[OPINIÓN] El pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso merece ser discutido con responsabilidad y sentido de realidad. Nadie puede negar que el Perú enfrenta urgencias que requieren respuestas rápidas, particularmente frente al avance de la delincuencia y la amenaza del Fenómeno El Niño. Sin embargo, el proyecto presentado por el Gobierno solicita facultades durante 120 días y comprende nada menos que 66 puntos, distribuidos en materias de lo más diversas que van mucho más allá de aquellas emergencias.

El problema no es solamente la cantidad, sino la dispersión del pedido y el grado de generalidad con que están formuladas algunas de las facultades solicitadas. Por ejemplo, cuando se propone “reformar, simplificar y optimizar” los regímenes tributarios y las obligaciones formales de las empresas, cabe preguntarse qué se quiere cambiar exactamente, en qué sentido y con qué límites. Una delegación legislativa no debería obligar al Congreso a adivinar qué pretende hacer el Ejecutivo. Al respecto, el artículo 104 de la Constitución exige que la facultad sea otorgada sobre materias específicas, y esa especificidad debe permitir conocer razonablemente cuál será el contenido de la legislación que se pretende aprobar.

Por eso, considero que debemos evitar dos posiciones que resultan igualmente equivocadas: negar al Ejecutivo toda posibilidad de legislar con rapidez o, al contrario, entregarle una autorización excesivamente amplia. Las facultades legislativas son una herramienta constitucional válida, pero, debido a que permiten que el Ejecutivo legisle temporalmente sobre materias que corresponden al Congreso, deben ser excepcionales, precisas y muy bien delimitadas.

En ese sentido, me parece razonable reformular y acotar el pedido de facultades a las cuestiones que hoy demandan una respuesta urgente y sobre las cuales existe un amplio consenso nacional: seguridad ciudadana, gestión de riesgos de desastres y atención frente al Fenómeno El Niño. En estos ámbitos sí resulta posible identificar problemas concretos que requieren decisiones oportunas y, al mismo tiempo, establecer límites claros para la actuación del Ejecutivo.

El Perú necesita que sus instituciones funcionen y que sus poderes del Estado colaboren entre sí, no que compitan y se enfrenten permanentemente. El Ejecutivo tiene la obligación de gobernar y responder ante las urgencias nacionales: el Congreso tiene el deber de legislar, representar y fiscalizar. No hay razón para que estas responsabilidades sean incompatibles. Debemos otorgar facultades pero hacerlo de manera precisa y acotada para responder a las necesidades más urgentes y dramáticas que hoy afectan a los peruanos, principalmente a los más vulnerables.

Imagen: Ica, durante el fenómeno El Niño de 1998. (Foto GEC Archivo Histórico)

[EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS] Víctor Raúl Haya de la Torre solía sostener que los países de América Latina debían unirse para negociar de igual a igual con Estados Unidos y obtener de este país los capitales y la tecnología necesarios para impulsar el desarrollo de la región en su conjunto. La afirmación de Haya, certera y visionaria, constituye una utopía política a la que nuestros países se han negado sistemáticamente desde que Simón Bolívar convocase el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826.

Optamos, entonces, por avanzar por separado en un mundo que ya se encontraba organizado de antemano y perdimos —y seguimos perdiendo— largamente en la confrontación. Nuestra autonomía económica ha estado condicionada, de manera recurrente, por los intereses de las grandes potencias: primero los de Inglaterra, hasta la Primera Guerra Mundial; después, los de Estados Unidos, cuya hegemonía en la región es hoy desafiada por China en el terreno comercial y económico.

El escenario contemporáneo convierte a América Latina en una preciada pieza para ambas potencias. Nuestra región posee recursos estratégicos fundamentales para la economía del siglo XXI, entre ellos el litio y las llamadas tierras raras que ofrecen importantes reservas de uranio, cuya energía resulta esencial para sostener buena parte de la infraestructura tecnológica que hace posible la informática, la computación avanzada y la inteligencia artificial. A ello se suman nuestros mercados, las rutas comerciales, los alimentos, los hidrocarburos y otras materias primas tradicionales, todos ellos incorporados a una disputa geoeconómica de creciente intensidad.

En este contexto, Estados Unidos ha propuesto a los países de la región la creación del denominado Escudo de las Américas, una suerte de mecanismo panamericano de cooperación destinado a combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales, acompañado de un llamado a incrementar en un 1 % los presupuestos nacionales destinados a defensa. La iniciativa, sin embargo, difícilmente puede comprenderse al margen de la creciente rivalidad sino-estadounidense. A Washington le preocupa que China se haya convertido en el principal socio comercial de varios países latinoamericanos, entre ellos el Perú, donde sus empresas poseen una presencia predominante en sectores estratégicos y donde el megapuerto de Chancay le ofrece una ruta corta y competitiva para articular los mercados del Pacífico sudamericano con Asia.

Parecía que dieciocho países se incorporaban, sin mayores objeciones, al proyecto interamericanista de Donald Trump cuando Chile hizo sonar las alarmas. Su ministro de Defensa respondió a la propuesta con contundencia y serenidad, en un tono que hoy resulta poco frecuente cuando se abordan las relaciones con Estados Unidos: de país soberano a país soberano.

El ministro Fernando Barros señaló que Chile evaluará la propuesta y que recién responderá formalmente en noviembre, un plazo considerablemente amplio para un mandatario como Trump acostumbrado a exigir respuestas rápidas. Barros añadió que «primero se respeta la soberanía, la legislación, tanto la Constitución como las leyes de cada país», y recordó que la lucha contra el narcotráfico corresponde a las autoridades y a la policía chilenas.

El funcionario agregó que «nos vienen muy bien las ayudas en ciertas áreas, como inteligencia, información y tecnología. Pero no necesitamos más que eso». Con esta afirmación estableció con claridad la agenda chilena de cooperación y delimitó, al mismo tiempo, los ámbitos en los que su país está dispuesto a colaborar.

Finalmente, frente a las referencias del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, al eventual retorno de la Doctrina Monroe —proclamada en 1823 por el presidente James Monroe—, Barros respondió de manera tajante: «Chile no es el patio trasero de nadie; somos un país muy orgulloso de nuestra realidad».

No son derechas e izquierdas

La réplica de Fernando Barros a su homólogo estadounidense ha llamado particularmente la atención porque no proviene de un gobierno de izquierda ni de un Ejecutivo que levante las tradicionales banderas del antimperialismo. Proviene, por el contrario, de un gobierno situado claramente a la derecha del espectro político chileno.

