Perú

Durante la Baja Edad Media, periodo que comienza en el año 476 tras el derrumbe del Imperio Romano de Occidente y termina diez siglos después con el descubrimiento de América, la invención de la imprenta y la caída de Constantinopla, el mundo sufre enormes transformaciones económicas, las cuales dan origen al Renacimiento y al comercio fluido entre el Extremo Oriente y las ciudades mediterráneas y flamencas.

El transporte del oro, de la seda y del marfil, entre otras riquezas requeridas por las clases adineradas de Europa Occidental, fomentaron la navegación, el ejército y la marinería profesionales y la industria de los seguros de bienes y transportes.

Siglos más tarde, cuando la China realiza su tránsito del feudalismo al capitalismo burocrático, los jerarcas de esa enorme nación deciden re construir la ruta de la seda, como se le llamó en la Baja Edad Media a la ruta elegida por los mercaderes de esos tiempos para intercambiar las riquezas de Oriente y de Occidente, con beneficios tangibles para los mercaderes, los transportistas, los militares y los dirigentes políticos.

Luego de varios años de crecer a un ritmo vertiginoso, la economía china -convertida por los capitales europeos y norteamericanos en la gran fábrica de manufacturas para el mundo- comenzó un proceso de decrecimiento de ese modelo de capitalización, basado fundamentalmente en la inversión de las compañías occidentales en una economía con una buena infraestructura, una seguridad jurídica a prueba de balas y, principalmente, una extensa e inacabable fuente de mano de obra barata. Además, por cierto, de un mercado de más de mil millones de personas.

Pero como nada dura para siempre, el idilio entre la vieja China y el joven e impetuoso capitalismo occidental ha sucumbido a la guerra comercial entre el gigante asiático y los Estados Unidos, que ya son rivales sistémicos y han ido levantado a lo largo de los últimos años numerosas barreras a los intercambios de bienes, servicios, personas y capitales entre ambos países.

Así las cosas, China cada vez invierte menos en el resto del mundo y el resto del mundo no es que invierta menos en China, sino que directamente está repatriando capitales desde el gigante asiático. A eso se suman la postergación del proyecto del nuevo Canal de Panamá a través de Nicaragua y la cancelación de la carretera transoceánica que uniría el Mar Pacífico y el Caribe colombianos.

Dejando de lado los proyectos que demandan inversiones enormes y dudosas rentabilidades, los jerarcas chinos -conocidos como los ancianos de Pekín- han decidido invertir en los países amigos y vecinos, como Vietnam y los demás integrantes de la comunidad indochina de naciones.

En relación con ese último comentario, la Unión Europea adoptó en 2019 una regulación para restringir la inversión extranjera directa cuando esta ponga en riesgo la seguridad o el orden público, en un intento de poner coto a las acciones de terceros gobiernos para desestabilizar el continente.

Como resultado de estas políticas, basadas en la creciente desconfianza entre Occidente y China, la eficiencia ha quedado relegada frente a la geopolítica como motor de las decisiones, y términos como resiliencia y autonomía estratégica ya definen el nuevo paradigma. Palabras al margen, lo cierto es que la segunda economía del mundo está empezando a aislarse de Europa y de los Estados Unidos… y estos de ella.

Viviana Rodríguez
«Ya lo dijo Napoleón hace 200 años; cuando China despierte, temblará el mundo. Es la economía que más está creciendo dentro de los países emergentes“.

En Perú

China invierte en varios sectores en Perú, destacándose principalmente en finanzas, minería y construcción. En 2020, la inversión china en el sector financiero fue de $370 millones, cifra que casi se triplicó para alcanzar $942 millones al cierre de 2022. En el sector minero, la inversión de China asciende a $157,8 millones.

A pesar de que la mayor inversión se da en finanzas y minería, la presencia de China en el sector de la construcción es muy notable, especialmente debido a su participación en grandes proyectos como el Megapuerto de Chancay. En este sector, China ha invertido $7,2 millones y ha participado en otras obras importantes como las minas Río Blanco y Pampa de Pongo, así como en la Hidrovía Amazónica.

El creciente control de China sobre la infraestructura crítica de Perú ha generado preocupación. Según un informe de The Financial Times, el gobierno peruano no está prestando suficiente atención a los beneficios y amenazas que conlleva la entrega de estos negocios fundamentales al régimen de Beijing. Michael Stott y Joe Daniels informaron que incluso una fuente cercana al gobierno peruano confirmó estas preocupaciones, las cuales fueron comunicadas por Estados Unidos. «El principal problema es que el capital chino ha adquirido electricidad, minería y otras compañías. Geopolíticamente hablando, las inquietudes de EE.UU. estarían justificadas», señaló la fuente.

Alianza Perú-China

En agosto de 2023, el embajador peruano en China, Marco Balarezo, destacó la sólida relación bilateral entre Perú y China, subrayando los fuertes lazos comerciales y de inversión. El embajador de China en Perú, Song Yang, afirmó que China espera que el puerto de Chancay se convierta en el «Shanghái de Perú».

La alianza comercial entre China y Perú ha generado preocupaciones en Estados Unidos, especialmente debido a la construcción de puertos de “doble uso” por parte de China, los cuales pueden servir tanto para el tráfico de carga como para reabastecer buques de guerra de la marina de Beijing.

El tratado de libre comercio (TLC) entre Perú y China, vigente desde hace diez años, ha facilitado el desarrollo económico mutuo. No obstante, Estados Unidos, competidor global de China, observa con inquietud el creciente protagonismo chino en Perú y Latinoamérica. Según Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es natural que EE.UU. se preocupe por esta situación.

Como decía el gran historiador británico Arnold J. Toynbee, “todos los imperios nacen, crecen, se desarrollan y, finalmente, mueren como consecuencia de sus contradicciones internas y de los acosos externos”. En esa lógica, habría que ver en qué momento de su ciclo vital se encuentran la vieja China, la relativamente madura Europa y Estados Unidos, que nació en una fecha tan cercana como julio de 1776.

