[EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS] Cada 28 de julio los peruanos conmemoramos un nuevo aniversario de nuestra Independencia. Sin embargo, cada año parece más difícil reflexionar serenamente sobre el significado de aquella fecha. El debate público se encuentra cada vez más condicionado por lecturas ideológicas que proyectan sobre el pasado las controversias del presente. Cuando ello ocurre, la historia deja de ser un espacio para comprender lo que fuimos y se convierte en un instrumento para justificar posiciones políticas actuales.

Esta tendencia adopta formas aparentemente opuestas. Una corresponde al presentismo, que juzga el pasado exclusivamente con los parámetros morales del siglo XXI y termina reduciendo procesos históricos de enorme complejidad a relaciones entre opresores y oprimidos. La otra puede identificarse con un cierto pasadismo, que idealiza determinadas etapas del pasado como si hubieran constituido una edad de oro perdida y contempla con desconfianza muchas de las transformaciones políticas y culturales de la modernidad. Aunque discrepan en sus conclusiones, ambas corrientes comparten un mismo problema: ninguna procura comprender el pasado desde las circunstancias que le dieron origen. Las dos terminan convirtiéndolo en un escenario más de las batallas culturales del presente.

En el Perú, esta forma de aproximarse a la historia ha llevado a relativizar el significado de la Independencia como momento fundacional de nuestra vida republicana. Con frecuencia se sostiene que el Perú existía mucho antes de 1821 y que, por tanto, la emancipación no constituyó un verdadero punto de quiebre. La primera afirmación es indiscutible; la segunda merece una cuidadosa reflexión.

El Perú posee una historia milenaria. Nuestra identidad se fue formando a partir del encuentro entre el legado andino, el aporte hispánico, al afrodescendiente y los múltiples procesos de mestizaje que, durante siglos, dieron origen a una sociedad singular. Esa continuidad histórica es innegable, como también lo es la vigencia de pueblos originarios que conservan una riqueza cultural propia y constituyen parte esencial de nuestra diversidad. Pero una cosa es la continuidad de una cultura y otra muy distinta el nacimiento de una comunidad política soberana.

Antes del proceso emancipador existía el Virreinato del Perú, una de las principales jurisdicciones de la monarquía española. Sus habitantes eran súbditos del rey y no ciudadanos de un Estado propio. Existía una sociedad peruana estamental, una economía virreinal e incluso una identidad territorial cada vez más definida, pero no un Estado independiente llamado Perú. Fue la Independencia la que transformó esa realidad.

Por ello, la proclamación realizada por José de San Martín el 28 de julio de 1821 representa mucho más que la ruptura del vínculo colonial. Marca el nacimiento del Perú como Estado soberano, sujeto del derecho internacional, y el inicio de un proyecto nacional. A partir de entonces comenzó la compleja tarea de construir una comunidad política integrada por ciudadanos llamados a compartir instituciones, derechos, responsabilidades y un destino común. Allí reside el verdadero carácter fundacional de la Independencia. No fundó nuestra cultura, que venía gestándose desde mucho antes, sino nuestra existencia como Estado libre y como nación políticamente organizada.

Las ideas que hicieron posible ese cambio no surgieron de manera espontánea. Durante el siglo XVIII, la Ilustración difundió nuevas concepciones sobre la libertad, la ciudadanía y la soberanía popular. Los habitantes de América comenzaron a verse, progresivamente, no solo como súbditos de la Corona, sino también como titulares de derechos políticos.

En el Perú, la Sociedad de Amantes del País y el Mercurio Peruano desempeñaron un papel decisivo al promover el conocimiento científico, económico y geográfico del territorio. Aquella labor contribuyó a despertar una conciencia cada vez más clara sobre la singularidad del país. Poco después, la crisis de la monarquía española y el liberalismo difundido por las Cortes de Cádiz incorporaron al mundo hispánico conceptos como representación política, ciudadanía, constitucionalismo y soberanía nacional. Esas ideas inspiraron a pensadores como Juan Pablo Viscardo y Guzmán e Hipólito Unanue, y terminaron proyectándose sobre la acción de los próceres y libertadores que hicieron posible la emancipación.

Negar el carácter fundacional de la Independencia equivale a desconocer el origen de nuestra propia comunidad política. El Perú no nació culturalmente en 1821, pero sí comenzó entonces su existencia como Estado soberano. Esa diferencia resulta esencial para comprender nuestra historia.

Algo semejante puede observarse en otros países de América. En México, por ejemplo, algunos discursos contemporáneos han tendido a relativizar la trascendencia histórica de la conquista española, presentándola incluso como un proceso de liberación de los pueblos sometidos por el Imperio mexica. Sin negar la existencia de alianzas indígenas decisivas para la caída de Tenochtitlan, una interpretación de esa naturaleza, llevada hasta sus últimas consecuencias, conduciría a desconocer la formación del Virreinato de la Nueva España, la implantación de las instituciones castellanas, la expansión del idioma español y la profunda influencia del derecho, la religión y la cultura hispánica en la posterior construcción del Estado mexicano. Como vemos, la historia es siempre más compleja que las simplificaciones ideológicas.

Naturalmente, reconocer el carácter fundacional de la Independencia no significa idealizar la República. Basta observar la realidad contemporánea para advertir que el proyecto republicano continúa profundamente inconcluso. Nuestra institucionalidad sigue siendo frágil; la representación política atraviesa una crisis persistente; la corrupción erosiona la confianza ciudadana; y la nación peruana aún enfrenta enormes dificultades para consolidar un auténtico sentido de pertenencia compartido. En demasiadas ocasiones seguimos comportándonos como un país dividido, incapaz de reconocerse plenamente en su diversidad.

Pero precisamente porque la República permanece inacabada, carece de sentido relativizar su nacimiento. Algunas corrientes de izquierda identitaria han tendido a presentar la historia republicana casi exclusivamente como una sucesión de exclusiones y fracasos. Al mismo tiempo, ciertos sectores conservadores contemplan el pasado virreinal con una nostalgia que termina restando importancia al significado emancipador de 1821. Ninguna de esas miradas hace justicia a la complejidad de nuestra historia.

Hace ya varias décadas, Jorge Basadre definió al Perú como una promesa. Más recientemente, Carmen Mc Evoy ha reivindicado la utopía republicana como horizonte permanente de nuestra vida política. Ambas ideas siguen plenamente vigentes porque describen una obra en permanente construcción. La República no es un proyecto concluido; es una tarea que cada generación recibe y está llamada a perfeccionar.

