[OPINIÓN] Hay algo paradójico en la política peruana de nuestros días: nos hemos acostumbrado tanto al enfrentamiento que empezamos a mirar con desconfianza a quienes intentan evitarlo. La búsqueda de acuerdos parece sospechosa, la voluntad de escuchar al adversario se confunde con debilidad y la disposición a reunir posiciones distintas suele interpretarse como falta de carácter. Acaso este sea uno de los síntomas más preocupantes del deterioro de nuestra cultura democrática: hemos perdido, en buena medida, la capacidad de reconocerla cuando se manifiesta.

La democracia no consiste únicamente en organizar elecciones, distribuir escaños o contabilizar votos. Tampoco se agota en la competencia entre partidos ni en la confrontación de ideas, indispensable, por cierto, en cualquier sociedad libre. La democracia supone, sobre todo, aceptar que nadie representa por sí solo a la nación, que el adversario conserva plena legitimidad política y que el ejercicio del poder tiene límites que no pueden ser traspasados por la sola conveniencia de una mayoría circunstancial.

En el Perú, sin embargo, la política ha ido adquiriendo una preocupante lógica de suma cero. Cada elección se convierte en una batalla por la supervivencia; cada discrepancia, en una oportunidad para descalificar; cada institución, en un territorio que debe conquistarse o conservarse. El copamiento institucional, las alianzas circunstanciales y el cálculo de corto plazo desplazan así a una pregunta esencial: ¿qué es lo mejor para el país?

En ese escenario, la construcción de consensos se ha vuelto una tarea difícil, incluso incómoda. No porque el Perú carezca de diferencias legítimas —las tiene, y profundas—, sino porque hemos debilitado los espacios y las prácticas que permiten procesarlas democráticamente. Con frecuencia, el debate público se organiza alrededor de quién derrota a quién, antes que de cómo resolver los problemas comunes. El resultado es una política que consume buena parte de sus energías en disputas por el poder mientras las demandas ciudadanas permanecen insatisfechas.

Es en este contexto donde conviene observar la experiencia de Alfonso López Chau. Su apuesta por convocar a sectores distintos, establecer puentes entre sensibilidades políticas y reivindicar una relación menos confrontacional entre la izquierda democrática y otras corrientes no está exenta de dificultades. Tampoco garantiza, por sí misma, resultados satisfactorios. Pero merece ser examinada por lo que intenta recuperar: la idea de que la política democrática no consiste solamente en representar a los propios, sino también en encontrar formas de convivencia con quienes piensan diferente.

Sin embargo, López Chau debe resolver  las discrepancias en su bancada y demostrar que la búsqueda de unidad puede traducirse en posiciones coherentes. Una fuerza política necesita principios reconocibles, capacidad de decisión y mecanismos para resolver sus diferencias internas.

Pero una cosa es exigir coherencia y otra muy distinta confundir la práctica del diálogo con la indecisión. Si una figura política procura escuchar posiciones divergentes antes de adoptar una decisión, quizá no esté evitando el conflicto, sino intentando administrarlo de una manera distinta. La diferencia es sustancial: en una democracia madura, los desacuerdos no desaparecen, pero dejan de ser necesariamente el preludio de una ruptura.

La historia republicana ofrece ejemplos valiosos de esta tradición. El entendimiento entre Víctor Raúl Haya de la Torre y Luis Bedoya Reyes durante el proceso constituyente que condujo a la Constitución de 1979 recordó que era posible construir acuerdos entre adversarios ideológicos cuando estaba en juego un objetivo superior. Aquella experiencia no eliminó las diferencias entre sus protagonistas ni las contradicciones de la política peruana. Demostró, sin embargo, que la responsabilidad democrática puede exigir algo más difícil que la confrontación: reconocer al otro y negociar con él sin renunciar a las propias convicciones.

Ese es precisamente el desafío que tenemos por delante. El diálogo no debe ser una estrategia para obtener ventajas pasajeras, del mismo modo que la firmeza no debe confundirse con la intransigencia. Una democracia necesita ambas cosas: principios que no se negocian y espacios de entendimiento donde sí sea posible construir soluciones.

Quizá el problema peruano no sea que existan dirigentes dispuestos a buscar acuerdos, sino que nos hemos habituado tanto a una política de trincheras que empezamos a considerar extraña esa disposición. Hemos confundido demasiadas veces la contundencia con la autoridad, la obediencia con la unidad y la derrota del adversario con el triunfo del país.

Restaurar la democracia exige, por eso, algo más que cambiar nombres, renovar bancadas o modificar las reglas electorales. Requiere recuperar una cultura política en la que el poder se entienda como responsabilidad y no como botín; en la que las instituciones sirvan al conjunto de los ciudadanos y no a las mayorías de turno; y en la que el bien común vuelva a ser la razón de ser de la actividad política.

López Chau podrá acertar o equivocarse en ese camino. Su propuesta deberá juzgarse por sus decisiones, sus resultados y su capacidad para mantener la coherencia entre sus principios y sus actos. Pero el intento de restituir el diálogo a la vida pública merece una evaluación que se no limite a la  velocidad en la que se obtienen los resultados, este nuevo equilibrio de poderes apenas cuenta con tres meses de instituido.

Porque, al final de cuentas, la pregunta más importante no es si un dirigente consigue imponerse sobre los demás, sino cuánto contribuye a que podamos volver a convivir democráticamente. Y en un país donde la política parece haber olvidado esa tarea, reconstruirla no es una señal de debilidad. Es una de las responsabilidades más urgentes de nuestro tiempo.