Como esos ciclos son diferentes entre sí, y han llegado a niveles de desarrollo similares partiendo de tiempos distintos, es preciso esperar con cautela qué llegará primero: la desintegración de Europa y los Estados Unidos o la autodestrucción de la China milenaria.

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Santiago Guardamino Gonzales, presidente de la Comunidad Campesina de Quipan, fue asesinado el 3 de abril de 2024 a las puertas de su hogar. Este crimen ha conmocionado a la comunidad y plantea serias preguntas sobre los motivos y las personas detrás del homicidio.

Guardamino había asumido la presidencia en un momento crítico para la comunidad, que se encontraba sumida en una crisis tras la venta fraudulenta de 10,000 hectáreas de terreno a la empresa Industrias Arguelles, Servicios Generales S.A.C. Esta venta se realizó durante la gestión de su predecesor, Abel Cruz Mosquera Ortiz, quien falsificó documentos y vendió las tierras a un precio irrisorio, mucho menor al valor real del terreno.

Frente a esta situación, Santiago Guardamino tomó medidas legales, presentando una demanda de nulidad del contrato ante el 4to Juzgado de Lima Norte y denunciando penalmente a la dirigencia saliente. Como resultado, Mosquera Ortiz fue condenado a cinco años de prisión efectiva en primera instancia, pena que fue reducida a cuatro años de prisión suspendida en segunda instancia. Este caso llegó hasta la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema (expediente N° 7399-2023), que debía resolverse después de la declaración de Guardamino programada para el 3 de abril de 2024.

La complejidad del caso se incrementa con la implicación de la empresa Industrias Arguelles en el proyecto del relleno sanitario “Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi”, que se desarrollaría en los terrenos adquiridos fraudulentamente. La declaración de Guardamino ante la Corte Suprema era crucial, ya que podía resultar en la anulación del contrato y la restitución de las tierras a la comunidad de Quipan. Sin embargo, su asesinato, perpetrado con nueve disparos, impidió que pudiera dar su testimonio.

Además del proceso penal, Guardamino había iniciado un proceso civil para anular la compraventa del terreno, estrechamente vinculado al resultado del caso en la Corte Suprema. La comunidad ahora enfrenta un futuro incierto, con la pérdida de su líder y defensor en un momento crucial de su lucha por la justicia y la recuperación de sus tierras.

La muerte de Santiago Guardamino no solo es una pérdida personal para su familia y comunidad, sino que también representa un golpe a la integridad de los procesos judiciales y la defensa de los derechos comunales. La pregunta que queda es: ¿quiénes se benefician realmente de este crimen y cómo se garantizará la justicia para Quipan?

Los rollos del problema

La empresa Industrias Arguelles y Servicios Generales S.A.C ha estado operando un botadero de basura llamado «Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi» en los terrenos adquiridos fraudulentamente de la Comunidad Campesina de Quipan. Este proyecto ha generado una serie de denuncias por parte del presidente de la comunidad, Santiago Guardamino, debido al daño ambiental y a la salud de los comuneros. Guardamino luchó incansablemente contra estas irregularidades, lo que finalmente le costó la vida.

Quipan

Para evitar que la comunidad recupere los terrenos como resultado del juicio de nulidad de acto jurídico, Industrias Arguelles simuló la transferencia de la propiedad como pago por un supuesto contrato impago a la empresa Constructora y Servicios ALYM S.A.C. Esta empresa es gerenciada por Gerson Guillen Arguelles, sobrino de Aniceto Elvis Arguelles Loayza, el principal socio de Industrias Arguelles.

El asesinato de Guardamino se produjo un día antes de que este acudiera al Ministerio Público para responder sobre su denuncia contra Industrias Arguelles por la nulidad del acto jurídico. La urgencia de su asesinato sugiere un intento de silenciarlo antes de que pudiera declarar y aportar pruebas cruciales en contra de los implicados. ¿Por qué Industrias Arguelles temía tanto su testimonio?

Guardamino había iniciado varios procesos legales contra Industrias Arguelles. Entre ellos, una denuncia penal por lavado de activos dentro de una organización criminal. Esta denuncia iba dirigida contra:

  • Aniceto Elvis Arguelles Loayza, socio principal de Industrias Arguelles
  • Karen Marianella Pasco Flores, gerente general de Industrias Arguelles
  • Abel Mosquera Ortiz, ex presidente de la Comunidad Campesina de Quipan
  • Gerson Guillen Arguelles, gerente general de la empresa Constructora y Servicios ALYM S.A.C.

En su denuncia, Guardamino afirmó que Karen Marianella Pasco Flores, bajo las órdenes de Aniceto Elvis Arguelles Loayza, adquirió fraudulentamente las 10,000 hectáreas de tierras de la comunidad por 600,000 soles el 12 de diciembre de 2016, cuando el valor real de las tierras era de aproximadamente 5,533,708.31 soles. Esta operación se realizó con documentación falsificada y en complicidad con Abel Cruz Mosquera Ortiz, el anterior presidente de la comunidad.

La documentación presentada por Guardamino revelaba que los 600,000 soles se pagaron mediante un cheque de gerencia, lo que, según él, formaba parte de una estrategia para ocultar el verdadero valor de las tierras y beneficiarse ilegalmente a costa de la comunidad.

La muerte de Santiago Guardamino no solo representa una pérdida trágica para su familia y comunidad, sino también un golpe significativo a la lucha por la justicia y la transparencia en Quipan. Este asesinato plantea graves preguntas sobre la integridad de los procesos judiciales y la capacidad de las comunidades para defender sus derechos frente a la corrupción y el poder corporativo.

