El Perú es uno de los países que aún no se recupera del golpe económico y anímico que la pandemia del Covid-19 ocasionó dejando a miles de familias en duelo y a una economía en recesión, ahora con algunos visos de recuperación, pero insuficientes para crear empleo y bienestar.
Dentro de los sectores más afectados se encuentra el sector turismo. De 4.5 millones de turistas extranjeros se llegó a unos 2.5 millones en el 2023 y según la última cifra dada por la flamante ministra del Mincetur, Elizabeth Galdo, el objetivo del 2024 es sobrepasar los 3 millones. Cifra aún lejos del 2019 y más lejos aún si nos comparamos con países del continente latinoamericano.
Los hechos violentos de finales del 2021 y principios del 2022, la crecida de la extorsión y el sicariato y últimamente, paros en el Cusco por el tema de la venta de entradas online de Machu Picchu, han dificultado una efectiva promoción de los atractivos turísticos del país en detrimento de un sector caracterizado por su dinamismo y que da empleo directo e indirecto a cientos de miles de compatriotas.
A estos hechos, debemos también hacer referencia a que se percibe que no siempre están alineadas las instituciones que están directamente involucradas en las políticas públicas que repercuten en el turismo, como son el Ministerio de Cultura, a través de su Vice Ministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a través de su Vice Ministerio de Turismo.
Vimos años atrás, cuando asombrados y apenados observábamos el derrumbe de un sector de la fortaleza de Kuélap, que, en vez de tomar al toro por las astas y establecer inmediatamente un grupo de especialistas para su nueva puesta en valor en conjunto con mayores elementos de prevención de nuevos desastres, estas dos instituciones parecían estar en una cancha de pingpong pasándose la pelota.
Siempre hemos comentado la poca transversalidad del Estado peruano y que a veces las instituciones miran a sus propios pies sin considerar que una acción suya, puede afectar a otro sector.
Sino miremos lo que ha pasado estos días, cuando nuestra Cancillería, por una reciprocidad diplomática anticuada y poco práctica, decide imponer visas para los turistas mexicanos sin ninguna consideración por el sector turismo ya que México es el cuarto país no fronterizo emisor de turistas hacia nuestro país. Felizmente, y ante la presión de los gremios y seguramente del mismo Mincetur, se revocó rápidamente esta equivocada decisión.
Pero regresando al tema específico de turismo y patrimonio cultural, y sin ahondar en las voces que hace años piden a gritos una fusión ministerial que integre a ambos sectores, es imprescindible que ambos trabajen alineados bajo algunos conceptos que deben estar claros de los dos lados : protección y fomento de nuestro patrimonio cultural ( material e inmaterial ), su puesta en valor y la promoción tanto en el exterior como en el todo el Perú.
A trabajar más unidos y viendo siempre el impacto en el bienestar de los ciudadanos cuando se hace gestión pública. Bien dice el lema de la OCDE : “Mejores políticas para una vida mejor”.
[AGENDA PAÍS] El Perú es un país bendecido por su diversidad natural, su gente y por una rica historia que permanece viva a través de nuestras culturas y vestigios arqueológicos. Pocos países en el mundo pueden brindar a un turista tantas experiencias en un solo viaje; desde enrumbarse en las rutas de la selva, caminar por senderos en la montaña, disfrutar de playas paradisíacas, contemplar la historia a través de monumentos arqueológicos que van desde 5,000 años de antigüedad (como Caral) hasta la reciente era republicana y disfrutar de nuestra exquisita gastronomía siempre acompañada con un buen pisco.
En el extranjero, para un potencial turista, el Perú es sinónimo de Machu Picchu. Y aunque tanto Promperú, los operadores turísticos, como nuestras misiones diplomáticas y consejeros económicos comerciales que nos representan en el exterior, se empeñan, y con mucha razón, en mostrar otros atractivos, los turistas en su gran mayoría, incluyen a nuestra maravilla cusqueña en su itinerario como prioridad.