[OPINIÓN] Hay una paradoja en el corazón mismo de nuestra República. En la parte posterior del Palacio Legislativo, en una plazuela que parece sustraída de la mirada pública, permanece la estatua de José Faustino Sánchez Carrión, uno de los grandes fundadores del Perú independiente. Delante del Congreso, en cambio, Simón Bolívar, montado sobre un caballo encabritado, se impone sobre el paisaje urbano y se exhibe ante el país. Uno parece condenado a la penumbra; el otro disfruta de la luz de los honores oficiales. ¿Por qué el Perú recuerda con tanta solemnidad a sus libertadores militares extranjeros y presta tan poca atención a los hombres civiles peruanos que imaginaron la República?

José Faustino Sánchez Carrión merece salir de ese olvido. No fue un prócer accesorio de la independencia ni un simple colaborador de los libertadores. Fue uno de los arquitectos intelectuales de la República peruana, un hombre que comprendió que derrotar al poder colonial constituía apenas el primer capítulo de una tarea mucho más difícil: fundar una comunidad política de ciudadanos libres, gobernada por leyes y no por la voluntad de un monarca o un caudillo. La independencia nos dio la posibilidad de ser libres; Sánchez Carrión nos ayudó a pensar cómo debíamos gobernarnos.

El hombre que quiso una República de ciudadanos

En sus célebres cartas de 1822, publicadas bajo el seudónimo de Solitario de Sayán, Sánchez Carrión intervino en una de las controversias decisivas de nuestra emancipación: la discusión sobre la forma de gobierno que debía adoptar el Perú. Frente a los proyectos monárquicos que circulaban entre los dirigentes independentistas, él defendió la opción republicana y el principio de que la legitimidad del poder debía descansar en la nación y no en la herencia dinástica.

La controversia no era académica. José de San Martín había considerado establecer una monarquía constitucional en el Perú, convencido de que podía ofrecer estabilidad a una sociedad que salía de tres siglos de dominación colonial. Sánchez Carrión, por el contrario, entendía que la independencia debía traducirse también en una ruptura política: no bastaba con cambiar a los gobernantes si se conservaba la lógica de la obediencia a una autoridad situada por encima de la ciudadanía.

En una sociedad acostumbrada durante siglos a las jerarquías coloniales, afirmar que la autoridad debía derivar de la nación representaba una transformación de enorme trascendencia. El Perú debía dejar de concebirse como una comunidad de súbditos para comenzar a construirse en una República de ciudadanos.

Una República que debía incluir al Perú indígena

La República imaginada por Sánchez Carrión debía asentarse en la nación peruana y no podía concebirse únicamente como patrimonio de las élites que habían dirigido la independencia. El Perú no era solamente Lima, sus tertulias ilustradas y sus grupos dirigentes. El Perú era y es también el mundo andino, las comunidades indígenas y los pueblos que habían soportado el peso de la dominación colonial. Respecto del indígena, Sánchez Carrión escribió:

“Nobles hijos del sol, amados hermanos, a vosotros virtuosos indios, os dirigimos la palabra, y no os asombre que os llamemos hermanos; lo somos en verdad, descendemos de unos mismos padres; formamos una sola familia y con el suelo que nos pertenece, hemos recuperado también nuestra dignidad y nuestros derechos”

Para Sánchez Carrión,  la ruptura con el orden monárquico y la afirmación de la soberanía nacional ofrecían un horizonte distinto al antiguo régimen de castas y privilegios. La construcción nacional no podía resolverse exclusivamente mediante la emancipación de las élites criollas; exigía afrontar la realidad de una población indígena que constituía una parte sustancial del país.

El legado del Solitario de Sayán debe leerse, por ello, como una promesa republicana cuya realización quedó muy lejos de completarse. Su pensamiento nos invita a preguntarnos qué significa hablar de soberanía nacional cuando una parte de nuestros ciudadanos continúa experimentando la distancia entre el Estado y sus comunidades. ¿Qué sentido tiene celebrar la independencia si no somos capaces de convertir la ciudadanía en una experiencia efectiva de igualdad social, política y ante la ley?

Bolívar y las contradicciones del poder

Reconocer la grandeza de Sánchez Carrión no supone desconocer la contribución de Simón Bolívar a la independencia peruana. El Libertador fue decisivo para la victoria militar patriota y la derrota definitiva del poder español en Ayacucho. Su lugar en la historia sudamericana es indiscutible.

Sin embargo, Bolívar fue un libertador que también concentró el poder y defendió soluciones autoritarias para las nuevas repúblicas. En el Perú impulsó la Constitución de 1826, conocida como Constitución Vitalicia, que establecía una presidencia de por vida. Consideraba que la estabilidad de sociedades sacudidas por las guerras de independencia requería una autoridad ejecutiva fuerte.

Sus adversarios, en cambio, vieron en aquel proyecto una amenaza a la soberanía popular y a la alternancia en el poder. La Constitución tuvo una existencia efímera y fue anulada tras la caída del régimen bolivariano. El constitucionalista y expresidente Valentín Paniagua examinó críticamente esta experiencia en su estudio sobre el proyecto bolivariano y la Constitución Vitalicia

He aquí una paradoja fundamental de nuestra independencia: mientras Sánchez Carrión defendía la República representativa frente a la posibilidad de una monarquía, Bolívar promovía una fórmula constitucional que reservaba la jefatura del Estado a un presidente vitalicio: la emancipación militar y la construcción de una República democrática no eran necesariamente una misma empresa.

