[El dedo en la llaga] Apulia es una árida región del sureste de Italia, a orilla del Mar Adriático, de anchas llanuras y onduladas colinas. Allí se encuentra el pueblo de San Giovanni Rotondo, una pintoresca localidad de poco más de 27,000 habitantes, recordada por haber sido el lugar de residencia entre 1916 y 1968 de San Pío de Pietrelcina (1887-1968) —más conocido como el Padre Pío—, un sacerdote capuchino que llevaba en su cuerpo los estigmas de Cristo, al cual se le atribuían curaciones milagrosas y que tenía el don de ver los pecados de aquellos que se acercaban a él para confesarse sacramentalmente.
Pero actualmente sería el lugar de residencia de alguien mucho menos santo, a saber, Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, quien, como señala un decreto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica del 9 de agosto de 2024 —que lleva la firma del mismo Papa Francisco además de las firmas de oficio— ha sido expulsado de la institución que él mismo fundó. Sin embargo, este decreto presenta muchas ambigüedades.
Se señala que la expulsión se efectúa «por causa de circunstancias distintas de las previstas en el can. 695 y can. 696», por lo cual quedan excluidos «el descuido habitual de las obligaciones de la vida consagrada; las reiteradas violaciones de los vínculos sagrados; la desobediencia pertinaz a los mandatos legítimos de los Superiores en materia grave; el escándalo grave causado por su conducta culpable; la defensa o difusión pertinaz de doctrinas condenadas por el magisterio de la Iglesia; la adhesión pública a ideologías contaminadas de materialismo o ateísmo» (can. 696).
El canon 695 señala «los delitos de los que se trata en los cc. 1397, 1398 y 1395» como posibles motivos de expulsión. Los delitos señalados en el canon 1397 no son evidentemente aplicables a Figari, pues se refieren a «quien comete homicidio, o rapta o retiene a un ser humano con violencia o fraude, o lo mutila o lo hiere gravemente» o a «quien procura el aborto», pero sí podrían aplicarse delitos señalados en el canon 1395 —el «que, con violencia, amenazas o abuso de su autoridad, comete un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo u obliga a alguien a realizar o sufrir actos sexuales»— o en el canon 1398 —el «que comete un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo con un menor o con una persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón o a la que el derecho reconoce igual tutela»—.
Sin embargo, cómo señala el decreto de expulsión, no son éstos los motivos que fundamentan la medida sino circunstancias distintas, «en cualquier caso incompatibles y por tanto inaceptables en un miembro de una institución de la Iglesia».
¿Se indica cuáles son esas circunstancias? Por ningún lado. Es decir, no sabemos cuál es el verdadero motivo de la expulsión, pero se deja en claro que no es por los abusos sexuales cometidos.
Una interpretación plausible de este proceder sería que en 2017, cuando Figari fue sancionado por primera vez por el Vaticano, no había una norma en el Código Derecho Canónico que permitiera sancionarlo por un delito grave, dado que este tipo de delitos —incluidos los abusos sexuales— se castigaban sólo cuando eran cometidos por clérigos. Y Figari no lo es: es un laico. Consagrado, pero laico al fin y al cabo. Inimputable, por así decirlo.
Esto ha cambiado con las reformas del derecho eclesiástico introducidas por el Papa Francisco en los años 2021 y 2022, de modo que ahora un miembro de un instituto de vida consagrada puede ser sancionado por esos delitos. Sin embargo, esas nuevas leyes no se pueden aplicar retroactivamente a Figari. Ésta es la razón por la que no habría sido expulsado por abusos sexuales, sino por algún otro delito que el Vaticano ha indagado y encontrado para sancionarlo.
El segundo motivo es «por causa de escándalo y grave daño al bien de la Iglesia y de cada uno de los fieles». Como de costumbre, la Iglesia está protegiendo su imagen y omitiendo cualquier mención de las víctimas. Si los delitos de Figari hubieran permanecido en secreto, este motivo de expulsión no aplicaría, pues no habría escándalo. Téngase en cuenta que la justicia no es una prioridad para el derecho eclesiástico, sino “la salvación de las almas”, aunque se tengan que cometer injusticias en el camino.
Por otra parte, queda claro que se trata de una decisión del Papa Francisco, expresada en una carta del 6 de agosto de 2024 al dicasterio en cuestión. La decisión se toma pro bono Ecclesia, por el bien de la Iglesia. ¿Por qué se requería una intervención del Papa Francisco? Simplemente porque quien tenía la potestad —otorgada por la ley eclesiástica— de expulsar a Figari —a saber, el Superior mayor del instituto— nunca lo hizo. De este modo, Eduardo Regal, Alessandro Moroni y José David Correa, superiores generales del Sodalicio después de la dimisión de Figari en diciembre de 2010, tienen responsabilidad en no haber tomado las medidas del caso y haber protegido a un miserable que tiene en su haber delitos graves.
No queda claro cuál será la situación de Figari de ahora en adelante. El decreto no lo aclara. ¿Seguirá viviendo en San Giovanni Rotondo u otra localidad italiana con todos los gastos pagados por el Sodalicio? ¿Se le seguirá prohibiendo hablar con los medios? ¿Y qué pasará con todos aquellos que lo protegieron y encubrieron, comenzando por las autoridades del Sodalicio?
Por otra parte, ¿es esto un paso más hacia la supresión del Sodalicio? ¿O se trata de una operación quirúrgica que buscará rescatar la institución, aduciendo que el tumor ya ha sido extirpado y que todo el cuerpo restante está sano? Esperamos que sea lo primero, pues el Sodalicio sin Figari en su conducción ha seguido cometiendo diversos abusos, siendo el principal el maltrato de las víctimas y la falta de una reparación simbólica y pecuniaria justa y adecuada.