Es por ello que las idas y venidas sobre cómo se comercializan las entradas para nuestro primer destino turístico afecta no solamente al Cusco, sino a todo el Perú.
Los turistas extranjeros, sobre todo aquellos que vienen desde lejos como los Estados Unidos de América, Europa y Asia, planifican con varios meses de anticipación sus viajes a destinos como el Perú. No estamos hablando de un par de meses, las ferias internacionales de turismo orientadas a operadores turísticos, que también contienen una porción de público en general, arrancan en setiembre y continúan hasta marzo (estas últimas ya completamente orientadas a potenciales turistas) para los viajes que se inician en junio.
La incertidumbre de viajar 6, 12 o incluso 24 horas para llegar al Perú y no saber si se va a poder visitar Machu Picchu, desalienta al potencial turista y nos impide recibir divisas (unos $1,600 dólares por cada turista de países desarrollados) que tanto necesitamos.
La venta por internet de entradas para monumentos y museos es ya una práctica común en todo el mundo y permite, no solamente organizar con mayor fluidez las visitas de los turistas, sino también, asegurar que esos turistas puedan reservar sus boletos con anticipación así el Perú los “captura” antes de que nuestra competencia, como México, Colombia o Chile (por citar a algunos), se nos adelante.
Es altamente positivo que el Ministerio de Cultura (MINCUL), con el apoyo incondicional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y los gremios turísticos, hayan lanzado la plataforma para la venta de entradas a la Llaqta de Machu Picchu (https://reservas.machupicchu.gob.pe/inicio).
Sin embargo, la presión de organizaciones locales como la Unidad de Gestión del Santuario Histórico de Machu Picchu (UGM) y la Cámara de Comercio del Cusco, entre otros, ha ocasionado que la venta online no haya sido continua, perjudicando la planificación de aquellos turistas que tienen en su mente visitar el Perú y su emblema arqueológico.
Incluso, se está permitiendo la venta de 1,000 entradas de manera presencial en el pueblo de Machu Picchu, lo cual, además, es un exceso considerando que a la Llaqta entran entre 4.500 a 5.600 visitantes dependiendo de la fecha. La venta presencial debería ser mínima, en realidad solo las entradas que no han sido vendidas online deberían venderse de manera local. Pero, aun así, si uno llegara al pueblo de Machu Picchu sin entrada, se podría comprar una en su celular o en algún tablero electrónico con energía solar que podrían estar ubicados en lugares estratégicos de la Llaqta.
Se entiende que el pueblo de Machu Picchu quiere que los turistas pernocten al menos una noche para generar más ingresos, sin embargo, forzar la compra presencial de boletos es contraproducente.
Lo que sí se puede hacer, es que el pueblo de Machu Picchu sea más atractivo para que la gente se quede, empezando por un mejor terminal de tren, mayor orden en la circulación y con un calendario anual de actividades como festivales musicales (jazz, rock, criollo, vernacular), semanas culinarias, domingos de folklore, aprender a tejer telares incas, clases de cocina cusqueña, baños termales, spas y otras tantas iniciativas que harían del pueblo, un atractivo turístico en sí mismo.
Para ello se pueden destinar fondos concursables no reembolsables, tanto de MINCUL como de MINCETUR para proyectos de este tipo en la zona y articular con COPESCO y el gobierno regional del Cusco para que se financien las obras que se necesiten para apoyar estas iniciativas.
En el 2019 llegaron cerca de 4.5 millones de turistas y en el 2023 poco más de 2.5 millones. Está en nuestras manos tener una visión común que tenga como objetivo atraer más turistas de manera consistente y ordenada, respetando nuestra naturaleza, ciudades y arqueología, para que todo el mundo nos identifique siempre como Perú, Turismo Sostenible.
[INFORMES] Hace aproximadamente unos 40,000 años, los neardentales que habitaban el actual territorio francés decidieron un buen día enterrar a sus muertos, creando una práctica que unos 25,000 años después se convertiría en el ritual sagrado de despedir y de enterrar a los fallecidos en terrenos destinados exclusivamente para ese fin.