Lo que se vino encima de la empresa y la justicia con los vecinos de Quipan

El 6 de mayo, la Sala Penal Transitoria de Lima Norte revisó y denegó un recurso de nulidad interpuesto por Abel Contreras, ex presidente de la Comunidad de Quipan, ratificando su condena por el delito contra la fe pública. Esta decisión, originalmente emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, fue en respuesta a las acciones ilícitas cometidas durante la gestión de Contreras, denunciadas por el fallecido Santiago Guardamino.

El asesinato de Guardamino, ocurrido un día antes de su declaración crucial ante el Ministerio Público, subraya la gravedad de su lucha contra la corrupción. Su testimonio tenía el potencial de invalidar el contrato fraudulento y devolver los terrenos a la comunidad, afectando directamente los intereses de Industrias Arguelles y su proyecto «Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi».

Quipan 

La comunidad de Quipan confiaba en Guardamino para enfrentar las irregularidades y recuperar la integridad de sus tierras. A pesar de su trágica muerte, la ratificación de la sentencia contra Contreras es un paso hacia la justicia, aunque queda mucho por hacer para proteger a los defensores de los derechos comunales y asegurar que sus sacrificios no sean en vano.

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Hablar de la isla Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas en la región de Loreto, se ha convertido en el foco de tensiones diplomáticas y denuncias de abandono por parte del gobierno peruano. Según los datos obtenidos, estamos refiriéndonos a una población de aproximadamente 3 mil habitantes, este centro poblado enfrenta desafíos significativos en áreas críticas como educación, salud e infraestructura. Una situación caótica que se extiende por todo el país.

Los residentes de la isla, situada a ocho horas de viaje fluvial de la provincia Mariscal Ramón Castilla y a tres días de la capital más cercana, expresan un profundo sentimiento de abandono. Un pescador local destacó la necesidad de mayor firmeza por parte del gobierno peruano ante las humillaciones por parte de autoridades colombianas, subrayando el orgullo de ser peruanos y la urgencia de recibir apoyo para el crecimiento de su comunidad.

Ahora bien, en esta localidad solo existe una escuela, llamada República del Perú, cuya institución carece de suficientes vacantes y material didáctico, obligando a muchos a enviar a sus hijos a estudiar en Leticia, Colombia, o Tabatinga, Brasil. En términos de salud, la situación es crítica, ya que en emergencias los habitantes deben buscar atención en Brasil debido a la falta de personal médico y las constantes inundaciones que afectan el centro de salud local.

Sobre la situación fronteriza

El Ministerio del Interior ha intensificado el control en la frontera entre Perú, Brasil y Colombia para reforzar la seguridad en esta zona estratégica para el movimiento migratorio. Esta medida responde a recientes eventos que han resaltado la necesidad de una mayor presencia estatal en Santa Rosa. Los pobladores dependen en gran medida de la pesca y la agricultura, enfrentando dificultades para comercializar sus productos. La ausencia de un mercado local obliga a los residentes a consumir productos importados de Brasil y Colombia. La comunidad solicita la construcción de un mercado que permita el comercio en moneda peruana y mejore las condiciones económicas de la isla.

Como en varias partes del Perú, durante la temporada de crecidas del río Amazonas, gran parte de la isla puede quedar inundada. Los residentes necesitan apoyo para mejorar sus viviendas y enfrentar estos problemas recurrentes. Además, a pesar de la proximidad con Leticia y Tabatinga, áreas con alto comercio y turismo, Santa Rosa enfrenta un abandono que afecta su desarrollo potencial.

El personal de la Marina de Guerra del Perú realizó una acción cívica en la isla, brindando respaldo a la población en medio del impasse diplomático. Esta presencia es crucial para que los residentes se sientan respaldados por su país y puedan enfrentar los desafíos diarios con mayor seguridad y apoyo.

Sobre la problemática

El director de Soberanía Territorial de la Cancillería colombiana afirmó que la isla de Santa Rosa no pertenecía al Perú. Por ello, el gobierno emitió una nota de prensa a Colombia en respuesta a estas declaraciones. Las manifestaciones del funcionario colombiano no tienen ni respaldo ni fundamentos, y es que esta isla (situada en Perú) se encuentra también en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, ha sido un punto de fricción diplomática. La Cancillería peruana informó que, durante una reunión en Leticia, un funcionario colombiano afirmó que la isla «no pertenecería al Perú y que estaría ocupada irregularmente».

Benjamín Zevallos
Comunicado del Congreso de la República

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú convocó al encargado de negocios de Colombia para entregar la nota de protesta, reafirmando los derechos de soberanía y jurisdicción sobre la isla. Además, expresó su total respaldo a las autoridades democráticamente elegidas de Santa Rosa.

Iván Yovera, alcalde de Santa Rosa, declaró que las afirmaciones del funcionario colombiano fueron sorprendentes e indignantes, especialmente durante una reunión técnica en Leticia. Las relaciones diplomáticas entre Perú y Colombia han estado tensas desde que el Perú retiró a su embajador en Bogotá hace más de un año, en protesta por declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, consideradas como injerencia política.

El Congreso de la República también se pronunció, rechazando categóricamente las declaraciones del funcionario colombiano y clasificándolas como una «pretendida usurpación del territorio peruano». El congresista Guido Bellido solicitó acciones de supervisión en la frontera y el desplazamiento de las Fuerzas Armadas para defender la soberanía nacional.

Benjamín Zevallos
Acción del congresista Guido Bellido sobre la problemática

Al cierre de este informe se sabe que los dos gobiernos ya se encuentran solucionando esta problemática. Además, se sabe que desde el gobierno se extendieron las disculpas respectivas y, el gobierno peruano se ha visto satisfecho. Sin embargo, esta situación con Santa Rosa abre una serie de problemáticas que llaman la atención del Gobierno sobre sus prioridades

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[AGENDA PAÍS] En el Perú estamos viviendo un ataque diario a la poca institucionalidad que nos queda. 