Una muestra de este maltrato es el “Comunicado sobre la expulsión de Luis Fernando Figari del Sodalicio de Vida Cristiana” del 14 de agosto de 2024, firmado por José David Correa, el actual Superior General. Se trata de un comunicado lleno de mentiras y omisiones. Dice que «las autoridades del Sodalicio hemos colaborado estrechamente con la Santa Sede en la búsqueda de la verdad y la justicia», cuando en realidad lo que hizo el Sodalicio desde un principio es aplicar una estrategia de control de daños, obstaculizando que toda la verdad sobre las víctimas salga a la luz, persiguiendo judicialmente a los periodistas que destaparon el escándalo directamente —mediante querellas interpuestas por Mons. José Antonio Eguren— o a través de terceros, mintiendo descaradamente en la Fiscalía, moviendo influencias en el Ministerio Público a través del Estudio de Abogados Hauyón & Hauyón a fin de que se archiven las denuncias contra miembros y exmiembros del Sodalicio y se mantengan abiertos las denuncias interpuestas contra los periodistas Pedro Salinas, Paola Ugaz y Daniel Yovera. Se ha de suponer que la “colaboración” con la Santa Sede ha ido en la misma línea, haciendo necesarias las intervenciones de Mons. Charles Scicluna y Mons. Jordi Bertomeu para que comience a haber justicia y se reconozca a varias víctimas deliberadamente ignoradas, además de reconocer lo insuficiente y ofensivo de las reparaciones ofrecidas por el Sodalicio a las 67 víctimas que hasta ahora han admitido oficialmente.
También miente José David Correa cuando dice lo siguiente:
«En 2019, la V Asamblea General del Sodalicio en Brasil expresó el pedido de perdón institucional a todas las víctimas que han sufrido algún tipo de abuso de parte de Luis Fernando Figari y me encargó, como Superior General, que examine la pertinencia de iniciar un proceso canónico para su expulsión. Después de mucha reflexión y diálogo, en diciembre de 2019 solicité a la Santa Sede la expulsión del Sr. Figari».
El pedido de perdón institucional fue puramente declarativo —pues en ese entonces nunca se comunicaron personalmente con las víctimas para pedirles perdón— y tampoco tuvo ningún efecto en las reparaciones. Por otra parte, recién nos venimos a enterar que habían decidido la expulsión de Figari. ¿Por qué no lo comunicaron en su momento? ¿Por qué no hicieron efectiva la expulsión ellos mismos, considerando que el Superior mayor de un instituto, después de haber consultado a su consejo, tiene la facultad de expulsar a un miembro, sin tener que pedirle permiso previo a la Santa Sede?
No satisfecho con mentir descaradamente, José David Correa nos relata el siguiente cuento de hadas:
«El Sodalicio cuenta con una Oficina de Escucha y Asistencia, que desde el año 2016 recibe a personas que han sido víctimas de diversos tipos de abuso por miembros y ex-miembros del Sodalicio desarrollando procesos de reparación».
El informe sobre abusos del Sodalicio de los expertos Ian Elliott, Kathleen McChesney y Monica Applewhite de febrero de 2017 señalaba como completada la siguiente recomendación:
«Publicar la información de contacto de la persona que recibirá los reportes de abuso en varios medios y en el sitio web del SCV».
Hasta el 4 de noviembre de 2019, cuando me comuniqué telefónicamente con la Oficina de Comunicaciones del Sodalicio para preguntar por estos datos —pues no se hallaban en el sitio web del Sodalicio ni en ningún otro medio— no había manera de contactar esta oficina. El 7 de noviembre me respondieron y ¡oh maravilla! apareció un link en el sitio web con el título de “Ambientes seguros”, indicando la dirección de correo electrónico con la cual se podía uno comunicar para reportar casos de abusos. Sin embargo, no había dirección física ni número telefónico, pues esta oficina no dispondría propiamente de un local. Además, no se tiene conocimiento de que el Sodalicio haya admitido posteriormente más casos de abusos que los que reconoció oficialmente cuando se publicó el informe de los expertos internacionales.
Por todo lo dicho resulta ofensiva y alejada de la verdad una frase como:
«Reconocemos profundamente el dolor de las víctimas y reiteramos nuestra solidaridad con ellas».
Quisiera concluir con una frase del comunicado capaz de suscitar una sonrisa irónica en cualquiera:
«Como hemos declarado anteriormente, Luis Fernando Figari es el fundador histórico del Sodalicio de Vida Cristiana, pero no es un referente espiritual para nuestra comunidad ni para la Familia Sodálite».
Y si Figari no es un referente espiritual, ¿por qué siguen manteniendo en pie la misma ideología inculcada por el fundador? ¿Por qué muchos de los textos que escriben algunos sodálites podrían haber sido escritos por el mismo Figari, pues contienen su misma doctrina y su mismo estilo? ¿Por qué el supuesto carisma que dicen tener es el mismo que inculcó Figari a sus incondicionales seguidores?
A decir verdad, el único pensamiento admitido en el Sodalicio desde sus inicios fue el de Figari. Nunca hubo lugar para una pensamiento o doctrina distintos. Sin Figari, el Sodalicio no es nada. No tiene ideología, espiritualidad ni carisma, pues todo lo que había quedado de eso después del destierro de Figari en Italia se basaba sobre lo que este les había inculcado a sus leales discípulos. El siguiente paso lógico sería que el Sodalicio fuera suprimido.
Llegó la hora de bajar el telón. Y que el último apague la luz.