Por ello, cabía esperar que, así como los gobiernos de Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador y Daniel Noboa en Ecuador se han mostrado receptivos a la propuesta de la Casa Blanca, José Antonio Kast hiciera lo propio. No ha ocurrido así.

El gobierno chileno parece entender que una política económica de orientación neoliberal, una posición conservadora frente a la migración y frente a determinadas posturas progresistas en otros ámbitos no obligan a renunciar a una geopolítica propia. La orientación ideológica de un gobierno no debería traducirse automáticamente en subordinación estratégica. Chile reivindica, en este caso, una política exterior soberana y proactiva, asentada en la conciencia del lugar que ocupa en el sistema internacional y de sus propios intereses nacionales.

¿Qué significa, entonces, ser de derecha para el gobernante de un país latinoamericano? Esta es la pregunta que queda flotando. Desde cierta perspectiva, podría significar aceptar que las políticas exteriores propias se subordinen a las agendas de Estados Unidos. Pero también puede significar —como parece interpretarlo Chile— asumir la propuesta de Trump y Hegseth como el inicio de una negociación de intereses que, precisamente por serlo, debe preservar la capacidad de decisión de cada Estado.

Chile vuelve a presentarse, de este modo, como lo ha hecho a lo largo de buena parte de su historia: un país consciente de sí mismo, celoso de su soberanía pero que tiende a actuar en solitario. Lo deseable, sin embargo, sería que otros países de la región adoptaran posiciones semejantes, no para enfrentarse al hegemón, sino para negociar con él en mejores condiciones.

Porque quizá nos encontremos ante una coyuntura excepcional. A pesar de la enorme ventaja económica, militar y tecnológica que Estados Unidos y China mantienen sobre nuestros países, ambas potencias necesitan de América Latina tanto como América Latina puede beneficiarse con ellas. ¿Por qué no negociar, entonces?

Unas palabras sobre la cuestión china.  Siempre he pensado que América Latina no debería verse obligada a escoger entre uno u otro de los dos grandes poderes que hoy disputan nuestra región como espacio de influencia. Por el contrario, deberíamos aprovechar su interés y, sobre todo, su rivalidad, para obtener beneficios concretos para nuestros pueblos.

Margaret Thatcher dijo alguna vez que “Inglaterra no tienen amigos, sino intereses”. La idea resulta pertinente para nuestra circunstancia. Si dos grandes potencias compiten por ampliar su influencia sobre nuestra región, América Latina debería ser capaz de transformar esa competencia en una oportunidad para su propio desarrollo.

No se trata, por tanto, de elegir entre Washington y Beijing, sino de negociar con ambos. Y hacerlo desde una posición que nos permita convertirnos, progresivamente, en un tercer polo de poder e interlocución. Esa posibilidad parece mucho más cercana si nuestros países actúan coordinadamente, pues los intereses de ambas potencias no se concentran exclusivamente en Chile, Argentina o el Perú, sino en toda América Latina.

Tal vez esta vez podamos comprender la lección que Haya de la Torre planteó hace casi un siglo: no se trata de enfrentarnos al poder, sino de reunir suficiente poder para negociar con él. Y quizá esta sea la oportunidad de comenzar, finalmente, a actuar en consecuencia.

[EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS] Sin embargo, la historia es siempre más compleja. El liberalismo político y la socialdemocracia nacieron en momentos distintos y respondieron a problemas diferentes, pero compartieron siempre una preocupación fundamental: cómo construir sociedades en las que el poder no pueda disponer arbitrariamente de la vida de los ciudadanos. El liberalismo puso su acento en la libertad y en los límites al poder; la socialdemocracia incorporó la preocupación por las condiciones materiales que permiten que esa libertad sea algo más que una simple declaración escrita en un texto constitucional.

Este encuentro resulta especialmente importante hoy. No se trata de escoger entre libertad e igualdad, como si fueran valores enfrentados. Una persona puede ser jurídicamente libre y, sin embargo, vivir en condiciones que limiten seriamente sus oportunidades. Del mismo modo, una política destinada a reducir las desigualdades puede terminar siendo injusta si para conseguirlo sacrifica libertades fundamentales o concentra excesivamente el poder en uno de los poderes del Estado.

Además, de ambas tradiciones podemos recuperar algo valioso. El mercado puede generar riqueza, pero jamás reemplazará al Estado; el Estado puede proteger derechos y promover igualdad de oportunidades, pero no puede sustituir la iniciativa privada de las personas. Lo importante es que ambos funcionen sinérgicamente en el marco de instituciones sólidas y reglas que todos respetemos.

Esta discusión no es solo teórica, analicemos el caso peruano: durante los últimos años se ha deteriorado la confianza en las instituciones, el enfrentamiento entre poderes del Estado es permanente, los partidos se han debilitado y la representación política perdió buena parte de su capacidad para expresar preocupaciones ciudadanas. A ello se suman la inseguridad, la corrupción, la dificultad para alcanzar acuerdos y la sensación de que la ley no aplica a todos de la misma manera. El hartazgo social respecto de esta situación puede llevarnos a una conclusión dramática y profundamente equivocada: que el problema es la democracia, pero no lo es.

Por eso necesitamos volver a las ideas. Y hacerlo es aún más urgente porque la polarización mundial entre libertarios conservadores y progresistas radicales ha ido dejando poco espacio para los aportes del liberalismo y la socialdemocracia. Unos tienden a colocar la libertad individual, el mercado y los valores tradicionales como respuestas casi excluyentes; los otros suelen privilegiar el identitarismo al punto que podría colisionar con derechos fundamentales. En medio de esa disputa han quedado relegadas agendas que nunca debieron dejar de ser centrales: defender las libertades sin ser indiferentes ante la desigualdad, valorar el mercado sin olvidar la responsabilidad social y buscar mayor justicia sin sacrificar la libertad.

Por eso es necesario reinstalar los principios del liberalismo político y la socialdemocracia en el debate peruano. No se trata de importar modelos extranjeros ni repetir viejas fórmulas, sino de recuperar preguntas básicas que hemos dejado de hacernos: ¿cómo protegemos la libertad?, ¿cómo hacemos que el Estado vuelva a ser respetado sin convertirlo en una maquinaria de control?, ¿cómo reducimos desigualdades?, ¿cómo conseguimos que la ley vuelva a ser una referencia común?