Este 28 de julio el Perú conmemora 205 años de vida independiente. No celebramos una República perfecta ni una nación plenamente realizada. Celebramos el momento en que los peruanos dejamos de ser súbditos para asumir la responsabilidad de gobernarnos a nosotros mismos. Desde entonces hemos avanzado, retrocedido y vuelto a empezar muchas veces. Pero esa es precisamente la naturaleza de toda construcción nacional.

La promesa de Basadre continúa pendiente. La utopía republicana evocada por Carmen Mc Evoy sigue convocándonos. Mientras esa aspiración permanezca viva, también deberá permanecer viva la voluntad de fortalecer nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestra ciudadanía. Porque la Independencia no fue el punto final de nuestra historia, sino el comienzo de la empresa colectiva más ambiciosa que hemos emprendido como sociedad: construir, por fin, el Perú que todavía nos debemos.

[OPINIÓN] Las sociedades democráticas no se sostienen únicamente sobre el principio de la voluntad mayoritaria. Descansan, sobre todo, en un conjunto de derechos fundamentales que ningún gobierno ni ninguna causa, por noble que parezca, deberían vulnerar. Esa fue precisamente la gran contribución del liberalismo político desde el siglo XVIII: comprender que la libertad del individuo constituye un límite frente al poder, cualquiera que sea su origen.

Durante las últimas décadas, sin embargo, ha comenzado a consolidarse una corriente cultural y política —discutiblemente denominada woke— que, en nombre de la reparación de injusticias históricas, parece cuestionar algunos de esos principios universales. El problema no reside en denunciar el racismo, el sexismo o cualquier otra forma de discriminación, objetivos plenamente compatibles con la democracia liberal y sus finalidades. La dificultad aparece cuando la identidad colectiva comienza a sustituir al individuo como sujeto principal de los derechos.

La libertad de expresión

Ninguna democracia puede sobrevivir si el disenso deja de ser legítimo. Desde John Stuart Mill sabemos que incluso una opinión equivocada cumple con alguna  función social determinada porque obliga a quienes supuestamente sostienen una verdad a justificarla permanentemente. Allí donde el debate desaparece, también termina debilitándose la propia libertad y asoman diversas modalidades de totalitarismo.

Por ello resulta preocupante la creciente tendencia de algunos sectores del activismo identitario a sustituir la confrontación de ideas por mecanismos de conculcación y cancelación pública. Conferencias suspendidas, profesores expulsados de las universidades, escritores censurados o ciudadanos sometidos a campañas de linchamiento digital constituyen fenómenos que ocupan y preocupan a la discusión política contemporánea. El problema no es únicamente la sanción social; es, sobre todo, el miedo que termina produciendo en quienes prefieren callar antes que exponerse a semejantes consecuencias.

Paradójicamente, un movimiento nacido para ampliar derechos corre así el riesgo de restringir el más importante de todos: el de circular y expresar nuestras ideas con absoluta libertad.

La igualdad ante la ley

El liberalismo político reemplazó los privilegios del Antiguo Régimen por un principio revolucionario: todos los ciudadanos poseen exactamente la misma dignidad jurídica. El Estado no pregunta por la raza, el sexo, la religión o el origen social al momento de reconocer derechos o no debería hacerlo. Precisamente porque todos somos diferentes, la ley debe tratarnos como iguales.

Una parte del pensamiento identitario contemporáneo propone, sin embargo, comprender la realidad a partir de comunidades diferenciadas por su condición racial, sexual o cultural. En ese marco, las personas dejan de ser consideradas como individuos únicos para convertirse en representantes de grupos históricamente oprimidos u opresores. La consecuencia es un desplazamiento del universalismo hacia una lógica de derechos diferenciados según la identidad a la que supuestamente se pertenece.

La igualdad deja entonces de constituir el punto de partida de la convivencia democrática para transformarse en una meta administrada políticamente mediante categorías colectivas. Y allí comienza a diluirse uno de los pilares fundamentales en el que se sostiene el liberalismo político.

Al respecto, queremos sostener que nuestras afirmación no se contradicen con  la aplicación de políticas públicas destinadas a favorecer a las poblaciones más vulnerables, y, precisamente bajo el principio de la igualdad ante la ley, nivelar su situación con el resto de la comunidad. Tampoco supone una igualación chata y homogénea. El Estado debe promover las diferentes manifestaciones culturales y protegerlas mientras no se muestren en abierta colisión con los derechos fundamentales

La responsabilidad individual

Uno de los mayores avances del constitucionalismo moderno consistió en establecer que cada persona responde únicamente por sus propios actos. La culpa dejó de transmitirse por la sangre, por la religión o por la pertenencia a una comunidad determinada.

Sin embargo, algunas versiones radicales de la teoría poscolonial introducen la idea de una responsabilidad histórica ligada a la identidad. El hombre blanco occidental aparece descrito como beneficiario necesario de una estructura de dominación cuyos efectos debería reconocer y expiar, con independencia de cuál haya sido su conducta personal, su situación particular, así como su riqueza o pobreza personal o familiar. Del mismo modo, determinados discursos feministas radicales tienden a interpretar la relación entre hombres y mujeres desde categorías colectivas de permanente opresión. Como si no existiese nada más, como si no hubiese también armonía y colaboración entre hombres y mujeres. ¿se trata de la guerra de los sexos?

El problema consiste en que la responsabilidad deja de ser individual para convertirse en hereditaria. Desde una perspectiva liberal, semejante desplazamiento resulta profundamente incompatible con el Estado de derecho, el constitucionalismo y la democracia. Reiteramos nuestras convicciones, no podemos, ni queremos negar las diferentes formas de discriminación y violencia que padecen las mujeres, principalmente en el tercer mundo. Pero el problema lo soluciona la política pública que protege y al proteger genera la igualdad. Ninguna política del odio y la confrontación ha resuelto jamás alguna problemática social.

La libertad académica y la memoria histórica

Las universidades existen para discutir ideas, no para conculcarlas. Del mismo modo, la historia sirve para comprender el pasado antes que para juzgarlo con parámetros morales del presente. ¡Qué gravísimo error!