Por un lado, nuestro menú diario, de restaurante de lujo con 3 estrellas Michelin, se compone de una entradita de denuncias constitucionales con acusaciones cruzadas, una sopita de cacicazgos electorales, un segundo bien “taipá” de ministros cuestionados por sus competencias o por sus declaraciones, copiosamente acompañado de guarniciones de congresistas que deberían asistir a los plenos en traje a raya y esposados, y de postre, periodistas politizados y agremiados en cofradías de intereses económicos. 

Por el otro lado, los ciudadanos, con menúes menos opulentos a los cuales incluso, les es difícil de acceder, observan impávidos cómo se pasan los años, tan callando, sin poder ver una luz al final del túnel y maldiciendo a ese Dios peruano del que tanto se habla pero que poco o nunca aparece.

A ese copioso menú, maloliente e indigesto, se le ha sumado una serie de declaraciones, aparentemente coordinadas, para tildar al congreso de dictador, como si el congreso fuera una sola persona, un Nicolás Maduro, que a sola mano dicta acciones sin consulta ni voto parlamentario alguno.

La señora Patricia del Río, periodista de RPP, que hace un par de años viralizó un audio donde soltaba suspiros por Vizcarra, a la vez que reconocía una relación cercana y aceptaba lo corrupto que era ese individuo, ha dicho en una entrevista con su amigo Jaime Chincha, y muy suelta de huesos, que en el Perú vivimos una dictadura congresal.

El exgobernador Mesías Guevara, aquel que junto a otros personajes se infiltraron en Acción Popular, partido al cual casi destruyen, inaugura su flamante cargo de directivo del Partido Morado para también unirse al cargamontón diciendo que “nos están llevando a una dictadura congresal”.

El recién autodenominado candidato presidencial, el rector de la UNI Alfonso López Chau, ha sido más creativo, uniéndose a la manada e instituyendo un nuevo vocablo, el de la “tiranía electiva”.

Caray, lo que pueden hacer 130 congresistas dictadores es impresionante, ¡130! ¡Record Guiness para Perú! Aplausos por favor.

¿Cuántas veces hemos reclamado al ejecutivo y al legislativo que trabajen en conjunto para lograr un mínimo de gobernabilidad para poder generar confianza y un entorno favorable a la inversión pública y privada?

Recordemos que en la época del presidente Kuczynski (PPK) con Keiko Fujimori y sus 73 congresistas, a gritos pedíamos que se pongan de acuerdo y que trabajen en conjunto por el país. Gobernabilidad pedíamos y no pasó nada. 

Bueno, sí pasó… Renunció PPK, entró Vizcarra, vacaron a Vizcarra, entró Merino, renunció Merino, entró Sagasti, llegó Castillo y se vacó solito, dejando a Dina Boluarte en la Presidencia. Entre todo este laberinto, por no haber buscado gobernabilidad y estar pensando en intereses particulares y no en el país, hemos tenido 6 presidentes en 6 años. 

Ahora parece que queremos mantener el record de 1 presidente por año vacando a Boluarte, con lo que al 2026 tendríamos 8 presidentes en 8 años. ¡Otro record Guiness! ¡Vamos Perú!

Dejemos de atacar nuestra propia institucionalidad. Hay congresistas pésimos, sí y un montón. Algunos de ellos tienen más perfil para Piedras Gordas que para la Plaza Bolívar, también. Que el ejecutivo ha demostrado ineficiencia, poca coordinación e indiferencia ante los graves problemas por los que atraviesa el país, sin duda.

Pero por ellos votamos, y si nos equivocamos, no podemos ser tan caras duras de vociferar “dictadura congresal” cuando los parlamentarios y el ejecutivo encuentran consensos que no nos gustan y por el otro, criticarlos cuando no se ponen de acuerdo porque atenta contra la gobernabilidad. 

Solo espero que la campaña presidencial del 2026, que ya está empezando, enfoque a los políticos y a la prensa en los temas de estado que deberían importarnos para luchar contra la pobreza y la anemia, para pensar en nuevas políticas públicas que aseguren una educación y una atención de salud humanas y de excelencia, para que podamos pasear por nuestras bellas ciudades y encantadores pueblos originarios con la tranquilidad de vivir en seguridad, y para así lograr un clima de paz social que es la base para el desarrollo sostenible de nuestro país.

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El destino, que algunos llaman suerte o azar, y otros, los que simplemente lo asocian a la buena fortuna, nos dice que hace 25 años, los hermanos David y Felipe Novoa, sacudidos por una quiebra familiar que les provocó enormes desafíos y, además, las dificultades derivadas de la aparición de una grave enfermedad en un hermano menor, los llevaron a imponerse un reto mayor y fundaron Teoma.

Luego de luchar sin descanso para abrirse paso en el modelo de negocio que escogieron desde muy jóvenes, la persistencia y la resiliencia de los hermanos Novoa encontraron un camino que los llevó a convertir a Teoma en un faro de inspiración y compromiso con la comunidad en la industria del mercadeo en red en el Perú y en otros diez países de América Latina, impulsándolos a construir un legado que promueve el poder de la naturaleza y la sabiduría ancestral andina en pro del bienestar y la salud.

Por otro lado, el espíritu emprendedor de un mexicano, impulsado únicamente por su coraje, dio origen a una compañía cuya historia es un compromiso de 14 años dedicados a una filosofía encuadrada en el enriquecimiento de la vida y el respaldo permanente a sus colaboradores y los familiares de estos.

Inspirado en los valores del Código Bushido, conocido también como el camino del guerrero, la honorabilidad fue desde el inicio de la compañía un pilar fundamental en la consolidación de esta historia, marcando un sendero de integridad y de excelencia.

En octubre de 2009, después de haber superado todos los obstáculos existentes en la vida empresarial, Alejandro López Tello, hoy CEO y Presidente de Sanki Global, viajó al Japón en la búsqueda de oportunidades que, sin saberlo, le abriría las puertas al futuro de la industria de la longevidad.