La democracia no necesita que todos pensemos igual; lo que necesita es que podamos consensuar y discrepar dentro de reglas comunes que todos aceptamos. El Perú necesita reconstruir ese espacio común. La inseguridad, el desencanto con la política, la fragilidad institucional y las desigualdades alimentan la tentación de buscar soluciones rápidas y respuestas radicales. Pero una democracias no se reconstruye tomando atajos sino recuperando la confianza en las instituciones, fortaleciendo los partidos, mejorando el Estado y demostrando que la política todavía puede resolver nuestros problemas.

Tal vez recuperar las ideas también signifique recuperar la esperanza. Porque detrás de esta discusión hay una pregunta sencilla: ¿qué clase de país queremos ser? El Perú no necesita menos democracia, sino una democracia mejor: libertad protegida por instituciones, crecimiento acompañado de oportunidades, igualdad ante la ley y justicia social. El Perú necesita volver a creer que la política puede ser algo más que una lucha por el poder y convertirse en una herramienta para construir un país más libre, más justo y más solidario.

[EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS] Cada 28 de julio los peruanos conmemoramos un nuevo aniversario de nuestra Independencia. Sin embargo, cada año parece más difícil reflexionar serenamente sobre el significado de aquella fecha. El debate público se encuentra cada vez más condicionado por lecturas ideológicas que proyectan sobre el pasado las controversias del presente. Cuando ello ocurre, la historia deja de ser un espacio para comprender lo que fuimos y se convierte en un instrumento para justificar posiciones políticas actuales.

Esta tendencia adopta formas aparentemente opuestas. Una corresponde al presentismo, que juzga el pasado exclusivamente con los parámetros morales del siglo XXI y termina reduciendo procesos históricos de enorme complejidad a relaciones entre opresores y oprimidos. La otra puede identificarse con un cierto pasadismo, que idealiza determinadas etapas del pasado como si hubieran constituido una edad de oro perdida y contempla con desconfianza muchas de las transformaciones políticas y culturales de la modernidad. Aunque discrepan en sus conclusiones, ambas corrientes comparten un mismo problema: ninguna procura comprender el pasado desde las circunstancias que le dieron origen. Las dos terminan convirtiéndolo en un escenario más de las batallas culturales del presente.

En el Perú, esta forma de aproximarse a la historia ha llevado a relativizar el significado de la Independencia como momento fundacional de nuestra vida republicana. Con frecuencia se sostiene que el Perú existía mucho antes de 1821 y que, por tanto, la emancipación no constituyó un verdadero punto de quiebre. La primera afirmación es indiscutible; la segunda merece una cuidadosa reflexión.

El Perú posee una historia milenaria. Nuestra identidad se fue formando a partir del encuentro entre el legado andino, el aporte hispánico, al afrodescendiente y los múltiples procesos de mestizaje que, durante siglos, dieron origen a una sociedad singular. Esa continuidad histórica es innegable, como también lo es la vigencia de pueblos originarios que conservan una riqueza cultural propia y constituyen parte esencial de nuestra diversidad. Pero una cosa es la continuidad de una cultura y otra muy distinta el nacimiento de una comunidad política soberana.

Antes del proceso emancipador existía el Virreinato del Perú, una de las principales jurisdicciones de la monarquía española. Sus habitantes eran súbditos del rey y no ciudadanos de un Estado propio. Existía una sociedad peruana estamental, una economía virreinal e incluso una identidad territorial cada vez más definida, pero no un Estado independiente llamado Perú. Fue la Independencia la que transformó esa realidad.

Por ello, la proclamación realizada por José de San Martín el 28 de julio de 1821 representa mucho más que la ruptura del vínculo colonial. Marca el nacimiento del Perú como Estado soberano, sujeto del derecho internacional, y el inicio de un proyecto nacional. A partir de entonces comenzó la compleja tarea de construir una comunidad política integrada por ciudadanos llamados a compartir instituciones, derechos, responsabilidades y un destino común. Allí reside el verdadero carácter fundacional de la Independencia. No fundó nuestra cultura, que venía gestándose desde mucho antes, sino nuestra existencia como Estado libre y como nación políticamente organizada.

Las ideas que hicieron posible ese cambio no surgieron de manera espontánea. Durante el siglo XVIII, la Ilustración difundió nuevas concepciones sobre la libertad, la ciudadanía y la soberanía popular. Los habitantes de América comenzaron a verse, progresivamente, no solo como súbditos de la Corona, sino también como titulares de derechos políticos.

En el Perú, la Sociedad de Amantes del País y el Mercurio Peruano desempeñaron un papel decisivo al promover el conocimiento científico, económico y geográfico del territorio. Aquella labor contribuyó a despertar una conciencia cada vez más clara sobre la singularidad del país. Poco después, la crisis de la monarquía española y el liberalismo difundido por las Cortes de Cádiz incorporaron al mundo hispánico conceptos como representación política, ciudadanía, constitucionalismo y soberanía nacional. Esas ideas inspiraron a pensadores como Juan Pablo Viscardo y Guzmán e Hipólito Unanue, y terminaron proyectándose sobre la acción de los próceres y libertadores que hicieron posible la emancipación.

Negar el carácter fundacional de la Independencia equivale a desconocer el origen de nuestra propia comunidad política. El Perú no nació culturalmente en 1821, pero sí comenzó entonces su existencia como Estado soberano. Esa diferencia resulta esencial para comprender nuestra historia.

Algo semejante puede observarse en otros países de América. En México, por ejemplo, algunos discursos contemporáneos han tendido a relativizar la trascendencia histórica de la conquista española, presentándola incluso como un proceso de liberación de los pueblos sometidos por el Imperio mexica. Sin negar la existencia de alianzas indígenas decisivas para la caída de Tenochtitlan, una interpretación de esa naturaleza, llevada hasta sus últimas consecuencias, conduciría a desconocer la formación del Virreinato de la Nueva España, la implantación de las instituciones castellanas, la expansión del idioma español y la profunda influencia del derecho, la religión y la cultura hispánica en la posterior construcción del Estado mexicano. Como vemos, la historia es siempre más compleja que las simplificaciones ideológicas.