En los últimos años hemos asistido al derribo de monumentos dedicados a personajes como Thomas Jefferson, cuestionado por haber sido propietario de esclavos, pese a haber contribuido decisivamente a formular los principios fundamentales del constitucionalismo moderno. Nadie pretende ocultar esa contradicción; forma parte de la historia. Lo discutible es convertirla en motivo suficiente para borrar su memoria pública. Aristóteles justificó la esclavitud en ciertos casos específicos, ¿será el próximo en ser suprimido por un ministerio de la historia tan jacobino como el que nos presentara George Orwell en su celebre 1984?

Una democracia madura no necesita héroes impecables. Necesita ciudadanos capaces de comprender que el pasado fue siempre más complejo que nuestras convicciones presentes. La manipulación contemporánea del pasado, que también atañe a las derechas contemporáneas, le hace un flaco favor a la memoria del pasado que se merece nuestra civilización. 

La universalidad de los derechos humanos

La idea más poderosa del liberalismo político consiste probablemente en afirmar que todos los seres humanos poseen los mismos derechos simplemente por haber nacido tales. Esa universalidad explica la extraordinaria fuerza moral alcanzada por la Declaración Universal de Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948.

Las corrientes identitarias más radicales pretender invertir este razonamiento. El centro deja de ser el individuo para situarse en la comunidad de pertenencia: la etnia, el sexo, la orientación sexual o la historia colonial. Poco a poco, el ciudadano universal es reemplazado por un mosaico de grupos que reclaman derechos diferenciados según su experiencia histórica particular. Al respecto una advertencia, la última corriente que se dedicó a diferenciar a las personas en virtud de su origen étnico fue el régimen nazi y ya sabemos como terminó dicha aventura demencial.

Además, cuanto más se fortalece esa visión fragmentada de la sociedad, más difícil resultará construir consensos democráticos. Allí donde cada grupo posee una verdad distinta y derechos concebidos desde identidades irreconciliables, el espacio común sobre el cual descansa la ciudadanía comienza inevitablemente a reducirse y a precipitarse en un espiral descendiente y conflictivo.

Conclusión

Sería injusto afirmar que todo el movimiento denominado woke constituye una amenaza para la democracia. Muchas de sus reivindicaciones —la lucha contra el racismo, la discriminación o la violencia contra las mujeres— responden a problemas reales que las sociedades democráticas deben enfrentar. El error aparece cuando esos objetivos legítimos terminan justificando la relativización de principios que hicieron posible la expansión de los derechos civiles durante los últimos dos siglos.

La democracia liberal nunca prometió eliminar todas las desigualdades existentes. Prometió algo distinto y quizá más difícil: garantizar que personas profundamente diferentes pudieran convivir bajo las mismas reglas, con los mismos derechos y con absoluta igualdad ante la ley . Cuando el individuo deja de ser el sujeto principal de esos derechos y es sustituido por la identidad colectiva, la democracia comienza a resquebrajarse pues abdica del principal pilar en el que se sostiene: su vocación universalista.

Comprender Concepción exige situarla en su contexto histórico. Más que un enfrentamiento aislado, fue el desenlace de una compleja campaña desarrollada en la sierra central del Perú, donde la geografía, el respaldo de la población y la capacidad de adaptación de los ejércitos emparejaron al número de soldados o la calidad de las armas. Allí, lejos de los grandes puertos y de las batallas costeras que caracterizaron las primeras campañas de la guerra, se desarrolló una forma distinta de combatir: la guerra de movimientos y de desgaste permanente del adversario.

Tras la ocupación de Lima en enero de 1881, el alto mando chileno esperaba que la resistencia peruana se extinga. Sin embargo, en la sierra central, Andrés Avelino Cáceres levantó el Ejército del Centro compuesto por los sobrevivientes de las campañas anteriores, nuevos voluntarios y contingentes reclutados en las zonas altoandinas. El laureado general ayacuchano buscaba una guerra en la que el teatro de operaciones favoreciese a quien mejor conociera el territorio y quien pudiera desenvolverse con más rapidez entre quebradas, caminos estrechos y elevadas cordilleras.

Junto al ejército regular apareció un actor decisivo: las guerrillas campesinas. Integradas principalmente por comuneros de la sierra central, en particular del Valle del Mantaro. Estas fuerzas carecían de instrucción militar y armamento moderno. Muchos combatían con viejos fusiles, pero un número considerable recurría todavía a hondas, lanzas improvisadas, machetes e incluso piedras. Aquella desigualdad material fue compensada por un profundo conocimiento del terreno, una extraordinaria movilidad y la convicción de defender sus pueblos frente a un ejército ocupante que, durante el trayecto de la expedición chilena al mando del coronel Ambrosio Letelier, se mostró excesivamente represor con la población campesina comunitaria que encontró a su paso.

El rol de las guerrillas -distintas al ejército regular de Cáceres- resultó fundamental. Los campesinos proporcionaban información constante sobre los desplazamientos enemigos, servían de enlace entre las distintas columnas peruanas, dificultaban el abastecimiento chileno y hasta participaban directamente en los combates. También hostigaban al enemigo en su recorrido colocando trampas a su paso o lanzándole enormes rocas -las galgas- desde las alturas de las quebradas. La guerra había dejado de librarse únicamente entre dos ejércitos para incorporar a sectores de la población civil, en especial al mundo andino del que, hasta entonces, el Estado peruano no se había ocupado a no ser para facilitar su reducción a servidumbre al interior de enormes e inhóspitas haciendas.

Cáceres supo comprender muy pronto el enorme potencial de aquella alianza ejército-pueblo. La combinación entre disciplina militar y participación popular fue el rasgo más notable de la resistencia peruana durante los últimos años de la guerra.

La batalla de Concepción

La columna chilena al mando del coronel Estanislao del Canto enfrentaba una realidad muy distinta. Se extrañaba la guerra en la costa, en la que se contaba con la casi certeza de vencer debido a su topología por lo general llana, a la notable superioridad militar de sus fuerzas  y al apoyo de sus poderosos blindados de guerra fondeados en aguas aledañas. Aunque en la sierra los soldados chilenos disponían de fusiles modernos, abundante munición y una organización militar superior Esta vez debían operar en un territorio montañoso y hostil, muy alejados de sus bases de operaciones que permanecían en Lima, ocupada en enero de 1881.