A partir de ese momento, López Tello se adentró en un mundo donde la investigación e innovación dieron origen a lo que es ahora Sanki Global, una compañía que hasta el día de hoy ha ayudado a transformar la vida de cientos de miles de personas en México, los Estados Unidos, Colombia y el Perú.

En 2024, la unión de estas dos marcas en una Alianza Estratégica sin precedentes, se alinean con un propósito contundente: impulsar el progreso en la industria y convertirse en un movimiento de Bienestar Ancentral y longevidad imparable.

Esta poderosa alianza surge de un enfoque innovador, donde la contribución es el motor para transformar positivamente la vida de muchas personas, desde la creencia en el poder de la tierra hasta la búsqueda de la longevidad y el equilibrio espiritual.

Uniendo nuestras fortalezas para crear un movimiento inspirador, una historia que no sólo cambiará vidas, sino que dejará un legado que perdurará por generaciones, fusionando lo mejor de dos mundos para crear un movimiento de bienestar y longevidad.

¡El momento de la transformación es ahora!

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Desde mediados del siglo XVIII, las fuerzas productivas empezaron a avanzar a pasos agigantados, probablemente como no había sucedido nunca en la larga historia de la humanidad. Toda la inventiva acumulada durante centurias se volcó en la implementación de políticas de crecimiento industrial o que propiciaron la inversión privada, el crecimiento económico y la generación intensiva de empleo de mayor y mejor calidad. Lamentablemente, en el Perú nos fuimos quedando estancados en el tiempo.

Además de reconocer ese estancamiento, también tenemos que reconocer que si bien las políticas económicas impulsadas desde los inicios de los años noventa dieron resultados positivos, el modelo poco a poco fue agotándose. Como dicen sus críticos, el modelo dio todo lo que tenía y todo lo que podía dar. Ahora nos toca avanzar y no retroceder hacia las políticas fallidas de los años setenta y ochenta, la era conocida como la de la sustitución de importaciones, probablemente la etapa fallida en la historia industrial del Perú.

Como dicen los especialistas, no se trata de volver a una etapa signada por un Estado interventor y acaparador, sino de mirar lo que están haciendo bien otros países del mundo, articulando lo mejor de los roles del mercado y del Estado.

“Por su parte, el Reino Unido nunca dejó de implementar el uso selectivo de políticas de promoción industrial. Lo vimos durante la pandemia para el desarrollo de la vacuna contra el covid-19, y lo seguimos viendo ahora con su programa de energía renovable ScotWind, una serie de subsidios y ventajas tributarias para el desarrollo de la industria eólica en Escocia” (Carlos Anderson en Gestión, 2023).

Sin ir muy lejos, sigamos el ejemplo de nuestra industria agropecuaria, la cual tuvo un gran impulso en el 2000 gracias a la ley de incentivos para la agricultura. Antes de esta, el Perú exportaba entre 180 y 390 millones de dólares. ¿Cuánto exporta hoy? El año pasado ha cerrado con casi 8500 millones de dólares. Hemos crecido al 15% en los últimos 20 años. Y hoy somos el primer exportador de arándanos de mundo. Ello fue posible fue gracias a una ley especial que impulsó este sector.

Miremos la otra cara de la moneda. Sectores en los cuales sabemos que tenemos un potencial enorme, y que sin embargo, a pesar de los esfuerzos desplegados desde las Mesas Ejecutivas de coordinación público privada, no han tenido los mismos resultados.

Por ejemplo ¿qué pasa con nuestra industria maderera? El Perú tiene 72 millones de hectáreas de bosque maderables. Comparativamente, Uruguay solo tiene 2 millones de bosques maderables. ¿Cuánto exporta Uruguay? Más de 1000 millones. Y el Perú con sus 72 millones de hectáreas, 118 millones y en caída.

¿Y qué sucede con el atún? El Perú cobra un impuesto para ingresar el atún, mientras que Ecuador lo tiene liberado. Entonces, obviamente, la industria se va para Ecuador y esos atunes regresan después al Perú; atún peruano, pero enlatado en Ecuador.

Lo mismo sucede con la industria textil. Las exportaciones de Centroamérica crecen cada vez más. ¿Por qué? Entre otras razones, porque han liberado el impuesto a la renta y las industrias se están yendo hacia allá.

Ejemplos abundan, lo cierto es que impulsar selectivamente ciertas industrias funciona, pero con condicionalidades. De acuerdo con Rodrik y Mazzucato (2023), las condicionalidades son poderosas herramientas que los gobiernos pueden usar para contribuir a dar forma a las inversiones y generar nuevos mercados junto al sector privado. Con condiciones, las políticas industriales pueden llevarnos a la transformación del aparato productivo.

¿En qué consisten estas condicionalidades? Es el marco de responsabilidades o compromisos que media la interacción entre la entidad pública (el gobierno) y una entidad del sector privado (la empresa), y sobre el cual el gobierno provee un beneficio a la empresa (incentivos tributarios, subsidios, etc.) a cambio de que la empresa emprenda cambios de comportamiento para alcanzar ciertos objetivos públicos. (Rodrik y Mazzucato, 2023)

En ese sentido, los países vienen implementando diversos incentivos para promover el desarrollo de la industria, como:

o Reinversión de utilidades (Ecuador, Colombia, Brasil, México, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Reino Unido, Singapur y España).
o Régimen especial de depreciación (Colombia, Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, Australia y Alemania).
o Fomento de las inversiones en Zonas altoandinas (Colombia y Bolivia).
o Electromovilidad (Noruega, Suecia y Países Bajos, Chile, entre otros).
o Compras públicas (Colombia, México, Estados Unidos, Uruguay, Argentina y Bolivia, entre otros).
o TIC y SOFTWARE (Ecuador, Brasil, Argentina y Uruguay).
o Forestal (Chile, Uruguay y Brasil).
o Pesquero (Ecuador y Chile).

