La Sunedu tampoco puede retirar o anular los grados académicos a la pareja presidencial, pues eso no figura entre sus atribuciones. El 28 de junio, la parlamentaria fujimorista Tania Ramirez –quien, por cierto, también fue acusada de plagio, en mayo pasado– envió un oficio a esta Superintendencia, donde solicitaba la cancelación de los grados de Castillo y Paredes, y que se inicie un proceso administrativo a la UCV. Incluso, con respecto a la casa de estudios, sugirió que “se impongan las sanciones prescritas en el artículo 20º y 21º del Decreto Supremo Nº 005-2019-MINEDU”. Estas sanciones podrían llegar, eventualmente, a la cancelación de la licencia de la universidad.

Tania Ramirez y la Sunedu
Tania Ramirez ha solicitado a la Sunedu que tome medidas ante este caso. A finales de mayo, ella también fue acusada de plagio en la UCV. (foto: Congreso).

“La inscripción del título en el registro de la Sunedu es simplemente declarativa, para que la información sea accesible. Las universidades son las que tienen que declarar la nulidad de un título que han emitido, dentro del plazo previsto por la ley. Lo que sí podría hacer la Sunedu es evaluar qué acciones ha tomado la universidad”, aclara Daniel Navarro, de la Sunedu. En caso se detecten incumplimientos a las obligaciones, agrega, pueden proceder con las sanciones referidas por la parlamentaria Ramírez. Según otras fuentes de la Sunedu, actualmente esta entidad está analizando la documentación que ha remitido la UCV.

 

 

 

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Lilia Paredes, Pedro Castillo, ucv

EL ORGULLO POR LOS SUELOS

Del lado progresista del espectro político le cayeron duras críticas a la empresa y su matriz. Se le acusó de ‘doble moral’, pues Intercorp no solo enarbola los colores LGTBIQ+ en el mes del orgullo; el año pasado se proclamó orgulloso “de estar entre los mejores espacios laborales para el talento LGBTIQ+”. Así lo puso en una nota de prensa.

La controversia en torno al cariñoso beso de pico de Lightyear ha puesto en entredicho esta orgullosa afirmación. “Intercorp está aprovechándose de las buenas prácticas de algunas de sus empresas y quiere generalizarlas, para dar la imagen de que todo el grupo tiene políticas de inclusión. Pero no necesariamente es así”, opina Alex Hernández, psicóloga y presidenta del colectivo Más Igualdad. Y, en efecto, al leer detenidamente la nota de prensa, se puede ver que en verdad Intercorp hace referencia a un reconocimiento que obtuvieron solo ocho de sus empresas, como Interbank, UTP o Real Plaza. Cineplanet no se encontraba dentro de la lista, y esta controversia da algunas pistas del porqué.

Nota de prensa de Intercorp de 2021, en la cual manifiestan sentirse “orgullosos de estar entre los mejores espacios laborales para el talento LGBTIQ+"
Nota de prensa de Intercorp de 2021, en la cual manifiestan sentirse “orgullosos de estar entre los mejores espacios laborales para el talento LGBTIQ+»

“Si es que hubiera habido una indicación mayor del grupo [Intercorp], en la cual digan que todas las empresas deben adoptar esa línea, a ningún directivo de Cineplanet se le hubiera ocurrido jamás hacer algo así. El término ‘ideología de género’ es un término politizado, que estigmatiza”, agrega Hernández. 

Las cabezas de Cineplanet recién actuaron horas después, cuando retiraron estos avisos y lanzaron su comunicado, en el que lamentan lo ocurrido. Aseguran haber actuado “apenas lo identificamos”, una línea que sugiere que esta fue una acción aislada, no autorizada por los altos mandos.

En redes sociales, las críticas apuntaron al director comercial de Cineplanet, Juan José Duffoo. Según capturas de pantalla obtenidas por el periodista Jonathan Castro, este directivo compartía publicaciones relacionadas a la teoría del fraude electoral de 2021 y burlas al lenguaje inclusivo. En sus publicaciones usaba términos como “cojudignos” para referirse a los que votaron distinto a él. Ante la avalancha mediática, Duffoo cerró sus redes sociales. 

Juan José Duffoo
Una de las publicaciones de Juan José Duffoo, donde se burla del lenguaje inclusivo.