Además, el control efectivo del valle del Mantaro exigía ocupar numerosas localidades a la vez, proteger convoyes de abastecimiento y mantener abiertas las comunicaciones con las demás fuerzas de ocupación. Estas necesidades operacionales obligaron al mando chileno a dispersar sus efectivos: ¡y este era el error que Cáceres esperaba para atacar!

Fue precisamente en ese contexto cuando se destacó a la localidad de Concepción una compañía del Regimiento Chacabuco, al mando del capitán Ignacio Carrera Pinto. La pequeña guarnición estaba integrada por apenas setenta y siete soldados, bien armados y disciplinados, pero completamente aislados del resto de sus fuerzas. Frente a ellos comenzaron a reunirse centenares de combatientes peruanos pertenecientes tanto al ejército regular de Cáceres como a las guerrillas campesinas de la sierra central. La desproporción numérica a favor los atacantes era agobiante, aunque el armamento, la munición y la tecnología favorecía a los defensores.

La resistencia chilena durante las jornadas del 9 y 10 de julio fue notable. Carrera Pinto y sus hombres rechazaron sucesivos ataques mientras les fue posible, aprovechando la superioridad de sus armas y la solidez de las edificaciones que ocupaban. Solo cuando las municiones comenzaron a agotarse y la situación se volvió insostenible, la lucha derivó en un combate cuerpo a cuerpo. Ninguno de los integrantes de la guarnición sobrevivió. Militarmente, la victoria correspondió al Perú pero Chile encontró en aquel sacrificio un relato fundacional de su tradición militar.

Teniente Ignacio Carrera Pinto, comandaba la guarnición chilena en Concepción

La victoria peruana en Concepción no fue fruto del azar ni exclusivamente de la superioridad numérica alcanzada durante el combate. Constituyó el resultado de la acertada estrategia militar de Andrés Avelino Cáceres. Aquella forma de combatir terminó obligando al ejército chileno a dispersar sus efectivos, lo que lo condujo directo a una contundente derrota, la mayor y de más repercusión de toda la Guerra del Pacífico.

Además, este triunfo fue parte de un ataque simultaneo de las fuerzas caceristas que también incluyó las cercanas localidades de Marcavalle y Pucará, cuyas batallas también se coronaron con la victoria sobre el 9 de julio de 1882. La campaña de la Breña demuestra que el célebre «Brujo de los Andes» no fue únicamente un jefe valeroso, además fue un conductor militar brillante, capaz de adaptar sus operaciones a un escenario profundamente adverso.

Reflexión sobre la batalla de Concepción

El interés histórico de la batalla Concepción trasciende el plano militar. A diferencia de otras acciones de armas, esta batalla terminó ocupando un lugar privilegiado en la memoria colectiva de ambos países, aunque por razones muy distintas. Para el Perú representa una victoria obtenida en condiciones particularmente adversas y una prueba confirmatoria de que la resistencia organizada por Cáceres contenía una innegable capacidad ofensiva. Para Chile, en cambio, simboliza el sacrificio llevado hasta sus últimas consecuencias por una pequeña unidad militar que decidió combatir aun cuando toda posibilidad de supervivencia parecía imposible.

Desde esa perspectiva, Concepción ocupa en la memoria chilena un lugar comparable al que la batalla de Arica ocupa en la memoria peruana. En ambos casos, el desenlace militar quedó subordinado al significado moral atribuido posteriormente por cada sociedad. El Perú recuerda a Francisco Bolognesi y a los defensores del Morro como paradigma del cumplimiento del deber hasta el sacrificio supremo. Chile honra a Ignacio Carrera Pinto y a sus hombres bajo un principio semejante. Se trata de dos relatos nacionales construidos sobre experiencias distintas, pero unidos por una misma valoración del coraje frente a una situación desesperada de la que no podía esperarse la victoria.

Reconocer esa semejanza no supone establecer falsas equivalencias. Significa, simplemente, aceptar que el heroísmo no constituye patrimonio exclusivo de ninguna nación. Los soldados pueden combatir por banderas distintas y, al mismo tiempo, dar muestras de un valor personal que merece ser recordado por la posteridad.

Quizá sea precisamente allí donde la historia pueda ofrecer una de sus contribuciones más valiosas al presente. Durante demasiado tiempo, la memoria de la Guerra del Pacífico fue utilizada para alimentar relatos nacionales construidos desde la exaltación del propio bando o la descalificación del adversario. Esa visión, comprensible en las décadas inmediatamente posteriores al conflicto, resulta insuficiente para dos sociedades que hoy mantienen intensas relaciones económicas, culturales, académicas y humanas. El conocimiento histórico no debería servir para perpetuar una rivalidad, sino para comprender con mayor profundidad las complejidades del pasado.

En diversos trabajos he sostenido que la reconciliación entre el Perú y Chile no exige renunciar a la memoria nacional ni relativizar el sufrimiento experimentado durante la guerra. Muy por el contrario, una reconciliación auténtica solo puede construirse sobre el reconocimiento sincero de ese pasado. Recordar Arica no obliga a desconocer Concepción, como recordar Concepción tampoco exige minimizar el significado que Arica posee para los peruanos. Ambas memorias pueden coexistir sin excluirse mutuamente, del mismo modo que dos pueblos pueden honrar a sus héroes sin convertirlos en instrumentos permanentes de confrontación.

La experiencia europea posterior a la Segunda Guerra Mundial demuestra que incluso los conflictos más devastadores pueden dar paso, con el tiempo, a procesos sólidos de entendimiento. Francia y Alemania, enfrentadas durante generaciones, lograron convertir una historia marcada por las guerras en uno de los pilares de la integración europea. Salvando las enormes diferencias de contexto, el Perú y Chile también poseen las condiciones para seguir profundizando un camino semejante. Compartimos una geografía, una historia entrelazada y desafíos comunes que exigen mirar el futuro con mayor amplitud de miras. Luego, no puede pasarse por alto que existen episodios discutibles de la Guerra del Pacífico, como el incendio del puerto de Mollendo, del balneario de Chorrillos o la destrucción de la costa norte del Perú, que ameritan una reflexión serena entre las partes poder ofrecerles a sus sociedades los gestos de empatía y recogimiento que permitan emplazarlos en un lugar en el pasado que ya no se filtre al presente bajo la forma de una memoria doliente.