Si el Perú decide quedarse estancando en el modelo económico iniciado en los 90 que ya dio sus frutos, si no hacemos nada más, no será posible impulsar la inversión privada al ritmo que necesitamos, ni por lo tanto, generar el empleo necesario que necesitan los peruanos. A este paso, recuperar la tasa de pobreza prepandemia nos tomará más de 20 años.

El Perú tiene que decidir crecer y lo tiene que hacer en función al impulso de nuevos sectores productivos, como lo están haciendo otros países.

Seamos conscientes de que somos uno de los países con la mayor diversidad del mundo. Por lo tanto, es posible definir sectores donde hay un potencial evidente. Nuevamente, el mejor ejemplo es el que ya tuvimos con la agroexportación.

La nueva ley de Industrias apunta en esa dirección. Su objetivo es que el Perú pase de ser un país exportador principalmente de materias primas, a uno que exporta valor agregado.

El Perú requiere de una base productiva diversificada y de políticas sectoriales activas que nos permitan ir hacia nuevos patrones de desarrollo. El estancamiento productivo del país es resultado directo de la no existencia de políticas integradas a un proceso de diversificación productiva con mirada estratégica.

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Así de ridículo suena y así de grave es la situación de nuestro país.

En la historia reciente del Perú, desde que regresamos a la democracia en 1980 e incluso un poco antes con la Constituyente del ‘78/’79, el ejercicio de la política estaba limitado a los partidos políticos y a sus representantes tanto en el poder ejecutivo como en los gobiernos locales y a la academia.

En ese entonces, los medios se limitaban en sus noticieros a informar sobre los acontecimientos nacionales y mundiales, incluyendo en su programación espacios políticos, deportivos, de espectáculos y las siempre vistas telenovelas. El poder judicial, siempre con sus cuestionamientos de probidad, aplicaba la ley sin hacer notar una preferencia política, al menos, de manera pública. De los fiscales y procuradores, ni sabíamos quiénes eran.

Cuando Alberto Fujimori se convierte en presidente del Perú en 1990 y para, desde su punto de vista, combatir al terrorismo y la hiperinflación, y luego, mantenerse en el poder, es que comienza la politización de la política, que como bien lo define la Real Academia de la Lengua Española significa, en su primera acepción, es :  “ Dar orientación o contenido político a acciones, pensamientos, etc., que, corrientemente, no lo tienen.”

En la década de los 90’s la política entró en el Ministerio Público con aquella vocecita casi imperceptible y celestial de la fiscal Blanca Nélida Colán que terminó presa, el recién formado Tribunal Constitucional que se armó a la medida del régimen fujimorista y con Vladimiro Montesinos que cerró el círculo comprando al poder judicial y a los medios de comunicación. 

Han pasado más de 23 años desde que renuncia Fujimori y llega Toledo luego de la transición con Paniagua, y la verdad, estamos peor que antes.

La política está ahora en todas partes, incluso en aquellos lugares e instituciones donde no debería estar.

Los fiscales son ahora vedettes que salen a declarar a medios afines y se despachan a diestra y siniestra sin ninguna vergüenza ni ética profesional de guardar reserva en sus investigaciones. Ya no tienen sangre en la cara para expresar condenas a colegas o incluso dejar entrever sus preferencias políticas. La guerra del trono actual por el control de la fiscalía es un claro ejemplo de ello.

La Junta Nacional de Justica, creada políticamente por Martín Vizcarra, tiene el desparpajo de emitir opiniones ex ante como en el caso de la fiscal Zoraida Avalos y de establecer un procedimiento ad-hoc para destituir a la fiscal de la nación Patricia Benavides, con cronometrada coordinación con cierta prensa cómplice.

Tenemos jueces que dan cautelares como el árbitro argentino Javier Castrilli sacaba tarjetas rojas, permitiendo el enfrentamiento de competencias entre instituciones cuando el Tribunal Constitucional ya tiene este tema oleado y sacramentado.

Que los medios tengan sus programas políticos, por supuesto, y que sus conductores tengan afinidad con ciertas ideologías está bien, para eso son programas políticos. Pero cuando la ideología o los intereses de los propietarios de esos medios son también llevados al resto de su programación como noticieros y espectáculos, se está dando contenido político a entornos que no deberían tenerlos. Politizando la política.

La política debería estar concentrada, primariamente, en aquellas instituciones donde los funcionarios son electos por voto popular y a esto me refiero a partidos políticos, poder ejecutivo, gobiernos locales y congreso. Como ciudadanos, ya sea de manera colegiada o individual, también podemos y debemos ejercer política constructiva que sea alimento de los partidos políticos y de los funcionarios electos.

Pero el resto de las instituciones deben regresar a su esencia y trabajar no en función de intereses mercantilistas o ideológicos, sino en función del bienestar de los ciudadanos. 

Basta de fiscales vedettes y magistrados en la televisión, basta de periodistas que fungen de voceros de fiscales en base a posiciones ideológicas, basta de noticieros que chancan día a día y sistemáticamente la labor del congreso cuando deberían individualizar responsabilidades. Basta de doble raseros fiscales como el allanamiento a Juan Carlos Tafur que dignamente responde de inmediato a las preguntas mientras que cuando se allana a Gorriti, éste agarra el celular y llama al fiscal Pablo Sánchez para que le paren el procedimiento.

Si no detenemos esta vorágine de abusos y de enfrentamientos sin pensar en el bien común, y siendo laxos con amenazas latentes como la de Antauro Humala, ya atenuada por algunos periodistas que dicen que será controlado por el congreso o por políticos como Marisol Perez-Tello que ante un escenario Keiko-Antauro en la segunda vuelta votaría en blanco, pues vamos directo hacia la autodestrucción.