Naturalmente, reconocer el carácter fundacional de la Independencia no significa idealizar la República. Basta observar la realidad contemporánea para advertir que el proyecto republicano continúa profundamente inconcluso. Nuestra institucionalidad sigue siendo frágil; la representación política atraviesa una crisis persistente; la corrupción erosiona la confianza ciudadana; y la nación peruana aún enfrenta enormes dificultades para consolidar un auténtico sentido de pertenencia compartido. En demasiadas ocasiones seguimos comportándonos como un país dividido, incapaz de reconocerse plenamente en su diversidad.

Pero precisamente porque la República permanece inacabada, carece de sentido relativizar su nacimiento. Algunas corrientes de izquierda identitaria han tendido a presentar la historia republicana casi exclusivamente como una sucesión de exclusiones y fracasos. Al mismo tiempo, ciertos sectores conservadores contemplan el pasado virreinal con una nostalgia que termina restando importancia al significado emancipador de 1821. Ninguna de esas miradas hace justicia a la complejidad de nuestra historia.

Hace ya varias décadas, Jorge Basadre definió al Perú como una promesa. Más recientemente, Carmen Mc Evoy ha reivindicado la utopía republicana como horizonte permanente de nuestra vida política. Ambas ideas siguen plenamente vigentes porque describen una obra en permanente construcción. La República no es un proyecto concluido; es una tarea que cada generación recibe y está llamada a perfeccionar.

Este 28 de julio el Perú conmemora 205 años de vida independiente. No celebramos una República perfecta ni una nación plenamente realizada. Celebramos el momento en que los peruanos dejamos de ser súbditos para asumir la responsabilidad de gobernarnos a nosotros mismos. Desde entonces hemos avanzado, retrocedido y vuelto a empezar muchas veces. Pero esa es precisamente la naturaleza de toda construcción nacional.

La promesa de Basadre continúa pendiente. La utopía republicana evocada por Carmen Mc Evoy sigue convocándonos. Mientras esa aspiración permanezca viva, también deberá permanecer viva la voluntad de fortalecer nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestra ciudadanía. Porque la Independencia no fue el punto final de nuestra historia, sino el comienzo de la empresa colectiva más ambiciosa que hemos emprendido como sociedad: construir, por fin, el Perú que todavía nos debemos.

[OPINIÓN] Las sociedades democráticas no se sostienen únicamente sobre el principio de la voluntad mayoritaria. Descansan, sobre todo, en un conjunto de derechos fundamentales que ningún gobierno ni ninguna causa, por noble que parezca, deberían vulnerar. Esa fue precisamente la gran contribución del liberalismo político desde el siglo XVIII: comprender que la libertad del individuo constituye un límite frente al poder, cualquiera que sea su origen.

Durante las últimas décadas, sin embargo, ha comenzado a consolidarse una corriente cultural y política —discutiblemente denominada woke— que, en nombre de la reparación de injusticias históricas, parece cuestionar algunos de esos principios universales. El problema no reside en denunciar el racismo, el sexismo o cualquier otra forma de discriminación, objetivos plenamente compatibles con la democracia liberal y sus finalidades. La dificultad aparece cuando la identidad colectiva comienza a sustituir al individuo como sujeto principal de los derechos.

La libertad de expresión

Ninguna democracia puede sobrevivir si el disenso deja de ser legítimo. Desde John Stuart Mill sabemos que incluso una opinión equivocada cumple con alguna  función social determinada porque obliga a quienes supuestamente sostienen una verdad a justificarla permanentemente. Allí donde el debate desaparece, también termina debilitándose la propia libertad y asoman diversas modalidades de totalitarismo.

Por ello resulta preocupante la creciente tendencia de algunos sectores del activismo identitario a sustituir la confrontación de ideas por mecanismos de conculcación y cancelación pública. Conferencias suspendidas, profesores expulsados de las universidades, escritores censurados o ciudadanos sometidos a campañas de linchamiento digital constituyen fenómenos que ocupan y preocupan a la discusión política contemporánea. El problema no es únicamente la sanción social; es, sobre todo, el miedo que termina produciendo en quienes prefieren callar antes que exponerse a semejantes consecuencias.

Paradójicamente, un movimiento nacido para ampliar derechos corre así el riesgo de restringir el más importante de todos: el de circular y expresar nuestras ideas con absoluta libertad.

La igualdad ante la ley

El liberalismo político reemplazó los privilegios del Antiguo Régimen por un principio revolucionario: todos los ciudadanos poseen exactamente la misma dignidad jurídica. El Estado no pregunta por la raza, el sexo, la religión o el origen social al momento de reconocer derechos o no debería hacerlo. Precisamente porque todos somos diferentes, la ley debe tratarnos como iguales.

Una parte del pensamiento identitario contemporáneo propone, sin embargo, comprender la realidad a partir de comunidades diferenciadas por su condición racial, sexual o cultural. En ese marco, las personas dejan de ser consideradas como individuos únicos para convertirse en representantes de grupos históricamente oprimidos u opresores. La consecuencia es un desplazamiento del universalismo hacia una lógica de derechos diferenciados según la identidad a la que supuestamente se pertenece.

La igualdad deja entonces de constituir el punto de partida de la convivencia democrática para transformarse en una meta administrada políticamente mediante categorías colectivas. Y allí comienza a diluirse uno de los pilares fundamentales en el que se sostiene el liberalismo político.

Al respecto, queremos sostener que nuestras afirmación no se contradicen con  la aplicación de políticas públicas destinadas a favorecer a las poblaciones más vulnerables, y, precisamente bajo el principio de la igualdad ante la ley, nivelar su situación con el resto de la comunidad. Tampoco supone una igualación chata y homogénea. El Estado debe promover las diferentes manifestaciones culturales y protegerlas mientras no se muestren en abierta colisión con los derechos fundamentales

La responsabilidad individual

Uno de los mayores avances del constitucionalismo moderno consistió en establecer que cada persona responde únicamente por sus propios actos. La culpa dejó de transmitirse por la sangre, por la religión o por la pertenencia a una comunidad determinada.

Sin embargo, algunas versiones radicales de la teoría poscolonial introducen la idea de una responsabilidad histórica ligada a la identidad. El hombre blanco occidental aparece descrito como beneficiario necesario de una estructura de dominación cuyos efectos debería reconocer y expiar, con independencia de cuál haya sido su conducta personal, su situación particular, así como su riqueza o pobreza personal o familiar. Del mismo modo, determinados discursos feministas radicales tienden a interpretar la relación entre hombres y mujeres desde categorías colectivas de permanente opresión. Como si no existiese nada más, como si no hubiese también armonía y colaboración entre hombres y mujeres. ¿se trata de la guerra de los sexos?