El caballo encabritado y el hombre olvidado

Volvamos a Lima y al espacio que rodea el Palacio Legislativo. La ironía es difícil de ignorar. En la sede de la representación nacional, el hombre que defendió la República representativa permanece prácticamente fuera del campo visual de quienes transitan por sus espacios más emblemáticos. El arquitecto civil de nuestras instituciones ha sido relegado a una ubicación secundaria, mientras la representación del héroe militar domina la escena.

¿No hay en ello una metáfora de nuestra propia historia política? Durante mucho tiempo hemos privilegiado el gesto heroico, la espada, el uniforme y la autoridad del caudillo por encima de la deliberación, las instituciones y la construcción cotidiana de ciudadanía. Hemos aprendido a celebrar las gestas militares, pero no siempre a honrar a quienes pensaron la libertad como una forma de convivencia política.

No propongo derribar a Bolívar ni borrar su memoria. Propongo algo más sencillo y, al mismo tiempo, más republicano: reordenar nuestros honores para que la memoria del país no dependa exclusivamente de la espectacularidad de sus héroes militares.

Por eso proponemos trasladar la escultura de Sánchez Carrión a la Plaza de la Constitución, o erigirle allí otra aún más significativa que releve aún más su grandeza republicana. Su ubicación en un lugar central, abierto a la ciudadanía y vinculado simbólicamente con el constitucionalismo permitiría devolverle al Solitario de Sayán una presencia pública acorde con su importancia histórica.

La República también se construye con memoria

Sánchez Carrión murió en 1825, cuando la República apenas comenzaba a caminar y sus instituciones estaban lejos de consolidarse. No llegó a contemplar el desarrollo del país que había contribuido a imaginar. Dos siglos después, seguimos enfrentándonos a una pregunta que atraviesa sus escritos: ¿puede existir una República sólida cuando sus ciudadanos no reconocen las instituciones como propias, cuando el poder tiende a personalizarse y cuando la deliberación pública cede ante la voluntad del caudillo?

La respuesta no está en los monumentos. Pero la manera en que los ubicamos expresa los valores que queremos transmitir. Una República que honra únicamente a quienes la liberaron por las armas corre el riesgo de olvidar que la libertad también necesita leyes, representación, ciudadanía y responsabilidad pública.

Ese fue el horizonte que José Faustino Sánchez Carrión ayudó a trazar. Ya es hora de que el Perú lo mire de frente.

[EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS] La democracia se merece héroes que provengan desde dentro de sí misma y no desde fuera de ella.

El problema, en realidad, se remonta a los tiempos de la Independencia. Somos una República militarista, además de centralista, pero nadie se ha atrevido a decirlo suficientemente en esos términos. Pensamos militarmente. Los desfiles militares son quizá la mayor efeméride republicana. ¿No es acaso un enorme oxímoron que un ritual militar constituya una de las principales celebraciones de una República que, por definición, debería encontrar su sustancia en la ciudadanía?

Pienso en los desfiles que se reproducen año a año en los pequeños y alejados distritos del país: los dos colegios del pueblo dando una y otra vuelta a la plaza para que el desfile, que congrega a las máximas autoridades locales, no concluya demasiado pronto; ese entre ingenuo y folclórico aire de marcialidad; la pequeña banda que nunca termina de acertar con los acordes del himno; el ritual que, una y otra vez, todos los años, sigue languideciendo sin terminar de languidecer. Así se escenifica la patria.

Pero volvamos a la Independencia:

En el mejor de los casos, Bernardo O’Higgins —militar que merece todo mi respeto— respaldó a José de San Martín en el gran proyecto de independizar primero la Capitanía General de Chile y, después, el Perú. Chile apoyó, Chile participó y hasta cierto punto alcanzó a ser protagonista de su propia independencia. El problema es que nosotros también, pero lo ignoramos

Y para probarlo me referiré, esta vez, solo a los héroes militares peruanos de la Independencia, para no hablar de los civiles a quienes dedicaré mis próximas columnas. Uno de ellos fue José de la Mar, fundamental en la victoria patriota de Ayacucho y, por orden de Simón Bolívar, meses antes encargado de organizar en Trujillo el primer Ejército del Perú. Pero ¿qué lástima?, ¿no? Nació en Cuenca, cuando esta ciudad formaba parte del espacio político del Virreinato del Perú, y entonces, como suele desenvolverse nuestro nacionalismo obtuso y barato, José de la Mar deja súbitamente de ser peruano.

Una verdadera lástima, porque fue un hombre admirable: liberal, republicano y, sobre todo, ajeno a toda ambición política entendida como búsqueda del poder personal. Su horizonte fue, en buena medida, el bien común.

Otro fue Andrés Rázuri. Este sí no tiene que enfrentar nuestros absurdos chauvinismos: nació en San Pedro de Lloc, en la actual región de La Libertad, cerca del límite con Lambayeque.

En la batalla de Junín, el 6 de julio de 1824, en aquella singular lid de honor que se libró a espada y sin armas de fuego,  Rázuri, al frente de los Húsares del Perú, tomó una decisión que cambiaría el curso del combate. Desobedeciendo la orden recibida, lanzó a sus hombres contra el flanco realista de Canterac y convirtió en victoria una derrota que parecía segura.

Nos queda Agustín Gamarra, uno de los militares peruanos de mayor importancia durante la Independencia y los primeros años republicanos. Su conocimiento del terreno y su participación en la disposición de las posiciones patriotas antes de Ayacucho fueron decisivas para la victoria.