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El Perú es uno de los países que aún no se recupera del golpe económico y anímico que la pandemia del Covid-19 ocasionó dejando a miles de familias en duelo y a una economía en recesión, ahora con algunos visos de recuperación, pero insuficientes para crear empleo y bienestar.

Dentro de los sectores más afectados se encuentra el sector turismo. De 4.5 millones de turistas extranjeros se llegó a unos 2.5 millones en el 2023 y según la última cifra dada por la flamante ministra del Mincetur, Elizabeth Galdo, el objetivo del 2024 es sobrepasar los 3 millones. Cifra aún lejos del 2019 y más lejos aún si nos comparamos con países del continente latinoamericano.

Los hechos violentos de finales del 2021 y principios del 2022, la crecida de la extorsión y el sicariato y últimamente, paros en el Cusco por el tema de la venta de entradas online de Machu Picchu, han dificultado una efectiva promoción de los atractivos turísticos del país en detrimento de un sector caracterizado por su dinamismo y que da empleo directo e indirecto a cientos de miles de compatriotas.

A estos hechos, debemos también hacer referencia a que se percibe que no siempre están alineadas las instituciones que están directamente involucradas en las políticas públicas que repercuten en el turismo, como son el Ministerio de Cultura, a través de su Vice Ministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a través de su Vice Ministerio de Turismo.

Vimos años atrás, cuando asombrados y apenados observábamos el derrumbe de un sector de la fortaleza de Kuélap, que, en vez de tomar al toro por las astas y establecer inmediatamente un grupo de especialistas para su nueva puesta en valor en conjunto con mayores elementos de prevención de nuevos desastres, estas dos instituciones parecían estar en una cancha de pingpong pasándose la pelota.

Siempre hemos comentado la poca transversalidad del Estado peruano y que a veces las instituciones miran a sus propios pies sin considerar que una acción suya, puede afectar a otro sector. 

Sino miremos lo que ha pasado estos días, cuando nuestra Cancillería, por una reciprocidad diplomática anticuada y poco práctica, decide imponer visas para los turistas mexicanos sin ninguna consideración por el sector turismo ya que México es el cuarto país no fronterizo emisor de turistas hacia nuestro país. Felizmente, y ante la presión de los gremios y seguramente del mismo Mincetur, se revocó rápidamente esta equivocada decisión.

Pero regresando al tema específico de turismo y patrimonio cultural, y sin ahondar en las voces que hace años piden a gritos una fusión ministerial que integre a ambos sectores, es imprescindible que ambos trabajen alineados bajo algunos conceptos que deben estar claros de los dos lados : protección y fomento de nuestro patrimonio cultural ( material e inmaterial ), su puesta en valor y la promoción tanto en el exterior como en el todo el Perú.

A trabajar más unidos y viendo siempre el impacto en el bienestar de los ciudadanos cuando se hace gestión pública. Bien dice el lema de la OCDE : “Mejores políticas para una vida mejor”.

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Construido con capitales chinos y peruanos en proporciones de 60 y 40 por ciento, el primer puerto privado de uso público en la costa peruana pretende convertirse en el puerto hub regional del Pacífico Sur, entendiendo que la palabra inglesa hub significa eje y que describe sintéticamente todas las actividades que se pueden realizar desde un centro que las conecte.

Esas actividades habilitarán nuevas puertas de ruta directa para mover productos desde y hacia Asia. Además, como es lógico suponer propiciará el desarrollo de cadenas de valor en diversas industrias nacionales y creará un polo de desarrollo en la zona norte de Lima, generando empleo y crecimiento económico.

Desde abril del 2011 se desarrolla el proyecto de diseño y construcción del puerto de Chancay, cuya inversión total superaría los 3,400 millones de dólares, de los cuales se ejecutarán 1,315 millones en la primera etapa.

La infraestructura del puerto de Chancay incluirá cuatro amarraderos (dos para contenedores y dos multipropósito), 730,000 metros cuadrados de área de operaciones de muelle y contará con 270,000 metros cuadrados de área auxiliar integral en el complejo de ingreso, que tendrá un equipamiento de grúas.

Debido al enorme tamaño del proyecto y a sus ramificaciones en aire, mar y tierra, algunas organizaciones ambientalistas han señalado una enorme cantidad de perjuicios para las personas y el ecosistema marítimo, pero sobre todo por su particularidad de ser un puerto privado de servicio público.

Es exactamente ese último punto el que ha desatado una guerra de varios contendientes conocidos y otros que operarían detrás de estos. 

Así las cosas, hace poco más de una semana un influyente ex ministro ha revelado que operadores marítimos chilenos a través de abogados peruanos han lanzado un desafío legal cuestionando las prerrogativas otorgadas al puerto de Cosco Chancay Ports. Dichos abogados argumentan que el puerto carece de estatus de puerto privado y, por lo tanto, debe estar sujeto a intervención y regulación de entidades concesionadas. 

A partir de ese pedido, la Autoridad Portuaria Nacional ha solicitado al procurador abrir una investigación sobre el directorio anterior y habría generado un clima de incertidumbre al cuestionar los derechos de los inversionistas chinos. 

Horas antes que comience el feriado por Semana Santa, una cadena de televisión y otra radial dieron a conocer los acuerdos del actual directorio de la Autoridad Nacional Portuaria, entre los cuales está la presentación de una demanda ante el Poder Judicial contra el artículo 2 de la Resolución de Acuerdo de Directorio de 2021 entre el gobierno peruano y el consorcio chino, por la exclusividad de los servicios portuarios que se le otorgó al consorcio en 2021.

China es desde 2014 el primer socio comercial de Perú, desbancando de ese puesto a Estados Unidos.  

Viviana Rodríguez
China es desde 2014 el primer socio comercial de Perú, desplazando de ese puesto a Estados Unidos.