El problema consiste en que la responsabilidad deja de ser individual para convertirse en hereditaria. Desde una perspectiva liberal, semejante desplazamiento resulta profundamente incompatible con el Estado de derecho, el constitucionalismo y la democracia. Reiteramos nuestras convicciones, no podemos, ni queremos negar las diferentes formas de discriminación y violencia que padecen las mujeres, principalmente en el tercer mundo. Pero el problema lo soluciona la política pública que protege y al proteger genera la igualdad. Ninguna política del odio y la confrontación ha resuelto jamás alguna problemática social.

La libertad académica y la memoria histórica

Las universidades existen para discutir ideas, no para conculcarlas. Del mismo modo, la historia sirve para comprender el pasado antes que para juzgarlo con parámetros morales del presente. ¡Qué gravísimo error!

En los últimos años hemos asistido al derribo de monumentos dedicados a personajes como Thomas Jefferson, cuestionado por haber sido propietario de esclavos, pese a haber contribuido decisivamente a formular los principios fundamentales del constitucionalismo moderno. Nadie pretende ocultar esa contradicción; forma parte de la historia. Lo discutible es convertirla en motivo suficiente para borrar su memoria pública. Aristóteles justificó la esclavitud en ciertos casos específicos, ¿será el próximo en ser suprimido por un ministerio de la historia tan jacobino como el que nos presentara George Orwell en su celebre 1984?

Una democracia madura no necesita héroes impecables. Necesita ciudadanos capaces de comprender que el pasado fue siempre más complejo que nuestras convicciones presentes. La manipulación contemporánea del pasado, que también atañe a las derechas contemporáneas, le hace un flaco favor a la memoria del pasado que se merece nuestra civilización. 

La universalidad de los derechos humanos

La idea más poderosa del liberalismo político consiste probablemente en afirmar que todos los seres humanos poseen los mismos derechos simplemente por haber nacido tales. Esa universalidad explica la extraordinaria fuerza moral alcanzada por la Declaración Universal de Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948.

Las corrientes identitarias más radicales pretender invertir este razonamiento. El centro deja de ser el individuo para situarse en la comunidad de pertenencia: la etnia, el sexo, la orientación sexual o la historia colonial. Poco a poco, el ciudadano universal es reemplazado por un mosaico de grupos que reclaman derechos diferenciados según su experiencia histórica particular. Al respecto una advertencia, la última corriente que se dedicó a diferenciar a las personas en virtud de su origen étnico fue el régimen nazi y ya sabemos como terminó dicha aventura demencial.

Además, cuanto más se fortalece esa visión fragmentada de la sociedad, más difícil resultará construir consensos democráticos. Allí donde cada grupo posee una verdad distinta y derechos concebidos desde identidades irreconciliables, el espacio común sobre el cual descansa la ciudadanía comienza inevitablemente a reducirse y a precipitarse en un espiral descendiente y conflictivo.

Conclusión

Sería injusto afirmar que todo el movimiento denominado woke constituye una amenaza para la democracia. Muchas de sus reivindicaciones —la lucha contra el racismo, la discriminación o la violencia contra las mujeres— responden a problemas reales que las sociedades democráticas deben enfrentar. El error aparece cuando esos objetivos legítimos terminan justificando la relativización de principios que hicieron posible la expansión de los derechos civiles durante los últimos dos siglos.

La democracia liberal nunca prometió eliminar todas las desigualdades existentes. Prometió algo distinto y quizá más difícil: garantizar que personas profundamente diferentes pudieran convivir bajo las mismas reglas, con los mismos derechos y con absoluta igualdad ante la ley . Cuando el individuo deja de ser el sujeto principal de esos derechos y es sustituido por la identidad colectiva, la democracia comienza a resquebrajarse pues abdica del principal pilar en el que se sostiene: su vocación universalista.

Comprender Concepción exige situarla en su contexto histórico. Más que un enfrentamiento aislado, fue el desenlace de una compleja campaña desarrollada en la sierra central del Perú, donde la geografía, el respaldo de la población y la capacidad de adaptación de los ejércitos emparejaron al número de soldados o la calidad de las armas. Allí, lejos de los grandes puertos y de las batallas costeras que caracterizaron las primeras campañas de la guerra, se desarrolló una forma distinta de combatir: la guerra de movimientos y de desgaste permanente del adversario.

Tras la ocupación de Lima en enero de 1881, el alto mando chileno esperaba que la resistencia peruana se extinga. Sin embargo, en la sierra central, Andrés Avelino Cáceres levantó el Ejército del Centro compuesto por los sobrevivientes de las campañas anteriores, nuevos voluntarios y contingentes reclutados en las zonas altoandinas. El laureado general ayacuchano buscaba una guerra en la que el teatro de operaciones favoreciese a quien mejor conociera el territorio y quien pudiera desenvolverse con más rapidez entre quebradas, caminos estrechos y elevadas cordilleras.

Junto al ejército regular apareció un actor decisivo: las guerrillas campesinas. Integradas principalmente por comuneros de la sierra central, en particular del Valle del Mantaro. Estas fuerzas carecían de instrucción militar y armamento moderno. Muchos combatían con viejos fusiles, pero un número considerable recurría todavía a hondas, lanzas improvisadas, machetes e incluso piedras. Aquella desigualdad material fue compensada por un profundo conocimiento del terreno, una extraordinaria movilidad y la convicción de defender sus pueblos frente a un ejército ocupante que, durante el trayecto de la expedición chilena al mando del coronel Ambrosio Letelier, se mostró excesivamente represor con la población campesina comunitaria que encontró a su paso.

El rol de las guerrillas -distintas al ejército regular de Cáceres- resultó fundamental. Los campesinos proporcionaban información constante sobre los desplazamientos enemigos, servían de enlace entre las distintas columnas peruanas, dificultaban el abastecimiento chileno y hasta participaban directamente en los combates. También hostigaban al enemigo en su recorrido colocando trampas a su paso o lanzándole enormes rocas -las galgas- desde las alturas de las quebradas. La guerra había dejado de librarse únicamente entre dos ejércitos para incorporar a sectores de la población civil, en especial al mundo andino del que, hasta entonces, el Estado peruano no se había ocupado a no ser para facilitar su reducción a servidumbre al interior de enormes e inhóspitas haciendas.

