gabinete Vásquez

La elección de Mirtha Vásquez en reemplazo de Guido Bellido plantea un nuevo escenario para los actores políticos y posibles recomposiciones en la izquierda y la derecha,  las que manteniendo sus estrategias primordiales podrían redefinir sus ubicaciones en el actual juego político. La tensión de fondo sigue siendo entre el proyecto de cambio y la conservación del estatus quo, pero están a la orden del día modificaciones tácticas que pueden tener consecuencias en el mediano y largo plazo.

Purga en la oreja. 

Así, la coalición vacadora mantiene su proyecto estratégico. A la espera de nuevas oportunidades, renueva su táctica principal de proponer censuras ministro por ministro, apuntando ahora a los titulares de las carteras de Interior, Educación y Cultura. Además, se insiste en la ley que acota la cuestión de confianza. Ambas tácticas bajo el paraguas polarizador de  un discurso hiperideologizado, macartista y terruqueador.

Lo que llama la atención, sin embargo, es que estas tácticas y narrativas sean asumidas también por sectores más amplios, desde el centro derecha hasta cierto progresismo liberal. Particularmente, sobresale aquella que apunta -incluso desde la segunda vuelta-, tanto a la exclusión de Perú Libre de la coalición de gobierno, como al abandono de las propuestas de campaña expresadas en el “plan de bicentenario” y en la apuesta por una nueva constitución.

Tenemos al frente un guión más o menos conocido, que con actores distintos repetía el mismo drama cada temporada. El régimen político instalado en el presente siglo combinó, en tiempos no electorales, el bloqueo de cualquier reforma distributiva significativa -vía terruqueo y criminalización de la protesta-con la cooptación del candidato reformista, el que terminaba abandonando su propuesta de cambio y su equipo original de gobierno. 

Sn embargo, lo que se suele omitir en estas posturas es que las elecciones no solo son respecto al presidente y su fórmula, sino también respecto de un programa de gobierno y una determinada conformación política para sostenerlo e implementarlo. Por ello, es profundamente antidemocrático la exclusión tanto del partido político –¡más aun cuando se trata del partido que ganó las elecciones!-, como también la exigencia de excluir propuestas que fueron parte de la oferta de gobierno de cara al electorado; Pedro Castillo ganó ofreciendo, entre otras cosas, una nueva constitución. 

Otro asunto es que la oposición exija a las fuerzas oficialistas que dicho objetivo se desarrolle en el marco de la legalidad democrática. Algo sobre lo cual el Presidente también ha insistido, anunciando que enviará un proyecto de ley que permita la convocatoria a una Asamblea Constituyente.  

Fuego amigo

El guion, sin embargo, ha dado un giro novedoso -y suicida- por izquierda: la misma fuerza política que los poderes fácticos quieren excluir, es la que amenaza con separarse y pasar a una inédita oposición. Los altisonantes términos que han proferido los liderazgos principales de Perú Libre hacia el gobierno y su nuevos conformantes contrastan con sus trayectorias y los hechos: no se ha podido ver ninguna política abandonada, ni ninguna tendencia que pueda señalarse como humalización o “caviarización” (con todos los amplísimos significados que eso supone). Salvo que se entienda que luchar por la memoria de las victimas del terrorismo de Estado y la defensa ambiental en confrontación con Yanacocha sea una señal de centroderechización. En efecto, la constitución no está en la agenda gubernamental -como no lo estuvo con Bellido-, aunque como lo ha señalado Castillo y otras fuerzas políticas del gobierno sigue siendo un objetivo político de mediano plazo. 

Hay obvias diferencias, de estilos y trayectorias, pero que principalmente expresan  formas distinta para llegar a un objetivo compartido. Si el Plan Bicentenario y el discurso del Presidente el 28 de julio son los que marcan los objetivos estratégicos  -y que ni es el “comunismo” ni “caviarización”-, entonces se debería reconocer que lo que existe  son diferencias menores o –apelando al manual leninista más rústico- de orden táctico. 

Las diferencias corren, entonces, por otro cauce o causa. Como ya lo dijimos anteriormente -y más allá de los pendientes judiciales-, la dirección de PL pretende perfilarse como una fuerza “verdadera” de la izquierda de cara a las elecciones regionales y municipales y, con un pie adentro  o sin eso, agitar la inconsecuencia del gobierno,  construyendo un perfil diferenciado -pero sin ofrecer alternativas programáticas viables-, intentando alejarse de los pasivos que suele cargar todo gobierno, más aun cuando hay un proyecto de vacancia al acecho.

El siempre difícil proyecto unitario choca aquí con una lógica más bien sinuosa que debe pasar a consideración. Y es que, paradójicamente, un distanciamiento permanente y radical de PL debilitaría por izquierda al gobierno, haciéndolo más dependiente de los votos siempre preciados del centro liberal y la centroderecha, con lo que el discurso de la derechización terminaría siendo una profecía autocumplida. 

Lo que está en juego hoy es la tantas veces burlada promesa de cambio que la democracia peruana le debe a millones de peruanos. En perspectiva, en términos narrativos, la coalición de gobierno debería insistir en que hay suficiente espacio para un proyecto que se coloque entre un continuismo mediocre y una política de agitación y consigna sin programa alternativo, que además alimenta la paranoia ultraderechista. El diálogo y el consenso tiene que apuntar no solo a avanzar en políticas que legitimen cambios más de fondo, sino también en una materia pendiente: el diálogo y consenso abajo, en la sociedad, mediante la activación de los sectores sociales beneficiados o por beneficiarse. Una ruta democrática y constituyente.

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