Sin embargo, Antonio José de Sucre, en el parte de la victoria enviado a Simón Bolívar, no reconoció suficientemente el papel desempeñado por Gamarra. Aquello contribuyó a sus posteriores desavenencias con los grancolombianos y, más ampliamente, a una relación cada vez más conflictiva entre los militares peruanos y el proyecto político de la Gran Colombia.

Y, sin embargo, cuando uno mira el espacio público que rodea al Congreso de la República, no encuentra allí las estatuas ecuestres de José de la Mar, Andrés Rázuri o Agustín Gamarra: el que está es Simón Bolívar.

Simón Bolívar, adorna el frontis del Congreso de la República del Perú, y lanza el mensaje de que fuimos independizados por extranjeros.

No tengo nada contra Bolívar. Su papel en la independencia sudamericana es notable y su presencia en nuestra historia es indiscutible. Pero una cosa es reconocer a Bolívar y otra, muy distinta, es construir una memoria republicana en la que el libertador extranjero termine ocupando el lugar simbólico que, por decir lo menos, debería compartir con quienes, desde el Perú, lucharon por nuestra independencia y por la construcción de nuestra República.

Y aquí aparece, quizás, la diferencia más reveladora con Chile. En la Plaza de la Ciudadanía, frente al Palacio de La Moneda, en Santiago de Chile, una reluciente estatua ecuestre de Bernardo O’Higgins recuerda a todos sus ciudadanos —comenzando por los más pequeños— que Chile tuvo su propio libertador.

Bernardo O´Higgins en la plaza de la Ciudadanía, encarna la Independencia de Chile

Por eso, si en Chile preguntáramos:

—Niño, ¿quién te independizó?

Probablemente respondería:

—El Libertador O’Higgins, señor.

Y si hiciéramos la misma pregunta en el Perú, probablemente escucharíamos:

—El Libertador Bolívar, señor.

Quizá ha llegado el momento de formular una pregunta distinta:

¿Cuándo comenzaremos a reconocernos como protagonistas de nuestra propia independencia?

[EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS] La primera cuestión es historiográfica. Desde la renovación de la disciplina histórica, asociada a la superación de la historia positivista de Leopoldo Von Ranke, la historia dejó de entenderse como la reproducción transparente de «lo que realmente ocurrió». El historiador trabaja con fuentes, las contrasta, establece hechos y, finalmente, los interpreta. El pasado ocurrió una sola vez; las representaciones que construimos sobre él son múltiples. Por eso no existe una única «historia verdadera» que pueda trasladarse intacta a un museo, un libro o un manual escolar. Existen versiones del pasado, algunas mejor sustentadas que otras, y todas deben permanecer abiertas al análisis crítico.

El LUM representa, sin duda, una determinada narrativa sobre el Conflicto Armado Interno. Esa narrativa puede discutirse: podemos cuestionar la selección de acontecimientos, ampliar la presencia de determinados actores, incorporar nuevos testimonios y matizar interpretaciones. Pero no parece razonable descalificarla en su totalidad porque falte uno u otro acontecimiento que consideremos fundamental.

Toda construcción histórica selecciona. Un museo no puede contener la totalidad del pasado; tampoco un libro de historia ni un manual escolar. La selección no constituye, por sí misma, una falsificación. La discusión relevante es qué se selecciona, por qué se selecciona y si esa selección puede ser revisada y enriquecida. Precisamente por ello, podemos iniciar un diálogo fraterno que permita acercar las distintas memorias y, especialmente, a las Fuerzas Armadas con la sociedad civil, que tanto lo necesitan.

Lo mismo vale para los manuales escolares. No debería imponerse a nuestros niños y jóvenes una única versión oficial del pasado (desde ningún sector de influencia de la sociedad sin excepción). Pero tampoco sería razonable sustituir una narrativa por otra y esperar que esta última sea automáticamente aceptada por la sociedad. Una interpretación histórica necesita, además de sustento documental, verosimilitud social: debe poder dialogar con las experiencias y recuerdos que las comunidades poseen sobre su pasado.

Por eso, una narrativa que presente el CAI exclusivamente como una guerra entre las Fuerzas Armadas y los terroristas, colocando al pueblo peruano como a las víctimas entre ambos, resulta insuficiente. Pero tampoco es aceptable una versión que desconozca los abusos cometidos por agentes del Estado. Reconocerlos no significa negar el carácter terrorista de Sendero Luminoso y el MRTA, ni desconocer el sacrificio de las Fuerzas Armadas, la Policía y la sociedad peruana en la derrota de las organizaciones subversivas y la recuperación de la paz.

La tarea pendiente es construir una narrativa capaz de sostener simultáneamente esas verdades: reconocer el terrorismo y sus víctimas; el sacrificio de quienes defendieron al Estado y a la sociedad; la experiencia de las comunidades campesinas y de las poblaciones desplazadas; y las violaciones de derechos humanos cometidas durante la lucha contra la subversión.

Esto no exige borrar una narrativa para reemplazarla por otra. Puede significar revisarla, matizarla, ampliarla e incluso presentar distintas interpretaciones en los manuales, para que los estudiantes aprendan no solo qué ocurrió, sino también cómo y por qué los peruanos hemos interpretado de manera diferente aquello que ocurrió.

