir a los políticos no se dan cuenta de lo que pasa. En octubre de este año, la Contraloría va a empezar a investigar la responsabilidad administrativa funcional. Si revisa este caso y realiza un informe, todos los que han tapado el tema en el Consejo Universitario o en la Comisión Investigadora pueden terminar inhabilitados. Todo, por un político que puede irse mañana”, advierte el abogado y profesor Vignolo.
La Sunedu también está facultada para iniciar un procedimiento sancionador a la universidad, por infringir su propio reglamento, que establece los procedimientos y sanciones que se deben aplicar cuando se detectan faltas a la probidad académica. Sudaca consultó sobre esta posibilidad a la Superintendencia. La respuesta, a través de su oficina de comunicaciones, fue que el caso aún está siendo revisado por la Dirección de Supervisión. Recién luego de que dicha área elabore un informe, podría pasar a la Dirección de Fiscalización y Sanciones.
Sudaca también logró comunicarse con Daniel Chirinos, vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Chirinos señaló que existe un informe adicional al que se remitió a la Sunedu, el cual se encontraría en la Comisión de Ética. Pero no quiso dar más detalles sobre el contenido del mismo, ni explicar por qué no ha sido remitido a la superintendencia. Menos, quiso explicar por qué la universidad optó por mirar para otro lado en un caso que pone en entredicho no solamente a la honestidad intelectual nada menos que del ministro de Educación, sino también el prestigio académico de la casa de estudios.
Otro de los sectores que esperaban un lugar especial en el discurso del presidente es el relacionado a restaurantes. Las complicaciones producto de la pandemia dejaron a este sector seriamente golpeado y, según la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), por lo menos cerraron 100 mil restaurantes durante el primer año de la pandemia.
Blanca Chávez, presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines, le comentó a Sudaca que hasta la fecha siguen cerrando restaurantes y el gobierno ha sido indiferente a esta situación. “Nosotros venimos con un déficit tremendo y el crecimiento actual no llega a cubrir los préstamos requeridos para poder subsistir en la peor época de la pandemia”, relata Chávez.
“Los bancos están cobrando las tasas comerciales desde un 9% a 17% y eso es insostenible. No se va a poder pagar”, cuenta preocupada la representante del sector. Para Blanca Chávez, la reducción el IGV es necesaria si se quiere evitar que más negocios de este rubro sigan cerrando ante un panorama económico insostenible.
Más allá de la defensa que ejercen algunos integrantes del gabinete, todos los sectores consultados para este informe coinciden en apuntar algo: que entre el país que pintó el presidente en su discurso y el país real hay una tremenda distancia.