“Es necesario que revisen las actitudes que tienen las personas clave en sus empresas. Es importante que en este tipo de grupos empresariales, las políticas sean transversales y no solamente prácticas que se manejan en algunas de sus marcas”, considera Alex Hernández. Días después del episodio se sigue hablando de Lightyear y su ‘polémico’ beso. Con el paso de las semanas, veremos si este incidente del viernes pasado implica un cambio mayor en Cineplanet o si queda como una anécdota más para las cabezas de la empresa.

 

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Cine, Intercorp, LGBT

INVESTIGADA

Otro nombre que resalta en la lista es el de Maria Payet Bedoya, nieta del fundador del PPC y actual regidora de Lima por ese partido. En 2019, Payet presidió la comisión que investigaba las concesiones de la Línea Amarilla y de Rutas de Lima, que habían hecho las gestiones de Luis Castañeda y Susana Villarán. Los casos se vienen ventilando en el Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía. “No hallaron nada. Esa comisión, prácticamente, ha sido un cero a la izquierda”, asegura el regidor Víctor Aguilar, de Podemos Perú.

3. Maria Payet PPC
Maria Payet Bedoya fue elegida como regidora este periodo con el PPC. Ahora va con Renovación Popular (foto: Facebook)

En las conclusiones del informe final, por ejemplo, la comisión atribuyó la responsabilidad en el caso de Línea Amarilla solo a los exalcaldes, cuando hay más personas involucradas. Vale la pena recordar que un ferviente defensor de la concesión de la Línea Amarilla a favor de la empresa brasileña OAS fue el mismísimo López Aliaga, cuando era regidor de Lima. De acuerdo a un acta de sesión de Concejo de junio de 2009, cinco meses antes de que se firmara el contrato, este insistió en lo beneficioso que sería que esta empresa contrate con la Municipalidad: “es una muestra de confianza muy grande a nuestro país. Estamos hablando de inversiones con recuperación de la inversión de capital al año 7-20, sin garantías auxiliares”, sostuvo en su intervención, convencido de que la actitud de la empresa era desinteresada. “Parece un trabajo honesto”, añadió.

Paradójicamente, la regidora Payet no solo siguió el caso Lava Jato desde la municipalidad; también está siendo investigada dentro del mismo. Desde hace tres meses, la Fiscalía la ha incluido en la investigación preliminar por el caso del proyecto Olmos, junto a más exfuncionarios como Yehude Simon. Durante el gobierno de Alejandro Toledo, ella fue asesora legal en Proinversión, el organismo adscrito al MEF que evaluó y licitó los proyectos investigados. 

“Han incluido a la mayoría de gente que ha trabajado en proyectos que ganaron estas empresas constructoras. Yo no era una persona importante, era una asesora legal más, solamente recomendaba. Si alguien ha tenido que ver, ha tenido que ser de un nivel más alto, como el presidente”, se defiende Payet cuando le consultamos por este tema.

‘LA RESISTENCIA’

Más allá de los líos judiciales y extrajudiciales, la lista de aspirantes a regidores está marcada por el ADN conservador del líder del partido. Hasta el extremo de simpatizar con grupos violentistas. La número 12 de la lista, Ahura Rocha Salazar, por ejemplo, quien fue regidora en 2003 por Solidaridad Nacional. Ella ha compartido en sus redes sociales los plantones y marchas protagonizadas por el violento grupo ‘La Resistencia’.

4. La resistencia
Una de las publicaciones compartidas por la candidata Rocha simpatizando con La Resistencia

Giuliana Calambrogio Correa, número 14 de la lista, es otra ardorosa defensora de posiciones ultraconservadoras. En sus redes sociales ha llegado a referirse sobre una mujer trans como “un hombre disfrazado y confundido” y ha compartido fake news, como la historia de un supuesto restaurante que ofrece en su menú embriones humanos. Ella ha sido vocera del colectivo ‘Padres en Acción’, presidenta de la ‘Asociación Peruana de Familias Numerosas’ e integrante del colectivo ‘Peruanos por la igualdad’, que se opone a la implementación del enfoque de género en la currícula escolar.

5. Calambrogio
Dos tuits de Calambrogio en los que insiste que las personas trans son personas con ‘disforia de género

Estos son algunos de los nombres que integran la lista de Renovación Popular rumbo a los comicios municipales de este año. A juzgar por esta lista, la renovación es solo de nombre.