Hay, además, una enseñanza política contemporánea que puede resultar útil para esta discusión. En el debate reciente sobre las facultades legislativas se han escuchado, desde distintos espacios, llamados al diálogo y a la búsqueda de consensos. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, ha expresado públicamente la disposición del Ejecutivo a alcanzar el consenso con el Congreso sobre esta materia.

Este espíritu de diálogo puede ser también una nueva forma de pensar y de hacer política de aquí en adelante en el Perú. Acabamos de atravesar décadas de confrontación inútil. Esta vez, el país nos exige que dialoguemos y que conversemos para acallar aquellas voces adoloridas que se lamentan desde nuestro pasado, tanto para convertir en desarrollo y bienestar común a las falencias materiales y morales que enturbian nuestro presente.

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[OPINIÓN] El pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso merece ser discutido con responsabilidad y sentido de realidad. Nadie puede negar que el Perú enfrenta urgencias que requieren respuestas rápidas, particularmente frente al avance de la delincuencia y la amenaza del Fenómeno El Niño. Sin embargo, el proyecto presentado por el Gobierno solicita facultades durante 120 días y comprende nada menos que 66 puntos, distribuidos en materias de lo más diversas que van mucho más allá de aquellas emergencias.

El problema no es solamente la cantidad, sino la dispersión del pedido y el grado de generalidad con que están formuladas algunas de las facultades solicitadas. Por ejemplo, cuando se propone “reformar, simplificar y optimizar” los regímenes tributarios y las obligaciones formales de las empresas, cabe preguntarse qué se quiere cambiar exactamente, en qué sentido y con qué límites. Una delegación legislativa no debería obligar al Congreso a adivinar qué pretende hacer el Ejecutivo. Al respecto, el artículo 104 de la Constitución exige que la facultad sea otorgada sobre materias específicas, y esa especificidad debe permitir conocer razonablemente cuál será el contenido de la legislación que se pretende aprobar.

Por eso, considero que debemos evitar dos posiciones que resultan igualmente equivocadas: negar al Ejecutivo toda posibilidad de legislar con rapidez o, al contrario, entregarle una autorización excesivamente amplia. Las facultades legislativas son una herramienta constitucional válida, pero, debido a que permiten que el Ejecutivo legisle temporalmente sobre materias que corresponden al Congreso, deben ser excepcionales, precisas y muy bien delimitadas.

En ese sentido, me parece razonable reformular y acotar el pedido de facultades a las cuestiones que hoy demandan una respuesta urgente y sobre las cuales existe un amplio consenso nacional: seguridad ciudadana, gestión de riesgos de desastres y atención frente al Fenómeno El Niño. En estos ámbitos sí resulta posible identificar problemas concretos que requieren decisiones oportunas y, al mismo tiempo, establecer límites claros para la actuación del Ejecutivo.

El Perú necesita que sus instituciones funcionen y que sus poderes del Estado colaboren entre sí, no que compitan y se enfrenten permanentemente. El Ejecutivo tiene la obligación de gobernar y responder ante las urgencias nacionales: el Congreso tiene el deber de legislar, representar y fiscalizar. No hay razón para que estas responsabilidades sean incompatibles. Debemos otorgar facultades pero hacerlo de manera precisa y acotada para responder a las necesidades más urgentes y dramáticas que hoy afectan a los peruanos, principalmente a los más vulnerables.

Imagen: Ica, durante el fenómeno El Niño de 1998. (Foto GEC Archivo Histórico)

[EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS] Víctor Raúl Haya de la Torre solía sostener que los países de América Latina debían unirse para negociar de igual a igual con Estados Unidos y obtener de este país los capitales y la tecnología necesarios para impulsar el desarrollo de la región en su conjunto. La afirmación de Haya, certera y visionaria, constituye una utopía política a la que nuestros países se han negado sistemáticamente desde que Simón Bolívar convocase el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826.

Optamos, entonces, por avanzar por separado en un mundo que ya se encontraba organizado de antemano y perdimos —y seguimos perdiendo— largamente en la confrontación. Nuestra autonomía económica ha estado condicionada, de manera recurrente, por los intereses de las grandes potencias: primero los de Inglaterra, hasta la Primera Guerra Mundial; después, los de Estados Unidos, cuya hegemonía en la región es hoy desafiada por China en el terreno comercial y económico.

El escenario contemporáneo convierte a América Latina en una preciada pieza para ambas potencias. Nuestra región posee recursos estratégicos fundamentales para la economía del siglo XXI, entre ellos el litio y las llamadas tierras raras que ofrecen importantes reservas de uranio, cuya energía resulta esencial para sostener buena parte de la infraestructura tecnológica que hace posible la informática, la computación avanzada y la inteligencia artificial. A ello se suman nuestros mercados, las rutas comerciales, los alimentos, los hidrocarburos y otras materias primas tradicionales, todos ellos incorporados a una disputa geoeconómica de creciente intensidad.

En este contexto, Estados Unidos ha propuesto a los países de la región la creación del denominado Escudo de las Américas, una suerte de mecanismo panamericano de cooperación destinado a combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales, acompañado de un llamado a incrementar en un 1 % los presupuestos nacionales destinados a defensa. La iniciativa, sin embargo, difícilmente puede comprenderse al margen de la creciente rivalidad sino-estadounidense. A Washington le preocupa que China se haya convertido en el principal socio comercial de varios países latinoamericanos, entre ellos el Perú, donde sus empresas poseen una presencia predominante en sectores estratégicos y donde el megapuerto de Chancay le ofrece una ruta corta y competitiva para articular los mercados del Pacífico sudamericano con Asia.