Como quiera que desde ese lejano día, en que los miembros de esa comunidad humana ahora desaparecida decidieron guardar bajo tierra los restos de sus parientes fallecidos, hasta hoy han muerto unos 100 mil millones de seres humanos, según el Population Reference Bureau de Washington, el área ocupada por los muertos es inmensa, sobre todo en el vasto territorio euroasiático.
Si descontamos los cientos de miles de hombres, de mujeres y de niños enterrados en tumbas individuales o familiares en todos los continentes habitados por los cazadores y por los recolectores antes de la transformación de estos en seres sedentarios que aprendieron a domesticar a los animales y a cultivar estacionalmente los frutos y las verduras que antes recogían en su actividad nómada, nos quedan aún miles de millones de humanos enterrados en los cementerios que los humanos sedentarios crearon en los alrededores de las aldeas creadas hace más o menos 12,000 años.
Y este es el punto fundamental de la discusión abierta por los defensores de la intangibilidad de los terrenos situados cerca de los cientos de huacas existentes sólo en la ciudad de Lima. Pero antes de darle la palabra al arqueólogo Luis Jaime Castillo, ex ministro de Cultura, tenemos que describir rápidamente la epopeya de los primeros habitantes de América, quienes en un periodo no menor de 15,000 años y no mayor de 20,000 años poblaron el continente entero, y, para mayor gloria de sus descendientes en estas tierras, crearon Caral, las culturas Moche y Chimú en el norte y la Nasca en el sur.
Es en la parte peruana de esta epopeya sudamericana que sus primeros ocupantes crearon el mayor territorio arqueológico del planeta Tierra, y lo hicieron sin descubrir el uso de la rueda ni la escritura, que a otros hombres de esa misma época pero en otras latitudes les sirvió para recorrer mayores espacios en menos tiempo y trasmitir experiencias a sus descendientes.
Pero, mejor, leamos que nos dice nuestro entrevistado.
El ex ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo, responde a los que defienden una deficitaria Ley de Cultura
¿Por qué nuestro país, que posee el patrimonio arqueológico más importante de América y cuya área es la más grande del planeta, no tiene las leyes que lo protejan y no colisionen con el imparable desarrollo inmobiliario del país?
El Perú es un país riquísimo en patrimonio cultural. En nuestro continente, solamente México tiene un patrimonio cultural comparable al peruano. El patrimonio peruano, en material mueble e inmueble no solamente es excepcional, sino que es numerosísimo y está en todas partes: las evidencias arqueológicas pre incas, incas, virreinales y republicanas están por todas partes, eso es algo que caracteriza la identidad nacional. Las evidencias las tenemos tan cerca que los peruanos no nos damos cuenta, pero si tú viajas a la Argentina encuentras que el edificio más antiguo es de 1890, vas a Chile y pasa lo mismo. En nuestro país, solo Lima tiene más de 350 huacas.
Las culturas del Perú antiguo se desarrollaron aisladas del resto del mundo, no recibieron influencia alguna ni de México ni de China ni de Europa ni de ninguna otra parte: todo lo que se conoce aquí en la parte arqueológica es creación independiente, aquí se inventó la cerámica; la metalurgia y la textilería existieron también en otros lugares, pero aquí se inventaron paralelamente sin influencia externa. Lo que hay en el Perú es sólo comparable con lo que hay en la China, con lo que hay en la India y lo que hay en Irak; con lo que hay en Grecia, en Roma y en México.
Es más, las expresiones físicas del patrimonio cultural son decrecientes, porque a diferencia del patrimonio natural una vez que se destruyen no vuelven. Y, además, nosotros hemos heredado ese patrimonio cultural, nosotros no hemos hecho nada para merecernos Machu Picchu, Chan Chan, Chavín de Huántar, por lo tanto tenemos la responsabilidad de legar esas maravillas a las siguientes generaciones, y tal como las recibimos.
Las invasiones en la zona Intangible de Chan Chan y otras zonas arqueológicas del Perú es una amenaza constante ante la inacción de las autoridades.