Concepción nos recuerda, finalmente, que la grandeza de los pueblos no reside únicamente en sus victorias, sino también en la forma como son capaces de recordar a quienes combatieron con honor. Los soldados y campesinos peruanos que defendieron su patria durante la Campaña de la Breña y los jóvenes chilenos que resistieron hasta el final en el pueblo de Concepción pertenecen a la historia de ambas naciones. Honrar su memoria no significa prolongar la guerra en el terreno del recuerdo, sino comprender que el respeto hacia el valor del antiguo adversario constituye también una forma superior de patriotismo. Quizá esa sea una de las lecciones más perdurables que todavía puede ofrecernos la Guerra del Pacífico.

[EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS] Pocas tradiciones políticas han sido tan discutidas y, al mismo tiempo, tan decisivas para la historia contemporánea como el liberalismo. Nacido entre las revoluciones atlánticas del siglo XVIII y consolidado a lo largo del XIX, contribuyó a derribar el absolutismo, limitó el poder del Estado, afirmó la igualdad jurídica de los ciudadanos y abrió el camino hacia las democracias constitucionales. Pero su mayor aporte quizá no resida en ninguna de esas conquistas por separado. Consistió, sobre todo, en responder una pregunta que sigue acompañándonos hasta hoy: ¿cómo pueden convivir pacíficamente personas que piensan distinto sin que unas pretendan imponer definitivamente su visión sobre las otras?

La respuesta liberal fue extraordinariamente sencilla y, precisamente por ello, revolucionaria. Ninguna autoridad —ni el Estado, ni una iglesia, ni una mayoría circunstancial, ni una ideología— debía concentrar un poder capaz de anular la libertad de los individuos. Desde John Locke hasta John Stuart Mill, el liberalismo político edificó un conjunto de instituciones destinadas a contener el poder antes que a expandirlo. Mill resumió esa convicción con una frase que continúa interpelándonos más de siglo y medio después: «si toda la humanidad, menos una persona, tuviera una misma opinión, la humanidad no estaría más justificada en silenciar a esa única persona que ella en silenciar a la humanidad». Difícilmente pueda encontrarse una defensa más lúcida de la libertad de conciencia.

No deja de resultar llamativo que una idea nacida hace más de dos siglos conserve semejante actualidad. La razón es sencilla: las sociedades nunca dejaron de ser plurales. Cambian las épocas, los conflictos y los lenguajes políticos, pero permanece la dificultad de aceptar que quienes discrepan no por ello dejan de formar parte de la misma comunidad política. El liberalismo comprendió muy temprano que la diversidad de opiniones no constituye una enfermedad de la democracia, sino su condición más natural. Allí donde todos piensan igual, la libertad deja de tener objeto.

La historia del siglo XX confirmó dramáticamente esa intuición. Fascismo y comunismo, pese a sus profundas diferencias doctrinarias, compartieron una misma aspiración: reorganizar la sociedad alrededor de una verdad considerada absoluta. Ambos identificaron enemigos irreconciliables, ambos prometieron redimir a la humanidad y ambos terminaron subordinando los derechos individuales a un supuesto interés superior. Europa pagó un precio inmenso por esa ilusión. Cuando finalmente las democracias occidentales lograron reconstruirse después de la guerra, parecía haberse consolidado un consenso elemental: ninguna causa política justificaba sacrificar las libertades fundamentales. Durante algún tiempo pareció una lección definitiva. La historia, sin embargo, rara vez concede victorias permanentes.

Hoy asistimos al resurgimiento de formas distintas de intolerancia. Ya no suelen presentarse bajo la forma de partidos únicos o regímenes totalitarios. Se expresan, más bien, mediante discursos que tienden a reducir la complejidad social a una única clave de interpretación. En determinados sectores del progresismo contemporáneo, por ejemplo, el individuo corre el riesgo de diluirse detrás de identidades colectivas cada vez más fragmentadas, mientras el desacuerdo comienza a confundirse con una falta moral antes que con el ejercicio legítimo de la libertad. El término wokismo suele emplearse para describir parte de estas tendencias, aunque su significado continúa siendo objeto de debate. Más allá de las etiquetas, el problema aparece cuando la identidad desplaza al ciudadano como sujeto central de la democracia. En ese punto dejamos de hablar el lenguaje del liberalismo político.

Pero sería un grave error creer que la alternativa consiste en abrazar un conservadurismo igualmente dispuesto a restringir las libertades civiles en nombre de una determinada concepción religiosa, nacional o moral de la sociedad. Resulta paradójico observar cómo algunos defensores de la libertad económica aceptan sin demasiadas dificultades la intervención del Estado cuando se trata de regular la vida privada o imponer determinados patrones culturales. El liberalismo clásico jamás defendió un Estado encargado de custodiar una moral oficial. Su preocupación siempre fue otra: garantizar que cada persona pudiera desarrollar su propio proyecto de vida dentro del marco constitucional y del respeto a los derechos de los demás. Esa diferencia separa a las sociedades abiertas de aquellas que aspiran a disciplinar las conciencias.

Quizá el mayor error de nuestro tiempo consista en haber olvidado que el liberalismo político nunca prometió una sociedad perfecta. Nunca creyó que los conflictos desaparecerían. Su ambición era bastante más modesta y, precisamente por ello, más realista: construir instituciones capaces de procesar pacíficamente las diferencias. Norberto Bobbio recordó que los derechos de libertad constituyen el presupuesto indispensable de toda democracia. John Rawls llegó después a una conclusión semejante cuando sostuvo que las sociedades plurales solo pueden sostenerse sobre un consenso político básico compartido por ciudadanos que discrepan acerca de casi todo lo demás. Ninguno imaginó democracias edificadas sobre la unanimidad. Ambos comprendieron que la estabilidad política nace del reconocimiento recíproco antes que de la imposición.

Conviene detenerse un momento en esta idea porque acaso allí resida una de las mayores confusiones del presente. Hemos comenzado a identificar la firmeza de las convicciones con la incapacidad de escuchar al otro. La discrepancia se interpreta con demasiada frecuencia como una agresión y el adversario termina convertido en un enemigo moral. Sin embargo, las grandes democracias no fueron construidas por ciudadanos que pensaban igual. Fueron edificadas por hombres y mujeres capaces de defender con firmeza sus principios sin dejar de reconocer idéntica legitimidad a quienes sostenían posiciones distintas. El consenso democrático nunca significó uniformidad; significó aceptar que ninguna mayoría puede apropiarse para siempre del espacio público.