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elecciones municipales, Rafael Lopez Aliaga

INVESTIGACIÓN ESTANCADA

La llegada de esta planta de oxígeno en abril de 2021 coincidió con el pico más alto de la segunda ola en Tumbes. Según los datos abiertos del Minsa, la región tuvo 214 muertes por COVID-19 ese mes, una cifra que sólo había sido superada en junio de 2020. Si bien en los meses siguientes la tendencia iría bajando, la situación seguía siendo crítica. 

“Yo soy presidente de la Comisión de Desarrollo Social. Y por ese entonces, la gente nos llamaba por necesidad de oxígeno”, recuerda el consejero Espinoza. “Cuando íbamos al hospital, nos decían “Consejero, consejero, no hay oxígeno”, agrega.

Bienvenido Ramirez, excongresista fujimorista y médico en el Hospital Regional, también relata una situación similar. “En la primera y segunda ola nos faltó el oxígeno. Mucha gente se moría por eso. Cuando le decíamos que no teníamos oxígeno a los familiares, salían corriendo a otras regiones o hasta a Ecuador, y traían los balones, con riesgo”, asegura Ramírez. Toda la tragedia se centraba en el Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría, donde se encontraba la planta de oxígeno inoperativa.

Este caso y el detalle de la responsabilidad del actual ministro Barranzuela se encuentran en el informe final de una comisión investigadora. Esta se encargó de indagar el mal manejo de la pandemia en Ucayali, Tumbes y Apurímac durante junio de 2021. El 9 de julio, enviaron el documento con sus hallazgos y recomendaciones a la presidenta del Congreso Mirtha Vásquez.

Sudaca se contactó con el excongresista Walter Rivera, quien presidió esta comisión investigadora. Rivera confirmó que el informe final había sido entregado de manera oportuna, pero que continúa como “reservado” porque no se pudo agendar para exponerlo en el hemiciclo. Fuentes del Congreso sostienen que el caso se encuentra en la caja fuerte de la Oficialía Mayor. 

En este nuevo periodo parlamentario, Kira Alcarraz es la que preside la comisión que investiga el manejo del COVID-19 en todas las regiones. Ella tiene la posibilidad de solicitar el informe. Este jueves, un trabajador de su despacho confirmó que ya lo había hecho. Según la congresista, estas semanas la comisión ha estado siguiendo un caso de Arequipa y recién en junio tocará Tumbes y Ucayali. Por el momento, la investigación hecha hace un año sigue estancada y con los detalles en reserva.

Nos comunicamos con el ministro Barranzuela a través de su equipo de prensa, pero al cierre de esta edición no respondió.

 

FOTOCOMPOSICIÓN: Darlen Leonardo.

 

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Juan Barranzuela, MTC, Pedro Castillo

EL PUNTO DE QUIEBRE

Actualmente, cuando uno entra al Facebook de Luxury Capital, la empresa asegura que sólo brinda información financiera. “¡NO ACEPTAMOS CAPITAL DE NINGÚN TIPO!”, resalta enfáticamente su descripción. La última fecha que aceptaron dinero del público fue el 28 de diciembre de 2021. Sudaca tuvo acceso a siete contratos firmados esa misma fecha, en los cuales la inversión total suma casi US$62,000. Pocos días después, la empresa empezaría a dar los primeros signos de alarma. 

El nuevo Luxury
Una publicación del viernes pasado de Luxury. Irónicamente, ahora se dedican a dar consejos financieros.

Aquel diciembre, por ejemplo, ya habían surgido problemas con los acuerdos entre la empresa y los aportantes. «En mi contrato, había cosas incongruentes: decía mi nombre, pero aparecía otro porcentaje diferente al pactado. Decía que había contratado el plan de seis meses cuando yo había elegido el de un año. Les hice saber eso, pero no me respondieron”, recuerda Antonio Gallegos, que invirtió US$3,500 y asegura no haber recibido nada.

El 4 de enero de 2022, la empresa avisó en el chat de WhatsApp de sus usuarios que no estaban aceptando más inversiones porque “todo el personal está con la tarea de los nuevos contratos”. Y el 7 de enero, lanzaron una justificación para el retraso de los pagos y cambiaron de discurso: anunciaron que, debido a una supuesta fiscalización por parte de la Sunat que los obligaba a regularizar documentos, no iban a poder retirar el dinero del broker que usaban. Se referían, con esto último, a la intermediaria que operaba en el mercado financiero internacional, la que ponía afuera las inversiones de los afectados.