Cáceres supo comprender muy pronto el enorme potencial de aquella alianza ejército-pueblo. La combinación entre disciplina militar y participación popular fue el rasgo más notable de la resistencia peruana durante los últimos años de la guerra.

La batalla de Concepción

La columna chilena al mando del coronel Estanislao del Canto enfrentaba una realidad muy distinta. Se extrañaba la guerra en la costa, en la que se contaba con la casi certeza de vencer debido a su topología por lo general llana, a la notable superioridad militar de sus fuerzas  y al apoyo de sus poderosos blindados de guerra fondeados en aguas aledañas. Aunque en la sierra los soldados chilenos disponían de fusiles modernos, abundante munición y una organización militar superior Esta vez debían operar en un territorio montañoso y hostil, muy alejados de sus bases de operaciones que permanecían en Lima, ocupada en enero de 1881.

Además, el control efectivo del valle del Mantaro exigía ocupar numerosas localidades a la vez, proteger convoyes de abastecimiento y mantener abiertas las comunicaciones con las demás fuerzas de ocupación. Estas necesidades operacionales obligaron al mando chileno a dispersar sus efectivos: ¡y este era el error que Cáceres esperaba para atacar!

Fue precisamente en ese contexto cuando se destacó a la localidad de Concepción una compañía del Regimiento Chacabuco, al mando del capitán Ignacio Carrera Pinto. La pequeña guarnición estaba integrada por apenas setenta y siete soldados, bien armados y disciplinados, pero completamente aislados del resto de sus fuerzas. Frente a ellos comenzaron a reunirse centenares de combatientes peruanos pertenecientes tanto al ejército regular de Cáceres como a las guerrillas campesinas de la sierra central. La desproporción numérica a favor los atacantes era agobiante, aunque el armamento, la munición y la tecnología favorecía a los defensores.

La resistencia chilena durante las jornadas del 9 y 10 de julio fue notable. Carrera Pinto y sus hombres rechazaron sucesivos ataques mientras les fue posible, aprovechando la superioridad de sus armas y la solidez de las edificaciones que ocupaban. Solo cuando las municiones comenzaron a agotarse y la situación se volvió insostenible, la lucha derivó en un combate cuerpo a cuerpo. Ninguno de los integrantes de la guarnición sobrevivió. Militarmente, la victoria correspondió al Perú pero Chile encontró en aquel sacrificio un relato fundacional de su tradición militar.

Teniente Ignacio Carrera Pinto, comandaba la guarnición chilena en Concepción

La victoria peruana en Concepción no fue fruto del azar ni exclusivamente de la superioridad numérica alcanzada durante el combate. Constituyó el resultado de la acertada estrategia militar de Andrés Avelino Cáceres. Aquella forma de combatir terminó obligando al ejército chileno a dispersar sus efectivos, lo que lo condujo directo a una contundente derrota, la mayor y de más repercusión de toda la Guerra del Pacífico.

Además, este triunfo fue parte de un ataque simultaneo de las fuerzas caceristas que también incluyó las cercanas localidades de Marcavalle y Pucará, cuyas batallas también se coronaron con la victoria sobre el 9 de julio de 1882. La campaña de la Breña demuestra que el célebre «Brujo de los Andes» no fue únicamente un jefe valeroso, además fue un conductor militar brillante, capaz de adaptar sus operaciones a un escenario profundamente adverso.

Reflexión sobre la batalla de Concepción

El interés histórico de la batalla Concepción trasciende el plano militar. A diferencia de otras acciones de armas, esta batalla terminó ocupando un lugar privilegiado en la memoria colectiva de ambos países, aunque por razones muy distintas. Para el Perú representa una victoria obtenida en condiciones particularmente adversas y una prueba confirmatoria de que la resistencia organizada por Cáceres contenía una innegable capacidad ofensiva. Para Chile, en cambio, simboliza el sacrificio llevado hasta sus últimas consecuencias por una pequeña unidad militar que decidió combatir aun cuando toda posibilidad de supervivencia parecía imposible.

Desde esa perspectiva, Concepción ocupa en la memoria chilena un lugar comparable al que la batalla de Arica ocupa en la memoria peruana. En ambos casos, el desenlace militar quedó subordinado al significado moral atribuido posteriormente por cada sociedad. El Perú recuerda a Francisco Bolognesi y a los defensores del Morro como paradigma del cumplimiento del deber hasta el sacrificio supremo. Chile honra a Ignacio Carrera Pinto y a sus hombres bajo un principio semejante. Se trata de dos relatos nacionales construidos sobre experiencias distintas, pero unidos por una misma valoración del coraje frente a una situación desesperada de la que no podía esperarse la victoria.

Reconocer esa semejanza no supone establecer falsas equivalencias. Significa, simplemente, aceptar que el heroísmo no constituye patrimonio exclusivo de ninguna nación. Los soldados pueden combatir por banderas distintas y, al mismo tiempo, dar muestras de un valor personal que merece ser recordado por la posteridad.

Quizá sea precisamente allí donde la historia pueda ofrecer una de sus contribuciones más valiosas al presente. Durante demasiado tiempo, la memoria de la Guerra del Pacífico fue utilizada para alimentar relatos nacionales construidos desde la exaltación del propio bando o la descalificación del adversario. Esa visión, comprensible en las décadas inmediatamente posteriores al conflicto, resulta insuficiente para dos sociedades que hoy mantienen intensas relaciones económicas, culturales, académicas y humanas. El conocimiento histórico no debería servir para perpetuar una rivalidad, sino para comprender con mayor profundidad las complejidades del pasado.

En diversos trabajos he sostenido que la reconciliación entre el Perú y Chile no exige renunciar a la memoria nacional ni relativizar el sufrimiento experimentado durante la guerra. Muy por el contrario, una reconciliación auténtica solo puede construirse sobre el reconocimiento sincero de ese pasado. Recordar Arica no obliga a desconocer Concepción, como recordar Concepción tampoco exige minimizar el significado que Arica posee para los peruanos. Ambas memorias pueden coexistir sin excluirse mutuamente, del mismo modo que dos pueblos pueden honrar a sus héroes sin convertirlos en instrumentos permanentes de confrontación.