Tal vez haya llegado el momento de recuperar esa vieja enseñanza. Hablar menos de enemigos y más de ciudadanos. Menos de identidades irreconciliables y más de personas. Menos de cancelaciones y más de instituciones. Las democracias sobreviven porque aceptan el conflicto, no porque logren eliminarlo. Esa ha sido, probablemente, la mayor contribución histórica del liberalismo político.

En una época dominada por los extremos, volver a esa tradición no constituye un ejercicio de nostalgia ni una invitación a ignorar los problemas del presente. Significa recordar que la libertad individual, la igualdad ante la ley y la dignidad de la persona no son conquistas definitivamente aseguradas, sino principios que cada generación debe defender nuevamente. La historia enseña que las sociedades comienzan a perder su libertad mucho antes de advertirlo. También enseña que recuperarla suele ser una empresa mucho más difícil. Quizá por eso el liberalismo político conserve, todavía hoy, una vigencia que trasciende las modas ideológicas y continúa ofreciendo uno de los fundamentos más sólidos de la convivencia democrática.

[EL CORAZON DE LAS TINIEBLAS] La política peruana nos ha acostumbrado a una paradoja recurrente: cuando un partido obtiene demasiado poder, tememos los excesos del predominio; cuando ningún grupo alcanza una mayoría clara, tememos la ingobernabilidad. Sin embargo, la configuración del nuevo Congreso podría obligarnos a revisar algunos de estos prejuicios. La ausencia de mayorías absolutas no tiene por qué traducirse necesariamente en parálisis. Por el contrario, podría convertirse en una oportunidad para construir una cultura política más dialogante y menos confrontacional que la que ha predominado durante las últimas décadas.

La experiencia de la política peruana reciente debería invitarnos a la reflexión. Los sucesivos enfrentamientos entre Ejecutivo y Legislativo desde 2016 produjeron un clima de confrontación permanente que desembocó en disoluciones congresales, vacancias presidenciales, protestas y una profunda desconfianza ciudadana hacia las instituciones. En ese contexto, la fragmentación del nuevo Parlamento podría tener un efecto inesperadamente positivo: obligar a las distintas fuerzas políticas a sentarse en la misma mesa y reconocer que ningún sector posee por sí solo la capacidad de imponer su agenda.

Resultaría particularmente interesante observar si fuerzas ideológicamente distantes son capaces de alcanzar acuerdos puntuales en asuntos de interés nacional. Renovación Popular, por ejemplo, mantiene profundas discrepancias con Ahora Nación y Juntos con el Perú en materias culturales. Sin embargo, ello no debería impedir coincidencias en temas como la lucha contra la criminalidad organizada, la mejora de la infraestructura educativa, la descentralización eficiente o el fortalecimiento de los gobiernos locales. Las democracias maduras no funcionan porque desaparecen las diferencias, sino porque los adversarios políticos aprenden a cooperar cuando el interés general lo exige.

Algo similar podría ocurrir con el fujimorismo que constituye una de las fuerzas políticas más influyentes del país durante las últimas tres décadas. Pero también es cierto que una parte considerable de la sociedad peruana continúa observándolo con desconfianza. Por ello, su disposición a debatir reformas junto con otras bancadas, escuchar posiciones distintas y rectificar decisiones controvertidas enviaría una señal política significativa a sectores que hoy permanecen alejados de su propuesta.

En este sentido, la revisión de determinadas normas cuestionadas por amplios sectores de la opinión pública podría convertirse en una oportunidad para reconstruir puentes. Durante los últimos años, numerosas voces provenientes de la academia, la prensa, la sociedad civil e incluso de instituciones vinculadas al sistema de justicia han expresado preocupación por leyes percibidas como favorables a la impunidad o insuficientemente eficaces frente al avance del crimen organizado. La disposición a discutir modificaciones o derogaciones demostraría que la política todavía conserva la capacidad de corregir sus propios errores y responder a las demandas de la ciudadanía.

La historia peruana ofrece ejemplos elocuentes de lo que ocurre cuando el consenso desaparece por completo. La crisis terminal del sistema de partidos a finales de los años ochenta, las tensiones permanentes entre poderes del Estado durante las últimas décadas y la creciente fragmentación social han dejado como saldo instituciones debilitadas y una ciudadanía cada vez más escéptica. Frente a este panorama, la construcción de acuerdos básicos no debería interpretarse como una renuncia a las convicciones, sino como un mínimo ejercicio de responsabilidad democrática.

Naturalmente, nadie espera que las diferencias ideológicas desaparezcan. Tampoco sería deseable. La democracia se alimenta del debate y de la pluralidad. Lo importante es que la competencia política deje de concebirse como una guerra en la que el objetivo consiste en destruir al adversario. Cuando los actores políticos comprenden que el país es más importante que las coyunturas electorales, la negociación deja de percibirse como una muestra de debilidad y se convierte en una expresión de madurez institucional.

Quizá la mayor oportunidad del nuevo Congreso consista precisamente en eso: demostrar que el Perú todavía es capaz de construir acuerdos en medio de la diversidad. Si las principales fuerzas políticas comprenden que la gobernabilidad no es patrimonio de una sola bancada, sino una tarea compartida, el país podría iniciar una etapa de mayor estabilidad, fortalecer sus instituciones y crear condiciones más favorables para el desarrollo. En tiempos de polarización, el consenso se constituye en la meta por excelencia. En la historia de las democracias, pocas herramientas han demostrado ser tan eficaces.

[EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS] Hoy, 7 de junio de 2026, millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir a su nuevo presidente en segunda vuelta. También un día como hoy, hace 146 años, se libró la infausta batalla de Arica, en la que aproximadamente mil quinientos combatientes peruanos defendieron el austral puerto de la República frente a una fuerza invasora de cerca de seis mil soldados chilenos que avanzaba desde el norte, el sur y el mar.

La batalla de Arica encuentra una de sus principales explicaciones en la derrota naval sufrida por el Perú en Angamos, el 8 de octubre de 1879. Aquel día cayeron el almirante Miguel Grau y buena parte de la tripulación del célebre monitor Huáscar, embarcación que durante cinco meses logró inmovilizar estratégicamente a la escuadra chilena y retrasar los planes de invasión terrestre del enemigo.