El escepticismo ya se notaba en algunos inversores, que sospechaban que las excusas eran falsas. Otros pedían paciencia, ya que la empresa había dado una fecha para el pago pendiente: el 28 de enero. Cuando llegó ese día, sin embargo, no pagaron.

Algunos de los afectados ya habían creado un grupo de WhatsApp paralelo donde coordinaban qué acciones tomar ante la demora. En el grupo oficial, mientras tanto, Carlos Dávalos, el gerente general, afirmaba que el dinero aún no llegaba a la cuenta empresarial.

El gerente de Luxury adjuntó tres videos cortos filmados por él mismo en un banco. En la imágenes, se le oye preguntarle a una trabajadora de la entidad financiera por qué no llegan las transacciones a la cuenta de su empresa. En ningún momento se muestra que le den alguna respuesta a su consulta.

En ese mismo chat, Dávalos prometió crear una nueva cuenta bancaria para solucionar el problema, aseguró que la empresa no iba a desaparecer y que iba a haber más comunicación que nunca. Pero esto último no se cumplió. Los usuarios empezaron a reclamar por el grupo de WhatsApp que Luxury no respondía las llamadas ni los mensajes.

Al día siguiente, el 29 de enero, el número de atención al cliente de Luxury mandó otro mensaje al grupo de WhatsApp, donde amenazaba con una contrademanda a quienes quieran denunciar a la empresa penalmente, una idea que ya había sido sugerida por un usuario semanas antes. “Así mismo, desde este momento, cualquier comentario fuera de lugar por este grupo será reportado y se procederá a eliminar del grupo”, asegura el mensaje.

La semana siguiente, en medio de reclamos cada vez más intensos, Luxury afirmó que la devolución del dinero empezaría el 7 de mayo y que penalizarán a “las personas que hayan venido compartiendo comentarios o adjetivos mal intencionados”. También anunciaron que ya habían creado la nueva cuenta bancaria y adjuntó una grabación para mostrarles las primeras operaciones que estaban haciendo: la mayoría eran transacciones de montos pequeños que no pasaban los US$100 ni se acercaban a la suma depositada por los inversores.

“Este es un proceso que llevará [el] tiempo indicado [hasta el 7 de mayo], por lo que les pido me dejen hacer lo que mejor hago”, agregó el gerente en su mensaje.

En marzo no hubo mayores noticias de los pagos y, para fines de abril, Dávalos señaló en el chat de los inversores que la devolución ya no se iba a dar en la fecha acordada. Dijo que había abierto un nuevo servicio para que puedan invertir con “100% control de su dinero”. Se trataba de un intento de enmienda insólito, considerando todos los pedidos de devolución o de, al menos, hacer un Zoom informativo durante el 2022.

Ese día, Dávalos también restringió la opción de que los demás puedan mandar mensajes en el grupo de WhatsApp. “Este grupo va a pasar a ser un grupo simplemente informativo, sólo se va a envíar las últimas actualizaciones del servicio para evitar distracciones con comentarios malintencionados”, sentenció a modo de posdata.

Mensaje wsp abril
El mensaje del 27 de abril de Dávalos. Ese día, restringió a los inversores de mandar mensajes.

Hasta el día de hoy, los inversores no han recibido las devoluciones de lo que invirtieron, pese a que muchos de ellos ya mandaron su resolución de contrato a Luxury. Carlos Dávalos se animó finalmente a hacer un Zoom el 12 de mayo. Pero lo que dijo en la reunión dejó mucho que desear.

“Estuve en el Zoom hasta media hora antes de que terminara. Básicamente, Dávalos explicó que todo el dinero se perdió porque el petróleo está de bajada. Nos hizo ver las transacciones que había hecho con cantidades menores el 22 de marzo. Le pedíamos que nos deje ver las de los meses anteriores, pero no lo hizo. También nos desactivó el audio”, recuerda Alan Sedano, uno de los inversores que estuvo en esa reunión. Como dato adicional, Alan comenta que para poder invertir US$3,250 en Luxury, se hizo de un préstamo.  

Sudaca se comunicó con Carlos Dávalos, quien sólo atinó a comentar por un mensaje: “Todo respecto a ese tema lo compartí con los inversionistas mediante un Zoom. Ahora nos encontramos mediante un sistema de devolución que también vengo compartiéndolo mediante el mismo grupo”.