Para tener una idea clara y de contenido profesional, acudimos donde el doctor José Antonio Pejovés Macedo para escuchar su opinión sobre el tema en debate.

Doctor Pejovés, ¿qué opina sobre la objeción del actual directorio de la Autoridad Portuaria Nacional a la exclusividad de los servicios portuarios que le otorgó el directorio de la Autoridad en 2021, debido a que no cumpliría con el principio de legalidad administrativa por ir contra la libre competencia?

Lo primordial es la la mala señal que se da hacia afuera respecto al clima ya bastante deteriorado de seguridad jurídica; este tipo de acciones tomadas por la administración lo que genera es un clima de inseguridad jurídica, y eso perjudica a cualquier inversionista que quiera venir al país a poner dinero en el desarrollo de infraestructuras de transporte, como son los puertos, más allá de que sea Chancay o cualquier otra empresa, eso es lo principal, porque la exclusividad como tal la puede otorgar la Autoridad Portuaria Nacional, así lo permite la ley del sistema portuario y de hecho todas las concesiones que hay en el país: el concesionario del puerto de Paita, los dos concesionarios que hay en el Callao (DP World y APM Terminals), el concesionario del terminal portuario del general San Martin de Pisco. Todos esos contratos se han firmado y se les ha otorgado la exclusividad; el hecho que Chancay no sea una concesión, sino una iniciativa privada que se ha tramitado como una autorización de uso de área acuática no prohíbe que también se le pueda dar la exclusividad, de hecho estamos hablando de casos que circunstancialmente son muy similares: inversiones hundidas para desarrollar transporte de uso público. Hasta ahí todo es muy parecido, entonces lo que se hizo fue, si bien es cierto que hay un vacío o laguna jurídica, el derecho tiene soluciones o remedios para ello, porque bajo ningún modo se puede aceptar que la administración del Estado se quede con los brazos cruzados sino que tiene que actuar y para eso hay remedio. Nosotros los abogados sabemos que uno de ellos es la integración. La integración que busca precisamente cubrir esas lagunas, cubrir esos vacíos mediante la aplicación de la analogía, los principios generales del derecho, entonces la solución jurídica está sobre la mesa, la cosa es que no la han aplicado no sé porque razón y han preferido ir a pedirle al Poder Judicial que declare la nulidad de esta resolución de acuerdo con el directorio que concedió la exclusividad.

Otros intereses 

Es posible que haya habido algún tipo de presiones, se habla, también, de intereses de los Estados Unidos, que no ha hecho inversiones en América Latina ni en otros lugares del mundo, como si las ha hecho China, que ahora opera El Pireo en Grecia, el terminal de Valencia, España, el puerto de Hamburgo y otros puertos menores en Europa. Tenemos que darnos cuenta que en el mundo ahora hay grandes intereses geopolíticos.

Finalmente, creo que está muy mal lo que han hecho la Autoridad Portuaria Nacional y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Autoridad Portuaria Nacional, que está adscrita al MTC y también Ositran porque hay un informe de Ositran en contra, luego la APN consultó con el estudio Olaechea que son abogados de APM Terminals y hay un interés ahí, entonces si yo tengo el puerto y en el puerto tengo la exclusividad yo tengo todas las operaciones portuarias, todo el manejo de la prestación de servicios esa exclusividad es distinta que yo tenga otros actores dando vueltas al rededor ofreciendo servicios porque ya no voy a tener un ingreso garantizado. Además, se tiene que determinar luego si es que hay o no competencia interportuaria porque Chancay está cerca de Callao ya luego el regulador determinará si es que hay necesidad de fijar las tarifas portuarias las tasas portuarias.  

En días pasados, se conoció que el Estudio Olaechea, uno de los más antiguos y prestigiosos del país, había representado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el pedido de anular la exclusividad de los servicios del Puerto de Chancay, tal como lo había pedido el directorio actual de la Autoridad Portuaria Nacional, contraviniendo el acuerdo del directorio de 2021. El Estudio Olaechea indicó que luego de identificarse la irregularidad se notificó a la Autoridad Portuaria Nacional, la cual admitió haber incumplido parámetros legales. Además, el Estudio Olaechea afirmó que no emprendió una acción legal para solicitar que se anule la exclusividad de Cosco Shipping Ports en los servicios esenciales en el Puerto de Chancay. El estudio indica que se ciñeron a ley poniendo solamente en conocimiento de la Autoridad Portuaria Nacional el error administrativo cometido.

“El hecho que esta irregularidad no haya sido identificada antes por la propia autoridad, las partes o por la empresa involucrada, no es obstáculo para que el Estudio Olaechea haya identificado esta inconsistencia que dio lugar a que la autoridad resuelva en favor del recto cumplimiento de la Ley, en beneficio de la seguridad jurídica; de la economía de mercado, los inversionistas y todos los actores involucrados en la actividad portuaria nacional”, informaron mediante un comunicado.

¿Por qué aparece el Estudio Olaechea en esta discusión entorno al puerto de Chancay? Recientemente, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes, reveló que el pedido de la APN a la Procuraduría del MTC para que presente una demanda alrededor de la exclusividad en los servicios del puerto de Chancay nace porque dicho estudio se comunicó con APN.

 “Una persona natural, a través del Estudio Olaechea, planteó que este segundo artículo no estaba acorde a la Ley General de Puertos y su reglamentación. Se hizo el análisis y efectivamente (…) en el derecho administrativo uno puede hacer solo lo que está permitido hacer, lo que no está reglamentado o establecido, uno no tiene que hacerlo. La ley no permitía explícitamente que se presten servicios en exclusiva”, refirió hace unos días.

Probablemente, este asunto no termine en un final feliz, porque más allá de las maniobras legales y burocráticas, los interese económicos son gigantescos, pues representan todo el futuro comercio entre Chancay y Shanghái puerta de entrada a la inmensa economía asiática. 

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