En 1872, Chile dispuso la construcción de dos poderosos blindados en astilleros británicos. Cada una de estas naves poseía una capacidad de combate capaz de superar a la fragata Independencia, el buque más importante de la Marina peruana. Apenas se conoció la noticia, el gobierno del coronel José Balta inició gestiones para encargar unidades similares en Inglaterra. Miguel Grau, entonces comandante del Huáscar, respaldó decididamente aquella iniciativa.

Aunque resulta imposible establecer con absoluta certeza las motivaciones que impulsaron las  adquisiciones navales de Chile, es evidente que la construcción de aquellos blindados modificaba sustancialmente el equilibrio estratégico en el Pacífico sur. Conviene recordar que también en 1872 se constituyó la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, consolidándose así una poderosa presencia chileno-británica en la explotación y comercialización del salitre. Ello incrementó la competencia con la producción procedente de la entonces provincia peruana de Tarapacá y de su principal puerto exportador, Iquique.

Tras el cambio de gobierno producido ese mismo año, el presidente Manuel Pardo optó por abandonar el proyecto naval heredado de Balta y concentrar los recursos disponibles en la culminación de los ferrocarriles Central y del Sur, emprendimientos iniciados en 1870. Su propósito era encontrar una alternativa económica capaz de sustituir al guano, cuya explotación mostraba claros signos de agotamiento y cuyos beneficios se hallaban, en gran medida, comprometidos por el contrato suscrito con la casa Dreyfus en 1869.

Otro factor decisivo para la paralización del programa naval fue la crítica situación fiscal que atravesaba el país, consecuencia de una administración deficiente de las finanzas públicas, agravada por prácticas de corrupción ampliamente extendidas. En su Memoria de 1878, presentada como Comandante General de Marina, Miguel Grau volvió a advertir sobre el deterioro material de la escuadra peruana y la necesidad de fortalecerla ante la incorporación de los blindados chilenos construidos en Inglaterra. Una vez más, sus advertencias no encontraron eco suficiente en las más altas instancias del Estado.

He querido reflexionar sobre la batalla de Arica desde esta perspectiva porque resulta legítimo preguntarse si, bajo una conducción estatal más previsora, responsable y consciente de los desafíos geopolíticos de su tiempo, aquel combate habría llegado siquiera a producirse. Probablemente tampoco se habría suscrito un tratado de alianza que comprometía al Perú a intervenir en una eventual guerra entre Bolivia y Chile, conflicto que finalmente estalló y terminó arrastrando a nuestro país a una conflagración de enormes proporciones. Del mismo modo, resulta discutible el envío de una misión mediadora a Santiago cuando el Perú no estaba dispuesto a asumir una posición de neutralidad, circunstancia que proporcionó a Chile un argumento —o, si se prefiere, un pretexto— para declarar la guerra.

Por supuesto, honra a la nación contar con héroes de la talla de Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte y Miguel Grau: el primero defendiendo la plaza “hasta quemar el último cartucho”; el segundo inmolándose en el Morro antes que permitir la captura del pabellón nacional; y el tercero enfrentando en el Huáscar a fuerzas navales muy superiores. Sin embargo, por admirable que resulte su sacrificio, siempre habría sido preferible que hubiesen envejecido rodeados de sus familias y fallecido en tiempos de paz.

Hoy no es un día cualquiera. Es 7 de junio, aniversario de la batalla de Arica, nuestra propia Termópilas: la lucha por el terruño, por el honor y por una idea de nación profundamente sentida. Pero también es la jornada en que elegimos a un nuevo presidente de la República.

Resulta absurdo exigir a los ciudadanos que “voten bien”. ¿Qué significa exactamente votar bien? La cuestión fundamental es otra: quien resulte elegido debe estar a la altura de la enorme responsabilidad que la ciudadanía deposita en sus manos. Gobernar implica conducir el Estado de manera eficaz para generar bienestar, reducir desigualdades y ampliar oportunidades.

El abandono histórico de amplias zonas rurales andinas y amazónicas, las persistentes brechas educativas y las deficiencias del sistema de salud son realidades inocultables. Sin educación de calidad no existe desarrollo sostenible. Quizá por ello, aunque todos admiramos a Bolognesi, Ugarte y Grau, todavía no hemos logrado consolidarnos plenamente como esa comunidad imaginada, diversa y cohesionada a la vez, llamada Perú. Con demasiada frecuencia seguimos percibiéndonos como grupos separados antes que como integrantes de un proyecto nacional compartido.

Mi único llamado, en este nuevo aniversario del Día de la Bandera, es el de un ciudadano a sus gobernantes presentes y futuros: responsabilidad, capacidad de gestión y una mejora sustancial de los servicios públicos. Pensemos en una patria moderna, desarrollada y dotada de infraestructura de primer nivel. Recordemos que países como China y Corea del Sur se encontraban, hace apenas seis décadas, en condiciones comparables o incluso inferiores a las nuestras. Ha llegado la hora de construir la república que durante tanto tiempo hemos postergado. Porque, en muchos sentidos, todavía estamos comenzando.

Cómo citarnos:

Parodi Revoredo, Daniel (2026, 7 de junio). El otro 7 de junio. Colocar aquí el link de la nota
Imagen: Lienzo de Agostino Marazani (1905)

[EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS] Cuando Pablo Guede asumió la dirección técnica, su llegada era un absoluto misterio. Con pergaminos apenas regulares, su debut ante Dos de Mayo de Uruguay fue un fracaso rotundo. Sin embargo, el equipo aún no estaba listo; era lo sano y justo concederle el beneficio de la duda a un hombre que merecía la oportunidad de demostrar su valía.

El exentrenador de Colo-Colo tuvo un acierto colosal: fichar a Esteban Pávez. Su contratación reavivó la incertidumbre, e incluso, desde Chile, los hinchas albos agradecían que los libraran de un jugador supuestamente «salado». No sé si en el club hermano se habrán liberado de una mala racha, pero lo cierto es que a Matute llegó un auténtico crack: el ancla, la balanza, el equilibrio y, en ocasiones decisivas, el autor de goles fundamentales.

Guede logró lo que sus antecesores no pudieron: consolidar un once base. Cuando un técnico estructura un equipo sólido, solidario y bien respaldado por una buena banca, las posibilidades son infinitas. El estratega aprovechó cada recurso; Alianza mantuvo siempre una identidad clara, pero con variantes tácticas que confundieron a sus rivales, tal como ocurrió ayer ante Los Chankas de Andahuaylas.