 

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Banca, Financieras, SBS

EL INVASOR Y EL EMPRESARIO

Sudaca también pudo acceder el récord de denuncias contra Luis Girón, quien ahora reclama la titularidad del terreno de la señora Reusche. Él está imputado en un caso que sigue la Fiscalía bajo los delitos de estafa, lavado de activos y fraude en la administración de personas jurídicas. Lo más llamativo de este caso, que aún se encuentra en etapa preliminar, es su coinvestigado: Max Leigh García, un empresario de Piura dedicado al rubro inmobiliario, quien ha sido vinculado a un mediático caso de presunto tráfico de terrenos en la región.

Max Leigh
Max Leigh, empresario que comparte proceso penal con Luis Girón (foto: Facebook)»

Leigh fue uno de los beneficiados de una venta de más de 200 hectáreas por parte de un proyecto del Gobierno Regional de Piura. Según una nota del diario Correo, una ciudadana denunció haber sido despojada del terreno donde habitaba años atrás por parte de los funcionarios de este proyecto. Ellos le solicitaban que abandone el terreno, pues habían vendido “14 hectáreas del predio al ciudadano Max Leigh García.”

Actualmente, Leigh García es gerente general de Urbana Constructora Inmobiliaria y Constructora Inmobiliaria Sausalito, según información de SUNAT. También ocupó el mismo cargo en Global Constructora Inmobiliaria, una empresa que fue dada de baja en 2017. Según su página de Facebook, Girón reconoce haber trabajado un tiempo con Leigh, siendo administrador y contador de la primera empresa mencionada. 

Intentamos comunicarnos con Girón y Leigh, les escribimos a sus redes sociales y llamamos a los teléfonos de sus respectivas empresas, pero no obtuvimos respuesta. Sólo contestó el celular una de las compañías donde Girón asegura ser gerente, pero el interlocutor aseguró no conocerlo. La jueza Ingrid Díaz, por su parte, tampoco respondió el correo en el que le solicitamos sus descargos.

 

 

 

 

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Piura, sociedad, Tráfico

Cantorín se defiende nuevamente y menciona que no existió sobrevaluación en la construcción de la iglesia. Dice tener un peritaje de parte que lo prueba. Sin embargo, la fiscalía anticorrupción de la región ya ha emitido el requerimiento de acusación al Poder Judicial por el delito de colusión desleal, de acuerdo al despacho encargado.

Este es el historial del hombre de confianza de Hernán Condori, quien llegó al cargo luego de un paso como coordinador de obras en el Gobierno Regional de Junín. Ahí estuvo desde abril de 2021, mes de las elecciones presidenciales y congresales. El 31 de marzo, en una resolución ministerial, Hernan Condori lo oficializó en el PRONIS. Fue uno de sus últimos deseos antes de ser censurado ese mismo día.

Ahora Cantorín debe dirigir, conducir y supervisar la gestión de los proyectos del programa. Dentro de sus funciones, se encuentra la de celebrar convenios y contratos de infraestructura. A la fecha, sin embargo, no figura en el SEACE ninguna contratación llevada a cabo en el PRONIS en todo el mes de su gestión. Las actividades de la entidad que han sido difundidas oficialmente consisten mayormente en inspecciones a obras o asistencia técnica al proyecto. 

 

 

 

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Hernán Condori, Minsa, Perú Libre

ROCES PREVIOS

El día en que entregó el cargo como coordinadora del programa, el 21 de marzo, Liliana La Rosa que había asumido la jefatura el 18 de octubre de 2021 informó al entonces ministro Hernán Condori que ya se habían publicado convocatorias de licitaciones y expresiones de interés para ejecutar las responsabilidades del PCRIS.

Luis Hospinal Moori asumió ese mismo día. Hospinal es un médico cirujano titulado en 2010 en la Universidad Peruana de los Andes. El 13 de febrero de este año, llegó al Minsa designado por su amigo Condori, en su primera semana en la cartera, para ocupar un cargo de confianza: Director Ejecutivo II.

En ese cargo ya había tenido un accidentado episodio con La Rosa. Y es que, en su paso por el Minsa, el censurado Condori había mandado a Hospinal a hacer una inspección sin previo aviso a la sede del programa. “[El PCRIS] tiene 3 años de desarrollo, sin ningún resultado”, aseguró el exministro en un video del 7 de marzo.

Liliana La Rosa luego le enviaría una carta a Condori detallando el accionar de su funcionario de confianza durante la visita. Según indica el documento, Hospinal llegó a las instalaciones sin acreditación, se negó a conversar con La Rosa debido a “no ser de su interés y contar con poco tiempo para la recolección de información” y se retiró luego de instalar la laptop para que sus colegas se queden redactando el informe de la inspección.