Parecía que dieciocho países se incorporaban, sin mayores objeciones, al proyecto interamericanista de Donald Trump cuando Chile hizo sonar las alarmas. Su ministro de Defensa respondió a la propuesta con contundencia y serenidad, en un tono que hoy resulta poco frecuente cuando se abordan las relaciones con Estados Unidos: de país soberano a país soberano.

El ministro Fernando Barros señaló que Chile evaluará la propuesta y que recién responderá formalmente en noviembre, un plazo considerablemente amplio para un mandatario como Trump acostumbrado a exigir respuestas rápidas. Barros añadió que «primero se respeta la soberanía, la legislación, tanto la Constitución como las leyes de cada país», y recordó que la lucha contra el narcotráfico corresponde a las autoridades y a la policía chilenas.

El funcionario agregó que «nos vienen muy bien las ayudas en ciertas áreas, como inteligencia, información y tecnología. Pero no necesitamos más que eso». Con esta afirmación estableció con claridad la agenda chilena de cooperación y delimitó, al mismo tiempo, los ámbitos en los que su país está dispuesto a colaborar.

Finalmente, frente a las referencias del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, al eventual retorno de la Doctrina Monroe —proclamada en 1823 por el presidente James Monroe—, Barros respondió de manera tajante: «Chile no es el patio trasero de nadie; somos un país muy orgulloso de nuestra realidad».

No son derechas e izquierdas

La réplica de Fernando Barros a su homólogo estadounidense ha llamado particularmente la atención porque no proviene de un gobierno de izquierda ni de un Ejecutivo que levante las tradicionales banderas del antimperialismo. Proviene, por el contrario, de un gobierno situado claramente a la derecha del espectro político chileno.

Por ello, cabía esperar que, así como los gobiernos de Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador y Daniel Noboa en Ecuador se han mostrado receptivos a la propuesta de la Casa Blanca, José Antonio Kast hiciera lo propio. No ha ocurrido así.

El gobierno chileno parece entender que una política económica de orientación neoliberal, una posición conservadora frente a la migración y frente a determinadas posturas progresistas en otros ámbitos no obligan a renunciar a una geopolítica propia. La orientación ideológica de un gobierno no debería traducirse automáticamente en subordinación estratégica. Chile reivindica, en este caso, una política exterior soberana y proactiva, asentada en la conciencia del lugar que ocupa en el sistema internacional y de sus propios intereses nacionales.

¿Qué significa, entonces, ser de derecha para el gobernante de un país latinoamericano? Esta es la pregunta que queda flotando. Desde cierta perspectiva, podría significar aceptar que las políticas exteriores propias se subordinen a las agendas de Estados Unidos. Pero también puede significar —como parece interpretarlo Chile— asumir la propuesta de Trump y Hegseth como el inicio de una negociación de intereses que, precisamente por serlo, debe preservar la capacidad de decisión de cada Estado.

Chile vuelve a presentarse, de este modo, como lo ha hecho a lo largo de buena parte de su historia: un país consciente de sí mismo, celoso de su soberanía pero que tiende a actuar en solitario. Lo deseable, sin embargo, sería que otros países de la región adoptaran posiciones semejantes, no para enfrentarse al hegemón, sino para negociar con él en mejores condiciones.

Porque quizá nos encontremos ante una coyuntura excepcional. A pesar de la enorme ventaja económica, militar y tecnológica que Estados Unidos y China mantienen sobre nuestros países, ambas potencias necesitan de América Latina tanto como América Latina puede beneficiarse con ellas. ¿Por qué no negociar, entonces?

Unas palabras sobre la cuestión china.  Siempre he pensado que América Latina no debería verse obligada a escoger entre uno u otro de los dos grandes poderes que hoy disputan nuestra región como espacio de influencia. Por el contrario, deberíamos aprovechar su interés y, sobre todo, su rivalidad, para obtener beneficios concretos para nuestros pueblos.

Margaret Thatcher dijo alguna vez que “Inglaterra no tienen amigos, sino intereses”. La idea resulta pertinente para nuestra circunstancia. Si dos grandes potencias compiten por ampliar su influencia sobre nuestra región, América Latina debería ser capaz de transformar esa competencia en una oportunidad para su propio desarrollo.

No se trata, por tanto, de elegir entre Washington y Beijing, sino de negociar con ambos. Y hacerlo desde una posición que nos permita convertirnos, progresivamente, en un tercer polo de poder e interlocución. Esa posibilidad parece mucho más cercana si nuestros países actúan coordinadamente, pues los intereses de ambas potencias no se concentran exclusivamente en Chile, Argentina o el Perú, sino en toda América Latina.

Tal vez esta vez podamos comprender la lección que Haya de la Torre planteó hace casi un siglo: no se trata de enfrentarnos al poder, sino de reunir suficiente poder para negociar con él. Y quizá esta sea la oportunidad de comenzar, finalmente, a actuar en consecuencia.

[EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS] Sin embargo, la historia es siempre más compleja. El liberalismo político y la socialdemocracia nacieron en momentos distintos y respondieron a problemas diferentes, pero compartieron siempre una preocupación fundamental: cómo construir sociedades en las que el poder no pueda disponer arbitrariamente de la vida de los ciudadanos. El liberalismo puso su acento en la libertad y en los límites al poder; la socialdemocracia incorporó la preocupación por las condiciones materiales que permiten que esa libertad sea algo más que una simple declaración escrita en un texto constitucional.