La experiencia europea posterior a la Segunda Guerra Mundial demuestra que incluso los conflictos más devastadores pueden dar paso, con el tiempo, a procesos sólidos de entendimiento. Francia y Alemania, enfrentadas durante generaciones, lograron convertir una historia marcada por las guerras en uno de los pilares de la integración europea. Salvando las enormes diferencias de contexto, el Perú y Chile también poseen las condiciones para seguir profundizando un camino semejante. Compartimos una geografía, una historia entrelazada y desafíos comunes que exigen mirar el futuro con mayor amplitud de miras. Luego, no puede pasarse por alto que existen episodios discutibles de la Guerra del Pacífico, como el incendio del puerto de Mollendo, del balneario de Chorrillos o la destrucción de la costa norte del Perú, que ameritan una reflexión serena entre las partes poder ofrecerles a sus sociedades los gestos de empatía y recogimiento que permitan emplazarlos en un lugar en el pasado que ya no se filtre al presente bajo la forma de una memoria doliente.

Concepción nos recuerda, finalmente, que la grandeza de los pueblos no reside únicamente en sus victorias, sino también en la forma como son capaces de recordar a quienes combatieron con honor. Los soldados y campesinos peruanos que defendieron su patria durante la Campaña de la Breña y los jóvenes chilenos que resistieron hasta el final en el pueblo de Concepción pertenecen a la historia de ambas naciones. Honrar su memoria no significa prolongar la guerra en el terreno del recuerdo, sino comprender que el respeto hacia el valor del antiguo adversario constituye también una forma superior de patriotismo. Quizá esa sea una de las lecciones más perdurables que todavía puede ofrecernos la Guerra del Pacífico.

[EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS] Pocas tradiciones políticas han sido tan discutidas y, al mismo tiempo, tan decisivas para la historia contemporánea como el liberalismo. Nacido entre las revoluciones atlánticas del siglo XVIII y consolidado a lo largo del XIX, contribuyó a derribar el absolutismo, limitó el poder del Estado, afirmó la igualdad jurídica de los ciudadanos y abrió el camino hacia las democracias constitucionales. Pero su mayor aporte quizá no resida en ninguna de esas conquistas por separado. Consistió, sobre todo, en responder una pregunta que sigue acompañándonos hasta hoy: ¿cómo pueden convivir pacíficamente personas que piensan distinto sin que unas pretendan imponer definitivamente su visión sobre las otras?

La respuesta liberal fue extraordinariamente sencilla y, precisamente por ello, revolucionaria. Ninguna autoridad —ni el Estado, ni una iglesia, ni una mayoría circunstancial, ni una ideología— debía concentrar un poder capaz de anular la libertad de los individuos. Desde John Locke hasta John Stuart Mill, el liberalismo político edificó un conjunto de instituciones destinadas a contener el poder antes que a expandirlo. Mill resumió esa convicción con una frase que continúa interpelándonos más de siglo y medio después: «si toda la humanidad, menos una persona, tuviera una misma opinión, la humanidad no estaría más justificada en silenciar a esa única persona que ella en silenciar a la humanidad». Difícilmente pueda encontrarse una defensa más lúcida de la libertad de conciencia.

No deja de resultar llamativo que una idea nacida hace más de dos siglos conserve semejante actualidad. La razón es sencilla: las sociedades nunca dejaron de ser plurales. Cambian las épocas, los conflictos y los lenguajes políticos, pero permanece la dificultad de aceptar que quienes discrepan no por ello dejan de formar parte de la misma comunidad política. El liberalismo comprendió muy temprano que la diversidad de opiniones no constituye una enfermedad de la democracia, sino su condición más natural. Allí donde todos piensan igual, la libertad deja de tener objeto.

La historia del siglo XX confirmó dramáticamente esa intuición. Fascismo y comunismo, pese a sus profundas diferencias doctrinarias, compartieron una misma aspiración: reorganizar la sociedad alrededor de una verdad considerada absoluta. Ambos identificaron enemigos irreconciliables, ambos prometieron redimir a la humanidad y ambos terminaron subordinando los derechos individuales a un supuesto interés superior. Europa pagó un precio inmenso por esa ilusión. Cuando finalmente las democracias occidentales lograron reconstruirse después de la guerra, parecía haberse consolidado un consenso elemental: ninguna causa política justificaba sacrificar las libertades fundamentales. Durante algún tiempo pareció una lección definitiva. La historia, sin embargo, rara vez concede victorias permanentes.

Hoy asistimos al resurgimiento de formas distintas de intolerancia. Ya no suelen presentarse bajo la forma de partidos únicos o regímenes totalitarios. Se expresan, más bien, mediante discursos que tienden a reducir la complejidad social a una única clave de interpretación. En determinados sectores del progresismo contemporáneo, por ejemplo, el individuo corre el riesgo de diluirse detrás de identidades colectivas cada vez más fragmentadas, mientras el desacuerdo comienza a confundirse con una falta moral antes que con el ejercicio legítimo de la libertad. El término wokismo suele emplearse para describir parte de estas tendencias, aunque su significado continúa siendo objeto de debate. Más allá de las etiquetas, el problema aparece cuando la identidad desplaza al ciudadano como sujeto central de la democracia. En ese punto dejamos de hablar el lenguaje del liberalismo político.

Pero sería un grave error creer que la alternativa consiste en abrazar un conservadurismo igualmente dispuesto a restringir las libertades civiles en nombre de una determinada concepción religiosa, nacional o moral de la sociedad. Resulta paradójico observar cómo algunos defensores de la libertad económica aceptan sin demasiadas dificultades la intervención del Estado cuando se trata de regular la vida privada o imponer determinados patrones culturales. El liberalismo clásico jamás defendió un Estado encargado de custodiar una moral oficial. Su preocupación siempre fue otra: garantizar que cada persona pudiera desarrollar su propio proyecto de vida dentro del marco constitucional y del respeto a los derechos de los demás. Esa diferencia separa a las sociedades abiertas de aquellas que aspiran a disciplinar las conciencias.

Quizá el mayor error de nuestro tiempo consista en haber olvidado que el liberalismo político nunca prometió una sociedad perfecta. Nunca creyó que los conflictos desaparecerían. Su ambición era bastante más modesta y, precisamente por ello, más realista: construir instituciones capaces de procesar pacíficamente las diferencias. Norberto Bobbio recordó que los derechos de libertad constituyen el presupuesto indispensable de toda democracia. John Rawls llegó después a una conclusión semejante cuando sostuvo que las sociedades plurales solo pueden sostenerse sobre un consenso político básico compartido por ciudadanos que discrepan acerca de casi todo lo demás. Ninguno imaginó democracias edificadas sobre la unanimidad. Ambos comprendieron que la estabilidad política nace del reconocimiento recíproco antes que de la imposición.