Aquí hablamos de patrimonio cultural, pero en realidad la palabra es herencia cultural, porque ese patrimonio nos lo va a reclamar la siguiente generación. Y en este momento tenemos que hablar de armonización, porque evidentemente en un país con tanto patrimonio usted tiene que balancear lo que ha heredado y lo que necesita para el futuro, o sea, hay que armonizar la protección con la necesidad del desarrollo. Y en base de ese principio durante años se ha generado una política de protección, de salvaguardia del patrimonio cultural. Esa política, a su vez, tiene una normativa, unos procedimientos, que permiten que se proteja el patrimonio y, también, que se desarrolle la sociedad como debe desarrollarse, que usted pueda hacer carreteras, que usted pueda hacer aeropuertos y pueda hacer una serie de cosas sin afectar la herencia cultural. Esas acciones desarrollistas a veces entran en conflicto, por ejemplo, con la construcción del aeropuerto de Chincheros, que un primer momento se quiso hacer a la mala: lo haga y no me importa lo que se destruye. Y el Ministerio de Cultura dijo “nosotros no vamos a autorizar la construcción del aeropuerto hasta asegurarnos que no se destruya nada”. Claro, hay gente que tiene opiniones divergentes, que dicen que ahí no debe haber un aeropuerto, pero hay que transar entre las dos opiniones contrarias. Ese es mi concepto de armonizar el pasado con el futuro. De cara a esa solución, a lo largo del tiempo se han ido gestando una serie de leyes y de reglamentos que regulan lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer; en base a todo eso se creó la Ley General de Patrimonio Cultural, que es una de las grandes leyes que existen en el país. Que a su vez esa ley tiene reglamentos, y, además, en torno al tema existen otras leyes y otros decretos firmados por presidentes y ministros, que no sólo regulan el tema arqueológico, sino también lo histórico, completan lo que no está en la ley original, convirtiendo la ley en una ley súper completa. Entonces, en junio de este año, entre gallos y medianoche, nuestro “ilustre” Congreso hizo una reforma a la ley, modificando la ley en una serie de capítulos. Si nos atenemos a las leyes, cuando el Congreso tiene una propuesta para modificar una ley, se la tiene que pasar al sector presuntamente afectado, y este sector puede y debe comunicarle las objeciones y decir “no va”. Por lo tanto la modificación es inconstitucional. Lo raro del caso es que la ley no fue observada por el sector Cultura, simplemente dejó pasar las modificaciones. Y aquí voy al tema: la ley modificada contiene una serie de barbaridades, es una Ley Frankenstein hecha con piezas de diferentes cuerpos. Es una ley estalinista que prohíbe los museos privados, pone a todos los museos bajo el brazo de hierro del Ministerio de Cultura, el cual decide cuáles museos pueden funcionar y cuáles no. Y es estalinista, además, porque el Director de Museos del Ministerio de Cultura es un comunista llamado Carlos del Águila, quien, felizmente, ya salió del ministerio. Pero la ley es, además, bárbara, porque permite que las casonas, los campos como el que ocupa el Morro Solar y los sitios arqueológicos puedan ser afectados en su integridad sin levantarles su condición patrimonial. Es una ley para lotizar los sitios arqueológicos y las casonas republicanas; parece ser una ley redactada por la sociedad nacional de traficantes de terrenos. La ley fue publicada en junio y antes de cumplir seis meses fue publicado el reglamento. La ley y reglamento permiten que cualquier empleadito de Defensa Civil pueda declarar inhabitable una casona y ordenar su demolición. Cuando se conoció la magnitud del despropósito, los arqueólogos comenzaron a moverse, los arquitectos colegiados también, intentando parar en seco la ley estalinista. Es en ese contexto que la mayoría de ex ministros de Cultura de diferentes tendencias políticas y sellos ideológicos firmamos un comunicado en defensa cerrada del patrimonio cultural del país, que, nuevamente, repito no es nuestro, porque tenemos que entregárselo íntegro a las nuevas generaciones, ya que es parte de nuestra identidad nacional. Como el Perú es un país establecido en una gigantesca área arqueológica, para muchos una de las más extensas del mundo. Hay miles de razones para defender ese patrimonio cultural, sin cortar las posibilidades de desarrollo de los linderos de los sitios arqueológicos. Para eso existe un sistema de protección, entonces, para socavar el sistema de protección existente en el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en Superficie (Cira), pareciera que la ministra Leslie Urteaga están buscando la forma de perforar las leyes que protegen nuestro patrimonio, y, de esa forma, dejar en manos de los traficantes de tierras el futuro de Chan Chan, de Caral, de Chavin de Huántar y, probablemente, Machu Picchu.