Este encuentro resulta especialmente importante hoy. No se trata de escoger entre libertad e igualdad, como si fueran valores enfrentados. Una persona puede ser jurídicamente libre y, sin embargo, vivir en condiciones que limiten seriamente sus oportunidades. Del mismo modo, una política destinada a reducir las desigualdades puede terminar siendo injusta si para conseguirlo sacrifica libertades fundamentales o concentra excesivamente el poder en uno de los poderes del Estado.

Además, de ambas tradiciones podemos recuperar algo valioso. El mercado puede generar riqueza, pero jamás reemplazará al Estado; el Estado puede proteger derechos y promover igualdad de oportunidades, pero no puede sustituir la iniciativa privada de las personas. Lo importante es que ambos funcionen sinérgicamente en el marco de instituciones sólidas y reglas que todos respetemos.

Esta discusión no es solo teórica, analicemos el caso peruano: durante los últimos años se ha deteriorado la confianza en las instituciones, el enfrentamiento entre poderes del Estado es permanente, los partidos se han debilitado y la representación política perdió buena parte de su capacidad para expresar preocupaciones ciudadanas. A ello se suman la inseguridad, la corrupción, la dificultad para alcanzar acuerdos y la sensación de que la ley no aplica a todos de la misma manera. El hartazgo social respecto de esta situación puede llevarnos a una conclusión dramática y profundamente equivocada: que el problema es la democracia, pero no lo es.

Por eso necesitamos volver a las ideas. Y hacerlo es aún más urgente porque la polarización mundial entre libertarios conservadores y progresistas radicales ha ido dejando poco espacio para los aportes del liberalismo y la socialdemocracia. Unos tienden a colocar la libertad individual, el mercado y los valores tradicionales como respuestas casi excluyentes; los otros suelen privilegiar el identitarismo al punto que podría colisionar con derechos fundamentales. En medio de esa disputa han quedado relegadas agendas que nunca debieron dejar de ser centrales: defender las libertades sin ser indiferentes ante la desigualdad, valorar el mercado sin olvidar la responsabilidad social y buscar mayor justicia sin sacrificar la libertad.

Por eso es necesario reinstalar los principios del liberalismo político y la socialdemocracia en el debate peruano. No se trata de importar modelos extranjeros ni repetir viejas fórmulas, sino de recuperar preguntas básicas que hemos dejado de hacernos: ¿cómo protegemos la libertad?, ¿cómo hacemos que el Estado vuelva a ser respetado sin convertirlo en una maquinaria de control?, ¿cómo reducimos desigualdades?, ¿cómo conseguimos que la ley vuelva a ser una referencia común?

La democracia no necesita que todos pensemos igual; lo que necesita es que podamos consensuar y discrepar dentro de reglas comunes que todos aceptamos. El Perú necesita reconstruir ese espacio común. La inseguridad, el desencanto con la política, la fragilidad institucional y las desigualdades alimentan la tentación de buscar soluciones rápidas y respuestas radicales. Pero una democracias no se reconstruye tomando atajos sino recuperando la confianza en las instituciones, fortaleciendo los partidos, mejorando el Estado y demostrando que la política todavía puede resolver nuestros problemas.

Tal vez recuperar las ideas también signifique recuperar la esperanza. Porque detrás de esta discusión hay una pregunta sencilla: ¿qué clase de país queremos ser? El Perú no necesita menos democracia, sino una democracia mejor: libertad protegida por instituciones, crecimiento acompañado de oportunidades, igualdad ante la ley y justicia social. El Perú necesita volver a creer que la política puede ser algo más que una lucha por el poder y convertirse en una herramienta para construir un país más libre, más justo y más solidario.

[EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS] Cada 28 de julio los peruanos conmemoramos un nuevo aniversario de nuestra Independencia. Sin embargo, cada año parece más difícil reflexionar serenamente sobre el significado de aquella fecha. El debate público se encuentra cada vez más condicionado por lecturas ideológicas que proyectan sobre el pasado las controversias del presente. Cuando ello ocurre, la historia deja de ser un espacio para comprender lo que fuimos y se convierte en un instrumento para justificar posiciones políticas actuales.

Esta tendencia adopta formas aparentemente opuestas. Una corresponde al presentismo, que juzga el pasado exclusivamente con los parámetros morales del siglo XXI y termina reduciendo procesos históricos de enorme complejidad a relaciones entre opresores y oprimidos. La otra puede identificarse con un cierto pasadismo, que idealiza determinadas etapas del pasado como si hubieran constituido una edad de oro perdida y contempla con desconfianza muchas de las transformaciones políticas y culturales de la modernidad. Aunque discrepan en sus conclusiones, ambas corrientes comparten un mismo problema: ninguna procura comprender el pasado desde las circunstancias que le dieron origen. Las dos terminan convirtiéndolo en un escenario más de las batallas culturales del presente.

En el Perú, esta forma de aproximarse a la historia ha llevado a relativizar el significado de la Independencia como momento fundacional de nuestra vida republicana. Con frecuencia se sostiene que el Perú existía mucho antes de 1821 y que, por tanto, la emancipación no constituyó un verdadero punto de quiebre. La primera afirmación es indiscutible; la segunda merece una cuidadosa reflexión.

El Perú posee una historia milenaria. Nuestra identidad se fue formando a partir del encuentro entre el legado andino, el aporte hispánico, al afrodescendiente y los múltiples procesos de mestizaje que, durante siglos, dieron origen a una sociedad singular. Esa continuidad histórica es innegable, como también lo es la vigencia de pueblos originarios que conservan una riqueza cultural propia y constituyen parte esencial de nuestra diversidad. Pero una cosa es la continuidad de una cultura y otra muy distinta el nacimiento de una comunidad política soberana.