Conviene detenerse un momento en esta idea porque acaso allí resida una de las mayores confusiones del presente. Hemos comenzado a identificar la firmeza de las convicciones con la incapacidad de escuchar al otro. La discrepancia se interpreta con demasiada frecuencia como una agresión y el adversario termina convertido en un enemigo moral. Sin embargo, las grandes democracias no fueron construidas por ciudadanos que pensaban igual. Fueron edificadas por hombres y mujeres capaces de defender con firmeza sus principios sin dejar de reconocer idéntica legitimidad a quienes sostenían posiciones distintas. El consenso democrático nunca significó uniformidad; significó aceptar que ninguna mayoría puede apropiarse para siempre del espacio público.

Tal vez haya llegado el momento de recuperar esa vieja enseñanza. Hablar menos de enemigos y más de ciudadanos. Menos de identidades irreconciliables y más de personas. Menos de cancelaciones y más de instituciones. Las democracias sobreviven porque aceptan el conflicto, no porque logren eliminarlo. Esa ha sido, probablemente, la mayor contribución histórica del liberalismo político.

En una época dominada por los extremos, volver a esa tradición no constituye un ejercicio de nostalgia ni una invitación a ignorar los problemas del presente. Significa recordar que la libertad individual, la igualdad ante la ley y la dignidad de la persona no son conquistas definitivamente aseguradas, sino principios que cada generación debe defender nuevamente. La historia enseña que las sociedades comienzan a perder su libertad mucho antes de advertirlo. También enseña que recuperarla suele ser una empresa mucho más difícil. Quizá por eso el liberalismo político conserve, todavía hoy, una vigencia que trasciende las modas ideológicas y continúa ofreciendo uno de los fundamentos más sólidos de la convivencia democrática.

[EL CORAZON DE LAS TINIEBLAS] La política peruana nos ha acostumbrado a una paradoja recurrente: cuando un partido obtiene demasiado poder, tememos los excesos del predominio; cuando ningún grupo alcanza una mayoría clara, tememos la ingobernabilidad. Sin embargo, la configuración del nuevo Congreso podría obligarnos a revisar algunos de estos prejuicios. La ausencia de mayorías absolutas no tiene por qué traducirse necesariamente en parálisis. Por el contrario, podría convertirse en una oportunidad para construir una cultura política más dialogante y menos confrontacional que la que ha predominado durante las últimas décadas.

La experiencia de la política peruana reciente debería invitarnos a la reflexión. Los sucesivos enfrentamientos entre Ejecutivo y Legislativo desde 2016 produjeron un clima de confrontación permanente que desembocó en disoluciones congresales, vacancias presidenciales, protestas y una profunda desconfianza ciudadana hacia las instituciones. En ese contexto, la fragmentación del nuevo Parlamento podría tener un efecto inesperadamente positivo: obligar a las distintas fuerzas políticas a sentarse en la misma mesa y reconocer que ningún sector posee por sí solo la capacidad de imponer su agenda.

Resultaría particularmente interesante observar si fuerzas ideológicamente distantes son capaces de alcanzar acuerdos puntuales en asuntos de interés nacional. Renovación Popular, por ejemplo, mantiene profundas discrepancias con Ahora Nación y Juntos con el Perú en materias culturales. Sin embargo, ello no debería impedir coincidencias en temas como la lucha contra la criminalidad organizada, la mejora de la infraestructura educativa, la descentralización eficiente o el fortalecimiento de los gobiernos locales. Las democracias maduras no funcionan porque desaparecen las diferencias, sino porque los adversarios políticos aprenden a cooperar cuando el interés general lo exige.

Algo similar podría ocurrir con el fujimorismo que constituye una de las fuerzas políticas más influyentes del país durante las últimas tres décadas. Pero también es cierto que una parte considerable de la sociedad peruana continúa observándolo con desconfianza. Por ello, su disposición a debatir reformas junto con otras bancadas, escuchar posiciones distintas y rectificar decisiones controvertidas enviaría una señal política significativa a sectores que hoy permanecen alejados de su propuesta.

En este sentido, la revisión de determinadas normas cuestionadas por amplios sectores de la opinión pública podría convertirse en una oportunidad para reconstruir puentes. Durante los últimos años, numerosas voces provenientes de la academia, la prensa, la sociedad civil e incluso de instituciones vinculadas al sistema de justicia han expresado preocupación por leyes percibidas como favorables a la impunidad o insuficientemente eficaces frente al avance del crimen organizado. La disposición a discutir modificaciones o derogaciones demostraría que la política todavía conserva la capacidad de corregir sus propios errores y responder a las demandas de la ciudadanía.

La historia peruana ofrece ejemplos elocuentes de lo que ocurre cuando el consenso desaparece por completo. La crisis terminal del sistema de partidos a finales de los años ochenta, las tensiones permanentes entre poderes del Estado durante las últimas décadas y la creciente fragmentación social han dejado como saldo instituciones debilitadas y una ciudadanía cada vez más escéptica. Frente a este panorama, la construcción de acuerdos básicos no debería interpretarse como una renuncia a las convicciones, sino como un mínimo ejercicio de responsabilidad democrática.

Naturalmente, nadie espera que las diferencias ideológicas desaparezcan. Tampoco sería deseable. La democracia se alimenta del debate y de la pluralidad. Lo importante es que la competencia política deje de concebirse como una guerra en la que el objetivo consiste en destruir al adversario. Cuando los actores políticos comprenden que el país es más importante que las coyunturas electorales, la negociación deja de percibirse como una muestra de debilidad y se convierte en una expresión de madurez institucional.

Quizá la mayor oportunidad del nuevo Congreso consista precisamente en eso: demostrar que el Perú todavía es capaz de construir acuerdos en medio de la diversidad. Si las principales fuerzas políticas comprenden que la gobernabilidad no es patrimonio de una sola bancada, sino una tarea compartida, el país podría iniciar una etapa de mayor estabilidad, fortalecer sus instituciones y crear condiciones más favorables para el desarrollo. En tiempos de polarización, el consenso se constituye en la meta por excelencia. En la historia de las democracias, pocas herramientas han demostrado ser tan eficaces.