Para entender quiénes fueron los congresistas que se pusieron de acuerdo para perforar la ley que protege los activos arqueológicos del Estado, y cómo encontraron el apoyo de la actual ministra de Cultura, Leslie Urteaga, para intentar empoderar a los traficantes de tierras, le preguntamos al congresista Héctor Acuña, presidente de la Comisión de Cultura del Congreso:
¿Cómo se gestó el texto de la ley depredadora de los activos arqueológicos del Perú?
En 2022, cuando el congresista Alex Randu Flores presidía la Comisión de Cultura, un grupo de parlamentarios liderado por él produjo un dictamen aprobando ese acumulado de proyectos de ley que luego se transformaría en el texto depredador de los bienes nacionales. Cuando en agosto de ese año asumí la presidencia de esa comisión, los congresistas integrantes de esta dijeron que el dictamen aprobado no reunía los requisitos legales, y solicitamos al pleno que lo devuelva a la Comisión. Y dos o tres meses después, el dictamen regresa a la Comisión, aprobándose por mayoría y publicándose en junio de 2023. Se dijo, entonces, que esa ley protegería, mejorarla y utilizarla las nuevas herramientas contractuales y de gestión de proyectos para la sostenibilidad de los sitios arqueológicos. Es decir, que las huacas y monumentos sean súper protegidos y no amenazados como las ciudadelas de Caral y de Chan Chan, donde se han construido edificios de cuatro pisos ante la indiferencia del alcalde y la aquiescencia del ministerio, cuyas autoridades dicen que esos edificios tienen más de trece años de construcción.
Los invasores construyeron viviendas rústicas y realizaron surcos para colocar árboles de plátano y de tuna, dando inicio a un supuesto proyecto agrícola para apropiarse de más de una hectárea del sitio arqueológico de la Civilización Caral.
A propósito de eso, mi equipo de asesores ha revisado ese despropósito y ha concluido que en la ley que creó el Ministerio de Cultura existe la novena disposición que obligaba a ese portafolio a transferir en un plazo máximo de 120 días las unidades departamentales del extinto Instituto Nacional de Cultura (INC) a los gobiernos regionales. ¿Qué ha hecho el Ministerio con esa orden ejecutiva? Nada, nada de nada,
El año pasado les dije a mis colegas congresistas que no podemos seguir tolerando que todos los años el sector Cultura siga evitando la transferencia a los gobiernos regionales. Les dije: ¿entonces de qué descentralización estamos hablando?
Cuando en julio el Ministerio de Cultura publica un proyecto de reglamento que elimina el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (Cira), los arqueólogos saltan hasta el techo y publican el comunicado contra el sector Cultura. Entonces, a pedido de varios congresistas se crearon unas mesas de trabajo que han concluido que se debe derogar la Ley 31770. Ese solo acto no arreglaría todo el problema, porque si no se aplica la novena disposición nunca habrá dinero para enfrentar todos los problemas.
En la primera reunión de trabajo también estuvo presente la viceministra de Cultura Haydeé Victoria Rosas Chávez.
Para entender quiénes fueron los congresistas que se pusieron de acuerdo para perforar la ley que protege los activos arqueológicos del Estado, y cómo encontraron el apoyo de la actual ministra de Cultura, Leslie Urteaga, para intentar empoderar a los traficantes de tierras, le preguntamos al congresista Héctor Acuña, presidente de la 