Antes del proceso emancipador existía el Virreinato del Perú, una de las principales jurisdicciones de la monarquía española. Sus habitantes eran súbditos del rey y no ciudadanos de un Estado propio. Existía una sociedad peruana estamental, una economía virreinal e incluso una identidad territorial cada vez más definida, pero no un Estado independiente llamado Perú. Fue la Independencia la que transformó esa realidad.

Por ello, la proclamación realizada por José de San Martín el 28 de julio de 1821 representa mucho más que la ruptura del vínculo colonial. Marca el nacimiento del Perú como Estado soberano, sujeto del derecho internacional, y el inicio de un proyecto nacional. A partir de entonces comenzó la compleja tarea de construir una comunidad política integrada por ciudadanos llamados a compartir instituciones, derechos, responsabilidades y un destino común. Allí reside el verdadero carácter fundacional de la Independencia. No fundó nuestra cultura, que venía gestándose desde mucho antes, sino nuestra existencia como Estado libre y como nación políticamente organizada.

Las ideas que hicieron posible ese cambio no surgieron de manera espontánea. Durante el siglo XVIII, la Ilustración difundió nuevas concepciones sobre la libertad, la ciudadanía y la soberanía popular. Los habitantes de América comenzaron a verse, progresivamente, no solo como súbditos de la Corona, sino también como titulares de derechos políticos.

En el Perú, la Sociedad de Amantes del País y el Mercurio Peruano desempeñaron un papel decisivo al promover el conocimiento científico, económico y geográfico del territorio. Aquella labor contribuyó a despertar una conciencia cada vez más clara sobre la singularidad del país. Poco después, la crisis de la monarquía española y el liberalismo difundido por las Cortes de Cádiz incorporaron al mundo hispánico conceptos como representación política, ciudadanía, constitucionalismo y soberanía nacional. Esas ideas inspiraron a pensadores como Juan Pablo Viscardo y Guzmán e Hipólito Unanue, y terminaron proyectándose sobre la acción de los próceres y libertadores que hicieron posible la emancipación.

Negar el carácter fundacional de la Independencia equivale a desconocer el origen de nuestra propia comunidad política. El Perú no nació culturalmente en 1821, pero sí comenzó entonces su existencia como Estado soberano. Esa diferencia resulta esencial para comprender nuestra historia.

Algo semejante puede observarse en otros países de América. En México, por ejemplo, algunos discursos contemporáneos han tendido a relativizar la trascendencia histórica de la conquista española, presentándola incluso como un proceso de liberación de los pueblos sometidos por el Imperio mexica. Sin negar la existencia de alianzas indígenas decisivas para la caída de Tenochtitlan, una interpretación de esa naturaleza, llevada hasta sus últimas consecuencias, conduciría a desconocer la formación del Virreinato de la Nueva España, la implantación de las instituciones castellanas, la expansión del idioma español y la profunda influencia del derecho, la religión y la cultura hispánica en la posterior construcción del Estado mexicano. Como vemos, la historia es siempre más compleja que las simplificaciones ideológicas.

Naturalmente, reconocer el carácter fundacional de la Independencia no significa idealizar la República. Basta observar la realidad contemporánea para advertir que el proyecto republicano continúa profundamente inconcluso. Nuestra institucionalidad sigue siendo frágil; la representación política atraviesa una crisis persistente; la corrupción erosiona la confianza ciudadana; y la nación peruana aún enfrenta enormes dificultades para consolidar un auténtico sentido de pertenencia compartido. En demasiadas ocasiones seguimos comportándonos como un país dividido, incapaz de reconocerse plenamente en su diversidad.

Pero precisamente porque la República permanece inacabada, carece de sentido relativizar su nacimiento. Algunas corrientes de izquierda identitaria han tendido a presentar la historia republicana casi exclusivamente como una sucesión de exclusiones y fracasos. Al mismo tiempo, ciertos sectores conservadores contemplan el pasado virreinal con una nostalgia que termina restando importancia al significado emancipador de 1821. Ninguna de esas miradas hace justicia a la complejidad de nuestra historia.

Hace ya varias décadas, Jorge Basadre definió al Perú como una promesa. Más recientemente, Carmen Mc Evoy ha reivindicado la utopía republicana como horizonte permanente de nuestra vida política. Ambas ideas siguen plenamente vigentes porque describen una obra en permanente construcción. La República no es un proyecto concluido; es una tarea que cada generación recibe y está llamada a perfeccionar.

Este 28 de julio el Perú conmemora 205 años de vida independiente. No celebramos una República perfecta ni una nación plenamente realizada. Celebramos el momento en que los peruanos dejamos de ser súbditos para asumir la responsabilidad de gobernarnos a nosotros mismos. Desde entonces hemos avanzado, retrocedido y vuelto a empezar muchas veces. Pero esa es precisamente la naturaleza de toda construcción nacional.

La promesa de Basadre continúa pendiente. La utopía republicana evocada por Carmen Mc Evoy sigue convocándonos. Mientras esa aspiración permanezca viva, también deberá permanecer viva la voluntad de fortalecer nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestra ciudadanía. Porque la Independencia no fue el punto final de nuestra historia, sino el comienzo de la empresa colectiva más ambiciosa que hemos emprendido como sociedad: construir, por fin, el Perú que todavía nos debemos.