Parecía una regla de oro que Paolo Guerrero jugara siempre como referente de área —puesto que domina desde hace un cuarto de siglo—, pero anoche el guion cambió. Guede lo recostó por una banda y dejó en punta a Erick Castillo, un absoluto bólido. Los Chankas no descifraron el movimiento, Alianza golpeó primero, y la pizarra funcionó a la perfección. Este impecable manejo táctico ha sido la constante fecha tras fecha.

Escribo estas líneas como analista, pero también como hincha, y es justo reconocerlo. Al no ser periodista deportivo, mi enfoque prescinde de los moldes tradicionales. Siempre he detestado la informalidad farandulera que rodea al futbolista local; conductas que se alejan por completo del verdadero profesionalismo.

Sin condenar sin pruebas, considero que lo sucedido en Montevideo exige una sentencia firme por parte de las autoridades competentes. En todo caso, Alianza Lima hizo lo correcto al limpiar la casa y apartar a quienes dañaban el prestigio de la institución y que, formando parte de ella, la referían como “puterío”. Tras la salida de esos pseudodeportistas, se priorizó el orden. A partir de esa purga se construyó la disciplina; de la disciplina nació la solidaridad, y de la solidaridad se ensambló el equipo actual: un plantel que sabe a lo que juega y que tiene claro el objetivo final de fin de año.

En el Perú, pocas veces triunfa la seriedad sobre la informalidad. Este campeonato es la excepción a la regla. Corresponde ahora a los dirigentes mantener esta línea de conducta hacia el futuro, actuando como celosos guardianes de una institución tradicional cuyos millones de hinchas, repartidos por todo el mundo, merecen un club a la altura de su historia.

[EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS] Voy a tratar un tema de cuya vigencia dudo. Y dudo porque desde hace menos de una década ha irrumpido en el mundo la derecha global libertaria para la cual los derechos humanos significan poco menos que nada. Lo hemos visto recientemente en Estados Unidos con el trato inhumano brindado por los agentes de migraciones del gobierno a cualquier persona que pudiese “parecer inmigrante” y a cualquiera otra que, no pareciéndolo, se atreviese a defenderla o, sencillamente, por cerrarle el paso, sin siquiera proponérselo, a los temibles ICE.

Esto le sucedió el 7 de enero de 2026 a Renée Nicole Good una ciudadana estadounidense de 37 años que, sin querer, bloqueó el camino de los susodichos agentes, y que, luego de ser conminada a sacar su vehículo no fue lo suficientemente perita en la maniobra. El resultado: un agente la ultimó de tres balazos en la cabeza.

Los intelectuales del entorno libertario ya han comenzado a teorizar sobre el tema. Hablan de una Real Politik, en otras palabras, de la ley del más fuerte, o de la jungla, como nuevo paradigma que suplantará a todo el sistema de leyes y constituciones que se han elaborado en Occidente desde el advenimiento de la modernidad política, con la Revolución Francesa de 1789.

En este punto, el cambio paradigmático es absoluto: lo abarca todo. Toda la vida, toda la manera de relacionarnos entre los seres humanos estará regida directamente por las relaciones de poder entre ellos, y prevalecerán siempre los más poderosos . Este marco general es báscio pero recordemos que la Constitución de los Estados Unidos de América, aunque liberal, es también básica. Pareciera que a las bondades del derecho anglosajón les estuviésemos dando la vuelta para justificar el poder ilimitado del tirano.

No caigamos en la ingenuidad, el poderoso ha prevalecido siempre, desde los primeros tiempos de la sedentarización, desde que el hombre supo acumular alimentos y ganadería. Entonces surgieron los poderosos, los que capitalizaron las ganancias en nombre de deidades con las que se comunicaban para controlar lo que todos requerían urgentemente: a la naturaleza, para así asegurar la subsistencia colectiva.

Los marcos legales, las constituciones, la evolución de los derechos fundamentales desde el siglo XVIII en adelante no suprimieron el poder, ni todas las ventajes que otorga ostentarlo. No obstante, mitigaron hasta donde pudieron algunos abusos. Los derechos franceses contuvieron un poco al gigantesco Leviatán cuando intentaba  arrasar con el individuo y con su propiedad; la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se constituyó en una segunda barrera frente a ese Estado: el ser humano, y su derecho a la vida se colocaron en la cima de la civilización precisamente porque Hitler nos deshumanizó como no se han deshumanizado jamás los animales, ninguna especie que se conozca. ¿Qué pasa si hacemos tabla rasa de todo aquello?

Y luego la izquierda cree, como siempre, que el problema es todo de la derecha. Pero esta vez el problema lo comenzó la izquierda. ¿Universalidad o diferencia? Dijeron: la igualdad discrimina. Dijeron: nosotros no queremos ser iguales, queremos un código para cada uno, queremos legislar la diferencia y proteger al vulnerable desde la ley. Se abre, claro, un largo debate que atañe la multiculturalidad, la interculturalidad, los modelos de convivencia democrática de Norbert Bilbeny y un largo etc.

Sin embargo, el progresismo no se quedó allí, sus planteamientos adoptaron pronto tono de denuncia y su praxis política ribetes de una intolerancia y jacobinismo político nunca vistos. Entonces los mismos derechos que hoy pisotea el libertarismo los pisoteó primero el progresismo wokista y los derechos que fueron conculcados por él pueden enumerarse: el derecho a la libertad de opinión, el derecho a la igualdad, el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de la inocencia, el derecho al honor y a la reputación y un bastante largo etc. En pocas palabras, a la nueva generación de las redes sociales le valió madres todo. ¿Qué respuesta esperaban encontrar? ¿la de un mundo que dócilmente se entregaba a sus brazos? Así suelen ser los errores de juventud; en este caso, los de un movimiento jacobino que nunca verá la madurez: no se toparon con un mundo dócil,  se toparon con Donald Trump.

Y ahora, a quienes nos mantuvimos en el sentido común, nos queda, en medio de una guerra sin cuartel, que ya se sabe quien ganará, esperar encontrar los adeptos necesarios para colocar de nuevo a los derechos en la agenda mundial, aunque sea un poco. Hace 130 años, González Prada dijo que los viejos debían temblar ante los niños, ¿suscribiría sus palabras al contemplar el mundo contemporáneo?