En este documento, firmado por Hospinal, se afirmó que el PCRIS estaba gestionando consultorías de US$300.000 con el BID. Este dato, decía el documento, estaba basado en una supuesta información brindada por La Rosa. Pero ella lo desmintió en su carta enviada a Condori, junto con otras imprecisiones. 

El conflicto, sin embargo, ha persistido hasta hoy. La semana pasada, luego de que La Rosa acusara a Hospital públicamente de estar paralizando el PCRIS, este le escribió por WhatsApp para “pedirle que mida sus palabras en redes sociales, no deseo tomar acciones legales contra usted”. 

4. Mensaje de WhatsApp
«El mensaje de WhatsApp que Hospinal le envió a La Rosa, ‘en forma respetuosa’, a partir de sus publicaciones en Twitter»

Sudaca pudo comuncarse con Hospinal para este informe. El funcionario reconoció la reunión en el patio y aseguró que fue para anunciar la resolución de algunos contratos. “Se había contratado personal para proyectos de inversión que no fueron aprobados. Considerando los 6 proyectos aprobados, muchos de los consultores no tienen productos para generar la finalidad pública”, agregó al respecto, pese a que los consultores afectados señalan que sus labores no dependen de la cantidad de proyectos en el PCRIS. 

Hospinal también dijo desconocer sobre los retrasos en los pagos. Afirmó que la reasignación de computadoras se debió a que hay personas que no tienen una y que “sí cumplen con la finalidad pública”, a diferencia del equipo de comunicaciones. 

Acerca del correo del BID y del Banco Mundial, respondió que ambas entidades están preocupadas porque no se ha avanzado en los últimos tres años y no por la paralización durante su gestión. Aunque eso no es realmente lo que se lee en el escrito. 

“Los bancos han venido advirtiendo eso en diferentes momentos a los ministros de salud. Esto es un hito más. Están preocupados, al igual que nosotros. Estamos reorientando y reimpulsando el programa. En algo que ha estado parado por tres años, no pretendamos hacer obras públicas en tres semanas”, concluyó. Al funcionario no le entran balas. 

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Gobierno, Hernán Condori, Minsa

El que finalmente había recibido la buena pro de este proceso hoy anulado fue Meler Neyra Santur, un hombre de 27 años que se dedica al transporte de carga desde el 2013, según la SUNAT. Neyra no es un proveedor nuevo para el Gobierno Regional de Piura: tan solo en 2021, firmó siete contratos con la entidad por uj total de S/790.000. Todos estos servicios estaban relacionados a traslado de materiales en el rubro de Educación.

La participación de Neyra en procesos públicos con la entidad data incluso de años anteriores a la pandemia. Una nota del diario Correo de 2019 alertó que él era uno de los que más contratos había ganado entre 2015 y 2018. Obtuvo más de S/400.000 en esos años producto de adjudicaciones sin haber tenido experiencia previa en el sector, según el mencionado medio. Cabe resaltar que en ese entonces, Neyra recién tenía entre 20 y 23 años.

Contactamos a Neyra por medio de sus redes sociales, pero no obtuvimos respuesta. 

Meler Neyra Santur
«Meley Neyra Santur, quien recibió la buena pro en la cuestionada adjudicación y tiene numerosos contratos previos con el Gobierno Regional de Piura (foto: Facebook)»

También pedimos los descargos del director regional de Educación de Piura, Elvis Bonifaz, quien aseguró que se están tomando medidas disciplinarias contra el comité de selección de la adjudicación y que la demora no ha afectado el desarrollo escolar porque “los primeros 15 días de clases se aborda el desarrollo socioemocional”. Esto pese a que las instituciones con las que conversó Sudaca sí reconocen haber sido afectadas. Sobre las pruebas de entrada o de diagnóstico, dice que «el que debería pronunciarse es el Minedu, porque no ha establecido cuándo se deberían tomar”.

El caso de esta singular adjudicación simplificada también ha llegado a la Contraloría y al Ministerio Público. Según César Orrego, la primera se encuentra haciendo un control concurrente del tema, a la par que fiscales de los distritos afectados están evaluando emprender una investigación. “Algunos lo han remitido a fiscales especializados en temas de corrupción de funcionarios”, detalla Orrego.

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Educación, Minedu, Piura
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